Cerrado por vacaciones

Como indica el título de la entrada, esto no es un adiós sino un hasta pronto. Bajo la persiana del blog, en principio hasta septiembre, no sin antes agradecerles sinceramente el seguimiento y los comentarios a los posts que he ido publicando. Lamento muy de veras no quedarme para glosar mañana como se merece el balance que hará Rajoy de su Tercer Año Triunfal en La Moncloa o para comentar las andanzas y desventuras de Jordi Pujol, Luis Bárcenas o los Duques de Palma, entre otros especímenes de nuestra fauna política y judicial. 

En todo caso, me atrevo a adelantarme al balance de Rajoy convencido de que lo que diga no afectará a los cimientos del país ni acaparará grandes titulares durante mucho tiempo. O mucho me equivoco o de su balance de mañana sólo cabe esperar grandes dosis de triunfalismo económico y ni un solo gramo de autocrítica. Hablará seguramente de que “hoy España es un país serio”, de que “gracias a este Gobierno se evitó el rescate” o de que “la economía española ya crece y crea empleo”. Desistan de que aluda ni por asomo a la pobreza y la exclusión social, a las iniciativas retrógradas como la de la reforma del aborto y la LOMCE, a los recortes en los servicios públicos, a lo que nos está costando salvar a los bancos o a la calidad más bien mísera de los puestos de trabajo que se están creando en España a mayor gloria de la competitividad y los beneficios de las grandes empresas. 

No me cabe la más mínima duda de que sacará pecho con la reforma fiscal que le ha preparado Montoro y que mañana prevé aprobar el último Consejo de Ministros de este curso político. Dejará caer la falacia de que beneficia a los que menos tienen y a las clases medias, pero no dirá una palabra de que grandes empresas y grandes fortunas siguen defraudando anualmente miles de millones de euros a Hacienda mientras Montoro juega con el Power Point. Asegurará también que, a pesar de que la previsión de crecimiento económico no pasa de ser un desiderátum y si no se produce no habrá objetivo de déficit que valga, España cumplirá con sus compromisos porque – ya saben – “España es un país serio”. Cómo lo cumplirá llegado el caso si las cosas se tuercen, no hace falta decirlo: con nuevos recortes en servicios y en salarios de empleados públicos, para empezar. 

Ante el tsunami catalán de noviembre se mantendrá en sus casillas de que la consulta es ilegal y de ahí no se moverá un milímetro ni para encontrar una salida ni para decir cómo lo evitará por más que se acerque la hora de la verdad. Será el discurso de quien seguramente se prepara para iniciar con esta comparecencia la campaña electoral para las autonómicas y generales del año que viene. Una comparecencia que se va a producir, miren ustedes por dónde, casi un año después de que  Rajoy fuera arrastrado al Congreso de los Diputados para hablar del caso Bárcenas, un asunto que le perseguirá per secula seculorum por mucho que pretenda escapar por el garaje o esconderse tras un plasma. 

Un año después de aquella comparecencia para autoexculparse y reconocer al mismo tiempo que fue un error confiar en él, el juez Ruz ha concluido la instrucción del “caso Gurtel” y ha imputado a Bárcenas, al Bigotes, a Correa y otros cuarenta y pico bandoleros más de la cueva de Alí Baba y los millones en Suiza. No esperen que de esto diga una palabra mañana Rajoy y si alguien le pregunta responderá lo de siempre. Aquí pueden elegir la respuesta que más les guste entre estas tres opciones: “todo es falso salvo algunas cosas que están ahí”, “sobre lo que usted me pregunta tengo que decirle que no tengo nada que decirle” y “eso no toca en esta rueda de prensa”. 

Pero les prometo una cosa: si mañana Rajoy desmiente lo que he escrito hoy volveré y rectificaré. Si no es así, ¡buen verano y hasta septiembre!

De Mas a menos

Lo sé, reconozco que es un juego de palabras algo facilón pero ya me explicarán ustedes que más se puede decir de una reunión que, a pesar de durar dos horas y media, no sirvió absolutamente para nada. Hablo del encuentro que, anunciado a bombo y platillo desde hace semanas, mantuvieron esta mañana en La Moncloa Mariano Rajoy y Artur Mas. El primero ni siquiera habla catalán en la intimidad y el segundo cada vez habla menos español. Así las cosas, a nadie le puede extrañar que el resultado haya sido literalmente cero. Mariano Rajoy fue a la reunión a hablar de sus cosas y Artur Mas hizo exactamente lo mismo. 

El primero, después de pedir la colaboración de Mas en asuntos económicos, le volvió a espetar que la consulta soberanista es inconstitucional y no se va a celebrar. Mas hizo como que no oyó e insistió una vez más en lo de la consulta no sin antes presentarle a Rajoy un plan de infraestructuras que el Estado debe financiar en Cataluña. ¿Alguien entiende algo? Yo desde luego no: ¿si Mas quiere separar a Cataluña de España dónde encaja que le pida dinero a Rajoy para hacer carreteras? De manera que, acabado el “cordial” encuentro Mas se fue por su lado a hacer sus valoraciones en la sede que la Generalitat tiene en la metrópoli madrileña. La Moncloa, por su parte, despachó el esperado encuentro con una nota en la que, por más que uno la lee y la relee, no encuentra nada que no supiéramos hasta esta mañana. Ah, eso sí: han quedado en seguir dialogando, de lo cual nos alegramos sobremanera. 

A renglón seguido de hablar Mas para explicar que después de ciento cincuenta minutos de diálogo de sordos las cosas seguían exactamente igual que antes, hablaron una tras otra las fuerzas políticas catalanas. Tampoco aquí se esperaba cambio alguno de posición sino más bien lo contrario: cada uno repitió como si de una grabación rayada se tratara sus respectivos argumentos a favor y en contra de que los catalanes voten a favor o en contra de la independencia el próximo 9 de noviembre. ¿Qué ha cambiado pues desde esta mañana en este cansino asunto del soberanismo catalán que acapara esfuerzos, tiempo y energías en un país con prioridades mucho más perentorias? Tentado estoy de decir que absolutamente nada, que el diálogo de sordos sigue siendo la norma y que a este paso tenemos servido un espectacular choque de trenes a la vuelta del verano. 

Mientras Rajoy no salga de sus casillas y Mas de las suyas, mientras no se encuentre la manera de evitar el descarrilamiento sea por esa reforma de la Constitución que el PSOE propone pero que no define con claridad, sea por otra vía, que sigan hablando Rajoy y el presidente catalán sólo nos conducirá a la melancolía y al encontronazo inevitable. Algo sí ha cambiado, no obstante: la fortaleza y la autoridad moral que pudiera tener el nacionalismo de Artur Mas para reclamar la independencia se ha esfumado en buena parte entre los millones de euros ocultos por el ex muy honorable Pujol en paraísos fiscales durante más de tres décadas. 

Poner al factótum del nacionalismo catalán en la calle, dejarlo sin oficina, sin pensión, sin secretarias, sin coche oficial y hasta sin tratamiento de “muy honorable”, difícilmente servirá para apagar el incendio que su desvergonzado comportamiento fiscal ha provocado. Por más que intente Mas alejarse de las llamas y por más “compasión y dolor” que sienta por su “padre político”, el escándalo del dinero de Pujol no declarado a Hacienda no es ni de lejos un asunto privado y familiar. Con ese argumento no va Mas a ninguna parte ni convence a nadie y lo peor es que, todo lo que es en política el actual presidente catalán se lo debe, por mucho que ahora le pese reconocerlo, al que probablemente sea uno de los mayores delincuentes fiscales habidos en la historia reciente de España y de Cataluña. 

¿Cómo cree Mas que puede desligarse de esa herencia indeleble ? Puede hacer todas las frases retóricas que quiera, puede decir que su fuerza no proviene de Pujol sino de los catalanes pero nada de esto le servirá para librarse de la mancha que hoy contamina su proyecto soberanista. Hoy, con la alargada sombra de un corrupto confeso como Pujol oscureciendo el panorama político catalán, por no hablar de los vástagos pujolistas y sus trapisondas con el dinero público, Mas empieza a oler a producto político caducado y averiado, el mismo olor que desprende desde hace unos días su mentor y guía. 

Tiempos reales

Desconozco si es casual o causal pero lo cierto es que al rey Felipe VI no le podía venir mejor que Jordi Pujol confesara sus cuentas ocultas en el extranjero para entregarse a una suerte de catarsis de transparencia en la Zarzuela y aledaños. A más abundamiento, el mismo día del real anuncio entra en la cárcel por corrupción Jaume Matas, otro ex ministro y ex presidente autonómico, y un día después el juez Ruz cierra la instrucción del “caso Gürtel” y pone negro sobre blanco el nombre de los ilustres cuarenta y cinco imputados que se sentarán en el banquillo y entre los que figuran personajes patrios tan respetables como Luis Bárcenas o el Bigotes. 

En medio, como digo, Felipe VI anuncia que prohibirá a los miembros de la familia real trabajar para empresas privadas y encargará una auditoría externa sobre las cuentas de La Zarzuela. Saca pecho el Jefe del Estado y pone tierra de por medio ante la corrupción que anega el mundo de la política y de la que no escapa ni un ex honorable sinvergüenza fiscal como Jordi Pujol. Con su decisión de prohibir a los miembros de la familia real trabajar para la empresa privada le saca los colores a su egregio padre, al que siempre se tuvo como el mejor embajador de las empresas españolas por esos mundos de Dios. 

