Punto y aparte

No me queda más remedio que darle unas merecidas vacaciones al blog. No veo otra manera de acabar con la matraquilla con la que me viene acosando desde hace un par de semanas y ya me he quedado sin excusas para seguir negándole el descanso. Prefiero no estirar más la cuerda no sea que se rompa y terminemos teniendo una relación de amor y odio como la del PP con CC. Me reprocha que la temporada es muy larga, que está agotado, que lleva publicando casi sin parar desde septiembre del año pasado y que contar cosas casi todos los días no es como soplar y hacer botellas. Yo he ido capeando el temporal como he podido, con excusas sobre la trascendencia de asuntos sobre los que no podíamos quedarnos sin decir nada.

La semana pasada me dio un ultimátum y me dijo que la fecha tope para irse de vacaciones era el viernes. Yo me apunté a nacionalista y le dije que no me gustaba que me marcara plazos fijos. Sin embargo, tuve que sudar tinta para hacerle ver que no podíamos pasar el fechillo sin comentar primero las trascendentales primarias del PSOE canario del domingo y glosar la figura del ganador. Aunque terminó aceptando, primero me soltó un par de impertinencias que no voy a reproducir literalmente por si hay niños leyendo. En traducción adaptada para todos los públicos vino a decirme que me dieran un camión para que lo cargue por detrás, o algo parecido.
"¡Muchas gracias y hasta más ver que serán señas de volver!"
Hoy he intentado negociar con él un último servicio a la causa antes de darle permiso para que se ponga el bañador y se calce las cholas. Le he dicho que espere a mañana para comentar como se merece el taponazo final de la temporada política con Rajoy testificando en la Audiencia Nacional por la trama Gürtel, que será cosa digna de ver. En esta ocasión no ha abierto la boca, sólo me ha mirado de un modo muy raro y después, con la mano izquierda se ha agarrado con fuerza el antebrazo derecho, ha doblado con energía el codo de este lado y ha extendido el dedo corazón. Supongo que me estaba indicando el camino de Pekín, aunque preferí no hacer más averiguaciones y le di permiso para desaparecer unas cuantas semanas.

¡Ah!, me pide con mucha insistencia que no olvide dar educadamente las gracias a todos los que visitan, leen, reaccionan y comentan lo que ha ido publicando estos últimos meses sobre las cosas que pasan en el 13 de la Rue del Percebe y que le disculpen si en algo ha ofendido o metido la pata. Me sugiere también que les diga que nunca las mañas pierdan porque de esas cosas también vive espiritualmente el hombre y ganan peso los blogs.

Pues dicho queda: ¡muchas gracias y hasta más ver que serán señas de volver!.   

Torres conquista el PSC-PSOE

Más del 43% de los  militantes socialistas canarios ha pedido a Ángel Víctor Torres que saque al partido del marasmo en el que está metido desde hace varios años. La suya no ha sido una victoria apabullante frente a Patricia Hernández y a Juan Fernando López Aguilar, pero sí lo suficientemente nítida como para que nadie se atreva a cuestionar el respaldo obtenido en las primarias de ayer. Es muy probable que, ante los afiliados, la pública fe sanchista de Torres haya sido un factor de peso para su triunfo frente sus dos rivales, ambos declarados partidarios de Susana Díaz en las primarias para la elección del secretario federal. Sólo hay que recordar que Sánchez aventajó en Canarias a Díaz en un 30%, la mayor diferencia de toda España, lo que por fuerza tenía que reflejarse en los resultados de ayer.

Aunque no creo que haya sido ese el único factor para que Torres se haya convertido en el nuevo secretario del PSC-PSOE. A su favor ha jugado también el escarnio sufrido por los socialistas durante el año y medio de pacto con CC, un acuerdo pésimamente gestionado por la dirección anterior del partido y por Patricia Hernández como vicepresidenta del Gobierno con los nacionalistas. Los trágalas y humillaciones de CC que Hernández asumió sin rechistar durante la tormentosa vida del pacto, es seguro que también le han pasado factura. En cuanto a López Aguilar cabe decir que segundas partes nunca fueron buenas salvo que seas Cervantes. La militancia no ha olvidado que abandonó el partido a su suerte cuando, en parte por sus propios errores, no pudo acceder al Gobierno canario a pesar del resultado histórico obtenido por el PSC-PSOE en las urnas.
“Torres no anda sobrado de carisma pero le sobra pragmatismo y disposición al diálogo” 
Es muy posible que Torres ande algo escaso de carisma político, pero eso es algo que ni se compra ni se alquila ni se presta: se tiene o no se tiene. Además, al contrario de López Aguilar, no parece ser un gran ideólogo y desde luego está muy lejos de poseer su creatividad verbal. Torres es un político más próximo al terruño y al problema del vecino que a los eslóganes vacíos o a los brillantes palabros de la ciencia política; su trayectoria pública se ha forjado en el ámbito municipal en donde hace falta cintura para el acuerdo más allá de los conceptos y los objetivos estratégicos de mucho ringo rango.


Esto no quiere decir que el hombre que los militantes del PSC-PSOE han elegido para que lleve las riendas del partido durante los próximos cuatro años no piense y actúe como un socialista “de los pies a la cabeza”, como a él le gusta definirse. Solo que no hace de su forma de pensar y de actuar una muralla que impida el acuerdo con otras formas distintas de pensar y de actuar. Podríamos definirlo como pragmatismo y abierta disposición al acuerdo, dos virtudes mucho más escasas en Patricia Hernández y en López Aguilar. 
“Conquistado el castillo, ahora toca pacificarlo y reparar sus ruinas” 
Esas virtudes de Torres le deberían venir muy bien a un PSOE canario que necesita sellar con urgencia las grietas internas que una dirección ausente y silente fue dejando irresponsablemente que se ensancharan y se hicieran públicas y patentes sin hacer nada para remediarlo. En el plano externo, Torres tendrá que gestionar a un tiempo los pactos del PSOE con CC en varios ayuntamientos y cabildos y definir qué oposición parlamentaria hará a un gobierno nacionalista en minoría necesitado desesperadamente de apoyos para completar la legislatura en solitario.

Para cuando el nuevo secretario general haya nombrado su dirección y empiece a trabajar, habrá pasado casi un año desde la dimisión de la ejecutiva anterior. Durante todo ese tiempo el PSC-PSOE ha estado gobernado por una gestora que, no sólo ha sido completamente incapaz de pacificar las relaciones entre las facciones internas, sino que además ha sido cuestionada por su parcialidad en favor de la que ha apoyado la candidatura de Patricia Hernández. Ahora, después de años de desidia y de falta de liderazgo, Torres tiene por delante una tarea casi titánica para volver a hacer del PSC-PSOE una fuerza política clave para la mejora de la vida de los canarios y poner fin al papel de comodín de los pactos con cascada o sin cascada con CC. Torres ha conquistado el castillo pero ahora tiene que hacer lo más difícil: pacificarlo y volverlo a poner en pie sobre sus ruinas. 

Alquiler vacacional: toca poner orden

El alquiler vacacional de viviendas en Canarias se está convirtiendo en un problema social que se refleja en el precio astronómico de los alquileres para los residentes en algunas zonas de las islas. El creciente número de viviendas que se suma a este modelo alojativo tiene desconcertadas a las administraciones públicas y a los hoteleros. Ni unas ni otros saben muy bien cómo regular una actividad en auge, aunque la Consejería de Turismo haya esgrimido hace poco que la demanda de este tipo de alojamientos “sólo” representa el 8% del total. Sin embargo, otras cifras difundidas por la propia Consejería ponen de manifiesto que no estamos ante una moda más o menos pasajera.

En Canarias el año pasado optaron por una vivienda de alquiler para pasar las vacaciones más de 1 millón de turistas para una cifra total de visitantes de 15 millones. Sólo en un año el número de viviendas que se ha incorporado a este mercando al alza aumentó en un 6%, algo notable si tenemos en cuenta que en las islas se prohíbe el alquiler vacacional en zonas turísticas. Y el dato más revelador de todos: se estima que nueve de cada diez viviendas dedicadas en Canarias al alquiler vacacional son ilegales, no aparecen recogidas en ningún registro y se desconoce si sus propietarios tributan por los beneficios que obtienen con esa actividad.   
“Nueve de cada diez viviendas de alquiler vacacional en Canarias son ilegales”
El éxito del alquiler vacacional se debe, entre otros factores, al precio y a la comodidad de contratación a través de plataformas multinacionales como Airbnb que el año pasado movió sólo en España a casi 5,5 millones de turistas. Eso sí, declaró beneficios de sólo 136.000 euros, lo cual es casi tan difícil de creer como el milagro de los panes y los peces. Por no hablar del nulo control de estas plataformas para evitar fraudes y saber si quien ofrece su vivienda es realmente el propietario o un espabilado que se propone hacer negocio con la propiedad ajena, tal y como se ha detectado ya en lugares como Barcelona.


