"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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30 de abril de 2013

Sáenz o el honor del dinero

No es difícil suponer lo que estarán pensando los pensionistas españoles al conocer que Alfredo Sáenz abandona el Banco Santander con una pensión de 88 millones de euros y, de añadido, un seguro de vida por más de 11 millones de euros. Casi 100 millones de euros que no veremos el común de los mortales ni aunque trabajemos de sol a sol por toda la eternidad. Todo ello sin contar con el hecho de que el ejecutivo bancario español mejor pagado en mucho tiempo cobró el año pasado más de 8 millones de euros y eso después de haberse “recortado” su propia retribución variable en un 50%, tal y como hizo su jefe.

La marcha de Sáenz huele a huída antes de que sea demasiado tarde o a presiones de su hasta ahora mentor, Emilio Botín, para que abandone antes de que sus antecedentes penales nunca purgados salpiquen gravemente el prestigio del primer banco del país y uno de los principales del mundo. Su marcha, voluntaria o inducida, se ha producido antes de que el Banco de España se pronunciara sobre su honorabilidad para desempeñar un cargo ejecutivo de tan alta responsabilidad como la de consejero delegado y segundo vicepresidente del Santander, cargos a los que fue aupado por Botín, que vio en él al mejor banquero del mundo, suponemos que después del propio Botín. 
 
Es cierto que Sáenz ha desarrollado una brillante carrera en el mundo de la banca aunque también lo es que buena parte de la misma tuvo el viento de la economía muy a su favor. Sin embargo, fue el propio Sáenz el que manchó irremediablemente su brillante expediente al presentar una denuncia falsa contra algunos acreedores del Banesto que entonces dirigía. Fue condenado por ello a tres meses de prisión pero a pesar de perder todos los recursos judiciales que interpuso continuó en el puesto como si nada hubiese pasado y mientras el Banco de España que gobernaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez se hacía el sueco. 
 
Pero ni el Banco de España en su momento ni los dos grandes partidos del país ni el Gobierno de turno ni por supuesto Emilio Botín estaban dispuestos a abandonar a Sáenz a su suerte y por acción u omisión permitieron que siguiera siendo consejero delegado del Santander. Su expediente emborronado lo intentó limpiar de malas maneras Rodríguez Zapatero aprobando ya en tiempo de descuento y con el Ejecutivo en funciones un indulto que incluso eliminaba de un plumazo los antecedentes penales del probo banquero. Volvió sin embargo a interponerse el Supremo que anuló parcialmente el indulto al considerar que no puede el Gobierno hacer desaparecer por arte de magia los antecedentes delictivos y la papa caliente cayó en manos del PP, ya instalado en La Moncloa.


Rajoy optó por endosarle la responsabilidad al Banco de España, al que le encargó que determinase si un ejecutivo condenado en firme tiene la honorabilidad requerida para seguir desempeñando sus funciones. Eso es lo que estaba a punto de determinar estos días el Banco de España cuando Sáenz, que nunca ha mostrado ni tan siquiera arrepentimiento por su denuncia falsa, se le ha adelantado y ha decidido irse a su casa a disfrutar de su dorada pensión aunque sea con un borrón indeleble en su hoja de servicios, tal vez convencido de que con 88 millones en el bolsillo ya se puede ir el honor a hacer puñetas.

La suya es la segunda pensión mayor cobrada nunca por un ejecutivo bancario en nuestro país después de la de 108 millones  que se embolsó en 2002 Ángel Corcóstegui, su antecesor en el cargo. A la de Sáenz sólo se acerca, aunque de lejos, la que percibió José Ignacio Goirigolzarri, hoy al frente de ese zombi llamado Bankia, que cobró casi 69 millones de euros tras abandonar su puesto de consejero delegado del BBVA. Retiros dorados con cifras mareantes ante los que el Gobierno se muestra impasible e indiferente pese al escándalo y la alarma social que generan en una ciudadanía sitiada por todos lados. Hasta ahora lo único que ha hecho, y tímidamente, es limitar las retribuciones y jubilaciones de los ejecutivos de las entidades rescatadas con dinero público, lo cual no ha evitado que dirigentes de cajas de ahorro hoy hundidas y desaparecidas hayan cobrado pensiones muchas veces millonarias con total descaro e impunidad. Y ahí tenemos también – por cierto – a la presidenta de la SAREB, el llamado “banco malo”, que se ha embolsado más de 32.000 euros por un mes de trabajo.

Que el Santander sea el primer banco del país y que no haya necesitado dinero público para sobrevivir no parece argumento suficiente para que no se limiten también drásticamente las pensiones que reciben sus altos ejecutivos cuando se retiran, especialmente cuando su honor, como en este caso, ha quedado más que en entredicho. Sobre todo si, al mismo tiempo que eso ocurre ante los ojos atónitos del país, se les pide un “poco de paciencia” a los ciudadanos y a la vez se les amenaza con nuevos tijeretazos en sus ya escuálidas pensiones presentes o futuras.

29 de abril de 2013

Paciencia agotada

Paciencia es lo que se le suele recomendar a los familiares de un enfermo desahuciado por los médicos. Mariano Rajoy, en cambio, se la pide directamente el paciente a falta de un argumento mejor que ofrecerle para darle ánimos. El presidente raya en el cinismo político con su petición después de casi un año y medio en La Moncloa en el que todos los datos macro y microeconómicos no han hecho sino empeorar y la situación social se ha degradado hasta niveles desconocidos desde hacía mucho tiempo.

Es el mismo cinismo del que hacen gala con absoluto desparpajo la ministra Báñez y Esperanza Aguirre hablando de “movilidad exterior” y “dato positivo” para referirse a los miles de jóvenes que huyen de España para buscarse la vida en otro lado. Pedirle más paciencia a los ciudadanos cuando acabas de empeorar tus propias previsiones económicas y cuando admites que la tuya será una legislatura completamente perdida para el empleo suena a burla para los 6,2 millones de parados, para las miles de familias desahuciadas de sus viviendas, para los miles de jóvenes sin futuro o para los pensionistas empobrecidos. Es un escarnio para quienes han visto recortados sus derechos sociales y laborales en aras de la sacrosanta austeridad, la inexcusable flexibilidad del mercado de trabajo y el mantra de “no hay más remedio” y “es imprescindible para crecer y crear empleo”.

Pero, sobre todo, pedir más paciencia a los ciudadanos sobre los que Rajoy ha hecho caer todo el peso de la crisis con sus recortes, reformas y subidas de impuestos ahora prorrogados un año más, denota una absoluta indigencia de ideas para mejorar la situación que no pasen por continuar administrándole al enfermo la misma medicina que lo tiene en estado de completa postración.

Con sus previsiones económicas ahora severamente corregidas a la baja, el Gobierno pisotea a conciencia los brotes verdes que nos hizo hacer creer que aparecerían más pronto que tarde en el horizonte de la economía española: larga recesión, paro en cotas insoportables, déficit inalcanzable y endeudamiento al alza. Resulta patético oírle decir ahora a Rajoy que su Gobierno luchará para mejorar sus propios malos augurios sin que anuncie en cambio una sola medida creíble de que tal milagro puede llegar a producirse.