Si había que negociar un contrato multimillonario para una empresa española con un jeque saudí el encargado de realizar los contactos pertinentes no solían ser el presidente del Gobierno o el ministro del ramo o las empresas interesadas, sino el rey conseguidor, quien realizaba estas gestiones de alto nivel por puro y desinteresado amor a sus súbditos. Y estos eran los “negocios” de los que teníamos conocimiento los españoles, ya que de los otros nada o casi nada hemos sabido nunca y no parece que lo sepamos pronto salvo que a Felipe VI le de otro ataque de transparencia un día de estos. Lo que cabe preguntarse es si piensa seguir los pasos de su padre o se aplicará su propia prohibición y se limitará a la representación institucional más allá de nuestras fronteras, dejando que el Gobierno y las empresas hagan el trabajo que les corresponde.

No menos llamativa es la evidencia en la que el anuncio del rey deja al PP, que se opuso hasta el final con uñas y dientes a incluir a la Casa Real en su timorata Ley de Transparencia que al final tuvo que sacar adelante en solitario, como tantas otras en esta legislatura. Sólo la presión de todos los grupos de la oposición y de la opinión pública, alarmada por los casos de corrupción que afectaban al entorno familiar del titular de la Corona, le hizo entrar en razón pero sólo un poquito, lo justo para no molestar y la institución monárquica también se incluyó en la ley. Las decisiones ahora anunciadas por el nuevo rey van más allá de lo que la propia ley establece para la Casa Real y ponen de manifiesto que hay partidos políticos a los que la luz del día les molesta en los ojos y prefieren vivir con las ventanas y las puertas bien cerradas aunque huela a podrido a miles de kilómetros. 

Por lo demás, el ejercicio de transparencia que ahora anuncia Felipe VI con el claro propósito de intentar recuperar parte del prestigio y el respeto perdidos por la monarquía española debido a la mala cabeza de su padre y a los negocios sucios de su hermana Cristina y su cuñado Urdangarín, también tiene un evidente fin preventivo. Además de sacar a orear en qué se gasta la Corona el dinero que año tras año le entregamos los españoles, el rey quiere evitar que, cuando sus hijas crezcan, se echen novio y se casen, vuelvan a asistir los españoles a la deplorable imagen de yernos practicando los cien metros libres para huir de la prensa e infantas haciéndose pasar por tontas del bote ante un juez. 

Ahora bien: ya que tanta transparencia quiere imprimirle a su reinado, también podría el nuevo rey aclararnos qué sabía de los negocios del duque que corría y de la implicación en ellos de la hermana infanta que no sabía nada de nada de las causas por la que corría aquel. Ya puestos, que nos diga también si en su condición de príncipe heredero pudo hacer algo para evitar el trinque que se había organizado ante sus mismísimas barbas o prefirió dejar pasar y dejar hacer, tal y como hizo su padre. Para una declaración de ese tipo no es necesario que espere a que cualquier día de estos nos volvamos a despertar los ciudadanos con la noticia de que otro político español atesoraba un potosí en algún paraíso fiscal. Hoy mismo es buena ocasión.

Traca (casi) final

Estaba yo a punto de agenciarme la toalla y las gafas de sol para tomarme un pequeño respiro en esto de glosar la actualidad patria, cuando han vuelto a saltar todas las alarmas. Está visto que a algunos no se les puede dejar solos porque a las primeras de cambio hacen de su capa un sayo y de su herencia una cuenta corriente en alguno de esos numerosos paraísos fiscales que quedan por el mundo a la espera de que un Sarkozy futurista reinvente el capitalismo. Hablo – ya lo habrán captado – del honorable Jordi Pujol que, compungido y arrepentido, acaba de confesar que en más de treinta años no ha tenido ni un momento de sosiego para regularizar ante Hacienda el dinero que – según él - le dejó su padre en uno de esos paraísos al que sólo van los que tienen dinero que poner a salvo. 

Es normal que esto le ocurra a un hombre con una agenda tan cargada como la de Pujol, que lo mismo tenía que negociar acuerdos de gobierno con Aznar para garantizar la estabilidad política del país que llevar las riendas catalanas hacia el soberanismo final. En esas condiciones de estrés y corre que te corre, cómo iba a sacar tiempo para presentarse en la oficina de Hacienda más cercana y explicarle al funcionario de turno que él también tenía una cuenta en Suiza o en Andorra sin ir más lejos, como cualquier hijo de vecino que se precie. Así que no hagamos leña del árbol caído y perdonemos su involuntario olvido, seguro que no lo hizo con ánimo de defraudar al fisco ni cosa parecida. 


Eso es impensable en alguien que siempre se ha caracterizado por exigir ejemplaridad ciudadana, que reclamó una agencia tributaria para Cataluña y que puso de modo aquello de “España nos roba” mientras él ocultaba su dinero al fisco común tal vez porque el origen no era precisamente inmaculado. Pero insisto: si sus propias lecciones de moralidad no se las aplicó a sí mismo sólo fue por falta de tiempo y no de voluntad. Sospecho que con las prisas tampoco se acordó Pujol de explicar en su explosiva nota del pasado viernes cuánto dinero le legó su padre que en paz descanse y en gloria esté o quiénes de su familia han regularizado su situación con Hacienda gracias a la comprensiva amnistía fiscal de Montoro. Y no es la menor de las lagunas de su nota la que hace referencia al origen real del dinero oculto. Una despechada ex nuera de Pujol ha dicho hoy que de herencia paterna nada de nada, que el dinero procede de las comisiones amasadas por adjudicaciones públicas durante los más de 20 años que el honorable presidió la Generalitat. 

A todas esas dudas deberán contestar él, su esposa y sus vástagos, algunos de los cuales también se han caracterizado en los últimos tiempos por ser unos hábiles gestores del dinero de los demás en su propio beneficio como es notorio en los casos judiciales que tienen abiertos. Y aquí todo apunta a que han sido esas investigaciones judiciales las que estaban cerca de destapar que el patriarca tenía dinero en algún paraíso fiscal que no había sido detectado por Hacienda – el día que Hacienda detecte uno de estos fraudes millonarios me hago monje budista - y Pujol no ha tenido más remedio que tirar de su propia manta y quedarse con todas sus vergüenzas fiscales al aire para proteger a la familia. 

En su vertiente política, el mea culpa del ya poco honorable Pujol echa por tierra otro de los mitos de la Transición y la imagen de político de estado de la que se hacían lenguas sus admiradores y hasta sus detractores. Pero lo que de verdad queda contra las cuerdas es el proceso soberanista catalán del que Pujol era el buque insignia y la inspiración hasta el día mismo de su confesión. Los partidos que apoyan el referéndum se apresuran ahora para establecer un amplio cortafuego que aleje de ellos y de sus planes las llamas provocadas por el descarado y vergonzoso comportamiento de Pujol, al que quieren expulsar del partido que fundó y retirarle los privilegios y emolumentos de los que aún disfruta. Empeño vano, me temo, cuando quien se presentó ante los ciudadanos como el adalid de la honradez y la virtud y casi como el padre de la moderna Cataluña resultó ser sólo un sivergüenza, eso sí, muy honorable.

PSOE:¿cambiando o continuando?

No soy muy amante del gerundio, esa forma verbal del español de la que con frecuencia se abusa o emplea de modo incorrecto. Los socialistas, en cambio, no le tienen miedo y han elegido precisamente, no un gerundio sino tres, como lema de su congreso extraordinario de este fin de semana: “Cambiando…cambiando el PSOE…cambiando España”. Se me ocurre que en lugar de elegir “cambiando” como lema y leit motiv del cónclave también pudieron haber optado por algo menos progresivo y más contundente y definitivo, por ejemplo, “cambiamos” o “hemos cambiado”. Mas no le metamos prisa a Pedro Sánchez y los suyos: aún tienen por delante una dura tarea antes de encontrar el oasis en el que saciar su sed de votos y en el que también quieren beber hasta dejarlo seco otras fuerzas como Podemos. 

Sin duda, el congreso será un punto de inflexión en ese camino y de su éxito o fracaso dependerá que el oasis se acerque o se aleje como un espejismo en el horizonte. Lo primero que tendrá que conseguir Sánchez es una ejecutiva integradora y que cuente con amplio respaldo de los delegados. El primero de los nombres lo anunció hoy mismo el propio Sánchez al designar a César Luena como nuevo secretario de organización, que a todos los efectos será su número dos en la dirección. Luena es un desconocido dirigente riojano del que en principio sólo cabe decir que se le reconoce el valor, como a los soldados en la mili. Es probable que Carmen Chacón, derrotada en Sevilla, y Patxi López, dimisionario del PSOE vasco, pasen a formar parte también del núcleo duro de este PSOE en cambio progresivo. 

Sea cual sea la composición, los nombres y el perfil de esa ejecutiva, una de sus primeras tareas será determinar qué ocurrirá con las primarias abiertas para elegir al candidato socialista a La Moncloa previstas para noviembre. Si bien los barones no ven con malos ojos retrasarlas, tal y como ha sugerido con claridad el nuevo secretario general, no todo el mundo en el partido opina lo mismo y exige que se celebren en la fecha acordada y comprometida. Desde luego, mal empezaría este PSOE cambiante si lo primero que hace es cambiar sus propios compromisos por un mero cálculo electoral. Que Sánchez recibirá parabienes y felicitaciones de los barones tras ser aclamado nuevo secretario general sobra decirlo. Mucho más interés tendrá saber si aprovechará el congreso para iniciar la carrera rumbo a La Moncloa o si llegado el caso opta por la temida bicefalia de ingrato recuerdo para el PSOE y le cede el paso a Susana Díaz, con la que parece consultar todas sus decisiones importantes a pesar de haber pedido autonomía para dirigir el partido. 

