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Videojuegos y consenso

El Gobierno de Canarias no ha tenido más remedio que plegar velas y guardar en un cajón la consola de los videojuegos que pretendía introducir en la escuela pública por la vía de las actividades extraescolares y a través de una liga de colegios. Me alegré sinceramente cuando conocí la noticia y así lo expresé públicamente en las redes sociales. Analizando más de cerca las circunstancias que han llevado al Gobierno a replantearse el proyecto, llegué a la conclusión de que tal vez la satisfacción no estaba plenamente justificada. Supuse, tal vez de forma un tanto precipitada, que el cambio de opinión estaba directamente relacionado con el cerrado rechazo cosechado por el Gobierno entre padres, profesores, profesionales de distintos campos y, sobre todo, de la práctica totalidad de las fuerzas políticas; de hecho, el único apoyo político con el que contaba el Gobierno era el de la Agrupación Socialista Gomera y la propia CC. 

Abrir este asunto al debate social y político - como anuncia ahora la Consejería de Educación - me parecía y me sigue pareciendo la forma correcta de afrontar una realidad insoslayable de la sociedad actual. Ahora bien, lo que me pregunté entonces y me sigo preguntando ahora es la razón por la que la Consejería no buscó ese consenso desde el primer instante en lugar de ofrecerlo cuando ya no queda más remedio que transigir ante el rechazo generalizado. Me gustaría que alguien de la Consejería explicara a los ciudadanos y a la comunidad educativa qué impidió convocar a los sectores concernidos para debatir y acordar sobre esta cuestión. Todo ello, sin menoscabo de la autoridad del Gobierno para tomar sus decisiones que, no obstante y tratándose de un Ejecutivo en clara minoría parlamentaria, debería hacer un mayor esfuerzo si cabe para que sus decisiones reciban el mayor respaldo posible. 

Foto: eldiario.es
Por desgracia me temo que este inesperado ataque de consenso que ha experimentado la administración educativa es menos sincero de lo que me pareció a primera vista. Dicho en otras palabras, el repentino cambio de posición - hasta el mismo día anterior la consejera Monzón había defendido que el Gobierno seguiría adelante con la idea - se debió sobre todo al temor a un cambio de la ley de Educación encaminado a prohibir los videojuegos en las aulas. La medida, anunciada por el PP en el Parlamento, habría conseguido una amplia mayoría y habría dejado al Gobierno sin capacidad de maniobra para continuar adelante con la contestada iniciativa. Se puede decir por tanto que el Gobierno ha hecho de la necesidad virtud negociadora cuando pudo haber actuado mucho menos pagado de sí mismo y haber sometido al debate público sus planes sobre los videojuegos. 

Tal vez así podría haberse reducido ese "déficit de información" que Educación le atribuye de forma insistente a quienes recelan de los videojuegos, en buena medida con razonamientos fundados en evidencias científicas que la Consejería parece desdeñar alegremente, escudándose en una jerga poco comprensible sobre el acompañamiento de las familias a los chavales que practican videojuegos. Espero que el Gobierno haya aprendido la lección y aunque sea a la fuerza se avenga ahora al consenso, más impuesto que buscado, con espíritu abierto. En un asunto en el que entra en juego la educación de las futuras generaciones no se puede actuar de manera unilateral, en virtud de preferencias personales ni al calor de intereses particulares, por muy legítimos que sean. Ojalá que la oferta de consenso sobre los videojuegos sea para bien y que fructifique en un acuerdo amplio que determine, en su caso, el alcance y el papel de su presencia en la escuela. 

