"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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19 de noviembre de 2012

Stop parches antidesahucios

Afectados por desahucios presentarán hoy en los juzgados de primera instancia de todo el país escritos solicitando la paralización de todos los procesos de ejecución hipotecaria en marcha. Apelan a la sentencia que deberá emitir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que determinará si la legislación española en esta materia se acomoda al derecho comunitario sobre la protección de los consumidores. Después de conocido hace unos días el escrito de la abogada general de ese tribunal, en el que pone de vuelta y media la caduca normativa española sobre esta cuestión y su carácter leonino para con los deudores, cabe esperar un fallo demoledor que obligue a España a revisar de arriba abajo no sólo la Ley Hipotecaria de 1909 sino la de Enjuiciamiento Civil, responsable última de los abusos que cometen los bancos a la hora de ejecutar las hipotecas.

Medroso ante los fuertes y fuerte ante los débiles, el Gobierno de España se ha limitado a aprobar un Real Decreto Ley con una serie de medidas cosméticas a todas luces insuficientes para detener el drama social de los lanzamientos y que el propio Ejecutivo, tal vez en un lapsus del inconsciente, ha calificado de “paliativas”. Si recordamos lo que el término “paliativo” significa en Medicina podremos entender que, en efecto, las medidas apenas servirán para demorar por algún tiempo las ejecuciones hipotecarias sin que, en cambio, ello comporte alivio significativo para los desahuciados presentes y futuros que no se librarán de los descomunales intereses de demora que pueden llegar a cobrar los bancos. De ahí que las propias organizaciones sociales que han venido luchando contra los desahucios injustos consideren que acogerse a la moratoria aprobada por el Gobierno puede ser incluso una pésima solución. 

De los que ya han perdido sus viviendas ni oír hablar, toda vez que se desestima por completo el carácter retroactivo de estas medidas, anatema del mismo calibre que la dación en pago, habitual en otros países como Estados Unidos. Nada hay tampoco en esas medidas que resuelva el latrocinio legal que representa la doble tasación de las viviendas, la que se realiza en el momento de la concesión del crédito y la que se hace cuando se subasta la casa.





El Gobierno, que ha usado al PSOE como tonto útil para colocarse con toda urgencia la medalla de la sensibilidad ante el drama de los desahucios, ha visto como su intento se ha desinflado en pocas horas ante la oleada de críticas que han recibido sus medidas no sólo desde las plataformas ciudadanas sino de abogados y jueces y hasta del mismo Consejo del Poder Judicial, ahora muy activo después de permanecer sordo, ciego y mudo ante la situación que tenía ante sus mismas narices.

Se ha visto con meridiana claridad que, una vez más, ha sido el poder de la banca el que ha dictado las medidas que debía tomar el Ejecutivo legítimamente elegido por los ciudadanos y ha conseguido así parar el golpe que habría supuesto para sus prácticas abusivas haber emprendido una reforma en profundidad del marco normativo que regula las hipotecas y su ejecución en caso de impago. Ha contado para ello con el apoyo inestimable de los grandes poderes fácticos ubicados más allá de nuestras fronteras (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea) que advirtieron seriamente al Gobierno español de que tuviera mucho cuidado con ser demasiado expeditivo en sus medidas contra los intereses de los bancos, no fuera a ponerse en riesgo la reestructuración del sistema financiero.

El Gobierno, por tanto, se pliega una vez más a los intereses de los mercados y se conforma con poner en marcha un paquete de medidas que ni siquiera son pan para hoy y hambre para mañana. Si de verdad tuviera la sensibilidad social de la que hace gala habría paralizado los desahucios y los intereses de demora y habría buscado una solución para las miles de familias que se han quedado literalmente en la calle. Paralelamente habría buscado de verdad el máximo  consenso y habría emprendido una reforma legal para equilibrar las relaciones entre bancos y ciudadanos que acabara con los sangrantes abusos en favor de los primeros. Nada de eso ha hecho ni se le ve intención de hacer y, salvo que la presión social y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obliguen a cambiar la ley, este Gobierno seguirá si acaso poniendo parches y actuando al dictado de los bancos; mientras, el drama social que representan los desahucios seguirá aumentando.

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