El presidente nos reclama la fe del carbonero en sus fracasadas medidas y la paciencia del santo Job para que obre el milagro de la recuperación económica que cada vez nos sitúa más lejos de nuestro alcance como en una extenuante carrera de galgos tras una liebre siempre inalcanzable. La paciencia que pide Rajoy es justo lo que ya no queda, se agotó hace mucho tiempo ante un presidente de Gobierno que ha cruzado todas las líneas rojas que prometió jamás traspasar, que ha engañado una y otra vez a los ciudadanos y que casi año y medio después de llegar al poder sigue escudándose con todo descaro en la herencia recibida para ocultar su fracaso personal y el de sus políticas.

Hay en cambio mucho cabreo sordo, mucho malestar social, mucho hartazgo de tanta mentira, mucha desesperanza y mucha incertidumbre que no se aplacan apelando a la paciencia sino cambiando la política de forma radical o, mejor aún, presentando la dimisión.

26 de abril de 2013

6.202.700 parados y subiendo

En esta crisis profunda y sin fin las malas noticias se encadenan. A los datos pavorosos del paro conocidos ayer se sumarán hoy los nuevos ajustes que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en un nuevo viernes negro. Recortar y no enmendarla sigue siendo la única política capaz de practicar el Gobierno de Mariano Rajoy por más que todas las cifras macro y microeconómicas lleven tiempo demostrando de forma palmaria que el enfermo agoniza. Haber superado por primera vez la barrera de los seis millones de parados, tener la ocupación más baja de la última década, contar casi dos millones de hogares con todos sus miembros en paro o a un millón de jóvenes en el dique seco no parecen ser motivos suficientes para que el presidente del Gobierno o al menos su ministra de Empleo den la cara ante los ciudadanos. 

La dramática cifra del paro la despachan de prisa y corriendo un par de funcionarios de segunda fila con una balbuceante explicación sobre lo dramático del dato y lo mucho que está trabajando el Gobierno para revertir la situación. Si a Mariano Rajoy los datos del desempleo no le parecen lo suficientemente graves como para comparecer ante los españoles, mucho menos cabe esperar que cambie de política por más que se lo sugiera el Fondo Monetario Internacional, ahora convertido a un cierto keynesianismo de circunstancias a la vista del clamoroso fracaso de las medidas que ese mismo organismo ha venido defendiendo como la única verdad revelada. 

Rajoy sólo sabe hacer lo que dicta Berlín y aplica a rajatabla Bruselas: recortar, ajustar y reformar, términos intercambiables que se traducen en menos bienestar social, menos consumo, menos inversión y más paro. Un sacrificio extenuante en aras de un pequeño respiro en el cumplimiento del sacrosanto austericidio que no servirá en cambio para romper el infernal círculo vicioso en el que estamos metidos, que exacerba la sensación de desesperanza y malestar social y que ahonda más si cabe la crisis.

En esa situación juega un papel central la reforma laboral a la que ahora el Gobierno pretende darle un nuevo giro de tuerca para endurecerla aún más. No debe de parecerle suficiente que sea en buena parte la responsable de la galopante destrucción de empleo fijo ahora que despedir es barato y sencillo y que, como consecuencia de ello, se haya deprimido el poder adquisitivo de los trabajadores aterrados ante la posibilidad de perder el empleo. Así, la reforma estrella con la que el Gobierno aseguraba que se crearía empleo porque flexibilizaba el mercado laboral se ha vuelto en su contra al disparar la cifra de parados y hundir el consumo y la inversión con el consiguiente reflejo en el incremento de las prestaciones públicas y la caída de los ingresos fiscales.

La idea de Rajoy parece ser remediar esa caída de ingresos con una nueva subida de impuestos que llegará más pronto que tarde. Que prometiera, por ejemplo, que la subida del IRPF sería reversible no será impedimento para que lo vuelva a subir, acostumbrado como está a decir una cosa y hacer justo la contraria. Salvo sorpresa mayúscula,  las rentas del trabajo y las clases medias volverán a sentir sobre sus espaldas el nuevo latigazo fiscal que prepara el Ejecutivo.

Al mismo tiempo, la banca rescatada con el dinero de los contribuyentes, la misma que timó con participaciones preferentes y deuda subordinada a miles de españoles que ahora deberán perder parte de sus ahorros para salvarla de la quiebra, mantiene cerrado el grifo del crédito renunciando así a su función de hacer circular el dinero y contribuyendo de este modo a prolongar la asfixia económica general.

Nueva vuelta de tuerca también en el horizonte al sistema de pensiones con más años para cobrarla y menos cuantía a percibir, mientras las jóvenes generaciones empiezan a perder la esperanza de insertarse con dignidad en el mercado laboral y no tienen más remedio que optar por la “movilidad exterior” – Fátima Báñez dixit. Sin desdeñar la realidad demográfica del país a la que se agarran los partidarios de endurecer el acceso a la pensión, lo cierto es que sin cotizaciones suficientes no hay pensiones salvo que se exploren otras vías como los impuestos para financiarlas, algo que ni siquiera parece pasársele a Rajoy por la cabeza.

En ese panorama llegan hoy los nuevos ajustes del Gobierno para que Angela Merkel se digne concedernos un par de años más para cumplir el objetivo de déficit. ¿Y qué? ¿De qué servirá? ¿Se reducirá el paro, se descongelará el consumo, el crédito y la inversión y aumentarán los ingresos públicos? ¿Aprovechará ese respiro el Gobierno para implementar por fin alguna medida que sirva de verdad para reactivar la economía y el empleo y permita albergar alguna esperanza real de brotes verdes? Es mucho más que dudoso que eso ocurra por el hecho de que se disponga de un pequeño colchón adicional al que ya se le concedió. No en España y con un Gobierno ciego, mudo y sordo ante la realidad económica y social que cada día le arrojan a la cara las estadísticas derivadas de sus políticas.

25 de abril de 2013

Obama también se arruga

El presidente del país más poderoso del mundo y Premio Nobel de la Paz ha vuelto a decepcionar a quienes vieron en él a alguien capaz de acabar con ignominias como las de la prisión de Guantánamo o la opresiva ocupación israelí de Palestina. Son sólo dos ejemplos en los que Obama ha podido hacer mucho más de lo que ha hecho que, a la postre y en términos prácticos, ha sido nada.

El tercer ejemplo lo acabamos de encontrar en el Sahara Occidental. Susan Rice, la embajadora de EEUU en la ONU, presentó hace poco una propuesta para que la Misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental (MINURSO) asumiera competencias sobre derechos humanos en el territorio ilegalmente ocupado por Marruecos y sobre los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia). Cabe recordar – y este es un hecho muy significativo - que la MINURSO es la única de las numerosas misiones de la ONU repartidas por el mundo que carece de esas competencias.

Nada más conocer la iniciativa, Mohamed VI y su gobierno montaron en cólera y desplegaron todo su arsenal diplomático para impedir que saliera adelante en el Consejo de Seguridad de la ONU. Marruecos suspendió incluso unas maniobras militares conjuntas con Estados Unidos que se encontraban a punto de comenzar en un gesto inédito hasta la fecha. La sobreactuación marroquí revela hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen de Rabat para impedir que las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los organismos internacionales supervisen el trato que recibe la población saharaui, una y mil veces denunciado como contrario a los derechos humanos y otras tantas ignorado. Es precisamente esa sobreactuación la que revela que Marruecos tiene mucho que ocultar en el Sahara ya que, de lo contrario, no debería preocuparle que la MINURSO o las ONGs supervisaran sobre el terreno el cumplimiento de los derechos humanos.

