"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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29 de noviembre de 2013

RTVV: nocturnidad y alevosía

A media noche, como los ladrones y los fantasmas, se personó en los estudios de la radio televisión pública valenciana la comisión liquidadora y ordenó parar. Se limitaban a cumplir las instrucciones emanadas desde el poder político, el mismo que ha mangoneado a placer y conciencia un medio público de comunicación a mayor gloria de sus fregados económicos y sus chanchullos políticos; el mismo que, después de dar la orden de cerrar la radio y la tele, puso cobardemente tierra de por medio para esquivar las protestas de los trabajadores; el mismo que elude asumir cualquier responsabilidad política por una desastrosa gestión de dos décadas que ha colocado a la radio televisión pública de la comunidad autónoma con 1.200 millones de euros en deudas y, ahora, a cerca de 2.000 trabajadores en la calle.

Los trabajadores (presentadores, cámaras, redactores, técnicos, etc.) han resistido heroicamente durante horas, hasta el último momento, ese en el que la policía ha entrado en la sede de un medio de comunicación para asegurarse del fin de las emisiones. Y no, la escena no se ha producido en una lejana república bananera gobernada por algún dictador corrupto con guayabera y sombrero tejano. Ha ocurrido en la democrática España, en donde se respeta la libertad de expresión y el derecho a la información. Ese derecho ha recibido hoy un duro golpe como ocurre siempre que cierra un medio de comunicación que, en este caso, se da la circunstancia agravante de que era el único de carácter público de esa comunidad autónoma, el único llamado a defender y fomentar los intereses y la identidad de los valencianos.

Claro que ya sabemos que el concepto de lo público que tiene el partido político que gobierna en Valencia y en España no es mejor que el que tiene de la sanidad o de la educación. Sacan pecho los que hablan de “chiringuitos” para referirse a las radios y televisiones autonómicas en los territorios en los que no gobiernan los suyos. Sin embargo, callan con cobardía cuando son las radios y las televisiones gestionadas por ellos durante décadas las que presentan situaciones económicas insostenibles que, como ha ocurrido hoy en Valencia, se saldan por las bravas, con nocturnidad y alevosía.

El Gobierno valenciano pudo recurrir la sentencia que anulaba el ERE, pero no lo hizo; pudo también buscar una salida negociada y mucho menos traumática con los trabajadores, dispuestos a rebajarse los sueldos a cambio de salvar todos los puestos de trabajo posibles. Ni siquiera lo intentó porque la consigna era desde el minuto uno, cuando se puso en marcha el expediente de regulación de empleo, el cierre sin discusiones.

Seguramente estarán satisfechos pero se han cubierto de indignidad, por el modo en el que han gestionado un medio público y por las maneras con las que lo han liquidado. Aunque resulte paradójico dada su situación, los verdaderos triunfadores de esta lucha desigual son los profesionales de la radio televisión pública valenciana; ellos han resistido hasta el último momento a pie de cámara y micrófono y no serán precisamente los que pasen a la historia como los que apretaron el botón de fundido a negro. Ese dudoso honor les corresponderá para siempre a los políticos con nombre, apellidos y afiliación ideológica pública que se han ocultado en las sombras de la noche para acallar la voz de un medio de comunicación. 

28 de noviembre de 2013

Si tú me dices Wert

El PP y el Gobierno están hoy de enhorabuena y cuando eso ocurre España también está feliz. Después de un amplio debate social y mucho diálogo con todas las partes implicadas, mucho consenso, mucha cintura política por parte del esforzado y excelente ministro Wert y sin apenas contestación social en la calle o en las aulas, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy por fin la reforma educativa tanto tiempo demandada. A partir de ahora, las nuevas generaciones actuales y venideras podrán disfrutar de un sistema educativo que hará de nuestros estudiantes de hoy y de mañana la envidia de los países más avanzados.

Admira esta reforma, sin duda llamada a durar y perdurar en el tiempo como una potente luz que guíe los pasos de nuestros jóvenes, por su férrea defensa de la escuela pública, por su decidida opción en favor de la laicidad, su rechazo a las injerencias de los obispos, su apoyo a las comunidades educativas y su franca y valiente defensa de una educación en libertad con la que chicos y chicas adquieran juntos las herramientas necesarias para ser ciudadanos y ciudadanas mejores, con más capacidad de pensar y decidir por sí mismos y, en definitiva, mucho mejor formados que sus padres y abuelos.


Ésta es, sin duda alguna, la reforma educativa que estaba necesitando España desde hacía décadas y el hecho de que haya contado con tanto respaldo social y político, algo que no ocurría desde los tiempos gloriosos de la Formación del Espíritu Nacional, ofrece más que sobradas garantías de que será muy difícil, por no decir del todo imposible, que un próximo gobierno de color distinto al actual se atreva a cambiarle una sola coma. Por su parte, los que pretendían aprovechar la reforma para introducir por la puerta de atrás la enseñanza de religión, perpetuando así su histórico control sobre la formación de las nuevas generaciones, ya se pueden dar por vencidos porque han perdido definitivamente la batalla.

Entre los innumerables aspectos positivos que acompañan esta reforma, aunque no formen parte directa de ella, hay que subrayar también la bajada generalizada de las tasas de matrícula, la generosa política de becas que proclama, la desaparición de filtros absurdos y apolillados como las reválidas o el extraordinario esfuerzo que se realizará a partir de ahora para reforzar los programas de apoyo a los alumnos que por sus condiciones o circunstancias especiales los necesiten.

Mención aparte merece el ambicioso programa de construcción de más escuelas, institutos, centros de FP y universidades para dar cabida a la avalancha de alumnos que esta histórica reforma educativa va a propiciar desde los primeros años de su aplicación. Son tantas las nuevas posibilidades que abre al estudio y la formación que los actuales centros no tardarán en quedarse pequeños e insuficientes más pronto que tarde. Todo el mundo podrá estudiar a partir de ahora, sobre todo y en primer lugar los alumnos de familias con menos recursos, y podrán hacerlo, además, en modernas instalaciones equipadas con las últimas tecnologías y con los más avanzados métodos pedagógicos.

Si las escuelas, institutos y universidades de este país tuvieran campanas hoy deberían de estar repicando a gloria tras la aprobación definitiva de la reforma. Por ahora pueden hacerlo en su lugar, y no sin motivos sobrados para ello, las de iglesias y catedrales, ermitas y conventos mientras un coro de voces blancas entona el “Si tú me dices Wert”, himno de alabanza al hombre que sabía que había que “hacer algo con la educación de este país” y lo ha hecho, ¡vaya si lo ha hecho!.

27 de noviembre de 2013

No hay vergüenza en AENA

El diccionario no tiene adjetivos suficientes para calificar el trato que AENA lleva dispensando desde hace más de una década a unos 5.000 vecinos de los barrios cercanos al aeropuerto de Gran Canaria. Todo comenzó a finales de los 90 cuando a algún cerebrito sin nada mejor que hacer se le ocurrió que había que construir una segunda pista. La idea cuajó y se pusieron en marcha los trabajos para redactar planes y proyectos que fueron convenientemente presentados y defendidos por los sucesivos ministros y ministras de Fomento.

Había dinero para llenar el país de aeropuertos y para ampliar los ya existentes. En el caso del de Gran Canaria, la construcción de una segunda pista se justificó en la necesidad de dar respuesta a los millones de turistas que iban a llegar a las islas y que iban a duplicar y a triplicar incluso los que lo hacían por entonces. Sólo que al cerebrito de turno y a los que le siguieron el juego se les pasó por alto un pequeño detalle: los cinco mil vecinos a los que habría que desalojar de sus casas para poder ejecutar aquel megaproyecto, para muchos disparatado por costoso e innecesario.


Cuando unos años más tarde se publicaron los nombres de aquellos cuyas casas serían expropiadas de manera forzosa, los vecinos afectados se pusieron en pie de guerra y exigieron ser realojados. Por fortuna para ellos, las instituciones canarias hicieron causa común con sus reivindicaciones y exigieron de AENA una solución que no pasara por quitarles las casas a precios de miseria sino en función de lo que estableciera el mercado.

AENA pareció entrar en razones y aceptó la firma de un protocolo para el realojo de los vecinos con la colaboración del ayuntamiento de Telde, en donde se ubica la mayoría de los afectados, y el Gobierno de Canarias. A partir de ahí empezó una constante tomadura de pelo a vecinos e instituciones  por parte de AENA que, en donde dijo digo, ha dicho ya varias veces Diego. La firma del acuerdo  se demoraba una y otra vez con una y mil excusas mientras los vecinos seguían sin poder abrir un negocio, construir, vender ni hipotecar sus viviendas sabedores de que nadie querría comprarlas si pesaba sobre ellas la demolición.