El éxito del alquiler vacacional está favoreciendo un considerable repunte de las ventas y de los precios  en el mercado inmobiliario para atender la demanda de ciudadanos que ven en esa modalidad un negocio de poco riesgo y mucho beneficio. De hecho, los expertos empiezan a detectar incluso un aumento de nuevas promociones de viviendas destinadas a una actividad  que sube como la espuma y que puede amenazar con volver a distorsionar el mercado inmobiliario de este país como ocurrió con la burbuja del ladrillo si no se ataja a tiempo.

Y la forma de atajarlo es regulando de forma homogénea  - que no es lo mismo que uniforme - y no resolviendo cada comunidad autónoma el problema por su cuenta y riesgo. Exactamente eso es lo que tenemos en la actualidad, una regulación distinta por cada comunidad autónoma sin contar las de los ayuntamientos, que también han aportado su granito de arena a la confusión generalizada. En Canarias, la actividad ha chocado de frente con un potente sector hotelero al que le come ya una creciente cuota de mercado y que se resiste a coexistir con el alquiler vacacional en sus áreas de influencia. No obstante, hasta en tres ocasiones ha advertido ya el Tribunal de Justicia de Canarias que prohibir alquilar viviendas para vacaciones en zonas turísticas como hace Canarias infringe la libertad de empresa. 
“Recurrir las sentencias desfavorables dará seguridad jurídica pero no resuelve nada”

En paralelo, familias residentes que optan por el alquiler frente a la compra o trabajadores desplazados por motivos laborales se las ven y se las desean para encontrar alquileres a precios razonables en varias ciudades canarias. El Gobierno canario, que hasta ahora se ha limitado a recurrir las sentencias desfavorables apelando a la seguridad jurídica, lleva demasiado tiempo dándole vueltas a un nuevo decreto que no termina de ver la luz. A nadie se le escapa que poner de acuerdo los intereses del turismo convencional con el vacacional no es tarea fácil porque, en buena medida, pescan en los mismos caladeros de turistas.

Sin embargo, es competencia de la comunidad autónoma ordenar la actividad turística velando por la calidad de la oferta y la imagen del destino. Debe también garantizar la libertad de empresa y el uso legítimo de la propiedad privada, sin olvidar prevenir la economía sumergida, los efectos perniciosos sobre la convivencia vecinal y los daños sociales colaterales como los que se empiezan a dejar sentir en el precio de los alquileres para los residentes.  Parece la cuadratura del círculo pero si es necesario habrá que pisar callos para conseguirla: continuar limitándose a recurrir las sentencias desfavorables dará mucha seguridad jurídica pero no resuelve nada.

Cinismo en la Fiscalía

La designación del Fiscal Jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, para un alto cargo en la Fiscalía General del Estado es un clavo más en el ataúd de la independencia del Ministerio Público respecto del poder político. García-Panasco ha sido premiado por el Fiscal General, José Manuel Maza, apenas una semana después de que el Tribunal Supremo sentenciara que vulneró derechos fundamentales en la investigación disciplinaria que le abrió a la magistrada Victoria Rosell cuando ésta era candidata de Podemos al Congreso de los Diputados. En un estado de derecho un fiscal al que la máxima instancia judicial del país le aplicara un correctivo de esa contundencia habría renunciado de inmediato o habría sido cesado por sus superiores. En España, que se supone que es un estado de derecho o al menos eso establece su Constitución, ese fiscal recibe un galardón de sus superiores en forma de ascenso profesional.

Y eso que la sentencia del Supremo que lee la cartilla a García – Panasco tiene un inconfundible aire salomónico al intentar contentar a todas las partes. Frente a lo que en su momento había establecido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el sentido de que los jueces sólo pueden ser investigados disciplinariamente por el Consejo del Poder Judicial, el Supremo obvió lo que dice la ley y los votos particulares de tres magistrados de la Sala sobre el particular y le concedió a la fiscalía cierta autoridad en ese ámbito. Sin embargo, eso no le ha evitado a García – Panasco y a la fiscal Evangelina Ríos, también protagonista destacada en este caso aunque de momento sin premio,  un serio correctivo judicial. 
“Un fiscal que vulnere derechos fundamentales debe dimitir o ser cesado al instante” 
El Supremo establece que García – Panasco se extralimitó en sus funciones y vulneró dos derechos fundamentales de Rosell, el de la defensa y el del acceso a cargo electivo.  En realidad y al margen de cuestiones formales o procedimentales, detrás de este caso volvemos a encontrar un nuevo intento de utilizar a la fiscalía con fines espurios y contrarios a la defensa del interés general que le corresponde ejercer al Ministerio Público. Dicho en plata,  el ahora premiado García – Panasco olvidó que se debe a la Constitución y puso la fiscalía al servicio de intereses partidistas contrarios a Rosell con una investigación que no habría avalado ni el Santo Oficio. 

En reconocimiento, el Fiscal General del Estado, nombrado a dedo por el PP y recientemente reprobado por el Congreso de los Diputados, le eleva a Teniente Fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General, puesto que había dejado vacante el recién nombrado Fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Desde allí, García – Panasco tendrá entre sus cometidos  elaborar circulares que vinculan a todos los fiscales en la interpretación de las leyes y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No deja de ser un sarcasmo que un fiscal que, según sentencia del Supremo, ha vulnerado derechos fundamentales de una ciudadana reciba el encargo de orientar  a los demás fiscales sobre cómo interpretarlos. El símil de la zorra cuidando de las gallinas no podría estar mejor empleado. 
“El nombramiento de García-Panasco es un nuevo clavo en el ataúd de la independencia del Ministerio Público” 
La guinda del esperpento la ha venido a poner el ministro Catalá, también reprobado en el Congreso aunque a él eso le da lo mismo que le da igual. Fiel a su compromiso de hacer subir el pan cada vez que habla, Catalá ha venido a decir que la intervención de García-Panasco en la investigación contra Rosell es sólo “una anécdota” y que el Fiscal Jefe de Las Palmas tiene “un gran currículum y una magnífica cualificación”. De pronto, el ministro que no se pone colorado defendiendo la autonomía del Ministerio Público, resulta que conoce la vida, obra y milagros de un fiscal de provincias. 

Pero para guinda, la del portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro.  Desmiente este señor al Supremo y afirma sin despeinarse que García - Panasco actuó con “independencia, objetividad y de acuerdo a lo que dice la ley” y remacha que “si cada vez que las actuaciones de un fiscal son archivadas hiciéramos un reproche nos quedaríamos con la mitad de los fiscales”. Busco en el diccionario qué nombre recibe en castellano esta actitud y la del ministro y sólo encuentro uno: cinismo puro y duro. 

Antona y el arte de pactar

Asier Antona acaba de aprender por experiencia propia que negociar acuerdos de gobierno con CC es sufrir y, a la postre, fracasar. Esto que en Canarias lo sabe hasta el que asó la manteca, al joven e impulsivo líder del PP canario se le pasó por alto cuando se lanzó a la piscina del pacto con CC al grito de ¡a por mis consejerías!: el batacazo se ha sentido hasta en San Borondón. Sorprende que, antes de su triple salto mortal, Antona no le pidiera consejo a Patricia Hernández o a Julio Cruz sobre cómo afrontar reuniones de horas con José Miguel Barragán y José Miguel Ruano y escuchar una y otra vez aquello de vuelva usted mañana a ver cómo arreglamos lo suyo. Sólo que en esta ocasión Barragán ha hecho de poli malo y se ha dedicado a ponerle pegas a los plazos en los que el PP quería cerrar el acuerdo. Para hacer de poli buena CC eligió a la palmera Guadalupe González Taño, una mujer que después de llevar hablando 10 minutos con ella sigues sin saber si sube o si baja si viene o si va. No me imagino la confusión mental de quien se arriesgue una negociación de horas en la que el mantra que más han tenido que escuchar los populares es que “sigue habiendo margen para el acuerdo” aunque en realidad  “no hemos avanzado en casi nada”.
“La bajada del IGIC ha sido la cortina de humo detrás de la que ocultar el reparto de consejerías”
CC ha aburrido literalmente a un PP cuyo líder, obligado por los compromisos de entrar en el Gobierno adquiridos ante quienes le hicieron presidente del partido, apenas ha podido disimular su ansiedad por tocar poder. En sus manos tenía haber ejercido una oposición dura pero responsable que seguramente le hubiera reportado mejor imagen ante la opinión pública y un mayor rédito electoral. Pero a lo hecho, pecho: Antona tendrá que explicarle ahora a su parroquia – en la que no todo el mundo era partidario de esta aventura – y a la opinión pública canaria por qué ha roto la baraja. Imagino que pondrá el acento en que CC se negó a bajar el IGIC como pedía el PP, aunque esa explicación ni antes ni ahora es del todo creíble. En realidad ha sido más bien una cortina de humo para ocultar que lo que realmente ha imposibilitado el pacto ha sido cuántas y qué consejerías pedía el PP y cuántas y cuáles ofrecía CC.


