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Amnistía fiscal: un fallo fallido

Cuando la mayoría ya ni nos acordábamos de la cacicada de la amnistía fiscal perpetrada en 2012 por Montoro, hoy nos la ha recordado el Tribunal Constitucional.  En un fallo conocido esta tarde la declara inconstitucional y le afea con dureza a Montoro que eligiera un vulgar real decreto ley para implantar  una medida que afecta a una pieza clave de la Constitución, el artículo 31 en el que se dice textualmente que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Esa es la parte teórica del fallo constitucional, la práctica es que deja las cosas exactamente como están. El alto tribunal dice que obligar ahora a quienes se acogieron a la amnistía a pagar lo mismo que pagaron los que no se lo llevaron crudo al extranjero, crearía “inseguridad jurídica”.

Para los magistrados no parece que existiera inseguridad jurídica en el hecho de que quien sacó dinero del país para no pagar impuestos pudiera “regularizar” – la palabra preferida de Montoro – su situación de defraudador pagando un módico 10% de lo defraudado. Los que continuamos contribuyendo sin rechistar pudimos ver a personajes de la reconocida reputación de Bárcenas, Rato, Francisco Granados o los Pujol “regularizando” su situación pero eso, para el Constitucional, no supuso ni una burla, ni un escarnio ni por supuesto inseguridad jurídica de ningún tipo. Todo se reduce, según el Constitucional, a un error de Montoro en la elección de la norma jurídica para ofrendar a los que escondían el dinero en Suiza y en otros paraísos fiscales la posibilidad de pasar por caja para dejar un pequeño donativo a la Hacienda Pública.

“Para el TC no hay inseguridad jurídica en que unos paguemos hasta el último céntimo y otros sólo el 10%”

Como si eso no se le hubiera advertido en su momento al ministro por parte de la oposición y como si Montoro no hubieran ignorado las críticas y las advertencias y se hubiera venido arriba esparciendo basura y sospechas fiscales sobre determinados colectivos, todo ello con el respaldo indesmayable de la hinchada popular parapetada en su mayoría absoluta. Es más, poco después de que el Gobierno hiciera de la Constitución un sayo y se cubriera con él, el propio Montoro modificó su Real Decreto Ley de amnistía fiscal mediante una orden ministerial para “introducir mejoras”, es decir, más facilidades para los defraudadores. Hasta un alumno de primer amiguito de Derecho sabe que una norma de rango inferior no puede modificar otra de rango superior. Es, salvando las distancias, como si el alcalde de mi pueblo publicara un bando cambiando la Constitución.

Pues Montoro lo hizo y se quedó tan ancho, impávido ante el escándalo y ante la decisión de medio centenar de diputados del PSOE que llevaron el asunto ante el Constitucional que ahora les acaba de dar la razón, eso sí, cinco años después y para dejar las cosas como están. En ayuda del ministro salió incluso un afortunadamente olvidado Alberto Ruiz – Gallardón que, en una de aquellas modificaciones del Código Penal a la que era tan aficionado, introdujo un cambio urgente para que quienes se hubieran acogido a la amnistía pudieran dormir tranquilos per saecula saeculorum.

“Y todo aquel escándalo de la amnistía fiscal para recaudar menos de la mitad de lo que anunciaba Montoro”.

Y todo este escándalo para que al final la recaudación obtenida no llegara ni a la mitad de la prevista por Montoro. En una comparecencia en el Congreso, el sin par titular de Hacienda admitió que sólo se recaudaron 1.200 millones cuando el objetivo eran 2.500. Es más, reconoció que el dinero aflorado fue de 40.000 millones de euros y, por tanto, la recaudación debió haber sido de 4.000 millones si todo los que se acogieron a la ganga hubieran pagado el 10%. Lo que ocurrió fue, simple y llanamente, que Montoro aún les facilitó más las cosas a los defraudadores no fuera a ser que no repatriaran el dinero que tenían escondido en Suiza.

El fallo conocido hoy es un nuevo borrón en el expediente político de Montoro, por no hablar de su expediente como catedrático de Hacienda Pública. Sin embargo, el problema no es tanto el ministro, a cuyas salidas de pata de banco ya deberíamos estar acostumbrados y al que resulta ya inútil pedirle que dimita. Como ciudadano que paga puntualmente sus impuestos sin esperar amnistía fiscal de ningún tipo me pregunto por la utilidad y la necesidad de un órgano como el Tribunal Constitucional que funciona como el español. ¿De qué modo se puede garantizar de manera efectiva y real que el Gobierno no se pasa la Carta Magna por el arco del triunfo sin mayores consecuencias y no se vulneran derechos y deberes fundamentales fallando tan tarde y haciéndolo a medias?

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