"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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15 de septiembre de 2012

Cadena perpetua encubierta

Prepara el Gobierno la enésima reforma del Código Penal cuando aún no se han cumplido dos años desde la entrada en vigor de la anterior y cuando ya rondan la treintena las que se han aprobado en la etapa democrática. No es cierto por tanto, como dice el ministro Ruiz Gallardón sin sonrojarse y para justificar esta nueva vuelta de tuerca, que el actual Código Penal apenas haya experimentado cambios desde el siglo XIX.

Porque una nueva vuelta de tuerca es lo que anuncia el Gobierno para un sistema penal que no ha cesado de endurecer las condenas, no siempre de manera justificada, en los últimos años. En esa línea va también la nueva reforma que tiene como nueva pena estrella una de las promesas electorales del PP - la única que parece dispuesto a cumplir hasta la fecha -, la implantación de la prisión permanente revisable para homicidios terroristas y de menores, entre otros delitos. Estamos ante otro de los eufemismos que tanto gustan al Gobierno y con los que intenta ocultar la realidad porque, en este caso, de lo que se está hablando es de cadena perpetua de hecho.

Con ese juego malabar de palabras se nos quiere presentar como constitucional lo que no tiene visos de serlo por mucho que el ministro recurra el Consejo de Estado, que no es precisamente la institución encargada de darle marchamo constitucional a las leyes. Dice la Constitución que el objetivo de las penas es la reinserción del penado, algo casi imposible si la condena puede convertirse en perpetua por la vía de la revisión. El ministro, con el fin de justificar su iniciativa, se agarra también a la legislación de otros países europeos que aplican esta pena; sin embargo, oculta que el plazo que debe transcurrir antes de la revisión es menor que el que se piensa aplicar en España y que no estará por debajo de los 25 o 35 años de prisión.


No es casualidad sino todo lo contrario que esta reforma se anuncie la misma semana en la que arrecian las críticas al Gobierno desde el propio PP por la excarcelación del etarra Bolinaga y cuando el “caso Bretón” sigue acaparando titulares y sensacionalismo televisivo. Subido en la ola de la alarma social que provocan casos como esos y otros parecidos, el Gobierno busca calmar las aguas y dar respuesta a un segmento de la sociedad que coincide en gran medida con el perfil electoral del PP y que está convencido de que sólo endureciendo mucho más las penas ese tipo de hechos no se repetirán, aunque la experiencia diga la contrario.

Tampoco es casualidad que, coincidiendo con las crecientes protestas por la crisis y los recortes sociales y laborales, el ministro incluya en su reforma un agravamiento de las penas por acciones derivadas de manifestaciones y otros actos de protesta. Por ejemplo, se modifica la definición de "alteración del orden público" para incluir en ella "una referencia al sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas".

El Ministerio de Justicia asegura que "se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público". La guinda la ha puesto el propio Ruiz Gallardón al asegurar que la modificación del Código Penal "no puede preocupar a nadie que no agreda a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Se olvida sin embargo el ministro de los delitos de cuello blanco, del saqueo de las arcas públicas, del trinque de los directivos bancarios y de los que se ríen de Hacienda. Tal vez en otra reforma se incluyan también estas figuras, en el sentido amplio del término.Ahora no parece ser el momento.

Cuando esta nueva e innecesaria reforma salga adelante, España tendrá la legislación penal más dura de la Unión Europea y seguirá siendo uno de los países europeos con mayor número de presos en sus cárceles y en donde más años de prisión se cumplen, por mucho que la percepción social no sea esa. Como sigamos endureciendo el Código Penal para agravar las condenas a golpes de titular y alarmas sociales – comprensibles pero que no pueden convertirse en la guía de las reformas de un Código que debe tener vocación de permanencia – llegará un momento en el que sólo nos quedará recurrir a la ley del talión.

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