"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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27 de febrero de 2014

Montoro tiene un problema

Al ministro Montoro le ha caído hoy la del pulpo y un marrón del que aún no se sabe muy bien cómo saldrá: podría tener que devolver unos 13.000 millones de euros que le pueden hacer un boquete de considerables dimensiones en las cuentas públicas y a los ciudadanos uno más grande aún en nuestros bolsillos. Dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el llamado “céntimo sanitario” que se aplica en España desde 2002, cuando gobernaba Aznar y España iba bien, es una suerte de aberración fiscal. Dice también que se ha venido aplicado de mala fe porque en reiteradas ocasiones Bruselas había advertido al Gobierno español de que el impuesto de marras vulneraba el derecho comunitario y hasta le abrió un expediente a nuestro país por ese motivo. 

Como quien oye llover, España lo siguió aplicando hasta el año pasado cuando, atisbando el revés judicial que se avecinaba, lo incluyó en los impuestos sobre hidrocarburos, algo que debió de haber hecho desde un primer momento. Primero fue la administración central la que lo aplicó y después, con la llegada de la crisis, se fueron animando las comunidades autónomas de todos los signos políticos con el visto bueno del Gobierno central. Sólo cuatro, entre ellas Canarias por su régimen fiscal diferenciado, no sucumbieron a la tentación de obtener unos millones de recaudación extra a costa del bolsillo de los consumidores con la excusa de destinarlos a costear la sanidad pública, algo que está por ver si hacían o no.

Esa es la parte que el Tribunal rechaza: no se puede establecer un impuesto sobre los hidrocarburos si su recaudación no guarda alguna relación específica con ellos. Lo cierto es que no faltan argumentos en contra y a favor de que se cobre un impuesto sobre los combustibles para destinarlo a financiar un servicio público como la sanidad. Los que lo rechazan coinciden con la sentencia conocida hoy y consideran injusto que transportistas o taxistas tengan que contribuir en mayor cuantía que otros ciudadanos al sostenimiento de servicios públicos como el de la sanidad. 

Los que lo apoyan subrayan, por ejemplo, que contribuye a que todos los ciudadanos podamos disfrutar, con el permiso de Ana Mato, de una sanidad pública de calidad. Y añaden que la polución o los accidentes de tráfico también generan importantes gastos en los servicios sanitarios. 

En cualquier caso, la sentencia es firme y obliga expresamente a España a devolver el dinero indebidamente recaudado con este sistema, unos 13.000 millones de euros. Es ahí en donde empieza ahora el problema. Las comunidades autónomas ya hablan de pasarle la factura a Montoro y el ministro minimiza los daños y asegura que no será tanto, como mucho unos 4.000 millones. Ya veremos cuánto es porque hay que tener en cuenta que un impuesto indebidamente cobrado prescribe a los cuatro años y, sobre todo, que Hacienda seguramente pedirá hasta el certificado de buena conducta a quienes osen solicitar que se les devuelva el dinero sisado con el famoso céntimo sanitario.

Es verdad que Montoro tiene un problema pero, como tenga que devolver los 13.000 millones de euros, los españoles vamos a tener más de uno.

25 de febrero de 2014

Los mercados bien, gracias

Soy Rajoy, el que esta mañana se presentó en el Congreso y mandó a parar la crisis: se acabó, no más crisis, lo peor ha pasado. Y todo gracias a mí, aunque en mi natural modestia me esté mal decirlo. Toca ahora crecer, ya somos un país en el que se puede confiar, en el que los inversores invierten a manos llenas y al que las grandes agencias de calificación le suben la nota de la fiabilidad. Ya podemos cantar victoria, ya no vemos una débil y parpadeante luz al final del túnel. Ahora lo que vemos es una luz cegadora y llena de esperanza que nos guiará por la senda de la recuperación definitiva hasta la victoria (electoral) final. Las cifras macroeconómicas son espectaculares, se nos empieza a considerar “la segunda Alemania” y eso son palabras más que mayores. 

Nuestras reformas funcionan y dan resultados, a la vista están. Eso no quita para que mantengamos el pulso, la hoja de ruta, porque aún queda mucho por hacer para que este país haga honor de verdad a la marca España. Y lo haremos, no les quepa la menor duda. Cogimos un país endeudado y al borde del rescate y lo hemos puesto de nuevo en pie. Hoy nos aplauden los grandes inversores, el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que son los que saben. Es verdad que aún nos piden más esfuerzos, reformas y recortes. En eso estamos, porque necesitamos consolidar este extraordinario milagro de sacar al país de su peor crisis y hacerlo en solo dos años, casualmente los que yo llevó al frente del Gobierno que Dios y los electores guarden mucho tiempo.

Y para que vean que aprecio los sacrificios de los españoles, me voy a permitir dos pequeños regalos, nada importante ni ostentoso. Voy a permitir que las empresas que empleen nuevos trabajadores con contrato fijo puedan disfrutar de una tarifa plana de 100 euros en la Seguridad Social. Puede que esto anime a muchas empresas a despedir a sus actuales trabajadores y contratar otros nuevos para ahorrarse unos euros en la Seguridad Social, pero a mí me maquillan de lo lindo las cifras del paro. Puede también que se me descuadre aún más la caja de la Seguridad Social pero ya se le ocurrirá algo a Fátima para solucionarlo. 

También me voy a permitir un pequeño regalo fiscal ahora que tengo algunas urgencias electorales: el mínimo exento de pagar el IRPF subirá a 12.000 euros, lo que seguro alegrará a unos 12 millones de españoles. Es verdad que cuando subí los impuestos después de prometer que los bajaría le apliqué la subida a todo el mundo y ahora la rebaja sólo beneficiará a una parte de los damnificados y dejará la presión fiscal por encima del nivel en el que la encontré cuando llegué a La Moncloa. Espero al menos que los que se van a beneficiar aprecien el gesto y me tengan presente en sus oraciones y, sobre todo, en las urnas. Con eso me conformo.

Me reprocha la insaciable oposición que he ocultado que tenemos un millón de parados más desde que estoy en La Moncloa y escamoteo la caída continua de la población activa, que la reforma laboral ha sido la herramienta perfecta para la destrucción de empleo, que he abaratado los salarios, me he cargado la clase media y ni siquiera he mencionado el fracaso clamoroso de la reforma eléctrica o que los bancos siguen guardando el crédito bajo siete llaves después de todo el dinero público que hemos metido en ellos. 

Me critican que no haya aludido a que España es el segundo país con más desigualdades sociales de la Unión Europea, que crezca la pobreza y la exclusión social, que la corrupción campe a sus anchas en mi propio partido y que mis ministros de Educación, Sanidad o Justicia trabajen con prisa y sin pausa para demoler la educación y la sanidad pública, cargarse el consenso social sobre el aborto y poner barreras económicas para acceder a la Justicia.

