Las últimas ocurrencias de Rajoy


La ocurrencia de la "amnistía" fiscal

Rajoy llamó "ocurrencia" al bulo (tal vez interesado) que circuló en la pasada legislatura sobre la posibilidad de que el Gobierno socialista aprobara una amnistía fiscal para que afloraran parte de las rentas evadidas. El Gobierno de entonces siempre lo desmintió y nunca llegó a aprobarse aunque el PP, que entonces era el "partido de los trabajadores" (Cospedal dixit), lo usó para darle en los morros a Zapatero. 

Ahora Rajoy ni siquiera ha lanzado el habitual globo sonda en estos casos: ha anunciado su amnistía fiscal para que las "rentas ocultas" afloren a cambio de una tasa del 10%, no vayamos a hacer demasiado estropicio entre quienes se lo llevan crudo mientras el resto, los que tenemos unos ingresos más transparentes que el cristal, apechugamos en Hacienda y cargamos con la subida del IRPF, el recorte salarial, el miedo a perder el empleo, la reforma laboral y lo que nos echen dado que, ya saben, "todos tenemos que apretarnos el cinturón" y "Hacienda somos todos".  

Dicen los técnicos de Hacienda que la amnistía fiscal aprobada ayer por el Gobierno del partido que iba a decirle "la verdad a los españoles", no es más que un enjuague para que los defraudadores fiscales consigan regularizar su situación a precio de saldo. Recuerdan que el 72% de los casos de fraude fiscal provienen de grandes fortunas y grandes corporaciones (¿de dónde iban a proceder?) y aseguran que estamos ante un atentado al principio constitucional de igualdad tributaria. Y ya van unos cuantos.  

Y no se olvidan los técnicos de Hacienda de denunciar que esta amnistía fiscal se da de bruces con los reiterados anuncios de luchar contra el fraude fiscal y deja en evidencia a una Agencia Tributaria que entre 1980 y 2008 ha ¿dejado? escapar 89.000 millones de euros debido a su incapacidad para perseguir este tipo de prácticas. Cantidad más que suficiente para arreglar el déficit un par de veces si fuera preciso.

Más ocurrencias 

No fue la amnistía fiscal la única ocurrencia que ayer nos regaló el Consejo de Ministros. Los Presupuestos Generales del Estado son toda una ocurrencia en sí mismos: recortes del gasto del 17% en los ministerios, hachazo a los gastos sociales (adiós a las ayudas por la Ley de Dependencia) y subidón del recibo de la luz y el gas. Todo muy equitativo, como la amnistía fiscal. 

Pretende así el Gobierno cuadrar las cuentas para que a finales de año no nos pasemos del 5,3% de déficit que nos impone Bruselas. Quedan para cumplir ese objetivo nueve meses mal contados cuando el ajuste pudo y debió haberse hecho, en todo caso, mucho antes y no esperar a que Javier Arenas se quedara a las puertas de la Junta de Andalucía.

La ocurrencia canaria

Contienen además los Presupuestos Generales del Estado un regalo para Canarias con el anuncio, puesto blanco sobre negro, de que se recortarán 65 millones de euros de las subvenciones al transporte marítimo y terrestre de los residentes "no peninsulares", es decir, canarios, baleares, ceutíes y melillenses. La noticia encendió ayer tarde el Twitter y José Manuel Soria, que andaba por Canarias alabando las ventajas de tener pozos de petróleo cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura (otra buena ocurrencia), aseguró que no habrá tal recorte. A la espera quedamos porque, si ocurre como con el anuncio de que se iba a aprobar un nuevo decreto para que las Islas no se vieran afectadas por el fin de las ayudas a las energías renovables, ya podemos ir sacando cuentas de lo que nos costará salir de las Islas o movernos entre ellas. 

Y las anteriores

Si a las ocurrencias conocidas ayer sumamos las que hemos ido conociendo desde que Rajoy llegó a La Moncloa hace cien días, más las que con toda seguridad se le "ocurrirán" en las próximas semanas y meses, concluiremos que el del PP será el Gobierno más ocurrente de la democracia. Y como se ha podido constatar esta semana que acaba, la gente en la calle está disfrutando como nunca con tanta ocurrencia. 

Aquí tienen un ejemplo....





Primera semana de pasión de Rajoy


La última de marzo se ha convertido en la primera semana de pasión del Gobierno de Mariano Rajoy. Comenzó el domingo cuando los andaluces hicieron trizas las encuestas y dejaron a Javier Arenas con un palmo de narices. Y continúo ayer con una huelga general que fue un éxito para los sindicatos y de efectos "muy moderados" para el Gobierno.

Tal vez ni tanto ni tan calvo. La mayoría de las informaciones coinciden en que el paro tuvo un seguimiento alto en la industria y los transportes públicos y mucho más atenuado en el comercio.  


Otra cosa son las manifestaciones de ayer tarde en toda España que, según el propio Ministerio del Interior, movilizaron a 850.000 ciudadanos contra la reforma, muchos más según los sindicatos.

Guerra de cifras al margen, el mensaje ha sido nítido: a los españoles no les gusta la reforma laboral del Gobierno de Rajoy por desequilibrada, injusta e inútil. Los sindicatos advierten con un empeoramiento del clima social en este país, fruto de la suma de medidas injustas que hacen recaer sobre los trabajadores las consecuencias de una crisis de la que no son responsables pero que se utiliza como coartada para dinamitar derechos sociales y hasta constitucionales.

El Gobierno afirma que está dispuesto a negociar "hasta la extenuación" pero no a cambiar los aspectos "troncales" de la reforma (Fátima Báñez dixit). No invita a la esperanza la posición del Gobierno, enrocado en una reforma que genera rechazo social y centrado sólo en agradar a los mercados y a la patronal.

