"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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20 de enero de 2017

Cláusulas suelo:¿solución o burla?

El Real Decreto aprobado hoy en Consejo de Ministros para agilizar la devolución del dinero de las cláusulas suelo de las hipotecas tiene poco de solución y mucho de burla a los afectados por la avaricia de los bancos. Es precisamente a los bancos a los que esta presunta solución extrajudicial les resuelve el problema mientras que a los consumidores los convierte en rehenes suyos. Es necesario recordar que la sentencia publicada el 21 de diciembre de 2016 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligaba a los bancos a devolver todo el dinero cobrado por las cláusulas suelo abusivas desde la firma de la hipoteca.

Aquel fue un sonoro bofetón judicial al Tribunal Supremo español que, en mayo de 2013, antepuso el interés de los bancos a los derechos de los consumidores al establecer que las entidades sólo debían devolver lo cobrado a partir de esa fecha. Sin embargo, una cierta ambigüedad en la redacción de la sentencia comunitaria abrió la puerta por la que no tardaron en colarse algunas entidades. El fallo no precisaba con exactitud si todas las cláusulas suelo son abusivas o sólo aquellas que un juez declare como tales. El Banco Sabadell no tardó en responder que las cláusulas suelo de sus hipotecas eran más transparentes que el agua y por tanto no ha lugar a devolución alguna.

Esa rendija se ha convertido hoy en puerta abierta de par en par con el Real Decreto del Gobierno. Según se establece en el mismo, los bancos solo están obligados a informar a sus clientes de que tienen derecho a reclamar la devolución del dinero pero no se les obliga a devolverlo, en contra de lo que establece la sentencia europea. El mismo Banco Sabadell ha reiterado hoy que no hay cláusulas suelo abusivas en sus hipotecas, de lo que se deduce que ni siquiera informará. Como esa entidad podrían hacer las demás si lo desearan y ahorrarse así el engorro y el gasto correspondientes. Las que lo hagan deberán informar a los clientes de cuánto dinero se les va a devolver, lo que de facto convierte al autor del delito en el ejecutor de la sentencia por el que fue condenado.

Banco y cliente tendrán tres meses para cerrar un acuerdo y, si no lo alcanzan, el usuario podrá acudir a la vía judicial. Por el camino le aguarda una legión de bufetes de abogados ansiosos estos días por quedarse con una parte del pastel de 4.000 millones de euros. Si en el pleito obtiene más de lo que le ofreció el banco las costas serán para este pero si obtiene lo mismo o menos los gastos correrán de su bolsillo. Con la monserga de evitar un colapso judicial, el Gobierno empuja a los ciudadanos a convertirse en rehenes de los bancos y de sus triquiñuelas para intentar devolver menos o a ser posible nada de lo que cobraron de forma abusiva.

Si el problema es que la Administración de Justicia no es capaz de asumir una avalancha de reclamaciones, lo que el Gobierno debe hacer es dotarla de los medios para que cumpla su función constitucional de garantizar la ejecución de las sentencias judiciales como la de las cláusulas suelo. No es de recibo que se traspase esa función al ámbito privado de las relaciones desiguales entre los bancos y sus clientes porque no hay que ser adivino para saber cuál de los dos tiene la de ganar.

Desde el punto de vista político es inexplicable que este engendro de solución extrajudicial cuente con el respaldo del PSOE y de Ciudadanos que, encima y junto al PP, no han parado de presumir estos días de lo fácil, rápido y barato que les va a salir a los afectados recuperar el dinero que les birlaron los bancos. Aunque el Real Decreto entrará mañana mismo en vigor, aún deberá pasar por el Congreso de los Diputados para su convalidación. Hay tiempo por tanto de enmendarlo y hacer del mismo una verdadera solución ágil, sencilla, justa y gratuita para quienes sólo piden lo que en justicia les corresponde: que se les devuelva lo que es suyo. Sería un escarnio intolerable que, amparándose en la necesidad de evitar un supuesto colapso judicial, el Gobierno y los partidos que apoyan esta pésima solución permitan a los bancos ser juez y parte de sus propias prácticas abusivas.   

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