De haberse producido acuerdo en el reparto de consejerías no me cabe duda de que también lo hubiera habido en el de los impuestos: una bajada gradual con el compromiso de hacerla completa más adelante o rebajas en determinadas actividades habría sido algo que Antona hubiera aceptado sin dificultades. Eso le hubiera servido de coartada para exhibir ante la opinión pública que su entrada en el Gobierno buscaba beneficiar a todos los canarios y no sólo a los que militan en el PP con un generoso reparto de cargos públicos. Antona ha quedado en terreno político de nadie y tendrá que definir ahora el tipo de oposición que hará su partido hasta 2019, aunque con un par de pegas muy serias: por un lado, su capacidad de maniobra está limitada por el peso del voto de Ana Oramas en Madrid; por otro, sus críticas a Clavijo se interpretarán a partir de ahora en clave de rabieta por no haber entrado en el Gobierno.
“Antes de negociar con CC recuerda que son maestros en el arte de marear la perdiz”
Tampoco para CC y el Gobierno en minoría se abre un camino de rosas, aunque los nacionalistas aún confían en que el PP siga siendo el partido serio y responsable que no les genere excesivos dolores de cabeza. Para conseguirlo tendrá que demostrar mucha cintura política y voluntad de diálogo si no quiere que lo que queda de legislatura sea un infierno para el Gobierno y una hoja en blanco para los ciudadanos. Su gran triunfo en estas fracasadas negociaciones con el PP es que resiste en minoría y que sus equilibrios territoriales siguen intactos. Esto último, para un partido de las características de CC, es de un gran valor político interno ya que se evitan incendios insulares que nunca se sabe cómo apagarlos ni cómo terminan. 

De esta amarga experiencia, Antona debería sacar al menos una conclusión básica: en una negociación con CC nunca debes darle la imagen a la otra parte de que te quita el sueño alcanzar el poder porque ese será el principio de tu fracaso. Aunque la lección más importante tendría que ser otra: antes de negociar con CC analiza a fondo los riesgos para tu salud política, lo que ganas y lo que pierdes, y si decides dar el paso ármate de paciencia y recuerda que los nacionalistas son doctores de reconocido prestigio en al refinado arte de marear la perdiz.    

Villar: pitido final

Para Ángel María Villar ha sonado el pitido final de un partido que ha durado casi treinta años. El todavía presidente de la Federación Española de Fútbol ha agotado el tiempo de prórroga – el que va desde el inicio de las sospechas sobre su gestión hasta su arresto hoy por la Guardia Civil – y ya sólo le queda enfrentarse al lanzamiento de penaltis. A la vista de los cargos que pesan sobre él será difícil que no encaje varios tantos: corrupción entre particulares, falsedad, administración desleal, apropiación indebida y posible alzamiento de bienes no son, en principio, disparos fáciles de detener.

Junto a Villar han caído hoy también algunos eternos del fútbol de este país, caso de su vicepresidente económico y máximo responsable de la federación tinerfeña, Juan Padrón. Para él también ha concluido el partido y la prórroga después de décadas en las que más que de Federación de Fútbol habría que hablar de la pareja Villar – Padrón. El primero, jugador de poco mérito en el Athletic Club de Bilbao, fue lanzado a la fama y la presidencia por José María García. En efecto, fue el Butanito quien, en su particular batalla contra Pablo, Pablito, Pablete – Pablo Porta – consiguió hacer de Villar un digno sucesor del “abrazafarolas” con el que García dormía todas las noches a este país. 
“Durante años, hablar de la Federación de Fútbol ha sido hablar de Villar y de Padrón”

Si el abogado barcelonés Pablo Porta arrastraba un oscuro pasado franquista, el gris ex jugador bilbaíno y también abogado por Deusto, Ángel María Villar, ha dejado un reguero de irregularidades y opacidades al que la Justicia le sigue la pista desde hace casi una década. En principio y a expensas de lo que se pueda ir conociendo, la investigación se centra en averiguar cómo se las ha arreglado Villar para permanecer casi tres décadas al frente de la Federación y cuánto dinero del organismo deportivo presuntamente desvío para su propio beneficio y el de su hijo. Respecto a la primera de las líneas de investigación, todo apunta a una maquinaria de compra de votos bien engrasada con subvenciones y prebendas para aquellas federaciones territoriales que rendían vasallaje al señor feudal cuando tocaba volver a elegir presidente.


De ahí que la operación de la Guardia Civil que se inició esta mañana con la detención de Villar continúe a esta hora con registros en las federaciones de fútbol de media España. Mientras se aseguraba de este modo la continuidad en el machito un mandato tras otro, Villar aprovechaba los éxitos del fútbol español en las últimas décadas para organizar partidos amistosos de la selección y otros eventos deportivos cuyos beneficios terminaban en su cuenta o en la de su hijo Gorka. En paralelo hacia desaparecer cuantiosas cantidades de dinero público para proyectos de cooperación deportiva en África o América – véase el “caso Haití – que nunca llegaban a ejecutarse. Se calcula en un millón de euros la cifra que puede haberse embolsado indebidamente practicando el noble oficio de dirigir los destinos del deporte rey.
“Villar ha sido el señor feudal al que las federaciones territoriales han rendido vasallaje
Mención aparte merece su blindaje en puestos de responsabilidad en las organizaciones futbolísticas internacionales como la UEFA o la FIFA, en donde compartió mesa y mantel con personajes como Michel Platini, tan opaco al frente del fútbol europeo como él al frente de fútbol español. Lo ocurrido con Villar indigna más que sorprende. De hecho, su arresto y el de su guardia de hierro con Padrón a la cabeza, era algo que se barajaba hacía tiempo a la vista de las investigaciones sobre él. Pero indigna porque este escándalo se une a los que protagonizan las mediáticas estrellas de este deporte, investigadas por fraudes fiscales millonarios y que deberían ser la vergüenza social del país. En el caso de la Federación Española y la actuación de su presidente, se produce además el agravante de que es la institución de la que dependen miles de chavales y jóvenes aficionados al fútbol para practicar su deporte preferido.

Que el fútbol profesional tiene ya muy poco de verdadero deporte y mucho de gran casino es indudable: a estas alturas pocos se atreven a negarlo por más que se mantenga la ficción de hacer pasar este gran circo mediático por una noble actividad deportiva. Ahora bien, que la podredumbre haya echado también raíces en el organismo encargado de fomentar la cultura y los valores deportivos es una muestra más de que ni siquiera los sueños futbolísticos de miles de jugadores aficionados están a salvo de la corrupción y de la sospecha.    

Venezuela: ¿Y ahora qué?

Recurriendo a sus propios medios y enfrentando la hostilidad del Gobierno de Maduro, la oposición venezolana ha hecho este domingo una innegable demostración de fuerza y movilización. Conseguir a pulso que unos siete millones de venezolanos acudieran al referéndum simbólico sobre la Asamblea Nacional Constituyente con la que Maduro pretende poner el poder legislativo a sus órdenes, es un éxito incontestable. Aún no siendo vinculante el resultado y no contando tampoco con el respaldo de las autoridades electorales del país controladas por el chavismo, que casi el 100% de los participantes haya rechazado los planes de Maduro es un serio aviso para un presidente que, al menos por esta vez y para variar, tuvo incluso el buen gusto democrático de no insultar a sus adversarios. La demostración de fuerza no sólo se ha circunscrito a Venezuela sino a más de qunientas ciudades de un centenar de países en donde quienes lo desearon pudieron expresar su rechazo al chavismo pero también su apoyo.

Lo ocurrido ayer en Venezuela tiene ante todo un enorme valor político: que más de un tercio de los ciudadanos con derecho a voto haya acudido a los centros de votación aún sabiendo que será muy difícil que su opinión sea escuchada, pone de manifiesto el nivel de hartazgo de una parte muy importante de la sociedad venezolana. En circunstancias políticas, económicas y sociales mucho menos dramáticas que las que vive el país desde hacer varios años, lo más probable es que la participación hubiera sido insignificante y que la oposición hubiera salido chasqueada del plebiscito.

