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Canarias, donde todo es posible

Que nadie se llame a engaño, el título de este artículo no es el lema de una nueva campaña de la Consejería de Turismo para atraer a nómadas digitales a Canarias. Es, resumida en cinco palabras, la realidad mágica de una tierra en la que pasan cosas dignas de ser desentrañadas en un programa televisivo de misterios insondables. Aquí es posible encontrar cara a cara en un mismo periódico que el Parlamento canario va a gastarse más de 100.000 euros en proveer de butacones nuevos a las cansadas posaderas de sus señorías, junto a otra noticia en la que se afirma que Caritas atendió el año pasado en las islas a unas 53.000 personas más que el año anterior y a casi el doble que en 2019. No digo que en otros lugares no se registren fenómenos paranormales similares, pero en Canarias ya se han convertido en una tradición tan arraigada que han pasado incluso a formar parte de nuestra identidad.

EP

No es el chocolate del loro

Muchos pensarán que lo de los 100.000 euros para butacones parlamentarios es solo el chocolate del loro y que con ese dinero no se arregla gran cosa. Más allá de que el loro tan socorrido ya nos sale por un pico en gastos superfluos, los que así piensan deberían saber que esa cantidad es la que dedica anualmente el Gobierno de Canarias a los bancos de alimentos de las islas, que se las ven y se las desean para atender la demanda de comida de quienes no llegan a fin de mes. Nada tengo en contra de que sus señorías posen sus nalgas en sillones razonablemente confortables por si les apetece dormir la siesta, pero en tiempos de crisis y de pobreza los gestos de quienes viven del erario público siempre son importantes e incluso bienvenidos. Gastarse ahora ese dinero en cambiar los asientos del Parlamento es una indecencia que sus señorías pueden y deben evitar si les importa algo lo que los ciudadanos piensan de ellas.

Pero lo de los sillones y la pobreza es solo uno de esos casos mágicos que ocurren en esta tierra de prodigios. Véase por ejemplo el sorprendente y oscuro “caso mascarillas” por el que el Gobierno canario pagó cuatro millones de euros por unos tapabocas que resultaron ser falsos y que hubo que destruir. Después de una docena de requerimientos infructuosos a la empresa a la que se encargó la compra, con la que ni siquiera se firmó un contrato, para que devuelva el dinero, el Gobierno ha ido ahora a la Fiscalía, que ya investigaba a instancias particulares la alegría con la que nuestros gobernantes se gastan el dinero de los contribuyentes. Además de no haber denunciado todavía en el juzgado, ni el presidente regional ni su consejero de Sanidad han dado aún explicaciones convincentes a la opinión pública y, por supuesto, nadie ha asumido ninguna responsabilidad. En verdad, un caso digno de Hércules Poirot.

La dependencia y los plátanos del papa

Lo de las mascarilla no es menos extraordinario y enigmático que lo que ocurre con la atención a la dependencia. Como no sea por la incompetencia manifiesta y palmaria de la consejera del área, es muy difícil entender cómo es que mueren cada día nueve personas en Canarias esperando por una prestación reconocida o por qué tenemos la lista de espera más larga del país o cuál es la razón de que la financiación esté por debajo de la media o de que necesitemos el doble de plazas residenciales de las que están previstas. Y todo ello, según la Diputación del Común, podría ser  más dantesco si muchos dependientes que tienen derecho a la prestación no hubieran decidido no solicitarla para ahorrarse nervios y esperas ante la comprobada ineficacia de la administración autonómica.

"Podemos gobierna los días pares y hace oposición los impares"

Y qué decir del impenetrable asunto de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, a los que el Gobierno de Pedro Sánchez les ha regalado ahora, seis meses después de terminar la erupción, un “comisionado” para “agilizar” la reconstrucción de la isla. Mientras, aún quedan 2.000 personas desalojadas viviendo en casas de parientes o en alojamientos provisionales, otros muchos siguen incomunicados y las ayudas prometidas se enfrentan a la inmisericorde burocracia en la que mueren los sueños y las esperanzas de quienes lo perdieron casi todo. Pero eso sí, ha dicho Ángel Víctor Torres que “el papa Francisco podrá degustar una magnífica fruta como es el plátano de Canarias, nacido en las tierras fértiles de La Palma”. Torres se ha venido arriba alabando el regalo del ministro Bolaños en su audiencia privada con el pontífice y ha rematado el ditirambo proclamando que ha sido “un gesto hacia la isla que ha sufrido el volcán más devastador, en daños materiales, de Europa”. Quien no se consuela es porque no quiere.

La lista de casos esotéricos es tan larga que podríamos estar hablando de ellos varios días sin parar. No sé ustedes, pero yo siempre me he preguntado cómo concuerda que las islas tengan el REF “más avanzado” de su historia y reciba millones de turistas, mientras las tasas de exclusión y paro – tanto juvenil como adulto - son las más altas del país. Por no mencionar también lo mucho que le gusta el verde al actual Gobierno canario y lo mucho que habla de “huella de carbono cero”, al tiempo que teme más que a un nublado el impuesto europeo sobre el queroseno de la aviación. Me cuadra tan poco como ver a Podemos gobernando los días pares y haciendo oposición los impares, por no hablar de algunos políticos para los que la vida es un carnaval permanente en la que no caben otras prioridades y que, no satisfechos con regalarnos dos meses de murgas en invierno, salivan ahora pensando en extender la fiesta al verano como si no hubiera un mañana. El circo que no falte jamás, el pan siempre puede esperar en una tierra en la que todo es posible, salvo, a lo que se ve, unos responsables públicos a la altura de las circunstancias y unos ciudadanos conscientes de su poder.

Argelia: una crisis evitable

La credibilidad, el prestigio, la fiabilidad y el respeto de un país se calibran en gran medida por su política exterior. Otros factores como el poder económico y militar también cuentan, obviamente, pero si la comunidad internacional te percibe como un tarambana que da bandazos e improvisas en tus relaciones con otros países, tu imagen se deteriorará y una imagen dañada ante el mundo no es fácil de restaurar. La política exterior de un país que se respete a sí mismo y que busque ser reconocido en el contexto internacional como un actor valioso con el que es obligado contar, no puede estar sujeta ni al navajeo de la política partidista ni a la conveniencia del gobierno de turno. Una política exterior respetable de un país democrático es siempre una política de estado, es decir, estable, hasta cierto punto previsible sin ser inflexible y, sobre todo, asumida y respaldada no solo por las instituciones y los partidos políticos, sino incluso por el conjunto de la sociedad. Por desgracia, la política exterior española es hoy cualquier cosa menos una política de estado, lo que provoca un daño reputacional para los intereses de nuestro país del que costará recuperarse.

El declive de la política exterior

En realidad, la política exterior española padece desde hace mucho tiempo de algunos de los males de nuestra política doméstica: imprevisión, incoherencia, falta de objetivos claros y cortoplacismo. En la memoria del país pervive aún la tormentosa adhesión a la OTAN, la ignominiosa foto de las Azores o la sentada idiota de Zapatero al paso de la bandera estadounidense. Nuestro peso y presencia en Hispanoamérica ha ido de más a menos hasta casi desaparecer, en la Unión Europea no pasamos de segundones y en el Magreb nos hemos plegado históricamente a los deseos de Marruecos sin recibir a cambio más que nuevas exigencias y desplantes.

No es exagerado decir que con la llegada de Sánchez a La Moncloa, la pendiente por la que se ha venido deslizando desde hace años nuestra política exterior ha tocado fondo. Primero fueron los titubeos a la hora de enviar armas a Ucrania para que se defendiera de la agresión rusa, una decisión rechazada por la pata podemita del Gobierno que se ha trasladado ahora a la celebración en Madrid de la cumbre de la OTAN. Y aún hay gente que se sorprende y hasta se disgusta porque Joe Biden se olvide sistemáticamente de Pedro Sánchez en sus contactos con los aliados europeos y en las cumbres internacionales apenas le dé los buenos días.