Por lo demás, este congreso carece de contenidos programáticos dignos de mención, salvo algunas ponencias de relleno para pasar la tarde del sábado charlando entre camaradas. Y es ahí en donde, en mi profana opinión, flaquea con claridad un encuentro que, visto desde fuera, parece pensado más para elevar a Sánchez a los altares que para lanzar dos mensajes claros y contundentes a militantes y ciudadanos. A los primeros tendría que explicarles Sánchez cómo va a renovar el partido, cómo se va a canalizar la participación desde las bases a la cúpula y cómo va a hacer para que las ventanas y las puertas no vuelvan a cerrarse después de este fin de semana y del ejemplar proceso de primarias que lo han llevado a la máxima responsabilidad en el PSOE.

A los ciudadanos tendría que decirles que el PSOE renacerá de sus cenizas con una propuesta política que se diferenciará con claridad del neoliberalismo rampante y que será capaz de hacer viable el magullado estado del bienestar, santo y seña de identidad de la hoy alicaída socialdemocracia que purga sus propios errores. El gesto de ordenar a los eurodiputados socialistas españoles que votaran en contra de Junker como presidente de la Comisión Europea, no suple ni de lejos la alarmante falta de ideas políticas alternativas que exhibe Sánchez por mucho que se esté en contra de todo lo que representa el político luxemburgués. Dado que Sánchez apenas ha dicho nada hasta el momento sobre el futuro del partido o sobre el futuro de la socialdemocracia en España, cabe plantearse esta pregunta: ¿cambiando o continuando?

Hacer el ridículo es gratis

Alberto Ruiz-Gallardón debería de estar a esta hora firmando su renuncia como Notario Mayor del Reino después del varapalo que acaba de propinarle el Tribunal Supremo a la reforma express de la Justicia Universal. Por unanimidad, los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo acaban de enmendarle la plana con todas las de la ley a la Audiencia Nacional y de rebote al ministro de Justicia, al Gobierno del que forma parte y al partido al que pertenece. Los magistrados respaldan por unanimidad el parecer de la fiscalía contra la excarcelación de más de medio centenar de presuntos narcotraficantes pescados in franganti en alta mar. Esto obligará ahora a la Audiencia Nacional a ordenar su detención después de haber permitido que salieran en libertad según su sabia interpretación de la renovada Justicia Universal aprobada de prisa y corriendo en las Cortes. 

Alegaba la fiscalía y comparten sus puntos de vista los magistrados del Supremo, que los convenios internacionales de los que España es signataria le impiden mirar para otro lado en la lucha contra el narcotráfico por más que los presuntos responsables sean detenidos en aguas internacionales, que el barco no tenga bandera española o que la droga no tenga como destino nuestro país. Nada nuevo por otro lado: ese mismo argumento lo habían sostenido, por ejemplo, los sindicatos policiales y las organizaciones de atención a la drogadicción, además de numerosos jueces de todo el mundo. Todos se llevaron las manos a la cabeza alarmados ante la alegría con la que el Gobierno español hacia dejación de sus obligaciones internacionales de perseguir el tráfico de drogas. De manera que también los jueces de la Audiencia que dieron carta de naturaleza a tamaña chapuza jurídica deberían de plantearse la posibilidad de dedicarse a otra cosa. Ridículo no, lo siguiente: bochorno nacional e internacional. 

Todo este sainete trae causa de la celeridad con la que se afrontó la cuasi extirpación de la Justicia Universal en España por parte del PP. Al Gobierno español se le metió el susto en el cuerpo cuando los chinos se pusieron como tales y le reprocharon que un juez español hubiera dictado orden de detención contra varios dirigentes de Pekín por el genocidio en el Tíbet. Sin pensárselo dos veces encargó al PP una reforma urgente de la Justicia Universal que dejara a los jueces españoles atados de pies y manos para perseguir ese tipo de crímenes. De esta manera, la reforma se pudo hacer por la vía de la proposición de ley y no del proyecto de ley, lo que acortó los plazos al evitarse trámites como el informe del Consejo de Estado y otras innecesarias pérdidas de tiempo: había que cambiar la ley cuanto antes para calmar a los chinos. 

En la operación “reforma legal de la Justicia Universal a mayor gloria de las relaciones comerciales con China y Estados Unidos”, cayeron las violaciones de derechos humanos en el Sahara o en Guatemala y la investigación sobre el asesinato a manos estadounidenses del cámara José Couso, entre otras causas. Pronunció entonces el portavoz popular, Alfonso Alonso, una frase que pasará a la posteridad como ejemplo de lo que le preocupan a este señor y a su partido los derechos humanos y su defensa: “La Justicia Universal despierta falsas expectativas y sólo crea quebraderos diplomáticos”. El Gobierno chino no tardó en agradecer el gesto a España y aseguró que ahora sí podemos hacer negocios sin que ningún juez nos esté tocando las narices. 

Claro que, de paso, también se beneficiaron de este disparate los narcotraficantes que, de la noche a la mañana, vieron abiertas las puertas de las prisiones en donde esperaban juicio. Teniendo en cuenta que muchos de ellos son extranjeros y probablemente ya hayan puesto pies en polvorosa, tengo un gran interés por saber cuántos podrá detener de nuevo la policía para ponerlos otra vez a buen recaudo.

Mas no debería limitarse el Supremo a tumbar la excarcelación de narcotraficantes sino dar un paso más: tumbar toda la reforma en su conjunto por cuanto también vulnera convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por España. A ver si así el Notario Mayor del Reino, que con tanta abnegación defiende valores como el de la vida, recibe por fin el mensaje de que jugar y hacer el ridículo en todo el mundo con algo tan sagrado como la Justicia y los derechos humanos no le puede salir gratis.

Ser banquero en España

No se dejen engañar: ser banquero en España tiene menos riesgo que tumbarse en el sofá a hacer la siesta mientras en La 2 ponen un documental de leones. Salvo que uno se escape del plasma y nos dé un bocado, nada hay que temer. Banquero puede ser cualquiera y a las pruebas judiciales me remito. Ni siquiera es necesario parecer honrado, basta con decir que lo es. Cualquiera puede abrir un banco y darle la forma que más le guste: piramidal y tonto el último o porticado con columnas de mármol y escudos heráldicos en el frontis. De puertas adentro apenas ninguno se diferencia del resto, todos se dedican a lo mismo, a barrer para casa. 

Un suponer: uno abre una caja de ahorros y de buenas a primeras se le hacen los ojos chiribitas ante las grúas y las altas torres de hormigón que empiezan a nublar los despejados cielos del país. Rápidamente concluye: aquí hay negocio. Sin pensárselo dos veces se lanza a dar créditos a tontas y a locas, sin exigir garantías de devolución y con propinas para los muebles, la tele y el coche. De paso engoa a unos cuantos miles de jubilados y niños de pecho con unas irresistibles participaciones preferentes y a fin de año presenta unos resultados que son la envidia del rey Midas. 

Un día cualquiera empieza a soplar un viento amenazador que en poco tiempo se convierte en huracán y las grúas y andamios empiezan a venirse abajo en cascada. Las altas torres se quedan a medio construir y el banco o la caja del cuento empiezan a acumular créditos impagados y pisos que nadie quiere o puede comprar. Se reúne entonces el consejo de administración y pide calma al tiempo que aprueba una subida del sueldo y las pensiones de los directivos por si la cosa se pone muy fea y hay que salir de naja. En el peor de los casos – calculan con mucha perspicacia – siempre nos quedará el comprensivo gobierno de turno para sacarnos del lío si en lugar de un banco nos quedamos con un queso lleno de agujeros. 


Dicho y hecho: las cosas empeoraron de tal manera y los números rojos alcanzaron un rojo tan intenso que el caritativo gobierno salió en defensa del sagrado sistema financiero y echó sobre la espalda de los españoles un “generoso” préstamo de 100.000 millones de euros de la “troika” para limpiar la porquería acumulada bajo las alfombras de los lujosos salones en los que se reunía el consejo de administración. Luego, cuando ya los había apuntalado con dinero público, los puso en venta al mejor postor y alardeó de lo bien que lo estaba haciendo y de la confianza que volvía a tener el mundo mundial en el sistema financiero del país. 

Apliquen este cuento a la realidad más actual y verán que coincide casi punto por punto. Los españoles acabamos de perder la nada despreciable cifra de 11.000 millones de euros – casi lo mismo que nos cercenó el año pasado el Gobierno en educación y sanidad - para salvar a Catalunya Bank del batacazo que merecía por la mala gestión de sus directivos. Entre ellos figuraba el que fuera vicepresidente del gobierno y ministro de Defensa, Narcis Serra, y cuarenta más - ¿a qué me suena lo de los cuarenta? - que con los rojos números ya sobre la mesa se subió el sueldo por encima de los 800.000 euros anuales. 

El Gobierno se la ha vendido ahora al BBVA por apenas 1.000 millones de euros no sin antes haberla apuntalado con 12.000 millones de todos nosotros. Y esto es solo una pequeña parte del dinero público que ha utilizado el Gobierno para tapar los agujeros bancarios en este país, unos 60.000 millones de euros según algunos cálculos sin contar los avales del Estado para que los pobrecitos pudieran emitir deuda. De esa cantidad apenas hemos recuperado el 4% y gracias: de los más de 22.000 millones de euros que pusimos a escote para que no cayera Bankia no veremos un euro y de los bancos nacionalizados que aún quedan por sacar a subasta es posible que tampoco veamos nada. Todos ellos, por cierto, han seguido desahuciando a familias sin recursos para pagar la hipoteca y nadie desde el Gobierno les ha dicho nunca zape. 