La verdad, creo que todo es falso salvo algunas cosas que están ahí. Aunque, en realidad, yo de esos asuntos no entiendo y por tanto no opino, así que se las dejo a mis ministros en los que confío plenamente. A mí lo que me ponen son Merkel y las grandes cifras macroeconómicas y por eso hoy puedo lanzar un mensaje claro y contundente de esperanza a la sociedad española: los mercados bien, gracias.     

24 de febrero de 2014

Marruecos tiene la culpa

La portavoz del PP canario ha encontrado la perfecta explicación para justificar el apoyo inamovible de su partido en las Islas y el de su jefe de filas, José Manuel Soria, a las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Para María Australia Navarro, la razón no es otra que el hecho de que Marruecos también lo está buscando y – cabe concluir – si lo encuentra antes que nosotros se beneficiará de él y los canarios habremos perdido una oportunidad histórica de amarrar los perros bardinos con los chorizos de Teror que nos prometió hace unos meses el presidente de REPSOL.

La portavoz popular ignora el parecer de los geólogos quienes aseguran que, de existir petróleo en esas aguas, se acumularía en bolsas diferentes. También pasa por alto que, hasta ahora al menos, los intentos de Marruecos para encontrar crudo en sus aguas han resultado infructuosos y que el propio ministro Soria – travestido en los últimos tiempos de portavoz de REPSOL - ha reconocido que las posibilidades de encontrarlo en aguas canarias es del 20%. Estos argumentos no parecen tener suficiente peso para que el PP canario reconsidere su obsesiva pasión petrolera digna de un fin mucho más elevado que el de hacer oposición al Gobierno de Canarias y desdeñar el parecer de la mayoría de la población de las islas a la que, encima, se le piensa negar la posibilidad de pronunciarse en referéndum sobre este asunto.

Así que, en la línea de sostenella y no enmendalla, Navarro ha intentando explicar de este modo tan poco convincente las razones por las que su partido - suponemos que es el mismo - hace piña con el resto de la sociedad en Baleares y Valencia contra los sondeos, mientras en Canarias es la única fuerza política que los apoya sin plantearse la más mínima duda sobre los efectos de un vertido en el turismo, el medio ambiente y el abastecimiento de agua potabilizada. Sostener y defender que hay que hacer prospecciones en Canarias porque el vecino de enfrente también las hace y no pararse ni por un momento a considerar el riesgo para la principal fuente de riqueza de este archipiélago y para su población es cuanto menos irresponsable, por no decir suicida.

Todo hace indicar que las multitudinarias manifestaciones del fin de semana en Baleares y Castellón contra las prospecciones en el Mediterráneo, apoyadas en ambos casos por el PP, han vuelto a coger a los populares canarios con el pie cambiado. Aunque si algo debe de haber descalabrado por completo la línea de flotación del argumentario del PP canario son las declaraciones de nada más y nada menos que el responsable de Estudios y Programas del partido. Vino a decir Esteban González Pons, hombre de mucho peso en la dirección nacional del PP, que probablemente haya petróleo en el Golfo de Valencia. Sin embargo, a diferencia de la insistencia con la que sus correligionarios de Canarias reiteran que hay que saber por lo menos si hay petróleo en aguas de estas islas, González Pons ni siquiera desea confirmar la sospecha porque si efectivamente se descubre crudo en esa zona del Mediterráneo alguien querrá explotarlo y entonces “adiós al turismo”

Según esa vara de medir, cabe concluir que sólo en el Golfo de Valencia hay riesgo de vertidos y, por tanto, hay que parar las prospecciones como sea y salvaguardar el turismo y el medio ambiente. La misma curiosa vara de medir de los populares establece al mismo tiempo que en Canarias los sondeos son una actividad sanísima y exenta de riesgos de cualquier tipo para nuestro principal sector económico, para el rico ecosistema marino y para el abastecimiento de agua de la población. Eso sí, si se produjera un vertido – Dios no lo quiera – siempre tendríamos a mano a Marruecos para echarle la culpa.

21 de febrero de 2014

Kit dijo no (lo sé)

Un monumento con una calculadora en la mano merece como poco el periodista que a buen seguro tuvo que dedicar gran parte de la tarde de ayer a contar los “no lo sé”, “no lo recuerdo”, “no lo sabía”, “no tengo conocimiento” y “no me consta” que pronunció la infanta en su histórica declaración del pasado día 8 ante el juez Castro. En total 550 evasivas a preguntas claras y directas del juez, de las que cuatrocientas fueron “no lo sé”, que colocan a toda una alta ejecutiva de una señera entidad financiera de mucho ringo rango a la misma altura que la mítica tonta del bote.

Tengo para mí que lo que sufrió la infanta el día de autos fue un violento ataque de amnesia que le impidió acordarse de nada que pudiera relacionarla con los negocios de su esposo, de los que por supuesto nunca habla con él en casa. De vulgaridades como el dinero sólo se habla en casa de quienes no lo tienen o les escasea, pero no en el domicilio de una familia modelo como la que forman ella, su marido, sus niños y demás parientes reales. 

Cristina no sabe qué es Aizoon, no sabe a qué se dedicaba, no presidió ninguna junta universal del chiringuito, no sabe quién entraba y salía en las oficinas de la empresa a la que su marido desviaba el dinero que le sacaba a las administraciones públicas a pesar de que, casualmente, estaban en su propio domicilio. ¿Aizoon, dice usted? Me suena a desodorante, señoría. 

Cristina no sabe nada de cuentas ni de impuestos, eso lo deja en manos de sus asesores en los que confía tanto como en su confiable esposo que por algo la llama Kit cuando no hablan de negocios, que es casi nunca. ¿Cómo no vas a confiar en alguien que te llama Kit? Y Nóos, señoría, me suena a chocolatina y ni idea de sí existía una empresa con ese nombre y si tenía alguna relación con el desodorante Aizoon. ¿Y dice usted que yo tenía el 50% del tal desodorante? Mejor le pregunta a mi marido porque yo tengo que confiar ciegamente en alguien que me llama Kit y, la verdad, no me acuerdo de nada. 

Cristina, como buena ama de casa y mamá responsable sólo se ocupaba “de los niños”, de sus deberes y sus médicos, pero “no recuerdo” haberle cargado a Aizoon la compra de unos simpáticos libros de Harry Potter o la nómina de un animador para el cumpleaños de uno de ellos. ¿Clases de merengue con cargo a Aizoon, dice? No me acuerdo y tampoco si las recibió mi marido. 

Y es que de “los gastos” se encargaba su marido, aunque Cristina tal vez quiso decir “de los ingresos”. Igual, en medio del ataque de amnesia que sufría confundió una cosa con la otra, algo muy comprensible. Tampoco sabía que su padre, por casualidad el rey, le había pedido a su esposo que se alejara de la caja pública porque ella, con su progenitor tampoco “habla de negocios” ¡qué grosería!. Eso sí, como buena y cumplidora hija le devolverá en cuanto la situación económica mejore y crezcan los brotes verdes que anuncia Rajoy el préstamo de 1,2 millones de euros -¿o donación? - que le hizo su padre para la compra de Pedralbes. 

