"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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28 de noviembre de 2014

Houston, tenemos dos problemas

Explicar los intríngulis de la política en Canarias requiere de un sobreesfuerzo didáctico del que no sé si seré capaz. Al menos voy a intentarlo. Andaban amigablemente unidos el PSOE y CC con su pacto en el Gobierno autonómico cuando, de buenas a primeras, el matrimonio empieza aparentemente a resquebrajarse. En realidad no ha sido de buenas a primeras, sino a partir de las primarias de los socialistas isleños que dieron la candidatura a la presidencia de la comunidad autónoma a la diputada Patricia Hernández. Casi en paralelo, los nacionalistas canarios se embarcaron también en su propio proceso de primarias, algo más modesto que el de sus socios de gobierno por cuanto se ciñeron a los órganos de dirección del partido en lugar de tener carácter abierto urbi et orbi como las del PSOE. 

Ello no impidió que volaran las navajas en ambos partidos y que se produjeran cortes políticos profundos que siguen sin cicatrizar y que amenazan con infectarse y gangrenarse. En el PSOE, la candidata no perdió un minuto para pedir a la dirección federal de su partido que readmitiera a los consejeros del cabildo de La Palma, expulsados a las tinieblas exteriores del socialismo por haberse atrevido a romper el acuerdo de gobierno con CC y pactar con el PP. Nada que no haya ocurrido una y cien veces en tantos y tantos sitios. 

En el cálculo de la candidata Hernández está el miedo a que la expulsión de sus compañeros de La Palma le haga perder votos en esa isla. Pesan más, sin embargo, las ganas no confesadas abiertamente de hacerse con el control del partido para mejor proveer mediante la vía de calzar por el secretario general del PSOE en las islas, José Miguel Pérez, acérrimo enemigo de la readmisión de los expulsados si no abjuran de sus pecados políticos. Pérez siempre ha dejado claro que la readmisión de los ex camaradas palmeros sin arrepentimiento y propósito de la enmienda sólo se producirá por encima de su cadáver político, lo que incluye abandonar la secretaría general del PSOE canario, con el consiguiente congreso extraordinario, y hasta la vicepresidencia del Gobierno autonómico de la que se ocupa merced al pacto regional. Espero que me hayan podido seguir hasta aquí. 


En Coalición Canaria, las tensiones que generó la elección de Fernando Clavijo como candidato a la presidencia autonómica parecían haber amainado hasta que un juez imputó al candidato por delitos como prevaricación, malversación o tráfico de influencias durante su gestión como alcalde de La Laguna. La posibilidad de que tengan que cambiar de caballo electoral en plena carrera hacia las urnas si el juez mantiene la imputación ha puesto muy de los nervios a sus más entusiastas seguidores en CC. Al mismo tiempo es probable que haya provocado también un recóndito hormigueo de satisfacción entre quienes apoyaron para esa candidatura al actual presidente autonómico, Paulino Rivero, y perdieron. Y viene siendo aproximadamente en este punto en donde se entrecruzan estas dos tragedias griegas. 

Los partidarios de Clavijo, muy fuertes en La Palma, aprovechan como excusa las maniobras de la candidata socialista en favor de sus ex compañeros en el Cabildo de esa isla para exigir sangre: si son readmitidos como militantes, el PSOE dejará de ser un partido fiable para futuros pactos, por lo que convendría soltar lastre cuanto antes y reorientar la brújula para remar con viento y gaviotas en las velas hacia viejos y conocidos horizontes políticos en los pactos que habrán de cerrarse tras las próximas elecciones. 

Dicho de otro modo, el supuesto enfado por la posible readmisión en el PSOE de los díscolos consejeros del cabildo de La Palma no pasa de ser un mero postureo para meter el dedo en el ojo a los partidarios de Rivero y debilitar sus posibles opciones de sustituir a Clavijo en caso de que este decida renunciar a su candidatura si continúa imputado. En resumen, detrás de la farsa del honor mancillado si el PSOE readmite a sus consejeros de La Palma, lo único que hay en realidad es una batalla por el control interno y la elaboración de las listas electorales en los dos partidos políticos que cogobiernan en Canarias. Que eso desestabilice la acción del Ejecutivo no parece ser la mayor de las preocupaciones de quienes se entregan con tanto entusiasmo a estos juegos de salón, por lo demás muy habituales cada vez que la campana toca a urnas. Espero que lo hayan entendido y, si no, no se preocupen: yo tampoco termino de entenderlo

27 de noviembre de 2014

Yo no soy Rajoy

Esto no es España y yo no soy Rajoy. Si el presidente del Gobierno hubiera comenzado así su intervención parlamentaria de hoy sobre la corrupción habría resultado mucho más creíble. En cambio optó una vez más por negar la mayor al afirmar que la corrupción en España no es un problema generalizado para decir a renglón seguido que el gusto por el trinque de lo público forma parte de la condición humana universal. Ya saben cuál es su teoría: cuánta mayor sea la corrupción del mundo mundial menos le toca a su partido. Al presidente le molesta que los medios de comunicación dediquen tanto espacio, tiempo y esfuerzo a contar los casos de corrupción y cree que eso fomenta a los “salvapatrias de la escoba”, alusión implícita al líder de Podemos que hoy debe de haberse embolsado unos miles de votos más. De todos modos hay que reconocer que en esto es muy coherente el presidente con su propia forma de actuar a lo largo de todos estos años: Rajoy está convencido de que la mejor forma de luchar contra la corrupción es no hablar de ella en absoluto y, a ser posible, ni mencionar siquiera los nombre de los corruptos. 

Forzado por las circunstancias, como casi todo lo que hace, Rajoy acudió hoy al Congreso a presentar una vez más las medidas contra la corrupción que ya anunció en febrero del año pasado y aún no ha puesto en marcha a pesar de la mayoría absoluta de la que dispone y, cuando la oposición lo acorraló, echó mano del socorrido y popular “y tú más”. Debate estéril el de hoy en el Congreso porque ni el presidente del Gobierno muestra signos de voluntad real de luchar contra la corrosión del sistema democrático ni el todavía principal partido de la oposición, atrapado también en las redes de sus propios escándalos, aprovechó la debilidad de Rajoy para cantarle con mucha mayor contundencia las verdades del barquero. 

Todo esto apenas unas horas después de que Rajoy dejara caer por fin a su ministra de Sanidad para que no le estropeara la comparecencia de esta mañana. Sólo lo consiguió en parte porque la oposición se la mentó en reiteradas ocasiones, aunque le costó lo suyo que el presidente la llamara por su nombre ya bien avanzado el debate. Cuando lo hizo fue para echarle un capote al decir que Mato ignoraba que estuviera cometiendo un delito, con lo que olvida Rajoy algo tan elemental como que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. En este punto debo confesar que mi absoluto escepticismo ante la capacidad de Rajoy y los suyos de predicar con el ejemplo cuando hablan de corrupción me llevó ayer a escribir que no creía que Ana Mato terminara dimitiendo. 

Al final lo hizo, aunque siempre me quedará la duda de lo que habría ocurrido si Rajoy no hubiera tenido que comparecer precisamente hoy en el Congreso para hablar de corrupción. Me inclino a pensar que si el juez Ruz se hubiera demorado unos días en hacer público el auto en el que señala a Mato como beneficiaria de los regalos de una trama corrupta, la ministra habría terminado la legislatura con el mismo apoyo que Rajoy le ha venido mostrando en todo momento. Por otro lado, del hecho de que el juez Ruz también considere al PP responsable a título lucrativo de la red Gürtel nada dijo hoy Rajoy. Es más, cuando el presidente habla de la corrupción en su partido lo hace en pasado y no en presente, como si Gürtel, Bárcenas, Matas, Mato, Fabra, tarjetas opacas de Caja Madrid o Púnica fueran asuntos ya cerrados y el PP hubiera adoptado medidas para que no se repitan. 

Después del debate de hoy ha quedado patente que este Gobierno y su presidente están completamente incapacitados para liderar la lucha contra la corrupción. Si unimos ese hecho a la falta de iniciativa para resolver la cuestión catalana que Rajoy con su inmovilismo ha contribuido a enquistar y a una supuesta recuperación económica que ningún español de a pie aprecia por ningún lado, sólo cabe concluir que el presidente ha entrado en tiempo de descuento. Él y su gobierno han perdido toda credibilidad política y carecen de impulso suficiente para llevar esta legislatura hasta noviembre del año que viene sin agravar más los problemas del país. Un país que se llama España y cuyo presidente de gobierno se llama Mariano Rajoy, aunque él pretenda hacernos creer otra cosa. 

26 de noviembre de 2014

Mato y la mala suerte de Rajoy

Apelando a la superstición popular cabe pensar que si a Rajoy lo hubiera mirado un tuerto tendría más suerte. Lo debe de haber mirado un ciego, o tal vez es un ciego el que lo guía por el proceloso mar de la corrupción en su partido. Ha ocurrido que, cada vez que pretendía convencernos de que la economía española es una locomotora desbocada y que ya hemos dejado atrás hace tiempo el final del túnel, le estallaba en los bajos una bomba lapa que hacía saltar por los aires su discurso y ponía de nuevo en el primer plano de la opinión pública otro escándalo de corrupción relacionado con su partido. 

Sólo así se entiende que un día antes de comparecer en el Congreso de los Diputados para volver a colocarnos el discurso huero de la lucha contra la corrupción, el juez Ruz haya escrito en un auto que su ministra de Sanidad, Ana Mato, se lucró de las relaciones de su ex marido con la trama Gürtel. A esta hora de la tarde Mato sigue en su puesto y mañana por la mañana, cuando Rajoy suba a la tribuna de oradores del Congreso para hablar de corrupción, es muy probable que ella también esté allí, sentada en el banco azul, aplaudiendo a rabiar las cosas que diga aquel al que le seguirá debiendo el puesto. A esta mujer incombustible, a la que Rajoy no ha dejado caer aunque ha tenido razones más que sobradas para hacerlo, no se le ha movido nunca un pelo a pesar de las evidencias de que las fiestas de cumpleaños de sus hijos, los regalos caros y los viajes que hizo por esos mundos de Dios los pagó la trama Gürtel. Ni siquiera cuando declaró que nunca había visto un Jaguar en su garaje le entró la risa floja ni se puso colorada. También tuvo una oportunidad de oro para dimitir cuando alarmó a medio país con su nefasta gestión política de la crisis del ébola pero, por desgracia, la dejó pasar igualmente. 