A las presiones de la diplomacia marroquí no tardaron en plegarse Francia y España, algo por otro lado previsible dada la trayectoria de los gobiernos de ambos países en este asunto, siempre más atentos a sus intereses económicos y geoestratégicos en el Magreb que a la solución de acuerdo al Derecho Internacional del enquistado conflicto saharaui. Francia procuró edulcorar la propuesta estadounidense y España, que sigue siendo la potencia administradora del territorio ocupado, calificó la petición de EEUU de “inviable” y tuvo la peregrina idea de proponer que sea la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) la que se encargue de la vigilancia de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

Por absurdo que resulte, esa parece que va a ser la decisión que adopte hoy el Consejo de Seguridad de la ONU después de que EEUU haya recogido velas y cambiado la propuesta inicial que tantas esperanzas había despertado por otra completamente inocua para Marruecos. Y todo esto después de que la ONU advirtiera incluso del riesgo de que el terrorismo yihadista arraigue entre la población saharaui que, casi cuarenta años después del inicio del conflicto, observa impotente como la comunidad internacional continúa dándole la espalda y amparando al país ocupador.

La conclusión sólo puede ser una: profunda decepción. Obama, el líder de la primera potencia mundial, también se ha dejado chantajear por Marruecos y Mohamed VI gana este nuevo pulso que vuelven a perder los saharauis, cuyos derechos humanos y políticos se siguen ignorando.

24 de abril de 2013

Recórtame suavemente

Escuchando ayer a tarde Rajoy decir que en el Consejo de Ministros del viernes habrá más recortes de gasto público pero menos drásticos que los del año pasado, recordé a Roberta Flack en aquello de “rasgueando mi dolor con sus dedos/ cantando mi vida con sus palabras/ matándome suavemente con su canción”. Después de recortar a mansalva en el año y pico que lleva en el Gobierno, Rajoy pretende transmitir la sensación de que ha superado la etapa del heavy metal y se ha pasado al soul más melodioso. Sin embargo, aunque la música suene mucho menos cañera, la letra sigue girando sobre una idea monotemática en el repertorio del presidente y los suyos: los recortes.

Los recortes para crecer, los recortes para crear empleo, los recortes para garantizar una sanidad universal, gratuita y de calidad, los recortes para garantizar unos servicios sociales universales, gratuitos y de calidad, los recortes para garantizar una educación universal, gratuita y de calidad, los recortes para garantizar una justicia gratuita, universal y de calidad, los recortes para garantizar las pensiones, los recortes para garantizar las prestaciones por desempleo, los recortes para garantizar las ayudas a la dependencia, los recortes para…..¿Qué se avecina ahora? ¿Nueva vuelta de tuerca en la fracasa reforma laboral? ¿Nuevo hachazo a las pensiones? ¿Nueva dentellada en las prestaciones por desempleo? ¿Nuevo mordisco en el salario de los funcionarios?

¿Quién dijo que el PP no tenía programa, que sólo ha improvisado desde que llegó a la Moncloa guiado únicamente por la estrella que brilla en lo alto de la cancillería alemana y por su propio convencimiento de que el estado del bienestar es un lujo asiático que no puede permitirse un país que aspire a recuperar y conservar la confianza de los mercados? No es cierto, tiene un programa con una sola idea fija que cumple a rajatabla y sin dudar: recortar. Recortar pese a que desde el FMI y desde la propia Comisión Europea se empiece a notar un cierto cambio en la dirección de viento de la austeridad, por ahora sólo una brisa muy ligera y casi imperceptible que la canciller de hierro ya intenta sofocar antes de que sea tarde. Recortar aunque haya hecho el ridículo con sus previsiones de déficit para el año 2012, aunque sus previsiones de caída del PIB y paro hayan convertido los Presupuestos Generales del Estado en papel mojado en apenas cuatro meses, aunque el consumo siga congelado, el crédito estrangulado y el paro disparado.

Recortar para ser los primeros de la clase y que Merkel nos premie con el caramelo envenenado de la relajación del déficit que habremos de agradecer debidamente con nuevos recortes. “No nos podemos relajar”, arengaba hace unos días Montoro llamando a filas a los defensores de la austeridad ante los embates de quienes sostienen que la medicina está matando al enfermo.

No sabe hacer otra cosa Rajoy y su gobierno y, por tanto, eso es lo que hace: recortar y - esta es la segunda estrofa de la canción - subir impuestos como un gobierno socialdemócrata cualquiera, sólo que cuidándose mucho de quiénes deben pagar la subida: las rentas del trabajo y las clases medias, para no variar. En este punto, la suave canción entonada ayer por Rajoy fue algo menos soft: “no quiero” subir los impuestos pero eso dependerá de la evolución de la economía y de la “senda” de déficit. 

En traducción libre, eso significa que subirá el IVA y el IRPF más pronto que tarde porque “es necesario”, “es doloroso pero es bueno para la economía”, “no hay otra solución” y “servirá para generar confianza, crecer y crear empleo”, versos que sabiamente dispuestos conforman el estribillo con el que el Gobierno acompaña la machacona melodía de los recortes y las subidas fiscales con la que nos está matando. 

 “Cantaba como si me conociera en toda mi desesperación más oscura / luego miró a través de mí como si yo no estuviera ahí / pero sólo siguió cantando, cantando fuerte y claro”.

23 de abril de 2013

Di que sí, Giorgio

Filípica de las buenas la que el cuasi nonagenario Giorgio Napolitano le dirigió ayer a la clase política italiana. “Irresponsable” fue el término que empleó al referirse a su incapacidad para ponerse de acuerdo sobre la formación del nuevo gobierno cuando casi han pasado ya dos meses de las elecciones. Dos meses en los que esa clase política a la que Napolitano llama “irresponsable” ha vuelto a hacer el ridículo más espantoso ante los propios italianos, más que hartos de sus políticos. El panorama no puede ser más desalentador con el centro izquierda de Bersani roto en mil pedazos, el Movimiento 5 Estrellas de Grillo diciendo no a todo y la derecha de Berlusconi renaciendo una vez más de sus propias cenizas más por deméritos ajenos que por méritos propios.

El ridículo no ha hecho más que crecer con el paso de los días y la búsqueda a la desesperada de un nuevo presidente del país después de haber fracasado con un octogenario (Franco Marini), un septuagenario (Romano Prodi) y otro octogenario (Rodota). Al final no ha tenido más remedio que pedirle al propio Napolitano, el más crecidito de todos, que repita como presidente de la República, lo que éste ha aceptado un poco a regañadientes y lo que ha hecho de él el primer presidente reelecto del país y el más anciano.

Napolitano, que lo ha intentado todo para poner de acuerdo a los partidos políticos y hasta encargó una agenda de reformas a un comité de “sabios”, vuelve a intentarlo a partir de hoy pero son pocas las esperanzas de que lo consiga. Beppe Grillo y los suyos parecen sentirse mucho más cómodos organizando manifestaciones y hablando de supuestos golpes de Estado que contribuyendo con responsabilidad a la gobernabilidad del país; el centro izquierda es una jaula de grillos en trance de desintegración total y sólo la derecha de Berlusconi parece algo más cohesionada aunque represente lo peor de la clase política italiana de los últimos años.