Así hasta que, cuando ya todo parecía a punto de resolverse de forma definitiva, AENA ha vuelto a descolgarse con otro plantón que indigna por las formas y por la reiteración en el engaño a vecinos e instituciones canarias. Un día antes de que se firmara el esperado convenio para el realojo de los vecinos en una zona que no afectara a la ampliación del aeropuerto, la empresa pública se ha aferrado a dos sentencias del Supremo que nada tienen que ver con el caso pero que a AENA le bastan y sobran para incumplir la palabra dada.

A ese débil argumento de leguleyo añaden otro del mismo tipo: no se puede hacer frente al realojo porque no se sabe a ciencia cierta cuándo se acometerá la ampliación aunque lo que es seguro es que no será antes de 2025, lo que equivale a decir que se hará por las calendas griegas o cuando las ranas críen pelo. Y mientras, los vecinos tendrán que seguir sufriendo el calvario y el engaño por tiempo indefinido y hasta amenazando con una nueva huelga de hambre para que se cumpla la palabra dada y los compromisos adquiridos.


La realidad no se le escapa a nadie: a alguien en Madrid se le ha encendido la luz y ha caído en la cuenta de que no están las cosas como para invertir una millonada en una obra de esa envergadura antes tan imprescindible, máxime con una privatización aeroportuaria a la vuelta de la esquina; en consecuencia ha considerado que lo mejor es dejarlo para más adelante o para nunca jamás y a los vecinos otra vez en la estacada.

¿Tienen alguna culpa los vecinos? ¿Son ellos los responsables de la imprevisión y doblez con la que han actuado AENA y Fomento? ¿Merecen este trato infame por parte de una empresa pública? ¿Hay solo que “disgustarse”, como dice la muy prudente Delegada del Gobierno en Canarias, o tendrán los vecinos maltratados que encerrarse en la Delegación o plantarse en el Ministerio de Fomento para exigir “por lo penal o por lo civil” que cumplan sus solemnes promesas la actual ministra y sus predecesores en el cargo?

Y ya de paso: ¿es cierto que hay un ministro canario en Madrid, por más señas natural del mismo municipio en el que reside la mayoría de los vecinos afectados y que tiene entre sus funciones hacer de mensajero de grandes ejecutivos del petróleo, o es sólo una leyenda urbana?

26 de noviembre de 2013

Días de vino y queso

En una rueda de prensa  organizada por su peor enemigo de imagen pública y de la que aún debe de estarse arrepintiendo, un apenado presidente de REPSOL dijo hace poco en Canarias que la “mala suerte del ministro Soria es ser natural de estas Islas”. Aludía así Antonio Brufau al amplio rechazo institucional, político y social que han generado en el Archipiélago las formas con las que el ministro decidió nada más llegar al cargo que su tierra natal tenía que convertirse a la fuerza y contra viento y marea en un nuevo Kuwait, sólo que sin chilaba, babuchas ni turbante, y todo ello a mayor gloria de la transnacional presidida por el ejecutivo catalán.

De connivencia entre REPSOL y el ministro nada de nada – dijo Brufau – y el que crea tal cosa que vaya a los juzgados. Puede que no haya tal connivencia en el sentido judicial del término pero que a Soria le ponen las plataformas y los pozos petrolíferos de REPSOL más que a un niño un caramelo parece fuera de toda duda. Lo acabamos de comprobar en las diligentes gestiones realizadas ante los gobiernos de Argentina y México a propósito de la expropiación de YPF a REPSOL por parte del Ejecutivo de Cristina Fernández.

Acabamos de saber incluso que, antes de que anoche y gracias a la mediación de Soria se alcanzara un acuerdo sobre la indemnización que recibirá REPSOL por quedarse sin su codiciado yacimiento argentino de Vaca Muerta, el ministro canario se había entrevistado en México con su homólogo de aquel país al que le entregó una carta escrita de puño y letra por Brufau en la que se recogían sus condiciones para el pacto. En este punto hay que precisar que la vela azteca en este entierro tiene causa en la participación del 10% que la petrolera pública mexicana PEMEX tiene en la española REPSOL y por tanto había que contar con el visto bueno del Gobierno centroamericano antes de cerrar nada con Argentina.

Resuelto felizmente este encargo, Soria se volcó entonces en cerrar el acuerdo definitivo con el Gobierno de Buenos Aires por la expropiación de YPF, lo que al parecer logró anoche y a plena satisfacción de Brufau. La petrolera española recibirá unos 5.000 millones de dólares por la nacionalización de YPF y PEMEX incluso podría entrar en el negocio de la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Todo esto lo ha conseguido Brufau con una simple carta y sin moverse de España ni tener que hacer esos largos y pesados vuelos a México o a Buenos Aires para mantener interminables reuniones a horas intempestivas con presidentes de gobierno, ministros y consejeros delegados.

Un tiempo precioso que pudo emplear, por ejemplo, para darse un salto a Canarias, que queda mucho más cerca y a mano, y dedicarse a evangelizar a los indígenas sobre los beneficios infinitos del oro negro. Gracias a las eficaces gestiones del Ministro de Industria, Energía y Turismo del Reino de España, el presidente de REPSOL se afianza incluso en el puesto ahora que sus socios mexicanos lo tenían enfilado en desacuerdo con su gestión. Un vino de Lanzarote y un queso majorero es lo menos que se merece Soria por sus cumplidas gestiones en beneficio de REPSOL.

25 de noviembre de 2013

Bárcenas nunca militó en el PP

Que la ministra de Sanidad diga como ha dicho hoy que “jamás ha visto contabilidad B en el PP” no debería de sorprender a nadie. Ana Mato tampoco sabía quién pagaba los confetis para las fiestas de cumpleaños de sus hijos, sus viajes de placer o sus coches de alquiler y, por supuesto, vio un Jaguar en el garaje de su casa y tampoco se preguntó nunca si lo habían dejado allí los Reyes Magos u otros reyes sin barba pero con bigote.

Lo que de verdad sorprende – aunque muy poco – es que tampoco sepa nada de las cuentas en b la secretaria del partido, María Dolores de Cospedal. La mano derecha de Rajoy no da crédito alguno al auto del juez Ruz en el que asegura que el PP pagó con dinero negro las obras de remodelación de la sede de Génova. Para empezar, porque el juez habla de “una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas”. ¿Se echó también mano de la contabilidad paralela para los pagos en negro a la propia Cospedal o a Rajoy, entre otros? Tal vez no tardemos mucho en salir de dudas – si es que aún las hay – una vez el juez avance en sus indagaciones.

 
Cuando Cospedal creía en las dimisiones

Ahora bien, no creo que ni siquiera un nuevo auto de Pablo Ruz en el que afirme que el presidente del PP y del Gobierno, María Dolores de Cospedal y otros dirigentes populares recibieron suculentos sobres en b influya mucho sobre el discurso de la secretaria general. Lo suyo es sostenella y no enmendalla en nombre de Rajoy, sople todo lo fuerte que quiera el viento o amenace esa corriente continua de la que habla el juez con provocar una pulmonía letal en quienes se obstinan en negar las evidencias cada vez más palpables del oscuro chiringuito contable en el PP.

De hecho, Cospedal ni siquiera parece reconocer que Luis Bárcenas fue hasta el otro día tesorero del PP y, ya puestos, ni siquiera militó nunca en este partido. ¿Bárcenas? ¿Quién es ese señor? ¿Cómo ha dicho que se llama? ¿Bárcenas? ¡Ah, no! No me suena y no conozco a nadie llamado Bárcenas, debe de ser un error porque en nuestro partido nunca ha militado nadie con ese nombre y si ese señor tiene cuentas poco claras nada tiene eso que ver con el PP. En consecuencia cabe concluir que la reciente retirada de la querella que el PP presentó contra EL PAÍS por publicar los “papeles de Bárcenas” también debe de haber sido un error.

Para el PP, el equivocado en todo este asunto es, sin duda, el juez Ruz, que ve cosas raras en las cuentas de los populares, primorosamente auditadas por el Tribunal de Cuentas y tan transparentes como una mañana de primavera. Y para demostrarlo, el PP le pedirá a la Fiscalía que le vuelva a echar un capote y que revise otra vez la contabilidad y así salimos todos de dudas, malpensados.