El Sahara, la gota que colma el vaso

No obstante, la gota que ha colmado el vaso ha sido el aún inexplicado giro respecto al Sahara, del que Sánchez ni siquiera informó a sus socios, y que ha desatado una crisis evitable con Argelia en el peor momento posible. Más allá de algunas posiciones personales favorables a Marruecos como las de Zapatero o Moratinos, los sucesivos gobiernos españoles habían mantenido hasta ahora una posición oficial de neutralidad en relación con ese viejo contencioso, lo menos que cabe esperar de un país sobre el que recae la responsabilidad de administrar su excolonia. Esa posición también ha recibido siempre el respaldo del pueblo español, mayoritariamente identificado con las reivindicaciones saharauis frente al expansionismo marroquí.

Sánchez ha acabado de un plumazo con casi cinco décadas de política de estado en relación con el Sahara y ha incendiado las relaciones con Argelia, un socio fundamental en tiempos de crisis energética, sin recibir nada a cambio de Marruecos más que nuevas largas y pegas a cuestiones como las aduanas de Ceuta y Melilla. Paradójicamente, además, ha convertido a la dictadura militar argelina en una defensora del Derecho Internacional en el Sahara, mientras una democracia como la española, con obligaciones legales en el territorio, se coloca abiertamente del lado de una de las partes ignorando los mandatos de la ONU.

La gran pregunta: ¿por qué y por qué ahora?

Las reacciones del incompetente ministro de Exteriores ante el enfado argelino no han hecho sino incrementar la sensación de ridículo que sentimos muchos ciudadanos ante la torpeza gubernamental en una cuestión tan sensible política y económicamente. Albares ha pasado de hablar de Argelia como “un socio fiable” a ofrecerle “amistad duradera” para terminar quejándose a la Unión Europea y, al parecer, pidiendo la mediación de la diplomacia francesa para intentar recomponer las relaciones con el país norteafricano. La confusión y el batiburrillo son de tal magnitud que en medio de este sainete se ha colado la ministra Calviño, quien, no contenta con culpar a Putin de la inflación, también lo acusa sin aportar una sola prueba de instigar a Argelia contra España. Que a instancias españolas la UE haya afeado la reacción argelina ha enfadado más si cabe al régimen de ese país, de manera que será muy difícil por no decir imposible que las relaciones comerciales y de cooperación se recompongan y normalicen mientras Sánchez siga siendo el presidente español o, al menos, mientras Albares siga desbarrando en Exteriores.

Que Sánchez actuó de manera unilateral y temeraria, con nocturnidad y alevosía políticas, es algo evidente que concuerda a la perfección con el perfil político del personaje; que aparentemente no calibró las consecuencias de darle una patada al tablero magrebí y ponerse de parte marroquí frente a los saharauis y a Argelia también salta a la vista para cualquiera. La gran pregunta que nos seguimos haciendo muchos es por qué lo hizo y por qué en estos momentos precisamente, en los que menos convenía enemistarse con un país del que importamos algo tan precioso como el gas. Lo cual nos lleva también a preguntarnos una vez más qué relación existe entre las escuchas de Pegasus, presumiblemente realizadas por Marruecos, y el giro copernicano de Sánchez en el Sahara. Ese es el verdadero nudo gordiano de este esperpento diplomático que de un modo u otro terminaremos pagando todo los españoles, mejor dicho, que estamos pagando ya en términos de descrédito y desprestigio de nuestro país ante la comunidad internacional. 

Verdades, mentiras e inflación

En España ocurren auténticos prodigios, por no calificarlos de cosas chulísimas. Ocurre, por ejemplo, que cuantos más pobres de solemnidad contabilizan las estadísticas oficiales y oficiosas, más recauda el Gobierno por impuestos. O si lo prefieren, cuanto más recauda el Gobierno por impuestos más pobres de solemnidad se contabilizan. Pero no hace falta acudir a Iker Jiménez para que nos explique el misterio, basta con echar mano de los datos de la inflación para comprender la causa de lo que es solo una aparente paradoja. Si nos fijamos en los precios de los productos básicos de cualquier cesta de la compra de este país, veremos que la luz ha subido un 34%, la gasolina el 16%, el pan el 10%, la leche el 14%, los huevos el 21%, el aceite de oliva el 42%, los alimentos para bebé el 12% y los cereales el 6%. Con estos precios a nadie puede extrañarle que millones de familias se vean obligadas a hacer economía de guerra, mientras el Gobierno llena las arcas públicas a costa suya y el ministro Garzón recomienda alimentación sana y saludable. 


Los bancos de alimentos sin comida y la recaudación disparada

Para entender estos porcentajes en su contexto social hay que fijarse en las familias que deben acudir a los bancos de alimentos o a Cáritas para tener algo que llevarse al caldero cada día. Los bancos de alimentos, que el año pasado atendieron a 1,5 millones de familias, calculan que ese cantidad se incrementará un 20% en 2022. Los prestigiosos informes de FOESSA – Caritas apuntan que tres de cada diez familias españolas han tenido que recortar los gastos destinados a productos de primera necesidad.

Tampoco es complicado deducir que el problema es más o menos agudo según de qué comunidades autónomas hablemos. En Canarias, la que peores indicadores sociales y económicos presenta de todo el país, la inflación desbocada es un clavo más en la cruz de pobreza y exclusión que arrastran más de 600.000 canarios, para los que, como escribí hace unos días, no es ni de lejos una suerte vivir aquí. Aún así, lo peor es que todo lo que es susceptible de empeorar es probable que lo haga y la previsión, a menos a corto y medio plazo, es que el globo de los precios siga volando alto durante una larga temporada.

Tan alto como la recaudación tributaria de Hacienda, que había aumentado un 18% hasta abril después de un 2021 de récord, lo que equivale a unos 86.000 millones de euros. Y eso también tiene una causa principal y se llama...inflación. De hecho es el IVA, junto con el IRPF, el impuesto que más tira hacia arriba de la recaudación a pesar de las rebajas fiscales adoptadas con tambores y cornetería por el Gobierno para que nos traguemos el bulo de que no deja a nadie atrás. Por decirlo de otro modo, el Gobierno hace caja gracias a la inflación y destina una modesta cantidad de lo que recauda a ponerle tiritas a una situación que está colocando a millones de familias españolas entre la espada y la pared.

Crisis alimentaria y medidas ineficientes

Contra todas las evidencias y la opinión de la mayoría de los economistas, solo el Gobierno se empeña en hacernos creer que la inflación será cosa de unos meses como mucho, tras los cuales podremos volver a atar los perros con longanizas. Se empiezan a escuchar voces que alertan de una crisis alimentaria derivada de la guerra en Ucrania, pero el Gobierno hace como quien oye llover. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de la energía y de los productos frescos y que es la que más preocupa y la que más cuesta hacer bajar, se ha puesto en niveles de 1995, pero el Gobierno mira al tendido y se parapeta tras su escudo social.

En síntesis, el Gobierno parece confiar en un milagro pero no hace nada para que ocurra. Desde marzo estamos esperando que se empiece a aplicar el tope al precio del gas, un logro de Sánchez en Bruselas por el que los suyos lo pasearon a hombros por los medios afines y las redes sociales. La bonificación de los precios de los combustibles, otro hito sanchista que mereció encendidos elogios de su muchachada, ha resultado ser otro fiasco: la mitad de los veinte céntimos por litro que los españoles ponemos de nuestro bolsillo para que la gasolina no nos cueste tanto, ya la ha absorbido la subida de precios. A la vista del éxito alcanzado, al Gobierno no se le ha ocurrido una idea mejor que prorrogar la medida hasta septiembre a pesar de su ineficacia y su carácter regresivo, como acaba de recordar el Consejo Económico y Social del Estado.

La teta de la recaudación

Sin embargo, rechaza de plano medidas como deflactar las tarifas más bajas del IRPF como ha propuesto el PP y apoyado incluso el ex ministro socialista Jordi Sevilla. El motivo no es otro que seguir aprovechándose de la inflación para hacer caja a costa de los ciudadanos, lo cual no solo es antieconómico sino indecente. Lo que sí hace es instar a un pacto de rentas entre empresarios y sindicatos, pero se resiste a soltar la teta de la recaudación. Su principal obsesión es hacer creer que este repunte inflacionista, que pone en el disparadero la incipiente recuperación económica y aboca a millones de familias españolas a pasar estrecheces y miseria, es culpa única y exclusivamente de un señor llamado Vladímir Putin que un buen día decidió invadir Ucrania.