A Napolitano le quedaría la alternativa de buscar un político de prestigio y con capacidad para situarse por encima de la lucha partidista e impulsar las reformas que necesita Italia, en particular la de una ley electoral responsable de un Parlamento superpoblado y fragmentado en mil pedazos, impotente para conferir un mínimo de estabilidad al Gobierno. Esa opción, sin embargo, podría suponer que Napolitano repitiera el error que supuso el nombramiento del tecnócrata Mario Monti saltándose el parecer de los ciudadanos. Los ridículos resultados obtenidos por Monti en las elecciones de febrero hablan por sí solos de lo erróneo de la decisión, en gran medida impuesta desde Berlín y Bruselas, en donde el solo nombre de Berlusconi levantaba y sigue levantando ronchas.

La tercera opción es convocar de nuevo elecciones – y es la más probable más pronto que tarde –, aunque nada garantiza que los resultados varíen sustancialmente con respecto a los de febrero. El atasco está servido y no parece que Napolitano, con todo su prestigio y experiencia, esté en condiciones de resolverlo. No al menos mientras la “irresponsable” clase política italiana, sin distinción, siga anteponiendo sus propios intereses frente a los de los ciudadanos.

22 de abril de 2013

El cuento de la austeridad

Había una vez dos reputados economistas de Harvard que publicaron un librito en el que sostenían que si la deuda pública de un país supera el 90% del PIB, la economía se reciente automáticamente y deja de tirar. Basaron su teoría en una larga serie de datos estadísticos y la adornaron con unas tablas de excel para darle mayor credibilidad. El librito en cuestión no tardó en convertirse en la biblia en verso de quienes ven en el gasto público no una manera de redistribuir socialmente la riqueza de un país, sino un intolerable despilfarro que ahoga el crecimiento económico. Era hasta ahora la excusa perfecta para ajustar y reformar, términos todos ellos intercambiables y que se traducen en uno solo: desmontar el estado del bienestar construido con el esfuerzo de todos.

De la profecía supuestamente científica de esos economistas se ha nutrido el discurso del austericidio que caracteriza a los ultraliberales europeos y estadounidenses: gastar recursos públicos en sanidad, educación o servicios sociales es malo para la economía y, mucho más, destinar dinero de las arcas comunes a la recuperación de la actividad económica, ni siquiera cuidando mantener un déficit público manejable; lo sabio y sensato – “como demuestran los estudios económicos más avanzados” – es recortar, no interferir en el sabio juego de equilibrios del mercado, adelgazar el estado de bienestar, poner los “ineficientes” servicios públicos en manos de las “eficientes” empresas privadas y trasnacionales, dejar hacer y dejar pasar. Esa es la fórmula mágica para crecer y crear empleo, pregonaban y siguen pregonando los republicanos estadounidenses o los halcones europeos del déficit con la canciller Merkel y el gélido comisario Rehn a la cabeza.

Como borregos encantados de ser conducidos al matadero de la austeridad, los países de la Unión Europea, especialmente los del Sur, han seguido la receta sin rechistar con los resultados que están a la vista de todos. No nos vayamos a Portugal o a Grecia, quedémonos en España: paro y pobreza galopantes, miles de ciudadanos desahuciados de sus casas, ahorradores estafados ayudando con sus ahorros a salvar a los bancos que les timaron, recortes sociales en todos los ámbitos, subidas de impuestos, falta de crédito, congelación de la actividad y el consumo y más paro y pobreza.

Sin embargo, al oráculo de Delfos en el que se convirtió el librito de marras entre todos aquellos que ven en la deuda pública y el déficit los grandes males de la economía, le han descubierto otros economistas dos fallas importantes que lo cuestiona seriamente: se tergiversaron los datos para tomar sólo los que respaldaban la hipótesis de que por encima del 90% de deuda pública la economía cae y, lo que es más chusco, los cálculos con excel tenían fallos clamorosos.

De la noche a la mañana, el cuento de la austeridad se ha convertido en las burdas mentiras de la austeridad, aunque eso ya lo habían advertido por activa y por pasiva otros reputados economistas a los que los adalides de la disciplina fiscal han ignorado para no desvelar que detrás de su discurso supuestamente científico – “es necesario”, “no hay otro remedio” – sólo hay ideología ultraliberal. Pero, sobre todo, lo saben los ciudadanos que sufren en sus vidas los efectos de una mentira mil veces repetida y que, ni aún así, ha conseguido convertirse en verdad: las consecuencias de esa ideología disfrazada de ciencia la desmienten cada día.

19 de abril de 2013

Sahara: Marruecos se asusta

Enfrascados en los asuntos domésticos como están, los medios de comunicación españoles apenas han resaltado una noticia que puede traer consecuencias trascendentales para encontrar una salida justa al viejo conflicto del Sahara Occidental que, casi cuarenta años después, continúa en punto muerto.

Me refiero a la petición que el lunes hará EEUU al Consejo de Seguridad de la ONU para que la Misión de Naciones Unidas en ese territorio (MINURSO) asuma competencias sobre derechos humanos en la zona y en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Se trata de la única misión de las muchas que la ONU tiene repartidas por el mundo que no posee esas competencias en un territorio en el que las denuncias de violaciones de derechos humanos han sido tan reiteradas como ignoradas.

La tenaz negativa del país ocupante, Marruecos, con el inestimable apoyo de Francia y de España, temerosos de poner en riesgo sus respectivos intereses económicos en el reino alaui, explican que los soldados de la MINURSO se encuentren en el territorio en calidad de meros testigos mudos e impotentes de lo que allí ocurre.

La propuesta norteamericana ha puesto a Marruecos en estado casi de alarma nacional: de inmediato ha comenzado a desarrollar una febril actividad diplomática para intentar detener el golpe y hasta ha suspendido unas maniobras conjuntas con EEUU. Esa propuesta, que se votará a finales de la próxima semana, ya ha sido entregada al llamado Grupo de Países Amigos del Sahara Occidental entre los que se encuentran, por paradójico que resulte, Francia y España. Cabría pensar que con amigos como estos, apenas necesita el pueblo saharaui enemigos.


Pero, ironías al margen, la iniciativa obligará a Francia a retratarse ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que tiene derecho a veto. Si Hollande se pone de parte de Marruecos, como hace prever su reciente alabanza durante una visita a Rabat de la autonomía que el Gobierno alaui quiere imponer en el Sahara, demostrará que le importan más los negocios franceses en el Magreb que los derechos humanos en el territorio ilegalmente ocupado.

España, a la que la ONU sigue considerando potencia administradora del Sahara mientras no se resuelva la descolonización pendiente, tiene también una oportunidad de oro para acabar con la ambigüedad que ha presidido su política en la zona, siempre mucho más atenta a no enfadar al “primo” marroquí que a cumplir sus responsabilidades como antiguo país colonizador del territorio.

Sin entrar en las razones que han llevado a EEUU a plantear esta iniciativa, su éxito o su fracaso determinarán que Marruecos pueda seguir vulnerando impunemente los derechos humanos en el territorio ocupado al tiempo que mantiene el status quo político mediante una promesa de autonomía que rechazan los saharauis. Aunque no es el riesgo de verse acusado por la ONU de violar los derechos humanos lo que más asusta al gobierno marroquí.

Su preocupación nace de que, después de este movimiento de ficha, pueda producirse otro que suponga la celebración del temido referéndum de autodeterminación que permita a los saharauis decidir sobre su futuro, la única salida ajustada al derecho internacional para resolver el conflicto. Ello pondría en serio peligro poder continuar explotando en exclusivo provecho propio los ricos recursos naturales del Sahara, de ahí el nerviosismo que cunde estos días en Rabat.

