"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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30 de noviembre de 2012

Pensiones: el penúltimo engaño

Lo ha vuelto a hacer: Rajoy ha vuelto a incumplir una de sus promesas, tal vez la última que le quedaba por incumplir, no congelar o rebajar las pensiones. Con su decisión de hoy de no actualizarlas de acuerdo a la subida del IPC se ha cargado la escasa credibilidad que le quedaba; ha atravesado sin el más mínimo rubor la línea roja que él mismo se había trazado y le ha dado un hachazo de al menos 3.500 millones de euros al poder adquisitivo de los pensionistas, ya mermado con las subidas fiscales de los últimos meses y los copagos y repagos sanitarios. 

Todo a mayor gloria del objetivo de déficit, han dicho en su nombre, porque él no da la cara, la portavoz Sáenz de Santamaría y la ministra de Trabajo Fátima Báñez. ¿Qué credibilidad y confianza puede reclamar para sí y para sus políticas alguien que ha incumplido todas y cada una de sus promesas: abaratamiento del despido, subidas del IRPF y el IVA, recortes en sanidad, educación y servicios sociales y ahora también la actualización de las pensiones conforme a la subida del IPC? 

No contento con eso, ha vuelto a meter la mano en la hucha del Fondo de Reserva  para pagar la extra de Navidad de los pensionistas y es ya la segunda vez que lo hace este año. Con ambas decisiones, no actualización y utilización del Fondo de Reserva por encima de lo establecido legalmente, el Gobierno de Rajoy se salta olímpicamente la Ley de la Seguridad Social. Y se queda tan ancho. Sólo un calificativo merece la decisión de hoy: engaño puro y duro merecedor de juzgado de guardia. Me pregunto cuántos pensionistas damnificados por esta decisión volverán a votarle al PP. Al menos debería dar la cara y pedirles perdón.
  
Esta es sólo una mínima muestra de las veces que Rajoy y los suyos negaron que congelarían o bajarían las pensiones y juraron por lo más sagrado que las actualizarían de acuerdo al IPC.


Hasta que llegó el 30 de noviembre de 2012 y con cara compungida, Soraya Sáenz de Santamaría anunció el engaño a 9 millones de pensionistas.....



Ángel “Atila” Gurría y los brotes verdes

Ahora que con tanto primor y esmero cuidaban Rajoy y los suyos los brotes verdes de la economía, ha pasado por La Moncloa un señor y se los ha pisoteado a conciencia hasta no dejar vestigio de ellos. Se llama Ángel Gurría y es el secretario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Asegura este Atila del ultraliberalismo que no sólo no se ve luz alguna al final del túnel sino que ni siquiera se sabe cuándo se verá. Pero no hay de que preocuparse porque él tiene la receta mágica para que esa luz se vea más pronto que tarde y retoñen con fuerza los anhelados brotes verdes.

Es una receta sencilla pero, sin duda, muy eficaz. Sus ingredientes se componen, básicamente, de abaratar más el despido, subir más el IVA en el turismo, el transporte y los libros, endurecer el cobro de la prestación por desempleo, reformar – es decir, recortar – las pensiones, y quitar las desgravaciones fiscales por los planes de pensiones o la vivienda. Hay más ingredientes, pero con estos la receta resulta igual de sabrosa y contundente. Y menos mal que este nuevo Atila de la economía asegura que las medidas de austericidio fiscal que ha ido adoptando en su primer año de Gobierno Rajoy y sus hunos van en la buena dirección.

Le parece estupendo que se haya subido el IVA, que se haya abaratado el despido y que se haya reformado el sistema de pensiones para recortarlas y hacer más difícil acceder a ellas. Sin embargo, cree que el Gobierno se ha quedado corto en los ingredientes y que, en consecuencia, el guiso le está quedando desabrido. No quiero ni imaginarme qué nos habría recetado este caballero si hubiesen sido otros y no los que han sido los ingredientes empleados por Rajoy para salir de la crisis: ¿el látigo? ¿la economía de trueque? ¿el curandero de la tribu? ¿el hospicio de ancianos? ¿las damas de beneficencia?

Se da la curiosa paradoja de que el mismo organismo del que es secretario este sabio economista había pronosticado horas antes de pregonar urbi et orbe su pócima mágica para salir de la crisis, que la economía española se contraerá el año que viene el 1,4%, que el paro se pondrá por encima de los 6 millones de desempleados y el sacrosanto objetivo de déficit se irá a hacer puñetas. Lo más llamativo es que en ese mismo informe, la OCDE recomienda no emprender recortes adicionales para favorecer la recuperación. ¿En qué quedamos? ¿Hay que hacer más recortes para salir de la crisis o hacerlos nos llevará a no salir de la crisis y a hundirnos un poco más en ella? ¿Alguien puede explicar el galimatías? Seguro que Ángel “Atila” Gurría y los hunos ultraliberales tienen la respuesta. Confiemos en ellos aunque por donde pasen no vuelvan a crecer la hierba ni los brotes verdes nunca más.

29 de noviembre de 2012

Bancos: el honrado gremio del robo

Negro sobre blanco las draconianas condiciones del rescate bancario español – sí, rescate, Sr. de Guindos y Sr. Rajoy – sólo cabe reaccionar con indignación y estupor. Sabemos que el que presta pone las condiciones, pero estas que alegremente desgranaba ayer el otrora socialista Joaquín Almunia son un atraco bancario en toda regla. Casi 37.000 millones de euros para reflotar unas entidades bancarias a las que se podía haber dejado caer después de garantizar – ya garantizados por ley – los depósitos de los pequeños ahorradores. ¿Por qué cualquier otra empresa puede quebrar y acudir a un concurso de acreedores y un banco no?

¿Acaso entidades como el Banco de Valencia, Novacaixagalicia y Caixa Cataluña, que se llevan la mitad del rescate, son entidades sistémicas tan importantes como para tener que salvarlas con dinero público? ¿Por qué no se liquidan en lugar de sanearlas con nuestro dinero para venderlas después al mejor postor, como ha ocurrido ya con el Banco de Valencia y su venta por 1 euro a la Caixa? La otra mitad se la lleva Bankia, el gran gigante con pies de barro surgido de los conchabos políticos del PP y la indiferencia del Banco de España ante lo que estaba pasando bajo sus mismas narices. ¿Por qué no se ha diseñado para ella un plan ordenado de liquidación y cierre con las máximas garantías para pequeños inversionistas, ahorradores y empleados?

El mito de demasiado grande para dejarlas caer no se puede justificar haciendo recaer sobre trabajadores, pequeños inversores y contribuyentes en general el coste de la operación. Porque eso es lo que supone el rescate bancario anunciado ayer por Almunia, que paguen los platos rotos de la indigestión de ladrillo los cerca de 10.000 empleados que se irán a la calle y los pequeños tenedores de preferentes que perderán en muchos casos todos los ahorros de su vida al ver que su inversión sufre una quita cercana a la mitad del valor y reciben a cambio unas acciones devaluadas y sin expectativas de revalorizarse al menos a medio plazo. 

Y significa también que los contribuyentes, que ya hemos aportado miles de millones para salvar a los bancos, tendremos que afrontar ahora 37.000 millones más que computarán como déficit público y que pagaremos con nuevos recortes sociales. A la vista de las perspectivas económicas y de las restricciones a la actividad que impone Bruselas – nada de ladrillo y prohibición de actuar fuera de su ámbito geográfico de origen lo que, por cierto, contraviene la propia normativa comunitaria sobre libertad de establecimiento - hay muy pocas esperanzas de que los bancos rescatados sean capaces de devolver este crédito, aunque el ministro de Guindos declare ufano que el interés será inferior al 1; tampoco hay seguridad alguna de que esta lluvia de millones sea suficiente para reflotarlos y no sea necesario inyectarles más euros en vena dentro de poco tiempo para poder venderlos tras sanearlos con el dinero de todos. 
 