Como, salvo sorpresa, dejará pasar la que le señala sin ambages la puerta de la calle después de que Ruz la haya señalado hoy como beneficiaria de los tejemanejes de la Gürtel con su ex marido. También es probable que Rajoy deje pasar una nueva oportunidad de predicar con el ejemplo y destituir a su ministra, algo que debió haber hecho hace tiempo y con lo que tal vez hoy tendría algo más de credibilidad cuando pontifica contra la corrupción. En su lugar acudirá mañana al Congreso a prometer medidas que ya ha prometido en al menos dos o tres ocasiones desde que llegó a La Moncloa y que nunca ha puesto en práctica. La razón no me la pregunten pero tampoco es difícil adivinarla. Sea cual sea, que después de tres años en La Moncloa y a menos de uno para las próximas elecciones generales sigo haciendo las mismas promesas de lucha contra la corrupción no dice nada bueno ni positivo a favor de su supuesta voluntad de regeneración política, más bien todo lo contrario. 

Es cierto que Mato no ha sido acusada de formar parte directa de la trama Gürtel, aunque eso no le evitará seguramente tener que sentarse en el banquillo de los acusados como responsable civil junto a personajes tan respetables y honorables como Francisco Correa. En su condición de “partícipe a título lucrativo” de la trama corrupta – que así se llama la figura jurídica a la que recurre el juez Ruz - la todavía ministra tendrá que devolver una cantidad de dinero que se determinará en el juicio pero que puede rondar los 55.000 euros. 

Ahora bien, que el juez no la señale como acusada sino “sólo” como beneficiaria directa de la Gürtel sería razón más que suficiente en cualquier país serio – esa expresión con la que Rajoy se llena la boca allá donde va y cada vez que puede – para dimitir inmediatamente o para que quien la puso en el cargo la destituya sin excesivos miramientos y sin perder un segundo. Puede que me equivoque, pero soy de la opinión de que ninguna de las dos cosas ocurrirá y Mato seguirá siendo ministra de Sanidad mientras Rajoy sea presidente del Gobierno. Lo cual no será impedimento alguno para que el jefe del Ejecutivo presuma mañana ante los diputados de todo lo que ha hecho y de todo lo que hará para acabar con la corrupción. Me temo que a lo más que llegará mañana será a apuntar con el dedo acusador y mirar a la bancada de la oposición mientras evita poner los ojos en el banco azul, no vaya a ser que la presencia en él de Ana Mato le siga dando mala suerte.

25 de noviembre de 2014

Pedro contra Sánchez

Hace poco más de tres años, por más señas un 2 de septiembre de 2011, José Luis Rodríguez Zapatero estaba a punto de abandonar La Moncloa en manos del regenerador, reformador y prometedor Rajoy. La crisis de caballo asolaba España y los mercados financieros acechaban agazapados a la espera de asestar el golpe definitivo: el rescate financiero. Torres no tan altas como Irlanda, Grecia y Portugal habían caído y era sólo cuestión de tiempo que también cayera España. La situación de pánico llevó al PP y al PSOE a urdir una reforma constitucional que cogió a la oposición con el pie cambiado y a los españoles despistados y volviendo de vacaciones. En un pleno del Congreso que pasará a los anales del parlamentarismo español como un ejemplo de lo que es legislar de espaldas a los ciudadanos, los dos grandes partidos votaron a favor de limitar el techo de gasto de las administraciones públicas españolas a lo que gustara ordenar la Comisión Europea y priorizar el pago de la deuda pública. 

Con las prisas para cerrar el acuerdo, a Pérez Rubalcaba y a Rajoy se les olvidó garantizar de algún modo en el texto constitucional reformado que la sanidad, la educación y las políticas sociales seguirían contando con financiación suficiente. Entre los diputados que votaron a favor del acuerdo estaba Sánchez, representante por Madrid, que incluso se congratuló en Twitter de la hazaña de haber reformado la Carta Magna por la vía oscura, sin consenso con la oposición y sin consultar a los españoles en un referéndum, como era de rigor. Con su voto y con el de sus compañeros más los del PP, el PSOE le hizo entrega solemne a Rajoy de las tijeras con las que, nada más pisar La Moncloa, el nuevo presidente afrontó con entusiasmo la tarea de podar a fondo el estado del bienestar que tantos esfuerzos había costado construir y cuya tarea ya había iniciado con algo de timidez, eso sí, Rodríguez Zapatero. 

Poco tiempo después Alfredo Pérez Rubalcaba y el PSOE se llevaron el revolcón electoral de sus vidas y los socialistas se adentraron en una travesía del desierto a la que aún no le ven la salida. Buscándola han dado con el que consideran su mirlo blanco, de nombre Pedro, que hace solo unas horas acaba de renegar del Sánchez que en 2011 dijo sí a los mercados y la reforma de la Constitución de acuerdo con el PP. Pedro quiere ahora borrar su pasado y anuncia que, si gobierna, volverá a reformar la Constitución para enmendar el “error” de Sánchez. Por lo pronto ya se ha adherido a una iniciativa de lzquierda Plural y del Grupo Mixto que piden eso precisamente, aunque las posibilidades de que prospere son tantas como las que tiene el equipo de mi pueblo de ganar la Liga de Campeones. 

Pero Pedro no se achanta y en su cruzada contra Sánchez dice que desfacerá el entuerto de hace tres años aunque, eso sí, quiere dejar claro que él asume la necesidad de controlar el déficit público y la obligación de pagar la deuda. Lo que quiere hacer – dice – es blindar en la Carta Magna la financiación suficiente de los servicios públicos básicos. El PP y el Gobierno, alérgicos a cualquier cambio constitucional que no de gusto a los mercados como aquel de 2011, no han tardado en echarle las manos al cuello y llamarlo “populista” y, sin que sirva de precedente, no les falta un puntito de razón. A Pedro parece que le pueden por momentos los mensajes llamativos y las apariciones en televisión, incluidos los programas de cotilleo. O lo frenan sus asesores o puede llegar a sentir la tentación de dejarse barba y coleta. 

Por lo demás, que Pedro consiga su objetivo y rompa definitivamente con Sánchez no depende sólo de él sino de que obtenga la mayoría parlamentaria suficiente, algo que se vende demasiado caro en estos tiempos de máxima incertidumbre política. Si la improbable conjunción de los astros le brindara algún día la posibilidad de dar el paso, no debe olvidarse de algo muy importante: a los españoles nos gustaría poder decir algo al respecto de esa reforma y no ser de nuevo simples convidados de piedra como ya ocurrió en 2011. Porque, con todo, ese fue el peor de los errores de Sánchez y los suyos y que Pedro dice ahora querer enmendar.

24 de noviembre de 2014

Petróleo: una encuesta clarificadora

Los ciudadanos de Canarias se quedaron ayer con las ganas de expresar en las urnas lo que opinan de las prospecciones que Repsol realiza en aguas de las islas desde hace una semana. La consulta convocada por el Gobierno de la comunidad autónoma fue abortada por el Ejecutivo central mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional que la suspendió temporalmente hasta que decida sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, la macroencuesta alternativa encargada por el Gobierno canario a las dos universidades de las Islas y cuyos datos hemos conocido hoy ha venido a poner negro sobre blanco el mismo o parecido resultado que probablemente habrían arrojado las urnas: una aplastante mayoría de ciudadanos en contra de unos sondeos que ven peligrosos para el medio ambiente del Archipiélago. (Pinche aquí para consultar la encuesta )

Por espigar sólo unos pocos datos, tres de cada cuatro canarios se oponen a las prospecciones, una oposición que es más acusada en las islas más próximas al lugar en el que Repsol busca gas o petróleo desde el lunes pasado. En la inmensa mayoría, la razón argumentada por quienes se oponen es el riesgo que estos trabajos representan para el medio ambiente. Por el contrario, el 15% que apoya la actividad de Repsol en las aguas canarias aduce la creación de empleo que se generaría. Aunque minoritario, es llamativo este argumento por cuanto, a fecha de hoy, ni Repsol ni el Ministerio de Industria que apadrina el proyecto han sido capaces de precisar con una cierta aproximación cuántos puestos de trabajos se han creado en la fase exploratoria ya iniciada ni cuántos se crearían en el supuesto de que se encontrara gas o petróleo y la multinacional decidiera extraerlo y comercializarlo en su beneficio, que no en el de los canarios. 

A lo más que han llegado unos y otros es a hablar de “oportunidades de empleo”, signifique eso lo que signifique. Por lo demás, a fecha de hoy, tampoco hay ningún compromiso firme de que las islas participarán de algún modo en los beneficios que Repsol obtenga de la eventual extracción de petróleo. Es revelador también el apoyo que refleja la encuesta a la posición del Gobierno de Canarias en este controvertido asunto, a menudo tildada de “politizada” por el Gobierno del Estado y por el PP canario: siete de cada diez encuestados creen que debe continuar oponiéndose institucionalmente a los planes de la petrolera y del Ministerio.
La encuesta se ha hecho sobre una muestra de 2.700 entrevistas en todas las islas, superior incluso a la que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas para todo el país. Estima un margen de error del 2% y ha sido realizada con el respaldo académico y técnicos de las dos universidades canarias, lo que la aleja de cualquier tentación de considerarla amañada políticamente. En realidad, el resultado no debería de ser una sorpresa demasiado grande para nadie: bastaba echar un vistazo a la participación en las protestas públicas celebradas en los últimos meses en las islas o a lo que se opina en las redes sociales sobre este asunto para predecir que la gran mayoría de la sociedad canaria rechaza de plano estos sondeos. 

