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El lobby del cemento

Menos de una semana después de que el Gobierno de Canarias anunciara su intención de pedir autorización al Ejecutivo central para celebrar una consulta popular sobre el petróleo, el ministro José Manuel Soria anunció que la Ley de Turismo de Canarias tendrá que pasar por el filtro del Tribunal Constitucional. Resulta difícil no ver una relación directa entre los dos anuncios: el ministro, cogido a contrapié por la inesperada petición del Gobierno de Canarias, respondió de inmediato con un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley que solo rechaza una parte del empresariado de Gran Canaria y su cabildo, gobernado casualmente por el PP, y que ha hecho lo imposible por presentar el asunto como un nuevo episodio del pleito insular. 

El anuncio del recurso se produce, además, cuando las negociaciones entre los dos gobiernos, el autonómico y el central, para evitar la judicialización de la norma aún no han concluido y cuando había indicios de que el acuerdo era posible. Soria ha preferido no darle una oportunidad a la negociación y ha optado por impulsar un recurso que puede abrir un escenario de máxima incertidumbre entre los inversores y congelar los cerca de 2.000 millones de euros que las principales entidades financieras del país se han comprometido a poner sobre la mesa para acometer la urgente rehabilitación de la planta alojativa canaria más obsoleta. 

De hecho, muchas de las inversiones ya en marcha pueden enfrentarse a una situación por completo imprevista si el Gobierno central, además de recurrir la ley, solicita también la suspensión cautelar de su aplicación. Por no hablar de la avalancha de peticiones de licencia para construir hoteles de cuatro estrellas que podrían presentarse al día siguiente de la suspensión. De modo que los argumentos esgrimidos por el ministro para justificar el recurso – facilitar la inversión que, a su juicio, la ley obstaculiza – pueden terminar volviéndose completamente en contra de ese objetivo. 

Afirma el ministro que la Ley de Turismo de Canarias es inconstitucional y vulnera la normativa comunitaria de liberalización de servicios. Ignora una vez más que la ley no impide construir nuevos hoteles de cuatro estrellas, como demandan los empresarios grancanarios y el cabildo de la Isla, siempre y cuando se vinculen a la renovación. Lo que sí prohíbe es consumir más suelo del que ya se ha destinado de manera desenfrenada a la construcción de  hoteles y apartamentos, como pretenden los empresarios bajo el argumento de que los establecimientos de cuatro estrellas tienen una fuerte demanda turística. 

Sin embargo, es precisamente ahora cuando descubren una relación entre las cuatro estrellas y el número de turistas – por lo demás discutible - y no cuando se volcaron en levantar complejos de apartamentos y bungalows, muchos de los cuales ofrecen una penosa imagen del destino turístico. La ley ni impide ni obstaculiza ni coarta la inversión, solo la orienta hacia un objetivo concreto y plausible: la rehabilitación de una planta hotelera que necesita remozarse desde hace años y que una vez tras otra se ha venido posponiendo. 

Seguramente, aquellos que si pudieran alicatarían las laderas y montañas de las islas con adefesios urbanísticos para atraer turistas estarán de enhorabuena con este recurso que, por otro lado, se veía venir desde hacía meses dado el entusiasmo con el que se han empleado contra la ley los empresarios amigos del cemento y el cabildo de Gran Canaria.

El propio Soria había amagado y presionado con el recurso desde el instante mismo en que ambos gobiernos se sentaron a una mesa para intentar salvar sus diferencias. El anuncio de que la ley irá al Constitucional demuestra que Soria nunca ha querido ni creído en ese acuerdo y que su objetivo ha sido siempre tumbar una norma que juega en contra de intereses económicos demasiado poderosos como para no ser tenidos en cuenta.

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