No obstante, la solución del conflicto sigue donde siempre ha estado: en el tejado de la ONU y, particularmente, en el de Francia y España, víctimas voluntarias e interesadas durante décadas del chantaje marroquí apenas se les ocurriera alzar la voz para afearle la ilegal ocupación saharaui y la vulneración de los derechos humanos. Aunque hay que reconocer que no son muchas las esperanzas, confiemos en que en esta ocasión la llamada comunidad internacional pase de las palabras a los hechos y al menos acabe de una vez con la impunidad marroquí en el Sahara Occidental.

18 de abril de 2013

AENA: cuando siempre pagan los ciudadanos

La Audiencia Nacional acaba de eximir a AENA de cualquier responsabilidad patrimonial por el caos que provocaron sus controladores durante el puente de la Inmaculada de 2010. En la sentencia publicada ayer se argumenta que el plante de los trabajadores de gestor aeroportuario español fue grave pero imprevisible y de imposible planificación para cualquier empresa; no fue una huelga anunciada y convocada por los cauces legales sino una protesta salvaje que afectó a unos 300.000 pasajeros y causó pérdidas millonarias a agencias de viaje, compañías aéreas, touroperadores y hoteleros.

Dice la sentencia que resultaría paradójico condenar a la empresa contra la que iba dirigida la protesta y, en consecuencia, la exime de responsabilidad patrimonial como si los controladores no cobraran sus sueldos de AENA. Los daños que sufrieron y los perjuicios que padecieron los pasajeros y los sectores económicos implicados no encuentran así consideración alguna en este fallo que parece asimilar lo ocurrido a un temporal de nieve o a cualquier otra causa de fuerza mayor que impidiera que el tráfico aéreo se desarrollara con normalidad. 


Sin duda, la sentencia habrá sido recibida con un suspiro de alivio en el Ministerio de Fomento y en AENA, una empresa ahogada en números rojos y en proceso de privatización. No es probable que a los centenares de miles de pasajeros que se quedaron tirados en los aeropuertos y a las empresas que se vieron afectadas les satisfaga la decisión judicial contra la que ni siquiera cabe recurso. Sus derechos como consumidores y sus intereses como empresarios se ignoran como se han ignorado en otras ocasiones similares a aquella.


Sin embargo, el hecho de que sea de muy difícil cuantificar y detallar el daño económico y moral causado no debería traducirse en resignación y encogimiento de hombros. La Audiencia podría haber empezado por unificar en un solo proceso las miles de reclamaciones dispersas por numerosos juzgados en los que se han producido varios fallos contradictorios entre sí. Ha preferido en cambio ignorar ese caos jurídico y dictar un fallo que, paradójicamente, a quien único satisface es a AENA y a los causantes del problema.

La imprevisible protesta salvaje y desmesurada de los controladores de la que habla el fallo judicial no lo fue tanto si recordamos que AENA y sus empleados llevaban meses de enfrentamientos a propósito del número de horas de trabajo. De hecho, en algún que otro aeropuerto ya se habían producido plantes similares al que, ampliado y agravado, se produjo durante el inicio del puente de la Inmaculada. El mismo día en el que los controladores alegaron una falsa enfermedad colectiva para no acudir a sus puestos de trabajo, sus representantes y la opinión pública esperaban un decreto del Consejo de Ministros estableciendo el número de horas máximas que debían trabajar en las torres de control. La protesta se mascaba en el ambiente y al final llegó con las consecuencias conocidas para los pasajeros, la militarización de las torres de control, el cierre del espacio aéreo y la primera declaración en democracia del estado de alarma nacional.

Pues bien, a pesar de esos antecedentes, el fallo de la Audiencia Nacional no sólo exime a AENA de asumir los daños patrimoniales causados por sus propios trabajadores sino que condena indirectamente a los ciudadanos, que no han tenido arte ni parte en lo sucedido, a asumir los costes de los platos rotos por otros. Por eso, el desalentador mensaje que envía este fallo es que de poco sirven las quejas, protestas y reclamaciones por el incumplimiento de los compromisos adquiridos si al final cabe la posibilidad de alegar imprevisibilidad, fuerza mayor o cualquier otra justificación.

Después de esta sentencia queda aún abierta la vía penal contra los responsables de aquel caos aéreo. Es de esperar que alguna sanción recaiga sobre ellos para resarcir al menos en parte a los miles de ciudadanos atrapados en un conflicto con el que no tenían nada que ver y con cuyas consecuencias no se les puede cargar como acaba de hacer la Audiencia Nacional.

17 de abril de 2013

Escrache a la democracia

No han caído en terreno baldío las mal disimuladas advertencias de la banca al PP y al Gobierno para que fueran “prudentes” en la ley antidesahucios. Para comprobarlo no hay más que echar un vistazo al texto que los populares han pergueñado uniendo su insuficiente decreto y la Iniciativa Legislativa Popular sobre este asunto. Cualquier parecido con la realidad entre lo que pidieron un millón y medio de ciudadanos y lo que se recoge en la propuesta de los populares es mera casualidad.

Las principales demandas de las plataformas antidesahucio eran la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda con el banco, la paralización de las ejecuciones hipotecarias en curso y los alquileres sociales. Nada de esto se ha recogido en el texto que finalmente se convertirá en ley y entrará en vigor más pronto que tarde. Las enmiendas con las aportaciones de la oposición y que además hacían suyas las peticiones de la ILP tampoco se han tenido en cuenta, salvo algunos pequeños detalles para proyectar la idea de que el PP ha buscado el consenso y ha aceptado propuestas del resto de los partidos políticos.

Es dudoso incluso que esta nueva ley con la que el PP y el Gobierno aseguran que van a detener el drama de los desahucios del que acusan al PSOE, cumpla con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que consideró abusiva  la legislación hipotecaria española. Como era de esperar ante su cerrazón y su temor ante la reacción de la banca a cuyo saneamiento contribuimos todos los ciudadanos, el PP se ha quedado completamente solo defendiendo un texto que, sin duda, supondrá una salida en falso del grave problema social que para miles de familias representa la pérdida de sus viviendas debido a la crisis.

Su actitud refleja una profunda insensibilidad social y una preocupante incapacidad para la negociación y el acuerdo, algo que por otro lado no es nada nuevo habida cuenta la ristra de decretos ley que acumula desde su llegada al Gobierno sobre asuntos de profundo calado social, político y económico. Negociar y consensuar no es algo que caracterice a este Gobierno por mucho que sea esa la imagen que quiere dar de sí mismo; se le da mucho mejor amenazar, multar y llamar nazis a quienes protagonicen escraches a políticos, forma de protesta sin duda antidemocrática y peligrosa, pero que posiciones como las que defiende el PP en materia de desahucios ayudan a alimentar.

Tampoco le gustan al Gobierno y al PP la iniciativa de la Junta de Andalucía para frenar los desahucios que, a pesar de las dudas sobre su legalidad respecto de la cual no se ponen de acuerdo los propios expertos en Derecho, representa al menos una propuesta original y ambiciosa que tiene la virtud de no plegarse ante el dictado de los bancos y sus sagrados intereses. Una ley antidesahucios mucho más generosa y justa para con los afectados por las hipotecas habría sido posible si el PP y el Gobierno no hubiesen preferido escrachar la ILP y las propuestas de la oposición para no molestar a la banca que, una vez más, gana la batalla.