Incluidos los que consideramos que Rajoy tenía que haber dimitido hace mucho tiempo porque ha mentido desde el minuto uno de esta escandalosa historia y, lo que es más grave aún, por que mintió cuando a comienzos de agosto dijo solemnemente en el Congreso de los Diputados, adonde acudió casi a rastras, que su partido nunca ha manejado dinero negro. Lo ocurrido con Bárcenas y sus papeles en negro no es un “error”, como recientemente ha dicho Rajoy en una entrevista en radio, sino un delito. Y es precisamente a ese delito al que apunta el juez Ruz en su auto es a lo que tiene que responder políticamente y, en su caso, judicialmente el presidente del Gobierno y su partido ante todos los españoles.

22 de noviembre de 2013

¡Qué suerte vivir aquí!

No somos conscientes los españoles de la suerte de vivir en este país y territorios aledaños ni mostramos el suficiente agradecimiento al partido que nos gobierna desde hace ahora dos años. Sospecho que somos la envidia de medio mundo, porque ¿dónde como en España están garantizadas por los siglos de los siglos la sanidad, las pensiones, la educación, el acceso a la Justicia o las políticas sociales? Ello es posible gracias a una tenaz política de recortes, ajustes y reformas sin las cuales nada quedaría ya.

Agradezcamos pues que la reducción de las partidas presupuestarias a la Sanidad nos haya garantizado un acceso universal y de calidad a un servicio tan esencial. Que lo preste una clínica pública o privada es lo de menos ya que, como sabiamente ha dicho nuestro presidente, lo importante es que “cure rápido”. Mostremos además nuestra gratitud tras los recortes en becas y las subidas de las tasas de matrícula porque, junto a las barreras con alambradas llenas de cuchillas que trae la valiente Ley Wert, conseguirán por fin impedir el paso de los menos pudientes al sistema educativo público; todo ello hará que aquellos jóvenes que no puedan costearse estudios recurran a un mercado laboral que les espera con los brazos abiertos para ofrecerles un empleo de esclavos a tiempo completo. Sin duda, coincidirán conmigo, no hay mejor manera de de garantizar la calidad y la universalidad de la educación que disminuyendo drásticamente el número de estudiantes.
Así serán en el futuro las protestas contra la Ley Wert
El reconocimiento que merece el Gobierno por sus medidas para garantizar servicios y derechos básicos debe extenderse también a la Justicia: desde que a Ruiz – Gallardón se le ocurrió la genial idea de imponer tasas por pleitear el número de pelmazos en los juzgados se ha reducido un 40% y los jueces tienen ahora mucho más tiempo para perseguir la corrupción y los delitos de cuello blanco.

La panoplia de medidas para garantizarnos a todos un futuro lleno de parabienes se completa ahora con una espléndida ley de Seguridad Ciudadana que obligará a quienes quieran manifestarse contra el Gobierno a hacerlo en fila india ante la policía, sin chistar, con las manos en alto y el carné de identidad en la boca. Puede que sean las manifestaciones más surrealistas desde las grandes concentraciones de masas en la madrileña Plaza de Oriente para escuchar a aquel gran orador llamado Francisco Franco, pero ¿y la seguridad que transmitirán a los ciudadanos de ley y orden de toda la vida? ¿y la paz que irradiarán al mundo, que nos verá como un país obediente y respetuoso con sus gobernantes?

Eso sí, ya pueden irse preparando los que no cumplan para pagar las sabrosas sanciones que les esperan, ya sea por asuntos relacionados con la prostitución, porque hayan participado en un botellón o en un escrache, por haber mirado mal a un policía o por una sentada o una protesta frente a algún edificio público sin habérselo comunicado por escrito, en papel oficial y con veinte pólizas a la autoridad competente.

Se va a enterar por fin esa patulea de plataformas de todo tipo, sindicatos y mareas de todos los colores lo que es orden y respeto en este país en donde llevamos demasiado tiempo de relajo y molicie. Como ha dicho también con gran acierto nuestro presidente, la nueva ley “garantiza la seguridad y la libertad de todos”. Exactamente lo mismo que ocurre con los recortes en sanidad, educación o Justicia. Lo dicho: ¡qué suerte vivir aquí!

21 de noviembre de 2013

Indultos a granel

La noticia ha caído hoy como una bomba en la sociedad canaria. El Consejo de Ministros acaba de perdonar la condena de tres años y un día de cárcel al empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. En la sentencia de la que ahora se le indulta, Ramírez fue encontrado culpable de un delito contra la ordenación del territorio al levantar en suelo rústico varias obras (pajarera, pérgola, estanque, aparcamientos, etc.) en su vivienda. El perdón, publicado ya en el BOE, establece como condición que Ramírez derribe las obras ilegales pero éste ya ha dicho que no piensa hacerlo hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que presentó contra la sentencia que le condenó.


Ramírez no es un desconocido para la sociedad canaria y no sólo por su condición de presidente de un histórico del fútbol como la Unión Deportiva Las Palmas, desde hace años entidad netamente privada. Sin embargo, disfruta en exclusiva del Estadio de Gran Canaria, propiedad del Cabildo de la isla, gobernado por el PP, del que también recibe ayudas públicas.

Además, es un activo empresario que aparece incluso como donante de fondos al PP, amén de haber conseguido para sus empresas numerosas adjudicaciones de servicios públicos de instituciones gobernadas por los populares, entre ellas, la seguridad en varias zonas del metro de Madrid. También cuenta con simpatizantes en el mundo de la fiscalía: en junio de 2012 sus empresas patrocinaron unas jornadas jurídicas que dirigió el Fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas. Se da la circunstancia de que Ródenas es el mismo fiscal que debía informar de la petición de indulto del empresario al Ministerio de Justicia, cosa que hizo favorablemente.

Ahora, una conjunción interestelar le ha transmitido la buena nueva: ya no tendrá que ir a la cárcel, el Gobierno le perdona la pena antes incluso de que el Supremo se pronuncie sobre el recurso y sólo tendrá que derribar las obras ilegales e ilegalizables. Esforzándose por disimular su enfado, el Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, ha dicho hoy que “el indulto no aleja la idea del delito”, o dicho en román paladino, el perdón no borra el delito del perdonado.

Cabe subrayar que, junto al indulto de Ramírez, el BOE publica otros 22 perdones, todos de una tacada, de manera que la media anual de indultos otorgados ronda los 500. Estamos pues, ante una suerte de justicia paralela que burla el principio de la separación de poderes – un principio cada vez más en declive – y que el Gobierno, tanto éste como los anteriores, han empleado a discreción y sin motivar las razones de justicia, equidad o utilidad que le llevan a librar a alguien de la pena que le han impuesto los tribunales.

La figura, recogida en la Constitución Española como facultad del Rey previo informe del Consejo de Ministros, reclama una reforma urgente que obligue al menos a motivar con claridad las razones del perdón y delimitar los tipos de delitos que no pueden acogerse a él. Del actual estado de cosas a la arbitrariedad no hay más que un paso y al uso del indulto con fines políticos menos aún.

20 de noviembre de 2013

Rajoy da las gracias

Es llamativa la discreción con la que el Gobierno y el PP han pasado hoy de puntillas sobre el segundo aniversario de su aplastante victoria electoral del 20-N de 2011. Tal vez sea mala conciencia, pero lo cierto es que sólo el presidente Rajoy se ha permitido darnos las gracias por nuestros esfuerzos y asegurar que “ahora las cosas están un poco mejor”. Magro balance, cabe decir, después de dos años de gobierno obsesionado con las reformas estructurales – vulgo recortes y pérdida de derechos - y con hacer todo lo contrario de lo que prometió en las elecciones el partido que lo sustenta.

El forzado agradecimiento del presidente a los españoles ni siquiera se produjo en la tribuna del Congreso o en La Moncloa o, ya puestos, a través de un televisor de plasma al que tan aficionado es Mariano Rajoy. Ha sido en los pasillos del Congreso, entre una nube de cámaras y micrófonos y sin posibilidad – como es marca de la casa – de repreguntar nada, que había prisa para seguir reformando y alegrándonos a todos la vida. Ha dicho también el presidente sin que se le moviera un pelo de la barba y sin que nada indicara que estaba ironizando, que las medidas tomadas por su gobierno han sido "duras y difíciles pero equitativas".


Hagamos somero balance: más allá de que no ha cumplido una sola de sus promesas sino todo lo contrario, decir que la situación del país es hoy, dos años después de las elecciones, un “poco mejor” suena a burla viniendo de alguien que se ha esmerado a fondo en abrir una creciente brecha en la cohesión social del país. Puede, no se lo vamos a negar, que las grandes cifras macroeconómicas pinten un poco mejor que hace dos años pero ni de lejos y con prismáticos eso es consecuencia de una política cuidadosa de que los sacrificios se hayan repartido con equidad, como asegura Rajoy.