Mala cosa sería que el clima social se siga deteriorando por el empecinamiento de un Gobierno que, amparado en el cheque en blanco con el que parece interpretar su mayoría absoluta, se muestra insensible al disgusto de la ciudadanía con sus medidas.

Con este panorama, hoy conoceremos la nueva retahíla de recortes y ajustes que contienen los Presupuestos Generales del Estado, tan celosamente guardados hasta que pasaran las elecciones autonómicas andaluzas. El Gobierno se dispone a echar así más leña al fuego del descontento social sin que, en paralelo, se atisbe una sola medida que sirva de verdad para reactivar la economía y repartir las cargas de la crisis de manera mucho más justa. Juega con fuego el Gobierno y ya se sabe lo que pasa en estos casos: que se puede quemar y extender el incendio a toda la sociedad.

Una huelga contra el miedo



Mariano Rajoy tendrá mañana su huelga, la que descontó e impulsó con una reforma laboral desequilibrada, injusta e inútil. Como inútil dicen ahora el propio Rajoy, sus ministros, los empresarios y el coro mediático que le hace la ola al Gobierno que será la protesta de mañana.

Auguran algunas encuestas que no hay ambiente de huelga, que los ciudadanos dispuestos a secundarla no rebasarán el 30% y añaden el Gobierno y los empresarios que dañará la "imagen" de España y costará miles de millones de euros. Pero las encuestas están para desmentirlas, como hicieron los andaluces el pasado domingo y, en cuanto a las "pérdidas" económicas nada se dice, sin embargo, del fraude fiscal y la evasión de impuestos que se producen no de manera excepcional sino a diario.

 
Se ataca a los sindicatos y se les llama caducos y desfasados y no digo yo que no necesiten también una buena reforma, pero son los únicos que en esta situación pueden encauzar el malestar social que la reforma laboral y el resto de las reformas en marcha y anunciadas están generando en el país.

Se lanza desde el Gobierno y quienes apoyan sus draconianas medidas un mensaje de pesimismo y resignación: no hay otra solución que recortar, ajustar y acabar con servicios básicos y derechos consagrados en la Constitución y en la negociación colectiva; lo ordenan los mercados, Alemania y el Fondo Monetario Internacional. Es lo que toca y al que no le guste, agua y ajo. Se atiza el miedo a perder el empleo y se inculca la idea de que si el Gobierno no piensa cambiar una coma de la reforma, de qué sirve ir a la huelga.

 Sirve y mucho: para dejarle claro al Gobierno que su obligación es gestionar la crisis atendiendo al interés general y no a la parte más fuerte del mercado laboral y que su legitimidad no procede de la sede de la CEOE sino de las urnas y que se debe tanto a los que votaron por su programa oculto y ahora revelado como a los que no lo hicieron; sirve para expresar el completo desacuerdo con la utilización de la crisis económica como coartada para convertir a los trabajadores en mera mercancía laboral; sirve para decirle bien claro una vez más que sus medidas nos llevan al abismo económico, a la recesión durante largos años, al empeoramiento de la calidad de vida y a la precariedad laboral.

La huelga general de mañana no será la Revolución de Octubre ni la toma de la Bastilla, aunque el coro mediático quiera presentarla con esos colores, criminalizando a los sindicatos y metiendo el miedo con los piquetes. Será la ocasión para decirle al Gobierno que la inmensa mayoría de los españoles no estamos de acuerdo con sus políticas y que ni nos resignamos ni nos asustamos.

Primer aviso electoral


Las elecciones autonómicas de ayer en Andalucía y Asturias ponen sobre la mesa algunas conclusiones provisionales y no pocas preguntas por resolver:

1.- Las encuestas no dieron ni una. Auguraban mayoría absoluta o casi para el PP en Andalucía y aunque Javier Arenas ha ganado, se ha quedado a cinco escaños de conseguirla.

2.- Arenas se queda por cuarta vez a las puertas de gobernar en su comunidad autónoma ¿Lo volverá a intentar dentro de cuatro años o se desdecirá de su promesa de no volver a la política nacional?

3.- La abstención se dispara en Andalucía y Asturias. Hasta una parte de los votantes del PP andaluz se ha quedado en casa, bien porque daba el triunfo por hecho a tenor de las encuestas o bien porque no le convencía ninguno de los candidatos. La gestión política de la crisis y la falta de alternativas que ilusionen no animan precisamente a la participación


4.- José Antonio Griñán, el presidente saliente y entrante si, como se supone, el PSOE e IU alcanzan un acuerdo de gobierno, acertó de pleno posponiendo las elecciones autonómicas para después de las generales. De haberse celebrado el 20N, es muy probable que hoy liderara la oposición en el Parlamento andaluz y Javier Arenas fuera el presidente de la comunidad.


5.- Izquierda Unida dobla los resultados en Andalucía al recoger el voto disgustado con un PSOE que lleva gobernando 30 años esa comunidad autónoma y que aparece envuelto en algunas tramas corruptas como la de los ERE que, sin duda, le ha restado un apoyo considerable.

6.- En Asturias, a pesar del avance del PSOE e Izquierda Unida y la entrada en el parlamento autonómico de UPyD, los ex populares del ahora llamado Foro de Asturias y los populares de ayer y de hoy se entenderán para formar gobierno. No obstante, la situación podría ser diferente si, como espera el PSOE, el voto emigrante le otorga al menos un escaño que le permitiría un pacto a tres bandas con IU y UPyD para formar gobierno en el Principado.