Sin duda, quienes siguen considerando que la industria petrolera es inocua para el medio ambiente y que dejará beneficios sin cuento en las islas van a seguir defendiendo estas prospecciones contra viento y marea. En su derecho están pero ahora al menos ya saben que su posición es claramente minoritaria. Con todo, la cuestión de fondo ahora es saber si el titular del Ministerio de Industria, José Manuel Soria, tiene algo que decirles a los siete de cada diez paisanos suyos que rechazan un proyecto en el que ha puesto todo su empeño personal y político.

¿Les dirá que están equivocados de medio a medio y repetirá que la industria petrolera será la solución para todos los problemas de Canarias, que es compatible con el turismo y no representa riesgo alguno para el medio ambiente? ¿Les dirá que han sido manipulados por el “politizado” Gobierno autonómico para que se opongan a los sondeos como si los ciudadanos no fueran capaces de pensar y decidir por sí mismos? ¿Les dirá que no se ha sabido explicar bien? ¿Les dirá que las catas de Repsol continuarán adelante a pesar de lo que opine la mayoría de los canarios? ¿Cree y respeta el ministro la opinión mayoritaria de los ciudadanos aunque ésta no se exprese en las urnas en las que su Gobierno no les permitió expresarse? Estamos esperando las respuestas. 

21 de noviembre de 2014

Las prospecciones bajo la lupa de Bruselas

Es demasiado pronto para presumir que Bruselas será la que termine paralizando los sondeos petrolíferos de Repsol en Canarias por el incumplimiento de la normativa medioambiental comunitaria. Sin embargo, el hecho de que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea haya confirmado hoy que ha pedido más información al Gobierno español sobre este asunto puede ser un paso decisivo en esa dirección. Las autoridades comunitarias han terminado atendiendo las reiteradas quejas de las instituciones canarias, las organizaciones ecologistas y varias fuerzas políticas con representación en el Parlamento Europeo sobre la vulneración de la normativa europea por parte de España en la concesión de los permisos para que Repsol pudiera empezar a buscar petróleo en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. 

Las quejas se refieren principalmente al retraso que sufrió la aprobación del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de esas aguas, un expediente convenientemente retrasado por el hoy comisario Arias Cañete y resuelto por su sucesora en el Ministerio de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, cuando la multinacional petrolera ya contaba con todas las bendiciones de Industria para buscar petróleo. Las denuncias también señalan que el Gobierno recortó el área afectada por el LIC para que no se solapara con la de las catas petroleras.  Por lo demás, el anuncio hecho hoy por la Dirección General de Medio es un severo varapalo al Gobierno, al PP y a la propia compañía, empeñados en defender la impoluta legalidad del expediente y el escrupuloso respeto a la normativa medioambiental europea. En más de una ocasión los populares han presumido de que Bruselas había cerrado definitivamente cualquier investigación sobre la tramitación de un expediente tildado por las instituciones canarias de poco transparente y por las organizaciones ecologistas y numerosos científicos de incompleto e insuficiente. Al margen de lo que se decida finalmente y a falta de saber qué información trasladará el Gobierno español a Bruselas, después del anuncio de hoy es evidente que en absoluto han dado carpetazo las autoridades comunitarias a  esta cuestión. 

Esta petición de datos al Gobierno español sobre las prospecciones autorizadas a Repsol llega justo a dos días del 23N, la fecha que habían elegido el Gobierno de Canarias para que los ciudadanos pudieran expresar libremente su opinión sobre la conveniencia de buscar y en su caso extraer petróleo en unas aguas de extraordinaria riqueza natural y a escasos kilómetros de playas por las que pasan cada año millones de turistas. El Ejecutivo de Mariano Rajoy y en particular su ministro de Industria, cerrados en banda a cualquier alternativa que no pase por facilitarle las cosas a Repsol y poner incluso la Armada a la entera disposición de intereses privados, cercenaron de cuajo la posibilidad de conocer esa opinión cuando elevaron el asunto al Constitucional y éste paralizó cautelarmente la consulta. 

Las autoridades canarias acataron sin demora la decisión del alto tribunal y automáticamente suspendieron la consulta, al contrario de lo que ocurrió en Cataluña con el 9N, convertido en “proceso participativo” después de una decisión similar del Constitucional. Sin embargo, la doble vara de medir del Gobierno central en uno y en otro caso queda en evidencia cuando para aplacar la situación en Cataluña el presidente anuncia una visita para “explicarse mejor” y en Canarias manda a la Armada para arrollar a los ecologistas contrarios a los sondeos. 

La vicepresidenta catalana, Joanna Ortega, decía esta semana tras conocer la decisión de la Fiscalía de querellarse contra la Generalitat por el 9N que esa denuncia “aleja un poco más a Cataluña de España". Canarias ya está geográficamente muy alejada del resto de España por una distancia de más de 2.000 kilómetros, una distancia mucho mayor si consideramos que la brecha política entre las Islas y Madrid no ha parado de crecer desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa hacer ahora tres años

El desprecio y la tozudez empleados para imponer a toda costa un proyecto petrolero privado mientras lo rechaza en Baleares con los mismos argumentos que no considera válidos en Canarias, la tramitación de un oscuro expediente medioambiental que ahora es objeto de investigación por parte de Bruselas y la escasa sensibilidad democrática para escuchar lo que opinan los ciudadanos sobre un asunto trascendental, han ido cavando un foso tan profundo entre las Islas y el Gobierno del Estado que, como en Cataluña, también puede terminar siendo infranqueable. 

20 de noviembre de 2014

Un año más con Rajoy

No me sorprende lo más mínimo el perfil bajo que han adoptado hoy el Gobierno y el PP para celebrar el tercer año triunfal desde la llegada de Rajoy a La Moncloa un 20 de noviembre 2011 con aplastante mayoría absoluta. El propio Rajoy se ha ido a Santiago a hacer balance y tal vez a postrarse a los pies del Santo Patrón para que lo ilumine sobre cómo salir del atolladero político catalán, cómo capear la corrupción campante que acosa a su partido, cómo hacer para que la recuperación económica sea algo tangible para los ciudadanos de a pie y cómo remontar en las encuestas electorales y evitar que Pablo Iglesias se le suba a las barbas el año que viene. Demasiadas peticiones para un santo, por muy patrón de España que sea y por mucha fe que se tenga en él. 

Los pocos representantes del PP y del Gobierno que hoy se han atrevido a hacer balance no han sido capaces de ofrecer nada que no hayan ofrecido e incumplido reiteradamente a lo largo de estos tres años. Escuchar al ministro Montoro decir por enésima vez que España “está saliendo de la crisis” y al portavoz Alfonso Alonso hablar de “regeneración política” produce una mezcla de hastío e incredulidad que invitan a desconectar automáticamente. Resumir en pocas líneas lo que han supuesto para los españoles estos tres años es tarea mucho más sencilla de lo que pudiera parecer a primera vista: paro, pobreza, pérdida de derechos, corrupción y marasmo político. Es normal, por tanto, que no estén las cosas en Génova y en La Moncloa para muchas celebraciones ni para tirar cohetes. 

En el plano económico, el Gobierno ha vuelto a presumir de haber librado a España del rescate olvidando una vez más la generosa inyección pública a los bancos para salvarlos de la irresponsable gestión de sus directivos. Mientras, las pequeñas y medianas empresas siguen muriendo de inanición crediticia y echan más empleados a la calle. Saca pecho el Gobierno con las cifras del paro pero esconde que estamos casi igual o peor que al comienzo de la legislatura si tenemos en cuenta que hay medio millón de afiliados menos a la Seguridad Social, muchos de ellos buscándose la vida en el extranjero. La reforma laboral ha deprimido los salarios hasta el punto de que la mismísima Comisión Europea le ha dado un sonoro tirón de orejas a Rajoy y a los suyos. En paralelo se han disparado los índices de pobreza y exclusión social, incluyendo a los niños, mientras el Gobierno ha asistido prácticamente impasible o limitándose a parchear el drama social de los desahucios y la monumental estafa de las preferentes. 

El mantra del cumplimiento del objetivo de déficit ha dañado severamente los servicios públicos y la reforma fiscal ha profundizado en la falta de progresividad del sistema después de amnistiar con todos los honores a los defraudadores y hacer dejación del deber de perseguir el fraude. Los incorregibles tics centralistas del PP han abortado la imperiosa reforma del sistema de financiación autonómico prolongando situaciones de agravio comparativo con territorios como Canarias, que para colmo de males se han extendido también a los Presupuestos Generales del Estado de estos tres años de legislatura. El PP ha usado su mayoría absoluta como una suerte de patente de corso para ignorar el diálogo y el consenso con el resto de las fuerzas parlamentarias e imponer sus políticas sin miramientos ni contemplaciones. Un caso flagrante de esa falta de sensibilidad política es la imposición por las bravas y hasta manu militari de las prospecciones petrolíferas en Canarias. Sólo cuando le ha interesado electoralmente, como ocurrió con la retirada de la Ley del Aborto, ha apelado hipócritamente al acuerdo. Con Rajoy en La Moncloa el “desafío catalán” no ha hecho sino agravarse y enconarse: inmovilismo, desdén y ley han sido sus únicos argumentos ante un órdago del que ha preferido no saber nada hasta que ya ha empezado a ser demasiado tarde para encontrar una salida a un problema que cada vez tiene menos de jurídico. 