El funambulismo de Sánchez

La vocación política de Pedro Sánchez parece ser la de vivir de forma permanente en el alambre, rectificar sus propias palabras o las de sus ministros y lanzar anuncios a los cuatro vientos para desdecirse de ellos o modificarlos a las primeras de cambio. Se trata de una suerte de funambulismo político que tiene a los ciudadanos a medio camino entre el desconcierto y el hastío. El último de esos anuncios ha sido el de la modificación exprés de la Constitución para eliminar la figura de los aforados. No digo que no sea necesario hacerlo, si bien la propuesta de Sánchez es tan limitada que apenas afectaría a una mínima parte de los 250.000 aforados que hay en España y siempre y cuando el caso no esté relacionado con su actividad política sino con su vida privada. Lo que cuestiono son las formas: estamos hablando de modificar la Carta Magna, no una ley cualquiera, y esa es una tarea que antes de acometerla conviene sopesarla y discutirla sin urgencias electoralistas o de otro tipo de por medio. Que se sepa, Sánchez no ha consultado a ningún especialista y ni siquiera se la ha presentado al resto de los grupos políticos, que en definitiva serían los encargados de aprobarla. Ahora bien, no nos engañemos: el anuncio de Sánchez, hecho en un acto de autoalabanza de sus cien primeros días en el Gobierno, busca en realidad desviar el foco mediático y político, centrado en los últimos días en su tesis doctoral y en la manifiestamente mejorable gestión de las bombas para Arabia Saudí. 

Sinceramente, dudo mucho que el presidente lo consiga por más que su tesis no parece ser plagiada, que Sánchez afirme que la escribió él, que no recibió trato de favor y que se haya publicado urbi et orbi. Aún así me cuesta creer que Sánchez sea tan ingenuo como para pensar que los medios y los partidos de derechas de este país van a soltar la presa para echarse a correr detrás de la liebre de los aforamientos. Más bien sospecho que el presidente debe estar pasando por los peores momentos de su corta estancia en La Moncloa y ha recurrido a la reforma constitucional con la débil esperanza de recuperar la iniciativa política. Por lo demás, y aunque todo parece indicar que su tesis está limpia de polvo y paja, haría bien el presidente en comparecer en el Congreso como le han pedido PP y Ciudadanos, incluso a sabiendas de que no creerán sus explicaciones sobre ese asunto. Negarse a hacerlo aduciendo que llevar esta cuestión a la cámara es "enturbiar la calidad de la democracia" es una pobre excusa: por desgracia, la calidad democrática de este país ya deja mucho que desear y su comparecencia no empeoraría las cosas, antes al contrario, ayudaría a mejorarlas. 

Foto: InfoLibre
La transparencia y la rendición de cuentas en sede parlamentaria es uno de los peajes que los representantes políticos están obligados a abonar en un régimen democrático, en el que si un presidente del gobierno obtuvo sus títulos académicos de acuerdo a las normas legales y éticas no puede ser considerado un asunto de ámbito estrictamente personal. Aunque bien mirado, apenas si necesita Sánchez de la oposición para acelerar su desgaste al frente del Gobierno. Si no es la tesis es el máster de Montón o el cambio de postura en relación con la revalorización de las pensiones o la subida del diesel o cualquier otro asunto. Lo último ha sido la completa y absoluta desautorización de la ministra de Defensa a propósito de la venta de cuatrocientas bombas a Arabia Saudí. Margarita Robles, que inexplicablemente aún no ha dimitido, ha visto como su compañero de gabinete, Josep Borrell, le enmendaba la plana y el presidente la dejaba a los pies de los caballos. 

Se le abren a uno las carnes escuchando al ministro de Exteriores o a la portavoz Celáa alabando la precisión de esas bombas porque "no causan daños colaterales"; más se le abren aún oyendo al propio presidente de un gobierno socialista anteponer las relaciones comerciales con una satrapía como Arabia Saudí y los puestos de trabajo en Cádiz a las vidas de miles de inocentes civiles en Yémen. Un Gobierno de estas características - descoordinado e incoherente - solo hace felices a los partidos de la oposición, se cava su propia fosa política y sume a los ciudadanos en la confusión y en la desconfianza. Las peripecias de Sánchez sobre el alambre de la política resultan cada día más arriesgadas para sus expectativas electorales y, lo que es peor, para un país que merece un Gobierno que baje de una vez a tierra firme y deje de columpìarse un día sí y al otro también. 

