"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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18 de junio de 2013

Montoro y el misterioso caso de la infanta

Si finalmente se confirma que Cristóbal Montoro es el ministro de Hacienda aunque él intente disimularlo, va a tener que explicar de forma muy convincente el extraño caso de unas fincas presuntamente vendidas por la infanta Cristina, algo que esta niega haber hecho por la sencilla razón de que nunca habían sido suyas; lo niega ella y los que supuestamente las compraron, que han echado mano hasta de las polvorientas escrituras del bisabuelo que demuestran que siempre han sido de la familia y que aseguran que de la tal infanta solo tienen noticias por la tele, en donde aparece mucho últimamente.

Todo el lío parece ser obra de Hacienda que, salvo que se demuestre lo contrario, forma parte del negociado del que Montoro es supuestamente competente. El ministro, tan aficionado a señalar con su dedo acusador a colectivos poco complacientes con el Gobierno, calla ahora mientras crece la bola de nieve. Cuando le preguntan qué ha pasado se escuda en legalismos sobre privacidad, encoge el dedo de acusar y guarda silencio. Lo tendrá que aclarar, quiera o no.

Estamos hablando de la Agencia Tributaria, que cada año nos pasa la factura y nos revisa con lupa los ingresos no vaya a escapársele un defraudador fiscal en potencia. Sin embargo, a la vista de cómo parece haber actuado en el informe que el juez le pidió para conocer el patrimonio de la infanta, bien podríamos estar hablando de la Agencia Tributaria de la República de Chichinabo de Abajo. Primero, porque filtró a EL PAÍS que había comunicado “informalmente” al juez - ¿qué demonios es “informalmente” en un caso como este - que en los papeles que le envío con las supuestas ventas de fincas por parte de la infanta había un error.

Después, en un comunicado, le arrimó el mochuelo pero sin mencionarlos a los notarios y a los registradores de la propiedad que a lo peor se equivocaron al poner el DNI en los formularios. Estos ya han dicho que la posibilidad de error es mínima, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de trece supuestas ventas diferentes en tres provincias distintas ¿Hubo error en todas esas escrituras? ¿Estaban ese día los notarios y registradores celebrando la fiesta del santo patrón y tenían el dedo como tonto? De lo que se deduce que la metedura de pata o de dedo, de existir, estará en otro lado.

Lo más probable es que esté en la propia Agencia que, ante la petición del juez, se limitó a un copia y pega con lo que encontró en su base de datos sobre la infanta. Pero claro ¿cómo figuraban esos bienes a nombre de la infanta si quienes supuestamente los compraron aseguran que siempre han sido suyos y que nunca han tenido relaciones económicas con personajes de sangre azul? Y en su caso ¿había tributado la infanta por los bienes que supuestamente vendió? ¿No? ¿Hacienda somos todos?

Hay más: ¿cómo es posible que Hacienda le remita a un juez un informe para la investigación judicial de un personaje como la infanta sin matizar, ni comprobar y luego le diga “informalmente” que hay un error o más bien trece errores, todos referidos a la misma persona y en trece operaciones diferentes en tres provincias distintas? Y ese error, de haberse producido ¿ha sido intencionado? ¿con qué fines? ¿enredar al juez y desprestigiar la investigación sobre el caso Nóos?

La Fiscalía, que en este asunto no pierde comba para echarle un cabo a la infanta, ya ha anunciado una investigación. El juez Castro, que a estas alturas debe de estar más que harto de que el fiscal torpedee sus decisiones y Hacienda le tome el pelo – recuerden que hace poco se atrevió a prejuzgar que la infanta no había cometido ningún delito fiscal – ha decidido tomar la línea recta y ha pedido a los registros de la propiedad que le informen de si la hija menor del rey vendió lo que Hacienda dice que vendió.

El único que calla de momento es Montoro, tan acusica en otras ocasiones y que en esta se ha apresurado a ponerse de perfil como si el asunto no fuera con él ni con la Agencia Tributaria de la que es el máximo responsable político. Como tal debe dar explicaciones claras y convincentes sobre lo ocurrido o estaremos legitimados para creer que las cloacas del Estado bajan mucho más sucias de lo que todos sospechábamos.

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