Es más, esa política económica de la que tanto alardean el presidente y sus ministros ha sido incapaz de reducir de manera significativa el paro a pesar de su agresiva reforma laboral y sigue sin desatascar el crédito bancario después de los miles de millones de euros de dinero públicos inyectados a la banca que pagaremos todos de nuestros bolsillos. En paralelo, la lucha contra el fraude a la Hacienda Pública brilla por su ausencia después de una vergonzosa amnistía, la anunciada reforma fiscal se ha aplazado al tercer año de la legislatura y la rebaja de impuestos sigue y en el aire. Sólo tal vez con la proximidad de las elecciones de 2015 se atreva el presidente a llevarla a la práctica, siempre y cuando Bruselas se lo permita, a ver si así recupera el terreno electoral perdido durante estos dos últimos años.

Por tanto, la equidad no es una palabra que el presidente debiera emplear de forma tan irresponsable después de dos años de recortes inmisericordes en las relaciones laborales, la sanidad, la Justicia, la educación y las políticas sociales que han castigado con desigual dureza a las clases medias y bajas frente a las altas, aquellas para las que la equidad no significa absolutamente nada y que con la crisis han visto mejorada su posición de forma sustancial.

La sociedad española no necesita que Rajoy le dé las gracias por “los esfuerzos” mientras la pica en la trituradora de su mayoría absoluta para imponer su ideario social, económico y político con iniciativas como la próxima y represiva ley de Seguridad Ciudadana. Lo que necesita es que los responsables de esta crisis paguen por ella y que quienes más pueden arrimar el hombro para salir de esta situación lo hagan. Ni una cosa ni la otra han ocurrido con Rajoy en el Gobierno ni tiene visos de que vaya a ocurrir en los dos años que quedan de legislatura.


Lo que necesita y reclama la sociedad ante la que el presidente se muestra tan agradecido no es un golpecito en la espalda sino medidas firmes y valientes para acabar con la corrupción, empezando por la de su propio partido y continuando por la que ronda a la mismísima Casa Real, dotar de verdadera transparencia a la administración pública, sacar a la Justicia de la lucha partidaria y enfrentar en lugar de rehuir las tensiones territoriales que con su presidencia no han hecho sino agudizarse.

Véase no sólo la situación en Cataluña sino en Canarias, que lleva dos años soportando un castigo reiterado en los presupuestos del Estado y una inusitada presión para que acepte ser la comparsa de los intereses de una compañía petrolera por la única y simple razón de que el PP no gobierna en esta comunidad autónoma.

¿Gracias? ¿Medidas equitativas? ¿Un poco mejor? ¿De qué país es presidente Mariano Rajoy?

19 de noviembre de 2013

Solbes vuelve por Navidad

Sufro de alergia crónica a las memorias con las que de un tiempo a esta parte nos atosigan políticos de toda suerte y condición. Bono, González, Aznar o Zapatero perpetran sus respectivos recuerdos en libros que no suelen pasar de ser flor de un día de platós, redacciones y librerías pero que los ciudadanos suelen sabiamente ignorar salvo que quieran castigar a algún mal amigo por Navidad, santo o cumpleaños. Ni siquiera los historiadores del pasado reciente parecen muy interesados por los recuerdos políticos de quienes escriben desde la cómoda posición de ser juez y parte y contar por tanto sólo aquello que conviene y beneficia a su imagen pública.

De ese estigma no escapa otro libro – uno más – de memorias políticas. Se titula “Recuerdos” – muy original el título, cómo pueden apreciar – y lo firma Pedro Solbes, el otrora poderoso vicepresidente económico con Rodríguez Zapatero. Confieso no haberlo leído y no tener intención alguna de hacerlo. Sin embargo, no he podido evadirme de leer lo que sobre el libro se ha escrito en varios medios o escuchar al propio autor que estos días recorre platós de televisión y estudios de radio en un intento de autojustificación de lo que pudo haber hecho y no hizo cuando la crisis económica que nos acogota ya se oteaba en el horizonte.

Puede que sea la edad o puede que sean sus múltiples ocupaciones como consejero de la eléctrica italiana ENEL, matriz de ENDESA, pero lo cierto es que a Solbes ya se le ha olvidado lo que dijo en su día sobre la burbuja inmobiliaria, la recesión económica o el sistema financiero español. En síntesis, que nada de lo que luego ha ocurrido iba a ocurrir aunque ahora achaque el desastre a una suerte de conjunción astral que llevó al país a la peor crisis de su historia reciente. 

A estas alturas nadie niega que algunas de las causas de la crisis fueron externas pero nadie – ni siquiera Solbes – puede negar tampoco que había factores internos que no se ponderaron adecuadamente o, como dice ahora el ex ministro –, “no se hizo lo suficiente para desactivarlos”, caso de la burbuja inmobiliaria y la desastrosa situación de las cajas de ahorro. En cualquier caso, quien desee ilustrarse a fondo sobre algunas de las frases sobre la crisis que Solbes parece haber olvidado por completo, puede echarle un vistazo a este esclarecedor enlace: http://noticias.lainformacion.com/espana/solbes-donde-dije-digo_PIDX3ppnnIi4iVZb1Modb5/
 
Ahora, Solbes se arrepiente de haber seguido en el Gobierno de la segunda legislatura de Zapatero y afirma haberle envido un documento al presidente en 2009 - con la crisis ya en su apogeo -  con algunas medidas para hacer frente a la situación pero nadie, salvo el propio Solbes, parece haberlo visto nunca. En él, y según su propio relato de los hechos, el ex ministro ya apuntaba maneras con medidas como el abaratamiento del despido que luego Zapatero se vio obligado a aplicar por imposición de los mercados y que el PP ha desarrollado y profundizado con tesón y entusiasmo dignos de mejor causa.

Escuchando o leyendo lo que Solbes dice estos días en las entrevistas, alguien que acabara de llegar a este país después de un largo periodo en el extranjero jamás creería que este señor fue nada menos que vicepresidente económico del Gobierno en los años primeros de una crisis que todo el mundo vio menos él y el gabinete del que formaba parte. Tal vez para eso sirvan las memorias, para intentar borrar o cuando menos ocultar el pasado cuando el pasado es tan digno de olvidar.

18 de noviembre de 2013

¿Quo vadis, Venezuela?

Observando a simple vista lo que ocurre estos días en Venezuela, un pesimista diría que todo lo que es susceptible de empeorar termina empeorando. A menos de un mes para las elecciones municipales del 8 de diciembre, el presidente Maduro está a un paso de conseguir poderes habilitantes para gobernar por decreto durante un mínimo de un año. Si los plazos previstos se cumplen – lo cual no es seguro que ocurra en un país como Venezuela – la Asamblea Nacional le otorgará mañana a Maduro la facultad, por ejemplo, de “prohibir” la inflación por decreto.

No es broma, aunque suene como tal. De hecho, el presidente venezolano parece que se ha inspirado en Robert Mugabe, el presidente de Zimbabue, que adoptó medidas similares cuando la inflación en su país se duplicaba en menos de una hora; después de las medidas se duplicaba cada 15 minutos. Para ir calentando motores, Maduro ya ha adelantado por dónde irán sus medidas contra la inflación, el acaparamiento y la especulación de los comerciantes, males que él atribuye a los taimados imperialistas norteamericanos y a sus cómplices en la burguesía nacional.

Hace poco ordenó a una conocida cadena de electrodomésticos bajar los precios hasta límites “razonables” y el agolpamiento e incluso el pillaje de ciudadanos ávidos de llevarse una nevera o un televisor de plasma gratis o a precios de ganga dio la vuelta al mundo. Ahora, una vez en disposición de ordenar lo que se le pase por su alucinado pensamiento sin necesidad siquiera de pedir autorización a un parlamento copado por el oficialismo chavista, las cosas pueden ponerse aún mucho peor. Por ejemplo, condenando a penas de 30 años, lo máximo permitido en la Constitución Bolivariana que Maduro esgrime a toda hora, a los comerciantes a los que se considere culpables de acaparamiento o especulación con los precios.

Que Maduro está en campaña electoral y que quiere a toda costa borrar la mancha que dejó en su hoja de servicios al chavismo haberle ganado por sólo dos puntos de diferencia al opositor Capriles con el cuerpo del comandante aún caliente, es más que evidente. Sin embargo, que esté a punto de meter al país más de lo que está en una peligrosa espiral de “ordeno y mando” y caos económico, culpando a un imaginario enemigo exterior de todos los males de Venezuela es ir demasiado lejos. La difícil situación el país requiere calma y sensatez y no más populismo hueco ni más alucinaciones presidenciales.

