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Cho Vito: historia de una injusticia

En el momento de escribir este post un numeroso despliegue policial está desalojando a los vecinos del poblado marinero de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria, para pasar a continuación a derribar sus viviendas afectadas por la Ley de Costas. Se cumple así la sentencia firme que pesaba sobre las casas que aún quedan en pie después del tenso desalojo que se vivió en este mismo lugar hace poco más de cuatro años. Como en aquella ocasión, los vecinos se oponen pacíficamente al desalojo y denuncian la injusticia que se comete con ellos así como el cúmulo de oscuras irregularidades que han rodeado el proceso de deslinde marítimo terrestre del poblado.

Ver las imágenes del desalojo que ofrece en directo Televisión Canaria o escuchar los gritos de desesperación de los vecinos desalojados a través de Canarias Radio la Autonómica produce una indescriptible sensación de rabia e impotencia. Tiene uno la desagradable sensación y hasta el convencimiento de que se está cometiendo una injusticia irreparable que se podría haber evitado con sólo una pizca de sensibilidad social y cintura por parte de las administraciones públicas con competencias en este asunto que permitieran posponer el derribo hasta que se alcanzara una solución satisfactoria para todos. 

Los vecinos, en buena lógica, habían rechazado la oferta de un alquiler durante dos años mientras disponían de una nueva vivienda que sustituyera a las que las palas van a derribar hoy. Y digo en buena lógica porque, tras los derribos de 2008 y la huelga de hambre protagonizada por los afectados, se les prometió que se les concedería una vivienda social, promesa que nunca se ha hecho realidad. Ahora, los poderes públicos han pretendido cambiar aquella oferta por otra muy distinta y ante la negativa vecinal han dado luz verde para que las palas hagan su trabajo de destrucción.



Tampoco se ha tomado en consideración la denuncia documentada de los vecinos sobre las contradicciones entre dos deslindes de su poblado, en el primero de los cuales sus viviendas quedaban fuera del dominio marítimo terrestre y en el segundo dentro y, por tanto, expuestas al derribo. También han denunciado que tras el derribo de sus casas se ocultan intereses urbanísticos especulativos sobre la zona y el empecinamiento en construir un paseo marítimo en el lugar que hoy ocupan las viviendas.

Lo que vuelve a poner de manifiesto la demolición del poblado de Cho Vito y de otros muchos que se encuentran en una situación similar en Canarias y en toda España, es el clamoroso fracaso de la draconiana y retroactiva Ley de Costas de 1988, que vulnera principios tan elementales como el derecho a la propiedad y que ahora se pretende reformar, aunque para los vecinos de poblados como el de Cho Vito llegará demasiado tarde.

Muchos de esos poblados son muy anteriores a la promulgación de esa ley pero se ven igualmente afectados por ella a pesar de que en la mayoría de los casos se trata de la única vivienda de sus moradores, gente de escasos recursos, y reúnen, además, un conjunto de valores etnográficos e históricos que las palas de Costas y la insensibilidad de los organismos públicos convertirán en escombros.


Esa sensación de que se está cometiendo una injusticia con estos vecinos se acrecienta más si cabe si uno recuerda la docena larga de hoteles de lujo levantados sin licencia o a escasos metros del mar en Canarias, sobre los que pesan también sentencias firmes de derribo pero que siguen en pie, unos vacíos y criando hierbajos y otros abiertos y recibiendo visitantes. Para ellos sí hay mano ancha, facilidades y excusas de todo tipo con tal de no demolerlos. Para los humildes vecinos de Cho Vito y otros poblados que temen también que en cualquier momento se presenten las palas de la demolición a las puertas de sus casas, sólo existe la incomprensión. De lo que cabe concluir que el viejo principio según el cual dura lex sed lex sólo se aplica según y a quien.

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