-Ahora en serio, señora: ¿actuaba usted como una especie de escudo fiscal de su marido para espantar a Hacienda? 
-¡Pero qué dice usted, señoría! ¡Nunca hubiese aceptado que se me hubiera utilizado como escudo fiscal, nunca, no me consta y casi me ofende señoría! Y sepa, además, que aunque mi marido me llame Kit yo no me llamo Cristina y no soy infanta. ¡Habrase visto! ¡Hasta ahí podíamos llegar!

20 de febrero de 2014

Venezuela se tensa

Venezuela está de nuevo en el ojo del huracán pero ahora con las tornas al menos algo cambiadas, con la oposición en las calles protestando por la inseguridad, la carestía y el desabastecimiento y el chavismo a la defensiva. La situación se está tornando explosiva, mientras aumenta por días el número de muertos en las manifestaciones de protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El presidente, que gobierna con plenos poderes por acuerdo de la Asamblea Nacional, toma la deriva de la radicalización y si hace solos unos días amenazó con sacar el ejército a la calle, eso es justamente lo que acaba de hacer en el Estado Táchira, en la frontera con Colombia. 

Allí ya patrullan las tanquetas de los militares intentando refrenar las protestas que se extienden como reguero de pólvora por todo el país. Maduro está en horas bajas y lo sabe. Su retórica grandilocuente para consumo del oficialismo más fiel, su cansino discurso contra Estados Unidos y el “golpe de Estado en curso”, parece encontrar dificultades hasta para convencer a los suyos que, como el resto de los ciudadanos, también sufren la escasez de productos básicos, las colas interminables ante los supermercados para obtener harina para las arepas y los precios desorbitados, con una inflación rondando el 60%, una de las más altas del mundo. 

Es cierto que la oposición está en la calle pero se adivinan grietas entre las formaciones políticas que la integran. Enrique Capriles, el último candidato opositor a Maduro ante el que perdió por un escaso margen de diferencia, ha cedido terreno ante Leopoldo López, que con su gesto perfectamente estudiado de entregarse a la policía por su presunta implicación en las manifestaciones que le costaron la vida a tres manifestantes, ha conseguido centrar sobre él todas las miradas de los venezolanos y de la comunidad internacional.

Y sobre todo, ha conseguido reactivar las esperanzas de la ciudadanía que no comulga con el chavismo representado a trancas y barrancas por su heredero designado Nicolás Maduro. Capriles ha pasado a representar un discurso reiterativo y poco eficaz frente al chavismo y López es la sabia nueva y una retórica reividincativa fresca que ha conseguido poner a Maduro en estado de guardia. Con mucho tiento y el máximo respeto tendrá la gubernamental justicia venezolana que gestionar su arresto si quiere evitar caldear aún más los ánimos entre sus seguidores. 

Lo que vaya a dar de sí y hasta dónde llegará esta revuelta en las calles venezolanas nadie puede preverlo. Lo deseable y, sin duda, lo mejor para evitar una deriva de consecuencias imprevisibles en Venezuela, sería el diálogo y el acuerdo entre gobierno y oposición. Es en realidad lo que demanda el país: acuerdo y colaboración para hacer frente a problemas como el de la gravísima inseguridad pública, los precios astronómicos y el desabastecimiento. Desde luego, no es sacando militares a las calles como se resuelven esos problemas ni como se respeta la libertad de expresión y la imprescindible separación de poderes. Frente a las protestas, diálogo y soluciones, nunca fuerza bruta. 

19 de febrero de 2014

Consejos para tener cuenta en Suiza

Ya me hubiera gustado, ya. Pero no, yo no tengo una cuenta en Suiza, se pueden quedar tranquilos Montoro y Rajoy. Nunca he sido alcalde ni tan siquiera de mi casa y mucho menos he tenido un banco de inversiones, aunque ya me advirtió mi madre de que con el periodismo nunca podría ser una persona de provecho. Tendría que haberle hecho caso, pero ya es tarde. Lo mínimo que se exige para abrir una cuenta en Suiza y acumular en ella uno, dos o veintidós millones de euros – para empezar - es ser alcalde de algún pueblo como Valdemoro que, como todos saben, cae por donde Pinto. Claro que si se es tesorero del PP las posibilidades de que la cuenta o cuentas crezcan y engorden con salud son infinitamente mayores.

El proceso para tener una cuenta en Suiza es muy sencillo siempre y cuando se cumpla el principal requisito, además del de ser alcalde, senador, tesorero o empresario: tener dinero que queramos ocultar de la codiciosa vista del fisco. Si esa condición indispensable se cumple, solo es necesario darse un salto cualquier fin de semana al país del chocolate con leche con la excusa del esquí y abrir una cuenta en alguno de los numerosos chiringuitos financieros que allí hay. Por los trámites en la frontera no hay motivo de preocupación, basta con poner cara de tener el hígado forrado para que nos dejen entrar sin ponernos restricción alguna sobre la sagrada libre circulación de euros. Hecho el trámite regresa uno a España con cara de satisfacción y alivio, como el que se ha quitado un peso de encima, y continúa con su ejemplar vida pública de probo adalid del interés general. 

Entre viaje y viaje a Suiza mueve uno algunos hilos políticos para ascender en la pirámide del poder y en pocos años se puede pasar de alcalde de Valdemoro a secretario del partido gobernante en la comunidad autónoma de uno y, de ahí a consejero autonómico de algo sustancioso y con presupuesto que gastar, no hay más que un paso. Hacemos otro viaje a Suiza, movemos unos cuantos hilos más y damos el salto al Senado. La cosa va muy bien pero, como en la cámara alta no hay mucho que hacer, podemos dedicar una buena parte de nuestro tiempo a despotricar en las tertulias del tea party castizo contra esa izquierda menesterosa que llevaba a España por el camino de la ruina, y menos mal que hemos llegado nosotros para salvarla y etc., etc.

Sin un día – Dios no quiera que llegue nunca ese momento – un juez aburrido descubre en una investigación de rutina nuestro secreto suizo y se lo comunica a las autoridades de nuestro país, lo primero y más importante es reaccionar con absoluta normalidad. Como la presión mediática y política para que nos expliquemos será insoportable durante mucho tiempo, habrá que tener algunas respuestas preparadas y ensayadas de antemano. Lo primero es tener redactado un comunicado en el que dejemos bien claro que todo es mentira, “salvo algunas cosas que están ahí”, sin más precisiones.

Ni por la cabeza debe pasarnos dimitir: además de poner en cuestión nuestra inocencia le haríamos un daño irreparable a la marca España que, como es sabido en todo el mundo, tiene entre sus principales atractivos que este es un país en el que la Constitución y las leyes prohíben dimitir a un político pillado con las manos en la masa. Al mismo tiempo, si nos atracan los periodistas responderemos que siempre hemos pagado nuestros impuestos religiosamente y que el dinero suizo es fruto de nuestro abnegado y honrado trabajo en el sector privado.