Mientras todo esto ocurre, nadie, ni Bruselas, ni el Banco de España, supuesto supervisor del sistema financiero que miró para otro lado cuando la burbuja inmobiliaria se hinchaba peligrosamente, ni los gobiernos actual y pasados, han movido un dedo para regular un mercado financiero que ha vivido demasiados años por encima de sus posibilidades gracias a una normativa laxa cuando no inexistente y que es el principal responsable de la situación en la que nos encontramos.

Eso sí, a la hora de poner freno al drama de los desahucios injustos, todo son paños calientes y advertencias de los riesgos que unas medidas demasiado ambiciosas pueden tener sobre la estabilidad de ese sacrosanto sistema financiero. De solo una cosa podemos estar seguros: esta estafa bancaria perpetrada a la luz del día y con todas las de la ley la vamos a pagar – la estamos pagando ya – los castigados contribuyentes. Es cierto que ver a los consejeros de Bankia o de otras entidades sentados en el banquillo de los acusados es un pequeño consuelo, pero ver a algunos de ellos entre rejas me temo que sigue estando también muy por encima de nuestras posibilidades.

28 de noviembre de 2012

Montoro pone la mano

El viernes próximo acaba el plazo - aunque no se descarta que se amplíe - para que quienes tengan dinero y bienes en el extranjero sin declarar regularicen su situación ante la Hacienda Pública. Auguran los expertos que la bien llamada vergonzosa amnistía fiscal que aprobó el Gobierno para intentar que afloraran unos 25.000 millones de euros ocultos y barrer para las arcas públicas en torno a los 2.500 millones será un sonoro fiasco. De hecho, en los cuatro primeros meses desde la entrada en vigor de la medida apenas si se recaudaron 50 millones de euros y, desde que Hacienda dio a conocer esa cifra, nada más se ha sabido de cómo ha evolucionado la recaudación por ese concepto.

Sin duda, muy mala señal para el Gobierno que tendrá que explicar muy bien para qué ha servido este regalo fiscal a los defraudadores mientras al común de los mortales se nos han subido los impuestos que nunca iban a subir. Y no es que no se lo haya puesto fácil el ministro a los que burlan al fisco colocando su dinero en bancos extranjeros y no declarándolo: pagar el diez por ciento de lo defraudado sin dar más explicaciones sobre la procedencia del dinero, sobre si fue obtenido lícita o ilícitamente y sin obligación alguna de repatriarlo a España. Aunque con eso y poco más bastaba para quedar limpios de polvo y paja ante la Hacienda española, los defraudadores no se han fiado de que, a posteriori, el Gobierno emprenda acciones legales contra ellos. De ahí que Montoro no dudara ni un momento en introducir rápidamente nuevas mejoras en la norma usando incluso una orden ministerial para modificar un Real Decreto Ley: todo con el objetivo de no molestar a los temerosos evasores y conseguir el pírrico objetivo de los 2.500 millones de euros.

En su ayuda – y en la de los defraudadores – salió incluso el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, siempre dispuesto a echar una mano por una buena causa como ésta. Aprovechando la enésima reforma del Código Penal se decidió a toda prisa que quienes paguen esa limosna del 10% a las arcas públicas ya no tendrán que temer nada del largo brazo de la Ley por los siglos de los siglos. Al mismo tiempo y como para hacer creer a los ciudadanos que pagan puntualmente sus impuestos que el Gobierno está comprometido en la lucha contra el fraude fiscal, se aprobó una ley que empezará a aplicarse el 1 de enero y que endurecerá las sanciones a los defraudadores. Es la táctica del palo y la zanahoria para convencer a los remolones de que mejor les irá si pagan ahora esa miseria del 10% y para lo cual se les ofrecen todas las facilidades habidas o por haber.

La única pega la han puesto los inspectores y técnicos de Hacienda: con los pocos que son y los escasos medios de los que disponen, la ley quedará en papel mojado y los evasores podrán seguir engordando sus cuentas en el extranjero mientras usted y yo seguimos haciendo el primo año tras año en Hacienda. La amnistía fiscal que el ministro Montoro se ha inventado para ponérselo fácil a los que defraudan a cambio de unas migajas por su fraude, mientras al resto de los ciudadanos nos aprieta el cuello, es una de las decisiones más vergonzosas e injustas de cuantas ha tomado este Gobierno, que son unas cuantas.

Esa forma de poner la mano para que los evasores donen una miseria por lo que han defraudado y se vayan sin pena ni culpa, al tiempo que la mete hasta el fondo en nuestros bolsillos para empobrecernos un poco más, es escandalosa. La esperanza podría ser el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE, pero a la vista de lo que tarda el alto tribunal en resolver las cuestiones que se le plantean mejor no hacerse ilusiones.

En cualquier caso, no es necesario ser catedrático de Hacienda Pública como Montoro para saber que la medida se da de bruces con lo que consagra el artículo 31 de la Constitución Española: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Si el viejo lema Hacienda somos todos nunca fue del todo verdad, con la amnistía fiscal de Montoro es más falso que nunca.

27 de noviembre de 2012

Madrid Arena: pasaba por allí

No hay deporte nacional con más seguidores en este país que el de “yo no fui, pasaba por allí”, practicado con un gran entusiasmo cuando se trata de eludir responsabilidades públicas o privadas. En la tragedia en el Madrid Arena, en la que cuatro chicas perdieron la vida aplastadas y una quinta resultó gravemente herida, todos pasaban por allí, ninguno fue el responsable de lo ocurrido.

La empresa organizadora jura que ella sólo se limita a eso, a organizar, y que de la seguridad se encargan otros. Esos otros es una empresa llamada Seguriber, responsable de la seguridad en el recinto por acuerdo de fidelización con la empresa municipal de la que depende el Madrid Arena. Sin embargo, Seguriber dice que su único cometido era evitar que los asistentes a la macrofiesta introdujeran objetos peligrosos en el recinto y que la gente entrará por la correspondiente puerta de acceso. La petición de entradas y documentación era cosa de Kontrol 34, contratada por el organizador y que, además, asumió funciones de seguridad en el interior del recinto sin contar con personal cualificado para ese trabajo.

A Seguriber se la acusa, además, de organizar un botellón en el aparcamiento aledaño al Madrid Arena y hasta de cobrar 10 euros por vehículo, saltándose alegremente a la torera la prohibición municipal de hacer botellones. Me pregunto qué hace una empresa de seguridad que trabaja para un ayuntamiento organizando un botellón como no sea con el fin de obtener unos ingresos extraordinarios, que de eso parece que se trata y esa parece ser la causa última de todo lo ocurrido: hacer caja sin importar un comino la seguridad. Todas las evidencias apuntan a que fue el botellón fomentado y cobrado por Seguriber el que alimentó la avalancha masiva a la fiesta por las puertas de emergencia originando un tapón humano que provocó la tragedia.