7.- En los resultados electorales de ayer en ambas comunidades autónomas es seguro que deben de haber tenido una influencia decisiva las duras medidas de ajuste y las reformas puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es probable que, desde el punto de vista de su estrategia política,  Rajoy acertara también al posponer la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado hasta después de la cita electoral andaluza. ¿Qué habría pasado de haberlos aprobado antes, de manera que los electores hubieran acudido a las urnas sabiendo con toda exactitud cuál es el alcance del sacrificio que se les exige? Nunca lo sabremos, pero es lícito suponer que los resultados habrían sido menos favorables.

8.- El PSOE saca pecho y resiste la ola popular que ha teñido de azul la práctica totalidad del mapa político español. Sin embargo, la legislatura no ha hecho más que comenzar y mucho deberá cambiar aún este partido para que vuelva a contar con la confianza mayoritaria del electorado. Ese es el reto que los resultados de ayer no pueden ocultar. 

9.- A la vista de los resultados de ayer, el PP tendrá que sacar también sus propias conclusiones: una gestión de la crisis orientada a hacerle pagar sus consecuencias a quienes menos responsabilidad tienen no ha sido un buen comienzo. ¿Rectificará? Ese es su reto.


La cancion de la tierra

El vino ya brilla en la dorada copa,
¡pero no bebáis todavía, antes os cantaré una canción!
El canto de la aflicción os ha de sonar con risas en el alma.
Cuando se acerca la pena, yacen desiertos los jardines del espíritu,
se marchita y muere la alegría, el canto.
Sombría es la vida, oscura es la muerte.
¡Señor de esta casa!
¡Tu bodega atesora la abundancia de vino dorado!
¡Aquí, declaro mío este laúd!
Tocar el laúd y vaciar los vasos,
he aquí las cosas que realmente hacen juego.
¡Una buena copa de vino en el momento justo
vale más que todos los reinos de esta tierra!
Sombría es la vida, oscura es la muerte.
El firmamento es eternamente azul, y la tierra
permanecerá inmutable largo tiempo, se llenará de flores en primavera.
Pero tú, hombre, ¿cuánto tiempo vives tú?
¡Ni siquiera cien años se te permite divertirte
con las frágiles futilidades de este mundo!
¡Mirad allá abajo! A la luz de la luna, sobre las tumbas
se agacha una imagen salvaje y fantasmal...
¡Es un mono! ¡Escuchad cómo su lamento
resuena por todas partes, en el suave perfume de la vida!
¡Tomad ahora el vino! ¡Ahora es la hora de disfrutarlo!
¡Vaciad vuestros dorados vasos hasta el final!
Sombría es la vida, oscura es la muerte.
"La canción de la Tierra" en versión de K. Ferrier

Un debate sin historia


El debate sobre el estado de la nacionalidad canaria de esta semana, al igual que la práctica totalidad de los anteriores, tampoco pasará a los anales del parlamentarismo canario. Fallan demasiadas cosas: la duración, el formato y, sobre todo, el contenido.

No conectan estas maratonianas sesiones parlamentarias con el sentir de la calle, con lo que preocupa a los ciudadanos de a pie que apenas les prestan atención. Y no es que en ellas no se aborden asuntos de calado social o económico, es sólo que los discursos parecen más atentos a las respectivas estrategias políticas que a los problemas reales de la calle y a las soluciones que se proponen para resolverlos.  


Se repiten en el hemiciclo los argumentos de sobra conocidos de unos y de otros, del Gobierno y de la oposición. Nadie se sale del guión previsto, todos desempeñan su papel con rigurosa precisión. Una vez más, el de este año se ha amoldado a la perfección a ese esquema aunque, como es lógico, con algunas pequeñas variaciones determinadas en este caso por la crítica coyuntura económica y el debate en torno a las prospecciones petrolíferas.

Respecto a la primera, el Gobierno ha reconocido oficialmente por boca de su presidente que no habrá más remedio que tocar los impuestos si, como es más que previsible, los Presupuestos Generales del Estado que se aprobarán el 30 de marzo pasadas las elecciones andaluzas, incluyen severos recortes para las Islas. En todo caso, no ha dicho nada el presidente que ya no nos temiéramos y no ha dicho nada la oposición que ya no supusiéramos: que el PP no gobernó en Canarias hasta el otro día y que con el Gobierno de Mariano Rajoy a este país no lo va a reconocer ni la madre que lo parió (Alfonso Guerra dixit).

Rechazó el PP la oferta de diálogo del presidente Rivero quien, no obstante, no se movió un milímetro de su oposición frontal a las prospecciones petrolíferas mientras el PP hacia lo propio, defenderlas a capa y espada. Todo, insisto, demasiado previsible. Y luego llegaron las llamadas propuestas de resolución, esas que se aprueban o rechazan a mayor gloria del diario de sesiones pero que no suelen traspasar los muros del Parlamento y entrar a formar parte de las acciones del Gobierno. Y hasta el año que viene por estas fechas.

La Pepa, el PP y la felicidad


No es ninguna novedad que los políticos aprovechen cualquier oportunidad para arrimar el ascua a su sardina. En los discursos institucionales de ayer con motivo del bicentenario de la Constitución de 1812 lo volvimos a comprobar.  Haciendo caso omiso del anacronismo histórico que supone comparar la situación de la España de 1812 con la de 2012, los oradores se lanzaron por la senda de tomar a los constitucionalistas gaditanos como ejemplo a seguir en los actuales tiempos de incertidumbre económica.
 