Dicen algunos que el capitalismo no puede funcionar sin un sistema financiero saneado y puede que no les falte algo de razón. No dicen, sin embargo, que el saneamiento del banco o la caja en cuestión tengamos que pagarlo los contribuyentes con nuestro dinero para luego regalárselo envuelto en papel de colores al que haga la oferta más generosa, que siempre estará muy por debajo de lo que nos ha costado el estropicio y las alegrías de otros. Sí estoy seguro de una cosa: son los bancos los que no podrían vivir sin un sistema económico y político como el de España, en donde ser mal banquero y llevárselo crudo no sólo no se castiga sino que tiene premio y reintegro.

Operación infernal en Gaza

El calificativo no es mío, sino del responsable de la diplomacia estadounidense, John Kerry, para referirse a la masacre de niños y civiles inocentes que el ejército israelí viene perpetrando desde hace dos semanas en la franja palestina de Gaza. A Kerry le traicionó el subconsciente y poco antes de ser entrevistado por la Fox fue pillado con el micrófono abierto hablando con un asesor ante el que reconocía que había que hacer algo cuanto antes para detener esta locura. Claro que no es eso lo que el secretario de Estado estadounidense dice en público cuando se le pregunta por el nuevo e inmisericorde ataque israelí sobre Gaza. Entonces, tanto él como esa entelequia que por convencionalismo llamamos la “comunidad internacional” y en la que se incluyen, además de Estados Unidos, la ONU y la UE, se ponen de perfil y sólo saben pedir una tregua o un alto el fuego para negociar. 

Mientras el político más viajado del mundo baja y sube de los aviones que lo llevan El Cairo o a Tel Aviv y dice negociar una tregua que nunca llega y cuando lo hace apenas sirve para gran cosa, los aviones militares y los tanques israelíes continúan imparables con su patriótica misión de tierra quemada. Los muertos como consecuencia del ataque aéreo y terrestre en la hacinada franja de Gaza, en donde residen dos millones de palestinos, superan ya los 500 y de ellos una quinta parte son niños. Tal vez Israel tema que si crecen acaben convertidos en peligrosos terroristas de Hamas y lancen cohetes de fabricación casera sobre territorio israelí. 

Con tregua o sin ella, lo cierto es que Israel ha convertido a Gaza en un gueto y a su población en prisionera de su política expansionista. Cuesta creer que medio millón de personas, en su mayoría civiles inocentes, hayan muerto a raíz del secuestro y muerte de tres jóvenes israelíes. En un país medianamente civilizado estos hechos se habrían dirimido poniendo a los responsables ante la Justicia y no mediante la aplicación indiscriminada del principio bíblico de “ojo por ojo y diente por diente”. Por este castigo ejemplar y terrible es por el que ha optado una vez más Israel con un brutal y desproporcionado ataque aéreo y terrestre en el que, como siempre, han vuelto a pagar justos por pecadores. 

Que las fanáticas milicias de Hamas no son ni mucho menos inocentes en todo lo que viene pasando en esa zona del mundo es algo que a nadie se le oculta ya a estas alturas. Con sus continuos actos de hostigamiento al vecino Israel no hacen sino servirle en bandeja a los halcones de Tel Aviv el argumento ideal para desencadenar una ofensiva cuyo objetivo último no es otro que el de anexionarse nuevos territorios y condenar a la población palestina al exilio camino de los campos de refugiados. Aquellos que se resistan saben de antemano que sus vidas no valdrán nada y sus casas y propiedades serán arrasadas hasta los cimientos para escarmiento eterno. 

Sin embargo, de ahí a equiparar las  fuerzas de los radicales de Hamas con las de uno de los ejércitos mejor equipados del mundo y un gobierno como el israelí, al que siempre le cubre las espaldas el fiel aliado estadounidense, va un trecho insalvable. El espectáculo del presidente Obama o del secretario de Estado norteamericano de turno viajando continuamente a la zona del conflicto para mendigar una tregua que Israel utiliza en función de sus intereses es ya nauseabundo. No menos lamentable es el papel de la ONU y sus melifluos llamamientos a la paz y a la negociación después de que Israel haya incumplido una tras otras todas las resoluciones sobre el conflicto, sabedor de que el gran hermano americano siempre estará ahí para salvarle la cara, librarle de las sanciones y defender su posición. 

En Palestina no habrá paz duradera mientras Estados Unidos, la ONU y la comunidad internacional no obliguen a Israel a devolver los territorios palestinos que se ha anexionado y colonizado ilegalmente y por la fuerza en las últimas décadas y acepte la existencia de un estado palestino contiguo a sus fronteras. Eso es precisamente lo que Israel siempre ha evitado por todos los medios, principalmente los militares, y hay que reconocer que hasta hoy el éxito de su estrategia es total. De ello pueden dar buena fe el medio millar de muertos palestinos de la nueva ofensiva militar y los miles que murieron en ofensivas anteriores o tuvieron que irse con lo puesto rumbo a los campos de refugiados, mientras los Kerry y Ban Ki-moon de turno pedían una tregua. 

Terror en el aire

Dudo que algún día lleguemos a saber con certeza quién o quiénes lanzaron el misil que derribó un avión de Malasia al este de Ucrania y provocó la muerte de sus 298 ocupantes. Estados Unidos ya se ha adelantado a culpar a los rebeldes prorrusos de la autoproclamada república independiente de Donetsk y, desde luego, son los principales sospechosos. Mas conviene no adelantar acontecimientos ni señalar tan pronto a los responsables de la masacre. En una guerra, y lo que sucede desde hace meses en el este de Ucrania es una guerra con todas las letras y consecuencias, la primera baja es la verdad. Antes de hacer acusaciones conviene esperar a que se realice una investigación rigurosa e independiente para determinar de dónde partió el misil terrorista y quién lo lanzó contra un avión comercial con pasajeros pacíficos a bordo. 

Está claro que hay responsables directos e indirectos, por acción y por omisión. Desde luego, entre los primeros están quienes lanzaron el misil. Para señalarlos se precisa conocer si la zona desde la que se disparó estaba bajo control separatista o ucranio y a partir de ahí determinar cuál de las dos partes en conflicto causó la masacre y por qué. Cabe la posibilidad de que el misil partiera de territorio ruso, lanzado con el fin de apoyar las acciones de los independentistas contra el ejército ucranio y tras confundir la aeronave malasia con un avión espía. Parece menos probable pero no debería descartarse aunque Putin se haya apresurado a eximirse de toda responsabilidad. Estas son las responsabilidades directas que deberá dirimir la investigación si quien la realiza puede gozar de la independencia necesaria para hacer su trabajo con rigor. 

Pasemos a los responsables indirectos, a los que pudieron haber hecho mucho más para evitar esta escabechina humana. Está en primer lugar la Agencia Europea de Seguridad Aérea, que aún no ha explicado por qué no había advertido a las compañías de la peligrosidad de la ruta por la que volaba el avión malasio. El conflicto en Ucrania data del otoño pasado pero a la agencia en cuestión – se pregunta uno a qué se dedica realmente - no se le debe de haber pasado por la cabeza que convenía dar un rodeo. Tampoco hicieron lo propio las compañías aéreas que, ahora, después de la tragedia de ayer, han anunciado que evitaran sobrevolar el área del conflicto aunque eso suponga gastar un poco más en combustible o escalas. Una vez más ha vuelto a primar el ahorro de costes y los beneficios sobre la seguridad de los pasajeros. 

Y en tercer término de responsabilidad, pero no menor, están quienes han atizado este estúpido conflicto en el centro de Europa y quienes no han sido capaces – empezando por los Estados Unidos y continuando por la mortecina Unión Europea – de hacer nada significativo para detenerlo. En este grupo de responsabilidades, sin duda la más grave recae sobre Putin y su manía megalómana y expansionista. Él dio alas al separatismo anexionándose Crimea con la fuerza militar enmascarada en una farsa de referéndum y, a partir de ahí, la mecha prendió en toda la región con un conflicto de final impredecible pero en el que los independentistas cuentan con el apoyo y la comprensión de Moscú. Kiev, por su parte, abandonado a su suerte por una inoperante diplomacia internacional norteamericana y europea, se ha embarcado en una guerra para salvar la honra nacional que a todas luces tiene perdida ante el gigante ruso. 

Ese es, a grandes rasgos, el telón de fondo del terrible acto terrorista de ayer. Serán los gobiernos de Holanda – de dónde eran nacionales la mayor parte de las víctimas- y Malasia los que deban exigir y vigilar para que la investigación aclare lo sucedido y señale a los responsables directos para que sean juzgados y paguen por el incalificable acto de ayer. Y aunque sea tarde ya para las víctimas inocentes y sus familias, los responsables indirectos de esta masacre – Rusia, EEUU, la UE y la ONU - no pueden seguir aplicando o consintiendo la política de hechos consumados desarrollada en Ucrania en los últimos meses y permitiendo que se consolide un status quo que vulnera los principios más elementales del Derecho Internacional. Porque esa y no otra ha sido precisamente la causa original y primera de lo ocurrido ayer y por la que han pagado con sus vidas 298 inocentes.  

Otra de piche

Cerca de dos centenares de personas luchan desde ayer a brazo partido contra una mancha de fuel en la costa sureste de la isla de Gran Canaria. La materia negruzca y viscosa llegó a alcanzar un kilómetro de largo por unos 20 metros de ancho y tocó la costa del municipio de Agüimes arrastrada por las corrientes marinas. La Guardia Civil ha tomado muestras para averiguar el origen del vertido, aunque no hace falta ser un Sherlock Holmes para sospechar que detrás está alguno de los numerosos barcos que transitan por la zona. El área afectada es una reserva de gran riqueza marina que, según los expertos, se verá seriamente dañada y uno de los lugares predilectos de los buceadores de la isla. De hecho, ellos fueron los primeros en dar la voz de alarma y en ponerse a recoger la porquería que llegaba flotando a la orilla.