No debemos nunca olvidar este mantra elemental, nos pregunten lo que nos pregunten los periodistas, los adversarios políticos, el fiscal o el juez, llegado el caso. En definitiva, todo se reduce a aplicar a rajatabla aquella sabia máxima del jefe de filas: ser fuerte y resistir. Ya ven que no es tan complicado tener cuenta en Suiza. ¡Cómo me arrepiento de no haberle hecho caso a mi madre!

18 de febrero de 2014

El lobby del cemento

Menos de una semana después de que el Gobierno de Canarias anunciara su intención de pedir autorización al Ejecutivo central para celebrar una consulta popular sobre el petróleo, el ministro José Manuel Soria anunció que la Ley de Turismo de Canarias tendrá que pasar por el filtro del Tribunal Constitucional. Resulta difícil no ver una relación directa entre los dos anuncios: el ministro, cogido a contrapié por la inesperada petición del Gobierno de Canarias, respondió de inmediato con un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley que solo rechaza una parte del empresariado de Gran Canaria y su cabildo, gobernado casualmente por el PP, y que ha hecho lo imposible por presentar el asunto como un nuevo episodio del pleito insular. 

El anuncio del recurso se produce, además, cuando las negociaciones entre los dos gobiernos, el autonómico y el central, para evitar la judicialización de la norma aún no han concluido y cuando había indicios de que el acuerdo era posible. Soria ha preferido no darle una oportunidad a la negociación y ha optado por impulsar un recurso que puede abrir un escenario de máxima incertidumbre entre los inversores y congelar los cerca de 2.000 millones de euros que las principales entidades financieras del país se han comprometido a poner sobre la mesa para acometer la urgente rehabilitación de la planta alojativa canaria más obsoleta. 

De hecho, muchas de las inversiones ya en marcha pueden enfrentarse a una situación por completo imprevista si el Gobierno central, además de recurrir la ley, solicita también la suspensión cautelar de su aplicación. Por no hablar de la avalancha de peticiones de licencia para construir hoteles de cuatro estrellas que podrían presentarse al día siguiente de la suspensión. De modo que los argumentos esgrimidos por el ministro para justificar el recurso – facilitar la inversión que, a su juicio, la ley obstaculiza – pueden terminar volviéndose completamente en contra de ese objetivo. 

Afirma el ministro que la Ley de Turismo de Canarias es inconstitucional y vulnera la normativa comunitaria de liberalización de servicios. Ignora una vez más que la ley no impide construir nuevos hoteles de cuatro estrellas, como demandan los empresarios grancanarios y el cabildo de la Isla, siempre y cuando se vinculen a la renovación. Lo que sí prohíbe es consumir más suelo del que ya se ha destinado de manera desenfrenada a la construcción de  hoteles y apartamentos, como pretenden los empresarios bajo el argumento de que los establecimientos de cuatro estrellas tienen una fuerte demanda turística. 

Sin embargo, es precisamente ahora cuando descubren una relación entre las cuatro estrellas y el número de turistas – por lo demás discutible - y no cuando se volcaron en levantar complejos de apartamentos y bungalows, muchos de los cuales ofrecen una penosa imagen del destino turístico. La ley ni impide ni obstaculiza ni coarta la inversión, solo la orienta hacia un objetivo concreto y plausible: la rehabilitación de una planta hotelera que necesita remozarse desde hace años y que una vez tras otra se ha venido posponiendo. 

Seguramente, aquellos que si pudieran alicatarían las laderas y montañas de las islas con adefesios urbanísticos para atraer turistas estarán de enhorabuena con este recurso que, por otro lado, se veía venir desde hacía meses dado el entusiasmo con el que se han empleado contra la ley los empresarios amigos del cemento y el cabildo de Gran Canaria.

El propio Soria había amagado y presionado con el recurso desde el instante mismo en que ambos gobiernos se sentaron a una mesa para intentar salvar sus diferencias. El anuncio de que la ley irá al Constitucional demuestra que Soria nunca ha querido ni creído en ese acuerdo y que su objetivo ha sido siempre tumbar una norma que juega en contra de intereses económicos demasiado poderosos como para no ser tenidos en cuenta.

17 de febrero de 2014

La culpa no es de los muertos

Con tantas versiones encontradas y modificadas sobre la marcha no es sencillo hacerse una idea cabal de las causas que acabaron con la vida de 15 inmigrantes que intentaban ganar a nado la ciudad de Ceuta. Sin embargo, la deplorable actuación del Ministerio del Interior y sus explicaciones contradictorias llevan a sospechar que oculta mucho más de lo que dice. Empezando por las grabaciones de las casi 40 cámaras de seguridad que recogieron el momento en el que los inmigrantes intentaron ganar la ciudad española nadando a través de la playa del Tarajal. A las peticiones de la oposición para que esas grabaciones se hagan públicas de manera íntegra ha respondido el Gobierno con una explicación cuanto menos pueril y poco creíble, que las cámaras no graban de forma permanente. 

Lo único que ha hecho público el Ministerio del Interior es una grabación editada en la que se muestra a los inmigrantes lanzando piedras contra los agentes de la Guardia Civil, excusa perfecta para intentar culparlos de todo lo ocurrido, incluidas las 15 muertes en el agua. Llama la atención que la fiscalía de Ceuta no moviera un dedo hasta ahora para solicitar unas grabaciones que pueden arrojar mucha luz sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, sobre las causas de la muerte de estos inmigrantes y, en consecuencia, ayudar a depurar posibles responsabilidades en lo ocurrido. Con las cintas en manos de la fiscalía el Gobierno tendrá ahora una coartada perfecta para no entregárselas a la oposición alegando que el asunto está bajo investigación judicial.


Que el Gobierno no ha dicho toda la verdad y ha intentado desviar la atención hacia los inmigrantes lo corroboran las versiones diametralmente opuestas que dieron al respecto el delegado del Ejecutivo en Ceuta y el director de la Guardia Civil, ambos aún en sus respectivos puestos a pesar de haber mentido de forma palmaria a la opinión pública. En donde aquellos aseguraron que la Guardia Civil no empleo material antidisturbios en el agua mientras los inmigrantes nadaban hacia Ceuta, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, vino a decir justo todo lo contrario en el Congreso de los Diputados. Eso sí, aseguró que se puso mucho cuidado en que las pelotas de goma que los agentes disparaban sobre el agua – algo expresamente prohibido - cayeran a varios metros de los inmigrantes. La causa por la que 15 de ellos se ahogaron no la explica el ministro quien, sin embargo, también admite que se dispararon incluso cartuchos de fogueo para disuadirlos. 