16 de abril de 2013

Monarquía: pacto roto

A la muerte de Franco la Jefatura del Estado pasó de las manos del dictador a las de su designado, el rey Juan Carlos. El traspaso de poderes se legitimó políticamente a través de la Constitución de 1978 que apoyaron por mayoría los españoles, aún sin haber tenido la oportunidad de elegir previamente entre monarquía parlamentaria y república. Hacer conjeturas a posteriori sobre lo qué habría sido mejor sólo conduce al terreno de la ficción histórica y a las hipótesis de imposible comprobación. Primaba el pragmatismo político para conjurar los demonios del pasado y la mayoría de los españoles, ansiosos de iniciar una nueva etapa en paz y libertad, así lo entendió también.

Aquella especie de pacto tácito entre el país y la monarquía parlamentaria implicaba que la cabeza del Estado se convertía en garante de la unidad nacional y, sobre todo, que reinaba pero no se inmiscuía en la vida política cotidiana. Y por supuesto, se daba por sentada su rectitud ética y moral tratándose como se trataba de la más alta magistratura pública de la nación. De ahí que apenas se cuestionase que la Constitución que convalidó la monarquía nacida de la dictadura levantara un alto muro de opacidad en torno a la Casa Real que ahora está empezando a desmoronarse.

No cabe duda de que los servicios de la Corona a la causa de la democracia, particularmente el 23-F, contribuyeron no sólo a mantener en pie ese muro sino a proyectar de la Casa Real una imagen cuasi idílica y de cuento de hadas. De las actividades de los miembros de la realeza sólo se podía hablar en términos elogiosos si se hacía en los medios de comunicación serios y en tono empalagoso si se hacía a través de la prensa del corazón. La Casa Real se convirtió así en asunto tabú para la prensa y para la clase política de este país, de manera que cualquier asunto comprometedor para la monarquía se contaba con sordina o sencillamente no se contaba porque podía resultar desestabilizador para la democracia.

La monarquía española ha vivido así un remanso de paz y parabienes certificado por los sondeos de opinión que ha durado casi cuatro décadas. Durante todo este tiempo muy pocos se preguntaron cuánto costaba al erario público la institución, en qué se empleaba ese dinero, cuál era la fortuna personal del rey y qué había de cierto en los rumores que circulaban sotto voce sobre determinados comportamientos del monarca. Todo iba bien y sobre ruedas, había monarquía para rato y de nada había que preocuparse.

Hasta que todo empezó a ir mal: la profunda e interminable crisis económica con sus dramáticas consecuencias sociales en forma de paro y pobreza y la gangrena de la corrupción pública y privada han abierto la espita de las preguntas y el desafecto social de las que nadie se libra. Como demuestran las recientes encuestas de opinión en las que por primera vez son mayoría los españoles que desaprueban la monarquía, la corona tampoco se libra de los reproches, las críticas, las exigencias y las preguntas. Se acabaron los terrenos vedados, las zonas oscuras, los tabúes y los miedos: están cayendo los velos que nadie hasta ahora, empezando por los medios de comunicación, se habían atrevido a rasgar.

Y lo que aparece detrás de ellos no anima a mantener el pacto tácito suscrito en los inicios de la Transición: presunta corrupción en los aledaños mismos de La Zarzuela, fortunas personales opacas y comportamientos poco éticos o edificantes han puesto a la institución, la más respetada del país hasta ahora, en la picota. Intentando hacer de la necesidad virtud, fue la propia Casa Real la que pidió al pacato gobierno del PP que se la incluyera en la Ley de Transparencia que, de momento, suena sólo a gatopardismo político: “si queremos que todo siga igual es necesario que algo cambie”.

Estos gestos casi a la desesperada de la monarquía para intentar cerrar las profundas grietas que se han abierto en su prestigio hasta ahora inmaculado cuentan con el apoyo de los dos principales partidos políticos del país, temerosos de meter el bisturí en una Constitución concebida como un tótem sagrado al que no conviene tocar para no desencadenar las iras de los dioses. Pero esa actitud gazmoña no ha impedido que resurja con fuerza el debate sobre monarquía versus república.

Hay quienes incluso niegan que tal debate exista aunque, por si acaso, lanzan anatemas sin cuento contra aquellos que osan ponerlo sobre la mesa. Pero sus deseos chocan con la realidad: el debate existe y se extiende ahora que los ciudadanos, cada día más incrédulos ante la política y sus maestros de ceremonias, empiezan a comprender que la confianza en el cumplimiento de las cláusulas del pacto con la monarquía ha sido traicionada.

En cualquier caso resulta paradójico que sean partidos democráticos los que quieran acallar un debate plenamente democrático y sereno. Resulta pueril escuchar argumentos como que ahora no es el momento, que igual sirven para un roto que para un descosido. En democracia cualquier momento es bueno para debatir y tomar decisiones y el actual es tan bueno o mejor que cualquier otro, habida cuenta de la deteriorada imagen que la monarquía proyecta sobre la mayoría de los españoles. Debatamos entonces.

15 de abril de 2013

Venezuela se parte en dos

Poco tiene que celebrar hoy el ungido Nicolás Maduro tras los resultados de las elecciones presidenciales de ayer en Venezuela. Su raquítica victoria por poco más de 200.000 votos frente al opositor Capriles no es como para tirar cohetes ni celebrarla en las calles con “música, tambores y cánticos”. El resultado electoral deja una Venezuela literalmente partida por la mitad entre chavistas y opositores, dos mitades hoy por hoy irreconciliables fruto de años de acoso y hostigamiento a quienes no comulgan con el credo chavista y su populista gestión política y económica.

A expensas de lo que depare la exigencia de Capriles de que se cuenten uno por uno todos los votos antes de otorgarle credibilidad a los resultados electorales, cabe preguntarse cuál habría sido el veredicto de las urnas si el oficialismo no hubiese usado en su favor toda la maquinaria del Estado y los medios de comunicación. Es probable que de haberse celebrado estas elecciones en condiciones de equilibrio para ambos candidatos, el resultado hubiese sido otro bien distinto y tal vez el chavismo habría recibido un golpe de muerte.

Pero ni aún empleando en su beneficio el aparato estatal y los recursos públicos ha podido Maduro superar a su oponente por más del 1,5% de los votos, lo que pone en evidencia que Maduro no es Chávez – por mucho que hasta imite su modo de hablar y le invoque en forma de pajarito – y que el chavismo parece haber empezado a perder la fuerza que le confería la figura del caudillo fallecido y empleado como talismán en la campaña electoral.

En sólo seis meses, los que van de las elecciones de octubre del año pasado que ganó Chávez con el 55% de los votos, a las celebradas ayer, en las que no llegó al 51%, el chavismo ha perdido 600.000 votos que ha recogido la oposición a pesar de todos los impedimentos a los que se ha enfrentado y a los ataques e insultos sin cuartel que ha recibido su candidato Capriles desde las filas oficialistas. De confirmarse la legitimidad y limpieza de la exigua victoria de Maduro y obviando el desequilibrio de medios entre oficialismo y oposición durante la campaña, el presidente encargado y ahora electo tiene ante sí una tarea muy complicada con la reconciliación nacional como objetivo más urgente.

