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No hay vergüenza en AENA

El diccionario no tiene adjetivos suficientes para calificar el trato que AENA lleva dispensando desde hace más de una década a unos 5.000 vecinos de los barrios cercanos al aeropuerto de Gran Canaria. Todo comenzó a finales de los 90 cuando a algún cerebrito sin nada mejor que hacer se le ocurrió que había que construir una segunda pista. La idea cuajó y se pusieron en marcha los trabajos para redactar planes y proyectos que fueron convenientemente presentados y defendidos por los sucesivos ministros y ministras de Fomento.

Había dinero para llenar el país de aeropuertos y para ampliar los ya existentes. En el caso del de Gran Canaria, la construcción de una segunda pista se justificó en la necesidad de dar respuesta a los millones de turistas que iban a llegar a las islas y que iban a duplicar y a triplicar incluso los que lo hacían por entonces. Sólo que al cerebrito de turno y a los que le siguieron el juego se les pasó por alto un pequeño detalle: los cinco mil vecinos a los que habría que desalojar de sus casas para poder ejecutar aquel megaproyecto, para muchos disparatado por costoso e innecesario.


Cuando unos años más tarde se publicaron los nombres de aquellos cuyas casas serían expropiadas de manera forzosa, los vecinos afectados se pusieron en pie de guerra y exigieron ser realojados. Por fortuna para ellos, las instituciones canarias hicieron causa común con sus reivindicaciones y exigieron de AENA una solución que no pasara por quitarles las casas a precios de miseria sino en función de lo que estableciera el mercado.

AENA pareció entrar en razones y aceptó la firma de un protocolo para el realojo de los vecinos con la colaboración del ayuntamiento de Telde, en donde se ubica la mayoría de los afectados, y el Gobierno de Canarias. A partir de ahí empezó una constante tomadura de pelo a vecinos e instituciones  por parte de AENA que, en donde dijo digo, ha dicho ya varias veces Diego. La firma del acuerdo  se demoraba una y otra vez con una y mil excusas mientras los vecinos seguían sin poder abrir un negocio, construir, vender ni hipotecar sus viviendas sabedores de que nadie querría comprarlas si pesaba sobre ellas la demolición.

Así hasta que, cuando ya todo parecía a punto de resolverse de forma definitiva, AENA ha vuelto a descolgarse con otro plantón que indigna por las formas y por la reiteración en el engaño a vecinos e instituciones canarias. Un día antes de que se firmara el esperado convenio para el realojo de los vecinos en una zona que no afectara a la ampliación del aeropuerto, la empresa pública se ha aferrado a dos sentencias del Supremo que nada tienen que ver con el caso pero que a AENA le bastan y sobran para incumplir la palabra dada.

A ese débil argumento de leguleyo añaden otro del mismo tipo: no se puede hacer frente al realojo porque no se sabe a ciencia cierta cuándo se acometerá la ampliación aunque lo que es seguro es que no será antes de 2025, lo que equivale a decir que se hará por las calendas griegas o cuando las ranas críen pelo. Y mientras, los vecinos tendrán que seguir sufriendo el calvario y el engaño por tiempo indefinido y hasta amenazando con una nueva huelga de hambre para que se cumpla la palabra dada y los compromisos adquiridos.


La realidad no se le escapa a nadie: a alguien en Madrid se le ha encendido la luz y ha caído en la cuenta de que no están las cosas como para invertir una millonada en una obra de esa envergadura antes tan imprescindible, máxime con una privatización aeroportuaria a la vuelta de la esquina; en consecuencia ha considerado que lo mejor es dejarlo para más adelante o para nunca jamás y a los vecinos otra vez en la estacada.

¿Tienen alguna culpa los vecinos? ¿Son ellos los responsables de la imprevisión y doblez con la que han actuado AENA y Fomento? ¿Merecen este trato infame por parte de una empresa pública? ¿Hay solo que “disgustarse”, como dice la muy prudente Delegada del Gobierno en Canarias, o tendrán los vecinos maltratados que encerrarse en la Delegación o plantarse en el Ministerio de Fomento para exigir “por lo penal o por lo civil” que cumplan sus solemnes promesas la actual ministra y sus predecesores en el cargo?

Y ya de paso: ¿es cierto que hay un ministro canario en Madrid, por más señas natural del mismo municipio en el que reside la mayoría de los vecinos afectados y que tiene entre sus funciones hacer de mensajero de grandes ejecutivos del petróleo, o es sólo una leyenda urbana?

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