Todo hace suponer que las órdenes eran impedir a toda costa – incluso saltándose la normativa – que los inmigrantes entraran en Ceuta y que ni siquiera pisaran territorio español. Socorrerlos si estaban en apuros, atenderlos adecuadamente y aplicarles en su caso la Ley de Extranjería parece que no formaba parte de esas instrucciones. Porque, aunque el ministro no lo diga, la hipótesis más plausible es que el uso irregular de pelotas de goma y balas de fogueo en el agua asustó a los inmigrantes y provocó el ahogamiento de los que no sabían nadar. A todo ello añádase la devolución “en caliente” a Marruecos de aquellos que consiguieron ganar territorio español, algo que vienen denunciando las ONGs desde hace años y que Interior también niega a pesar de la existencia de imágenes que demuestran lo contrario. 

Con la Unión Europea presionando para que se aclaren los hechos – aunque tampoco está la pasiva Bruselas para muchas exigencias ante el fenómeno de la inmigración – no puede el ministro del Interior despachar este asunto con una explicación a todas luces incompleta. La vida de estos 15 inmigrantes no era menos valiosa que la de cualquier otro ciudadano por el hecho de jugársela en busca de un futuro mejor en Europa. Lo ocurrido en Ceuta exige asunción de responsabilidades políticas inmediatas y una investigación judicial a fondo que aclare lo sucedido. Y si con sus medios no puede España hacer frente a la presión de la inmigración debe cuanto antes recabar el apoyo de la Unión Europea y de Marruecos para atacar las causas del problema: la pobreza extrema en los países de procedencia de la inmigración y las mafias que sacan tajada de la desesperación. Intentar culpar a los muertos de su propia desgracia es además de inútil, cínico. 

14 de febrero de 2014

Revuelto a la italiana

Para preparar esta sabrosa, olorosa y creativa receta se necesitan unos cuantos políticos de diferentes tendencias y distintos niveles de madurez y ambición. Lo primero que nos hace falta es un político al dente, vagamente de izquierdas pero de color más bien gris marengo y con aire de profesor despistado; vamos, alguien que no se lo crea y que por sí mismo no tenga la suficiente presencia como para convertirse por mucho tiempo en el centro de atracción de esta creativa composición culinario-política o político-culinaria, que tanto monta, monta tanto. 

Con mucho cuidado, procurando no dañar el frágil producto, lo colocamos de primer ministro del país sin necesidad de pasarlo por el baño de las urnas. Este es un paso opcional que se puede dar si hay tiempo y ganas pero que no desmerece en nada el resultado final si nos lo saltamos alegremente. Para darle un poco de volumen al plato lo situamos de pie en posición precaria en el centro y lo apuntalamos con mucho cuidando con la ayuda de unos cuantos políticos que habremos tenido macerando durante años en una espesa solución de vinagre rancio y que pocharemos a conciencia en su propio jugo hasta conseguir una salsa oscura, untuosa y olorosa. El vinagre de la marca “Berlusconi” es ideal para darle a la receta todo su sabor y aroma peculiares. Una vez hayamos conseguido el milagro de plantar a nuestro político en el centro de esta inestable arquitectura política, lo rodeamos de un buen número de otros de su misma o similar tendencia de modo que parezca que aspiran a derribarlo para ocupar su lugar de honor en el plato. 

Entre ellos, uno debe de sobresalir frente a los demás para hacer suficiente contrapeso ante los que habíamos macerado en vinagre y que poco a poco se irán marchitando por los ácidos del adobo. Este es el que al final debe quedar en pie. Un ligero rebozado en las urnas sería también ideal para conseguir una textura crujiente que contraste con la reducción de vinagre, aunque si no se dispone de mucho tiempo se puede colocar en crudo sin mayores complicaciones. 

Una vez hayamos culminado el emplatado, preparamos una sabrosa salsa en la que mezclaremos a partes más o menos iguales un sistema electoral del año de Maquiavelo, un déficit galopante, una deuda púbica de caballo, un paro acercándose al de España y una pizca de prima de riesgo bien caliente. Salpimentamos y mezclamos los ingredientes de forma concienzuda y rociamos con la mezcla nuestra composición que, seguramente, amenazará con venirse abajo apenas la movamos de sitio. Tenemos que conseguir mantenerla erguida hasta que llegue a la mesa, en donde la serviremos acompañada de un tinto peleón y cabezón, a ser posible de las mismas bodegas del vinagre para conseguir de este modo un maridaje perfecto. 

Lo más probable es que, si el comensal es una persona entrada en años y más bien partidaria de la pasta con tomate y el tiramisú, el penetrante olor del plato le produzca alguna que otra arcada y aparte de sí el condumio con un gesto de asco profundo. En el caso de que eso ocurra y de que nuestra inspirada creación se venga abajo como un castillo de naipes no debemos desesperar. 

Sólo hay que tirar el revuelto al cubo de la basura y volver a montarlo con los mismos pero renovados ingredientes y salsas. Comprobaremos que después de dos o tres intentos terminará comiéndoselo aunque se tape la nariz con los dedos y ponga cara de quien traga aceite de ricino. No se construyó Roma en un día ni la cocina creativa entra por los ojos a las primeras de cambio. Todo es cuestión de perseverar.

13 de febrero de 2014

Celia da dos veces

Bronca, por momentos irascible y casi siempre lenguaraz, Celia Villalobos es la protagonista política de la semana. La vicepresidenta del Congreso y diputada del PP por Málaga acaba de protagonizar dos espectaculares cortes de manga políticos, uno a su siniestra y el otro a su diestra. En ella y en otros, que aunque no lo digan opinan lo mismo que ella, pensaba seguramente el PSOE cuando forzó que su proposición no de ley en la que pedía la retirada de la reforma del aborto se votara en secreto. Craso error: consiguió todo lo contrario de lo que pretendía. Los diputados populares, incluida Villalobos, votaron prietas las filas, arroparon a Ruiz - Gallardón y rechazaron la iniciativa por amplia mayoría. 

El perpetrador de la reforma sacaba después pecho en los pasillos del Congreso y se permitía incluso una buena dosis de magnanimidad al referirse a la oposición como las “minorías” cuyos planteamientos “hay que respetar”. El tiro le había salido por la culata al PSOE, que seguramente confiaba en pescar unas cuantas fugas de votos populares en el río revuelto en el que se ha convertido el PP a propósito de la reforma de marras. Fue un error de principiantes, insólito en un partido de las tablas parlamentarias del PSOE. Se lo debería hacer mirar para próximas ocasiones y sacar la lección de que cuando te empeñas en poner a alguien contra las cuerdas se puede terminar revolviendo contra ti y asestándote un duro revés de derechas, como ha sido el caso. 