La limpieza del litoral afectado llevará al menos unos diez días, según las previsiones de los especialistas, que achacan el problema a una deficiente vigilancia de los barcos que surcan esas aguas y a una total descoordinación entre las administraciones públicas. Se corre incluso el peligro de que la mancha de piche se desplace hacia el sur y afecte a la zona turística por excelencia de Gran Canaria, dibujando una estampa que a buen seguro inmortalizarán los turistas con sus cámaras. 

Lo de hoy es piche sobre piche: el pasado mes de abril dos playas del sur de la isla, El Águila y Castillo del Romeral, sufrieron también la visita del fuel obligando a cerrarlas al baño y a trabajar durante días para limpiarlas. De las investigaciones abiertas para esclarecer el origen y castigar a los culpables aún no se sabe una palabra y cabe suponer que con el vertido de ayer tarde pasará otro tanto. La Capitanía Marítima de Las Palmas, dependiente del Ministerio de Fomento y de la que a su vez depende la seguridad del tráfico de barcos por las aguas de esta zona, tampoco ha dado aún ningún tipo de explicación sobre lo qué está haciendo o piensa hacer para dar con el responsable de lo ocurrido. 

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Canarias, muda una vez más, se ha limitado a decir que la investigación es responsabilidad de la Guardia Civil y con eso se ha dado por satisfecha. Mientras, al Gobierno de Canarias se le ha reprochado la pachorra con la que activó el plan de contingencias por contaminación marina y éste se defiende diciendo dos cosas claramente contradictorias entre sí: por un lado, que el asunto es competencia del Gobierno central ya que se trata de un caso de contaminación marina que corresponde afrontar a la Demarcación de Costas y, por otro, que debía ser el ayuntamiento de Agüimes el que combatiera el vertido al no ser este de la suficiente gravedad como para que se ocupara de él la comunidad autónoma. 

Dicho en otras palabras, unos por otros y el piche sin limpiar, salvo en el caso del ayuntamiento afectado que con su personal y con los voluntarios que enseguida se sumaron se pusieron inmediatamente manos a la obra arriesgando incluso su seguridad al trabajar sin mascarillas para evitar las emanaciones del pegajoso piche ya solidificado. Si esto ocurre con una mancha relativamente pequeña de fuel y esta es la respuesta de las administraciones públicas supuestamente competentes, no quiere uno ni imaginarse el tamaño del desastre tras un vertido grave en las prospecciones y eventual extracción de petróleo que Repsol se propone realizar en los próximos meses en aguas de Lanzarote y Fuerteventura.

Lo de hoy pone de manifiesto que los protocolos de actuación, los planes de contingencia y los sacrosantos informes de impacto ambiental son pura filfa cuando hay que afrontar la oscura y maloliente realidad del piche flotando en el agua, matando la vida y embadurnando las costas. Debería de servir de lección para todos, pero sobre todo para quienes alaban las ventajas del petróleo y sus riquezas infinitas y menosprecian alegremente sus riesgos.       

Deferencias petroleras

El Ministerio de Industria, Energía y ( sin embargo) Turismo acaba de trasladar a las instituciones canarias el borrador de la resolución que dará luz verde definitiva a Repsol para que inicie las prospecciones petrolíferas en aguas las islas. No obstante, hablar de “borrador” es un mero eufemismo: la resolución definitiva que en los próximos días publicará el BOE firmada de puño y letra por el ministro José Manuel Soria no tendrá una coma de más o de menos con respecto al tal borrador. El propio Ministerio, que en un primer momento habló de un plazo de alegaciones “de al menos diez días” al susodicho borrador, ya ha aclarado las cosas para quienes todavía creen que queda alguna posibilidad de parar este asunto por la vía administrativa. No se aceptarán alegaciones que supongan paralizar o retrasar los sondeos, ha subrayado el Ministerio. 

Dicho en cristiano, se pongan como se pongan las instituciones canarias y presenten las alegaciones que presenten, las prospecciones seguirán su agitado e imparable curso a mayor gloria de Repsol. A más abundamiento en la idea de que el traslado del documento a las instituciones canarias es más un escarnio que una muestra de respeto y colaboración institucional, desde las filas del PP canario se ha aportado hoy una esclarecedora interpretación más: lo que ha hecho el Ministerio es tener “una deferencia” con Canarias para que sus representantes públicos salgan de la ceguera en la que están sumidas y conozcan de primera mano el texto de la resolución y – podemos añadir – la enmarquen y la coloquen en lugar bien visible en despachos oficiales y plazas públicas. 

Se ha sabido también que la predicha resolución valora exactamente en 20 millones de euros el sector turístico canario, la biodiversidad del archipiélago y el riesgo de que islas enteras puedan quedarse sin abastecimiento de agua potable si ocurre lo innombrable. Esa es la fianza que Repsol deberá depositar para cubrir daños ambientales más una póliza de responsabilidad civil subsidiaria de 40 millones de euros. Sabido es que ni el sector turístico de las islas, que representa más de un tercio del PIB canario y da trabajo a un tercio de la población activa, y mucho menos su biodiversidad o las necesidades de agua potable de la población valen eso ni de lejos. Si tenemos en cuentas que los daños del Prestige superaron los 2.000 millones de euros y que los del Golfo de México fueron más de 8.000, tengo para mí que el ministerio ha sido algo duro con la pobre Repsol imponiéndole garantías económicas tan elevadas. A ver si por exigirle tanto quiebra y nos quedamos los canarios sin el deseado oro negro. 


En paralelo a esta deferencia para con la tierra que lo vio nacer y para con sus instituciones, el ministro se ha vuelto a convertir en el más informado portavoz de la petrolera y ya ha dado una fecha cierta para el inicio de los sondeos, un dato que en Canarias aguardábamos con mal disimulada ansiedad habida cuenta la riqueza que nos espera en el fondo del mar, como las llaves aquellas. La fecha mágica será a finales de octubre – ha dicho Soria – y tal vez no por casualidad es la misma que está barajando el Gobierno de Canarias para convocar a los ciudadanos a pronunciarse en una consulta popular sobre los sondeos. 


En el capítulo de las deferencias debe incluirse también que el ministro habla ahora de que las islas recibirán “una parte” de los impuestos que cobre el Estado a Repsol por su negocio petrolero en Canarias. El tamaño de “la parte” es lo que no ha precisado pero no cabe la menor duda de que no bajará del 99,99%. Mientras tanto, en Repsol nadie ha vuelto a abrir la boca desde que su presidente Brufau nos felicitó la última Navidad anunciándonos El Dorado en una inolvidable rueda de prensa en Canarias que pasará a los anales de la comunicación empresarial. Él solito hizo más contra las prospecciones en una hora que el Gobierno de Canarias y los grupos ecologistas en dos años y medio. 

Sin embargo, y coincidiendo con los movimientos administrativos en la oscuridad que de forma tan virtuosa interpreta el ministerio de Industria, la petrolera multinacional lleva días alegrándonos la vista con una lujosa campaña publicitaria en varios medios de comunicación. En ella salen niños rubios correteando por arenas igualmente doradas y se compara la riqueza de los noruegos y su industria petrolífera con la cerrazón de los inconscientes ciudadanos de estas islas que no somos capaces de ver las ventajas sin límite de tener hermosos pozos petrolíferos a unos pocos kilómetros de nuestras costas. 

Lástima que el dinero no le haya alcanzado para explicar también en esos vistosos anuncios que en Noruega la industria petrolera está en manos públicas y que la riqueza que promete a los canarios no es más que un desesperado intento por convencernos de que su negocio privado también es el nuestro. Creo que, como le pasó a Brufau en Navidad, la campaña está consiguiendo lo contrario de lo que pretende, aunque ese es su problema. En cualquier caso, no me digan que no es una deferencia de las de verdad que Soria, un ferviente defensor de las energías renovables, y Repsol, más que una petrolera una ONG sin ánimo de lucro, se desvivan tanto por nuestro bienestar presente y futuro. Es como para llorar de emoción. 

AENA no tiene nombre

Hago esfuerzos para contenerme y no ensartar aquí una ristra de adjetivos descalificativos de la irresponsable actitud de los representantes del Ministerio de Fomento y de AENA – tanto de los actuales como de los anteriores - para con los vecinos de un humilde barrio grancanario llamado Ojos de Garza. Si echara mano del diccionario seguro que me faltarían palabras para describir el proceder de estos señores y señoras. Entre vergonzoso y miserable incluyan ustedes todos los que se les ocurran

La historia es tan vieja ya que es necesario recordar sus orígenes. Todo comenzó en 2001 cuando a alguien se le metió en la cabeza que el aeropuerto de Gran Canaria necesitaba una segunda pista operativa a pesar de contar ya con dos, la civil y la de uso militar pero que habitualmente también utilizan aviones comerciales. Supuestamente el aeropuerto se iba a quedar pequeño muy pronto y no iba a ser capaz de acoger a los millones de turistas que iban a llegar en tropel a la isla. De hecho han pasado casi 14 años y aún no ha petado ni da indicios de que eso vaya a ocurrir muy pronto. 

En cualquier caso, tanto se batalló para que el Gobierno del Estado financiara el proyecto que al final se incluyó el Plan Director del aeropuerto. Ahí empezaron los problemas para los vecinos del humilde barrio de Ojos de Garza, cuyas viviendas tendrían que ser desalojadas por la vía de la expropiación forzosa para la proyectada ampliación. Después de años de innumerables reuniones, de protestas vecinales y de tiras y aflojas entre las más de mil familias afectadas con Fomento y con AENA, se llegó a un acuerdo formal para encontrar una nueva ubicación a los vecinos. Pusieron de su parte todas las instituciones canarias: el ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Quienes único no cumplieron – y siguen sin cumplir – lo acordado y firmado han sido Fomento y AENA. 