En el pantanoso y maloliente terreno de la corrupción, seguimos esperando tres años después por las medidas de regeneración política que anunció Rajoy, la mayoría de las cuales se han quedado por el camino como tantas otras cosas que prometió para luego hacer justo lo contrario. En lugar de impulsar una verdadera batalla política y jurídica contra los corruptos, tal y como exigen unos ciudadanos asqueados de los continuos escándalos y la barra libre con la que se ha robado y gastado el dinero público, el PP y el Gobierno con su presidente al frente han preferido durante todo este tiempo aplicarse a fondo en defenderlos, justificarlos, esconderlos o no nombrarlos. Y cuando ya no había más remedio ante las evidencias, pedir perdón y darse por satisfecho. Eso siempre y cuando los cogidos en falta sean los suyos y no los del rival político: en ese caso no ha dudado en recurrir al “y tú más”, del que tanto han abusado también en el PSOE, y a pedir que rueden cabezas. 

Se comprende que ante semejante balance el PP y el Gobierno hayan preferido pasar hoy de puntillas sobre los tres años de Rajoy en La Moncloa. Tengo para mí que a estas alturas les preocupan mucho menos las consecuencias de sus políticas a lo largo de este trienio que la posibilidad de que estén inaugurando su último año en el poder.

19 de noviembre de 2014

A los Héroes de Sandía

Viento en popa a toda máquina, no surcan el mar sino vuelan las lanchas de la Invencible Armada. En lontananza se atisban ya grandes y veloces embarcaciones tripuladas por peligrosos piratas pertenecientes a la conocida banda de Greempeace. Son los tales bucaneros – reconocibles por una bandera en la que para desorientar a sus perseguidores han sustituido la calavera y las tibias por un gran arco iris - feroces y atrevidos asaltantes de pacíficos barcos cuya única y desinteresada misión es dar a conocer urbi et orbi la buena nueva del petróleo. Hay que impedirles como sea que se salgan con la suya y allá que van las valerosas lanchas de la Armada a abordarlas antes de que sea demasiado tarde.

Ya se oye el rugir de sus motores a todo trapo, ya se acercan veloces a ellas, ya las tienen al alcance de proa, les pasan por encima y echan al agua a una de las piratas que se parte una pierna y magullan a un par de ellos más, ya los arrollan y dispersan: la victoria es suya, ¡honor y gloria! En los anales de la guerra naval no se había vuelto a ver tanto valor y arrojo desde Salamina, Lepanto y Trafalgar. Los héroes de Sandía, como ya se les conoce en los confines del Universo por el nombre de la cuadrícula petrolera en la que se produjo el histórico e inolvidable enfrentamiento entre fuerzas tan desiguales, han cumplido con arrojo y valentía las órdenes de la superioridad: proteger el interés de una empresa petrolera transmutado por obra y gracia de los mandos políticos en interés general del país, mantener el orden público y poner en retirada a los aviesos piratas. 

Pero que nadie baje la guardia, la victoria aún no es completa. Aunque las piráticas lanchas quedaron casi para el desguace y sus ocupantes noqueados y desperdigados en medio de la Mar Océana, no hay que fiarse lo más mínimo de las oscuras y traidoras intenciones por las que son conocidos en el mundo entero. Aún tienen capacidad de reacción y en cualquier momento pueden volver a las andadas y atacar de nuevo al inocente barco que sólo quiere buscar – y encontrar – petróleo. Se impone por tanto impedirles que se muevan de donde están y, para ello, nada mejor que empurarlos también por la vía administrativa después de atropellarlos por la vía militar. 


Hay que retener en el puerto el barco del que partieron las lanchas de la bandera del arco iris e imponerles un aval de 50.000 euros. Eso para empezar. Al mismo tiempo que se les mantiene amarrados a puerto y bajo estrecha vigilancia se les abre un expediente administrativo de no te menees y se les advierte con claridad y contundencia de que, como sean encontrados culpables de entorpecer el libre tráfico marítimo, el libre tráfico ferroviario y hasta el libre tráfico espacial se les caerá el pelo, la barba, el parche en el ojo, el loro y hasta la pata de palo: una multa de hasta 300.000 euros de nada, para que aprendan y no vuelvan a molestar en la vida a quien sólo quiere buscar – y encontrar – petróleo y hacernos a todos ricos y felices. 

De momento y mientras paguen, no será necesario recurrir a medidas más drásticas como castigar a cada uno de ellos con cien azotes con un látigo de siete puntas en la cubierta de la nave pirata o colgar a los cabecillas del palo mayor para que sirvan de escarmiento a los demás. Una vez hecho todo esto y ahora que los fibusteros de Greempeace han sido derrotados y maniatados y que el interés general está a salvo, no perdamos ni un minuto en rendir el merecido homenaje a los defensores de la ley, el orden y el petróleo: rotulemos calles, plazas, auditorios y aeropuertos con sus nombres, erijamos estatuas, incluyamos la hazaña en los libros escolares y cantemos himnos marciales en honor de los Héroes de Sandía. Pero, sobre todo, honremos como se merecen a quienes desde el puente de mando y en situación tan comprometida han hecho posible con su clarividencia y decisión esta imborrable y gloriosa página de nuestra Historia. 

18 de noviembre de 2014

Transparencia opaca

A pesar de sus golpes de pecho y de sus propósitos de la enmienda, ni el PP ni el PSOE parecen haber entendido cuál es eso que en tiempos se llamaba el “sentir de la calle” sobre la corrupción y la falta de transparencia con la que se gasta y malgasta el dinero público. Los viajes del ex senador Monago a Canarias, que siguen sin aclararse ni justificarse en tiempo y forma, abrieron el debate sobre la opacidad que reina en el uso que hacen sus señorías de los recursos públicos para sus desplazamientos. Parecía que lo ocurrido con el presidente extremeño y su amor por Canarias iba a servir para que por fin se pusiera fin al despropósito que supone que sus señorías puedan recorrer la piel de toro y archipiélagos aledaños con cargo al erario sin dar cuenta a nadie sobre el objetivo último de sus andanzas. 

El acuerdo que han cerrado hoy en el Congreso el PP y el PSOE y que se extenderá también al Senado es una de esas nuevas promesas de regeneración que al final quedan en nada o en casi nada. Y es que cuando se trata de preservar los viejos y malos hábitos enquistados en el modus operandi de la política nacional desde la etapa de la Transición, apenas se aprecian diferencias entre los dos grandes partidos nacionales. Hoy han vuelto a dar muestra de ello con un acuerdo sobre el control de los viajes de los parlamentarios que, en la práctica, deja las cosas prácticamente igual de opacas que hasta ahora. 

Del control quedan exentos los viajes de ida y vuelta que hagan sus señorías desde sus respectivos lugares de residencia a Madrid. Tampoco hay cambios con respecto a los viajes de las delegaciones oficiales del Congreso y el Senado, controlados por las propias cámaras. La novedad, si es que puede llamarse así a lo acordado hoy, se refiere a los viajes calificados de “políticos”, es decir, aquellos que senadores y diputados hacen por razón de su responsabilidad como representantes democráticamente elegidos. Para este tipo de viajes se acuerda que sean los propios partidos los que controlen a sus parlamentarios avalando sus desplazamientos en el plazo máximo de 15 días. Si no lo hicieran, el diputado o senador en cuestión tendría que devolver la cuantía del viaje. En un gesto tan inútil como teatral, el Congreso y el Senado publicarán cada tres meses en sus respectivas webs el número de viajes políticos de sus señorías. Será, en todo caso, una relación en bruto sin detallar quiénes viajaron ni a qué grupos parlamentarios pertenecen, con lo cual nos quedamos prácticamente como estábamos.

Este acuerdo, que ni con benevolencia podría calificarse de mínimos, no es muy del agrado del presidente del Congreso, Jesús Posada, un hombre al que parece gustarle que sus diputados hagan de su capa un sayo con los recursos de todos y si alguien quiere controlarlos que sean en todo caso sus partidos. Por si no fuera suficiente,  tampoco se distingue entre viajes relacionados con la actividad en el Congreso o el Senado de los que tienen que ver con la asistencia a mitines, congresos o fiestas y ágapes partidistas. Simplemente se considera que los segundos son la “extensión lógica” de los primeros – como dice el PSOE – y se les incluye en la lista de desplazamientos sufragados con dinero de todos los ciudadanos. 

De este modo pagamos de nuestro bolsillo no solo sus sueldos, sino que los senadores y diputados puedan también participar en actos partidistas fuera de sus territorios que deberían abonarse, en todo caso, por los respectivos partidos. De publicar las agendas políticas de los parlamentarios ni hablar; de que se especifique en las webs de las cámaras quién viaja, a dónde y para qué, mucho menos. Según dicen los firmantes del acuerdo hay que proteger la discreción de esos viajes cuando sea necesario, aunque en realidad lo único que protegen es su discrecionalidad, que no es lo mismo. Y aún sostiene el PSOE que con este acuerdo no se repetirá un caso como el de Monago y su puente aéreo con Canarias. Sinceramente, ante el amaño de transparencia que han cerrado hoy socialistas y populares sólo cabe concluir que para este viaje no hacían falta alforjas.   

17 de noviembre de 2014

Todo por Repsol

Las imágenes que acompañan este post han dado la vuelta al mundo este fin de semana. No es para menos: no todos los días se ve a la Armada de un país democrático embistiendo con sus lanchas a las de una organización ecologista como Greempeace. Eso ha ocurrido en España, más exactamente a escasas millas marítimas de Lanzarote y Fuerteventura. Fruto de la embestida a todo trapo de las lanchas militares es una activista italiana con una pierna rota y evacuada a un hospital y otros dos colaboradores de Greempeace con magulladuras de diversa consideración. Mejor no hacer especulaciones pero, a la vista del ardor con el que parecen emplearse los militares en esas imágenes, es incluso una suerte que no estemos ante un escenario muchísimo peor.

El delito de los activistas fue llamar la atención internacional sobre el inminente inicio de las prospecciones petrolíferas autorizadas a la multinacional Repsol por el Gobierno de España, un proyecto que cuenta con el rechazo de una buena parte de la sociedad canaria, de seis de los siete cabildos insulares, del Gobierno de la Comunidad Autónoma y de todos los ayuntamientos de Lanzarote y Fuerteventura, las islas más próximas a los sondeos. Como es tradición en Greempeace, el objetivo de esta protesta no era otro que el de colocar una pancarta en contra del petróleo y hacer una pintada en el casco del barco. Subir a bordo puede que estuviera entre sus planes pero no parece tarea fácil a la vista de la altura del monstruo marino con el que Repsol quiere perforar las aguas canarias en busca de oro negro. 

