"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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16 de enero de 2014

Barco a Cádiz

El mismo día en el que Mariano Rajoy y Paulino Rivero enterraban el hacha de guerra en La Moncloa, el Ministerio de Fomento le hacía otra de las suyas a Canarias. Ese mismo día, 8 de enero por más señas, publicaba el ministerio de Ana Pastor el concurso para adjudicar la obligación de servicio público en la línea marítima que une las Islas Canarias con Cádiz. En él se prevé que las compañías navieras que se presenten sólo tendrán la obligación de realizar escalas en el Puerto de La Luz (Las Palmas de Gran Canaria) y Santa Cruz de Tenerife. Lanzarote, Fuerteventura y La Palma quedan excluidas de esa obligación de servicio público, en contra de lo que el verano pasado había prometido a las autoridades canarias el director general de Marina Mercante.

Las consecuencias de esa decisión son fáciles de prever: los fletes que tendrán que pagar los empresarios de estas tres islas por exportar sus producciones al territorio peninsular se encarecerán considerablemente si para llegar a Cádiz tienen que pasar primero por Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife; en sentido contrario, la importación de productos para el abastecimiento de Lanzarote, Fuerteventura o La Palma sufrirá un encarecimiento similar que terminarán pagando los ciudadanos de esas tres islas en el precio de la cesta de la compra.

En otras palabras, excluirlas del concurso de obligación de servicio público tiene evidentes consecuencias negativas sobre su competitividad, con la que el Gobierno español le gusta llenarse la boca. Cualquiera puede comprender que la lejanía y la insularidad de Canarias con respecto al territorio peninsular son factores negativos para las empresas y los ciudadanos de este archipiélago, agravado en el caso de las islas no capitalinas, que no pueden quedar al albur de decisiones empresariales. Así lo ha entendido, admitido y valorado la Unión Europea a través del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica, aunque parece que en el ministerio de Fomento aún lo desconocen.

Si las navieras no mantienen con esos puertos una frecuencia de escalas suficiente y estable porque no les compensa en sus cuentas de resultados, sólo quedan dos opciones: condenar a esas islas al aislamiento – valga la expresión – o poner sobre la mesa los recursos suficientes para situarlas en pie de igualdad con el resto del territorio nacional. La primera de las opciones es la que ha elegido Fomento en este concurso, incumpliendo así sus propias promesas.

Las razones aún no las ha explicado el ministerio aunque el plazo para que las navieras presenten sus ofertas acaba el próximo lunes: el director general de Marina Mercante no sólo no habla sino que ni siquiera responde a las llamadas que desde hace días se le hacen desde Canarias.

Por tanto, sólo queda hacer alguna conjetura sobre los motivos que han llevado a Fomento a excluir a esas tres islas del concurso. Una puede ser que en el ministerio aún deben creer que Canarias son sólo un par de islas, las capitalinas y para de contar, y no ocho. O puede que los responsables del concurso estudiaran en su juventud con la Enciclopedia Álvarez en la que Canarias aparecía en un recuadrito debajo de Baleares. ¿Estando tan cerca de Cádiz como están las Islas Canarias en ese mapa, qué necesidad hay de gastarse dinero en ellas cuando tantos kilómetros de AVE quedan por hacer?

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