Al parecer, mientras todo esto ocurría, la estrella de la trágica noche gritaba desde el escenario: ¿os creéis que somos 15.000? Se equivocaba, eran al menos 18.000 las personas que habían entrado en el Madrid Arena como ha demostrado el recuento de las entradas, cuando el aforo  era para unas 10.600. Ese decir, que le faltaba poco para doblarse y, todo eso, en medio de un absoluto descontrol de seguridad, con gente entrando en tromba por las puertas de emergencia y dos médicos como todo dispositivo sanitario. Hasta aquí todo parece tan claro como una tenebrosa noche de Halloween.

¿Y el ayuntamiento de Madrid? También, cómo no, pasaba por allí. Ignoró las deficiencias del local para acoger macrofiestas, no mostró la más mínima diligencia para exigir que se garantizaran las medidas de seguridad suficientes y la policía local no puso fin al botellón, uno de los factores clave de la tragedia, como era su obligación. Después de forzar la dimisión del concejal responsable de la empresa municipal y de un par de funcionarios de segundo nivel, ha puesto en marcha una comisión de investigación que, como la mayoría, sólo servirá para un intenso intercambio de sonoras bofetadas políticas pero que, salvo sorpresa, no ayudará gran cosa a revelar lo ocurrido la fatídica noche de Halloween.

En esa comisión no estará ni la Delegación del Gobierno ni el Gobierno de la comunidad autónoma por deseo expreso de la alcaldesa Botella, que tampoco estará después de prometer máxima transparencia. Puro teatro para intentar eludir las indudables responsabilidades políticas en todo lo ocurrido. Sólo queda confiar en que el juez y la fiscalía sean capaces de llevar el caso a buen puerto y depurar las otras responsabilidades, las judiciales, a que haya lugar. De ellos depende evitar que todos los que la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre aseguran que sólo “pasaban por allí” se salgan con la suya y eludan su correspondiente cuota de culpabilidad sobre las vidas de cuatro jóvenes y el riesgo potencial en el que se puso a otras miles de personas que, desde luego, no pasaban por allí.

26 de noviembre de 2012

Mas es menos

El soberano coscorrón electoral sufrido por Artur Mas ha puesto su órdago soberanista en manos de ERC y ha situado al líder de CiU y al propio partido emblemático de la burguesía catalana en una posición muy difícil. Los electores que ven en la independencia de Cataluña la solución a todos los males han preferido fiarse de quienes siempre han defendido esa opción y no de alguien como Mas y de su milagrosa conversión al independentismo tras la repentina caída del caballo camino de La Moncloa en busca del Pacto Fiscal.

Ese fue el primer error del que, con toda seguridad, seguirá siendo presidente de los catalanes cuatro años más cuando lo que corresponde ante un fracaso tan rotundo es dimitir: creer que las miles de personas que se manifestaron el día de la Diada en las calles de Barcelona pedían la independencia e ignorar – porque le convenía – que muchas de ellas estaban allí para oponerse a sus recortes sociales y a sus políticas neoliberales, tan parecidas a las del PP en el ámbito nacional como un huevo se parece a otro huevo.

Puede que le consuele algo en su fracaso ver que la opción soberanista es mayoritaria mas no unitaria, aunque por poco, en el Parlamento surgido ayer de las urnas; puede incluso que le haya alegrado comprobar que los eternos rivales de CiU, los socialistas catalanes, han hecho buenos todos los pronósticos y se han deslizado hasta la tercera posición de la tabla, aunque haya sido sobre todo por méritos propios. Del mismo modo, tal vez se haya alegrado de que el PP siga estancado a pesar de haber echado toda la carne en el asador – incluido un apócrifo informe policial sobre presunta corrupción en un partido que ya está en los banquillos por esa causa - para convertirse en la alternativa al soberanismo.

Sin embargo, es un consuelo muy pobre si se compara con su aspiración de contar con una mayoría “excepcional” e “indestructible” para impulsar la consulta soberanista en la que sigue empeñado a pesar de que las urnas le han dado claramente la espalda a esa opción. El toro bravo que montó Mas lo ha dejado a los pies de los caballos – y perdón por la metáfora; ahora será ERC y no él quien enarbole la estelada que quiso empuñar en solitario deslumbrado por lo que creyó ser un movimiento independentista imparable e irreversible para convertir a Cataluña en “un nuevo Estado de Europa”.

Salvo que opte por un pacto de perdedores, algo poco probable, Mas ha puesto su suerte política en manos de ERC, de la que siempre ha recelado CIU pero con la que parece condenado a entenderse, por más que le pese. Será muy interesante comprobar cómo se las arreglará un gobierno CiU-ERC para resolver los graves problemas de endeudamiento que tiene Cataluña y si la gente del triunfador de la noche, Oriol Junqueras, está dispuesta a respaldar y continuar con los recortes sociales que Mas ha impulsado en los dos años que llevaba en el gobierno de la Generalitat y de los que apenas se habló en la campaña electoral a mayor gloria de la incierta aventura independentista. Por cierto: ¿volverá Mas a La Moncloa a pedir de nuevo el Pacto Fiscal que ya le ha negado Rajoy?

En resumen, nada se ha ganado y mucho tiempo, esfuerzo, tensiones y dinero se han perdido con este intempestivo adelanto electoral con tintes plebiscitarios cuando aún quedaba la mitad de la legislatura por agotar. Lo único, saber con claridad lo que piensa el pueblo catalán respecto del órdago lanzado por el líder que se creyó ungido por la Providencia para encabezar la marcha hacia la independencia final del brumoso Estado catalán, tierra prometida en la que no habrá recortes sociales, ni privatización de servicios públicos ni corrupción política.

23 de noviembre de 2012

El tasazo progresista de Ruiz-Gallardón

Me levanto convertido en un carca de cuidado amante del Antiguo Régimen. Yo, los jueces, los abogados, los fiscales, los procuradores, los sindicatos, los secretarios judiciales, las organizaciones de consumidores, los partidos de la oposición y el grueso de la ciudadanía: todos conservadores casposos y retrógrados, añorantes de un tiempo felizmente superado, incapaces de adaptarnos a los vientos del progreso y la modernidad. 

Así, en nuestra ceguera medieval, nos es imposible comprender toda la carga de progresía que encierra el tasazo judicial del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón contra el que hoy se manifestará toda esa caterva conservadora que conforma el mundo judicial y aledaños. ¡Qué brutos y conservadores somos los que pensamos que el progresista tasazo del atildado ministro es un ataque en toda regla al principio constitucional de la tutela judicial efectiva, que solo podrán reclamar aquellos que se la puedan pagar! 
 

¡Cuán profunda es nuestra ignorancia al advertir de que el tasazo consagra al menos tres tipos de justicia: una para ricos, que no tendrán problema alguno para pleitear cuanto sea necesario; otra para las llamadas clases medias – cada día menos medias y cada vez más bajas –, a las que se les cerrarán las puertas de la maquinaria judicial en cuanto no puedan seguir pagando el peaje que se les exige para defender sus razones; y la tercera, para los más pobres, a los que les queda refugiarse en un turno de oficio cada día más saturado y peor pagado!



En nuestra miopía conservadora nos empeñamos en defender lo indefendible: que la Justicia debe ser de todos y para todos para que realmente pueda llamarse Justicia y que lo hay que hacer es dotarla de medios suficientes y buscar soluciones alternativas imaginativas al gusto por los pleitos del que hacemos gala los ciudadanos. Las hay, pero seguramente también serán demasiado conservadoras para un pensador tan adelantado a su tiempo como Ruiz-Gallardón, algo que se puede comprobar con facilidad echando un vistazo superficial a sus raíces políticas.