Eso es precisamente lo que ha hecho Celia Villalobos. Después de negarse a traicionar en secreto a su partido ahora lo acaba de traicionar pero a cara descubierta al votar a favor de una propuesta de Izquierda Plural que también pedía la retirada de la reforma. Ha sido su segundo corte de mangas político de la semana, dirigido en esta ocasión al ala derecha del PP que incluso ve timorata la reforma y, de rebote, al propio PSOE. Claro que Villalobos no pasa de ser lo que podríamos llamar un verso suelto en el PP y que pocos más en su partido han tenido la valentía y los arrestos políticos que ha tenido ella para llevar tan lejos su discrepancia en un asunto de la trascendencia del aborto. Lo que no quiere decir que no haya más diputadas y diputados de su partido que opinen lo mismo pero que, sin embargo, teman quedar desenfocados en la foto de la gran familia popular si se atreven a decirlo en público y, sobre todo, a expresarlo en una votación parlamentaria. 

Ese es justamente uno de los grandes déficits democráticos de un sistema en el que la disciplina y la estrategia de los partidos políticos terminan casi siempre imponiéndose sobre la conciencia individual de sus miembros y representantes. Votar en conciencia por aquello en lo que se cree no debería de requerir de votaciones secretas ni de maniobras políticas en la oscuridad como las que esta semana se han producido en el Congreso de los Diputados. 

Por desgracia para la democracia, esas prácticas están absolutamente asumidas y normalizadas no sólo por las cúpulas de las fuerzas políticas que las imponen y vigilan que se cumplan sino, lo que es más grave, por unos representantes públicos para los que la disciplina de partido está casi siempre por encima de su conciencia y, sobre todo y lo que es aún peor, del parecer de los ciudadanos a los que representan y de los que emana su legitimidad. Si bien es cierto que Celia Villalobos ha demostrado esta semana que puede pensar y decidir por sí misma, también lo es que su ejemplo no es más que la famosa excepción que confirma la regla.

12 de febrero de 2014

Con China hemos topado

De prisa y corriendo, con alevosía y nocturnidad, el PP acaba de perpetrar una drástica restricción en la justicia universal de este país y la ha dejado reducida a su mínima expresión. Se acabó eso de que los jueces españoles metan las narices en crímenes de lesa humanidad como los del Tibet o que investiguen los vuelos de la CÍA, el asesinato del cámara español José Couso en Irak por disparos de las tropas estadounidenses, que se interesen por la violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental de la que han sido víctima ciudadanos con pasaporte español o que investiguen los genocidios en Guatamala y Ruanda. La lista es mucho más larga pero estos ejemplos son más que elocuentes.

“Esa justicia promete mucho y sólo nos crea conflictos diplomáticos”, dijo hace poco en unas esclarecedoras manifestaciones de cuáles eran los motivos de la reforma el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. Así que lo mejor es ponerle coto y obligar a los jueces a que se ciñan a los crímenes cometidos por españoles o por residentes en nuestro país. Todos los demás que se las arreglen como puedan e imploren si lo desean a la justicia divina en la que todavía, gracias a Dios, el PP no puede aplicar recortes.

La aprobación de la reforma ha coincidido en el tiempo con el malestar chino a raíz de que un juez español dictara orden internacional de captura contra algunos altos ex dirigentes chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin, por las matanzas en el Tibet. El Gobierno chino, amenazante, no escondió su malestar y raudo y veloz el PP aceleró los trámites para garantizar que las relaciones económicas con el gigante asiático o con Estados Unidos, sordo y mudo ante las peticiones de la Justicia española para que entregue a los responsables del asesinato de José Couso, no se vean afectadas.

Para evitar papeleo e informes preceptivos del Consejo de Estado no fue el Gobierno sino el propio PP el que presentó la Proposición de Ley en el Congreso sin debatirla ni consensuarla con nadie. No había tiempo que perder y, además, no es marca de la casa consensuar nada, que para eso los españoles le dieron carta blanca en las urnas. Ahora la acaba de aprobar en solitario en el Congreso – una más - y en medio de las críticas no sólo de toda la oposición, que ve en este hachazo a la justicia universal una clara reverencia oriental al Gobierno chino, sino de numerosas organizaciones no gubernamentales del prestigio de Amnistía Internacional.

Como quien oye llover, los populares han seguido adelante con una iniciativa que tiene claros visos de inconstitucionalidad por cuanto se pasa por el arco del triunfo los convenios internacionales de los que es signataria España y es además susceptible de recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien es cierto que no es este el primer recorte que sufre la justicia universal en España: en 2009, con el PSOE en el Gobierno y con el apoyo del PP, ambos partidos no tuvieron inconveniente alguno en ponerse de acuerdo para asestarle un duro golpe tras el que ahora llega la estocada final.

Bien merece esta reforma que figure en el BOE con una leyenda explicativa de su objetivo último: que una causa justa no te estropee un buen negocio.

11 de febrero de 2014

Votar no hace daño

La propuesta del Gobierno de Canarias para promover una consulta en la que los ciudadanos de las Islas se pronuncien sobre los sondeos petrolíferos en aguas cercanas al Archipiélago admite al menos tres análisis: el político, el jurídico y el democrático. Desde el punto de vista político, el anuncio le permite al Gobierno de Canarias recuperar la iniciativa en un asunto en el que ya sólo cabía esperar por la previsible autorización definitiva de los sondeos por parte del Ministerio de Medio Ambiente y por la respuesta del Tribunal Supremo ante los recursos presentados por las instituciones canarias contra las autorizaciones concedidas por el ministro Soria nada más llegar al Ministerio de Industria. La petición al Gobierno del Estado para que permita que los ciudadanos se pronuncien sobre un asunto de “especial trascendencia” para el futuro de esta tierra coloca de nuevo la pelota en el tejado de La Moncloa. Como era de esperar, las primeras reacciones de los populares canarios han sido furibundas y, significativamente, mucho más ruidosas que las de algunos miembros del propio Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Bien es cierto que la noticia les cogió con el paso cambiado y les costó reaccionar, pero cuando lo han hecho han echado mano de la artillería pesada para acusar al presidente canario de “haber perdido el juicio” (María Australia Navarro, portavoz parlamentario), de estar cometiendo un “profundo error” (Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria) o de tratarse de “una tontería en la que Canarias no se puede gastar el dinero” (Miguel Cabrera Pérez Camacho, diputado regional del PP).

Sigue siendo una incógnita si piensan lo mismo sobre el presidente balear, el popular José Ramón Bauzá quien, por esa misma vara de medir, también debe de estar a punto de perder el juicio por su oposición a los sondeos petrolíferos en su comunidad autónoma. Mucho más moderada ha sido la reacción del propio ministro Soria, limitándose a indicar que respeta las iniciativas autonómicas que se planteen en el marco de sus competencias, la del ministro Arias Cañete, asegurando que la Constitución sólo regula los referéndums de ámbito nacional, o la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quién, aunque también le pone reparos constitucionales a la iniciativa, no ha cerrado sin embargo la puerta a que el Gobierno central al menos la estudie.