El aumento de la inflación en más del 50% castiga en especial a las clases sociales más desfavorecidas que el chavismo encarnado por Maduro dice defender y el río de divisas que recibe Venezuela de sus exportaciones petrolíferas alimentan una máquina clientelar gigantesca mientras el país tiene que importar el 95% de los productos básicos.

Todo ello en el marco de una desastrosa intervención política en la economía en la que Maduro – a punto de quedarse con las manos libres para gobernar por decreto - parece dispuesto a profundizar sin importarle si con ello empeora la situación. Sus medidas auguran más inflación, más desabastecimiento, más mercado negro, más especulación y más corrupción. Y eso, ni el recién creado Viceministerio para la Felicidad Suprema del Pueblo será capaz de arreglarlo.

15 de noviembre de 2013

De Madrid al vertedero

Así ve eljueves la huelga de basura en Madrid
Mucho me temo que Ana Botella no se va a poder tomar a relaxing cup of café y leche en la Plaza Mayor de Madrid. Supongo que estará hecha unos zorros – la Plaza, digo – al igual que el resto de la capital después de 11 días de huelga de basura. Y lo que es peor, la situación puede empeorar en las próximas horas con un enfrentamiento entre huelguistas y empleados de la empresa pública Tragsa, conminados a hacer de revientahuelgas muy a su pesar. El caos y el hedor ya no sólo se extienden por todo Madrid sino que contaminan sin remedio la penosa Marca España a través de los lacerantes reportajes que han dedicado a esta huelga un buen número de medios de comunicación extranjeros.

Mientras las calles se llenaban de basura y se convertían en una carrera de obstáculos para propios y extraños, la irresponsable alcaldesa circunscribía el asunto a un problema de relaciones laborales entre las empresas adjudicatarias del servicio y sus trabajadores. Con la situación ya enquistada, la alternativa que se le ha ocurrido a esta lumbrera política, cuyos méritos como gestora pública sólo los respalda ser la esposa de Aznar, ha sido tirar de una empresa pública para que le saque las castañas del fuego en un servicio privatizado.

En opinión del PP, para eso deben de servir las empresas públicas como Tragsa, para resolver los problemas que crean las privadas y los políticos incompetentes como Ana Botella. El ayuntamiento, que se supone sigue siendo el titular del servicio por muy privatizado que éste, no hizo el más mínimo intento de mediar al menos en el conflicto y cuando el daño ya estaba hecho y las calles de Madrid llenas de desperdicios se descolgó Botella con un ultimátum que le ha salido por la culata: como era de esperar, empresas y trabajadores no se han puesto de acuerdo y, por tanto, la huelga continúa de manera indefinida.

La apestosa situación que vive la capital trae causa de una privatización temeraria del servicio de recogida de basura que instaba a las empresas a rebajar sus ofertas económicas a cambio de quedarse con el servicio. Consiguió lo que quería pero las empresas adjudicatarios no han tardado en repercutir la rebaja de sus ofertas sobre los hombros de los trabajadores con recortes de salarios y despidos, a los que estos legítimamente se han opuesto. Ahora, Botella se hace de nuevas y asegura que ninguna de las empresas concursantes le advirtió de su intención de bajar sueldo y despedir empleados, algo que las propias empresas se han encargado de desmentir. ¿Acaso creía la sin par alcaldesa que estas filantrópicas empresas acudían al concurso por amor al arte de recoger basura y no por interés económico?

Sinceramente, no me gustaría estar estos días en la piel y en las narices de los vecinos de Madrid, una ciudad admirable que no se merece tener al cargo de sus intereses públicos a alguien que ha demostrado con creces su absoluta incompetencia y ha convertido la capital de este país en un vertedero y en el hazmerreir de España y de medio mundo.

14 de noviembre de 2013

Repsol vende la moto

Antonio Brufau es un señor muy atareado que se suele codear con presidentes de grandes corporaciones, banqueros, megainversores y jefes de Estado o de gobierno. A pesar de su apretada agenda, el presidente de Repsol ha encontrado un hueco para darse un salto a Canarias con el fin de intentar venderles a los indígenas la sospechosa moto de las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Aquí ha venido a decir que el mundo “nos mira atónitos” por la oposición del Parlamento canario, el Gobierno autonómico, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, numerosos ayuntamientos y organizaciones sociales de todo tipo y miles de ciudadanos a su proyecto petrolífero.

Se ha permitido decir incluso que detrás de esa oposición lo que hay son motivaciones políticas y no económicas y ha vuelto a agitar el señuelo de la riqueza en forma de lluvia de millones de dólares y miles de empleos que sus prospecciones generarían en unas islas con más de una tercera parte de la población activa en paro, algo que también ha tenido a gala restregarnos en la cara.

Para redondear la generosa oferta, le ha ofrecido a Lanzarote y Fuerteventura la posibilidad de instalar en esas islas las bases logísticas de los sondeos.  Sobra decir que el señor Brufau está convencido de que un derrame de crudo en un archipiélago con una riquísima biodiversidad marina y que capea malamente la crisis gracias al turismo es poco menos que imposible, que no es lo mismo que completamente imposible. 

En cualquier caso, si por una imprevista conjunción de los astros se produjera un derrame de crudo que inundara de piche las costas canarias desde Fuerteventura a El Hierro, siempre podemos echar mano de algún tribunal comprensivo que nos libre de toda responsabilidad. Véase si no lo ocurrido con la tragedia del Prestige.

Poco o nada deberían sorprendernos estos argumentos dado el énfasis con el que la petrolera y el Gobierno, con el ministro Soria a la cabeza, subrayan las presuntas ventajas económicas del petróleo y desprecian sus riesgos, que para el PP sólo existen en Baleares con los sondeos autorizados allí pero no en Canarias. 
 
También está de más señalar que el presidente de Repsol no ve “connivencia” alguna entre las decisiones de Soria, autorizando las prospecciones nada más llegar al ministerio, y los intereses de su compañía privada. Tal vez por eso Brufau ya se atreve incluso a anunciar a bombo y platillo que los sondeos comenzarán en mayo del próximo año, aunque aún no cuente con los permisos definitivos para ello.

Debe de ser que los ve ya en su bolsillo después de que los centenares de alegaciones presentadas por las instituciones, organizaciones sociales y ciudadanos canarios al Estudio de Impacto Ambiental sean oportunamente desestimadas por el mismo Gobierno cuyo ministro de Industria – como es público y notorio - no ha mostrado el más mínimo interés por los proyectos petrolíferos de su compañía en Canarias.

Si lo que Brufau pretendía hoy con su viaje a Canarias era convencer a quienes legítimamente están en contra de las prospecciones de las bondades y ventajas de un proyecto pensado a mayor gloria y beneficio de la compañía que preside, me temo que ha conseguido el efecto contrario, aumentar el número de los que se oponen.

Empezando por las instituciones canarias, a las que se les acusa de defender intereses políticos y no los sagrados intereses económicos de su compañía y a las que se les pone sobre la mesa un teórico beneficio futuro y a largo plazo a cambio de ablandar el rechazo, lo cual sólo tiene un nombre en el diccionario: chantaje. Y continuando por los miles de ciudadanos a los que se trata como irresponsables ignorantes incapaces de apreciar la riqueza que nos traerá el maná negro del petróleo. En descargo de Brufau hay que poner de relieve que al menos no llamó “gilipollas” a los que se oponen a los sondeos, todo un detalle que le agradecemos.

13 de noviembre de 2013

Prestige: no hay culpables pero pagamos todos

Once años después de la catástrofe y tras nueve meses de juicio, la Audiencia Provincial de La Coruña ha parido hoy un ratón. Una sentencia incomprensible que libera de toda responsabilidad penal a los acusados y sólo impone nueve meses de cárcel al capitán del viejo petrolero por desobediencia, condena que ni siquiera cumplirá dada su avanzada edad. El entonces director general de la Marina Mercante se va a casa con las manos limpias de piche al igual que el jefe de máquinas del petrolero. Tampoco cabía esperar otra cosa de un juicio en el que apenas hubo presencia de las empresas del intrincado entramado del que dependía el buque ni, por supuesto, ninguna autoridad gallega o nacional relacionada con aquella catástrofe ecológica, la mayor sufrida por nuestro país.

