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Robo a tarjeta armada

El lenguaje jurídico es muy retorcido y llama apropiación indebida a lo que cualquier ciudadano común llama robar, afanar, mangar o chorizar. Eso es lo que han estado haciendo durante muchos años casi 90 directivos y consejero de Caja Madrid con las tarjetas “black” – un nombre muy apropiado – que la propia entidad financiera les entregaba para que se compraran ropa, viajaran, pagaran hoteles y se regalaran opíparas comidas. Entre una cosa y otra, este clan de la tarjeta opaca le birló a Caja Madrid 15,5 millones de euros. 

Eso si contamos sólo el periodo sobre el que se ha realizado la auditoría externa encargada por el presidente de Bankia, entidad en la que se integró la caja madrileña, y que va de 2003 a 2013. No obstante, la propia auditoría revela que desde 1994 se habían entregado tarjetas de ese tipo, aunque no entra a explicar a quiénes ni cuál fue el gasto que se realizó con ellas. Sea como fuere, lo cierto y verdad es que una camarilla de directivos que cobraban sueldos millonarios anuales – Miguel Blesa, el presidente de la entidad, cobró el último año al frente de Caja Madrid más de 3 millones de euros – junto a una nutrida representación política, sindical y empresarial de consejeros han estado al menos una década saqueando masivamente las cuentas de la caja por cuya salud financiera tenían obligación de velar. 

A lo que se ve, por la única salud financiera que han velado durante todo ese tiempo ha sido por la suya particular de cada uno al tiempo que, unos por acción y otros por omisión, engañaban y robaban con todo el descaro del mundo a niños de pecho y a jubilados y pensionistas sin conocimiento financiero alguno con las tóxicas participaciones preferentes. Ni que decir tiene que los gastos de la tarjeta – que en casos como el de Blesa y su guardia de corps rondan el medio millón de euros - se ocultaban convenientemente al fisco mediante fórmulas tan ocurrentes como “errores informáticos”. Por supuesto, tampoco figuraron nunca en las nóminas de los afortunados poseedores de uno de esos pequeños trozos de plástico cantidad alguna en concepto de retribuciones en especie por las que habrían tenido que pagar impuestos. 

Con todo, ese ataque pertinaz a las cuentas de la entidad de la que ya cobraban jugosos sueldos no es lo peor, sino el hecho de que el robo fuera vox populi y nadie hiciera ni dijera absolutamente nada. Pedro Abejas, agraciado con una de esas tarjetas por su condición de consejero en representación del PP y que ahora acaba de poner en la puerta de la calle su propio partido, acaba de decir que todo el mundo sabía lo que ocurría y ha rematado añadiendo que, si lo que hacían es delito, todos los directivos de España tendrían que ir a la cárcel. Pues a lo mejor, aunque si no todo tal vez unos cuantos más que los que aparecen en esta explosiva auditoría. 

Hacienda, que como siempre está a verlas venir mientras Montoro piensa en amnistías fiscales y pajaritos preñados, se hace ahora la virtuosa dama mancillada y anuncia una investigación en las grandes empresas de otro selecto club, el formado por el IBEX 35, por si también ahí ha habido fiesta en negro con champán a cuenta de los accionistas. Luego nos encandilará el infalible ministro con unas cuantas estadísticas y proclamará ufano que la lucha contra el fraude fiscal progresa adecuadamente. Tampoco el Banco de España, otra entidad que cada día entiendo menos para qué rayos sirve, se llegó nunca a oler el pastel que se cocinaba a diario en Caja Madrid y tal vez en muchos otras cajas españolas. Como a Montoro y a sus antecesores en Hacienda, también a él lo tomaron por el pito del sereno y directivos y consejeros han podido reírse a placer en las barbas de los gobernadores del Banco de España de al menos la última década mientras se llenaban los bolsillos y limpiaban la caja fuerte. 

Ante el escándalo, casi todos los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales se rasgan ahora las vestiduras, prometen expedientes y anuncian dimisiones en un ejercicio de hipocresía de muy escasa credibilidad después de años colonizando las cajas de ahorro. Salvo el PP, por supuesto, que fiel a sus principios ante la corrupción pide calma, prudencia y, sobre todo, buenos alimentos, mejores hoteles, billetes en primera y trajes caros. Pero aún más indignante si cabe que el choriceo continuado de esta casta de sinvergüenzas, de la inopia de Hacienda, de la inutilidad del Banco de España y de los golpes de pecho de los políticos, es el hecho de que esto ocurre en un país en el que ha habido que tirar de dinero de todos los ciudadanos para rescatar a un buen número de cajas de ahorro podridas hasta los cimientos. 

Así, para impedir que Bankia no cayera como un castillo de naipes después de las trapisondas con sus cuentas y su disparatada salida a bolsa, los españoles hemos tenido que poner más de 24.000 millones de euros. Mientras, han continuado los desahucios como si aquí no hubiera pasado nada y para que los preferentistas vilmente engañados puedan recuperar el dinero que le afanaron los banqueros sólo hay pegas y trabas de todo tipo. 

Algunos de los encartados en este escándalo como Rodrigo Rato han corrido veloces a devolver el dinero que chorizaron con la tarjeta negra. Tal vez crean que con eso basta cuando eso sólo debe de ser el principio. Investigación exhaustiva, meticulosa y rápida e imponer responsabilidades penales contundentes para quienes han vivido el dolce far niente de tirar del dinero ajeno es lo mínimo que exige una sociedad asqueada de la casta de tramposos y ladrones que ha asolado a este país y aún pretende que sean las víctimas las que carguen con la pena.      

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