Su visión de futuro es tan preclara que no ve necesidad alguna de meditar sobre si se ha pasado varios pueblos con su medida, como no la tuvo de consultarla con esa patulea conservadora que representan jueces, abogados, fiscales y demás. A pesar de todo, los conservadores antisazo deberíamos de estar contentos de que sólo haya un rojo tan peligroso en el Gobierno. Confiemos en que al menos Rajoy, Mato, Soria, Wert o Fernández Díaz sigan siendo tan conservadores como siempre y no se nos destapen ahora también como progresistas de toda la vida. Eso sí que no estamos dispuestos a tolerarlo.

22 de noviembre de 2012

La Justicia no tiene precio ¿o sí?

Si algo muy bueno tiene el vino cuando lo bendicen, algo muy malo tiene la llamada Ley de Tasas Judiciales cuando jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, consumidores, sindicatos y oposición la rechazan de plano. Y lo que tiene es, ante todo, que se trata de una ley injusta. Dejando ahora al margen la castiza chapuza de poner en vigor una ley sin contar con los instrumentos necesarios para aplicarla, las tasas judiciales aprobadas a la carrera en una comisión del Congreso con plena capacidad legislativa y sin escuchar a nadie representan un nuevo recorte en los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Aunque se tilde de demagógico afirmar que esta ley consagra una Justicia para ricos y otra para pobres, esa es la dura realidad: los que tengan dinero suficiente podrán costearse los recursos ante las resoluciones de los tribunales y, los que no, habrán de pasar por el turno de oficio o desistir de reclamar sus derechos, tengan razón o no, algo que nunca podrán llegar a comprobar. El principio de acceso universal a la Justicia consagrado en la Constitución se ve claramente vulnerado si la única manera que tiene una gran parte de la población de defender los derechos que crea conculcados es pagar para ello. Una de las justificaciones del ministro Ruiz Gallardón para impulsar una ley a todas luces injusta por discriminatoria es que los españoles somos unos forofos de las guerras judiciales, que pleiteamos por gusto o por demorar de mala fe las decisiones de los jueces. La otra es que es necesario que todos contribuyamos al sostenimiento económico de la administración judicial, lo que suena y es en la práctica un copago como el de la Sanidad, puesto que los españoles ya pagamos la maquinaria jurídica con nuestros impuestos.

Si lo que se quiere es racionalizar el funcionamiento de la Justicia descargando de trabajo los atestados juzgados, la solución no puede pasar por cercenar el derecho de recurrir las resoluciones judiciales con las que no se esté de acuerdo. Dotar de medios humanos y materiales a los juzgados, elevar las cuantías de las condenas a costas cuando se demuestre la mala fe del recurrente contumaz, corregir las disfunciones del aparato judicial o potenciar la justicia reparativa o arbitral son algunas alternativas que, lejos de conculcar el derecho constitucional a la tutela judicial, lo reforzarían. Nada de esto se menciona en esta Ley de Tasas Judiciales porque, en el fondo, lo que se busca es sencillamente recaudar y vedar el acceso a la Justicia – pilar básico del Estado social y de derecho - a una parte muy importante de la población que con seguridad desistirá de reclamar sus derechos si eso le va a salir más caro que no hacerlo.

Si la Justicia española ha sido siempre objeto de crítica social por cuestiones como su lentitud – justicia demorada es justicia denegada – las tasas judiciales no hacen sino empeorar esa percepción ciudadana. El ministro Ruiz Gallardón debería aprovechar su propio chapuza, que le ha obligado a posponer varias semanas el cobro efectivo de las tasas, para derogar esta ley y consensuar un gran pacto social para mejorar de verdad la Justicia en este país. Aún está a tiempo de no pasar a la historia como el ministro que le puso precio al derecho constitucional a la Justicia en igualdad de condiciones para todos. Porque la Justicia, o es de todos y para todos, o no es Justicia.

21 de noviembre de 2012

Israel: la razón de la fuerza

Otra vez se llenan los telediarios y los periódicos con las imágenes de las bombas israelíes estallando sobre la franja palestina de Gaza, destruyendo edificios gubernamentales, viviendas humildes, bienes e infraestructuras. De nuevo se ven y oyen hombres gritando, mujeres y niños llorando y ambulancias y camiones de bomberos inútiles ante la nueva masacre, ante la renovada destrucción que amenaza con no dejar piedra sobre piedra.

Una vez más los hospitales y las morgues se llenan de heridos y cadáveres, entre los que hay mujeres y niños inocentes cuyo único crimen había sido estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Por enésima vez el ejército israelí conmina a los hacinados y cercados habitantes de Gaza a abandonar sus hogares y todo hace prever que una nueva invasión terrestre de ese territorio palestino apoyada desde el aire por la aviación es inminente.

Otra vez Israel simula que quiere la paz y el diálogo pero, al mismo tiempo, emplea la fuerza; hace creer que se aviene a negociar un alto el fuego - ¡por 15 años! - pero sigue lanzando bombas sobre la población civil indefensa. En respuesta, Hamás lanza misiles que le llegan desde Irán y Egipto sobre territorio israelí y la espiral va en aumento, una vez más. 

Son incontables las veces que la hipócrita comunidad internacional defiende  la paz pero no hace nada  efectivo para detener la guerra. Se ha perdido la cuenta de las veces que Obama ha abogado por un entendimiento pero al mismo tiempo veta en la ONU la creación de un Estado palestino, única solución posible a este conflicto tan cruel como interminable. A los primeros les pide que no se excedan en el uso de la fuerza y a los segundos se les condena por terroristas; a Israel se le reconoce una vez más el derecho a defenderse de los misiles de Hamás y hasta licencia para matar, pero a Palestina se le niega sistemáticamente el derecho a existir. De nuevo, el conflicto palestino – israelí amenaza con desestabilizar más si cabe una región de por sí inestable y convulsa, con Siria en estado de descomposición, Irán amenazando con la destrucción de Israel y los Hermanos Musulmanes egipcios apoyando a sus correligionarios de Hamás. Otra vez se reaviva una guerra que siempre ha estado viva y – ¡qué casualidad! – coincide de nuevo con la proximidad de elecciones en Israel.

De nuevo resulta inútil preguntarse quién ha vuelto a encender la mecha del conflicto, si Hamás con su odio furibundo contra Israel o el Estado hebreo con su decidida voluntad de impedir con su sofisticado y mortífero armamento la existencia de un Estado palestino junto a sus fronteras. Cuando, como en este interminable enfrentamiento palestino-israelí, imperan la razón de la fuerza y el odio recíproco, la victoria sólo puede estar del lado del más fuerte. Si, además, el más fuerte cuenta con la comprensión y el apoyo incondicional de aliados tan poderosos como Estados Unidos, la balanza está decantada de antemano.

Mientras, seguiremos viendo y oyendo las sirenas de las ambulancias ululando en las devastadas calles de Gaza, los hombres gritando desesperados y las mujeres y niños inocentes cayendo bajo las bombas israelíes. Y así será una vez más hasta que en lugar de la razón de la fuerza impere la fuerza de la razón, o hasta que Israel quiera y se lo permitan.

20 de noviembre de 2012

Y todavía quedan otros tres años

Ha dicho Mariano Rajoy que ahora España estaría peor si el Gobierno que preside desde hace once meses tras ganar por mayoría absoluta las elecciones celebradas hace hoy un año no hubiese tomado las medidas que ha tomado. Es una afirmación indemostrable pero dudosa. Y como, tanto en la política como en otras muchas facetas de la vida, lo que cuenta al final son los hechos y no las buenas intenciones, a los hechos y a las realidades actuales de este país hay que referirse para valorar el primer año desde que el PP ganó las elecciones generales y completó el mayor poder que nunca antes había alcanzado un partido político en la etapa democrática.