Difícilmente podrá afrontar los problemas económicos, sociales y políticos que padece Venezuela si no tiende la mano a quién, técnicamente, le ha igualado en las urnas. Pasada la campaña y las elecciones es la hora de la responsabilidad y de gobernar para todos los venezolanos, chavistas u opositores. La inflación galopante, la escasez de productos básicos, la insuficiencia energética, la depreciación de la moneda, el disparatado déficit público, la corrupción pública, las lagunas democráticas, la fractura política, la dependencia del petróleo y la escalofriante inseguridad ciudadana son retos de tal magnitud que sólo cabe afrontarlos con éxito desde la colaboración leal y no desde la arenga populista y la demonización del adversario.

Esa es la situación a la que han llevado a Venezuela catorce años de chavismo del que hay que pasar página de una vez y hacerlo con el concurso de todos los venezolanos. La incógnita es si Maduro, si finalmente se confirma su victoria, sabrá demostrar la responsabilidad que se necesita para estar a la altura de la difícil situación por la que atraviesa su país.

5 de abril de 2013

El interminable entierro de Chávez

Un mes se cumple hoy del fallecimiento de Hugo Chávez. Sin embargo, el que fuera presidente venezolano durante 14 años sigue vivo y aleteando sobre el futuro del país. Sus seguidores pasearon dos veces en kilométricas comitivas sus restos insepultos por las calles de Caracas y, un mes después de su fallecimiento, sigue sin poder descansar en paz. Los chavistas apelan a su liderazgo, ahora en forma de pajarito “chiquitico”, para vencer en las elecciones del próximo día 14 ante Henrique Capriles, el candidato de “la burguesía”, como le espetan el oficialista Maduro y los suyos.

Suerte que esta será una de las campañas electorales más cortas de la historia de Venezuela porque, oído lo oído y visto lo visto, es inimaginable lo que podrían llegar a decirse y de qué podrían llegar a acusarse oficialismo y oposición. La sarta de disparates gritados a voz en cuello estos días da ya para escribir un grueso tomo. Un par de perlas: Maduro, el elegido, ha dicho cosas tan profundas, además de la del “pajarito”, como que “en cualquier momento Chávez convoca una constituyente en el cielo para cambiar la Iglesia en el mundo y que sea el pueblo el que gobierne". También ha pontificado que "nuestro comandante ascendió al cielo y está frente a Cristo. Influyó para que se convocara a un Papa sudamericano".

Si sumamos a estos dislates las acusaciones mutuas de fraude electoral, demencia y corrupción tendremos una radiografía bastante exacta de los derroteros por los que está transcurriendo esta primera campaña electoral sin la figura física de Chávez en el poder pero con su espíritu bien visible sobrevolando los destinos del país. Este griterío que domina la campaña de los dos máximos aspirantes a la presidencia de Venezuela apenas les deja espacio para explicar a los ciudadanos qué piensa hacer cada uno para resolver los graves problemas del país: inseguridad, carencia de productos básicos para la población, devaluación de moneda, separación de poderes, libertad de prensa, respeto a las minorías, fractura política entre chavistas y antichavistas o transparencia en la gestión pública.

En realidad, es una suerte que a la campaña sólo le quede una semana porque, para la solución de esos problemas, se necesitan mucho más que frases ingeniosas y arengas populistas y esas soluciones urgen. Quien gane las elecciones del día 14 – y todo hace indicar que será Maduro – recibirá en herencia un país de vastos recursos naturales pero en el que, pese a los avances sociales alcanzados bajo los gobiernos de Chávez, aún hay enormes bolsas de pobreza y un profundo déficit democrático.

Enterrar de una vez al comandante fallecido como argumento para la lucha política y el ejercicio de la responsabilidad de gobierno es la primera y más urgente tarea que deberá afrontar el presidente que salga de las elecciones. Un cadáver no puede seguir gobernando Venezuela por más tiempo ni de él pueden seguirse esperando las respuestas a todos los problemas del país: las deben buscar los venezolanos y sus representantes, aunando esfuerzos y superando diferencias. Como dice un proverbio ruso, “añorar el pasado es correr tras el viento”.

4 de abril de 2013

Su Alteza ante el juez

Dijo el rey en la Navidad de 2011 que “la Justicia es igual para todos”. Arreciaba entonces el escándalo de su yerno Urdangarín y algo había que decir para salir del paso. Ahora, el juez Castro que lleva ese caso acaba de tomarle literalmente la palabra y ha decidido tener un cara a cara con la hija menor del monarca, llamada a declarar en calidad de imputada el próximo día 27, sábado, como manda la tradición. Quiere despejar la duda de si la infanta era solo una mujer florero que no se enteraba de lo que hacía su marido o si por el contrario consintió en que se usara su nombre y tratamiento para allanarle el camino en sus turbios negocios con las administraciones públicas.

Es una duda más bien retórica, porque los correos electrónicos que el ex socio de Urdangarín le ha hecho llegar en los últimos tiempos al juez evidencian que la infanta estaba al cabo de la calle de lo que se cocía en el Instituto Nóos, de cuya junta directiva también formaba parte. De ahí que el juez hable de “cooperación necesaria” e incluso de “complicidad”. Palabras mayores para una infanta de España, el primer miembro de una familia real europea que tendrá que vérselas cara a cara con un juez de instrucción.
La Casa Real, que tras conocer la noticia dijo que no “valora decisiones judiciales”, no tardó en hacerlo: se “sorprende” del cambio de criterio del juez, hasta ahora remiso a imputar a la infanta, y aplaude que la Fiscalía, convertida de pronto en abogado defensor de Su Alteza, haya decidido recurrir la imputación. Si eso no es una valoración en toda regla se le perece como se parecen dos gotas de agua.

¿Justicia igual para todos?

En efecto, el juez Castro ha dado un importante paso para hacer realidad que la Justicia es igual para todos y su decisión significará que la infanta Cristina tendrá que hacer también el paseíllo judicial que ya ha protagonizado su marido y su ex socio y esposa, su secretario personal y el asesor de la Casa Real. Sin embargo, la última palabra no está dicha. Su propio auto de imputación es toda una señal de que, de momento, no se puede hablar de “Justicia igual para todos”.

Ningún juez se habría molestado en redactar una veintena de folios con toda suerte de justificaciones para citar como imputado a cualquier otro ciudadano. José Castro se arma de argumentos y apela a las palabras del rey en el mensaje de Navidad, dice no creer que el monarca no advirtiera a su hija de los negocios poco claros de su marido y remata asegurando que imputarla es la mejor manera de no cerrar en falso la investigación, lo que suena a que la presión social no ha jugado un papel menor en su decisión. Por momentos da la sensación de estarle lanzando un salvavidas, por incómodo que resulte, para ayudarla a escapar con bien del naufragio y que no quede como un mero objeto decorativo en los trapicheos de su marido.

Por otro lado, ningún fiscal se habría tomado el trabajo de preparar un recurso contra una simple imputación sin acusaciones concretas y más bien para aclarar dudas si el afectado no fuera un miembro de la Casa Real. Será ahora la Audiencia de Palma la que acepte o rechace el recurso del Fiscal aunque no está claro si, en caso de aceptarlo, se mantiene la imputación a la Infanta.

