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Y los notarios comieron perdices

Conmueve la obsesión del ministro de Justicia por descargar de trabajo a los juzgados y tribunales de este país. Primero fueron las tasas judiciales que concitaron la oposición frontal de todos los estamentos jurídicos y que – según revela un reciente informe del Consejo General de la Abogacía – ya han disuadido a un buen número de ciudadanos de pleitear. 

Ahora llegan las bodas y divorcios ante notario, previo pago de 95 euros, y la tramitación de herencias o testamentos ante los registradores de la propiedad. Dice Ruiz Gallardón que todo esto permitirá desatascar los juzgados y uno se pregunta por qué no refuerza el personal al servicio de la Administración de Justicia si tanto le preocupa el atasco. 

A notarios y registradores la noticia les debe haber sonado a regalo navideño adelantado, ahora que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria tiene a muchos de ellos casi mano sobre mano y con la cuenta corriente sin engordar adecuadamente. Hay quien ve en la medida de Ruiz-Gallardón un primer paso hacia la privatización final de la Justicia ya que, si bien son funcionarios públicos, las retribuciones de estos fedatarios proceden de las tasas que pagamos los ciudadanos a cambio de sus onerosos servicios. Sólo así cabe entender que el ministro cuele en su reforma de la Jurisdicción Voluntaria las bodas y los matrimonios, que nada tienen que ver con ella sino con asuntos judiciales en los que no hay controversias entre las partes.

De momento – sólo de momento – los que deseen casarse o divorciarse de mutuo acuerdo y siempre que no haya hijos menores de por medio, también lo podrán seguir haciendo gratis en la inmensa mayoría de los ayuntamientos, en el juzgado o en la iglesia; o convertirse en pareja de hecho sin más gasto ni papeleo. La pregunta es por qué va a querer alguien casarse o divorciarse ante notario y pagar 95 euros del ala por algo que puede hacer de forma gratuita. Es aquí en donde surge la sospecha de que, con su obsesión por aligerar de trabajo a juzgados y concejales y alcaldes celestinescos, termine el ministro otorgando a los notarios la exclusividad de unir lo que antes sólo podían unir los curas.

Con la totalidad de la tarta en manos únicamente de notarios y registradores, nada impediría entonces que “los módicos” 95 euros terminen subiendo como el champán y haya que acabar abonando hasta el arroz, la música y el disfraz de Elvis, llegado el caso. Pero no empañemos con augurios pesimistas el feliz acontecimiento: los notarios están muy contentos y suponemos que los registradores de la propiedad también, ya que el Gobierno que propone esta ley está presidido por uno de sus más preclaros colegas que ni siquiera ha hecho amago de inhibirse en un asunto que atañe directamente a su gremio. Así, todos, notarios y registradores, serán felices y comerán perdices.

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