Hace unos meses estuvo a punto de firmarse el convenio para el realojo, pero un día antes de la fecha señalada para la firma los abogados del Estado se sacaron un par de sentencias de la manga que no venían al caso y paralizaron el acuerdo. Alegaron además que como no hay previsión de ejecutar el proyecto antes de 2025 debido a la crisis, hasta entonces al menos tendrían que esperar los vecinos. Después se han barajado varias fechas para firmar pero ninguna se ha cumplido. Por medio se ha cruzado la privatización parcial de AENA por la que el Estado se va a desprender del 49% de la empresa pública para ponerlo en manos privadas. Más allá de las implicaciones que esa medida puede tener para el carácter estratégico de los aeropuertos en un territorio como el canario, todo hace indicar que la aceleración del proceso privatizador ha vuelto a aparcar sine díe el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los vecinos de Ojos de Garza. 

Es más, se malician estos y sus representantes que AENA trabaja en una modificación para peor de las condiciones del realojo que están – hay que recordarlo una vez más – firmadas y selladas por el Estado pero que este incumple con todo el descaro del mundo. A la vista de la tomadura de pelo de la que se sienten víctimas, la portavoz de los afectados, Margarita Alonso, lleva ya más de una semana en huelga de hambre en las instalaciones del aeropuerto. Tres veces ha tenido ya que ser trasladada al hospital para recibir atención médica y, mientras, ni desde Fomento ni desde AENA se da la más mínima explicación de las causas del retraso ni se apunta una posible fecha para la firma del convenio de realojo en los términos acordados en su día con las familias y las instituciones canarias. 

Esta larga batalla ha supuesto, entre otras muchas cosas, que los afectados hayan desistido de hacer reformas en sus viviendas y de que estas no valgan hoy literalmente nada ante la certeza de que más tarde o más temprano serán derribadas para ampliar el aeropuerto. Los responsables anteriores y actuales de Fomento y AENA han faltado gravemente al respeto de los vecinos de Ojos de Garza y por extensión de todos los ciudadanos. Son culpables de estar alargando de forma miserable la agonía de unas familias trabajadoras que si se tienen que ir de sus casas no será por gusto, sino por una imposición de quienes llevan cerca de 14 años burlándose de sus propios compromisos por escrito. 

Llegados a este punto de desesperación, cabe preguntarse si AENA y Fomento hubieran actuado con tanta falta de respecto, responsabilidad y diligencia como lo están haciendo si en lugar de un barrio obrero tuvieran que reubicar a los habitantes de una urbanización de chalets de lujo.

Sánchez jubila a Rubalcaba

Ha pasado con nota el PSOE el primer proceso de primarias internas en la historia de la democracia española: alta participación, normalidad durante la campaña electoral y la jornada de votaciones y un nuevo líder respaldado por la mitad de la militancia, a notable distancia del segundo. Se comprende por tanto que Pedro Sánchez, el nuevo secretario general in pectore de los socialistas españoles, esté hoy eufórico y no lo estén menos los barones territoriales del PSOE, aunque con algún matiz de última hora. El experimento ha salido bien y se han conjurado los miedos a que una baja participación o un resultado demasiado ajustado pudieran terminar embarullándolo todo y generando más división que unión en torno al elegido.

Sin embargo, pasado el subidón por el éxito de las primarias de ayer, ahora comienza lo realmente complicado para el nuevo líder socialista español. Él lo sabe y por eso ya se ha apresurado a reivindicar la suficiente autonomía para conformar la nueva ejecutiva federal e impedir que se la den hecha aquellos que se resisten a perder comba en la nueva situación en la que se adentra el partido. Sin embargo, que la primera reunión de Sánchez tras ser elegido secretario general del PSOE haya sido con la presidenta andaluza Susana Díaz no parece mera casualidad achacable a las agendas de uno y de otra. Sánchez anunció su candidatura a la secretaría general del PSOE cuando Díaz, a la que apoyaban numerosos barones territoriales, confirmó que no concurriría.

Pero sobre todo, Sánchez debe en gran parte la victoria de ayer a los afiliados socialistas de Andalucía en donde seis de cada diez votaron por él. Es cierto que sin un apoyo tan abultado de la mayor federación socialista española también habría ganado las primarias, pero la ventaja sobre Madina no habría sido tan nítida. Hasta qué punto el apoyo andaluz a su candidatura se verá reflejado en la ejecutiva socialista lo veremos pronto. En todo caso, sospecho que lo va a tener difícil para contentar a todos, tanto como encontrar la cuadratura del círculo para que se reflejen en la nueva dirección las diferentes sensibilidades que conviven en el PSOE, desde la izquierda que en las primarias encarnó José Antonio Pérez Tapias a la posición supuestamente más próxima al aparato representada por Eduardo Madina, hoy silencioso tras la derrota de ayer.

Del mismo modo tendrá qué hacer encaje de bolillos ideológicos para ubicar al PSOE en el espectro político nacional en el que se verá obligado a abarcar desde el centro hasta los predios de Podemos e Izquierda Unida pasando por el centro izquierda. Eso para empezar, porque pasado el congreso de finales de julio y una vez ratificado en la secretaría general y aprobada su ejecutiva, llegará noviembre y tocan primarias abiertas para la candidatura a la Moncloa en las generales del año que viene. Sánchez ha abierto hoy la puerta a retrasarlas pensando probablemente en que lo primero son las locales y municipales de mayo próximo. El posible retraso no gusta a barones como el presidente asturiano o a Pérez Tapias, quienes le han recordado que el compromiso es hacerlas en otoño y no más allá.

Que Sánchez quiere concurrir a esas primarias parece fuera de toda duda si nos guiamos por su discurso político de las últimas semanas en el que se ha postulado más como candidato a la Moncloa en plena campaña de elecciones generales que como secretario general del PSOE. Sin embargo, tengo la sensación de que en el nuevo líder y en el propio partido hay mucha ansiedad por quemar etapas demasiado de prisa sin consolidarlas previamente. Hablar a estas alturas de candidaturas a La Moncloa cuando ni siquiera se sabe muy bien qué piensa hacer exactamente Sánchez para renovar a fondo el partido es como poner la carreta delante de los bueyes. 

Por ahora, haber jubilado políticamente a Rubalcaba solo le da todo el derecho del mundo a liderar un nuevo proyecto político que saque al PSOE del ostracismo y lo arme con un nuevo discurso que lo diferencie nítidamente de la derecha y lo reconcilie con la izquierda. Sobre eso, Pedro Sánchez aún tiene mucho que explicar y mucho por hacer. Después de este ejemplar proceso de primarias en el PSOE, sería un fiasco en toda regla para los militantes y para el conjunto de la sociedad que se volviera a relegar a un segundo plano la renovación del partido en beneficio de la carrera por la presidencia del gobierno. ¿Está dispuesto a correr ese riesgo el PSOE?

Todos a la cárcel

Ruiz-Gallardón se ha amarrado hoy los machos y, armado de valor, ha denegado el indulto a Jaume Matas, Luis Alemany, Enrique Ortega Cano, Julián Muñoz, Luis Gavaldá, Ángel Carromero y Baltasar Garzón.  Sólo el último no tendrá que ingresar en prisión ya que su condena es de inhabilitación como magistrado, profesión que, eso sí, ya no podrá volver a ejercer. No obstante, no dudo de que a Ruiz – Gallardón le hubiera encantado verlo entre rejas aunque su caso fuera similar al de Gómez Liaño, que sí recibió la gracia del indulto de manos de Aznar. 

Jaume Matas fue ministro de Medio Ambiente en el primer gobierno de Aznar y será también el primer ministro del PP en ingresar en prisión por el delito de tráfico de influencias. El segundo, Luis Alemany, era el escribidor de los discursos oficiales de Matas cuando éste era el presidente autonómico de Baleares. Luego los facturaba a través de una empresa tapadera y a renglón seguido los ensalzaba con entusiasmo en el diario EL MUNDO de Pedro J., del que había sido periodista. De Enrique Ortega Cano nada nuevo hay que decir que no hayan dicho ya las revistas del corazón sobre el atropello con unas cuantas copas de más y resultado de muerte del que fue encontrado culpable. Otro tanto cabe señalar de Julián Muñoz, condenado por corrupción en Marbella y paseado también a hombros por los cenáculos rosa del país.

Luis Gavaldá es un político catalán de CiU condenado también por corrupción y Ángel Carromero es el joven cachorro del PP que defendió a capa y espada Esperanza Aguirre después de causar la muerte de dos personas en un accidente de tráfico en Cuba y ser condenado por la justicia cubana. A la lideresa no le debe de haber hecho mucha gracia que su compañero de partido y sin embargo enemigo, Ruiz – Gallardón, no le haya concedido el indulto al menos a su defendido y a Matas. 

Sorprende la decisión de hoy tras los polémicos indultos suscritos por la blanda mano del ministro de Justicia en los últimos tiempos: el kamikaze asesino que defendió su propio hijo, el guardia civil que no impidió una agresión sexual cometida antes sus mismas narices, cuatro torturadores Mossos d’escuadra o el empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, condenado en firme por delito urbanístico. No me atrevería a decir todavía si la sorpresa es agradable y estamos ante un cambio de criterio en la política de indultos del Gobierno o si el de hoy ha sido sólo un gesto – uno más - para la galería electoral por mucho que le duela en el alma enviar a la trena a un compañero de siglas. 