Como ocurre con tantas otras cosas, la realidad y los mensajes del Gobierno se parecen como un huevo a una castaña. La espiral inflacionista se inició mucho antes coincidiendo con el final de las restricciones por la pandemia y tiene que ver, sobre todo, con la subida de los precios de la luz sin que Sánchez moviera un dedo para atajarla. Luego vino lo de Ucrania y el proceso se ha acelerado y agravado, hasta el punto de que prescindir del gas ruso podría elevar la inflación al entorno del 10%. Vivir será más caro en los próximos años, aunque esto tampoco es una novedad. Lo que sí es una novedad es que eso esté ocurriendo ya con el Gobierno más progresista y social de la democracia, el que no iba a dejar a nadie atrás y con el que íbamos a salir más fuertes de la crisis. No me podrán negar que es una cosa chulísima.

Día de Canarias: ¿una suerte vivir aquí?

A las puertas del Día de Canarias el Gobierno autonómico ya nos ha obsequiado el ineludible vídeo con el marchito tópico del fuego y el mar, que ya conocemos de memoria después de años machacando en la misma idea. De nuevo se sucederán los parabienes por vivir aquí, porque aún siendo la comunidad más pobre y con la mayor tasa de paro del país, en contentura y ganas de fiesta no nos gana nadie; se volverán a escuchar discursos oficiales cargados de buenas intenciones y autojustificaciones, veremos al Gobierno premiándose a sí mismo, nos revestiremos de típicos por unas horas, muchos incluso se atreverán con una isa y un sancocho y, al día siguiente, felices de haber tenido un día más de fiesta, regresaremos a la tozuda realidad cotidiana de un archipiélago al que, si no es por Juana es por la hermana, cuando no por ambas, le va a costar levantar cabeza. No tengo nada contra quienes celebran así el Día de Canarias, aunque habrá a quien mi forma de ver esa jornada le parezca demasiado pesimista y hasta poco patriota. En cualquier caso, me resisto a disfrazar de falso optimismo un panorama imposible de soslayar ni aún con la mejor de las intenciones.

Paro e ineficacia pública

Un rápido y somero repaso de los datos económicos y sociales bastan para convencerse de que vivir en Canarias a fecha de hoy es como mínimo para estar preocupados por el futuro, no digo ya para alegrarse. Según la EPA, el Archipiélago es la comunidad autónoma con mayor tasa de paro y la segunda que más empleo destruyó en el primer trimestre del año. También lidera el paro juvenil no solo de España sino de la Unión Europea, y aunque es cierto que en el último año ha habido un aumento de empleados y de afiliación, la precariedad laboral es la norma generalizada.

Mientras el paro parece ya un problema crónico de la economía canaria, hasta el punto de que ni el regreso de los turistas tras la pandemia permite reducirlo significativamente, a nadie le debería sorprender que Canarias sea también una de las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza y exclusión social. Solo de drama social cabe calificar que 630.000 canarios se encuentren en esa situación o que 300.000 padezcan exclusión severa o que 125.000 estén en situación crítica, según el último informe de FOESSA.

No cabe duda de que la pandemia agravó un problema que, como el del paro, también se ha vuelto crónico. No obstante, al empeoramiento ha contribuido de forma decisiva la ineficacia y la ineficiencia de los poderes públicos para responder en tiempo y forma a esa realidad. Con solo decir que el publicitado Ingreso Mínimo Vital apenas llega aún al 7% de los que lo necesitan en Canarias, está dicho prácticamente todo. No extraña tampoco por tanto que las islas encabecen también la clasificación de comunidades en las que menos cobertura ha alcanzado el IMV, presentado poco menos que como la panacea contra la pobreza, contra la que las únicas panaceas posibles son la educación y el empleo. 

Dependencia, el lunar más negro

Aunque el gran lunar negro de la gestión autonómica sigue siendo la atención a la dependencia, en donde – cómo no – Canarias lidera también la lista de personas en el limbo, es decir, dependientes con el grado de dependencia reconocido que aún no perciben la prestación o el servicio a que tienen derecho. En las islas mueren cada día 8 personas esperando por esa prestación y se tardan 900 días de media en resolver un expediente de dependencia. Aún así, Canarias redujo el año pasado en cerca de 44 millones de euros su aportación a la dependencia, según acaba de revelar la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. ¿Una suerte vivir aquí para los dependientes?

La escasa diligencia autonómica para dar respuesta a la aguda crisis social que sufren las islas va pareja con el menosprecio y el ninguneo que el Gobierno central sigue exhibiendo ante la realidad de la comunidad autónoma con los peores datos económicos y sociales del país. La penosa gestión de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, utilizado por Pedro Sánchez para su lucimiento personal, es solo un botón de muestra al que cabe añadir el desconocimiento, cuando no el desdén, de Madrid ante el cumplimiento del REF o la pachorra frente al drama humano de la inmigración.

Un giro con Marruecos que aumenta la incertidumbre...

Ahora, el ministro de Exteriores ha venido a Canarias a reconocer que la pirueta de Sánchez respecto al Sahara tampoco ayudará a reducir el número de inmigrantes que intentan llegar a las islas, un intento en el que muchos pierden la vida. Esa fue precisamente la excusa con la que se vendió a la opinión pública un acuerdo que, por si no había ya suficientes dificultades en las islas, ha ensombrecido aún más el futuro de un archipiélago que tiene la mala suerte de no llamarse Cataluña.

La pandemia o el volcán pueden considerarse atenuantes, pero en ningún caso eximentes de la falta de empuje e ideas del Gobierno del Pacto de las Flores ante una agenda plagada de asuntos pendientes, ni mucho menos para justificar su mansedumbre ante los sucesivos desplantes de Sánchez y de algunos de sus ministros. La suerte que tiene el presidente canario Torres es que la oposición parece haberle dado bula hasta las elecciones y sus socios en el Gobierno, especialmente Podemos y NC, se conforman con hacer aspavientos o hacerse oposición a sí mismos, pero ni se les pasa por la mente despegarse del poder. 

Torres insiste en que todo irá viento en popa a partir de ahora y que la economía canaria crecerá más que ninguna otra. Mientras ese feliz y dorado momento llega y a falta de solo un año para las elecciones, no se conoce aún cuál es la hoja de ruta y los hitos que piensa seguir el Gobierno autonómico para superar esta crisis, más allá del fárrago de planes, estrategias, perspectivas y agendas tan bienintencionados como poco realistas. Torres también gusta de prometer que dejará una Canarias mejor que la que encontró, pero, a fecha de hoy, los principales indicadores económicos y sociales demuestran que la situación ha empeorado en los tres últimos años y no solo por culpa de la pandemia o del volcán, sino también por la impericia y la ineficacia del Gobierno. Además de quienes sufren a diario el drama del paro, la pobreza o la exclusión, o de quienes mueren esperando la prestación de la dependencia, si hay alguien en Canarias que debería saber mejor que nadie que para la mayoría de los canarios no es una suerte vivir aquí, ese debería ser Ángel Víctor Torres.  

Una legislatura zombi, un país exhausto

Si Pedro Sánchez atesorara solo un par de gramos de sentido de estado convocaría elecciones anticipadas mañana mismo y acabaría por la vía democrática con una legislatura que ya no da más de sí después de haber dado tan poco. Pero lo que natura non da, Salamanca non presta. El chusco y escandaloso caso del espionaje con Pegasus ha consumido hasta las heces las escasas reservas de confianza que quedaban en el presidente. Con el único fin de conservar el poder no solo ha expuesto al descrédito público e internacional a los servicios de los que depende la seguridad nacional, algo que ni al que asó la manteca se le ocurriría, sino que ordenó a la obediente presidenta del Congreso que metiera hasta la cocina de los secretos de estado a fuerzas políticamente hostiles al estado de derecho y a la Constitución. Que revelaran el contenido de la comparecencia de ayer de la responsable del CNI dos minutos después de acabar la reunión de la Comisión de Secretos Oficiales, solo es la confirmación del respeto a las normas de los socios en cuyas manos Sánchez ha decidido poner la seguridad nacional. 