Hechos

Y los hechos, por más que ahora se adornen con invisibles brotes verdes, son que, desde la llegada de Rajoy al poder en España hay 800.000 parados más, con especial incidencia entre los jóvenes, más de la mitad de los cuales no tiene trabajo. La panacea de la reforma laboral que abarató el despido que nunca se abarataría y dejó a los trabajadores prácticamente inermes ante los empresarios, está consiguiendo sus objetivos no confesados pero evidentes: que las empresas hagan el ajuste por el empleo y los salarios y puedan así volver a contratar a precios de saldo favorecidas por un mercado laboral convertido en una selva.

Como consecuencia de ello han crecido exponencialmente las cifras de familias en situación de exclusión social, la pobreza infantil, los desahucios que ahora se quieren frenar con parches a mayor gloria de los bancos y miles de españoles han abandonado el país buscando un futuro menos sombrío lejos de nuestras fronteras. Son hechos también, y no buenas intenciones, que el PP ha subido los impuestos a las clases medias que juró no subir, ha excusado a las grandes fortunas de contribuir más a salir de la crisis y ha pretendido resolver con parches ineficaces el grave problema del fraude fiscal.

Todo ello ha contribuido a congelar el consumo y agravar la pésima situación general, amén de generar entre los ciudadanos el convencimiento de que los esfuerzos para superar la crisis no están siendo equitativos. Dos huelgas generales en menos de un año y un sinfín de manifestaciones multitudinarias dan buena prueba del descontento social del país al que Rajoy sigue haciendo oídos sordos.

Desmantelamiento del estado del bienestar

El cerrilismo de la austeridad fiscal que impone Alemania y que Rajoy sigue a pies juntillas, en parte por convencimiento ideológico y en parte porque su irrelevancia política internacional no le permite plantar cara para conseguir combinar la austeridad con medidas de reactivación económica, está desmantelando a conciencia el estado del bienestar mediante recortes en la sanidad, la educación y las prestaciones sociales básicas, que corren paralelos a las privatizaciones ya en marcha.

Ese mismo fanatismo fiscal está consiguiendo por la vía de las restricciones presupuestarias recentralizar el modelo territorial del Estado, de lo que el PP siempre ha sido partidario aunque ahora con mucho menor disimulo. Esto ha llevado aparejadas tensiones indeseadas e innecesarias entre las comunidades autónomas y el centro que ponen en cuestión el futuro de ese modelo en un momento en el que el país no está para debates territoriales o modelos de Estado.
   
En el capítulo social, el primer año desde la llegada de los populares al poder se zanja con algunas leyes que nos devuelven a los inicios del periodo democrático, sino más atrás. Véase, por ejemplo, la implantación de las tasas judiciales, los planes sobre el aborto, la enésima reforma del Código Penal o los planteamientos retrógrados en educación. 

Ya estamos rescatados

Dice también Rajoy que, sin sus medidas, España habría tenido que pedir el rescate total – aunque él nunca empleará esa palabra –, olvidando convenientemente que el país ya está prácticamente rescatado y sus cuentas supervisadas con lupa por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo a cambio de resolver con dinero de todos los problemas generados por la codicia bancaria e incrementar de paso la deuda pública.

Estos son, grosso modo, los hechos que resumen el balance del primer año del PP en el poder, un partido que engañó abiertamente a los ciudadanos en las elecciones aplicando todo lo que juró no aplicar y más. Un año después, ni hay brotes verdes ni se ve la luz al final del túnel, por mucho que Rajoy y sus ministros se empeñen ahora en hacernos creer lo contrario con cifras fantásticas sobre recuperación y previsiones económicas y de empleo que nadie se cree.

¿Qué cabe esperar?

A la vista de ese balance, tiene uno la melancólica sensación de que la única esperanza que queda es que a las economías de otros países de la eurozona, empezando por Alemania, se les empiece a volver en contra la política de austericidio y admitan por fin que es urgente imprimirle un giro radical que sirva de verdad para crecer y no para menguar en riqueza y bienestar social. Pero que no desespere Rajoy porque este país aún puede estar mucho peor y superar incluso a Grecia en malestar y fractura social: por delante tiene todavía tres años para conseguirlo.

19 de noviembre de 2012

Stop parches antidesahucios

Afectados por desahucios presentarán hoy en los juzgados de primera instancia de todo el país escritos solicitando la paralización de todos los procesos de ejecución hipotecaria en marcha. Apelan a la sentencia que deberá emitir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que determinará si la legislación española en esta materia se acomoda al derecho comunitario sobre la protección de los consumidores. Después de conocido hace unos días el escrito de la abogada general de ese tribunal, en el que pone de vuelta y media la caduca normativa española sobre esta cuestión y su carácter leonino para con los deudores, cabe esperar un fallo demoledor que obligue a España a revisar de arriba abajo no sólo la Ley Hipotecaria de 1909 sino la de Enjuiciamiento Civil, responsable última de los abusos que cometen los bancos a la hora de ejecutar las hipotecas.

Medroso ante los fuertes y fuerte ante los débiles, el Gobierno de España se ha limitado a aprobar un Real Decreto Ley con una serie de medidas cosméticas a todas luces insuficientes para detener el drama social de los lanzamientos y que el propio Ejecutivo, tal vez en un lapsus del inconsciente, ha calificado de “paliativas”. Si recordamos lo que el término “paliativo” significa en Medicina podremos entender que, en efecto, las medidas apenas servirán para demorar por algún tiempo las ejecuciones hipotecarias sin que, en cambio, ello comporte alivio significativo para los desahuciados presentes y futuros que no se librarán de los descomunales intereses de demora que pueden llegar a cobrar los bancos. De ahí que las propias organizaciones sociales que han venido luchando contra los desahucios injustos consideren que acogerse a la moratoria aprobada por el Gobierno puede ser incluso una pésima solución. 

De los que ya han perdido sus viviendas ni oír hablar, toda vez que se desestima por completo el carácter retroactivo de estas medidas, anatema del mismo calibre que la dación en pago, habitual en otros países como Estados Unidos. Nada hay tampoco en esas medidas que resuelva el latrocinio legal que representa la doble tasación de las viviendas, la que se realiza en el momento de la concesión del crédito y la que se hace cuando se subasta la casa.





El Gobierno, que ha usado al PSOE como tonto útil para colocarse con toda urgencia la medalla de la sensibilidad ante el drama de los desahucios, ha visto como su intento se ha desinflado en pocas horas ante la oleada de críticas que han recibido sus medidas no sólo desde las plataformas ciudadanas sino de abogados y jueces y hasta del mismo Consejo del Poder Judicial, ahora muy activo después de permanecer sordo, ciego y mudo ante la situación que tenía ante sus mismas narices.

Se ha visto con meridiana claridad que, una vez más, ha sido el poder de la banca el que ha dictado las medidas que debía tomar el Ejecutivo legítimamente elegido por los ciudadanos y ha conseguido así parar el golpe que habría supuesto para sus prácticas abusivas haber emprendido una reforma en profundidad del marco normativo que regula las hipotecas y su ejecución en caso de impago. Ha contado para ello con el apoyo inestimable de los grandes poderes fácticos ubicados más allá de nuestras fronteras (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea) que advirtieron seriamente al Gobierno español de que tuviera mucho cuidado con ser demasiado expeditivo en sus medidas contra los intereses de los bancos, no fuera a ponerse en riesgo la reestructuración del sistema financiero.

