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El fichero de los tontos

El Gobierno sigue trabajando para hacernos a todos la vida más feliz y placentera. Su último gran logro es la próxima creación de un megafichero al que irán a parar las cuentas corrientes de 34 millones de españoles. Dice que el loable objetivo de la medida es luchar contra el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Elevados propósitos, vive Dios, si no fuera por varias pegas de escasa importancia que me permito enumerar sin ánimo de ser exhaustivo. 

La primera: Hacienda ya tiene en sus ficheros todas nuestras cuentas y conoce lo que ingresamos, sacamos o transferimos. Otra cosa es que luego vigile a unos más que a otros y tenga que venir el Gran Montoro a ofrecer una amnistía fiscal a los que se lo llevaron crudo a Suiza. Ahí tienen al pobre juez Ruz, cada día más desmejorado, intentando averiguar quién es la “persona políticamente expuesta” a la que se le han descubierto seis cuentas corrientes en Suiza, casualmente en el mismo banco en el que guardaba los magros ahorros de su trabajo Luis Bárcenas del Gran Poder. Se admiten apuestas.  Se me escapa por tanto la necesidad de otro megafichero similar como no sea para otros fines adicionales a los que asegura perseguir. 

Al macrofichero que está preparando el Gobierno podrán acceder jueces y fiscales y en principio no me parece mal si media una investigación judicial sobre el titular de la cuenta fichada. Lo que ya pasa de castaño oscuro es que también puedan husmear en nuestras cuentas la policía y hasta los espías de sombrero y gabardina del CNI y que el control judicial de ese acceso no haya quedado meridianamente establecido. 

Les cuento: la Ley antiblanqueo establece que sólo podrá accederse a las cuentas de los ciudadanos si hay una autorización expresa de un juez o un fiscal. Sin embargo, el reglamento que desarrolla la ley desdibuja ese requisito y abre resquicios para un uso inadecuado de la información financiera de millones de ciudadanos de este país. El riesgo de filtraciones interesadas con fines torticeros y tráfico de datos es demasiado elevado como para ignorarlo, pero eso es lo que parece estar dispuesto a hacer el Gobierno dándole la razón al conde de Romanones y a su célebre frase de “hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos”. Aquí hay que recordar que la Ley se aprobó en tiempos de Zapatero y el reglamento lo acaba de aprobar el Gobierno del PP, con lo que el sentido de la frase cobra toda su vigencia. 

Ahora llegamos a la más interesante y a la pega de más peso contra el megafichero de marras. Los bancos españoles están obligados a volcar en ese supercalifragilísico almacén informático las cuentas corrientes de sus sucursales en España pero no ocurre lo mismo con las que tengan en el extranjero, que se libran. Hasta Montoro sabe que no defrauda y blanquea quien quiere sino quien puede. La gran rapiña de capitales y el fraude no se ventila en este país sino en los paraísos fiscales, en los que varios bancos españoles tienen bien asentados sus reales para clientes “vip” con pocas ganas de hacer amistados con la Hacienda pública española. 

Claro que de haber obligado a los bancos a incluir en el fichero las cuentas en el extranjero, esos delicados clientes habrían huido espantados a Suiza y entonces sí que tendríamos que abrir una sección especial de la Audiencia Nacional en el país del cuco y el chocolate para controlar la llegada y salida de maletines. Ahora,  les invito a que vuelvan a leer el título de este post y reflexionen sobre él.

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