“La oposición venezolana ha conseguido una indudable demostración de fuerza frente al chavismo” 

Su reto ahora es administrar ese hartazgo ciudadano para conseguir cambios pacíficos en Venezuela y eso pasa en primer lugar por una verdadera unidad de las fuerzas de la oposición que, a fecha de hoy, no es precisamente muy sólida. Su gran desafío es desatascar una situación “trancada”, como dicen los venezolanos, con Maduro enrocado en su decisión de llamar a las urnas el 30 de este mes para elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Su plan es reescribir la Constitución venezolana a la medida del chavismo y hacerlo por la vía de anular el parlamento salido democráticamente de las urnas de finales de 2015, en el que el régimen ya no goza de mayoría absoluta como ocurría hasta entonces.


Constituiría toda una sorpresa que el presidente venezolano cediera en ese punto y pospusiera o suspendiera unas elecciones constituyentes para las que sí ha mostrado mucha más celeridad que para las regionales que debían haberse celebrado ya y que aún no hay garantías de que se convoquen para finales de este año. Sin embargo, parece evidente que la oposición por sí sola no será capaz de desbloquear la polarización radical en la que se encuentra atascada la política venezolana. En esa tarea tendrá que colaborar la comunidad internacional, empezando por una Organización de Estados Americanos aquejada de una extraña parálisis a pesar de la deriva de los acontecimientos en Venezuela.
“La oposición debería utilizar el resultado del  referéndum como palanca para el diálogo”

El primer objetivo debería ser el cese inmediato de toda violencia y el llamamiento por parte de opositores y de Gobierno a la calma. Arengar a las masas sobre “la defensa con las armas de lo que no se consiga con los votos”, como hizo Maduro hace bien poco, no contribuye precisamente a detener el constante goteo de víctimas mortales en manifestaciones y tiroteos. Mientras, en lugar de continuar “trancando” las ciudades con manifestaciones que de forma casi invariable terminan en enfrentamientos con la policía y con algún muerto más, - ayer murieron otras dos personas -  la oposición debería replantearse si la estrategia de desalojar a Maduro del poder a toda costa está dando los resultados apetecidos. Tres meses y medio después de que se iniciaran las protestas contra el régimen, casi un centenar de personas ha muerto en ellas y Maduro sigue en el mismo sitio y con planes para aferrarse aún más al poder. 

Sé que todo esto es mucho más fácil decirlo o escribirlo que hacerlo. No obstante,  desde fuera se tiene la sensación de que, ni por una ni por otra parte, hay la más mínima voluntad en estos momentos de ni tan siquiera explorar la posibilidad del diálogo y el acuerdo, bien sea de manera directa o a través de la mediación internacional.  Lo cierto es que no hay otra salida de la crisis frente a una situación de atrincheramiento por ambas partes que no conduce a nada bueno para los venezolanos. La lección de participación ciudadana que la oposición le dio ayer a Maduro dentro y fuera de Venezuela debería ser el aval democrático más valioso para ofrecer y exigir el diálogo político que tanto necesita el país. 

Ajuste técnico en el Sahara

El ministro español de Asuntos Exteriores ha dicho que la decisión del Gobierno marroquí de poner el mar del Sahara bajo su soberanía ha sido “un ajuste técnico que no tendrá repercusiones en la delimitación de las aguas entre Marruecos y Canarias”. No puedo menos que aplaudir la capacidad de Alfonso Dastis para el eufemismo diplomático pero no me tranquilizan en absoluto sus explicaciones. Lo que pretende hacer el gobierno marroquí no es un “ajuste técnico”, es simplemente apropiarse de algo que no le pertenece o que, como mínimo, está en litigio. Marruecos no puede poner esas aguas bajo su soberanía porque ninguna instancia internacional con capacidad para ello le ha reconocido que tenga derecho a hacerlo.

Empezando por las Naciones Unidos, en donde desde 1963 el territorio hoy ocupado por Marruecos figura como no autónomo y pendiente de descolonización. Han sido las propias Naciones Unidas las que en numerosas ocasiones han instado a la descolonización mediante un referéndum de autodeterminación que Marruecos ha torpedeado una y otra vez sin que España, potencia colonial hasta que en 1975 fue expulsada por la Marcha Verde lanzada por Hasan II, haya hecho nada para que se celebrara. Es más, en los vergonzosos Acuerdos Tripartitos de Madrid entregó el control del territorio a Marruecos y a Mauritania en una de las decisiones más infames del gobierno español en décadas.
“No puede calificarse de ajuste técnico una decisión unilateral y contraria al derecho internacional” 
A fecha de hoy, la ONU sólo le reconoce a Marruecos la condición de potencia administradora del territorio del Sahara pero no de sus aguas y, por tanto, su anuncio de esta semana carece de efectos jurídicos prácticos. Además de la ONU, han sido también  los tribunales internacionales los que han negado vínculos de soberanía entre Marruecos y el territorio en cuestión. Empezando por la sentencia de 1975 del Tribunal Internacional de La Haya a instancias de las propias Naciones Unidas. En ella se estableció con claridad esa ausencia de vínculos que, a la postre, provocó la Marcha Verde en la que 350.000 colonos marroquíes ocuparon por la fuerza un territorio del que España huyó a la carrera abandonando a los saharauis a su suerte. Mucho más reciente es el fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo pesquero en el que se remacha el clavo al indicar que el Sahara no forma parte del reino alaui. Son argumentos más que sobrados para concluir que la decisión del Gobierno marroquí, si bien no tiene efectos jurídicos internacionales, sí es un nuevo hecho consumado con el que Mohamed VI aspira a que los pueda llegar a tener.


En la decisión se puede atisbar también un intento de protegerse frente a la estrategia del Polisario de denunciar ante tribunales de otros países que los productos y mercancías procedentes del Sahara – fosfatos o pesca, por ejemplo – suponen un expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui. Un caso reciente lo encontramos en Sudáfrica, en donde el Tribunal Supremo de ese país ha retenido un barco con 54.000 kilos de fosfato procedente de Marruecos a la espera de determinar quién tiene el derecho sobre el cargamento. 
“Desde el punto de vista de Canarias, la decisión marroquí no es tranquilizadora” 
Mirado desde el punto de vista de Canarias, la decisión marroquí tampoco es tranquilizadora por más que Dastis le quite hierro y que el presidente del Gobierno de Canarias se haya conformado con las explicaciones del ministro. Marruecos está tomando posiciones para la delimitación de la mediana de sus aguas con las españolas, un viejo contencioso que ningún gobierno español ha sido capaz de resolver después de casi tres décadas de negociaciones. En el horizonte puede verse incluso un indisimulado interés por los recursos naturales localizados en los fondos marinos canarios, el telurio entre ellos. De ahí su aviso a navegantes de que solicitará también la ampliación de su plataforma continental hacia el oeste, tal y como ya ha hecho igualmente España.  

Decir como ha dicho Dastis que la decisión unilateral de Marruecos es un “ajuste técnico” para adaptar su legislación a la normativa marítima internacional es pretender escurrir una vez más el bulto para no enfadar al incómodo vecino del sur. A Dastis se le suponen los conocimientos suficientes para saber que Marruecos no puede tomar decisiones de ninguna clase sobre unas aguas sobre las que ni siquiera tiene status de potencia administradora. El ministro debe comparecer en el Congreso para aclarar a todos los españoles, y en particular a los canarios, cómo de técnico es el ajuste marroquí y qué piensa hacer como responsable de Exteriores ante los posibles efectos para los intereses canarios y para la solución de un conflicto ante el que España no puede permanecer eternamente de perfil.   

Pasar sin aprobar

No sé mucho de sistemas educativos pero sí sé algo de esfuerzos y sacrificios para avanzar en los estudios y poder dedicarte a lo que te gusta. Hoy se llama cultura del esfuerzo pero no hace mucho era simple y llanamente hincar los codos. Llámese como se llame, no parece que las nuevas generaciones y una buena parte de las familias estén muy sobradas de ambas cosas. El ambiente social tampoco parece muy proclive a corregir una deriva en la que se amontonan los derechos sin su correspondiente contrapartida en deberes. Viene todo lo anterior al hilo de una noticia leída hoy que me ha asombrado y disgustado a partes iguales. Algunas comunidades autónomas, entre las que se encuentra Canarias, han decidido que los chicos tengan unas felices vacaciones este año y les han entregado ya el título de la ESO aún con dos asignaturas suspendidas, siempre que no sean Lengua o Matemáticas, o sin tan siquiera reunir un 5 de nota media.