El Gobierno, por tanto, se pliega una vez más a los intereses de los mercados y se conforma con poner en marcha un paquete de medidas que ni siquiera son pan para hoy y hambre para mañana. Si de verdad tuviera la sensibilidad social de la que hace gala habría paralizado los desahucios y los intereses de demora y habría buscado una solución para las miles de familias que se han quedado literalmente en la calle. Paralelamente habría buscado de verdad el máximo  consenso y habría emprendido una reforma legal para equilibrar las relaciones entre bancos y ciudadanos que acabara con los sangrantes abusos en favor de los primeros. Nada de eso ha hecho ni se le ve intención de hacer y, salvo que la presión social y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obliguen a cambiar la ley, este Gobierno seguirá si acaso poniendo parches y actuando al dictado de los bancos; mientras, el drama social que representan los desahucios seguirá aumentando.

16 de noviembre de 2012

Cho Vito: historia de una injusticia

En el momento de escribir este post un numeroso despliegue policial está desalojando a los vecinos del poblado marinero de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, para pasar a continuación a derribar sus viviendas afectadas por la Ley de Costas. Se cumple así la sentencia firme que pesaba sobre las casas que aún quedan en pie después del tenso desalojo que se vivió en este mismo lugar hace poco más de cuatro años. Como en aquella ocasión, los vecinos se oponen pacíficamente al desalojo y denuncian la injusticia que se comete con ellos así como el cúmulo de oscuras irregularidades que han rodeado el proceso de deslinde marítimo terrestre del poblado.

Ver las imágenes del desalojo que ofrece en directo Televisión Canaria o escuchar los gritos de desesperación de los vecinos desalojados a través de Canarias Radio la Autonómica produce una indescriptible sensación de rabia e impotencia. Tiene uno la desagradable sensación y hasta el convencimiento de que se está cometiendo una injusticia irreparable que se podría haber evitado con sólo una pizca de sensibilidad social y cintura por parte de las administraciones públicas con competencias en este asunto que permitieran posponer el derribo hasta que se alcanzara una solución satisfactoria para todos. 

Los vecinos, en buena lógica, habían rechazado la oferta de un alquiler durante dos años mientras disponían de una nueva vivienda que sustituyera a las que las palas van a derribar hoy. Y digo en buena lógica porque, tras los derribos de 2008 y la huelga de hambre protagonizada por los afectados, se les prometió que se les concedería una vivienda social, promesa que nunca se ha hecho realidad. Ahora, los poderes públicos han pretendido cambiar aquella oferta por otra muy distinta y ante la negativa vecinal han dado luz verde para que las palas hagan su trabajo de destrucción.



Tampoco se ha tomado en consideración la denuncia documentada de los vecinos sobre las contradicciones entre dos deslindes de su poblado, en el primero de los cuales sus viviendas quedaban fuera del dominio marítimo terrestre y en el segundo dentro y, por tanto, expuestas al derribo. También han denunciado que tras el derribo de sus casas se ocultan intereses urbanísticos especulativos sobre la zona y el empecinamiento en construir un paseo marítimo en el lugar que hoy ocupan las viviendas.

Lo que vuelve a poner de manifiesto la demolición del poblado de Cho Vito y de otros muchos que se encuentran en una situación similar en Canarias y en toda España, es el clamoroso fracaso de la draconiana y retroactiva Ley de Costas de 1988, que vulnera principios tan elementales como el derecho a la propiedad y que ahora se pretende reformar, aunque para los vecinos de poblados como el de Cho Vito llegará demasiado tarde.

Muchos de esos poblados son muy anteriores a la promulgación de esa ley pero se ven igualmente afectados por ella a pesar de que en la mayoría de los casos se trata de la única vivienda de sus moradores, gente de escasos recursos, y reúnen, además, un conjunto de valores etnográficos e históricos que las palas de Costas y la insensibilidad de los organismos públicos convertirán en escombros.


Esa sensación de que se está cometiendo una injusticia con estos vecinos se acrecienta más si cabe si uno recuerda la docena larga de hoteles de lujo levantados sin licencia o a escasos metros del mar en Canarias, sobre los que pesan también sentencias firmes de derribo pero que siguen en pie, unos vacíos y criando hierbajos y otros abiertos y recibiendo visitantes. Para ellos sí hay mano ancha, facilidades y excusas de todo tipo con tal de no demolerlos. Para los humildes vecinos de Cho Vito y otros poblados que temen también que en cualquier momento se presenten las palas de la demolición a las puertas de sus casas, sólo existe la incomprensión. De lo que cabe concluir que el viejo principio según el cual dura lex sed lex sólo se aplica según y a quien.

15 de noviembre de 2012

Kilovatios, brotes verdes y cabreo general

Pasarse el día contando kilovatios o anunciando brotes verdes en la economía son dos formas igual de inútiles para acallar o intentar minimizar el estado de cabreo general que vive España. Puede que la de ayer no haya sido la huelga general con mayor seguimiento de la historia, un hecho en el que hay que considerar factores como la imposibilidad de muchos trabajadores de renunciar a un día de sueldo, el miedo a perder el empleo si se secundaba la protesta o la indiferencia de los que aún tienen empleo pero creen erróneamente que los problemas de este país no les afectan o hacen suya la burda propaganda antisindical de la derecha y sus terminales mediáticos o el mantra de que el país no está para huelgas.

Hasta puede admitirse que las multitudinarias manifestaciones que pusieron el colofón a la huelga general de ayer en más de cien ciudades españolas no hayan sido las más numerosas de la historia de este país y que en ellas no participaron millones de personas, como dicen los sindicatos, sino poco más de 800.000, como dice el Gobierno, aunque a la vista de las imágenes de televisión todo hace indicar que son los sindicatos los que están más cerca de la verdad. 
 
Enredarse en la cansina guerra de cifras  no nos lleva muy lejos. Lo esencial es comprender el sentido de las protestas de ayer en España y en otros países de la Unión Europea contra las políticas económicas de austeridad que hasta el mismísimo FMI - ¡vivir para ver! - considera contraproducentes. El Gobierno español y el resto de los gobiernos europeos abonados a una austeridad fiscal antisocial y empobrecedora de las clases medias y de los sectores de la población más vulnerables cometerán una grave irresponsabilidad si siguen haciendo oídos sordos al cabreo general que se respira a través de protestas como la de ayer, fuera su incidencia mayor o menor.

El propio Gobierno español admite el descontento social que están provocando sus políticas económicas y, por eso, resulta cada vez más frustrante que insista en que no hay alternativas y que hay que seguir haciendo sacrificios, aunque el mismo tiempo intente dorarnos la píldora con los alucinógenos brotes verdes. Todo esto lo hace un Gobierno que obtuvo su legitimidad en las urnas engañando descaradamente a los ciudadanos al prometer que no haría todo lo que no ha tardado ni un año en hacer, lo que ha contribuido a hacer más intenso el cabreo general.

Pecaran también de cortos de vista el Gobierno y la maquinaria política e institucional del Estado si no comprenden que el malestar social contra la austeridad a machamartillo y la sordera política ante el sufrimiento de la gente, algo que cualquiera con un mínimo de olfato e información es capaz de detectar, puede acabar desbordando los cauces democráticos convencionales con consecuencias imprevisibles. El desafecto social hacia la política y los políticos no ha parado de crecer desde el inicio de la crisis, lo que genera un caldo de cultivo muy peligroso para la estabilidad del sistema democrático.