El bochorno continúa

El bochorno, sin embargo, parece no tener fin. Ahora, todo el país debe asistir entre incrédulo y hastiado – ya no queda espacio para el asombro - a una batalla en el seno del ala socialista del propio Gobierno a propósito de quién es el ministerio responsable de garantizar la seguridad de las comunicaciones del presidente y de sus ministros. Todas las miradas están puestas en el ministro – bombero Bolaños, al que Sánchez emplea para un roto y un descosido como acudir raudo y veloz con la manguera a Barcelona, un domingo por la mañana, para sofocar el incendio provocado por los independentistas

Lo que no se entiende – o se entiende demasiado bien – es que el Gobierno tenga que dar explicaciones a unos soberanistas que han prometido reincidir en su desafío al Estado, sobre escuchas que el propio Gobierno asegura que cuentan siempre con aval judicial. ¿Desde cuándo es obligación del Gobierno informar a grupos separatistas de las actividades de la inteligencia nacional? Obviamente, desde que Sánchez depende de ellos para seguir en el poder. 

Sin embargo, pendiente de Cataluña y a pesar de que forma parte de sus responsabilidades, a Bolaños parece que se le pasó ocuparse de la seguridad de las llamadas del presidente y de los miembros del Gabinete y alguien, probablemente desde desiertos cercanos, se llevó una tonelada de datos de los teléfonos de Sánchez y de la ministra Robles. Si se llegaran a confirmar las fundadas sospechas de que es Marruecos el país que está detrás, no habría más remedio que concluir que el viraje de Sánchez en el Sahara obedeció a un chantaje marroquí al que el presidente se plegó. Es probable que nunca lo sepamos a ciencia cierta, pero la sombra de sospecha sobre las razones que llevaron al presidente a tomar una decisión unilateral tan importante, sin consultar con nadie y sin aparentemente sopesar sus graves consecuencias a múltiples niveles, será muy difícil de borrar.

¡Al suelo, que vienen los nuestros!

A Bolaños, quien también ejercer como ministro - ventrílocuo de Sánchez cuando este prefiere esconderse de los focos y los micrófonos, le resulta mucho más descansado y políticamente conveniente desprestigiar públicamente y ante todo el mundo a los servicios nacionales de inteligencia y poner en la picota a su responsable directa y a Robles para darle gusto al independentismo y a sus morados compañeros de viaje. Al fin y al cabo, la titular de Defensa es la única en el Ejecutivo que se atreve a levantarle la voz a Podemos y a los independentistas y supone por tanto un obstáculo para los indecentes juegos de manos entre Sánchez y sus tóxicos socios de investidura.

Con Podemos y los soberanistas pidiendo sangre a coro y con los propios ministros socialistas tirándose el espionaje a la cabeza, Pedro Sánchez se ha convertido en un presidente tan agotado y amortizado como la legislatura zombi y sin rumbo que padecemos, de la que ya solo cabe esperar ruido y furia política pero nada que sirva al interés general de los españoles. Aguantar así un año y medio más, bajo la permanente espada de Damocles del chantaje podemita e independentista, debería ser una opción a descartar hoy mismo por el presidente.

Maquillando la realidad

Los datos relativamente positivos del paro apenas bastan para maquillar el sombrío panorama económico del país, reconocido por el propio Gobierno, ni para contener el encarecimiento de una deuda ya monstruosa ni para paliar la crisis energética ni la subida de los precios ni las brutales secuelas económicas y sociales de la pandemia de la que parece que ya nos hemos olvidado por completo. No hay proyectos ni ideas, solo parches, votaciones agónicas y cesiones al independentismo y a los albaceas del terrorismo para conservar el poder a costa de las instituciones, del prestigio del país y hasta de su seguridad nacional. Es tal el desvarío y la cacofonía gubernamental que, a la vista de las posiciones de Podemos y de Yolanda Díaz en asuntos como la guerra en Ucrania o el caso del espionaje, ya no sabemos si la coalición de gobierno está formada por dos o tres partidos mal avenidos entre sí.

Mas no cabe hacerse ilusiones, ni a Sánchez ni a sus socios les interesa en estos momentos que haya elecciones. Primero porque le podrían poner en bandeja la victoria a un PP que parece renacer de sus cenizas tras la llegada de Feijóo; pero, además y sobre todo, porque cuanto más débil sea Sánchez y cuánto más consigan alargar sus socios esta legislatura agónica más rédito obtendrán de su extorsión política permanente. Solo al interés de los españoles le conviene pasar por las urnas cuanto antes para que el Gobierno rinda las cuentas que se niega empecinadamente a rendir en el Congreso. El drama de este país es que el interés de los españoles y el de Sánchez y sus socios hace tiempo que se parecen tanto como la noche y el día. 

¿Paz o aire acondicionado?

La vieja Europa parece incapaz de aprender de sus errores: cuando no es por inercia es porque se anteponen intereses económicos o por ambas cosas a la vez, como ocurre ahora ante la guerra en Ucrania. Cada día que pasa sin cortar las importaciones de gas, carbón y petróleo rusos es un día más que añadir al horror y la posibilidad de que las tropas rusas perpetren nuevas masacres como la de Bucha. Enviar más armas, aprobar la quinta tanda de sanciones incluyendo a las hijas de Putin, horrorizarse o exigir que se lleve al tirano ante la justicia por crímenes de guerra es necesario pero también es evidente que no basta: la UE no puede seguir financiando ni un día más la guerra de Putin y, al mismo tiempo, abominando del único responsable de haberla desatado. Si eso no es hipocresía se le parece mucho, de manera que hay que elegir cuanto antes: o con Putin o contra Putin.

Putin, un viejo conocido para Europa

Cuando Putin arrasó Grozni, la capital chechena, la Unión Europea siguió comprando gas, petróleo y carbón rusos; cuando bombardeó Alepo (Siria), siguió comprando gas, carbón y petróleo rusos; cuando invadió Georgia no dejó tampoco de comprar gas, carbón y petróleo rusos. En los tres casos hubo flagrantes crímenes de guerra, pero eso no disuadió a la vieja Europa de seguir con sus compras energéticas a Moscú mientras miraba a otro lado. Había muchos intereses en juego y nadie quería enemistarse con el que nos vendía gas para mantener funcionando el aire acondicionado. Ahora que Putin arrasa Ucrania y a los ucranianos, la Unión Europea no ha dejado ni un solo día de comprar gas, petróleo y carbón rusos. Es más, ha intensificado las compras por si al sátrapa de Moscú le entraba la tentación de cerrar el grifo en respuesta a las sanciones de Bruselas y Estados Unidos.

En realidad, es muy dudoso que Putin pensara en hacer tal cosa: ¿Cómo iba el dictador ruso a cortar los suministros si a cambio de su gas, su carbón y su petróleo ingresa cada día cerca de 1.000 millones de euros con los que continuar financiando la guerra a costa de los europeos occidentales? Sería un tonto si lo hiciera y Putin será un sátrapa o un tirano o un autócrata sanguinario, pero no es estúpido. Arrastrando los pies Bruselas acaba  de aprobar el veto al carbón ruso. Bueno, por algo se empieza pero sigue siendo insuficiente mientras no se cierre la llave del gas y para eso no se percibe precisamente mucho entusiasmo en estos momentos entre los principales líderes europeos.

El nudo gordiano alemán

El nudo gordiano está en una Alemania que importa de Rusia casi dos terceras partes del gas y una tercera parte del petróleo que necesita su economía para no griparse. Las tímidas declaraciones de algunos ministros alemanes abriendo la puerta a vetar el gas ruso han sido inmediatamente contestadas por los bancos del país advirtiendo de una grave recesión económica si eso ocurre. Además, la UE también tiene en casa a un quintacolumnista húngaro llamado Victor Orban, al que Putin ha felicitado efusivamente por su triunfo electoral del domingo, que amenaza con dinamitar la precaria unidad europea en torno a las sanciones a Moscú. Nos crecen los enanos, dicho sean sin ánimo de señalar.

La UE está pagando su falta de determinación de años para reducir su elevada dependencia energética de la Rusia de un Putin al que a estas alturas ya debería conocer perfectamente para saber que no es precisamente un demócrata. Aún así, los líderes europeos se hacen ahora de nuevas y se espantan y se persignan ante lo autócrata y déspota que ha resultado ser el inquilino vitalicio del Kremlin. Sin embargo, a pesar de las documentadas atrocidades rusas en Siria, Chechenia o Georgia, siguieron inyectando miles de millones de euros en las arcas del dictador y se olvidaron convenientemente de los crímenes de guerra. Con el Atila de Moscú a las puertas de la Unión Europea y de la OTAN, los países occidentales se enfrentan hoy a las duras consecuencias de no haber hecho los deberes y no haber buscado fuentes alternativas de aprovisionamiento energético.

