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Algo que ocultar

El actual Gobierno de España va camino de convertirse en el que más habla de transparencia pero en el que menos la pone en práctica. No es sólo que siga sin dar explicaciones convincentes a propósito de los sobresueldos y los sobres a secas que presuntamente han percibido el propio presidente, la vicepresidenta y destacados cargos de la dirección popular. Por no hablar de la caja B que el PP tenía en todas y cada una de las comunidades autónomas y provincias españolas a las que se refirió el ex tesorero Luis Bárcenas en su última declaración ante el juez Ruz. De ese asunto y del resto de las derivadas del “caso Gürtel” y de los “papeles de Bárcenas” seguimos los españoles esperando respuestas convincentes y no silencios cuando menos clamorosos.

En la comisión del Congreso en el que diversos expertos han expuesto sus puntos de vista sobre las medidas para atacar la lacra de la corrupción, el Fiscal General del Estado llegó a decir que no hay ni leyes ni medios en este país para luchar con éxito contra este problema que cada día preocupa más a los ciudadanos y los aleja paulatinamente del estamento político. El Gobierno ni se ha inmutado y no se ha escuchado al ministro Ruiz – Gallardón anunciar ningún plan ni ningún proyecto de ley de los que tan entusiasta es para afrontar la situación. Lo realmente sarcástico es pretender hacernos creer que de esa comisión saldrán medidas para hacer verdaderamente transparente la gestión de los poderes públicos.

En realidad la opacidad con la que se comporta el Gobierno no sólo tiene que ver con los flagrantes casos de corrupción que corroen la vida política de este país. Se extiende también a otros ámbitos como el de la inmigración irregular. El último caso lo acabamos de vivir en Canarias en donde el ministerio del Interior ha prohibido a una treintena de jueces y fiscales que visiten el Centro de Internamiento de Extranjeros ubicado en la antigua prisión de Barranco Seco. Es la segunda vez que Interior prohíbe la visita y lo hace de nuevo sin dar la más mínima explicación y aludiendo a unos supuestos informes que no revela y que desaconsejan la autorización: porque lo digo yo y punto, cabe concluir.

La visita a ese centro de internamiento de inmigrantes estaba programada en el marco del Foro de Derechos Humanos e Inmigración que desde hace unos años se celebra en Gran Canaria organizado por el Consejo del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias. En el encuentro se darán cita fiscales y magristrados de toda España que entre sus actividades pretendían conocer de cerca la realidad de unas instalaciones de esas características y las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes. Sin embargo, al ministerio del Interior estos representantes judiciales no le deben parecer personas fiables y de confianza sino peligrosos activistas antisistema y por segundo año consecutivo ha optado por negarles la entrada al centro.

Esto ocurre, además, cuando le llueven las críticas desde todos los ámbitos por la cuestionable actuación en muchos casos de las fuerzas de seguridad en Ceuta y Melilla y por las deportaciones sumarias a Marruecos de los inmigrantes que consiguen saltar la valla. Incluso podríamos traer aquí el tirón de orejas de la ONU a España por dejar a los inmigrantes irregulares sin asistencia sanitaria – otra violación de los derechos humanos – y la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a nuestro país por intentar expulsar de prisa y corriendo a una treintena de saharauis que pidieron protección española frente a la persecución de la policía marroquí.


Las sospechas de que se están violando los derechos humanos y la propia legislación española en lugares como Ceuta y Melilla las responde Interior con una calculada ambigüedad sobre los límites que deben respetar los agentes y, sobre todo, con la opacidad y la tergiversación de los hechos, como ocurrió en febrero con los fallecidos que intentaban llegar nadando a Ceuta. La mano dura parece ser la consigna en el ministerio de Fernández Díaz para afrontar el fenómeno migratorio aunque al mismo tiempo se le llene la boca hablando de pobreza, miseria, vida mejor y mafias que trafican con seres humanos sin decir una palabra sobre el maltrato que reciben de la Gendarmería marroquí los inmigrantes devueltos en caliente al país vecino.

Por lo que se deduce, a esa oposición de mano dura con los inmigrantes irregulares y vulneración de derechos humanos básicos se une también una política de puertas cerradas a lo que ocurre en los centros de internamiento como el de Gran Canaria. Cabe pensar que alguien que no tuviera nada que ocultar y quisiera ser de verdad transparente hubiera abierto esas puertas de par en par a los jueces y fiscales. Por tanto, la pregunta que corresponde hacerse es qué tiene que ocultar el ministerio del Interior y por qué.

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