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Con China hemos topado

De prisa y corriendo, con alevosía y nocturnidad, el PP acaba de perpetrar una drástica restricción en la justicia universal de este país y la ha dejado reducida a su mínima expresión. Se acabó eso de que los jueces españoles metan las narices en crímenes de lesa humanidad como los del Tibet o que investiguen los vuelos de la CÍA, el asesinato del cámara español José Couso en Irak por disparos de las tropas estadounidenses, que se interesen por la violación de los derechos humanos en el Sahara Occidental de la que han sido víctima ciudadanos con pasaporte español o que investiguen los genocidios en Guatamala y Ruanda. La lista es mucho más larga pero estos ejemplos son más que elocuentes.

“Esa justicia promete mucho y sólo nos crea conflictos diplomáticos”, dijo hace poco en unas esclarecedoras manifestaciones de cuáles eran los motivos de la reforma el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. Así que lo mejor es ponerle coto y obligar a los jueces a que se ciñan a los crímenes cometidos por españoles o por residentes en nuestro país. Todos los demás que se las arreglen como puedan e imploren si lo desean a la justicia divina en la que todavía, gracias a Dios, el PP no puede aplicar recortes.

La aprobación de la reforma ha coincidido en el tiempo con el malestar chino a raíz de que un juez español dictara orden internacional de captura contra algunos altos ex dirigentes chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin, por las matanzas en el Tibet. El Gobierno chino, amenazante, no escondió su malestar y raudo y veloz el PP aceleró los trámites para garantizar que las relaciones económicas con el gigante asiático o con Estados Unidos, sordo y mudo ante las peticiones de la Justicia española para que entregue a los responsables del asesinato de José Couso, no se vean afectadas.

Para evitar papeleo e informes preceptivos del Consejo de Estado no fue el Gobierno sino el propio PP el que presentó la Proposición de Ley en el Congreso sin debatirla ni consensuarla con nadie. No había tiempo que perder y, además, no es marca de la casa consensuar nada, que para eso los españoles le dieron carta blanca en las urnas. Ahora la acaba de aprobar en solitario en el Congreso – una más - y en medio de las críticas no sólo de toda la oposición, que ve en este hachazo a la justicia universal una clara reverencia oriental al Gobierno chino, sino de numerosas organizaciones no gubernamentales del prestigio de Amnistía Internacional.

Como quien oye llover, los populares han seguido adelante con una iniciativa que tiene claros visos de inconstitucionalidad por cuanto se pasa por el arco del triunfo los convenios internacionales de los que es signataria España y es además susceptible de recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien es cierto que no es este el primer recorte que sufre la justicia universal en España: en 2009, con el PSOE en el Gobierno y con el apoyo del PP, ambos partidos no tuvieron inconveniente alguno en ponerse de acuerdo para asestarle un duro golpe tras el que ahora llega la estocada final.

Bien merece esta reforma que figure en el BOE con una leyenda explicativa de su objetivo último: que una causa justa no te estropee un buen negocio.

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