Montón, una de las nuestras

Tal vez se pueda, no digo que no, pero tengo serias dudas de que el escándalo del máster de Montón se pudiera gestionar peor de lo que lo han hecho sus actores principales, el Gobierno y el PSOE. Comprendo e incluso admiro a quienes sacan pecho a toro pasado y presumen de que en el PSOE sí se depuran responsabilidades políticas, mientras señalan con el dedo de acusar a los partidos que no lo hacen. Quienes defienden este bucólico relato de los hechos olvidan interesadamente lo que ocurrió el lunes y el martes, desde el momento en el que eldiario.es publicó la información que ha acabado con la carrera ministerial de Montón. Es cierto que la ex ministra compareció poco después pero sus explicaciones fueron tan incompletas e insatisfactorias que fue inevitable pensar en su final en el Ministerio de Sanidad. Esa hipótesis, que poco a poco se fue convirtiendo casi en certeza, la abonaron a conciencia el PSOE y Moncloa: ni desde Ferraz ni desde el Gobierno salió nadie el lunes a defender a Montón. Ella insistía el martes a primera en una entrevista radiofónica en su inocencia y en su determinación de continuar en el cargo. 

Casi al mismo tiempo se conoció un nuevo dato sobre su máster: algunas de las notas habían sido manipuladas después de haberse cerrado las actas, algo incluso claramente más grave que matricularse fuera de plazo o no ir a clase en un máster de tipo presencial. Fue entonce y parece que a instancias de Pedro Sánchez, cuando se produjo el primer signo externo de apoyo a Montón. El número dos del PSOE, José Luis Ábalos, y la portavoz, Adriana Lastra, salieron a la palestra en defensa de la ministra, mientras en el seno del partido aumentaba el clamor para que se la dejara caer. Haciendo caso omiso a esa demanda, Sánchez completó la faena con una defensa de la labor de Montón en Sanidad, evitando en todo momento referirse a las irregularidades del máster. De repente y en menos de un minuto, Sánchez indultó políticamente al líder del PP, Pablo Casado, enredado también en un máster más que dudoso y sobre el que pesa la posibilidad de ser investigado por el Supremo en relación con este asunto. 

Foto: Las Provincias












Apenas después llegó la traca final cuando se supo que Carmen Montón también plagió buena parte de su trabajo de fin de máster, ese que los periodistas le pedían que les dejara ver y ella se negaba en redondo. Acabó aquí su resistencia - bien es verdad que ha demostrado tener mucha menos que Cristina Cifuentes - y presentó su dimisión. Eso sí, no hubo en esa comparecencia sin preguntas ni una palabra para reconocer que se benefició indebidamente de un trato de favor por parte de la Universidad Rey Juan Carlos; lo que no faltaron en cambio fueron muchos ditirambos para Pedro Sánchez por el apoyo recibido. 

Puestos a repartir responsabilidades políticas es difícil decidir por dónde comenzar y quién se lleva la peor parte. Montón debió haber dimitido el mismo lunes por la mañana si no iba a ser capaz de contrarrestar de manera convincente la información sobre su máster. Al aferrarse al cargo obligó al partido y al presidente a salir en su defensa para luego dejarlos, literalmente, con el culo al aire. Sánchez ha quedado retratado de nuevo como un presidente falto de la determinación necesaria para tomar decisiones difíciles en situaciones como esta. En eso no se ha diferenciado en absoluto de lo que ante este tipo de escenarios hacia Rajoy: callar mientras podía y cuando no le quedaba más remedio que hablar, defender a su gente contra viento y marea y hasta contra las evidencias. 

Aún peor resulta el hecho de que el presidente ha demostrado con claridad que estaba dispuesto a salvar de la quema a Montón, aunque eso convirtiera en filfa su discurso regenerador y liberara de paso de responsabilidades políticas a Casado. Ahora, quienes sostienen que Montón y Sánchez han actuado de manera ejemplar, piden la dimisión del presidente del PP. Tal vez debería dimitir, pero olvidan quienes lo piden con tanta convicción que durante dos días con sus cuarenta y ocho horas, Pedro Sánchez y el PSOE han dado muestras de que confiar en que serán fieles a sus promesas de la oposición dependerá en última instancia de que haya o no de por medio alguien de los nuestros. 

