"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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8 de mayo de 2013

La infanta acompañante

A la Casa Real no le ha sorprendido que la Audiencia de Palma haya decidido dejar sin efecto la imputación de la infanta Cristina por el “caso Nóos”. A decir verdad, ni a la Casa Real ni a casi nadie. Después de mostrar su “sorpresa” cuando el juez Castro decidió citarla a declarar como imputada por presunta complicidad y cooperación necesaria en los turbios negocios de su marido, ahora expresa su “máximo respeto” ante las decisiones judiciales sobre todo, como es el caso, si le benefician. O eso al menos deben de creer en La Zarzuela, aunque no sería prudente descorchar el champán de forma tan apresurada como han hecho ya el PP y el Gobierno que también se alarmaron en su momento por la decisión del juez.

A eso se le llama neutralidad y respeto a las decisiones judiciales en las más altas instancias del Estado que, al mismo tiempo, no dudaron en movilizar a la Fiscalía y a la Abogacía pública para que le pararan los pies al juez instructor. Y lo han conseguido, aunque sólo a medias, gracias a una decisión que tiene un cierto aroma salomónico por cuanto, si bien deja sin efecto la imputación de la infanta como cómplice y cooperadora de los negocios de su esposo, no cierra en cambio la puerta a la posibilidad de que sea llamada a declarar en esa misma condición si se verifica algún tipo de delito fiscal o de blanqueo de capitales. De hecho, el auto le indica al juez Castro el camino que debe seguir a partir de ahora, siempre a expensas – eso sí - de que la Casa Real, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado no vuelvan a “sorprenderse” si se le ocurre imputarla de nuevo.


El auto por el que dos de los tres jueces de la Audiencia de Palma decidieron ayer evitar que la infanta haga por ahora el paseíllo judicial, tiene algunos hallazgos jurídicos dignos de mención como corresponde a una buena pieza de 61 folios frente a los 19 que gastó el juez Castro en la imputación. Dice por ejemplo que, el hecho de que la infanta figurara en los folletos con los que Urdangarín camelaba a los políticos para que financiaran los proyectos del filantrópico Instituto Nóos, era de “mero acompañamiento impune” y, por tanto, no implica que la hija del rey fuera consciente de que su marido desviaba ese dinero público a la empresa pantalla Aizoon cuya propiedad compartía al 50% - qué casualidad - precisamente con ella.

Para la Audiencia, del hecho de que la infanta formara parte de la junta directiva de Nóos y de que fuera la copropietaria con su marido de Aizoon, no cabe deducir culpabilidad de ningún tipo. Tampoco de que supiera – como sabía – que Urdangarín aprovechaba para sus negocios su parentesco real, como han desvelado algunos de los correos tóxicos de su ex socio y ahora enemigo judicial, Diego Torres, para el que el auto pide un plazo improrrogable con el fin de que escupa de una vez todos los mensajes venenosos que guarde aún en sus archivos.

A la espera de lo que haga ahora el juez Castro y de lo que en su caso decida de nuevo la Audiencia si – como es seguro – fiscalía y abogacía públicas recurren un nuevo auto de imputación, el que ayer evitó a la infanta “acompañante” acudir al juzgado a explicar su participación en los negocios de su esposo le hace un flaco favor a la Corona, ahora tan respetuosa con las decisiones judiciales.

Primero, porque ninguna Audiencia del mundo, ninguna fiscalía y ninguna abogacía del Estado se molestarían en cuestionar una decisión tan de sentido común como la que adoptó el juez Castro respecto de la infanta a la que, de hecho, le hacía un gran favor citándola como imputada con todas las garantías jurídicas que ese hecho comporta. Y eso que el juez hiló lo más fino que pudo en su auto de imputación, algo que probablemente no habría hecho tratándose de un ciudadano común y corriente en lugar de la hija del rey.

Y en segundo lugar y sobre todo, porque este auto de la Audiencia de Palma desmiente una vez más las palabras del propio rey asegurando que la Justicia es “igual para todos”. No es verdad y, de hecho, nunca lo ha sido ni aquí ni en ninguna otra parte, para qué nos vamos a engañar. Al menos por ahora, este caso lo vuelve a confirmar y, por tanto, nada de lo que sorprenderse.

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