En todo caso, a lo más que se podría llegar es a que entonces España estaba invadida y Cádiz asediada por los franceses mientras que hoy estamos invadidos por el neoliberalismo salvaje y asediados por los mercados, pero nada más.

Conmueve escuchar al rey decir que, hoy como entonces, los españoles hemos sabido sobreponernos a las adversidades y salir de ellas. Está bien que el monarca intente insuflar algo de optimismo en el alicaído ánimo de los españoles. Sin embargo, está uno por pensar que tampoco a él le vendría mal algo de ánimo para afrontar esos problemas domésticos que siempre suele ocasionar el inevitable garbanzo negro de la familia.

Con todo, quien más lejos fue en sus comparaciones y lecciones históricas fue el presidente Rajoy, quien aprovechando que las elecciones andaluzas también pasan por Cádiz no tuvo reparos en olvidar el carácter institucional del acto y ponerse el traje de faena electoral. 

En versión libre de sus palabras, vino a decir el presidente que los constitucionalistas que aprobaron La Pepa eran unos tíos bragados que no se arredraron ante las oscuras fuerzas del Antiguo Régimen y, frente al inmovilismo de otros, tuvieron la valentía de impulsar "reformas". 

Tal y como está haciendo él en estos momentos, en los que frente al "inmovilismo" de los sindicatos y la desarmada, llorosa y quejica izquierda, está siguiendo las enseñanzas y el ejemplo de aquellos "peperos" de entonces. Esto último no lo dijo explícitamente pero lo dio a entender con toda claridad el presidente.

Recurrir a la comparación histórica para justificar actuaciones políticas del presente lleva inevitablemente a equivocar el significado de los conceptos y caer por tanto en el anacronismo. Las "reformas" de las Cortes de Cádiz nada tienen que ver con las que ahora ha puesto en marcha el Gobierno, que más bien merecen ser llamadas "contrarreformas". Y envolverse en la bandera liberal de La Pepa no es lo mismo, aunque suene parecido, que ser neoliberal a machamartillo.

Me sorprende que a Rajoy se le pasara por alto mencionar el artículo más interesante de la Constitución gaditana, el que establece que "el objeto del Gobierno es la felicidad de la nación". Lapsus incomprensible habida cuenta de las altas cotas de felicidad que últimamente declaramos sentir los españoles. El único problema es que unos pocos son mucho más felices que la inmensa mayoría, aunque seguro que eso lo arreglan las reformas de Rajoy.   

Petróleo: se impone rectificar


La inesperada por precipitada aprobación ayer en Consejo de Ministros de la autorización para que Repsol realice prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, ha elevado el tono de confrontación entre los gobiernos de Canarias y el Estado hasta cotas que no se producían desde hacia años.

El decreto de la discordia, que llevaba años esperando en un cajón del ministerio de Industria ante el rechazo que el asunto siempre ha suscitado en Canarias, se aprueba ahora sólo tres meses después de que el PP accediera al Gobierno de la nación y a pesar de que el ministro Soria afirmó recientemente que no estaría antes del verano por la complejidad técnica que implicaba su redacción.

Prisas interesadas

Sin embargo, no es tan sorprendente la celeridad en darle luz verde: es inminente la entrada en vigor de una nueva directiva comunitaria que endurece considerablemente los requisitos que deben cumplir actividades potencialmente peligrosas para el medioambiente como las relacionadas con la exploración y eventual extracción de petróleo.

Sólo hay que recordar la reciente tragedia provocada por la petrolera británica BP en el Golfo de México para comprender las consecuencias que acarrea en el medio natural un vertido de crudo. Adelantarse a la normativa comunitaria le permite a Repsol eludirla y, de paso, ahorrarles a sus accionistas los millones de euros que tendría que gastarse para cumplirla.  

Por otro lado, no es posible resistirse a pensar que detrás de esta decisión, a la que habría que sumar las relativas a la prórroga de las bonificaciones a las tasas aeroportuarias o la desaparición de la prima a las energías renovables, hay una intencionalidad política concreta: pasarle factura política al PSOE y a CC por dejar en la oposición al PP en Canarias e intentar meter una cuña en la salud del pacto actual.

En los tres asuntos mencionados, José Manuel Soria ha sido implacable: se negó a prorrogar las bonificaciones de las tasas aéreas, cercenó las primas a las renovables y ahora ha enviado y aprobado en el Consejo de Ministros el real decreto de las prospecciones petrolíferas.


En todos ellos ha ignorado las críticas recibidas desde Canarias y en el de las prospecciones se ha limitado a conceder el obligado plazo legal de alegaciones a las instituciones de las islas y a permitir a regañadientes una pequeña ampliación del mismo.  Ninguna de ellas parece que se haya tenido en cuenta y ni siquiera se ha respondido por cortesía institucional.

En todo momento, sus declaraciones sobre esta cuestión han sonado a imposición y nunca a negociación, consenso, compromiso o acuerdo. Ni siquiera se ha preocupado de guardar las necesarias distancias y reservas para no aparecer defendiendo las prospecciones en un foro patrocinado precisamente por la empresa autorizada a realizarlas "en exclusiva".

El ministro ha actuado obviando que en un Estado descentralizado como el español, las autonomías tienen el derecho a ser escuchadas y atendidas sus demandas en aquellos asuntos que les afecten tanto como afecta éste a Canarias. Despachar una cuestión así con el desganado cumplimiento de un trámite burocrático sin carácter vinculante alguno dice poco en favor del respeto que a Soria la merece el modelo político de nuestro país consagrado en la Constitución.