Que la actuación de la Armada fue como poco desproporcionada es algo que sólo alguien que no quiera ver las imágenes difundidas en la red este fin de semana puede negar. Alegar, como hace el Gobierno español, que los ecologistas cometieron una ilegalidad al penetrar en una zona de exclusión marítima reservada a los pinchazos petroleros de Repsol, no se compadece con la dureza que muestran las imágenes. En todo caso, por muy ilegal que fuera a ojos del Gobierno, la protesta ecologista fue en todo momento pacifica y de forma pacífica pudo haberse desactivado también. La testosterona mostrada por los miembros de la Armada o por quien dio las órdenes de arrollar las lanchas de los ecologistas estaba por completo fuera de lugar. 

Es público y notorio que a este Gobierno las protestas ciudadanas le causan sarpullidos y hace todo lo que puede para impedirlas policial y judicialmente. Sin embargo, ha ido demasiado lejos convirtiendo a la Armada de la noche a la mañana en defensora de los intereses privados de una multinacional petrolera mientras los armadores de los pesqueros españoles que afrontan la piratería en el Índico y otros lugares tienen que pagarse la seguridad de su bolsillo. 

Confiemos en que más pronto que tarde el ministro de Defensa, Pedro Morenés, comparezca en el Congreso y en el Senado y dé alguna explicación plausible de la sobreactuación de los militares en un asunto que a todas luces les viene demasiado grande. Que explique por qué envió la Armada a desbaratar una protesta ecologista y diga a quién se le ocurrió la idea de abordar sus lanchas por las bravas. Que no se olvide de aclararnos para qué está la Guardia Civil del Mar y si no habría sido mucho más adecuado que fuera ella la que, en todo caso, controlara las acciones de protesta de los ecologistas. Acto seguido debería hacer pública el ministro la destitución del mando militar responsable del desaguisado del otro día en aguas de Lanzarote y Fuerteventura. 

A la espera de esas explicaciones, lo que de momento ha conseguido el Gobierno español con la desmesurada actuación de la Armada en este incidente es precisamente lo que Greempeace deseaba por más que no consiguiera colocar su pancarta o hacer sus pintadas: difundir por todo el mundo cómo se las gasta el gobierno de un país como España y de qué herramientas echa mano cuando se trata de acallar las protestas contra la imposición de sus políticas a mayor gloria de determinados intereses privados.    

14 de noviembre de 2014

Houston, tenemos un problema

Y de los gordos. La imputación judicial del alcalde de La Laguna y candidato de CC a la presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, abre un boquete de considerables dimensiones en sus aspiraciones políticas. Sea casual o no, como se apunta desde algunos ámbitos políticamente interesados, lo cierto es que la imputación llega en el peor de los momentos posibles, justo cuando el candidato estaba empezando a tomar velocidad de crucero con su campaña y dándose a conocer él y su programa allá en donde apenas se le conocía de nombre. Es verdad que las imputaciones que le ha endosado el juez Romero Pamparacuatro se remiten sobre todo a la etapa de Clavijo como concejal de Urbanismo en su municipio y no son tampoco de lo más graves que se está despachando en los últimos tiempos en la convulsa y corrupta España de nuestros pecados. 

Se habla de malversación, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias. Así, a bote pronto, suena fuerte pero si bajamos al detalle los cargos se refieren a los alquileres que pagó el ayuntamiento a familias que tuvieron que desalojar sus casas afectadas por aluminosis, el cierre de un bar y a un par de contratos de trabajo. Nada, en definitiva, que no ocurra con frecuencia en la inmensa mayoría de los ayuntamientos de este país, eso sí, por desgracia y sin que lo anterior suponga justificación alguna. En su descargo cabe decir que compareció con rapidez ante los medios de comunicación para dar explicaciones e incluso entregó a los periodistas el auto de imputación, algo nada frecuente en esta España de la que hablaba antes y en la que los políticos imputados desaparecen de la faz de la tierra como por ensalmo nada más recibir la mala nueva. 

Ahora bien, no soplan tiempos de tolerancia social para la corrupción y el hartazgo de casos es tan gigantesco que a los ciudadanos ya les da prácticamente lo mismo que sean más o menos graves: piden de una vez ejemplaridad y limpieza de la vida pública. Y es ahí precisamente en dónde Clavijo y su partido, CC, tienen un problema del que a esta hora es difícil saber cómo se las arreglarán para salir. Tomen la decisión que tomen ninguna tendrá coste cero, ni para el candidato ni para el partido. En el supuesto de que Clavijo decida dar un paso a un lado y renunciar a la candidatura a la presidencia de la Comunidad Autónoma en las autonómicas de 2015 habría que buscar nuevo candidato y se reabrirían – si es que se han cerrado ya – las profundas heridas que abrió el proceso que desembocó en su designación. 

En el caso de que CC decida continuar adelante con el candidato actual no tendrá más remedio que explicarle a los ciudadanos porqué contradice su propio discurso contra la corrupción con una actitud pasiva cuando le afecta de lleno y mantiene como aspirante a la presidencia de la comunidad autónoma a imputado. Rodeos, circunloquios y excusas siempre se pueden encontrar para justificar una decisión de esa naturaleza. En esa materia, qué duda cabe, en todos los partidos políticos sobran muñidores expertos en camuflar la realidad bajo un manto de eufemismos. Ahora bien, cosa completamente distinta es que los ciudadanos acepten y asuman esas explicaciones como si aquí no hubiera pasado nada. 

En principio todo hace indicar que el momento procesal para que tanto el candidato como su partido tomen una decisión al respecto será el instante en el que juez Romero Pamparacuatro decida abrir juicio oral. Si Clavijo continúa imputado será muy difícil, por no decir imposible, que siga siendo también el candidato de CC. El problema añadido es que la decisión del juez puede producirse dentro de un mes, dentro de dos o quince días antes de las elecciones e incluso después, con Clavijo ya sentado en su escaño del Parlamento de Canarias y puede que incluso en el sillón reservado al presidente del Gobierno. ¿Qué hacer entonces? ¿Esperar a que el juez decida? ¿Continuar adelante y arriesgarse a ver al candidato nacionalista, diputado o presidente sentado en el banquillo de los acusados? Difícil papeleta a simple vista aunque, a poco que se piense, tal vez no lo sea tanto. Sólo hay que recordar y aplicar aquella famosa frase atribuida a Napoleón: “Una retirada a tiempo es una victoria”. Y esto no sólo vale para la guerra sino también para la política.  

13 de noviembre de 2014

El controlador que los controle…

Una semana se cumple hoy desde que se publicara en los medios que José Antonio Monago viajó treinta y dos veces a Canarias siendo senador del PP por su comunidad autónoma. Ríos de tinta han corrido desde entonces sobre la opacidad de estos viajes pero las aguas de la transparencia siguen igual de estancadas. Se supo inmediatamente que Monago no visitó las islas con tanta asiduidad debido a un ataque de preocupación por los problemas de los canarios sino por razones más íntimas y personales. 

La pueril explicación del PP en el Senado de que viajaba como una especie de senador volante al Archipiélago y a Andalucía resultaba entonces tan increíble como ahora. Los compañeros canarios de Monago en el Senado no han podido aún explicar cuántas veces se reunieron con él en Canarias ni de qué hablaron. Y cuando se les pregunta por las fotos en las que el político extremeño aparece divirtiéndose en los carnavales de Tenerife con el verdadero motivo de sus viajes a la isla, la respuesta es de libro: no entramos en la vida privada del señor Monago. De añadidura, nadie recuerda que el senador Monago mencionara una sola vez a Canarias en sus intervenciones senatoriales, lo que no deja de ser alarmante dado el abnegado sacrifico demostrado por estas islas. 

Mañana hará una semana también desde que Monago dio una rueda de prensa para explicarse y en la que, no sólo no explicó nada, sino que se presentó como una víctima de los “rompepiernas” que quieren acabar con su carrera política y que no identificó aunque sí insinuó. Un día después y tras consultarlo con la almohada, anunció en un acto ante la plana mayor del PP - que le arropó con tanto entusiasmo que hasta se le saltaran las lágrimas - que devolvería el dinero. Dos días más tarde dijo que pediría al Senado que certificara su asiduidad viajera a Canarias pero tardó un par de días más en redactar la petición y presentarla en la Secretaría de la Cámara Alta. 

En el interín y ante las presiones de sus socios de IU, que entonces guardaron silencio y ahora piden su cabeza, anunció que el próximo día 27 comparecerá en el parlamento extremeño para volver a dar explicaciones. Y así sigue, de anuncio en anuncio y de renuncio en renuncio como si pensara que a estas alturas del culebrón  al que le da nombre cabe otra solución que no sea la de devolver el dinero público que gastó en sus viajes privados a las islas e inmediatamente presentar la dimisión de todos sus cargos. 

El mismo tiempo que lleva Monago diciendo una cosa y la contraria sobre sus viajes privados llevan los partidos políticos en el Congreso y en el Senado escenificando un nuevo capítulo de una saga de gran popularidad nacional titulada “Hay que hacer algo”. Se refiere su argumento a la necesidad de que alguien controle cómo emplean el dinero público senadores, diputados nacionales y hasta diputados autonómicos. El atasco está precisamente en el “alguien”, es decir, en quién le pone el cascabel a sus señorías para que se sepa en todo momento a dónde van y con quién se ven a costa del presupuesto público. El PP, cogido de nuevo en falta, dice que es “partidario de mejorar la transparencia” pero no dice cómo hacerlo. El PSOE propone cosas, el resto de la oposición propone otras, se inician negociaciones, se forman comisiones y, mientras, todo sigue igual que hace una semana. 