A menudo algunos responsables públicos se llenan la boca alabando la capacidad de sacrificio del pueblo español, insidioso argumento que, como el de los brotes verdes, pretende convencernos para que sigamos soportando sin rechistar nuestro propio empobrecimiento y la continúa perdida de derechos y libertades. Sin embargo, que los españoles demostremos cada día con creces que estamos dispuestos a apretarnos el cinturón – aunque la mayoría muchísimo y una minoría absolutamente nada - no debe llevar al Gobierno a creer que también estamos dispuestos a ahorcarnos con él.

13 de noviembre de 2012

14N: seis millones de motivos para ir

Los seis millones de parados que no tardará en tener España son motivos más que suficientes para apoyar la huelga general de mañana. Motivos que en muchos casos son dobles porque en ellos se engloban también buena parte de las cerca de 400.000 familias echadas de sus viviendas en virtud de una ley abusiva ante la que, en un indecente acto de hipocresía, todo el mundo se rasga ahora las vestiduras; figuran también entre esos seis millones de parados los centenares de miles de españoles que se han ido a buscar en el extranjero la oportunidad de trabajar que aquí se les niega para no pasar a engrosar el creciente número de personas que viven ya bajo del umbral de la pobreza.

Ante esa realidad que reflejan las frías estadísticas y que justifican con creces la huelga general de mañana, el Gobierno se empeña en hacernos creer que hay brotes verdes en la economía con el inconfesable fin de mantener al país adormecido, silencioso y en casa cuanto más tiempo mejor. Mientras, él sigue a lo suyo, haciendo lo que mejor se le da: arrasar desde los cimientos con el estado del bienestar que tanto ha costado construir y conduciendo al país a un pozo sin fondo con sus medidas de austericidio. 
 
Los empresarios claman: éste no es el momento más oportuno para la huelga dada la situación que vive el país. Ante un argumento de tanta enjundia uno no puede más que preguntarse cuándo es para los empresarios el momento más adecuado para convocar una huelga general. ¿Tal vez cuando reine el pleno empleo y los salarios se incrementen el 100% todos los años? ¿Cuando todos los ciudadanos tengamos acceso a sanidad, educación y servicios sociales universales, gratuitos y de calidad? ¿Cuando no se nos exijan más sacrificios para salvar a la banca de su propia codicia? ¿Cuando nadie sea expulsado de su casa por no poder hacer frente a las cuotas de la hipoteca después de perder el empleo? ¿Cuando los comedores sociales tengan que echar el cierre porque nadie necesita acudir a ellos en busca de un plato de sopa? ¿Cuando ningún español necesite buscar trabajo en otro país como hicieron sus abuelos? Para qué seguir. 
 
Se argumenta también que la huelga no va a resolver nada y se busca de este modo desmovilizar y conseguir que los ciudadanos mantengan la cabeza gacha y acepten en silencio, como si se tratase de una maldición divina, que cercenen sus derechos más elementales. Por poner un sólo ejemplo muy cercano de lo que puede conseguir la movilización social, basta fijarse en los efectos que están produciendo las denuncias de organizaciones como Afectados por las Hipotecas o Stop Desahucios contra los abusos de los bancos en las ejecuciones hipotecarias mientras instituciones, partidos y Poder Judicial miraban para otro lado. 

Pero si hay un argumento de verdad estúpido para intentar deslegitimar la huelga de mañana es el de que se trata de una huelga política y habría que prohibirla. Entre quienes lo esgrimen figura Esperanza Aguirre, la que se fue pero sigue aquí porque, en realidad, nunca se ha ido. Ella y quienes defienden ese ridículo argumento quieren hacernos creer que las políticas económicas del Gobierno están inspiradas directamente por el Espíritu Santo y que los sindicatos lo que buscan con esta movilización es torcer la voluntad divina y dictar una política económica distinta a la del Gobierno.

Tratan de ocultar sin conseguirlo que detrás del desmantelamiento del estado del bienestar con sus recortes salvajes en educación, sanidad y servicios sociales, su clamorosa pasividad ante el fraude fiscal y sus leyes regresivas no hay pura y dura ideología conservadora para la que todo lo público es anatema y debe ser destruido o entregado a manos privadas. Política, con mayúscula, es mucho más que votar cada cuatro años y asentir en silencio el resto del tiempo. Es también y sobre todo expresar libremente y en la calle, si es necesario, que no se está de acuerdo con lo que hacen aquellos que, como Esperanza Aguirre, entienden la política, con minúscula, como un coto cerrado vetado al resto de los ciudadanos.

Claro que la de mañana es una huelga política en defensa del estado del bienestar, de los derechos sociales amenazados, del empleo y de la calidad y universalidad de los servicios públicos. ¿Qué otra cosa puede ser?

12 de noviembre de 2012

Desahucios: de repente, todos alarmados

Han tenido que suicidarse dos personas y una tercera intentarlo – al menos, según cifras conocidas – para que cunda la alarma sobre el drama social de los desahucios. De repente, el Gobierno, la oposición, los ayuntamientos, los jueces, la policía, algunos bancos y hasta los medios de comunicación que ignoraron o minimizaron lo que está ocurriendo, se confiesan alarmados y proponen todo tipo de soluciones para detener tanto atropello. Todos se rasgan ahora las vestiduras y claman para modificar una ley que tiene más de un siglo de vida y que ata de pies y manos al deudor frente al acreedor sin dejarle apenas capacidad de defensa cuando, por causas sobrevenidas y ajenas a su voluntad, no puede seguir haciendo frente al pago de la hipoteca.

Hay mucho de hipocresía en esta alarma político-institucional que se ha desatado en torno a los desahucios. En los partidos políticos como el PSOE o el PP, porque tuvieron la oportunidad de cambiar la legislación y se conformaron con aprobar un inútil Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria por parte de la banca que – a la vista está por el número de desahucios que se ha producido en España desde el inicio de la crisis – no ha servido para nada. La insensibilidad de la práctica totalidad del arco político ante el drama de miles de personas arrojadas a la calle, el miedo a incomodar a la banca y la promiscuidad entre políticos y banqueros, con deudas condonadas y créditos para campañas electorales pendientes de devolución, son la clave para entender la indiferencia que han mostrado hasta ahora. 

Tampoco el Poder Judicial ha estado a la altura de las circunstancias, insensible también hasta hoy ante el colapso de muchos juzgados, cuyos titulares tienen que dedicar a diario tiempo y esfuerzo que pagamos todos los ciudadanos para resolver las ejecuciones de desahucio a mayor gloria de la banca, a la que también tenemos que sanear con nuestro dinero para que no quiebre. Y lo mismo puede argumentarse de los ayuntamientos, que podían haber puesto en marcha mucho antes medidas de presión sobre las entidades que se niegan a atender a razones y solicitan el desahucio sin pararse a considerar las circunstancias personales del deudor.


Pero no todo el mundo acaba de caer en la cuenta ahora de que se debe frenar este drama por una ley injusta que es necesario cambiar con urgencia. Probablemente, sin el trabajo y la denuncia constante y tenaz de los últimos meses de plataformas ciudadanas nacidas al calor del 15M como Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, unido al de organizaciones de usuarios de la banca como AUSBANC o ADICAE, las instituciones, los partidos, el Poder Judicial, la policía y los medios de comunicación seguirían mirando para otro lado como si los desahucios no pasaran de ser meras anécdotas sin mayor trascendencia social en lugar de un drama más que previsible.