Desde luego, haber indultado hoy a Matas y no a los otros que habían pedido la gracia hubiera constituido un nuevo escándalo político de proporciones mayúsculas, si es que todavía queda lugar en este país para el asombro colectivo. Es cierto que el propio Tribunal Supremo se había pronunciado en contra del indulto del político balear, quien todavía se las tendrá que volver a ver con la Justicia por el “caso Nóos” en el que también está imputado. Sin embargo, el parecer de esa alta instancia judicial no ha sido hasta ahora motivo suficiente para que el ministro deniegue un indulto. 

En cualquier caso es urgente regular y acotar de una vez la discrecionalidad con la que actúan los gobiernos de turno en la concesión de indultos. En la mente de todos está aún el que le concedió uno de los últimos consejos de ministros de Zapatero al consejero delegado del Santander, Alfredo Sanz, condenado por acusación falsa y denuncia falsa. En realidad estamos ante una clara injerencia anacrónica del poder ejecutivo en las funciones del poder judicial, que tiene entre sus cometidos juzgar y ejecutar lo juzgado. Sería por tanto deseable que desapareciera por completo del ordenamiento jurídico, aunque por lo pronto nos conformaríamos con que al menos se ciñera estrictamente a lo que establece la ley y se basara en criterios de justicia, equidad y utilidad pública que el ministro de Justicia debería estar obligado a explicar públicamente cuando opta por esta medida. 

Sin embargo, cuando se emplea de forma opaca en casos que causan alarma social como los de corrupción o se deniega en otros que a todas luces lo merecen como los de los pequeños delincuentes reinsertados, la gracia pierde todo su escaso sentido y se convierte sencillamente en injusticia.   

Garantía de desempleo juvenil

Vende estos días el Gobierno el hallazgo de la Garantía de Empleo Juvenil como si la hubiera inventado él. En su esencia, el invento consiste en que los empresarios que contraten con carácter indefinido a un “ni-ni” – ni trabaja ni estudia – de entre 16 y 24 años tendrán una bonificación de 300 euros durante seis meses. El otro requisito es que la contratación tiene que suponer un aumento de plantilla. Y pare usted de contar: sobre las condiciones de trabajo del joven nada dice la medida ni sobre qué ocurrirá a los seis meses y un día. En teoría – y seguramente en la práctica en no pocos casos – cuando acabe el periodo de la bonificación el empresario podrá poner al “ni-ni” de patitas en la calle sin obligación de devolver un solo euro. Y respecto a que la contratación deba suponer un aumento de la plantilla y no una sustitución de unos trabajadores por otros tampoco queda suficientemente sellada la posibilidad de saltarse el requisito. 

Al plan destina el Gobierno 1.800 millones de euros que pone de forma íntegra la Unión Europea y que salen de los 6.000 millones que Bruselas acordó destinar al drama del paro juvenil, un dineral teniendo en cuenta que en nuestro país “sólo” están en paro seis de cada diez jóvenes. En comunidades autónomas como Canarias la situación es aún más dramática, con una tasa de paro juvenil que ronda el 70%. 


Por lo demás, la medida entró en vigor este mismo lunes con un supuesto registro telemático en el que deben inscribirse los “ni-ni” en busca de empleo y el Gobierno se compromete a hacerles una oferta en el plazo máximo de cuatro meses. Sin embargo, la confusión sobre el dichoso registro y el desconocimiento de los detalles de la medida en las comunidades autónomas, a las que se hace partícipes del plan sin haberlo negociado ni consensuado con ellas, ha llevado a que estas alturas de la semana persista el galimatías. 


Varias consideraciones hay que hacer sobre este plan, además de las ya señaladas. La primera es que llega demasiado tarde: el drama del paro entre los jóvenes no es cosa del mes pasado ni siquiera del año pasado, sino desde los albores de la crisis económica cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Nada se hizo entonces para remediarlo y cuando al fin se decidieron en Bruselas a destinar fondos a este asunto las tasas de desempleo juvenil ya se encontraban por las nubes. En segundo lugar, 6.000 millones de euros para combatir más de un 22% de paro entre los jóvenes europeos suena más a dádiva graciosa que a medida de choque para reducir drásticamente esa tasa. 

En tercer lugar, se pregunta uno y no encuentra respuesta al hecho de que los jóvenes de entre 25 y 30 años queden fuera de la medida como si no sufrieran las mismas penurias y dificultades para encontrar trabajo que sus colegas de menor edad. Cuando se le ha preguntado por esto al Ejecutivo ha respondido pasando la pelota al tejado de las autonomías a las que se insta a poner el dinero necesario para atender a ese segmento de jóvenes “ni-ni”. Esto después de haber recortado a conciencia los fondos destinados a las políticas activas de empleo como ha ocurrido en el caso de Canarias. 

En cuarto lugar llama la atención la creación de ese extraño registro telemático en el que deben inscribirse los jóvenes en busca de trabajo. ¿Qué tienen de malo las oficinas de empleo de este país? ¿O es que vamos a sacar de las estadísticas del paro a los jóvenes que se inscriban en el registro y así maquillar un poquito más las cifras? Alguien debería explicarlo. 

Pero más allá de todas estas consideraciones hay una aún más importante: la eficacia de este tipo de medidas para reducir el desempleo. Ningún empresario contratará a nadie, sea ni-ni o mayor de 55 años, si no ve verdaderos signos de recuperación económica y esos signos, por mucho que Rajoy y los suyos los vean por todas las esquinas, siguen siendo como poco débiles y confusos. Subvenciones y bonificaciones de todo tipo para reducir el paro ha adoptado decenas este gobierno en los últimos tres años y la tozuda realidad demuestra que apenas han tenido eficacia alguna, al menos conocida. 

¿Alguien podría explicarnos la efectividad que ha tenido, por ejemplo, la famosa “tarifa plana” de los 100 euros a la Seguridad Social? ¿Cuántos puestos de trabajo se han creado gracias a ella? ¿Cuál es la calidad de los contratos suscritos bajo esa bonificación? ¿Cuánto dinero ha dejado de ingresar la Caja de la Seguridad Social gracias a tanta bonificación y subvención a los empresarios para que sean buenos y contraten? En otras palabras, no son medidas puntuales de corte asistencial como estas y tantas otras aprobadas por el Gobierno y cuyos resultados efectivos nunca nos cuentan, las que van a reducir el número jóvenes parados en España. Lo que se necesita es incrementar en lugar de recortar la inversión pública en educación y en formación y acompañar esas medidas de acciones de largo recorrido en apoyo del empleo juvenil. Mientras no se afronte el problema desde esas premisas básicas, España seguirá perdiendo savia nueva a través de la vergonzosa “movilidad exterior”.

Esos jóvenes zotes

Está demostrado: los jóvenes españoles son unos verdaderos zotes, es decir, “ignorantes, torpes y muy tardos en aprender”, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. O si lo prefieren, están entre los últimos de la clase de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y su infalible informe PISA. El último cate que han recibido lo hemos conocido hoy mismo: uno de cada seis alumnos españoles de 15 años no sabe interpretar una factura y desconoce si es más barato comprar los tomates a granel o en cajas. Se ve que no son muy amantes del gazpacho y la ensalada. 

El suspenso de hoy se suma a los que cosechan los jóvenes de este país desde que PISA habita entre nosotros y el Gobierno lo utiliza para denigrar el modelo educativo anterior y tener una buena coartada para implantar uno nuevo que va a conseguir que los zotes de hoy sean los más brillantes de la clase más pronto que tarde. En la mente y en el recuerdo de todos está otro informe PISA muy reciente que dejaba también a los alumnos españoles como unos verdaderos catetos ante operaciones tan sencillas como encender el aire acondicionado. Por no hablar de sus malos resultados en comprensión lectora y matemáticas. 

Desde que PISA existe la Biblia consagrada ya no tiene la exclusiva de la palabra de Dios revelada. Todo lo que dicen los informes PISA va a misa – perdón por el ripio – y no se atisba en el Gobierno intención de mostrar al menos un poco de escepticismo sobre la metodología empleada en las encuestas, como sí hacen no pocos expertos en pedagogía y educación. Más allá del hecho de que la OCDE sea una organización supranacional que atesora y predica el liberalismo como credo económico, los informes de este organismo tienen más tripas que las que puedan imaginar los que ingenuamente estén pensando en un ejercicio científico y objetivo sobre las capacidades intelectuales de los alumnos de más de 50 países de todo el mundo. En primer lugar, que las preguntas no sean las mismas ni de la misma dificultad en todos los países ya debería de ponernos en guardia. A nadie se le escapa que homogeneizar datos tan dispares y encima hacer una suerte de clasificación mundial de países en función de lo listos y preparados que estén sus alumnos es más un juego de mesa que un análisis riguroso de los datos. 

Esto hace que el modelo matemático empleado por PISA para procesar los datos recogidos en los exámenes haya sido puesto seriamente en duda por no pocos expertos. Es más, en algunas ocasiones, pruebas que se hacen en unos países – por ejemplo las relacionadas con la comprensión lectora – no se hacen en otros. En ese caso, PISA se limita a realizar una especie de extrapolación y ofrecer resultados más propios del esoterismo y la magia blanca que del rigor científico. 

Nótese, además, que PISA sólo valora la capacidad para aprender de los chicos y chicas en función de estadísticas, como si hablara de máquinas y no de jóvenes insertos en contextos históricos, sociales y económicos determinados. Habría que preguntarse también quién se beneficia de esta pugna entre países por escalar puestos en la clasificación de estudiantes listos y espabilados y tal vez nos llevaríamos alguna sorpresa en forma de intereses inconfesables de determinadas editoriales que hacen un gran negocio con estos informes. En cualquier caso, lo que no parece de recibo es que el nivel educativo de los países de la OCDE se haya convertido de un tiempo a esta parte en una suerte de bolsa de valores en la que unos suben y otros bajan, salvo que sea eso lo que se pretende, algo que no deberíamos descartar. 