¿Paz o aire acondicionado?

Un mes y medio después de la invasión las débiles negociaciones de paz han encallado y apenas funcionan corredores humanitarios para la población ucraniana castigada sin piedad por las tropas invasoras. Mientras, China parece haber renunciado por completo a desempeñar un papel constructivo frente a su aliado moscovita y solo se preocupa de mantenerse sobre el alambre de su calculada ambigüedad ante las atrocidades rusas. Su tibia reacción tras la masacre de Bucha demuestra con claridad que la prioridad de Pekín no es detener la guerra sino que no la pierda Putin.

Hay ya pocas dudas de que esta será una guerra larga, y cuanto más larga sea más cruenta puede ser también. La UE tiene medios para paliar los efectos económicos de un embargo energético a Rusia en los países más expuestos, caso de Alemania. Lo que no puede hacer es seguir demorando una medida que debió figurar entre las primeras sanciones al régimen ruso. Lo ha expresado muy bien el primer ministro italiano Mario Draghi, dispuesto a apoyar el embargo a pesar de que su país importa de Rusia casi el 50% del gas que necesita. Según Draghi, “los líderes europeos deben preguntarse si prefieren la paz o mantener el aire acondicionado encendido”. ¿Ustedes que creen que preferirán?

De grandes planes está el infierno empedrado

Puede que Draghi no llamara Antonio a Pedro Sánchez aunque, como dicen los italianos, se non è vero, è ben trovato. En realidad creo que el nombre que mejor le va al presidente español es el de Juan Palomo, aquel personaje ya mencionado por Quevedo que se lo guisaba y se lo comía sin contar con nadie. Sánchez actúa así hasta con sus socios de Gobierno, a los que ningunea y endosa sus decisiones sin consultarles, tal vez con la perversa intención de averiguar hasta dónde son capaces de aguantar tanto desplante sin despegarse de unos sillones ministeriales a los que siguen firmemente atornillados. Si a Podemos y a sus compañeros de viaje los tiene a dos velas, al PP lo tiene en la más absoluta oscuridad, lo cual no le impide subir a la tribuna del Congreso a pedir apoyo y unidad para sus mejunjes económicos contra las consecuencias de la guerra en Ucrania.


Un plan para un milagro

Hace tiempo que tengo el convencimiento de que nuestro Juan Palomo está tan pagado de sí mismo y se cree tan tocado por el don de la infalibilidad, que se tiene por el creador y salvador de la democracia y por el único que la respeta y practica como mandan los cánones. En consecuencia, todo lo que no sea seguirle la corriente, asentir sin rechistar y comulgar con sus ruedas de molino y sus mentiras es ser antipatriota o, en el peor de los casos, de ultraderecha.

Su pomposamente bautizado “Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania” es la enésima muestra de su desprecio por el diálogo, el consenso y la unidad con los que sin embargo no deja pasar ninguna oportunidad para llenarse la boca. El nombre en sí del plan ya supone un magnífico ejemplo de autobombo narcisista, cocinado secretamente en palacio y aprobado en el Consejo de Ministros, y del que los primeros en enterarse no fueron ni los socios del Gobierno ni el principal partido de la oposición ni los representantes del pueblo español, sino algunos empresarios del Ibex 35 ante los que el presidente se apareció cual mesías redentor para anunciar su buena nueva.

Una huida hacia adelante

En síntesis, el asunto consiste en destinar 6.000 millones de euros a ayudas directas y avalar otros 10.000 millones de créditos ICO. No se puede decir del plan de marras que sea un dechado de imaginación sino más bien una huida hacia adelante a la espera de un milagro, y un corta y pega de planes anteriores que, para colmo de males, ha caducado a las pocas horas de su aprobación al conocerse que la inflación ha escalado hasta casi el 10%. Según FUNCAS, el plan servirá para recortar como mucho un punto del IPC siempre y cuando los precios de la energía se moderen, de manera que su virtualidad puede que se haya agotado ya en su kilométrica denominación.

Dicho en otros términos, los españoles somos hoy casi 17.000 millones de euros más pobres que hace un año, cuando la inflación provocada por el alza del precio de la luz comenzó a subir en globo sin que el Gobierno hiciera nada para detenerla salvo remolonear y echarle la culpa a Bruselas. Claro que entonces Putin no había invadido Ucrania y aún no servía de chivo expiatorio del Gobierno para justificar todos los males habidos y por haber y culparle si se tercia hasta de la muerte de Kennedy.

Bonificación de los combustibles: un pan como unas tortas

Mención especial merecen los 600 millones para bonificar con 20 céntimos por litro el precio de los combustibles a todo hijo de vecino, sea pobre, rico o mediopensionista sin tener en cuenta ni renta ni patrimonio de cada cual. La picaresca no tardó en aparecer y en muchas gasolineras los precios subieron inmediatamente al menos los 5 céntimos de bonificación que deben aportar las compañías - los otros 15 salen del erario público - antes de que el descuento, anunciado con trompetería con varios días de antelación, entrara en vigor. De manera que, como muy bien refleja la viñeta periodística que reproduzco en este post, esos 20 céntimos se pagarán con dinero público y para más recochineo no habrá tal bonificación para nadie. Que las petroleras no hayan elevado la voz para protestar ilustra mejor que cualquier otra cosa quién se beneficiará realmente de la decisión del Gobierno de Juan Palomo.

"Pagaremos la bonificación con dinero público sin beneficiarnos de ella"

El Plan se completa con un trágala a los empresarios a los que se les prohíbe el despido objetivo y con un incremento del 15% para el Ingreso Mínimo Vital, un fracaso clamoroso como demuestra el hecho de que solo lo ha pedido una cuarta parte de sus potenciales beneficiarios. Falta por saber aún en qué medida la famosa “excepcionalidad ibérica” del mercado eléctrico con la que Palomo y su corte se vienen incensando desde hace una semana, servirá para bajar el precio de la luz y cuánto habrá que esperar para que eso ocurra.

En estas cuatro medidas se condensa un plan en el que no hay una sola mención a algún tipo de alivio fiscal, a una mayor eficiencia del gasto público o al recorte drástico de partidas superfluas ligadas a determinados peajes ideológicos y partidistas que Palomo paga gustoso para mantenerse en el poder. Partidas de ese tipo no deberían tener cabida nunca en unos presupuestos públicos, pero mucho menos cuando estamos casi a las puertas de una economía de guerra mientras un Gobierno hipertrofiado sigue tirando alegremente del gasto público al tiempo que vende populismo económico en planes tardíos e inadecuados para afrontar la realidad. Planes cargados de retórica grandilocuente como este, de los que ya está bien empedrado el infierno de la economía española.

Economía de guerra

Los europeos vamos a pagar un alto precio por la vesania de Putin. El resto del mundo también pagará su parte, pero la factura más onerosa será la del viejo continente por su elevada dependencia energética del país agresor. De hecho ya hemos empezado a pagar la cuenta cuando repostamos gasolina, encendemos la luz, ponemos la lavadora o vamos al supermercado. Tampoco les saldrá gratis a los rusos, a los que las sanciones occidentales también les están empezando a afectar de forma severa. Esto apenas ha comenzado y nadie sabe aún lo que puede durar. De lo que dure, de cómo se desarrollen los acontecimientos en los próximos días y semanas y de cómo termine la invasión dependerá el montante final que el mundo tendrá que abonar por la locura imperial de un dictador genocida llamado Vladímir Putin.

Ni vencedores ni vencidos

Alguien dijo que tras una guerra no cabe hablar de vencedores y vencidos porque, de un modo u otro, al final la mayoría pierde, unos  la vida o la salud y otros la hacienda. Esto es más cierto aún cuando lo aplicamos a las consecuencias económicas de una brutal agresión militar en el corazón de una economía globalizada como la actual. A corto plazo, los efectos en Europa de la guerra en Ucrania son más que previsibles: subida fulgurante de precios impulsados por el coste de la energía, racionamiento de determinados productos y volatilidad extrema de los mercados financieros.