Es cierto que la propuesta tiene como mínimo un complejo encaje jurídico. La Constitución y la Ley Orgánica de Referéndum de 1980 reservan para el Estado la competencia de autorizar “consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades”. Sin embargo, no excluye que comunidades autónomas o ayuntamientos puedan pedir permiso al Gobierno del Estado para someter a las urnas asuntos de “especial trascendencia”. Eso es precisamente lo que quiere hacer el Gobierno de Canarias, que no ha dudado en reconocer que la competencia sobre las prospecciones petrolíferas corresponde al Estado tal y como ha sentenciado el Tribunal Supremo. Por tanto, no se trata de dirimir de quién es la competencia, sino de si el Gobierno central puede autorizar o no a una comunidad autónoma a convocar una consulta sobre un asunto en el que no es competente pero que sí es de “especial trascendencia” para su territorio, y el de las prospecciones petrolíferas no cabe duda de que lo es.

Entra en juego aquí el análisis de lo que la iniciativa supone desde el punto de vista de la democracia. Si legalmente Canarias puede pedir una consulta para que los ciudadanos se pronuncien sobre un asunto que les afecta de manera especial aunque las Islas no ejerzan las competencias sobre él y si no hay nada en la Ley que le impida al Gobierno del Estado autorizarla, aceptar o no la petición de las autoridades canarias se reduciría a un acto de simple voluntad política por parte del Ejecutivo nacional. Por tanto, lo consecuente y democrático sería autorizar la celebración de una consulta sobre los sondeos, algo que, por cierto, llevan tiempo demandando otras fuerzas políticas y sociales, además de muchos ciudadanos a título particular.

En primer lugar, se conseguiría con ello conocer la opinión libremente expresada de los ciudadanos ante un asunto que les afecta de forma directa pero que se encuentra completamente enquistado en el ámbito político. En segundo lugar, supondría un ejercicio de democracia real y participativa en unos tiempos en los que el descrédito y la desconfianza en los políticos ha alcanzado cotas inimaginables entre una ciudadanía más que cansada de que sólo se la llame a las urnas cada cuatro años para luego ignorarla olímpicamente los cuatro siguientes. Nunca votar ha hecho daño salvo a quienes no creen en la democracia y en este caso lo haría menos que nunca.

10 de febrero de 2014

Todo perfecto

Lo reconozco, todo salió el sábado a pedir de boca. Desde la sonrisa de circunstancias hasta los reiterados silencios y evasivas, las seis horas que la infanta Cristina pasó enclaustrada todo un sábado en un juzgado de Palma respondieron como un guante a un guión no escrito pero sí muy bien ensayado. Buenos maestros tuvo la infanta en sus abogados que, al término del largo interrogatorio, estaban exultantes y confiados en que la hija del Rey saldrá con bien de este mal trago para ella y para la familia real, a la que en realidad representan y defienden junto a la Fiscalía en todo este asunto.

Lo dejó patente ella en su declaración y lo reiteraron sus defensores a la puerta del juzgado: estamos ante una proba ama de casa que no sabe de números ni de leyes, que firmaba lo que le ponía delante su amado esposo en el que tanto confiaba -¿ya no confía? – y que ni por asomo se imaginaba que el dinero que gastaba en su palacete o en sus clases de salsa y merengue procedía de actividades presuntamente ilícitas. Sí sabía, no obstante, que su padre el Rey le había pedido a su yerno que abandonara las sospechosas actividades una vez empezaron a hacerse preguntas y a publicarse informaciones comprometedoras para la Casa Real. Eso ocurría hace tanto como casi ocho años pero ni por asomo se le pasó nunca por la cabeza que su esposo pudiese estar llevándoselo crudo amparado en el parentesco real y el título nobiliario. 

Seguro que tampoco se le ocurrió preguntarle a Urdangarín a qué venía la petición de su padre para que pusiera fin a aquellos negocios antes de que el nivel y el olor del lodo pusieran a la propia Corona contra las cuerdas, como al final ha terminado ocurriendo. En su declaración del sábado ante el juez Castro argumentó que fue por “estética” que, aunque suene algo parecido, nada tiene que ver con la ética, que es de lo que se trata. Tal vez fue solo un lapsus linguae.

El resto de esa declaración fue un largo rosario de “no sé”, “no me acuerdo”, “no me consta” a las reiteradas preguntas del juez y, de paso, un corte de mangas en toda regla al viejo principio jurídico de más de 2.000 años de antigüedad, según el cual, el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento. Y luego está ese enternecedor e impagable gesto de acudir rauda a La Zarzuela a contar en la casa paterna todo lo que preguntó el juez y lo que no contestó ella, antes de poner tierra de por medio y refugiarse de nuevo en Ginebra junto a su silencioso esposo y sus hijos a la espera de novedades judiciales.

Si el juez Castro se está planteando acusarla formalmente tendrá que hilar al menos tan fino como en el segundo auto de imputación para evitar que el caso muera en la Audiencia de Palma sepultado bajo una tonelada de recursos. Por eso parece que se tomará unos días con el fin de volver a escuchar con detenimiento el contenido de ese interrogatorio lleno de vacíos y evasivas.

Quien ha decidido no perder más tiempo es el fiscal, que al parecer ya tiene listo el borrador de acusación, aunque lo más probable es que lo tuviera redactado antes incluso de escuchar la declaración del sábado a la vista del fervor digno de mejor causa con el que se ha volcado en defender la inocencia de la infanta. Se propone, entre otras cosas, pedir 17 años de cárcel para Urdangarín y levantar la imputación de la infanta, a la que exige 600.000 euros por responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo en la empresa pantalla Aizoon a la que cargaba sus gastos. Desde luego, para ser una simple ama de casa que no sabe de números ni sospecha nada de los negocios de su amantísimo esposo, se trata de una participación lucrativa más que respetable. Puede que el fiscal se avenga a que los pague en cómodos plazos si finalmente su marido se queda sin trabajo.

7 de febrero de 2014

Llegó la hora

Estimada Cristina: en primer lugar permite que te apee del tratamiento que merece tu cuna pero, para lo que debo decirte, me siento mucho más cómodo en el trato de tú a tú. Al fin y al cabo dice tu padre que todos somos iguales ante la Justicia y de eso precisamente trata de lo que quiero hablarte hoy. Sé que no dormirás bien esta noche porque eres consciente de que mañana vas a escribir una nueva página imborrable en la larga historia de tu familia y ya van unas cuantas. 

Supongo que debes sentirte a esta hora como ese estudiante que se tiene que enfrentar al examen de su vida y, aunque se lo haya preparado con mucho tiempo y esfuerzo, no puede evitar sentir mariposas bailando en el estómago y sufrir palpitaciones. Tú tranquila, si todo sale como está previsto, mañana te llevarán en coche a los juzgados y te protegerán de la turbamulta de cámaras y micrófonos de todo el mundo más de 200 policías. 