En la práctica supone acabar el curso sin esperar a la convocatoria de septiembre y, por tanto, sin dar la oportunidad a quienes lo deseen de aprobar o subir nota. La decisión se ampara en el real decreto del Gobierno que suspendió las revalidas de la LOMCE y que abrió la puerta a lo que ahora ha ocurrido en estas comunidades autónomas. Me parece una insensatez y un sinsentido porque, a mi juicio, convierte la imprescindible cultura del esfuerzo en un eslógan político huero más. Dicen algunos expertos que aprender no es sólo aprobar y que hay que tener en cuenta las condiciones económicas y el ambiente social del alumno. Puede que sí y puede que no, ya he dicho que no soy un experto. 
“La cultura del esfuerzo se ha convertido en otro eslógan vacío en boca de los políticos”  
Sin embargo, en cuanto a lo primero me gustaría que esos expertos me explicaran qué fórmula alternativa que sea más objetivable que la evaluación continua y el examen proponen para comprobar que los alumnos han asimilado los contenidos educativos. Y respecto a lo segundo, me permito una pequeña aportación de mi experiencia personal: nací y me crié en el campo, mi padres fueron agricultores que se deslomaron de sol a sol, en mi casa no había más libro que el Almanaque Zaragozano, caminaba kilómetros con lluvia o calor para ir a clase y estudié la EGB y el bachillerato con una vela después de haber cumplido con las obligaciones domésticas que se me encomendaran.
  

Mi padre me lo había dejado bien claro: o apruebas o tendrás que ponerte a plantar papas, así que no había margen para ser un “ni ni”. Y dado que a mi como me gustan las papas es en el potaje, tuve clara enseguida la “ruta” que debia seguir. Al contrario de lo que ocurre hoy, las distracciones eran pocas o ninguna, lo que unido a la férrea vigilancia paterna disuadía rápidamente a quien se despistara de su obligación de estudiar y de aprobar. No pido volver a Esparta y ni siquiera a los años no tan lejanos en Canarias de verdadera austeridad y carencias, frente a los cuales los actuales son una pálida sombra. Aún así se licenciaban muchos médicos, abogados, profesores o periodistas y pocos de ellos eran hijos de potentados plataneros, poderosos aguatenientes o importadores. Lo que digo es que las condiciones sociales y ambientales no pueden convertirse en la coartada perfecta para rebajar la exigencia de esfuerzo e igualar por abajo a estudiantes buenos, malos y mediopensionistas.  
“O estudias o trabajas: no había margen para ser un ni ni”
Tampoco niego que influyan en el rendimiento académico del alumno su extracción social y el ambiente familiar,  pero ese es un problema social que debe resolverse con políticas sociales y no a costa de rebajar aún más unos umbrales ya de por sí bastante bajos de exigencia educativa. Los españoles aportamos de nuestros impuestos para el sistema educativo público y, como contribuyentes, tenemos derecho a exigir calidad y resultados. No sé si es un problema presupuestario, de concepto, de sistema o de implicación mucho mayor de autoridades, familias y docentes, puede que de todo eso combinado. Lo que sí sé es que la laxitud y el conformismo no parecen la solución más conveniente para mejorar unos resultados educativos que siguen sin progresar adecuadamente. En definitiva, me pregunto a qué sociedad aspiramos  si en lugar de marcarnos más y más ambiciosos retos preferimos optar por la comodidad del dolce far niente.    

Clavijo cruza el ecuador

Siguiendo la costumbre política de convocar a los medios para hacer balance de la gestión, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha querido echar esta semana su particular cuarto a espadas. De su balance han destacado las crónicas el descenso del desempleo desde que llegó al Gobierno en julio de 2015. En estos dos años el número de parados se ha reducido en casi 30.000 personas y el de afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado en unas 70.000. Hasta ahí bien, aunque la cuestión de fondo es cuál ha sido la influencia real del Gobierno sobre esa reducción del paro y qué parte corresponde a la recuperación de la economía. No parece que haya dudas sobre la ínfima capacidad gubernativa para influir en los contratos y en su calidad, en los despidos o en los salarios, todos ellos asuntos fuera de su alcance.

En materia de empleo sus competencias son básicamente la formación y reinserción de parados, la seguridad laboral y la persecución de la economía sumergida y todo ello de la mano y con los recursos de la administración central. Prueba de todo lo anterior es el pálido reflejo que han tenido en las cifras de paro los casi 30 millones de turistas que han visitado Canarias en estos dos años. Ni siquiera puede el presidente echar mano de una nueva Ley del Suelo que aún no ha entrado en vigor ni tiene reglamento de desarrollo para atribuirle parte al menos del descenso del desempleo. Lo mismo cabe decir del tormentoso Fondo de Desarrollo de Canarias derivado de los recursos del IGTE, que apenas si está empezando a echar a andar ahora. Para valorar el efecto de ambas medidas sobre el empleo habrá que esperar al menos hasta el final de la legislatura. Para entonces Clavijo confía en que, si las previsiones macroeconómicas se mantienen, las islas puedan situarse con un 20% de paro, lo cual seguirá siendo una barbaridad. 
“La creación de empleo obedece sobre todo a la mejora  de la economía más que a las medidas del Gobierno” 

En el ámbito de los servicios públicos el balance hay que situarlo en la casilla del PSOE, que los gestionó salvo el de educación hasta la ruptura del acuerdo con CC en diciembre. Si bien han sido los nacionalistas los que han controlado el presupuesto, las listas de espera sanitarias y de dependencia y las estadísticas oficiales de pobreza y exclusión social siguen siendo de las más largas y altas de España. Hasta dónde se debe a un problema de insuficiencia de recursos o de gestión ineficaz es precisamente lo que enfrenta a las fuerzas políticas sobre un asunto que debería quedar lo más al margen posible de la guerra partidista. Los seis meses que llevan en sus cargos los nuevos consejeros responsables de la sanidad y los servicios sociales no son tiempo suficiente para hacer balance pero de momento ninguna de esas cifras presenta indicios significativos de mejoría. Cabe exigir que con el incremento de los recursos vía crecimiento económico y la mejora de las partidas procedentes de la administración central esa situación dé un vuelco radical. 


El cambio de las relaciones con el Gobierno central después de una legislatura a cara de perro es otra de las notas características de estos dos años. El “buen rollito” ha terminado dando algunos frutos relevantes como la cesión del IGTE (que pudo haberse gestionado de forma mucho menos retorcida), la modificación de los aspectos económicos del REF o la separación de ese régimen de la financiación autonómica. CC ha jugado con inteligencia la carta de su única diputada en Madrid quien, después de firmar con Pedro Sánchez la llamada “agenda canaria”, no dudo en ponérsela sobre la mesa a un Rajoy en minoría y necesitado de cuántos más apoyos mejor. Con el PSOE enrocado en el “no es no”, CC ha aprovechado la coyuntura para arrancar de Madrid concesiones impensables en un escenario en el que su voto hubiera sido sólo uno más y no uno de los decisivos.

“Los  servicios públicos básicos siguen muy lejos de haber mejorado de forma sustancial”

En el balance de estos dos años no se puede obviar la inestabilidad política latente que presidió el pacto entre CC y el PSOE hasta la ruptura de diciembre: incumplimientos, desplantes y desaires ante los que los socialistas no supieron reaccionar como correspondía a las circunstancias, abandonando el Ejecutivo antes de ser expulsados. La segunda parte de la legislatura la inicia ahora CC en minoría y con evidentes pocas ganas de atender a los requiebros del PP para entrar en el Gobierno. Su deseo público y confeso es que los populares sigan apoyando desde fuera, algo que estos aseguran no estar dispuestos a hacer. La cuestión es qué alternativa tiene el PP si no quiere salir de la situación en la qué lo metió su presidente Antona sin dar la imagen de haber fracasado. 

Tanto si acepta lo poco que CC parece ofrecerle como si se mantiene fuera del Gobierno, su capacidad de maniobra seguirá siendo limitada mientras Rajoy necesite del voto de Ana Oramas. Eso, que Antona no parece que calculara del todo cuando tocó en la puerta del Gobierno, lo sabe y lo explota a conciencia CC, que puede que no se vea en otra situación tan favorable para sus intereses políticos. Así pues, Clavijo cruza el ecuador de la legislatura en minoría y no habría que descartar por completo la posibilidad de que concluya el camino en la misma situación para hacer un nuevo balance dentro de dos años que serán entonces los canarios quienes tendrán que valorar. 