Es necesario rectificar

La cuestión es cómo superar este enfrentamiento institucional y político que no puede conducir a nada bueno para nadie. El Gobierno de Canarias y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, legítimamente indignados por el ninguneo del que han sido objeto, han apostado por la vía judicial y competencial para intentar hacer inviable la aplicación del decreto. Paralelamente se respaldan cuantas manifestaciones ciudadanas se convoquen en contra de las prospecciones.

Sin embargo, la estrategia debe tener como fin último conseguir que el Gobierno de Mariano Rajoy se siente a negociar con Canarias las prospecciones petrolíferas. Si las cosas se hubiesen hecho bien y hubiese primado la lealtad institucional y el interés general, ambos gobiernos deberían haber constituido hace mucho tiempo una comisión bilateral sobre las prospecciones que aún están a tiempo de poner en marcha a menos que haya un poco de voluntad política.

Dos tareas principales deberían centrar su trabajo: seguridad ambiental y beneficios para Canarias. En cuanto a la seguridad ambiental, es obvio que no se puede caer en la ingenuidad de creerse las simplezas interesadas que difunde Repsol y no temer seriamente por las consecuencias de un vertido (mucho más habituales que lo que a las petroleras les gusta reconocer) para la industria turística y para el medio ambiente de la zona afectada.

Las decisiones sobre este extremo deberían basarse en informes rigurosos, exhaustivos y meticulosos, realizados por expertos e instituciones de probada independencia. Es cierto que ninguno podría garantizar riesgo cero y el que lo hiciera mentiría, pero se tendría una certeza científica del nivel de riesgo.

Con respecto a los beneficios para Canarias, debería esa hipotética comisión precisarlos con claridad y ponerlos negro sobre blanco especificando cuánto, cómo y durante cuánto tiempo, además del número de puestos de trabajo susceptibles de generar la actividad. Sin olvidar la ineludible necesidad de establecer todas las cauciones imprescindibles para reparar un posible accidente. Lo que resulta evidente es que tampoco en esto podemos fiarnos por increíble de la lluvia de millones de dólares y de puestos de trabajo que promete Repsol a Canarias.

Pero no basta con una información rigurosa y exhaustiva sobre los riesgos ambientales y un compromiso firme de los beneficios económicos para Canarias y las compensaciones por el riesgo que se corre para darle vía libre a las prospecciones: con toda esa información en la mano, los canarios debemos tener la última palabra a través de un referéndum puesto que en una decisión de ese tipo nos jugamos el futuro de las Islas.

Ésta debería haber sido la secuencia lógica de este proceso que se ha viciado y ha terminado envenenando las relaciones entre Canarias y el Estado. Sin embargo, aún hay tiempo para rectificar. Se puede y se debe.

No se pongan malos


Ya está. Cataluña ha puesto punto y final a los debates bizantinos sobre el copago. Lo que desde hacía años no era más que un mero debate académico de expertos en economía sanitaria ya está negro sobre blanco. Lo ha aprobado el Parlamento de Cataluña con los votos a favor de CIU y la abstención (connivencia) del PP. A partir de junio, los catalanes tendrán que pagar un euro por receta, o sea, por ponerse malos. Artur Mas ha encontrado el santo Grial, la piedra filosofal, el nudo gordiano para acabar con el déficit público en su comunidad autónoma. Un déficit que no está, qué va, en las "embajadas" catalanas repartidas por el mundo o en los sueldos de los altos cargos públicos.
 
La culpa la tienen los que enferman y tienen que ir al médico a que les recete algo. Así que, a pagar. Unos 180 millones de euros estima recaudar la Generalitat con la medida, una gota en el océano del déficit de esa comunidad autónoma y una cantidad que previsiblemente se quedará por debajo de lo que costará adaptar el sistema para no cobrar el euro por receta a determinados colectivos como los pensionistas con pensión no contributiva o los enfermos crónicos.

Pero no importa, lo que cuenta es que Cataluña acaba de poner la pica en Flandes del copago y, a la carrera, otras comunidades autónomas empiezan ya a decir que no les disgusta la idea. La ministra de Sanidad, mientras, abre la puerta de par en par al copago al declarar que "lo estudiará" si las comunidades autónomas lo proponen.

No nos engañemos, la implantación del copago en Cataluña es sólo un primer paso que se irá extendiendo más pronto que tarde a otros territorios y todo bajo el eufemismo de que de lo que se trata es de disuadir a los ciudadanos para que no abusen de los recursos sanitarios. Y todo ello en un país en el que el porcentaje del PIB que se destina a la sanidad es inferior a la media europea y en el que una quinta parte de la población vive en el umbral de la pobreza, por sólo citar dos datos suficientemente elocuentes de la situación económica y social.

De las consecuencias que una medida como esa puede tener para la salud de muchos ciudadanos no se dice nada; de hablar de reformar a fondo el sistema fiscal del país y de destinar más recursos al principal pilar del estado del bienestar tampoco; de diseñar políticas de eficiencia en el gasto se habla menos aunque hay centenares de estudios públicos y privados que abundan en la materia.

Lo que se hace en cambio es dar un nuevo paso hacia un mayor deterioro de la sanidad pública, gratuita y universal y empujar a quienes puedan pagárselo a acudir a una consulta o a una clínica privadas. ¿Y los que no puedan? Aprovechando la crisis económica se abre la veda para los seguros médicos privados, la reducción de la cartera de servicios y una mayor concertación (privatización) con la sanidad privada. Háganse un favor: no se pongan malos.

El reto de Soria


Cuando Mariano Rajoy repartió las carteras ministeriales el pasado mes de diciembre no le dio a José Manuel Soria precisamente una "papa dulce". El ministro "canario" del Gobierno (así gustan llamar a Soria algunos medios de comunicación peninsulares, como si el lugar de nacimiento fuera un plus, un demérito o un exotismo), se enfrenta a la reforma del sistema energético del país, una de las más importantes de las anunciadas por Rajoy junto a la laboral y a la del sistema financiero.