El presidente del Congreso se permite incluso decir que él no va a hacer de controlador de nadie y le pasa la pelota a los partidos políticos. El portavoz popular dice por su parte que “el Congreso no es un colegio” y que “los diputados no son niños" a los que haya que estar vigilando permanentemente. Argumento muy recurrente – en realidad una excusa como otra cualquiera – es el que se refiere a la necesidad de que los viajes políticos de senadores y diputados a veces deben de ser discretos lo que, según quienes lo defienden,  no es compatible con que rindan cuentas económicas detalladas a las cámaras o a sus partidos, lo mismo me da que me da lo mismo. 

Dicho en otras palabras y resumiendo: una semana después de que estallara el caso de los viajes de Monago a Canarias hemos vuelto a entrar en bucle y a meternos en un debate bizantino sobre el sexo de los ángeles, también conocido como diálogo de besugos. La ausencia de verdadera decisión y voluntad política para acabar con la opacidad en el uso del dinero de todos sólo está consiguiendo que a ojos de los ciudadanos la sombra de la sospecha se extienda injustamente sobre todas sus señorías y se cuestione una vez más la utilidad del Senado. Si alguna vez lo llegamos a ver, que lo dudo sinceramente, el controlador que los consiga controlar no sólo será buen controlador sino que merecerá un viaje a Canarias con todos los gastos pagados por la eternamente agradecida ciudadanía.

12 de noviembre de 2014

Más y Rajoy: no nos moverán

Tres días ha tardado Mariano Rajoy en decir algo en público sobre el “proceso participativo” del domingo en Cataluña. Durante ese tiempo, Artur Mas, claro vencedor político del pulso con el Estado, no ha dejado de decir cosas aunque todas conducen a lo mismo: referéndum de autodeterminación a la escocesa ya y, si no, elecciones anticipadas y plebiscitarias en Cataluña. Que Rajoy haya tardado setenta y dos horas en aparecerse ante los medios e incluso aceptar preguntas de los periodistas – a dónde iremos a parar – tampoco es un drama nacional. Nada esperábamos que dijera para desatascar el problema y eso es lo que ha hecho, ni más ni menos. En realidad, lo que ha conseguido es enconarlo un poco más por cuanto no ha puesto sobre el atril desde el que ha hablado una sola idea nueva, un mensaje, una iniciativa o un deseo que permita atisbar alguna solución. 

Se ha limitado a ignorar a los 2,3 millones de ciudadanos que votaron el domingo, a calificar la jornada de “fracaso” y “simulacro ilegal” – prodigioso hallazgo jurídico el suyo – y a reiterar lo que ayer dijo su vicepresidenta en el Congreso: que no cuenten Más y los que le siguen con el Gobierno y con el PP para apoyar un referéndum de independencia en Cataluña. Por lo demás, poco más merece mención de lo que Rajoy dijo esta mañana o de lo que respondió a los periodistas deseosos de hacer sangre en un presidente al que las preguntas de los medios le provocan malestar y dolor de cabeza. Eso sí, se transfiguró por un momento en líder de la oposición y le exigió al PSOE que ponga sobre la mesa la propuesta de reforma constitucional que los socialistas vienen defendiendo desde que Rubalcaba mandaba algo en el partido. 

Es cierto que el PSOE lleva demasiado tiempo mareando la perdiz con una reforma constitucional que no termina de definir y es incierto que esa sea la solución aceptada por todos, aunque al menos es una propuesta en un desierto de ideas. Sin embargo, es mucho más cierto, como ha recordado hoy el propio Pedro Sánchez, que quien gobierna no es él sino Rajoy y por tanto es al presidente a quien le compete tomar la iniciativa política. Le va en el sueldo y en la responsabilidad de gobernar y, si no es capaz, tiene otra solución: dimitir o convocar elecciones. La respuesta de Rajoy también iba dirigida a Artur Mas, al que volvió a retar a cambiar la Constitución, aunque tengo para mí que a estas alturas al presidente catalán ese tipo de retos por un oído le entran y por el otro le salen. Sus claves políticas parecen ser otras bien distintas, atada como está su suerte a ERC y a la espera tal vez de que una presión irresistible sobre Madrid termine produciendo los frutos apetecidos antes de que se embarcara en la carrera soberanista. 

En todo caso, la comparecencia de hoy del presidente español ante los medios no tiene tanto que ver con la conveniencia de pronunciarse sobre la situación en Cataluña como con las presiones de su partido por no haber detenido el “simulacro ilegal” del domingo. Eran ya atronadoras las voces en algunos sectores del PP que se preguntaban por qué Rajoy no hizo nada para impedir que los catalanes votaran. En eso, ya ven y sin que sirva de precedente, estoy con él: haber mandado a la policía a retirar las urnas probablemente habría generado muchos más problemas que los que habría resuelto. 

Ahora bien, de ahí a que el Gobierno haya azuzado a la siempre obediente Fiscalía General del Estado para que empapele a Mas, a su vicepresidenta y a algunos consejeros catalanes más por haber convocado y organizado lo del domingo saltándose la decisión del Tribunal Constitucional, va un trecho como de Madrid a Barcelona. Primero, porque una vez más se pone de manifiesto – y así lo han denunciado los fiscales – que la Fiscalía General del Estado es para asuntos de este calado o para otros como la imputación de la infanta Cristina poco menos que una correa de transmisión de los deseos del Gobierno. 

Segundo, porque responder una vez más con la legalidad y sólo con la legalidad como ha vuelto a hacer hoy Rajoy es reincidir por enésima vez en el error que impide salir con bien de este culebrón político inacabable. En resumen, el “no nos moverán” que sigue entonando este dúo tan poco dinámico formado por Mas y Rajoy nos tiene metidos a todos en un callejón al que de momento no hay esperanzas de verle salida alguna.

10 de noviembre de 2014

Cataluña: el palo y la zanahoria

No es casualidad que fuera el ministro de Justicia y no el presidente del Gobierno o la vicepresidenta quien compareciera anoche ante los medios de comunicación para valorar el “proceso participativo” en Cataluña. El mensaje es meridianamente claro: perseguiremos judicialmente como hemos hecho hasta ahora cualquier veleidad independentista. De hecho, aunque tanto los fiscales como el juez de guardia evitaron ayer retirar las urnas como pedían algunos partidos, la Fiscalía ya tiene en marcha una investigación para determinar si de las votaciones se derivan responsabilidades penales por parte de quienes las convocaron y organizaron. Por lo demás, la comparecencia de Rajoy o de su número dos en el Gobierno habría conferido a la jornada de ayer un nivel político que el presidente no estaba ni está dispuesto a reconocer. 

Bien es cierto que la jornada participativa de ayer no fue un dechado de fiabilidad desde el punto de vista de las garantías democráticas de transparencia y juego limpio. Tal vez por eso, dos tercios de la población catalana con derecho a voto se quedaron en casa y el tercio restante, aproximadamente el mismo que respalda a los partidos de corte soberanista, dejó muy claras sus preferencias. Que más del 80% de los votantes haya optado por un estado catalán independiente y un 10% por un estado catalán a secas habla a las claras de cuál fue el electorado que se movilizó ayer en Cataluña. Sin embargo y a pesar de todos los peros que se le puedan poner a la convocatoria, lo cierto y verdad, en contra de lo que opinan muchos, es que las cosas en Cataluña no son iguales hoy a cómo eran el domingo por la mañana. 


En realidad, el problema se ha enquistado un poco más si eso era aún posible. Con ese 80% de votantes que quieren una Cataluña independiente tienen aval más que suficiente Artur Mas para exigirle a Rajoy que se siente a negociar. La dificultad radica en los asuntos de esa hipotética y seguramente improbable negociación. El nacionalismo catalán no parece estar ya por hablar de financiación autonómica o lengua sino por forzar al presidente Rajoy a pactar un referéndum con todas las garantías legales en el que – de llegar a celebrarse algún día - tal vez los dos millones que ayer apoyaron la independencia podrían ser muchos más. El órdago, por tanto, continúa: si no hay diálogo sobre un referéndum de independencia el siguiente paso será convocar unas elecciones anticipadas, la postura que defiende ERC y a la que se acaba de sumar Convergencia Democrática de Cataluña, envalentonada por el resultado de ayer. 

Qué hará ahora Rajoy ante este órdago renovado es un misterio insondable. Sin embargo y si nos guiamos por lo que ha hecho desde que Mas anunció la consulta soberanista del 9N, lo más probable es que no haga nada que no sea recurrir a los jueces cuantas veces sean necesarias para que le resuelvan el grave problema político que él y todo el país tiene en Cataluña. Reformar la Constitución, como le ha vuelto a pedir hoy el PSOE, para dar en una nueva Carta Magna un encaje diferente a Cataluña y a otros territorios a los que las costuras constitucionales ya les quedan demasiado apretadas, parece poco probable en un político como Rajoy al que ese tipo de procesos parecen causarle verdadero pánico. 

Por otro lado, para ofrecer más competencias o mejor financiación autonómica a Cataluña ya se le ha vencido el plazo hace tiempo, amén de las tiranteces que una oferta de ese tipo alimentaría en otros territorios. Poco a poco, con su inactividad y su convencimiento de que los problemas los resuelve el paso del tiempo sin mayor intervención de la mano humana, Mariano Rajoy se ha ido encerrando en un laberinto político para el que la única salida que atisba es la que le indican las leyes y los jueces. Sin embargo, esa es a todas luces una salida en falso que no da respuesta al problema de fondo que – hay que decirlo una vez más – no es jurídico sino político. 

Puede que su posición agrade a quienes en su partido piden mucho palo y poca o ninguna zanahoria para con los independentistas catalanes. Hay quien piensa en cambio que la firmeza en la defensa de la legalidad vigente no tiene por qué estar reñida con el diálogo político y que Rajoy podría, para variar, probar también esa opción en lugar de limitarse a esgrimir el palo de la ley y tente tieso. De una cosa podemos estar seguros: a cada minuto que pasa sin probar la opción del diálogo menos posibilidades tiene el presidente de que este problema se lo resuelvan los jueces. 