Miguel Ángel Blanco y la desmemoria

Creo que a la mayoría de los españoles que entonces tenía algo de uso de razón y se preocupaba un poco por lo que pasaba en este país, no se le olvidará jamás el asesinato hace ahora 20 años de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. En mi caso, solo escuchar el nombre del joven concejal del PP en Ermua reactiva casi como si hubiera ocurrido hoy la rabia de aquellos tres ominosos días de julio del 97, desde el secuestro, la extorsión y el chantaje, hasta los dos tiros infalibles en la nuca del hijo de emigrantes gallegos al que ni siquiera le interesaba mucho la política. Estos días, con ocasión del vigésimo aniversario de su martirio, el estómago se me ha vuelto a revolver de asco y repugnancia al revivir el cinismo sonriente con el que sus asesinos “Amaia” y “Txapote” afrontaron el juicio que se siguió contra ellos en la Audiencia Nacional.

¿Cómo olvidar aquellas horas de angustia y de impotencia, aquella agonía con la certeza casi completa de que Miguel Ángel Blanco sería asesinado por sus captores, que nada salvaría ya su joven vida de las balas criminales de ETA?. Es imposible salvo que un témpano de hielo ocupe el lugar del corazón y el fanatismo más absoluto haya nublado la razón como había ocurrido con la de los asesinos etarras. Pero no se trataba solo de condenar el asesinato de Blanco y olvidar lo ocurrido hasta que tuviera lugar un nuevo atentado, no en este caso. Ahora había sido diferente, ahora ETA había traspasado todos lo límites imaginables y había alcanzado el non plus ultra de su barbarie; como se dice últimamente, se había dado un tiro en un pie con el que probablemente fue el peor de los errores de la banda en su larga historia de muerte, extorsión y chantaje. 
“Con el asesinato de Miguel Ángel Blanco empezó el principio del fin de ETA” 
Seguramente no tardó en comprenderlo cuando millones de españoles se echaron a la calle para gritar ¡basta ya! y mostrar sus manos blancas contra el terrorismo. Los ciudadanos arrastraron a los partidos democráticos y obligaron a sus líderes a marcar de una vez por todas una línea divisora entre aquellos días de julio del 97 y el futuro: aquí tiene que comenzar el fin definitivo de ETA. Y así fue, el asesinato de Miguel Ángel Blanco significó el inicio del declive de la banda terrorista y, aunque aún hizo más daño, la cuenta atrás ya fue imparable hasta que en octubre de 2011 anunció el cese definitivo de sus atentados terroristas.


Lo que parecía casi inimaginable se había producido: la sociedad española se había puesto en primera línea en la lucha contra ETA y a muchos que hasta entonces solo veían en los terroristas a valerosos luchadores por la libertad de una “Euskalerría” sojuzgada por el fascismo y la dictadura, se les cayó la venda de los ojos para siempre. La eficaz acción coordinada de las fuerzas de seguridad españolas y francesas completo la tarea de convertir a ETA en una feroz pesadilla del pasado que ni la sociedad vasca ni la española podrán olvidar en décadas. 
“¿Es que nunca aprenderemos en este país de nuestros errores?” 
Hoy ETA es poco más que un cadáver sin mortaja del que lo único que se espera es que muera definitivamente para que pueda ser enterrado bien hondo y para siempre. Y es a esa tarea a la que deberían dedicar sus esfuerzos todos los partidos políticos democráticos sin excepción. Sin embargo, el vigésimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco ha vuelto a sacar a la luz lo peor de la política de este país: las absurdas excusas de la alcaldesa de Madrid para negarle un merecido homenaje a quien con su muerte activó los resortes de rechazo de una sociedad harta de violencia, la indisimulada patrimonialización por parte del PP de alguien que al segundo de su muerte ya había dejado de ser concejal popular para convertirse en símbolo social contra el terrorismo y, por último, un PSOE al que en asuntos como este le sobra demasiada tibieza y la falta mucha claridad y contundencia.   

Para las fuerzas políticas es como si el llamado “espíritu de Ermua”, que reunió a los demócratas bajo la bandera del rechazo a la violencia terrorista, hubiera caducado y la memoria de Miguel Ángel Blanco no mereciera más que trifulcas y dimes y diretes entrecruzados. Es descorazonador y lleva a preguntarse si en este país no hay nada capaz de unir a los partidos por encima de sus legítimas estrategias y si ni siquiera el ejemplo modélico de una sociedad volcada en la calle contra el látigo inmisericorde de ETA, el peligro más cierto al que se enfrentó la joven democracia, merece ser recordado y respetado sin poses ni numeritos. ¿Es que nunca seremos capaces en este país de aprender de nuestros errores?

Las grietas de Maduro

Será por las relaciones históricas o será por la contumacia con la que los promotores de la "nueva política" en España se obstinan en negar las pruebas. Lo cierto es que para los españoles en general y para los canarios en particular, la situación política en Venezuela no puede pasar desapercibida. En un contexto de deriva autoritaria del régimen que encabeza Nicolás Maduro, la oposición acaba de anotarse una importante victoria con la excarcelación y pase a arresto domiciliario del líder opositor, Leopoldo López.  En primer lugar porque pone de manifiesto una nueva grieta en un régimen que está empezando a dar señales de resquebrajamiento a medida que endurece la represión contra las manifestaciones callejeras que ya se han cobrado más de noventa víctimas mortales.

Pudiera parecer que Maduro está fuerte y conserva intactos los apoyos del chavismo porque grita mucho y hasta amenaza con defender con las armas lo que no consiga con los votos. Sólo por esa frase, pronunciada hace pocos días, bastaría para retratar la convicción democrática del personaje pero, aún así, hay quienes como el líder de IU, Alberto Garzón, se resisten a considerar que estamos ante un autócrata  y se permite llamar golpista a Leopoldo López. Además de la presión internacional sobre Maduro para que abra el diálogo con la oposición y se convoquen nuevas elecciones, la propia dinámica de la situación interna está empezando a empujar al autoritario presidente venezolano hacia el borde del abismo.
“Por más que grite y amenace,  Maduro está empezando a mostrar grietas importantes” 
Junto con las incesantes manifestaciones de la oposición, de las que se cumplen ya cien días y a las que ni la represión policial consiguen acallar, en los últimos días se han producido algunos hechos que pueden ser tomados como ejemplos de la situación límite del chavismo. El primero fue el extraño tiroteo desde un helicóptero policial contra la sede del Tribunal Supremo. De su autor, un policía y actor, nada más se ha sabido y mucho menos de cuáles eran sus verdaderas intenciones ni con qué respaldo contaba o cuenta aún. Si descartamos un autogolpe para justificar la intensificación de la represión, que también pudiera ser, podríamos encontrarnos ante una seria advertencia de las fuerzas armadas a Maduro ante el clima de confrontación civil que se respira en el país.


Mucho más claro y transparente en sus motivaciones fue el asalto y secuestro durante casi ocho horas de los diputados de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, por un grupo de energúmenos armados con palos y cuchillos. Las condenas por parte de Maduro no consiguen, sin embargo, desterrar la sospecha de que detrás del ataque está el chavismo más extremista que, a la desesperada, quiere atemorizar a la oposición parlamentaria. Aunque para grieta evidente en el régimen chavista hay que citar a la fiscal general Luisa Ortega, que se ha convertido en la única voz discordante de un poder judicial sumiso y obediente ante Maduro. Ortega ha afeado con dureza el remedo ilegal de Asamblea Nacional Constituyente que Maduro se ha sacado de la manga para intentar  anular a la que los venezolanos eligieron a finales de 2015 y a la que el presidente no puede poner también a sus pies como ha hecho con el poder judicial. 
“Con la excarcelación de Leopoldo López, el régimen busca ganar tiempo y aliviar la presión ” 
El sueño de Maduro de concentrar en sus manos todo el poder empezó a torcerse cuando los venezolanos dejaron al chavismo en minoría. A partir de ahí, ha iniciado una huída hacia delante de la que el último episodio ha sido precisamente la liberación a medias de Leopoldo López. Sería un error ver en esa decisión un gesto de buena voluntad hacia la oposición para reconducir la situación del país. Se trata más bien de una maniobra para ganar tiempo y aliviar la presión internacional y de la calle con la vista puesta en recuperar las fuerzas necesarias para continuar aferrado al poder como un náufrago a una tabla. 

Y es por eso y antes de que la defensa del poder por parte del chavismo desemboque en consecuencias aún peores, por lo que es el momento de que la comunidad internacional y la oposición obliguen a Maduro a liberar al resto de los presos políticos y a sentarse a negociar una salida pacífica y democrática de un régimen que se empieza a agrietar tanto como su cabeza visible y que amenaza con alcanzar en su caída a todos los venezolanos.    