Y no lo tiene nada fácil, la verdad sea dicha. Son muchos los intereses enfrentados en juego y ponerlos de acuerdo no va a ser tarea sencilla. El reto principal es acabar con el llamado déficit de tarifa que, según las estimaciones de las grandes compañías eléctricas del país, ronda los 24.000 millones de euros.

Sería largo y engorroso de explicar cuáles son los orígenes de ese déficit, que viene precisamente de la época del anterior gobierno del PP, aunque la forma más sencilla de despachar la cuestión es diciendo que se produce porque lo que pagamos los ciudadanos por la electricidad que consumimos está muy por debajo de lo que cuesta generarla y distribuirla.

En el cóctel entran los intereses encontrados de las eléctricas convencionales, las nucleares, el carbón y las renovables en un conglomerado de difícil solución y digestión. En medio, los consumidores quienes, a pesar de que se nos culpe de que no pagamos lo que deberíamos por el recibo de la luz, resulta que somos los europeos que – según las organizaciones de consumidores - más pagamos por ese concepto sólo por detrás de Chipre y Malta. A ver cómo se come eso.

Y más que pagaremos porque - ha dicho Soria - el próximo mes de abril es muy probable que vuelva a subir el recibo de la luz. Y lo ha dicho después de amagar pero no dar con la idea de obligar a las eléctricas a aceptar una quita – palabra muy de moda últimamente – de la deuda que tiene contraída con ellas el Gobierno pero que las compañías han titulizado con el aval del Estado y han repartido en dividendos entre sus accionistas.

Lanzar el globo sonda y encenderse bombillos rojos en todos los despachos eléctricos del país fue todo una. De manera que lo más sencillo para calmar al menos de momento los nervios de las todopoderosas Endesa, Iberdrola y compañía es propinarle un nuevo mordisco al bolsillo de las familias por la vía de una subida de la tarifa que, en todo caso, será como una gota de agua en el océano del déficit tarifario.

A ver cómo resuelve Soria el acertijo porque Rajoy, hombre paciente donde los haya, no puede esperar demasiado tiempo a que su ministro "canario" le presente la crucial reforma del sistema energético y lo haga además sin fundir muchos plomos.
 

Una mano (al cuello)


Por manida que resulte, la frase según la cual "una imagen vale más que mil palabras" recobró ayer toda su vigencia al ver al presidente del Eurogrupo, Jean Claude Junker, apretándole la yugular al ministro español de Economía, Luis de Guindos, que encajó la "broma" con semblante serio.


No sé si Junker apretó más de la cuenta y el apretón afectó a las cuerdas vocales del ministro. Lo ciertos es que el representante español, tan dicharachero en otras ocasiones, no hizo declaraciones tras la reunión con sus colegas de la eurozona en la que se impuso a España que el déficit de este año no puede superar el 5,3%, medio punto menos que el anunciado por Rajoy.

El apretón de Junker fue un modo muy gráfico de decirle al ministro, y a través de él a España, que Bruselas no iba a aceptar por las buenas que nuestro país se fuera de rositas estableciendo un déficit para este año del 5,8% cuando el compromiso era dejarlo en el 4,4%.

En otras palabras, que toca recortar unos 5.000 millones más de los previstos, que ya era una cifra muy considerable. Ahora, la imagen de ayer en Bruselas la podemos trasladar sin problemas a nuestro país, en donde el Gobierno se dispone a repetir la "broma" y apretarnos a todos el cuello a través de los Presupuestos Generales del Estado que llegarán a finales de mes.

Un día después, por cierto, de la huelga general contra la reforma laboral, otro apretón de los buenos. Es la forma tan útil y práctica que tienen en Bruselas y en el Gobierno español de sacarnos de la crisis: apretándonos el cuello.

11-M

En recuerdo de las víctimas del 11-M de 2004 en Madrid....


...y de las víctmas del 11-M de 2011 en Japón.....


La huelga que Rajoy se merece


No engañaba Rajoy cuando presumía en Bruselas ante sus colegas de que la reforma del mercado de trabajo que iba a aprobar su gobierno le costaría una huelga general. No iba de farol el presidente, al contrario, sabía bien de lo que hablaba y los hechos no han tardado en darle toda la razón. Rajoy, para no ser menos que Zapatero o que Aznar o que Felipe González, ya tiene también su huelga general, sólo que él ya sabía de antemano y con toda certeza que se la iban a convocar.

En realidad, puede decirse que cuando pensó en su reforma laboral lo hizo con la vista puesta no sólo en los sagrados mercados y en satisfacer los deseos de la patronal regalándoles una reforma claramente desequilibrada en beneficio de la parte empresarial, sino en la línea de flotación de los sindicatos en la que impacta de lleno y le abre una seria vía de agua.

Huelga inevitable

¿Qué podían hacer los sindicatos si no convocar una huelga general? No es realista, como hacen algunos, apelar al dialogo con el Gobierno ni confiar en que los aspectos más duros de la reforma como el drástico abaratamiento del despido y la simplificación de sus causas se suavicen en el trámite parlamentario del proyecto de ley.

Por tanto, ante una reforma que los sindicatos saben que no podrán modificar por la vía del diálogo con el Gobierno ni por la vía parlamentaria y que, además, cuestiona con tanta profundidad su propio papel en el nuevo marco de relaciones laborales que se perfila, su única alternativa era convocar una huelga general.