7 de noviembre de 2014

De andanzas reales y plebeyas

Es viernes y debería estar uno viendo volar las aves y pasar las nubes. La cruda realidad, sin embargo, obliga a bajar la cerviz ante la pantalla y marcarse un nuevo post sobre la corrupción. A dos asuntos muy puntuales me referiré hoy, las andanzas judiciales de la infanta Cristina y las andanzas senatoriales del presidente extremeño Monago. Por aquello de respetar el rango, la sangre azul y la jerarquía empezaré por la hija y hermana real, a la que la Audiencia de Palma ha tenido a bien exonerar hoy de toda culpa por blanqueo de dinero en el “caso Noos”. Sólo aprecia en su conducta dos delitos fiscales y coloca de nuevo el expediente en el tejado del sufrido juez Castro para que sea éste el que determine si la infanta debe calentar el banquillo en calidad de acusada. 

De testigo quiere verla, como mucho, el fiscal Horrach que, no obstante y a pesar de considerar que no cometió delito alguno, pide para ella y su consorte Urdangarín una fianza por responsabilidad civil de medio millón de euros. La verdad, cuanto más me sumerjo en las triquiñuelas judiciales menos las entiendo. ¿Si el fiscal cree que no es merecedora de acusación alguna por qué le pide 500.000 euros de fianza? Seguro que me he perdido algo importante. Lo que hará el juez Castro seguro que ni él lo sabe con certeza todavía. Sin embargo, a la vista de que ni la fiscalía ni la abogacía del Estado se animan a acusarla puede ocurrir, sencillamente, que su imputación por delito fiscal también se archive por mucho que se empeñe en lo contrario el sindicato Manos Limpias. 

Es lo que se conoce como la “doctrina Botín”, avalada por el Tribunal Supremo, que hasta para librar del banquillo de los acusados a según qué personas ya ven ustedes que echa mano de apellidos de rancio abolengo patrio. La infanta podría en ese caso nada improbable respirar y la Casa Real tirar discretos cohetes mientras se comen el marrón Urdangarín, su socio Diego Torres y la esposa de este último, toda vez que en los tres sí ve la Audiencia de Palma una bonita sarta de delitos a cual menos edificante. En la infanta, no. 

Pasamos de la realeza y asimilados al pueblo llano y sus representantes democráticamente elegidos. El nombre del día es José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura y látigo de corruptos en el PP. Antes de presidente extremeño Monago fue senador por su comunidad autónoma y recibió de sus compañeros de bancada la misión de ocuparse de los problemas de Andalucía y el territorio de ultramar de Canarias. Cabe pensar que los senadores del PP elegidos por estos dos territorios debían ser entonces unos zotes de cuidado si tenía que venir Monago de Madrid o de Extremadura a decirles lo que debían plantear en el Senado. Sea como fuere, Monago se dejó la piel en su misión hasta el punto de que entre mayo de 2009 y noviembre de 2010 viajó a Canarias la friolera de 32 veces. 

Lo malo es que en estas alejadas latitudes sus compañeros populares dicen recordarlo  poco y de reuniones con él les suenan un par de ellas. Ni que decir tiene que los viajes en cuestión los pagaba el Senado, es decir, el pueblo llano al que me refería antes. En estas estábamos, averiguando la finalidad de la agotadora agenda viajera de Monago a Canarias, cuando salta en los periódicos que en realidad venía a ver a una novia que por aquí tuvo, colombiana por más señas y simpatizante declarada del PP. Y eso, por cierto y tal vez no por casualidad, el mismo día en que Monago tenía que recibir en su tierra a toda la cúpula popular con Rajoy al frente para hablar nada menos que de “buen gobierno”. 

Si se pagó los viajes de su bolsillo, a mi plín: con su vida privada cada cual puede hacer lo que le parezca mejor y allá se las arregle. Ahora bien, si fuimos los ciudadanos los que le pagamos al Sr. Monago viajes románticos a Canarias entonces las cosas cambian radicalmente de color. Acosado por las informaciones, el presidente extremeño salió esta mañana a dar explicaciones pero nos dejó igual que estábamos: ni aclaró cuantos viajes hizo a Canarias ni mostró ningún documento que probara que mantuvo reuniones de trabajo en las islas con sus compañeros de partido. Se limitó a decir que él no es un sociólogo que hace informes sino un político que “habla y expone”. Amenazó con los juzgados a quien se meta en su vida privada y no dejó pasar la oportunidad de presentarse como una víctima de quienes – dijo - no le tienen aprecio “por querer cambiar las cosas”. En esa línea lanzó unos cuantos dardos envenenados sobre cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales o sobre tarjetas opacas que sonaron a cañonazos a las puertas de Génova 13. 

Muchas más explicaciones tendrá que dar Monago para que creamos en su honradez y en que no empleó dinero público para sus asuntos privados. O eso o la dimisión y la devolución del dinero público gastado. Y de paso y ahora que anda todo el mundo regenerándose por los cuatro costados, a ver si este caso sirve para poner fin de una vez a la absoluta falta de control del Senado y de los partidos políticos sobre los gastos que realizan los parlamentarios con cargo al bolsillo público. Que en los partidos haya una especie de senadores volantes para visitar territorios por los que hay representantes electos es un despropósito y un despilfarro; que nadie controle los gastos ni exija justificación hasta el último céntimo de los mismos es intolerable mientras se piden esfuerzos sin cuento a los ciudadanos. Por último, que representantes democráticos empleen dinero público en asuntos privados sólo tiene un nombre: robo a cara descubierta.  

6 de noviembre de 2014

La imagen de la indignidad

Hay imágenes que nunca deberían producirse pero se producen. A veces son imágenes que hablan por sí solas y son más elocuentes que cualquier comentario que se les pueda añadir: simplemente no necesitan explicación. Es el caso de la que desde la tarde de ayer recorre las redes sociales y los medios de comunicación. En ellas se ve a un grupo de inmigrantes subsaharianos desperdigados sobre la arena de una concurrida playa del sur de Gran Canaria de la que posteriormente son sacados en un camión de basura. Por qué se produjo esta imagen bochornosa e indigna no está aún del todo claro pero sí hay muchos indicios sobre las causas. 

Los inmigrantes de origen subsahariano habían arribado a primera hora de la mañana a esa playa, habitualmente abarrotada de turistas, a bordo de una patera que el Servicio de Vigilancia de la Guardia Civil no había detectado. Los voluntarios de Cruz Roja fueron los primeros en acercarse al lugar y, al detectar que algunos de los inmigrantes padecían fiebre, alertaron a los servicios de la comunidad autónoma para que se les realizaran las pruebas que permitieran descartar si eran portadores del virus del ébola. Téngase en cuenta que en ese primer momento se desconocía el lugar exacto de procedencia de los inmigrantes, que bien podían haber llegado de algunos de los países afectados por la enfermedad. Hasta ahí todo parece bastante correcto. 

Los problemas empiezan cuando el personal de la comunidad autónoma que debe realizar las pruebas tarda cerca de cinco horas en llegar a la zona. Durante todo ese tiempo, los inmigrantes permanecieron sobre la arena y al sol a la espera de ser trasladados a un centro de salud, a la comisaría para su identificación o al centro de internamiento. Para entonces, la noticia ya había saltado a los medios de comunicación en los que no se sabía a ciencia cierta si se había activado o no el protocolo por ébola. Lo cierto es que continuaron pasando las horas y no fue hasta entrada la tarde cuando se confirmó que ninguno padecía la enfermedad. Los que en peor estado se encontraban fueron trasladados en ambulancia de la comunidad autónoma al centro de salud más cercano pero, para entonces, los inmigrantes ya llevaban al sol en torno a las siete horas a las que habrá que añadir las que habían pasado a bordo de la patera que los trajo a Canarias. 

Fue entonces cuando, para mayor abundamiento en el despropósito, a alguien se le ocurrió que la mejor forma de sacar al resto de la playa era subirlos a un camión de basura del ayuntamiento, dando lugar a la lamentable imagen que hoy ha sido portada en no pocos medios de comunicación. De quién fue la idea es lo que aún no está claro, aunque la Delegada del Gobierno en Canarias ha culpado directamente a la Policía Nacional, de la que es responsable, de haber tomado esa decisión sin consultar con ella y ha asegurado que nunca lo habría permitido. Al parecer, las causas de que los inmigrantes fueran sacados de la playa en un camión de basura y no en una ambulancia, como sus compañeros con fiebre, o en otro medio de transporte más adecuado y respetuoso con su dignidad, fueron las dificultades para acceder a la zona en la que se encontraban. Excusa poco creíble por cuanto la ambulancia sí pudo acceder al lugar en el que se encontraban. 

Sea como fuere, la terrible imagen de un grupo de personas tumbadas en el volquete de un camión de basura llevando aún las mascarillas que les proporcionó la Cruz Roja habla por sí sola de descoordinación e improvisación en grado máximo. Pero sobre todo, habla de escaso por no decir nulo respeto a la dignidad de la que es merecedor cualquier ser humano venga de donde venga y padezca la enfermedad que padezca. Resulta increíble que a pesar de la emergencia sanitaria por el ébola en varios países africanos, ni las autoridades autonómicas ni las estatales hubieran previsto que un caso así se podía producir en cualquier momento en un archipiélago en el que, aunque no con la intensidad de hace unos años, es habitual que lleguen pateras con inmigrantes subsaharianos y que lo hagan, además, sin ser detectadas por los radares del Ministerio del Interior. 

Ante lo ocurrido cabe preguntarse por qué Sanidad Exterior, que depende de la Administración del Estado, no tiene médicos en Canarias o por qué la Policía no pidió transporte del Ejército o trasladó a los inmigrantes en sus vehículos en lugar de subirlos a un camión de basura. Y sobre, todo, por qué los inmigrantes en peor estado si fueron trasladados a un centro de salud en ambulancia de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma y el resto en un camión de residuos con la excusa de que era el único tipo de vehículo que podía acceder a la zona. 