La monarquía en la encrucijada

Pero mientras la Justicia sigue sus intrincados caminos, ni la infanta ni la Casa Real pueden continuar ocultando la cabeza bajo el ala. La monarquía está seriamente dañada por este escándalo al que se añaden las meteduras de pata del rey con sus cacerías exóticas, sus relaciones personales poco claras, en las que incluso parece haber involucrado al Gobierno, y las recientes sospechas sobre su herencia paterna en Suiza. Lo mínimo que debería hacer Su Alteza imputada es apartarse inmediatamente de la línea sucesoria por más que ocupe el séptimo lugar de la misma. Si a los políticos sorprendidos en falta se les pide la dimisión inmediata, con más razón hay que exigírsela a un miembro de la familia real en las mismas circunstancias y que vive a costa del erario público sólo por ser pariente directo del rey.

También el rey tiene que hacer de una vez un ejercicio de transparencia y dar la cara de verdad ante los ciudadanos – que no súbditos - de este país, alarmados de que, mientras la crisis golpea sus vidas y haciendas, en la cúspide del Estado se acumulan comportamientos poco éticos y poco ejemplarizantes, escandalosos y hasta presuntamente delictivos. El agua turbia ha subido tan arriba en La Zarzuela que ya no basta con un “lo siento, no volverá a ocurrir”. Abdicar empieza a ser la única salida que le va quedando al rey y cuanto más tiempo deje pasar para tomar la decisión más incierto será el futuro de la institución a la que representa.

3 de abril de 2013

Corea del Norte no es cosa de broma

Se devanan los sesos estos días los analistas internacionales intentando adivinar qué se esconde realmente detrás de la escalada de apocalípticas amenazas lanzadas por el régimen de Corea del Norte contra su vecino del Sur y contra Estados Unidos, con 40.000 soldados en la zona. La mayoría coincide en que se trata más de retórica belicista con fines políticos que de una amenaza en toda regla para la región y, por extensión, para todo el mundo. 

No puede olvidarse que, aunque rudimentario, Corea del Norte posee un poderoso aparato militar que incluye armas atómicas con las que está en condiciones de provocar una catástrofe nuclear en la zona e involucrar de paso a China – su aliado más fiel -, Rusia, Estados Unidos y Japón. Es cierto que, según parece, aún está lejos de alcanzar la sofisticación atómica necesaria para amenazar con misiles de largo alcance y que aún tardará varios años en conseguirlo. 

Ello, sin embargo, no debería ser motivo para tomarse a broma las amenazas procedentes del país más hermético del mundo, con una población sojuzgada y empobrecida y gobernado por una casta militar al frente de la cual se sitúa sólo por derechos de herencia un líder imberbe e inexperto que, tal vez, esté buscando con esta escalada la manera de consolidar su poder y hacerse respetar entre los suyos y buscando al mismo tiempo ser escuchado por Estados Unidos.



Recuerdan los analistas que siempre que se acercan elecciones en Corea del Sur en el norte crece la verborrea belicista. También atribuyen esta nueva y dura escalada de amenazas a las recientes sanciones de la ONU tras las últimas pruebas atómicas de Corea del Norte y a las maniobras militares conjuntas entre surcoreanos y estadounidenses en la zona, a las que en esta ocasión se han sumado incluso bombarderos y destructores norteamericanos.

Ambas partes exhiben músculo e intercambian amenazas en una espiral que, de seguir creciendo, no augura nada bueno. Corea del Norte, vestigio arqueológico de un tiempo felizmente superado, se mantiene en pie gracias al apoyo chino, que no ha dudado en utilizarlo cuando le ha convenido para hacer valer sus propios intereses políticos y geoestratégicos, y a la férrea dictadura comunista hereditaria que controla el país. En otra flagrante demostración de sus debilidades, la comunidad internacional y sus organismos supranacionales han sido incapaces de encontrarle salida a una situación que se eterniza desde el final de la Guerra de Corea a mediados del siglo pasado y que terminó con la península coreana dividida en dos partes en virtud de un armisticio – que no en un acuerdo de paz - que 60 años después sigue en vigor.

Puede que desde esta lado del mundo lo que ocurre en Corea nos parezca poco menos que extraterrestre y que la parafernalia militar, las manifestaciones histéricas y los discursos incendiarios de los militares norcoreanos nos muevan a la risa y a la broma fácil. No deberíamos de pasar por alto, sin embargo, el peligro que representa la capacidad destructiva que se puede desencadenar y extender en cualquier momento con trágicas consecuencias si no se rebaja la tensión belicista de los últimos días y no se encuentra una solución definitiva a un anacronismo histórico como el que representa Corea del Norte. La comunidad internacional en su conjunto se enfrenta a un nuevo reto y ojalá en esta ocasión se sitúe a la altura de las circunstancias.

2 de abril de 2013

Novartis pierde el juicio

Y lo que es peor para el gigante suizo de la industria farmacéutica: unos cuantos miles de millones de euros que pensaba ganar a costa de la población de la India, cerca de la mitad de la cual vive con menos de un euro al día. El Tribunal Supremo de ese país acaba de rechazar definitivamente la pretensión de Novartis de patentar un fármaco contra el cáncer que no aportaba absolutamente nada nuevo respecto a un genérico con la misma finalidad que ya se fabrica en ese país. La gran diferencia sólo está en el precio: el fármaco de Novartis cuesta más de 3.000 euros por paciente y mes mientras que el genérico indio sale a unos 57 euros por paciente y mes.

La sentencia supone un duro golpe para las grandes multinacionales farmacéuticas, a las que lo único que les mueve es hacer caja sin preocuparse lo más mínimo de que sus medicamentos sólo sean accesibles para una parte muy pequeña de la población, aquella que se los puede costear. Los millones de pobres que necesitan acceder a fármacos seguros y baratos como los genéricos no interesan y, de hecho, sus problemas de salud son sistemáticamente ignorados en los grandes centros de investigación de estos gigantes del fármaco, sólo atentos a las dolencias de los ciudadanos del primer mundo. Simplemente, no son rentables ni dan para pagar nóminas millonarias a sus directivos y abogados.

No es Novartis la primera que sale escaldada y con el rabo entre las piernas después de intentar patentar como novedoso un fármaco que lo único que busca mejorar es el balance contable de la compañía. Antes que ella han recibido la misma respuesta otros gigantes como Roche o Pfizer. El Tribunal Supremo de la India pone en su sitio a estos tiburones del medicamento y permite que el país siga desarrollando su potente industria de medicamentos genéricos, accesibles y económicos, lo que le ha permitido convertirse en lo que ya se conoce como la farmacia del Tercer Mundo.

De haberse salido Novartis con la suya y haber conseguido cambiar la Ley india de Patentes, respaldada por la OMS, millones de pacientes de VIH habrían perdido el acceso al tratamiento con antiretrovirales. Ha sido precisamente el desarrollo de los genéricos en India lo que ha permitido que este tipo de tratamientos se haya abaratado un 99% en la última década y llegue actualmente a un número de personas mucho mayor que entonces. Así, mientras en el año 2000 un tratamiento de ese tipo costaba una media de 8.000 euros anuales, en la actualidad sale por apenas 80.

El beneficio para los países cuyos habitantes carecen de un sistema de salud que merezca tal nombre es evidente, tanto como las pérdidas para las multinacionales farmacéuticas. De ahí que debamos felicitarnos por la trascendencia de un fallo judicial que mantiene viva la esperanza de millones de personas en todo el mundo.