 Alto riesgo

Sin embargo, es una convocatoria extraordinariamente arriesgada por varias razones. El pesimista estado de ánimo económico de la sociedad española no es el caldo de cultivo más idóneo para que una huelga general tenga éxito y, aunque lo tuviera, eso no garantizaría una reforma menos agresiva para con los trabajadores. Por otro lado, debido a sus propios errores, los sindicatos son en parte responsables de generar escasa empatía social, a lo que hay que sumar la campaña inmisericorde de derribo y desprestigio mediático ya en marcha.

Cabe suponer que todos esos factores han sido cuidadosamente analizados y sopesados por las cúpulas de UGT y CCOO antes de dar un paso que, en última instancia, estaban obligadas a dar a pesar del riesgo de cosechar una magra respuesta como la que se produjo en la protesta general contra la reforma laboral de Rodríguez Zapatero.  

Hay razones

Sin embargo, hay razones de mucho peso para que la huelga general sea un éxito y el pesimismo reinante se torne en exigencia social clara  de que la vía marcada por los mercados y el Gobierno no es la que nos va a sacar de la crisis sino la que nos va a enterrar con ella.

La durísima reforma laboral que borra de un plumazo la cultura del diálogo y la concertación social de la democracia y deja inermes a los trabajadores ante los empresarios, es sin duda la razón más importante, aunque podrían añadirse varias más: ajustes y recortes que recaen una y otra vez sobre las mismas espaldas, actuación timorata cuando no claramente favorecedora de los grandes poderes financieros o involución ideológica en el terreno de las libertades. Argumento todos ellos de peso para que Mariano Rajoy tenga la huelga general que esperaba y que se merece.

 O dicho a la manera de Carlos Cano......




Despista que algo queda


Dice el ministro de Justicia que en España hay una "violencia estructural sobre la mujer embarazada" que la conduce a abortar. Lo ha dicho en el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta parlamentaria de la oposición y leyendo de una libretita de anillas. Es decir, que tenía la respuesta bien preparada. Decirlo y "ponerlo a parir" toda la oposición y las asociaciones de mujeres ha sido una sola cosa y expectantes esperamos la reacción de la Conferencia Episcopal. 

En cualquier caso, Ruiz Gallardón, al que siempre se ha presentado como uno de los representantes del ala moderada del PP, ha vuelto a acaparar titulares, comentarios y editoriales en todos los medios de comunicación. Lo mismo ocurrió cuando habló de modificar la actual Ley del aborto para retrotraerla a una situación en la que abortar era considerado delito; o cuando anunció el cobro de tasas por la segunda instancia judicial o las bodas ante notario.

Pero más allá de que el ministro demuestra con esas manifestaciones que de moderado no tiene mucho amén de un profundo desconocimiento de la realidad de las mujeres que se ven en el trance de abortar, sus palabras han servido para ponerle sordina a las negras perspectivas económicas que nos regala a diario el Gobierno del que forma parte. Es la vieja táctica de lanzar cortinas de humo que, a lo que se ve, sigue funcionando. Mientras hablemos de lo que dicen Gallardón o Wert o cualquier otro ministro que no sean los responsables de la economía, eso que habrán ganado.

Enredados en declaraciones mediáticas que ocupan gruesos titulares dejaremos de pensar al menos por unas horas en el hachazo a las inversiones públicas que se anuncia para este año, en los recortes en los servicios básicos o en la reforma laboral. Hablemos pues del aborto, creemos debates artificiales mientras nos la meten por la escuadra.    

Sin novedad sobre Yeremi


A pesa de la comprensible expectación que despertó la rueda de prensa de la Guardia Civil en Madrid (¿por qué no en Gran Canaria?) sobre la desaparición hace cinco años de Yeremi Vargas, los datos ofrecidos en la comparecencia ante los medios no arrojaron nada realmente relevante que no se supiera ya.

Cabe preguntarse en qué medida puede ayudar cinco años después saber cómo iba vestido Yeremi el día de su desaparición, qué calzado llevaba o cuál era el color de sus gafas. En cuanto al Opel Corsa blanco sobre el que parecen haberse centrado buena parte de las pesquisas, hasta la familia del pequeño se ha mostrado sorprendida toda vez que esa era una información que se conoció públicamente poco después de la desaparición de Yeremi.

Por supuesto, no es casual que la Guardia Civil haya querido aprovechar el próximo quinto aniversario de la misteriosa desaparición de Yeremi para renovar su llamamiento a la colaboración ciudadana, que se ha revelado fundamental en la resolución de otros casos similares. Nada se le puede reprochar al instituto armado en ese sentido. Sin embargo, colaboración ciudadana nunca faltó ni ha faltado durante todo este tiempo, como la propia Guardia Civil ha reconocido.

Tras escuchar al alto mando de la Guardia Civil ofrecer datos ya conocidos y al mismo tiempo pedir la colaboración de los ciudadanos, se queda uno con la desagradable sensación de que la investigación se encuentra claramente estancada y la solución de este caso, así como del de Sara Morales, bajo investigación de la Policía Nacional, lejos aún de producirse.  

Alivio efímero


La alegría dura poco en la casa del pobre. Tras el anuncio de Rajoy de fijar para este año un déficit público del 5,8% frente al 4,4% comprometido, casi fue perceptible un suspiro de alivio en todo el país. Hasta el PSOE alabó la decisión y tanto en Bruselas como en Berlín refunfuñaron un poco pero de momento no han ido mucho más allá. Veremos cómo reaccionan hoy los mercados.
 