Aunque la Fiscalía calcula en más de 4.300 millones de euros los daños de la catástrofe, el fallo deja en el aire las indemnizaciones de un vertido fruto de un cúmulo de decisiones que califica de “legales”, lo que no implica que fueran acertadas. De hecho, para muchos fue un suicidio ecológico el empeño de Francisco Álvarez Cascos, entonces ministro de Fomento, de alejar lo más posible el barco – “hasta el quinto pino “ e incluso hasta Canarias, según relató una abogada en el juicio - con lo que consiguió contaminar a conciencia más de 2.000 kilómetros de costas y cerca de 2.000 playas. Por no hablar de las drásticas y disparatadas intenciones de Federico Trillo, titular de Defensa, que llegó a proponer bombardear el buque.

El descontrol y la ocultación de la tragedia por parte del gobierno de Aznar – éste, por cierto, literalmente ausente durante los primeros días de aquel desastre - alcanzaron tales cotas de irresponsabilidad que el Prestige, una chatarra flotante cargada con 77.000 toneladas de fuel ruso de la peor calidad, estuvo seis días dando vueltas por las costas gallegas y derramando su pestilente y contaminante carga hasta conseguir teñir de negro las costas gallegas y extenderse hasta las francesas.

Después se partió en dos y desde el fondo del mar empezó a soltar “unos pequeños hilitos con aspecto de plastilina” que solidificarían rápidamente, según la ridícula e inolvidable descripción de Mariano Rajoy, entonces vicepresidente del Gobierno de Aznar. Ninguno de ellos ni de los responsables de la Junta de Galicia, con Manuel Fraga al frente haciendo incluso bromas sobre lo que estaba ocurriendo en las aguas y costas de su propia comunidad, merecen ni tan siquiera la más mínima mención o amonestación en esta sentencia.

Los miles de afectados directos, los voluntarios que acudieron de toda España a limpiar las playas y los ciudadanos de este país sentimos hoy que, después de once años de espera y nueve meses de juicio, no se ha hecho justicia, por no decir que se ha cometido una injusticia. Suena a escarnio y a burla que el fallo alabe la rapidez con la que se han regenerado las zonas afectadas por el chapapote como si todo hubiera sido obra de la Naturaleza indomable y no de decisiones humanas erróneas. Echarle la culpa a los fallos de estructura del barco después de reconocer la deficiencia de las inspecciones es como responsabilizar a un árbol por haberse quemado en un incendio.

Si el Supremo, en donde es previsible que se termine ventilando judicialmente este asunto, determina que el Estado es responsable civil por los daños causados no serán ni Álvarez Cascos, ni Trillo, ni Rajoy, ni Aznar, ni por supuesto las empresas relacionadas con el barco las que paguen la factura. La pagaremos todos de nuestros bolsillos y, lo que es aún peor, no podremos tener la seguridad de que una catástrofe similar no se repita en cualquier momento.

12 de noviembre de 2013

El cambalache de la política canaria

En cuestión de días, la política canaria se ha dislocado por completo. Los pactos saltan por los aires, llueven las mociones de censura y arrecian los ofrecimientos de acuerdos de gobierno. De locos. Cuándo empezó realmente el disloque no es fácil saberlo, pero augurar que este momento llegaría justo cuando acabamos de atravesar el ecuador de la legislatura tampoco era muy complicado. Resultaría prolijo y cansino enumerar los movimientos de ficha política de las últimas horas con partidos que se alían para desbancar del poder a fuerzas con las que gobiernan en otros ayuntamientos, cabildos o comunidad autónoma.

En el tótum revolútum en el que se ha convertido la vida política canaria, encontramos al PSOE aliado con el PP contra CC en el Cabildo de La Palma a pesar de gobernar el primero con el tercero en la comunidad autónoma. Todo ello, menos de veinticuatro horas después de que Rubalcaba proclamara  que “el PSOE ha vuelto” y trazara las líneas rojas que deben separar a los suyos de los populares como el agua del aceite.

Por su parte, los populares no desaprovechan comba para poner una pica en aquellas instituciones en las que huelan debilidad del gobierno de turno y en los que ellos estén en la oposición. Ocurre así en el cabildo palmero, en donde CC se había quedado en minoría después de que la presidenta nacionalista desalojara a los socialistas del poder en una decisión de la que se lamentará durante mucho tiempo. Los desalojados se la han cobrado en forma de moción de censura con el apoyo entusiasta del PP y poco o nada parece importarles haber sido expulsados del PSOE y que el partido – ahora gobernado por una gestora – se haya dado un tiro, más que en el pie, en el corazón.

A renglón seguido y casi el mismo día, el PP ofrece un pacto de gobierno a CC en el Cabildo de Lanzarote, en donde los nacionalistas no saben qué hacer con dos consejeros díscolos que se niegan a acatar la disciplina de partido y tienen al pacto con el PSOE al borde del infarto. Huele a moción de censura también en la tierra de los volcanes y a un vuelco político en ayuntamientos como Arrecife o Teguise. Y así, casi hasta el infinito.

El revuelto panorama dispara todo tipo de especulaciones sobre el futuro del pacto CC-PSOE en la comunidad autónoma, aunque no parece que la marea llegue tan alto. Nacionalistas y socialistas, cada uno con sus serios problemas internos, se necesitan desesperadamente para acabar juntos la legislatura, por más que en las filas de los primeros haya quienes no verían con malos ojos un acuerdo con el PP a ver si así detienen el martillo pilón en el que se ha convertido el Gobierno de Rajoy para las Islas. Es precisamente ese trato y la espiral de desafectos entre el presidente Rivero y el ministro Soria el que, a fecha de hoy, hace muy improbable esa opción.

Lo cierto es que la política muestra estos días su peor cara en las Islas, aquella que menos tiene que ver con los problemas y demandas de los ciudadanos. Rencillas personales, venganzas políticas, maniobras electorales, estrategias de desestabilización, indisciplina y deslealtad conforman un coctel político de difícil digestión y escasa ejemplaridad ante unos ciudadanos atónitos por no decir asqueados. Como en el tango, da lo mismo ser derecho que traidor, todo vale y nada importa si el objetivo es el sillón, la alcaldía o la presidencia de alguna institución, grande, pequeña o mediopensionista. Tratándose de alcanzar las mieles del poder el socio de ayer es el enemigo a batir de hoy y el enemigo de ayer es el amigo de hoy.

Luego, todo se adorna y justifica con palabrería hueca sobre el interés general de los ciudadanos, la difícil situación socioeconómica de este o aquel municipio o isla y la responsabilidad suprema del partido providencial llamado a salvarnos de la miseria y el abandono en el que nos tenían sumidos los anteriores gobernantes. Esto ocurre en un archipiélago con una tasa de paro del 35%, con un tercio de la población en riesgo de exclusión social y con unos elevados índices de fracaso escolar.

Un ingenuo exigiría que todas las fuerzas políticas estuvieran aunando esfuerzos para resolver esos y otros muchos problemas de esta sociedad en lugar de andar poniéndose zancadillas o cobrándose agravios. Sin embargo, los que ya hemos superado la edad de “todo el mundo es bueno” nos conformaríamos al menos con que no nos tomaran por tontos.

11 de noviembre de 2013

Vuelve el PSOE y sigue Rubalcaba

Exultantes están hoy los socialistas, por lo menos los dirigentes del partido, después de que Alfredo Pérez Rubalcaba proclamara ayer urbi et orbe que “el PSOE ha vuelto y es imparable”. Menos lobos, dirán algunos y tendrán razón. Mucho le falta aún al PSOE para asegurar que "ha vuelto" y que “es imparable”. Desde luego, de la Conferencia Política del fin de semana no se desprende esa sensación por muy comprensible y legítima que pueda ser la voluntad del líder de arengar a los suyos para que levanten de una vez el ánimo y se echen a las calles a mezclarse con las plataformas y los movimientos ciudadanos que llevan años batiéndose el cobre en solitario, antes incluso de que el PP llegara al Gobierno.

Y es ahí en donde falla el chute de euforia que Rubalcaba ha querido inyectarle a los suyos, en la autocrítica. Claro que difícilmente puede haber tal cosa en alguien que formó parte de un Gobierno que tuvo el dudoso honor de inaugurar los recortes que ahora le atribuye en exclusiva al PP, si bien es verdad que la derecha ha profundizado y perfeccionado aquella política que Zapatero ya aplicó en mayo de 2010 “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”. Y vaya si le costó a él y a su partido: la travesía del desierto le está costando.


