"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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23 de julio de 2014

Hacer el ridículo es gratis

Alberto Ruiz-Gallardón debería de estar a esta hora firmando su renuncia como Notario Mayor del Reino después del varapalo que acaba de propinarle el Tribunal Supremo a la reforma express de la Justicia Universal. Por unanimidad, los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo acaban de enmendarle la plana con todas las de la ley a la Audiencia Nacional y de rebote al ministro de Justicia, al Gobierno del que forma parte y al partido al que pertenece. Los magistrados respaldan por unanimidad el parecer de la fiscalía contra la excarcelación de más de medio centenar de presuntos narcotraficantes pescados in franganti en alta mar. Esto obligará ahora a la Audiencia Nacional a ordenar su detención después de haber permitido que salieran en libertad según su sabia interpretación de la renovada Justicia Universal aprobada de prisa y corriendo en las Cortes. 

Alegaba la fiscalía y comparten sus puntos de vista los magistrados del Supremo, que los convenios internacionales de los que España es signataria le impiden mirar para otro lado en la lucha contra el narcotráfico por más que los presuntos responsables sean detenidos en aguas internacionales, que el barco no tenga bandera española o que la droga no tenga como destino nuestro país. Nada nuevo por otro lado: ese mismo argumento lo habían sostenido, por ejemplo, los sindicatos policiales y las organizaciones de atención a la drogadicción, además de numerosos jueces de todo el mundo. Todos se llevaron las manos a la cabeza alarmados ante la alegría con la que el Gobierno español hacia dejación de sus obligaciones internacionales de perseguir el tráfico de drogas. De manera que también los jueces de la Audiencia que dieron carta de naturaleza a tamaña chapuza jurídica deberían de plantearse la posibilidad de dedicarse a otra cosa. Ridículo no, lo siguiente: bochorno nacional e internacional. 

Todo este sainete trae causa de la celeridad con la que se afrontó la cuasi extirpación de la Justicia Universal en España por parte del PP. Al Gobierno español se le metió el susto en el cuerpo cuando los chinos se pusieron como tales y le reprocharon que un juez español hubiera dictado orden de detención contra varios dirigentes de Pekín por el genocidio en el Tíbet. Sin pensárselo dos veces encargó al PP una reforma urgente de la Justicia Universal que dejara a los jueces españoles atados de pies y manos para perseguir ese tipo de crímenes. De esta manera, la reforma se pudo hacer por la vía de la proposición de ley y no del proyecto de ley, lo que acortó los plazos al evitarse trámites como el informe del Consejo de Estado y otras innecesarias pérdidas de tiempo: había que cambiar la ley cuanto antes para calmar a los chinos. 

En la operación “reforma legal de la Justicia Universal a mayor gloria de las relaciones comerciales con China y Estados Unidos”, cayeron las violaciones de derechos humanos en el Sahara o en Guatemala y la investigación sobre el asesinato a manos estadounidenses del cámara José Couso, entre otras causas. Pronunció entonces el portavoz popular, Alfonso Alonso, una frase que pasará a la posteridad como ejemplo de lo que le preocupan a este señor y a su partido los derechos humanos y su defensa: “La Justicia Universal despierta falsas expectativas y sólo crea quebraderos diplomáticos”. El Gobierno chino no tardó en agradecer el gesto a España y aseguró que ahora sí podemos hacer negocios sin que ningún juez nos esté tocando las narices. 

Claro que, de paso, también se beneficiaron de este disparate los narcotraficantes que, de la noche a la mañana, vieron abiertas las puertas de las prisiones en donde esperaban juicio. Teniendo en cuenta que muchos de ellos son extranjeros y probablemente ya hayan puesto pies en polvorosa, tengo un gran interés por saber cuántos podrá detener de nuevo la policía para ponerlos otra vez a buen recaudo.

Mas no debería limitarse el Supremo a tumbar la excarcelación de narcotraficantes sino dar un paso más: tumbar toda la reforma en su conjunto por cuanto también vulnera convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por España. A ver si así el Notario Mayor del Reino, que con tanta abnegación defiende valores como el de la vida, recibe por fin el mensaje de que jugar y hacer el ridículo en todo el mundo con algo tan sagrado como la Justicia y los derechos humanos no le puede salir gratis.

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