Si la guerra se enquista y se convierte en un largo asedio de incierto final, como sugiere en estos momentos la situación en el campo de batalla, las consecuencias se traducirían en una disminución de la capacidad de compra de las familias, caída del consumo privado, morosidad, reducción de las exportaciones, mayores costes salariales, desempleo, incremento del gasto público en pensiones, problemas en la cadena de suministros y nuevo retroceso del turismo. Por solo citar las más evidentes. 

El fantasma de la estanflación

En resumen, todas las previsiones de crecimiento económico, especialmente las más optimistas, han caducado de un día para otro y se han impuesto la incertidumbre y el pesimismo. En el horizonte se empieza a perfilar incluso el temible fantasma de la estanflación si, como apuntan muchos analistas, el PIB se hunde pero los precios se mantienen por las nubes. Ese riesgo ha llevado al BCE a anunciar el fin de la compra de deuda a finales de año y a abrir la puerta a la subida de los tipos de interés. Es una mala noticia para España, a la que financiarse le saldrá mucho más caro e incrementará el peso de una deuda pública que ya es mastodóntica. De manera que las optimistas previsiones de crecimiento económico del Gobierno, que ya pecaban de alegres antes del estallido de la guerra, son hoy papel mojado.

"Todas las previsiones económicas han caducado de un día para otro"

El auténtico nudo gordiano que plantea la guerra en Ucrania para la economía es la elevada dependencia que tiene Europa Occidental del gas y del petróleo rusos. Casi dos terceras partes del gas y una tercera parte del petróleo que importa Alemania proceden de Rusia y en países como Chequia o Moldavia la dependencia es del 100%. Por fortuna, España está en una posición mucho más favorable ya que sus importaciones de gas ruso apenas llegan al 10% y bajando. No obstante, eso no nos libra del encarecimiento de la energía en los mercados internacionales, en donde muchos países compiten ya por incrementar sus reservas.

Un dilema histórico

La UE está ante un complicado dilema: si sigue los pasos de Estados Unidos y corta la importaciones de petróleo ruso es muy probable que Putin cierre el grifo del gas como teme Alemania, cuya economía, y con ella la de toda Europa, sufriría un golpe brutal. Piensen solo en lo que supondría para el turismo alemán y su importancia en destinos como Canarias. En cambio, si sigue importando gas y petróleo, el régimen de Putin se seguirá beneficiando de los altos precios y en cierto modo se mermará la eficacia de las sanciones económicas de las que la energía había quedado excluida a petición alemana. Por otro lado, superar la dependencia energética rusa y encontrar nuevos proveedores no se consigue de un día para otro y, mucho menos, sustituir ese tipo de energía por otra diferente. Sé que es llorar sobre la leche derramada, pero si la UE se hubiera molestado en diversificar sus proveedores y hubiera impulsado con más fuerza fuentes de energía alternativas al gas, tal vez hoy le podría hacer un soberano corte de mangas a Putin.

"Debemos asumir cuanto antes que estamos en guerra y toda guerra conlleva sacrificios"

¿Qué hacer? Esa es la gran cuestión que está incluso poniendo en peligro la unidad con la que Estados Unidos y la UE han actuado hasta el momento frente al ataque ruso a Ucrania. Soy de la opinión de que debemos asumir cuanto antes que estamos en guerra y que toda guerra conlleva sacrificios que, eso sí, deben ser equitativos y deberían empezar por un drástico recorte del gasto público superfluo. Si no se desea emplear la fuerza militar para hacer frente de manera directa a la agresión rusa porque podría desencadenar un enfrentamiento nuclear, no veo otra alternativa que intensificar y endurecer al máximo el bloqueo económico sobre Rusia, cortando las importaciones energéticas de ese país. En paralelo es cada vez más urgente intervenir temporalmente los precios de la energía para limitar el coste de la factura que deben pagar familias y empresas por este bien de primera necesidad. 

Sé que las duras consecuencias económicas de esas decisiones no serían fáciles de asumir por los ciudadanos de la Europa del bienestar y la comodidad, sobre todo cuando todavía estamos bajo los efectos económicos de la pandemia. Sin embargo, hay momentos en la historia en los que no queda otra opción que sacrificarse en aras de la libertad y la democracia con las que el tirano de Moscú quiere acabar. La resistencia del pueblo ucraniano y de su gobierno ante la agresión de Putin, debería servirnos de inspiración y acicate para afrontar la economía de guerra a la que mucho me temo estamos abocados más pronto que tarde. 

Ómicron y el miedo

El gran historiador romano Tito Livio escribió que "el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son". La RAE define el miedo como la angustia producida por la percepción de un riesgo o peligro, que puede ser real o no, y que puede percibirse de manera presente o de futuro. También dice un refrán español que "el miedo es libre", pero creo que en este caso se equivoca por completo el refranero: nada menos libre que el miedo y nada más paralizante. Viene este exordio a propósito de la ómicron, la nueva variante del COVID - 19,  la cual ha desatado una ola mundial de miedo que con los datos disponibles hasta la fecha no parece plenamente justificada. Por ejemplo, la doctora sudafricana que alertó de la variante ha declarado a la BBC que hasta ahora "los efectos sobre los pacientes son leves" y que no hay ningún hospitalizado. ¿Significa eso que debemos hacer caso omiso y seguir como si nada? En absoluto, lo que significa es que los responsables públicos y los medios de comunicación tienen la obligación de ser extremadamente cautelosos a la espera de disponer de todos los datos científicos, lo cual no está reñido con permanecer alertas y ser prudentes mientras el virus circule, algo que tal vez haga indefinidamente. Dejarse arrastrar por un miedo cerval sin causa justificada suficiente nos convierte en presas fáciles para la manipulación.  

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Que no cunda el pánico

No hace falta seguir ninguna teoría de la conspiración para recordar que en la Historia hay numerosos ejemplos en los que el poder ha utilizado el espantajo del miedo para fines diversos, casi nunca confesables. No digo que sea el caso pero, desde que la OMS bautizó a ómicron y la calificó de "variante de preocupación", estamos asistiendo a una gigantesca oleada de reacciones políticas y epidemiológicas que lejos de transmitir calma y serenidad a la población contribuyen a alarmarla. La propia OMS ha tenido un comportamiento inexplicable y errático al calificar primero la mutación de "preocupante" para al día siguiente señalar que se desconoce el nivel de transmisibilidad y admitir que "es pronto para determinar su virulencia".  No le va a la zaga a la hora de atizar los mensajes alarmistas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instando a los países europeos a "prepararse para lo peor" y asegurando que "estamos en una carrera contra el tiempo". Lo que según la señora von der Leyen es "lo peor" no lo sabemos porque no lo dijo, pero a fe que sus palabras nos han metido más miedo en el cuerpo.

De eso se encargan especialmente los medios de comunicación, embarcados de nuevo en una carrera para dirimir cuál publica el titular más amenazante. Sin embargo, los llamamientos científicos a la calma y a la prudencia a la espera de disponer de más datos se ignoran o se relegan a un segundo plano, seguramente porque no hay nada mejor para generar audiencias que anunciar el Armagedón en vivo y en directo. De este modo la caza del paciente con ómicron se ha activado y en los medios solo se ve y lee estos días un goteo incesante de casos contagiados con esa variante, pero apenas nada sobre los efectos sobre la salud de esos pacientes. Me atrevo a llamarlo alarmismo informativo y, sin duda, no es la mejor manera de transmitir serenidad a una población que lleva ya año y medio sometida a un bombardeo continuo de titulares intimidantes y ominosos sobre la pandemia. 

Un desafío global

Lo más que se puede decir en estos momentos sobre ómicron es que se trata aún de un enigma que no se resolverá hasta que no haya datos epidemiológicos mucho más fiables. Cierto que entre los científicos y las autoridades hay preocupación generalizada por la elevada capacidad de mutación de la variante, pero de ahí no se puede deducir aún si esto la hace más o menos peligrosa o si será capaz de burlar las vacunas. Por otro lado, aunque se ha detectada en Sudáfrica, seguramente ya se encontraba en circulación en otros lugares del mundo. De ahí que la decisión de suspender los vuelos con ese país y con otros de la zona que se está adoptando en todo el mundo incluida España, además de representar un estigma para Sudáfrica, parece poco eficaz y suena más bien a la necesidad de los políticos de hacer ver a una población atemorizada que se están haciendo cosas. 