Con todo, la pregunta que conviene hacerse es si los informes PISA que tan mal dejan a los alumnos españoles sirven para mejorar la calidad de la educación, al fin y al cabo el objetivo teórico por el que se elaboran periódicamente. También sobre esto se han pronunciado los expertos y han llegado a la conclusión de que las “recomendaciones” de PISA a los países de la OCDE sobre cómo deben ser las escuelas o qué cosas habría que mejorar convendría guardarlas en un cajón y olvidarse de ellas porque son mera especulación. De todo esto no debe deducirse que el informe PISA no sirva absolutamente para nada, aunque no son pocos los que piensan así. Cosa bien distinta es convertirlo en el Santo Grial de la educación como ha hecho el Gobierno español y utilizarlo de aval para perpetrar una regresiva y unilateral reforma educativa de la que seguro están encantados en la OCDE.

Las cuentas de Jenaro

Jenaro García, el sonriente hombre de la foto, era hasta ayer el consejero delegado en España de una empresa multinacional llamada Gowex. La actividad de la compañía en nuestro país consiste en proveer de conexión wifi a la red a particulares y a numerosos ayuntamientos e instituciones españoles. Jenaro García era hasta el domingo uno de los grandes emprendedores patrios y su empresa un modelo a seguir para propios y extraños. Sin embargo, en menos de cuarenta y ocho horas se ha convertido en un villano de la peor calaña. Sic transit gloria mundi (así pasan las glorias en el mundo, de forma efímera y fugaz), decían los clásicos con mucha razón. 

A Jenaro lo pescó en un renuncio una empresa consultara que empezó a sospechar que las cuentas de Gowex en España no eran todo lo brillantes que se estaba haciendo creer a los inversores y a las empresas e instituciones que contrataban sus servicios. Jenaro lo negó en primera instancia pero no tardó mucho en confesarlo todo y reconocer que había estado haciendo la cuenta de la abuela al menos durante los últimos cuatro años. Ahora pide perdón por el daño que ha hecho, que él mismo califica de “irreparable”, y se dispone a asumir las correspondientes consecuencias no sin antes endilgarnos un largo poema de Kipling que, la verdad, se pudo haber guardado para el juicio. Al menos, y eso hay que reconocérselo, ha tenido la valentía de confesar y aguantar los palos que le están lloviendo en las últimas horas. 

La cuestión es si el único responsable de lo ocurrido es Jenaro con sus cuentas falseadas. Gowex cotizaba hasta ayer en el llamado Mercado Bursátil Alternativo, pensado para que empresas pequeñas y medianas puedan financiarse en los mercados ante la persistente imposibilidad de acceder a los créditos bancarios. Por sus propias características, hablamos de empresas de mucho mayor riesgo para los inversores que las que cotizan en el mercado continuo. A pesar de ello, lo ocurrido con Gowex viene a poner de manifiesto que Jenaro engañó literalmente a medio mundo con sus cuentas y dejó gravemente dañado el citado Mercado Bursátil Alternativo del que han empezado a huir compañías ante el riesgo de que se extienda el contagio. 

Que Jenaro engañara a los accionistas y a sus trabajadores, ahora abocados a quedarse sin empleo, no debería de extrañarnos demasiado. Se trata de una costumbre bastante extendida y pocos son los medios que tienen los empleados para conocer el estado de las cuentas de la empresa para la que trabajan. Sin embargo, que también les haya tomado el pelo durante cuatro años a los miembros del consejo de administración, a los auditores y asesores financieros de la compañía y a los organismos de regulación y control de la competencia y el mercado bursátil es algo que vuelve a clamar al cielo. La conclusión más benévola que cabe extraer de lo ocurrido es que todos ellos estaban en Belén con los pastores mientras Jenaro sumaba y se llevaba 4 cuando era 1 o ninguna, o peor aún, cuando había que restar en vez de sumar. 

La incompetencia de tanto regulador que a la postre no regula ni controla nada en este país empieza a ser proverbial: ahí tenemos la estafa multitudinaria de las preferentes o a Bankia saliendo a bolsa después de haber vendido ganancias cuando eran pérdidas, por no mencionar la ceguera e ineptitud del Banco de España mientras las entidades financieras se hinchaban a dar créditos hipotecarios sin garantías suficientes y engordaban la burbuja inmobiliaria. 

Pero para llorar, más que para reír, son las reacciones “políticas” generadas por las cuentas falsas de Jenaro. A Luis Linde, el gobernador del Banco de España – sobre el que me sigo preguntando a qué dedica su tiempo con la política monetaria en manos del Banco Central Europeo - lo que le preocupa es la repercusión negativa de este escándalo sobre la bendita “marca España”. A este señor, los accionistas que han perdido la inversión, los trabajadores que perderán su empleo y los efectos demoledores sobre el Mercado Bursátil alternativo parecen importarle literalmente una higa. 

Otro que también se ha lucido al comentar este asunto es su tocayo el ministro de Economía, Luis de Guindos. En su opinión, lo que hay que hacer es mejorar los controles sobre las empresas como Gowex y lo dice ahora, cuando el daño ya está hecho y, como dice Jenaro, “es irreparable”. Si la incompetencia y la ineptitud cotizaran en bolsa estos luises y los responsables de los vergonzosos organismos de control se forrarían. Jenaro lo ha conseguido y ni siquiera sabe sumar y restar.  

El debate que no fue

Sanísimo ejercicio político el realizado hoy por los tres candidatos a la secretaría general del PSOE. Que los aspirantes a dirigir uno de los dos grandes partidos políticos del país se avengan a confrontar sus puntos de vista es algo inédito en España por razones que a nadie se le escapan: la enquistada y poco democrática costumbre de los partidos españoles de que los nombres de quienes han de llevar las riendas de la formación y formar parte de las listas electorales se cocinan de puertas adentro y no se regalan cuartos al pregonero. Al menos en el PSOE, ese viejo y perjudicial hábito se ha roto hoy y sería deseable que algo similar ocurriera en el resto de las fuerzas políticas. 

Sin embargo, no basta con las buenas intenciones para conseguir que las cosas cambien y el PSOE recupere el terreno político y electoral perdido en los últimos años. El de esta mañana ha sido un debate, más que de guante blanco, de guante suave y algodonoso. De hecho, llamarlo debate se me antoja un tanto excesivo por la falta de posiciones realmente encontradas y divergentes. Encontrar diferencias de calado entre el discurso de Eduardo Madina y el de Pedro Sánchez resulta poco menos que imposible más allá de alguna pulla entre ambos que estuvo muy lejos de hacer sangre en el adversario y que sólo son capaces de detectar aquellos que siguen muy de cerca la vida diaria del partido. 

No creo que los militantes que el próximo domingo están llamados a decidirse por uno de los tres candidatos dispongan de las claves necesarias para interpretarlas adecuadamente y es más que probable que hayan llegado a la conclusión de que los discursos de Madina y Sánchez son perfectamente intercambiables. El tercero en discordia, José Antonio Pérez Tapias, que nada tiene que perder con su apuesta y sí mucho que ganar, fue el único de los tres que marco algunas distancias con sus dos rivales y sin embargo compañeros en la carrera por la secretaría general. 

Mientras que del sevillano profesor de Filosofía puede decirse que fue el que con mayor nitidez dibujó un discurso tributario de la izquierda del partido, aunque sin desentonar demasiado con la melodía de los otros dos, de Madina y de Sánchez se puede afirmar que dejaron en el aire más interrogantes que respuestas y que sus respectivas posiciones ante algunos asuntos de calado apenas se diferencian de las que ha venido manteniendo el todavía secretario general Pérez Rubalcaba. 

Pero, con todo, lo más decepcionante del debate es que giró mucho menos sobre lo que piensan hacer los tres aspirantes para sacar al PSOE de la situación de crisis en la que se encuentra que sobre las medidas que adoptarían si llegan a La Moncloa. En este punto, Pérez Tapias fue también el más cómodo toda vez que ya ha dejado claro que en caso de acceder al liderazgo del partido no se presentaría a las elecciones generales. Sin embargo, Madina y Sánchez rivalizaron en derogación de leyes aprobadas o por aprobar por el gobierno del PP y en medidas que tomarían en el supuesto que uno de los dos sustituya a Rajoy a finales del año que viene al frente del Ejecutivo. 

En este sentido y aunque no era eso lo que tocaba hoy, creo incluso que, ya metidos en programa electoral, faltó originalidad y audacia por parte de los candidatos a la hora de afrontar un reto tan trascendental – el verdadero reto de los socialistas españoles y de la socialdemocracia europea - como el de preservar el estado del bienestar en un contexto de globalización económica y de imperiosa necesidad de controlar con eficacia y eficiencia el gasto público. 

Desde mi punto de vista y de eso se supone que trataba el debate de hoy, los militantes que lo han seguido y de los que depende la próxima dirección socialista se han quedado con las ganas de conocer muchos más detalles sobre lo qué piensan hacer los aspirantes a la secretaría general para que el PSOE vuelva a convertirse en una alternativa de gobierno en España, cuál va a ser el papel de los afiliados, cuáles serán los canales de participación más allá de las grandes frases sobre “abrir las puertas”, hasta dónde se van a tener en cuenta sus opiniones o cómo se va a regenerar el parido desde la cúpula hasta las bases. Sin embargo, Madina y Sánchez han optado hoy más bien por vender la piel del oso antes de cazarlo, sin duda una mala estrategia cuando el oso está tan fuerte y el cazador tan débil.