Pero lejos de mirarse al espejo y reconocer que ya no es el líder que el PSOE necesita si de verdad aspira a ser “imparable”, Rubalcaba parece haber optado por seguir liderando la organización con la que se estrelló en las últimas elecciones más por deméritos propios que por méritos ajenos. Ahora anuncia su vuelta sin aclarar adónde se había ido ni por qué y lo hace con una amalgama de propuestas en donde hay de todo un poco pero, sobre todo, cosas ya muy oídas y cosas que el PSOE no hizo cuando gobernó: una profunda reforma fiscal, el blindaje de los servicios básicos, la regeneración a fondo de la vida pública, la democratización interna de las fuerzas políticas o la revisión de los acuerdos con la Iglesia Católica; por no hablar de las tensiones territoriales de las que en buena medida es responsable el PSOE y sobre las que la Conferencia Política ha pasado de puntillas para no empañar la foto de la unidad.

Aunque Rubalcaba ha conseguido aplazar por algún tiempo el debate sobre primarias en las que él parece listo para volver a competir, el balance del cónclave del fin de semana es a todas luces insuficiente como para proclamar con tanto énfasis que “el PSOE ha vuelto y es imparable”. Para que tal cosa ocurra hacen falta auténticas ideas de renovación y cambio, autocrítica y una amplia democratización interna que no pasa sólo por el hecho de que cualquier ciudadano pueda votar en las próximas primarias.

Y, a partir de ahí, alguien que no sea rehén de su pasado y con el carisma y la credibilidad necesarias para recuperar los vínculos rotos con el decepcionado electorado socialista. Las frases redondas pueden ser garantía de titulares muy gordos en los medios de comunicación pero no atraen confianza ni votos por sí solas.

8 de noviembre de 2013

Rubalcaba recibe

Rubalcaba tiene invitados este fin de semana a comer. A grandes rasgos, los comensales pueden dividirse en dos grupos. De un lado los que van a comer de su mano y de su plato y de otro los que van comerle el terreno político, ya bastante mordisqueado. Los primeros ven en él al hombre llamado a volver a enfrentarse a Rajoy en las elecciones de 2015 y que digan misa las encuestas del CIS “adobadas con mucho picante”, según chispeante frase del propio Rubalcaba. Creen que, a pesar de cuatro ministerios, una vicepresidencia y 20 años de diputado, en Rubalcaba aún hay fuerzas suficientes para otro embate electoral con la derecha rampante y sin nadie capaz de decirle zape por ahora.

Enfrente están los hombres y mujeres que ya no ocultan sus aspiraciones y que, después de meses de perfil, ahora quieren mirar de frente. Ahí están Patxi López, Susana Díaz, Pagés o Carme Chacón, ésta última con ganas de enjugarse por fin aquellas lágrimas apenas contenidas de la última contienda entre ambos y a la que Rubalcaba le ha dirigido un piropo envenenado: “Inteligente. Bueno, es un poco excesivo. Tenaz”.

Luego están los que añaden candela al fuego, caso de Felipe González, que nada se juega porque está de vuelta de todo pero que disfruta como un niño travieso repartiendo tortas bendiciones a partes iguales. El ex presidente emula a Aznar y le mete el dedo en el ojo a su aventajado discípulo Rubalcaba: “Es la mejor cabeza política de España, pero tiene una crisis de liderazgo”. Y a renglón seguido remata con un golpe de derecha: “Con Rajoy no hay crisis de liderazgo porque nunca lo tuvo”.

Con estos estimulantes prolegómenos comienza hoy en Madrid la Conferencia Política del PSOE en la que la dirección no quería ni oír hablar de primarias sino de ideas, pero en la que es mucho más probable que se hablé más de las primeras que de las segundas. Hacen un esfuerzo los responsables de la Convención para adelantarnos algunas de las iniciativas que piensan poner en práctica nada más desalojar a Rajoy de La Moncloa y reiteran que es el momento de recuperar el terreno perdido y resucitar la moribunda socialdemocracia en vez de ponerse a debatir ya sobre nombres para liderar esta contraofensiva por la izquierda.

Va a ser que no y, en ese caso, el PSOE volverá a perder otra oportunidad para convencer a los ciudadanos de que una vez de vuelta al poder en el Gobierno nacional sabrá qué hacer para que este país recupere los niveles de bienestar que, con la excusa de la crisis, ha deteriorado hasta límites insospechados la derecha ultraliberal. Es cierto, como dice Felipe González, que Rubalcaba sufre una crisis de liderazgo, pero es más cierto aún que la verdadera crisis, la que más debe preocupar al PSOE, es la de las ideas para hacer frente a cuestiones de tanto peso como las tensiones territoriales, el desafecto político, la corrupción, el deterioro de los servicios esenciales o a la pérdida de soberanía a mayor gloria de los mercados y sus agentes.

Ilusionar de nuevo al electorado con un proyecto político coherente, a la altura de las exigencias de los tiempos, capaz de encontrar sinergias en la sociedad  sin perder las señas de identidad y nítidamente diferenciado del de la derecha es su gran reto. Si al final todo se sustancia de nuevo en una batalla por el sillón de mando ni siquiera hará falta ponerle pimienta a las encuestas, ni pimienta ni sal.

7 de noviembre de 2013

Curazao, tierra de piratas

Admito que tenía dudas sobre por dónde caía Curazao, no sabía muy bien si por el Índico o el Caribe. Habrá que achacárselo a la perversa LOGSE aunque, por suerte, ahí está la Wikipedia para paliar tanto fracaso escolar – José Ignacio Wert dixit. Descubro así que Curazao está en el Caribe y que se independizó de Holanda en 1966. Sus playas son de finísima arena blanca y aguas cristalinas de color turquesa y son famosos sus licores de vivos tonos. Se habla allí un idioma local, el papiamentu, pero también holandés, inglés o español, dado el origen multicultural de su población.

Curazao, el Paraíso Perdido
Puede que fuera este detalle idiomático lo que hizo que varios empresarios y directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo eligieran Curazao para gastarse el dinero ahorrado después de muchos años de esfuerzos y servicios a clientes y accionistas. Lástima que el juez Gómez Bermúdez, que investiga el agujero de la CAM, haya decidido que, antes de viajar a tan paradisiaco lugar, tal vez deban pasar una temporada a la sombra de una prisión española para que luego, y en su caso, el bronceado bajo las gráciles palmeras de Curazao luzca en todo su esplendor.


Desde luego, si logran salir con bien de esta, tendrán dinero más que suficiente para terminar sus días a la sombra de los cocoteros bebiendo cócteles de ron o uno de esos licores de colorines. Dice Gómez Bermúdez que entre los exdirectivos y empresarios con ellos conchabados a los que podría enviar al solárium colectivo de la prisión, amasaron en total unos 31 millones de euros y defraudaron más de 40 a la Hacienda Pública, y eso solo a través de operaciones inmobiliarias en el Caribe, dónde si no.

El juez sólo les imputa delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida, evidentemente pecata minuta. La CAM es una de las perlas cultivadas más brillantes del collar de chorizos que adorna a la banca española desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. La Caja de Ahorros del Mediterráneo, otro juguete roto del PP valenciano como la radiotelevisión autonómica, fue intervenida por el Banco de España en julio de 2011 y se supo entonces que el agujero de sus cuentas superaba los 1.100 millones de euros.

Eso no le impidió comprarle dos días después a la Generalitat valenciana pagarés por 200 millones de euros al 4,75% y es que, los negocios son los negocios. Del mismo modo, no dudó en financiar megalómanos proyectos del PP valenciano como la Ciudad de las Artes de Valencia, la Ciudad de la Luz en Alicante o Terra Mítica, el chasco de todos los chascos. 

Sus directivos, entre los que se encuentra uno de los que Gómez Bermúdez sospecha que tenía hecho el petate para largarse a Curazao, se pagaron generosas prejubilaciones por importe de casi 13 millones de euros pocos días antes de la intervención del Banco de España. Mientras, los miembros del Consejo de Administración silbaban mirando al tendido y cobraban 1.000 euros por asistir a reuniones en las que ni veían ni oían ni hablaban. Tal vez solo pensaban en Curazao, en sus viejas leyendas de piratas y en la botella de ron.

6 de noviembre de 2013

Otro mal día para el periodismo

 Hoy es un mal día para el periodismo de este país, otro más y ya van unos cuantos. Siempre lo es cuando cierra un medio de comunicación, sea público o privado. Si como en el caso del Canal Nou valenciano es público, además de repercutir negativamente sobre la pluralidad informativa de la que debe hacer gala cualquier sociedad democrática que se precie, tiene efectos perniciosos sobre la cohesión social y el fomento de la identidad cultural de un territorio, sea este el que sea. En este caso es Valencia, cuya ley de creación de la radio televisión pública ponía precisamente el acento en el respaldo de unos valores que no cabe esperar defiendan las empresas privadas con el mismo alcance y dedicación que los medios públicos. 