Los científicos también advirtieron en su momento de que estamos ante una amenaza global y como tal debía afrontarse. Nadie les hizo caso y ahora tenemos que escuchar como, ayer mismo, los países más ricos del mundo reunidos con urgencia en el G7 ante la alarma del ómicron, instan a esos mismos países, es decir, se instan a sí mismos, a vacunar a los países más pobres. Cuando hace año y medio se dio la voz de alarma global el lema general fue el de sálvese quien pueda y los pobres que se las arreglaran solos. Pero los pobres, especialmente los africanos, no se las han podido arreglar solos y apenas han conseguido vacunar al 10% de la población con solo una dosis. En el norte el porcentaje con la pauta completa sube al 60% de media y en España llega al 90% de la población diana. 

Sin embargo, parece que es ahora cuando los países ricos caen en la cuenta de que este virus no se controla solo cerrando fronteras y suspendiendo vuelos, aunque eso también pueda ayudar en determinadas circunstancias. Como señalé en un reciente comentario, la vacuna es la clave del éxito en la lucha contra esta calamidad pública porque, digan lo que digan algunos irredentos antivacunas, protege contra los cuadros más graves de la enfermedad y ralentiza la circulación del virus. 

Lo que se sabe y lo que no 

Antes de tocar a rebato hemos de saber si ómicron es más peligrosa que otras variantes, algo que se sabrá a medida que aparezcan nuevos casos y se estudie su evolución. Habrá que tener en cuenta que la población africana y la europea, por ejemplo, son diferentes. En la primera hay una mayor prevalencia de enfermedades endémicas que podrían provocar un comportamiento diferente de la variante. De momento, los informes indican que los síntomas son leves y no hay daños neurológicos. La gran pregunta para la que de momento no hay respuesta es si la ómicron burlará la vacuna. Ningún científico se atreve aún a afirmarlo o a negarlo con rotundidad. En la hipótesis más pesimista harían falta algunos meses para desarrollar una nueva vacuna, mientras que en la más optimista contagiarse con ómicron podría quedar solo en síntomas leves. 

Ante tantas preguntas para las que por ahora no hay respuesta es fundamental no dejarse arrastrar por la ansiedad y mantener la calma y la prudencia. Las medidas que se adopten se deben basar en evidencias científicas y no en previsiones alarmistas generadas por hipótesis que el miedo, y por qué no decirlo, el cálculo político y económico podrían estar exagerando injustificadamente. Prevenir no es solo adelantarse a un posible riesgo, es también hacerlo de forma ponderada en función de la información científica disponible y procurando hacer el menos daño posible los derechos fundamentales en juego y a la actividad económica. Por terminar con otra cita, una gran científica, la francesa Marie Curie, escribió algo que cobra hoy toda su vigencia: "Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más, para temer menos". 

Vacuna obligatoria, de entrada no

Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la vacuna obligatoria contra la COVID-19. Resurge este debate a raíz del importante aumento de los contagios en varios países europeos, cuyos gobiernos están poniendo en marcha una nueva tanda de restricciones de movilidad, acompañada esta vez de la obligatoriedad de vacunarse para la población que ha rechazado la vacuna o de determinados grupos profesionales como sanitarios, profesores y otros empleados públicos. Estas medidas han provocado manifestaciones violentas en Viena, Bruselas o Róterdam, instrumentalizadas por fuerzas populistas de extrema derecha. Estas formaciones están demostrando una preocupante capacidad de llevar a su molino el agua del hartazgo, el descontento y la desconfianza de muchos ciudadanos ante las élites políticas y los llamados expertos, cuya gestión de la pandemia no ha sido precisamente sobresaliente. 

Una vacuna segura y eficaz

Aunque con mucha menos fuerza, el debate también ha llegado a España a pesar de que la situación epidemiológica en nuestro país es aún comparativamente mucho mejor. La clave es el elevado porcentaje de vacunados con la pauta completa: un 89% de la población diana en España frente a dos tercios aproximadamente de Alemania, Austria o el Reino Unido. La primera conclusión es que a mayor porcentaje de vacunados menos presión hospitalaria y, sobre todo, menos casos graves. El aumento de los contagios y el leve repunte de hospitalizados e ingresados en unidades de cuidados intensivos de los últimos días, no desmienten, sin embargo, la eficacia de la vacuna. 

Que seis de cada diez pacientes en cuidados intensivos no estuvieran vacunados prueba precisamente la importancia de la vacuna para luchar contra las peores consecuencias del virus: el patógeno circula con mucha más facilidad y es mucho más dañino entre los no inoculados, cuya capacidad de contagio es también mucho mayor y de consecuencias más graves que la de quienes se han vacunado. Con este simple dato bastaría para darse cuenta de que la vacuna no es el problema, sino la solución. Con todo, con el virus circulando y provocando contagios como lo está haciendo, será necesario reactivar ciertas medidas preventivas para evitar que la situación se vuelva a desbocar. 

El repunte de los contagios está poniendo nerviosas a unas comunidades autónomas que empiezan a pensar de nuevo en restricciones y certificados de vacunación para acceder a lugares públicos o viajar. A pesar de la falta de consenso entre los especialistas sobre la eficacia de algunas de esas medidas y sin legislación estatal en la que ampararse por el cálculo político del Gobierno central, las autonomías se aprestan de nuevo a vérselas con los jueces y con el recelo de una población agotada después de más de año y medio de restricciones. La evolución de los datos de la pandemia y la recuperación económica anunciada por el Gobierno pero que no termina de llegar, condicionarán las medidas que se adopten cara a una Navidad que ya se barrunta nuevamente llena de pegas. Esto es particularmente relevante en Canarias, en donde el aumento de casos en los países emisores de turistas puede dar al traste con la segunda temporada de invierno consecutiva, la más importante en el Archipiélago. 

Patronal y Podemos a favor de la obligatoriedad

En ese contexto se han escuchado las primeras voces a favor de la vacuna obligatoria. Además de la de algún epidemiólogo, también se han mostrado partidarios el presidente de la CEOE y Unidas Podemos, una coincidencia cuando menos llamativa. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como algunos creen. Echando la vista atrás, la historia de las vacunas está llena de dificultades, aunque con el paso del tiempo se han ido normalizando y aceptando por la inmensa mayoría de la población. Por solo citar un par de ejemplos, la primera vacuna contra la viruela involucró la linfa de la viruela de ganado. En el siglo XIX, para algunos sectores del ascendente movimiento vegetariano británico, esto era repugnante. El tejido porcino también ha llevado a algunos musulmanes a preguntarse por el uso de gelatina derivada del cerdo como estabilizador de la vacuna, lo que dificultó la vacunación contra el sarampión en Indonesia hasta una fecha tan reciente como 2018. 

Pero más allá del rechazo a la vacuna por motivos religiosos, sociales, políticos o filosóficos, o simplemente por estulticia incurable, hay una serie de requisitos cruciales que se deben tomar en consideración. Desde el punto de vista legal, solo bajo un estado de excepción sería posible imponer en estos momentos en España la vacuna obligatoria. El pasotismo del Gobierno y del Parlamento para cumplir sus obligaciones legislativas ante la pandemia es la causa de que a fecha de hoy no exista una norma concreta y específica que ampare, llegado el caso, una decisión como esa. Solo una sentencia judicial podría obligar a un ciudadano a vacunarse, aunque aquí no estamos hablando de unos pocos ciudadanos renuentes, sino del 11% de la población diana que ha rechazado la vacuna. 

Ni la ONU ni la OMS recomiendan la obligatoriedad

Además de los legales, deberían cumplirse otros supuestos que avalen y justifiquen la obligatoriedad. Organismos como la ONU recomiendan que solo se llegue a ese extremo si no hay alternativa para lograr el objetivo, en este caso poner el virus bajo control para reducir al máximo los casos hospitalarios y graves; también debe responder a una necesidad social urgente, ser proporcional a los intereses en juego, lo menos intrusiva posible y no discriminatoria. Dicho de forma resumida, para la ONU lo conveniente es que la vacuna sea voluntaria y no coercitiva con el fin de evitar la división social y no generar un problema añadido al que se pretende combatir. Tampoco la OMS ve con simpatía la vacuna obligatoria y de hecho no prevé recomendarla.