Trabajador y pobre

Cómo será la cosa que hasta la mismísima ministra de Empleo, Fátima Báñez, animó el otro día a empresarios y a sindicatos a ponerse de acuerdo para que el crecimiento del empleo “se vea acompasado por el de los salarios”. Y no sólo Báñez, también el patrón de patrones, Joan Rosell, acaba de reconocer que es imposible llegar a fin de mes cobrando 800 euros, aunque no creo que lo diga por experiencia propia. Yo llevo un par de días restregándome los ojos para creerme lo que leo porque, hasta ahora, mencionarle a un dirigente empresarial la necesidad de que los jugosos beneficios que ya obtienen las empresas reviertan en unos salarios desnutridos y al borde de la inanición, era como mentarle la bicha: que si la competitividad, que si la consolidación del crecimiento, que si hay que ver la situación empresa a empresa, que si la inflación.

En su mayor parte monsergas y excusas para no abrir la cartera y permitir que los que dan el callo en el curro empiecen a creerse de verdad aquello de que ya hemos salido de la crisis y estamos en la senda del crecimiento. Sobre todo esos trabajadores que, según organizaciones como Cruz Roja o Caritas, no salen de pobres trabajando en precario y a tiempo parcial porque sus salarios no les impiden tener que acudir al banco de alimentos más próximo. Y aún se sorprenden algunos sesudos analistas de que la economía sumergida campe por sus respetos y represente sólo en Canarias cerca de una tercera parte de la economía total. 
“Hablarle a un dirigente empresarial de subir salarios es como mentarle la bicha”
Se dan por tanto las condiciones para que por fin los sindicatos consigan arrancar de los empresarios la primera subida salarial decente después de años de congelación de sueldos o de subidas insignificantes como las del año pasado. El listón lo han puesto los sindicatos en el 3%, aunque soy mas bien escéptico ante la posibilidad de que los empresarios estén tan ágiles como para alcanzar ese nivel de incremento salarial que, como mucho, podrían aceptar para las retribuciones más bajas. Y quien aún tenga dudas de que los salarios se han quedado en la edad del hielo y los beneficios empresariales ya corresponden a la de las naves espaciales, sólo tiene que poner en relación el crecimiento del PIB con lo que ganan las empresas y lo que ganan sus empleados.
  

En un estudio reciente, la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) revela que este año el crecimiento de la economía ya se ha situado por encima de los niveles previos a la crisis y eso se ha debido precisamente y en gran medida a las ganancias de las empresas. En concreto, los beneficios empresariales ha aumentado un 26% frente a un crecimiento de los salarios del ¡2%!. Algunos alegan que los salarios tampoco es que hayan perdido tanto poder adquisitivo si tenemos en cuenta que la inflación ha sido moderada, como si no fuera precisamente unos salarios de miseria los que frenan el consumo y, por tanto, la subida de los precios. 
“La subida salarial tiene que llegar a los 5,4 millones de empleados en precario" 
En todo caso, estas consideraciones que podríamos llamar clásicas respecto a los salarios se ven seriamente distorsionadas por una característica singular del mercado laboral español: el subempleo o, si lo prefieren, el empleo basura. En este país, más de una tercera parte de los asalariados trabaja a tiempo parcial y con contrato temporal. Hablamos de 5,4 millones de trabajadores de esos a los que no les da el salario para llegar a fin de mes, como dicen Rosell o Cruz Roja. Está por ver hasta qué punto les beneficiará también a ellos el pacto salarial que parecen próximo a alcanzar sindicatos y patronal, que sí tendría una repercusión favorable en los casi 10 millones de asalariados con contrato indefinido y a tiempo completo.

Para comprobarlo basta con repasar las cifras de la encuesta de estructura salarial del INE de 2015, según la cual el salario medio anual de un trabajador con contrato indefinido se situó en el entorno de los 24.500 euros, 8.000 euros de media más que el  de los trabajadores con contrato a tiempo parcial. Esa es una asignatura que empresarios y sindicatos no pueden dejar para más adelante: o hay exigencia sindical y compromiso empresarial de mejorar radicalmente las condiciones laborales de esos  5,4 millones de contratos temporales y a tiempo parcial que hay en este país, o la mejora salarial que se pacte no sacará a muchos de esos trabajadores de la pobreza. 

Montoro necesita vacaciones

Creo que aparte de mí no hay otra persona en España que necesite más unas vacaciones que Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda está pasando un mes tan horribilis que ni tiempo ha tenido de relajarse leyendo su último bet seller recientemente publicada en el BOE: Presupuestos Generales del Estado, edición de 2017. Han sido semanas de sinsabores sin cuento que comenzaron con el bofetón constitucional a su graciosa amnistía fiscal a la que él, hombre de verbo fácil aunque atropellado, siempre llama “regularización fiscal”. De aquellos lodos le cayó hace unos días la reprobación de la mayoría de Congreso que tiempo ha venía con ganas de hincarle el diente en la yugular. En esta ocasión no ha podido parapetarse Montoro detrás de la mayoría absoluta del PP y poner en marcha el ventilador contra los partidos de la oposición. La minoría del Gobierno ya no da para prepotencias y desplantes y Montoro lo está aprendiendo en sus propias carnes. 

Por eso ha tenido que guardar en un cajón la chulería con la que solía despreciar las quejas de las víctimas de sus medidas de control del déficit. Tanto es así que después de pretender volver a endilgarle a las comunidades autónomas la ley del embudo fiscal que dispone lo estrecho para ellas y lo ancho para el Estado, no le ha quedado otra que rectificar. Para ello se ha vestido de trilero y ha echado mano de los cubitos para sumarle una décima al déficit de las autonomías que le ha restado al de la Seguridad Social. ¿Dónde está la bolita?  Según Montoro en que, como los sueldos van a subir hasta las estrellas el día menos pensado, el incremento de las cotizaciones compensará el recorte. 
“Montoro ha tenido que guardar la chulería y aliviar el yugo del déficit” 
Pero, como este hombre es un as de los números, aún le ha quedado margen para prometerle a Ciudadanos una rebaja del IRPF de las rentas más bajas y la exención de ese impuesto para los mileuristas. Montoro, al que las rebajas fiscales sólo le gustan cuando hay elecciones cerca, ha tenido que tragarse también ese sapo para que presuma Albert Rivera. No podrá alegar Rajoy que su ministro de Hacienda no hace toda suerte de contorsiones para conseguir que socialistas, nacionalistas y Ciudadanos den el “sí” cuando la próxima semana se discuta en el Congreso el llamado techo de gasto, primer paso para que el año que viene el ministro pueda volver a publicar en el BOE. Aunque la clave no está sólo en aliviar el objetivo de déficit sino en algo tan oscuro y técnico como la llamada regla de gasto. Se trata del método por el que se calcula el porcentaje que una administración autonómica o municipal que ha hecho sus deberes fiscales y que incluso tiene superávit puede destinar de sus ingresos a inversión o a servicios básicos.


Montoro tiene esa sartén bien agarrada por el mango y, salvo que ceda también en la interpretación de la bendita regla, la décima de más en el déficit puede quedar en un espejismo. Al ministro es al menos que se le escapa que España está vigilada de cerca por Bruselas, cansada de que año sí y año también el país incumpla el sacrosanto objetivo de déficit. La cosa es ir trampeando para salir del paso y cuando toque rendir cuentas ya veremos qué excusa damos o cómo lo arreglamos. Si en lugar de anunciar rebajas fiscales y tarifas planas en años de elecciones hubiera acometido la imprescindible reforma fiscal que necesita este país y se hubiera modificado el sistema de financiación autonómica, Montoro no tendría que andar sumando ahora dos y dos con la esperanza de que el resultado sea tres. 
"Para colmo de males se le ha aparecido también el fantasma político de Soria"
Por si todos estos quebraderos de cabeza no fueran suficientes, Montoro también se ha tropezado esta semana con un fantasma político que seguramente creía bien enterrado y amortizado: José Manuel Soria. A través de EL MUNDO, su periódico de cabecera, el ex ministro canario del petróleo ha amagado con unas memorias más explosivas que las de Bárcenas. En ellas hay una cuenta en Suiza, una madre muerta y un chivatazo de Montoro a Rajoy que llevó al probo ministro de las eléctricas a dimitir. Según esta versión blanqueada de su renuncia, la misma no tuvo nada que ver con sus papeles en Panamá sobre los que mintió entonces como miente ahora para cobrarle a Rajoy a través de Montoro el escarnio de haberlo dejado caer. Si a eso le añadimos la serie de informaciones publicados hace unos días en ABC, periódico bien conocido por su cercanía a Podemos, en la que se habla con todo detalle de una empresa fundada por Montoro que asesoraba a compañías eléctricas de postín, es fácil concluir que el esforzado ministro de Hacienda merece unas largas vacaciones, indefinidas a ser posible. 