Ahora todo eso ha saltado por los aires y el detonante ha sido un chapucero expediente de regulación de empleo que no es que la Justicia haya rechazado por defectos formales, sino que ha anulado directamente. Llama la atención tanta incompetencia y lleva a preguntarse si lo que buscaba el Gobierno valenciano no era precisamente una excusa como la del fallo judicial para echar el cierre definitivo alegando que no puede hacer frente a los costes derivados de la readmisión de los trabajadores afectados. Ni la posibilidad de recurrir el fallo parece haber barajado.

El presidente Fabra sacaba pecho esta mañana y presumía de que antes de cerrar un hospital cierra la radiotelevisión autonómica. Ni una palabra de autocrítica, ni un leve mea culpa sobre la desastrosa y despilfarradora gestión que ha hecho el PP de un medio de comunicación que durante dos décadas ha sobredimensionado y endeudado a placer y en su exclusivo beneficio político y que ahora abandona como un juguete ya inservible para sus fines. Se trata del mismo partido que predica austeridad y aboga por cerrar todas las televisiones autonómicas del país, “chiringuitos” como despectivamente las llaman algunos dirigentes populares que, antes de escupir al aire, deberían de tener cuidado de que no les caiga en la cara.

Ahora son los trabajadores los que pagan con sus empleos tanto desmán durante tanto tiempo y después de que sus alternativas para salvar el medio aunque fuera a costa de grandes sacrificios salariales fueran rechazadas unas tras otras. Viendo a los compañeros de Canal Nou tomando casi a la desesperada el control de la parrilla me han venido a la memoria los periodistas de la radiotelevisión pública griega, atrincherados en los estudios tras ser sacrificados también en aras de la austeridad suicida impuesta por el mismo rampante ultraliberalismo que hoy aplaude con las orejas el cierre de otro medio de comunicación y el despido de centenares de trabajadores.

No me cabe la menor duda de que la práctica totalidad de los periodistas de este país hacemos piña hoy con los compañeros de la radiotelevisión pública valenciana frente a quienes, después de hundirla en deudas a mayor gloria de sus ambiciones políticas, ahora pretenden encima hacerse pasar por sus heroicos sepultureros.

5 de noviembre de 2013

Wertgüenza torera

Si José Ignacio Wert tuviera un ápice de vergüenza torera – a él que tanto le gusta la “fiesta nacional” – a esta hora ya no sería el ministro de Educación de este país. Desautorizado en toda regla por su partido y su Gobierno tras la ignominiosa faena de las ayudas Erasmus que no ha tenido más remedio que anular, otro con algo menos de soberbia política que la que él está acostumbrado a exhibir tendría que haber presentado su dimisión irrevocable o haber sido destituido de forma fulminante. Pero no le pidamos peras al olmo de la Moncloa ni a Dios lo que Salamanca no presta; no esperemos por tanto que una reculada como la que hoy ha protagonizado Wert alcance sus últimas consecuencias con su salida inmediata del Ministerio.

El cornúpeta del Gobierno, siempre tan manso y dócil con las reivindicaciones de la Conferencia Episcopal pero tan fiero e intratable frente a las protestas de toda la comunidad educativa y de la oposición en peso, ha vuelto a dejar a su partido y al Gabinete del que forma parte a los pies de los caballos ante toda la opinión pública del país. Merecido se lo tienen el PP y el Gobierno por poner algo tan sensible como la educación en las manos de un político tan pagado de sí mismo que se permite chulerías como la de las becas Erasmus. 

Su decisión de dejar sin esas ayudas para completar estudios en el extranjero a los estudiantes que no hayan obtenido una beca general del Ministerio tiene todos los agravantes de la nocturnidad y la alevosía. No sólo porque firmara el decreto el mismo día en el que la inmensa mayoría de la comunidad educativa de este país protagonizaba una huelga general en la enseñanza contra su reforma, sino porque lo ha hecho a sabiendas de que los alumnos desplazados al extranjero ya contaban con la beca y, sin ella, la mayoría no tendría más alternativa que regresar a casa. Suena a algo así como “se van a enterar estos de quien es el ministro Wert”.


Queda ahora en el aire saber qué pasará con esas ayudas para el curso siguiente, algo que Wert no ha aclarado en su reculada de hoy aunque cabe temerse lo peor si para entonces sigue al frente del Ministerio. En ese caso, puede que ni siquiera haya becas de estudio propiamente dichas dado su empeño en restringir a toda costa el acceso a la educación en igualdad de oportunidades de los estudiantes con menos recursos y reservar las ayudas públicas para quienes en realidad no las necesitan.

En la filosofía de este ministro la igualdad de oportunidades es un concepto de quita y pon a conveniencia: cuando se trata de becas generales con las que paliar la carencia de recursos para estudiar, las convierte en un premio a la excelencia académica; sin embargo, si se trata de favorecer a los estudiantes con mejor expediente dándoles la oportunidad de completar su formación en otro país a través del programa Erasmus, entonces sí apela a la igualdad de oportunidades pero para quitárselas a quiénes más se las merecen.

El dislate ha sido de tal envergadura que ni el PP y el Gobierno han podido digerirlo, que ya es decir. Así que no cabe hablar de rectificación en la marcha atrás de Wert: esa es una virtud sólo reservada a los sabios que, además, piden disculpas y asumen responsabilidades por sus errores. En este caso sólo estamos ante un miura cegado contra todos los que osen agitar una pancarta en su contra y que seguramente no tardará mucho en volver a topar.

4 de noviembre de 2013

Y los notarios comieron perdices

Conmueve la obsesión del ministro de Justicia por descargar de trabajo a los juzgados y tribunales de este país. Primero fueron las tasas judiciales que concitaron la oposición frontal de todos los estamentos jurídicos y que – según revela un reciente informe del Consejo General de la Abogacía – ya han disuadido a un buen número de ciudadanos de pleitear. 

Ahora llegan las bodas y divorcios ante notario, previo pago de 95 euros, y la tramitación de herencias o testamentos ante los registradores de la propiedad. Dice Ruiz Gallardón que todo esto permitirá desatascar los juzgados y uno se pregunta por qué no refuerza el personal al servicio de la Administración de Justicia si tanto le preocupa el atasco. 

A notarios y registradores la noticia les debe haber sonado a regalo navideño adelantado, ahora que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria tiene a muchos de ellos casi mano sobre mano y con la cuenta corriente sin engordar adecuadamente. Hay quien ve en la medida de Ruiz-Gallardón un primer paso hacia la privatización final de la Justicia ya que, si bien son funcionarios públicos, las retribuciones de estos fedatarios proceden de las tasas que pagamos los ciudadanos a cambio de sus onerosos servicios. Sólo así cabe entender que el ministro cuele en su reforma de la Jurisdicción Voluntaria las bodas y los matrimonios, que nada tienen que ver con ella sino con asuntos judiciales en los que no hay controversias entre las partes.

De momento – sólo de momento – los que deseen casarse o divorciarse de mutuo acuerdo y siempre que no haya hijos menores de por medio, también lo podrán seguir haciendo gratis en la inmensa mayoría de los ayuntamientos, en el juzgado o en la iglesia; o convertirse en pareja de hecho sin más gasto ni papeleo. La pregunta es por qué va a querer alguien casarse o divorciarse ante notario y pagar 95 euros del ala por algo que puede hacer de forma gratuita. Es aquí en donde surge la sospecha de que, con su obsesión por aligerar de trabajo a juzgados y concejales y alcaldes celestinescos, termine el ministro otorgando a los notarios la exclusividad de unir lo que antes sólo podían unir los curas.

Con la totalidad de la tarta en manos únicamente de notarios y registradores, nada impediría entonces que “los módicos” 95 euros terminen subiendo como el champán y haya que acabar abonando hasta el arroz, la música y el disfraz de Elvis, llegado el caso. Pero no empañemos con augurios pesimistas el feliz acontecimiento: los notarios están muy contentos y suponemos que los registradores de la propiedad también, ya que el Gobierno que propone esta ley está presidido por uno de sus más preclaros colegas que ni siquiera ha hecho amago de inhibirse en un asunto que atañe directamente a su gremio. Así, todos, notarios y registradores, serán felices y comerán perdices.