Si nada lo remedia – y a fe que habrá poderosos recursos para remediarlo – la infanta Cristina descenderá el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la rampa que da acceso a los juzgados de Palma de Mallorca. Allí la esperará el juez José Castro para interrogarla en calidad de imputada por blanqueo y delito fiscal en el llamado “caso Nóos”, el instituto “sin ánimo de lucro” con el que su esposo Iñaki Urdangarín obtenía dinero público que luego desviaba hacia empresas pantalla como Aizoon, cuya propiedad compartía al 50% con su esposa, quien a su vez y según el fiscal no se enteraba de nada de lo que hacía su ejemplar consorte ni de dónde sacaba para tanto como aparentaba.
El auto de imputación – 227 folios de minucioso desglose de las andanzas fiscales de la hija del rey – se ha conocido sólo tres días después de que el Jefe de la Casa Real – que es como decir el mismo rey – se quejara amargamente en una entrevista del “martirio” que está suponiendo la larga duración del proceso y uno después de que el mismo Jefe del Estado diera muestras más que evidentes de fatiga y auturullamiento durante la lectura del discurso con motivo de la Pascua Militar. En este punto cabe recordar las palabras que con mucha mayor desenvoltura pronunció el propio rey en su discurso navideño de 2011, cuando subrayó aquello tan comentado luego de que la “Justicia es igual para todos”. Siendo así, al menos en teoría, no se comprende la razón por la que la causa que afecta al yerno del rey y ahora también a su hija iba a resolverse antes que la que pueda afectar a cualquier otro mortal pero de sangre roja.
Sobre todo si, como ha denunciado el propio juez instructor, ni la policía ni la Agencia Tributaria – con aquel vodevil en torno a los DNI de la familia real - no han mostrado precisamente una excesiva diligencia a la hora de poner en su mesa la documentación que había reclamado para determinar si la infanta había hecho méritos para la imputación. Por no mencionar el papelón de la Fiscalía en todo este largo proceso, recurriendo el primer auto de imputación y adelantando su rechazo al segundo mucho antes de que se produjera. Lo extraño es que a esta hora aún no haya anunciado que recurre también este segundo auto del juez Castro, aunque no tardaremos mucho en confirmarlo.
Con el Ministerio Público y la Abogacía del Estado actuando de hecho como abogados defensores de la infanta y no como defensores del bien y el interés público, no son pocas las dudas sobre la posibilidad de que, efectivamente, el próximo 8 de marzo la infanta Cristina descienda la misma rampa que ya recorrió en su día Iñaki Urdangarin rodeada de cámaras y micrófonos y cegada por los flashes de los fotógrafos.
Entre las argucias a las que probablemente se agarren las defensas de hecho y de derecho de la infanta figura la llamada “doctrina Botín”, bendecida por el Tribunal Supremo, que impide abrir juicio oral cuando ni la Fiscalía ni el supuestamente perjudicado – en este caso la Hacienda Pública – no sólo no lo han pedido sino que se han opuesto.
Que en las cañerías del Estado están trabajando en estos momentos a pleno rendimiento para volver a dejar al juez Castro compuesto y sin imputación es algo de lo que hasta el más ingenuo puede estar seguro. Sin embargo y por ahora, la segunda imputación de la infanta extiende en lugar de concluir el “martirio” del que se queja el Jefe de la Casa del Rey, siempre tan respetuosa con las decisiones judiciales. Y ello en un momento en el que arrecia el debate sobre la conveniencia de la abdicación de alguien que cada día que pasa al frente de la Jefatura del Estado sólo contribuye a emborronar un poco más una hoja de servicios hasta hace algún tiempo bastante presentable.
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