En cualquier caso, dejar el recorte en unos 30.000 millones de euros en lugar de elevarlo a los cerca de 45.000 millones que habría supuesto mantener el déficit del 4,4% siempre es motivo de alegría en una situación tan descarnada. Eso hace que, en este caso, el nuevo incumplimiento de Rajoy, que había jurado cumplir los mandatos de Bruselas sobre el déficit, sea visto incluso como una decisión acertada.

Sin embargo, a poco que se analice las implicaciones de la decisión (que no parece haber sido tan unilateral como al principio se supuso) se comprueba que el alivio será poco perceptible. Para empezar, porque esa previsión de déficit (que ya veremos si Bruselas termina aceptando o no) se hace en un panorama económico de recesión, con una previsión de que la economía se contraiga este año el 1,7% y que otras 600.000 personas se queden sin empleo, consecuencia en buena medida de la reforma laboral. De ahí que el margen de maniobra que le queda a Rajoy, aún después de este anuncio, sea cuando menos escaso.

En segundo lugar, porque el Gobierno parece decidido a cargar sobre las espaldas de las comunidades autónomas en torno a la mitad de esos casi 30.000 millones de euros que hay que recortar este año. Hasta las autonomía gobernadas por el PP empiezan a pedir agua por señas y a advertir de que ya no hay por donde meter la tijera sin deteriorar un poco más los servicios básicos. Nada digamos de las pocas en las que no gobierna el PP o de aquellas que, como Canarias, han sido más escrupulosas en el gasto público y se ven ahora abocadas a sufrir los mismos recortes que las más incumplidoras.

En tercer lugar, porque el Gobierno sigue escondiendo sus cuentas públicas para este año a la espera de que pasen las elecciones autonómicas andaluzas y asturianas. La incertidumbre que esa situación genera en las autonomías está crispando los nervios y, lo que es peor, acorta los plazos para los eventuales recortes que sea necesario acometer en sólo nueve meses.

Hay más razones: que este año cumplamos el 5,8% de déficit no nos eximirá, en principio, de no alcanzar el 3% fijado para 2013, otro año que se perfila ya como de más recortes. Y la cuarta razón, pero no la menos importante, para justificar que este anuncio de Rajoy sobre el déficit no es como para tirar demasiados cohetes, es que no parece tener intención del Gobierno de implementar medidas de reactivación económica sino que sigue fiando la recuperación a los ajustes y a los recortes, es decir el mismo tipo de medicina que nos sigue arrastrando por la pendiente en caída libre.

Tampoco se le ven intenciones de poner el acento en los ingresos por la vía, por ejemplo, de perseguir con verdadera eficacia el fraude fiscal o gravar adecuadamente las rentas más altas. Así las cosas y con este escenario, tiene uno la sensación de que el anuncio de que el déficit público de este año se queda en el 5,8% en lugar de en el 4,4% no ha servido para mucho más que para habernos aliviado un poco el fin de semana.   

La banca se atiborra


Ahítos de millones deben de estar hoy los 800 bancos que ayer acudieron, como abejas a un panal de rica miel, a la suculenta y ventajosa subasta del Banco Central Europeo que regó la fiesta con la friolera de casi 530.000 millones de euros.

Si sumamos esa cantidad a la que se subastó el pasado mes de diciembre tendremos aproximadamente el PIB español de 2011 o el de Irlanda, Portugal y Grecia juntos. Y todo ello a unas condiciones tan ventajosas que ya las querría una pequeña empresa o un trabajador autónomo para salir del atolladero: el 1% de interés y tres años para devolverlo.

Los ingenuos, que aún los hay y muchos más de lo que cabría esperar en esta situación, auguran que esa lluvia de millones, ese gordo entre los gordos en pleno mes de febrero, servirá para que por fin fluya el crédito. 


Ojalá y fuera así pero mucho me temo que, tal y como ocurrió con la primera inyección de liquidez, los bancos no van a emplear ese maná en darles créditos a quienes de verdad lo necesitan sino, en todo caso, a quienes no lo necesitan en absoluto. Supongo que ya conocen el viejo y sabio refrán según el cual un banquero es un señor que te da un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve.

Según algunas informaciones, los bancos españoles se quedaron ayer con una cuarta parte de los casi 530.000 millones de euros que subastó el Banco Central Europeo, un dinero que ahora emplearán en comprar deuda pública al Estado al 3% de interés, en sanear sus balances o en pagar sus propias deudas de financiación. Y los pequeños y medianos empresarios, los autónomos y las familias, que no vayan a pedir crédito porque – dicen los banqueros - su demanda no es solvente.

Que tampoco sueñen los ayuntamientos, endeudados hasta las cejas, con que los bancos no vayan a sacar tajada por hacer de pagadores de los proveedores públicos que, miren por dónde, son también las pequeñas empresas y los autónomos. Y ni por asomo abriguen esperanzas quienes tengan una hipoteca y no puedan pagarla sin quitarse la comida de la boca que acepten los bancos la dación en pago como forma de saldar la deuda o que se elimine de una vez la cláusula suelo.

Eso sí, que nadie toque los corralitos de las participaciones preferentes y otros productos tóxicos en los que –a la búsqueda desesperada de liquidez - han atrapado los bancos a un buen número de ciudadanos, según denuncian las organizaciones de consumidores y ante lo que el Banco de España calla y otorga. Que nadie levante la voz contra los abusos de la banca, que no se cuestionen los sueldos obscenos de sus directivos porque eso es demagógico, que nadie proteste porque en Berlín la señora Ángela Bismarck se oponga a que el Banco Central Europeo preste a los Gobiernos en apuros en lugar de a los bancos. Que nadie hable, que nadie perturbe la siesta de la banca tras el atracón de ayer.