"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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12 de junio de 2014

Hacienda en la casa de citas

A los inspectores de Hacienda se les acaba de ocurrír una excitante y placentera idea: legalizar la prostitución y el tráfico de drogas blandas para que la depauperada Hacienda pública española ingrese unos 6.000 millones al año, y eso sólo por la profesión más vieja del mundo. Esto es lo que ellos calculan que iría a la caja fuerte de Montoro después de echar cuentas y concluir que solo la prostitución genera todos los años un negocio de unos 18.000 millones de euros en este país. Preguntándome estoy todavía si para llegar a esa cifra han ido de burdel en burdel recabando información. Del dinero que mueve el tráfico de drogas no dicen nada, pero le piden al Gobierno que lo investigue para saber cuánto se podría recaudar por esa otra actividad, aunque estiman que sería también un buen pico. 

A Montoro me lo imagino de nuevo con el lápiz enhiesto y sacando cuentas a ver si con la sugerente propuesta de sus inspectores le cuadran las cifras del déficit, mejora la recaudación y hasta le queda algo para bajar los impuestos, ahora que dentro de poco nos volverán a pedir que les votemos. No me extrañaría que si ve en la prostitución y las drogas blandas una forma de recaudar, el Gobierno haga alguna pirueta legal que le permita meter la mano en esos dos lucrativos negocios de la economía sumergida, nunca antes tan boyante en España como ahora. 

Pero hay algunos problemas. Los técnicos de Hacienda, hermanos pequeños de los inspectores, han recordado algo que cualquiera con un poco de sentido común pensaría: legalizar los burdeles supondría simple y llanamente, entre otras cosas, otorgar carta de naturaleza a problemas tan graves como la trata de mujeres, generalmente extranjeras y en muchos casos menores de edad, para prostituirlas. La legalización de las drogas, por muy blandas que sean, implicaría a su vez permitir la libre circulación de sustancias estupefacientes que, como está demostrado, son en muchos casos la puerta de entrada al consumo de otras mucho más duras y adictivas. Dicen los inspectores de Montoro que este tipo de actividades – la prostitución y las drogas – merecen el reproche moral pero no el fiscal. En otras palabras, con tal de recaudar todo vale y nada importan los daños colaterales derivados de dejar de perseguir delitos castigados penalmente. 

Aunque puede que Montoro no necesite del dinero de las hetairas y camellos en cuanto el Instituto Nacional de Estadística (INE) incluya en su cálculo del Producto Interior Bruto (PIB) lo que aportan a la riqueza nacional prostitución, drogas y contrabando. Cumpliendo una instrucción de la Unión Europea que ya aplican varios países, a partir de septiembre se reflejará en la riqueza española el negocio que dejan burdeles y drogas blandas. No me pregunten cómo lo van a averiguar los estadísticos del INE ya que, cómo no sea igual que los inspectores, preguntando de burdel en burdel y de esquina en esquina, no se me ocurre otro método de cálculo más fiable. El propio INE ha dicho hoy que sumar al PIB esas actividades elevaría la riqueza nacional en unos 45.000 millones de euros. De ser así, a Montoro tal vez le empezarían a salir por fin las cuentas del déficit, aunque sea mediante un maquillaje estadístico en toda regla de algo que bien podríamos llamar a partir de ahora Producto Criminal Bruto. 

Por no entrar ahora en disquisiciones sobre si el PIB de inspiración liberal que se emplea para medir la riqueza nacional es el más adecuado o habría que pensar en un sistema más acorde a la realidad que integre, además de la producción de bienes y servicios, la sostenibilidad o la distribución de esa riqueza entre los ciudadanos. Esa es la idea que repite incansable desde hace años el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz sin mucho éxito por ahora. 

Lo que sorprende menos es que los inspectores de Hacienda también propongan elevar de 120.000 a 600.000 euros la cuantía del delito fiscal, cuando otras organizaciones creen que habría que situarla en los 50.000 euros. La propuesta, de ser aceptada, sería una magnífica invitación al fraude fiscal y no precisamente por parte de quienes cobran en nómina y malamente llegan a fin de mes. Del hecho de que las grandes empresas radicadas en España sólo aporten el 10% de la recaudación fiscal frente a las familias que aportan el 90% restante no dicen nada los inspectores. Eso sí, proponen una campaña de mentalización pública para luchar contra el fraude fiscal. Cabe sugerirles que empapelen bien con carteles de mentalización las fachadas de los bancos suizos y otros paraísos fiscales.

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