Una vez ante ese juez con pinta de probo funcionario público y al que por ahora no han podido doblegar presidentes de gobierno, ministros de justicia, fiscales generales, abogados del Estado e inspectores de Hacienda sólo tendrás que repetir de carrerilla lo que tus abogados te han enseñado.

Simplemente di que siempre has bebido los vientos por tu esposo y jamás podías haber imaginado que se dedicara a tiempo completo a lo que ese juez dice que se ha dedicado, sacarle los cuartos públicos a unos cuantos políticos encantados de conocerle y hacer tratos con él por ser precisamente tu esposo, comer en la misma mesa que tu padre y salir en las fotos con él. 

Muéstrate serena, piensa que solo se grabará tu voz pero no tu imagen en el frío banquillo de un juzgado y que no habrá chismes electrónicos apuntándote en ese momento crucial de tu vida. Mantente en tus trece y responde que no tenías ni la más repajolera idea de que el dinero con el que se pagaban minucias como los arreglos y amueblamiento del pisito de Pedralbes, las clases de salsa y merengue o tus fiestas de cumpleaños en realidad provenía de las deportivas actividades sin ánimo de lucro de tu esposo. 

No podrás negar que la mitad de la empresa a la que tu consorte desviaba el dinero que les sacaba a los políticos era tuya, pero siempre podrás alegar que a ti el papeleo y la contabilidad, aparte de no dominarlos, te aburren soberanamente y dejabas que él hiciera y deshiciera a su antojo. Ya lo dijo uno de tus abogados: “Cuando una persona está enamorada de otra, confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea en esa persona: Amor, matrimonio y desconfianza son absolutamente incompatibles". ¡Gran reflexión jurídica digna por lo menos de Cicerón, vive Dios! 

Es probable que si hubieses acudido voluntaria y discretamente a hablar con el juez para explicarle todo esto que ahora, un poco tarde, la verdad, te aconsejan tus abogados oficiales y oficiosos, quizá no habría sido necesario el mal trago de mañana. Pero de nada sirve llorar sobre la leche derramada y ahora no hay más remedio que afrontar la situación por desagradable que sea. 

Tu objetivo mañana debe ser el de dar la imagen de una princesa de cuento de hadas que vive en la torre de marfil de un castillo encantado y peina sus largos y dorados cabellos mientras espera que vuelva a casa el príncipe azul con el botín de la jornada.

Admito que no es una imagen muy acorde con tu alta responsabilidad en un importante banco en estos enloquecidos tiempos, en los que las princesas ni siquiera tienen sangre azul como tú y los únicos caballeros andantes que quedan visten de Armani y conducen coches caros en lugar de ir a caballo con casco y coraza. Mas dime: ¿qué otra opción te queda para intentar salvarte y salvar algo del prestigio de lo que representas y de lo que formas parte? Así que ánimo y no nos defraudes mañana.

3 de febrero de 2014

Elecciones: comienza el espectáculo

Había que hacer una llamada a mantener prietas las filas ahora que llega tiempo de urnas y lanzar la primera promesa electoral y eso hizo a pedir de boca este fin de semana la Convención Nacional del PP. Las sonoras ausencias de Aznar y Mayor Oreja se conjuraron a la voz de “el PP o nada” y hasta Esperanza Aguirre incordió esta vez mucho menos de lo que es habitual en ella. De hecho sólo se permitió contradecir al ministro del Interior al asegurar que “ETA no está derrotada”. Así, con la muchachada reunida en torno al proyecto ilusionador de “rescatar” a los ciudadanos después de haber evitado el “rescate” del país, pudo Mariano Rajoy anunciarnos la buena nueva: a partir de 2015 habrá “sucesivas bajadas de impuestos”.

Cuáles, cómo y cuánto queda pendiente de lo que diga Montoro quien, por supuesto, ha desligado tanta generosidad fiscal de las elecciones europeas, autonómicas y generales que tenemos por delante. Nada que ver, “lo hacemos porque ahora hay signos de recuperación económica”, ha venido a decir el amo de la caja pública después de sucesivas subidas fiscales que incumplían el programa electoral y cuya prometida rebaja siempre queda para el año siguiente hasta que, ¡oh casualidad!, llega uno en el que toca votar .

El teatrillo pues estaba listo para que Rajoy tocara a rebato y diera por iniciada la infinita campaña electoral de dos años que nos espera a partir de ahora. En una de esas frases pensadas para copar titulares, Rajoy se abalanzó sobre Pérez Rubalcaba al grito “o te callas o reconoces el mérito de la gente”. No le quedó muy bonito ni democrático, la verdad, mandar a callar al líder del principal partido de la oposición por no reconocer los supuestos “logros del Gobierno del PP” para hacer frente a la crisis.



Es sabido que a Rajoy no le gusta que le digan que su política ha sido muy eficaz para salvar a los bancos antes que a las personas y darles a los empresarios lo que pedían, aunque eso haya resultado nefasto para el empleo, el consumo y la cohesión social del país. Respecto al primero, ignora deliberadamente el presidente que desde su llegada a la Moncloa el paro ha aumentado en más de un millón de personas y que el poco empleo que se crea es cada vez de peor calidad; en paralelo, los salarios se han encogido un 10%, lo que unido al miedo a la pérdida del puesto de trabajo tiene al consumo tiritando de frío y a los bancos rescatados pero guardando el dinero del crédito bajo siete llaves.

Las escandalosas y alarmantes cifras de pobreza y exclusión social que atesora este país y que lo convierten en el segundo más desigual de toda la Unión Europea son, por último, el corolario del desempleo y los recortes inmisericordes en políticas sociales, sanidad y educación. Claro que de nada de esto habló Rajoy en su discurso de clausura de la Convención, tal vez porque la economía real de la calle, los sufrimientos de la gente sin empleo, sin vivienda o sin prestaciones de ningún tipo son cosas que le deben de parecer prosaicas y banales. Prefiere fiarse de las previsiones macroeconómicas aunque cuidándose siempre de escoger aquellos datos que validen su discurso injustificadamente optimista e ignorando los que cuestionan los efectos económicos y sociales de sus políticas.

No es que Rubalcaba no merezca el reproche político por su cuota de responsabilidad por acción y omisión durante y después de su paso por el Gobierno. Pero no es iniciando una nueva y agotadora serie de frases grandilocuentes sin ningún contenido real como van a conseguir el PP o el PSOE rebajar los altos índices de desconfianza que genera la política oficial con todas sus excrecencias de corrupción, asunto éste del que, por cierto, no se dijo una sola palabra en la convención popular.

Mucho menos es la manera de “rescatarnos”, signifique esa tontería lo que signifique, ahora que los bancos ya están a salvo gracias a nuestro dinero. Preparémonos por tanto para dos terribles años de promesas electorales que se olvidarán en cuanto cierren las urnas y frases supuestamente ingeniosas con el fin de copar espacio en los medios de comunicación con la esperanza de captar votos. Comienza el espectáculo.