Del mismo modo debería informarse si los agentes de la Policía y la Guardia Civil destinados en lugares de llegada habitual de pateras han sido formados ante la posibilidad de que tengan que hacer frente a un caso de ébola, por remoto que sea. Y en la misma línea se abre una incógnita igual de preocupante sobre los agentes de la Benemérita y de Salvamento Marítimo que a menudo salen al encuentro de los cayucos y transbordan a los inmigrantes a sus embarcaciones antes de que naufraguen. Lo ocurrido es intolerable y merece depuración de responsabilidad y explicaciones claras por parte de las administraciones competentes, a menudo mucho más preocupadas de lanzar mensajes de tranquilidad a la población sobre los riesgos del ébola que de conjurarlos en la práctica.

5 de noviembre de 2014

Bipartidismo: tocado y casi hundido

Se desveló el misterio: el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) publicó hoy su encuesta más esperada de los últimos años y a fe que no ha defraudado las expectativas. Dice ese sondeo que Podemos es a día de hoy la primera fuerza política en intención de voto directo y la tercera en voto estimado. Esto quiere decir que la formación de Pablo Iglesias es la primera opción del encuestado cuando se le pregunta directamente a quién votaría y la tercera cuando se tienen en cuenta también a los indecisos y a los que no han contestado a la pregunta. En este segundo caso es el PP el que ganaría las elecciones y le seguiría el PSOE. Los dos grandes partidos sumarían entre ambos un raquítico 51% de los votos estimados con lo que el bipartidismo ya famoso salvaría los muebles por los pelos. 

Al no dar la encuesta del CIS mayoría absoluta a ninguna de las tres primeras opciones, se abre un panorama político tan incierto como inédito que obligaría a pactos políticos si estos datos se reflejaran en la encuesta de las urnas. ¿Cabe pensar en un pacto PP-PSOE para cerrarle el paso a Podemos y salvar el denostado bipartidismo de la quema ciudadana? ¿Es factible un pacto Podemos – PSOE aunque ahora el PSOE no esté por la labor? ¿Se echaría el PSOE en brazos de IU si los de Cayo Lara – que se desploman en la encuesta del CIS por culpa de Podemos - no consiguen atraer a su regazo a los de Pablo Iglesias? Tal vez sea ejercicio inútil por precipitado hacer este tipo de cábalas cuando aún falta un año para las elecciones generales, demasiado tiempo en política, aunque no está de más ir pensando en ellas. 

En todo caso, primero habrá que ver si Podemos aguanta el tirón y mantiene la pujanza que le da tanto la encuesta conocida hoy como la que el domingo pasado publicó EL PAÍS, que le otorgaba también el primer puesto en voto directo. De momento lo tiene todo a favor: los casos de corrupción no faltan y hasta puede que aumenten, la supuesta recuperación económica que intenta vender el Gobierno en medio del fragor de los escándalos no llega a los ciudadanos y, encima, Podemos no sufre desgaste político alguno porque no gobierna ni tiene representación en ningún lado, salvo en el Parlamento Europeo. Todo el desgaste que puede sufrir vendrá de quienes ven en esta ascendente formación política populismo, chavismo y perroflautismo. Sin embargo, la intensidad de la indignación ciudadana es tal que ni esos ataques indisimulados contra Pablo Iglesias y los suyos han conseguido hacerle daño en las encuestas. 

Téngase en cuenta, además, que el sondeo publicado hoy se realizó en medio del escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid y la nefasta gestión de la crisis del ébola. Cabe preguntarse por el resultado de la encuesta si se hubiera hecho coincidiendo con la Operación Púnica o la imputación de Ángel Acebes por los papeles de Bárcenas, dos nuevos escándalos que se encadenaron con los dos anteriores sin solución de continuidad. No obstante, pretender restarle fiabilidad a la encuesta por el hecho de que se hiciera en un momento en el que los ciudadanos estaban especialmente cabreados con la corrupción es negar la realidad. La corrupción no es, ni mucho menos y por desgracia, un asunto novedoso en España. 

La propia encuesta del CIS vuelve a situarla como la segunda preocupación para el 80% de los españoles después del paro, lo que pone de manifiesto que el enfado ciudadano ante los escándalos y la falta de expectativas económicas no es flor de un día sino sentimiento permanente de disgusto y rechazo. El cuadro se cierra sobre el bipartidismo con un Mariano Rajoy que ostenta el dudoso honor de ser el líder político peor valorado y con menos credibilidad política para los ciudadanos y un Pedro Sánchez que, cien días después de asumir la secretaría general del PSOE, apenas ha conseguido mejorar en un par de puntos las expectativas de voto de su partido. Por cierto, debido a razones no explicadas, los del CIS no tuvieron a bien preguntar pos la valoración que hacen los ciudadanos de Pablo Iglesias. Tal vez en la próxima. En resumen, la deteriorada nave del bipartidismo flota todavía aunque la vía de agua que se le ha abierto en sus expectativas electorales amenaza con echarla a pique como no achique pronto la inundación. Continuará…

4 de noviembre de 2014

El gobierno de los jueces

Tres años lleva ya este Gobierno derivando al Tribunal Constitucional lo que debería  resolver por la vía del diálogo y el acuerdo, es decir, a través de la política en su máxima expresión democrática. Casos que lo demuestran hay muchos, dos hoy mismo sin ir más lejos. De una parte, el Constitucional acaba de suspender cautelarmente a instancias del Gobierno de Rajoy la consulta que el Gobierno de Canarias había convocado para el 23 de este mes con el fin de que los canarios se pronunciaran sobre los sondeos de Repsol en aguas de las islas. De otra, también ha dejado en suspenso “la jornada de participación” del 9N en Cataluña, la alternativa de la Generalitat para que los ciudadanos de esa comunidad autónoma se expresaran sobre el futuro de ese territorio. 

No son comparables ambos casos ni en el tenor de las respectivas preguntas ni en los objetivos perseguidos en uno y otro sitio. En Canarias se buscaba conocer la opinión de los ciudadanos sobre un asunto que les atañe directamente: los riesgos ciertos de una industria petrolífera a escasos kilómetros de sus playas y costas; en Cataluña, en cambio, se preguntaba directamente por la independencia de España. En lo que sí se parecen como dos gotas de agua es en la cerrazón del Ejecutivo central y en su manifiesta falta de voluntad para encauzar por la vía del diálogo conflictos de hondo calado político como los dos mencionados. 

Le resulta mucho más cómodo y descansado dejar que sea el Constitucional el que corte por lo sano cualquier atisbo de protesta o discrepancia ante las decisiones unilaterales apoyadas únicamente en la mayoría absoluta del PP. Si una comunidad autónoma como Canarias se propone atenuar los efectos en su territorio de una ley como la LOMCE, el Gobierno del Estado no tarda en sacar la artillería jurídica y la lleva al Constitucional con petición expresa de suspensión cautelar de la norma recurrida. Algo, por cierto, que no pueden hacer las comunidades autónomas cuando entienden que es el Estado el que invade las competencias autonómicas. 

Bien es verdad que antes de que las diferencias entre Estado y comunidades autónomas terminen en el Constitucional, se abre necesariamente un proceso de negociador para alcanzar un acuerdo que evite la judicialización del problema. Sin embargo, como ocurrió también con Canarias en el caso de la llamada Ley de Moratoria Turística, el Ejecutivo ya tenía la decisión de recurrir tomada antes incluso de sentarse a hablar, lo que convirtió la negociación en un inútil paripé. De este modo, apoyado en su mayoría absoluta y en un Tribunal Constitucional presidido por alguien que ocultó su militancia en el PP para merecer tan alto honor, el Gobierno abdica de su responsabilidad de hacer política con mayúscula y opta por que la hagan en su lugar los jueces elegidos a dedo por el PP y el PSOE, que también en esto debería de dar muestras de que cambiarán las cosas de forma radical si vuelve a gobernar. 

No se trata de ninguna prevención por mi parte hacia los jueces en su conjunto que, a trancas y barrancas, desarrollan su labor con profesionalidad, rigor y miles de pegas de todo tipo. El recelo se refiere sólo a aquellos magistrados elegidos por el poder político a los que este Ejecutivo está obligando a actuar casi como un gobierno paralelo o una tercera cámara legislativa y de cuya independencia e imparcialidad no siempre es posible estar seguro. 

Con todo, es una verdadera lástima que la misma agilidad judicial que demuestra el Gobierno actual en asuntos que deberían sustanciarse en el plano político no la haya aplicado a los múltiples y variados casos de corrupción en los que está inmerso el partido que lo apoya. Es más, cuando ha tenido la oportunidad se ha erigido más en defensor que en acusador de sus corruptos, como ocurrió con su fracasado intento de echarle una mano al innombrable Bárcenas hasta el punto de que el juez tuvo que expulsarlo de la causa. Así y todo, la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, se permite proclamar a los cuatro vientos en otra de sus memorables frases para la posteridad que el PP “no puede hacer más de lo que ha hecho contra la corrupción “y que “no puede meter a los corruptos en la cárcel”. 

Hacer, lo que se dice hacer, apenas ha hecho nada el PP contra la corrupción salvo ignorarla o taparla. Y en cuanto a la cárcel, nadie le pide tanto aunque sí al menos que sean expulsados del partido y los denuncie ante la Justicia, en lugar de sacarlos de prisión a la primera oportunidad que se le presenta, como acaba de hacer con Jaume Matas. A la vista por tanto de la doble vara de medir con la que el PP y el Gobierno recurren a la Justicia cuando les interesa y la ignoran cuando les viene mal, sólo cabe pensar que Rajoy y los suyos son fervientes seguidores del viejo principio de aplicar la ley a los enemigos y a los amigos el favor.