Poder con Podemos

A ver si soy capaz de llegar al final sin bostezar porque el asunto de este post es de los que hastían. Después de las elecciones locales de mayo de 2015 Podemos consiguió por primera vez en su corta historia acceder al poder en algunas instituciones importantes. Pero no lo consiguió en solitario sino gracias a pactos de gobierno con otros partidos, es decir, mediante alianzas en las que los socios se ponen de acuerdo en lo que les une y aparcan lo que les separa. Hasta ahí y en teoría todo bien. Aunque la experiencia en instituciones como el ayuntamiento de Madrid daría para un tratado podemita completo,  me centraré sólo en Canarias para hacer más llevadero el trance.

Aquí la formación morada se incorporó a los gobiernos del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En el Cabildo, el presidente Antonio Morales prefirió apoyarse en Podemos que en el único consejero de CC con el que también hubiera sumado mayoría absoluta. Además de algunas coincidencias programáticas, el cálculo electoral para aislar por completo a CC y el refuerzo que Podemos le confería a la mayoría absoluta del grupo de gobierno seguramente fueron decisivos también para preferir esa opción. Y ello a pesar de que en las negociaciones previas, la dirección de Podemos – enfrentada ya con parte de sus propios consejeros – hizo lo imposible por bloquear e imposibilitar el acuerdo.

“Morales asumió el riesgo y se ha pasado dos años apagando los incendios de Podemos”

Pero Morales no atendió a las señales y el resultado han sido dos años apagando fuegos un día sí y al otro también en detrimento de la gestión de los problemas de la isla. Hasta que un día, de la noche a la mañana, se despertó con la mitad de los consejeros de Podemos que tenía el día anterior y sobre los que siguieron con él recayó de inmediato el sambenito de tránsfugas. En estas trifulcas internas se han ido una buena parte de los esfuerzos y del tiempo de estos dos años de mandato en el cabildo de una isla que requiere mucha más gestión y soluciones que las vistas hasta ahora y muchos menos juegos florentinos.


En el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en donde la gestión del grupo de gobierno no ha ido tampoco mucho más allá de pasear el megaproyecto de la metroguagua de punta a punta de la ciudad, la nota ha sido en cambio una cierta estabilidad política al menos de puertas afuera. De puertas adentro es conocida la inquina fenicia que el portavoz de Podemos en el consistorio Javier Doreste y la ex líder del partido, Mery Pita, se profesan mutuamente. Sin embargo, esas malas relaciones políticas no habían interferido hasta ahora en la gestión municipal como ocurrió en el Cabildo entre Pita y su enfant terrible Juan Manuel Brito.
“Quien pacte con Podemos deberá aprenderse y recitar su credo de memoria”

Hasta que ha llegado Noemi Santana, la sucesora y continuadora de la labor de Pita, y hemos vuelto a las andadas. Santana ha amenazado hoy con romper el pacto en el Ayuntamiento si Nueva Canarias, uno de los socios, no rechaza en Madrid el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. Por decirlo de otro modo: Santana pone contra las cuerdas la estabilidad y la gestión del gobierno municipal de una ciudad de 400.000 habitantes sólo porque uno de sus socios de gobierno no vota lo que ella y su partido quieren en un ámbito político completamente distinto del municipal.

Ignoro si Santana cumplirá su amenaza pero, si nos atenemos a lo que ha ocurrido en el Cabildo, tal vez debería el alcalde Hidalgo irse preparando para lo peor. Una cosa sí parece clara y deberían tenerla en cuenta aquellas fuerzas políticas que en el futuro pretendan lleguen a acuerdos con Podemos: estarán obligadas a ver la realidad en blanco y negro y a aprenderse y recitar de memoria el catecismo podemita, cuyo primer mandamiento es claro y tajante: o conmigo o contra mi. No caben medias tintas ni legítimas estrategias políticas propias ni autonomía alguna que valga a la hora de tomar decisiones de partido. Todo eso hay que dejarlo en la puerta y plegarse sin condciones al credo de Pablo Iglesias o correr el riesgo de ser expulsado a las tinieblas exteriores. Que se lo vaya apuntando Pedro Sánchez para su ansiado mayoría alternativa.  

Referéndum ilegal y a la carta

No sé cómo terminará – si es que termina – el órdago independentista catalán. Sin embargo, a cada paso nuevo que dan sus impulsores, más me convenzo de que el final no será feliz. Ese último paso ha sido la presentación hoy mismo de una ley de referéndum ad hoc con la que se intenta lo imposible constitucionalmente hablando para amparar la consulta del 1 de octubre. A la vista de las reseñas periodísticas, el texto conocido hoy es un monumento a la ilegalidad constitucional con un amplio repertorio de medidas manifiestamente antidemocráticas. Inconstitucional porque, por  mucho que el papel aguante todo lo que le echen y escriban en él, esa ley de referéndum choca de frente con lo que establece la carta magna sobre consultas populares.

Presentarla además como una ley “suprema” que se impone a cualquier otra norma que se le enfrente – la Constitución – es de matrícula de honor en derecho constitucional.  Y es antidemocrática no sólo porque ignore y pretenda imponerse a una Constitución que sí lo es y que sí fue refrendada por una amplia mayoría del pueblo español, incluido el catalán, porque ni siquiera se molesta en fijar un mínimo que dé validez al resultado. Es perfectamente posible que vote por ejemplo solo el 40% del censo y bastaría con que la mitad más uno diga “sí” a la independencia para que el resultado se considere válido.
 “La ley de referéndum catalán es un monumento a la ilegalidad constitucional”

Sin solución de continuidad y apelando a un supuesto derecho a decidir que sólo existe en la imaginación de quienes impulsan el referéndum, esa decisión se convertiría en declaración unilateral de independencia antes de las 48 horas siguientes a la celebración del apaño refrendatario que los independentistas acaban de parir. Y todo esto en un clima de revueltas internas, con consejeros críticos con el referéndum purgados por el presidente Puigdemont y socios como el PdCAT literalmente “hasta los huevos” de ser ellos los que paguen los platos rotos. En medio, pillados entre dos fuegos, funcionarios de ayuntamientos y otras instituciones que a día de hoy se deben a la administración general del Estado y a los que la Generalitat pretende convertir en rehenes y cómplices a la fuerza de su ilegalidad.


Cuando se ignoran los problemas pensando que el tiempo todo lo cura suele ocurrir que se complican, se multiplican y se enquistan. Eso es lo que está pasando con el “problema catalán” y la postura que ha mantenido ante él en los últimos años el PP. Mariano Rajoy, al que la estrategia de no hacer nada y esperar a que pase el mal tiempo le ha dado buenos resultados en otros ámbitos, ha intentado aplicar la misma técnica con Cataluña y sólo ha conseguido que lo que empezó siendo mar de fondo esté a punto de convertirse en galerna.

Después de enviar el estatuto catalán al Constitucional para que lo afeitara a conciencia en un fallo que según algunos juristas no hay por dónde cogerlo - véase lo que dice el profesor Muñoz Machado al respecto en su libro "Vieja y nueva Constitucion" (Ed. Crítica) - el líder del PP se ha limitado durante años a esgrimir el cumplimiento de la ley para responder a los embates del soberanismo catalán. Durante ese tiempo no ha dado ni un solo paso digno de ese nombre para encontrar una salida política a un problema que es, ante todo, político por más que se empeñe en verlo única y exclusivamente desde la óptica judicial.  
“Mariano Rajoy apenas tiene ya otra alternativa que la judicial después de años despreciando cualquier otra” 

Tampoco puede el PSOE, aún hoy el principal partido de la oposición, presumir de una postura definida y coherente en este asunto. Dependiendo de si el viento soplaba por la izquierda o por la derecha o de las relaciones con los socialistas de Cataluña, ha ido de la defensa de la unidad nacional consagrada en la Constitución a esa genialidad del diseño político de última hora llamada la “nación de naciones“ y la “plurinacionalidad”. 

Sin embargo es sobre los hombros de Rajoy sobre los que recae en estos momentos la responsabilidad de actuar ante la convocatoria de un referéndum ilegal amparado en una parafernalia normativa igual de inconstitucional. Lo que vaya a hacer sólo él lo sabe aunque es improbable que se aparte del monólogo judicial que ha caracterizado su discurso sobre Cataluña en los últimos tiempos. En realidad, a estas alturas no parece que le quede ya ninguna otra alternativa que no sea la judicial a la vista de la gangrena del problema a la que ha contribuido de manera tan eficaz después de años desdeñando cualquier otra salida.