La sociedad civil da una vez más ejemplo y marca el camino a una clase política y a unas instituciones ensimismadas en sus cuitas de salón y ajenas a la realidad social. En medio de esa alarma repentina se enmarca la reunión que hoy mantendrán el Gobierno y el PSOE para consensuar una modificación de le ley que equilibre las relaciones entre deudor y acreedor. Surgen voces incluso entre la oposición y hasta entre los jueces que piden que se paralicen todos los desahucios en marcha mientras no se modifique la ley, lo que puede tardar aún meses o semanas en el mejor de los casos.

Debería de ser así aunque, por desgracia, de nada le servirá a las cerca de 400.000 familias que han sido echadas de sus viviendas desde el comienzo de esta crisis. Otra tendría que haber sido su suerte si la repentina preocupación y alarma que hoy muestran todos por el drama de los desahucios se hubiese producido hace sólo tres o cuatro años. Es el precio que estamos pagando por poner los intereses privados por encima del bien de la mayoría.

9 de noviembre de 2012

La princesa Merkel

Aburridos de no tener nada que hacer, en el Banco Central Europeo se pusieron a cavilar a qué dedicar el abundante tiempo libre del que disponen. Así, pensando y pensando, cayeron en la cuenta de que, después de una década, seguimos con los mismos billetes de euro del primer día y se dijeron que esto no puede continuar ni un minuto más. Inmediatamente se pusieron manos a la obra y siguieron pensando en cómo remozar esos papelitos y monedas que nos hacen a todos tan felices, aunque a unos mucho más que a otros.

Como son unos clásicos, no tardaron en encontrar la solución: estampar la imagen de la princesa Europa en los nuevos billetes. Se trata de una princesa fenicia de la mitología griega que fue raptada por Zeus y que, a la postre, le dio nombre al también llamado viejo continente. ¡Qué emocionante! Los cerebros del BCE hasta han diseñado una campaña publicitaria para que a los euopeítos de a pie se nos caiga la baba contemplado lo apañados que quedarán los nuevos billetes y lo difícil que lo tendrán los malandrines para falsificarlos.

En Grecia ya piensan en declarar fiesta nacional el día en el que se pongan en circulación y otro tanto podrían hacer España y Portugal. Luego vendrá lo más fácil de todo, hacer que esos nuevos y flamantes billetes lleguen a quienes más los necesitan: los bancos. Lo poco que sobre es probable que el BCE lo done para obras de caridad y beneficencia.

Aplaudo la iniciativa, pero me permito discrepar del motivo escogido para los nuevos billetes. Después de más de una década viendo puentes, arcos y otros elementos arquitectónicos, tengo para mi que esos nuevos billetes de euro reflejarían mucho mejor la realidad europea si mostraran, por ejemplo, una sierra eléctrica, un cola del paro, un grupo de desahuciados o un banquero con puro y chistera. 

Pero si lo que a los cerebros pensantes del BCE les tira es la mitología, también podían haber echado mano de la que tienen más cerca, la germana: un rolliza walkiria con largas trenzas rubias habría sido también muy apropiada. Aunque, si lo que de verdad se quiere es plasmar el verdadero espíritu de la vieja Europa actual, nada habría resultado más oportuno y representativo que una imagen de Angela Merkel estampada con esmero sobre billetes y monedas. Además ¿quién se atrevería a falsificar unos billetes como estos?


8 de noviembre de 2012

Desahucios: con la banca hemos topado

Es de sobra sabido que cuando se quiere demorar la solución de un problema público grave como el de los desahucios, lo más adecuado es crear una comisión. Mejor si está integrada por expertos entreverados de políticos, porque ello garantiza que se siga mareando la perdiz por tiempo indefinido mientras el problema a resolver se complica. Para cuando la comisión llega a un acuerdo, el asunto del que se ha ocupado está tan enquistado que sus soluciones apenas sirven para parchear la situación; casi es mejor romper los papeles y crear otra comisión y, así, por los tiempos de los tiempos. 


El Gobierno y el PSOE, a través de sus respectivos números dos, – Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano -, se reunieron ayer durante más de dos horas en un almuerzo de trabajo en la Moncloa y acordaron eso, crear una comisión de seis expertos, tres de ellos nombrados por el PSOE y los tres restantes por el Gobierno, y que se reunirá el próximo lunes por primera vez. Su objetivo es proponer medidas que frenen de manera urgente el drama social de los desahucios provocados por la crisis económica y el paro.




La intensidad de la urgencia se desconoce, pero no es previsible que sea excesiva habida cuenta de que, con crisis o sin ella, con drama social o sin él, las cosas de palacio siempre van despacio. Por tanto, tampoco se puede saber a ciencia cierta cuándo se modificará la vetusta ley sobre desahucios ni en qué términos o si tendrá o no carácter retroactivo. Por tanto, hacen bien las organizaciones nacidas al calor de esta dramática situación en mostrarse cuando menos escépticas a la espera de conocer en qué quedarán finalmente las propuestas de la comisión de marras.

Y es que propuestas hay de sobra para poner fin al problema sin necesidad de comisiones de ningún tipo: sólo se necesita voluntad política de hacerlo; dación en pago, negociación de los plazos y los intereses de la deuda o prohibición expresa de desahuciar cuando la entidad ha recibido fondos públicos, son algunas de ellas. Esas soluciones han estado encima de la mesa desde el comienzo mismo de la crisis, cuando era más que previsible el drama de los desahucios a la vista de la alegría con la que los bancos habían vendido sus hipotecas sin pararse a pensar mucho en las garantías que tenían de cobrarlas, una alegría que terminó contagiando a muchos ciudadanos que picaron el anzuelo y se endeudaron hasta las cejas.

La brutal irrupción de la crisis y el aumento incesante del paro han derribado aquel castillo de naipes y han expulsado de sus hogares a más de 250.000 familias. Desde el Gobierno, el PSOE pudo haber hecho algo y, a pesar de contar con apoyos suficientes, no tuvo los arrestos suficientes para enfrentarse a la banca, que amenazó airada con poner las hipotecas a precios estratoféricos si se aprobaba, por ejemplo, la dación en pago, algo habitual en países como Estados Unidos. Por la misma razón, tampoco el PP, entonces en la oposición, mostró el más mínimo interés por el problema. A lo más que han llegado ha sido a un Código de Buenas Prácticas Bancarias de adhesión voluntaria y absolutamente inútil como demuestran las alarmantes cifras de desahucios. 
 

Tampoco movió una ceja el Poder Judicial, que no ha reaccionado hasta que ha caído en la cuenta de que muchos jueces de este país se han convertido en los cobradores del frac de la banca. Después de guardar en un cajón un informe de un grupo de juristas con soluciones para acabar con el drama de los lanzamientos, el Consejo General del Poder Judicial actúa ahora como si se hubiese bajado de un guindo y pide también que se cambie la ley, aunque al menos nos ha ahorrado otra comisión.



Por su parte, la banca calla, espera y sigue a lo suyo: con una mano agarra encantada el dinero público que le entregamos todos los españoles para que sanee sus cuentas y con la otra sigue desahuciando a mansalva y quedándose con los pisos embargados por debajo del precio de tasación mientras los desahuciados siguen pagando la deuda. En lo que la comisión acuerda lo que se debe hacer, el Gobierno y el Parlamento lo aprueban, entra en vigor y comienza a aplicarse, miles de familias más se quedarán en la calle y sin llavero y seguirán pagando por unas viviendas que ya no serán suyas. Eso sí, para entonces tendremos la banca más saneada con dinero público del mundo mundial.