A efectos de extender la vacunación entre los reacios, tal vez sería mucho más eficaz mejorar sustancialmente la transparencia de la información pública para hacer frente a los bulos y combinar la pedagogía con algún tipo de incentivo que anime a vacunarse. Apostar por la obligatoriedad o aplicar medidas punitivas conduciría a un terreno resbaladizo que afectaría a derechos y libertades fundamentales, por mucho que a la inmensa mayoría nos resulte absolutamente incomprensible y merecedor del más severo reproche social que haya gente dispuesta a contagiar y a contagiarse y a sufrir las graves consecuencias, debido a vaya usted a saber qué extraña idea o teoría negacionista. Pero salvo que se dieran los requisitos de los que habla la ONU, una decisión así habría que enmarcarla más en las prácticas de los regímenes autoritarios que en las de la democracia. 

Aplicadas todas estas matizaciones, consideraciones y requisitos al caso español, creo que la conclusión solo puede ser una: vacunación obligatoria, de entrada no. No solo porque no se cuenta con el marco legal adecuado, sino porque el alto porcentaje de vacunados que ya hay en nuestro país y los datos epidemiológicos actuales no la justificarían y tendría en cambio importantes contraindicaciones sociales y políticas. 

Las cuentas y los cuentos de las pensiones

Dije hace poco en el blog que para saber qué será de las pensiones hay que prestar atención a los globos sonda del ministro Escrivá. Este hombre se ha ganado una merecida fama por decir lo contrario de lo que hace y hacer lo contrario de lo que dice. En 2019, siendo presidente de la AIReF, dijo que las cotizaciones sociales en España están seis puntos por encima de la media de la OCDE, por lo que no era necesario subirlas para mantener las pensiones. Dos años después, el ahora ministro ha acordado con los sindicatos y sin los empresarios subirlas el 0,6%, porcentaje del que la empresa pagará el 0,5%. En diciembre de 2020 sugirió ampliar el periodo para calcular la pensión y en los papeles enviados a Bruselas con las reformas exigidas a cambio de los fondos para la crisis, esa propuesta está negro sobre blanco. Sin embargo, contra toda lógica, Escrivá niega hasta en arameo que la medida suponga un recorte de la pensión. A continuación ha jurado también que el caballo blanco de Santiago no es blanco, sino alazán. 

S. Burgos

Recortando que es gerundio

Vaya por delante que solo soy experto en intentar entender la realidad que me rodea. En mi supina ignorancia siempre había pensado que lo de las pensiones consistía solo en que entre un poco más de dinero del que sale para que el sistema no quiebre. También creía que para eso era imprescindible, entre otras cosas, que haya trabajo estable y de calidad, especialmente para los jóvenes. Pero al parecer los cambios demográficos y otros factores han hecho que eso ya no sea así, por lo que nadie piensa hoy en esas viejas fórmulas; tampoco se acuerda nadie de los 180.000 millones de la economía sumergida que no cotizan, de la ausencia de políticas demográficas, de la ineficiencia del gasto público o del colesterol malo del gobierno y su legión de asesores multiplicada por diecisiete autonomías. Ahora, si se gasta en pensiones más de lo que se ingresa la única solución que ven los políticos es meter la tijera y decir que están trabajando para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Lo que veo sin ser experto es que las pensiones van camino de convertirse en un futuro tal vez no muy lejano, en una rara avis sobre la que los abuelos contarán historias para dormir a sus nietos. Tres bazas tiene el Gobierno para lograr lo que pomposamente llama la "sostenibilidad" del sistema, que hablando en plata significa cobrar menos pensión durante menos años. Pagar más cotizaciones no da derecho a cobrar una pensión mayor y, en cambio, puede perjudicar el empleo y los salarios. Además, las cifras de Escrivá parecen tan infladas como las previsiones económicas del Gobierno: conseguir 50.000 millones de euros para la hucha de las pensiones en los diez años en los que estará en vigor la subida, se antoja como un brindis al sol que obligará a subir de nuevo las cotizaciones más pronto que tarde. El Gobierno llama a esto Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que suena muy bonito pero que de ambas cosas parece tener lo que yo de monje tibetano: en realidad solo blinda las pensiones del baby boom a costa de elevar las aportaciones de las generaciones más jóvenes, las que más dificultades de empleo tienen en un país que es líder europeo en paro juvenil. 

¡Más recortes, es la guerra!

La segunda baza es elevar el periodo de la vida laboral que se toma para calcular la cuantía de la pensión. Podemos y los sindicatos se oponen por ahora pero, como ya dije, la medida está en los papeles sobre las reformas enviados a Bruselas. Si bien la subida de las cotizaciones no conllevará un aumento de la pensión, la ampliación del periodo de cálculo hasta los 35 años sí supondría un recorte de la cuantía inicial por mucho que Escrivá quiera hacer creer lo contrario. Aunque de momento solo es una propuesta, algunos informes académicos calculan el tijeretazo en cerca del 9%, aproximadamente unos 1.500 euros anuales menos para una pensión mensual de unos 1.000 euros. Como ahorro para el sistema no estaría nada mal, pero para los futuros pensionistas, que lo tendrán bastante más crudo para encadenar muchos años seguidos de empleo, sería un sablazo en toda regla que afectaría especialmente a las mujeres. 

"La sostenibilidad requiere también que la edad de jubilación se aproxime cada vez más a la de deceso"

La tercera baza es hacer que entre la edad legal de jubilación y la de deceso transcurra el menor tiempo posible. Es una fórmula infalible de ahorro que todo el mundo entiende, incluso quienes solo somos expertos en tirar para adelante hasta que el cuerpo aguante. A la noble tarea de retrasar paulatinamente la jubilación hasta los 67 años se dedicó con esmero Rodríguez Zapatero y la continuó con entusiasmo Mariano Rajoy, quien antes la había rechazado. Y en esas estamos, retrasando año tras año un poquito más la hora de guardar las herramientas y descansar. Al ministro le preguntaron si entre sus cálculos está darle una vuelta de tuerca a este asunto por si Zapatero y Rajoy se quedaron cortos. La pregunta traía causa de unas manifestaciones del propio Escrivá en las que soltó otro de sus globos sonda: la posibilidad de llevar la edad de jubilación a los 75 años. Ahora se santigua y hace cruces negándolo y garantizando a los jóvenes que se incorporen al trabajo - afortunados ellos - que se jubilarán con 67 años. Que cada cual crea lo que quiera, pero no olvidemos que también dijo que no había que subir las cotizaciones y las acaba de subir. 

El Gobierno tiene un pacto con Bruselas: recortar las pensiones

Si me han seguido hasta aquí coincidirán conmigo en que lo de las pensiones tiene muy mala pinta ya que las únicas soluciones que se proponen pasan todas por recortar de un modo u otro. Dicen los verdaderos expertos que existe un déficit de 30.000 millones de euros y, de hecho, en los Presupuestos de 2022 figura una transferencia de 28.000 millones de euros a la Seguridad Social. Por eso la subida de las cotizaciones es casi como matar moscas a cañonazos: supone un impuesto más sobre el empleo y los salarios y no resuelve el problema de fondo. Además, el Gobierno se ha quedado sin el apoyo de los empresarios, del que tanto ha presumido en estos dos años y a los que ahora pretende engatusar para la contrarreforma laboralHay que recordar también que la revalorización de las pensiones se ha vuelto a ligar al IPC, lo que supone un importante factor de tensión añadido en tanto se trata de subidas que se van consolidando año tras año. 

Está meridianamente claro que, en contra de lo que afirma, el Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a recortar las pensiones para que el maná de los fondos europeos no se retrase o mengue y le sirva a Sánchez para sacar pecho antes de las elecciones. Es iluso esperar que los partidos políticos, tanto los que están en el Gobierno como los que aspiran a estarlo, piensen en otras medidas para garantizar el futuro de las pensiones que no pasen por castigar a los de siempreEso sí, el Gobierno no escatimará esfuerzos propagandísticos para convencer a los damnificados de que si la pensión encoge es solo por su bien, no se la vayan a gastar en vino. En mi ingenuidad me pregunto también cuándo serán capaces los partidos políticos de ponerse de acuerdo sobre el futuro de las pensiones con un pacto que sobreviva a las siguientes elecciones y cuándo dejarán de hacer en el gobierno lo mismo que rechazaron en la oposición. Sospecho que no será antes de que las ranas críen pelo o de que ustedes y yo lo veamos.