Canarias tiene razón

Después de años apretándose el cinturón, seguramente mucho más de lo que era incluso saludable, debería tocar recoger los frutos del sacrificio. Una comunidad históricamente mal financiada como Canarias - entrar ahora en las causas nos llevaría demasiado tiempo -, tiene derecho a que se le reconozca el esfuerzo en el cumplimiento del objetivo de déficit y la estabilidad presupuestaria. Porque aún padeciendo una deficiente financiación de sus servicios públicos recortó el gasto,  hasta el punto de que aún tendrá que pasar mucho tiempo para volver a la situación previa a la crisis, que ya era manifiestamente mejorable. Fruto de un sacrificio injusto para unas islas con múltiples carencias, la comunidad autónoma presume de tener equilibradas sus cuentas, que incluso presentan superávit, y su deuda bajo control. Otras, en cambio, continuaron gastando a espuertas como si no hubiera un mañana y endeudándose hasta las cejas y más arriba.

El incumplimiento de las normas que se suponía obligatorias para todos, no les acarreará en cambio ninguna de las consecuencias previstas. Antes al contrario, serán premiadas con un nuevo alivio del objetivo de déficit en 2019 que les va a permitir gastar del orden de unos 2.500 millones de euros más de los previstos inicialmente. Ese alivio apenas le sirve en cambio a las comunidades que, como Canarias, hicieron los deberes hace tiempo y que lo que necesitan es poder destinar lo que han ahorrado a mejorar los servicios públicos. Es aquí en donde entra la controvertida regla de gasto, por la que se establece el tope que pueden destinar las comunidades autónomas a fines como financiar las competencias transferidas por la administración central, entre otras la sanidad y la educación. No es necesario ser un experto para comprender que si la regla en cuestión se aplica por igual a todas las autonomías, hayan o no cumplido sus obligaciones con la estabilidad presupuestaria, las perjudicadas serán las cumplidoras y las beneficiadas las incumplidoras.

Es, expresado en otros términos, un evidente agravio comparativo que no hace sino ahondar la brecha y el recelo entre comunidades. Se podría debatir largo y tendido sobre si Canarias debió haber sido menos estricta en el cumplimiento de sus deberes con el déficit ante la evidencia de que, no por eso, el Gobierno central iba a ser más condescendiente con las necesidades de una de las comunidades peor financiadas. Siempre he creído que el Gobierno canario erró cuando decidió convertirse  en el primo de Zumosol del déficit a costa de deteriorar hasta niveles alarmantes los servicios públicos. Una política menos seguidista de la obsesión por el déficit que presidió la gestión del PP, seguramente habría permitido que la sanidad, la educación y los servicios sociales sufrieran mucho menos y que las islas no se vieran hoy implorando de Madrid que le permita gastarse el dinero ahorrado. Una petición que, dicho sea de paso, el Gobierno de Canarias debió haber planteado también al de Rajoy con la misma contundencia con la que ahora se la plantea al de Pedro Sánchez.

Aún así y partiendo de que no sirve de nada llorar sobre la leche derramada, es de justicia que el Gobierno de Sánchez busque la manera legal de diferenciar el cumplimiento de la regla de gasto, para que el dinero que hemos ahorrado todos los canarios en años de esfuerzos que otros no hicieron, revierta en la mejora de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Ese trato diferenciado se antoja más justo si cabe, si tenemos en cuenta que el propio Sánchez ha descartado de plano afrontar en lo que queda de legislatura la ya tantas veces aplazada modificación de la financiación autonómica. Es probable que en el PSOE hacer distinciones con comunidades autónomas por muy cumplidoras del déficit que hayan sido, no debe entusiasmar demasiado ante la previsible reacción del resto de autonomías. Aunque bien mirado, aplicando la misma receta a todas sí hace distinciones de facto al beneficiar a las últimas de la clase en detrimento de las primeras.

Creo que Canarias pone en la balanza razones objetivas de mucho peso que no puede exhibir la mayoría del resto para plantear la misma petición. Toda vez que no habrá nueva financiación autonómica a corto plazo y que quienes han eludido los sacrificios que hizo Canarias se verán premiadas con un déficit más llevadero, nada de trato de favor tendría que se autorizara a esta comunidad a emplear sus propios recursos en atender sus maltrechos servicios públicos.  

A financiación ida, palos a Sánchez

Comprendo que a un buen puñado de líderes autonómicos no les haya hecho gracia que Pedro Sánchez renuncie a meterse en el avispero de reformar la financiación autonómica antes de que acabe esta legislatura. Hace años que se viene esperando por la modificación de un modelo que la mayoría considera injusto y desequilibrado y, escuchar que la situación no cambiará al menos antes de dos años, no puede ser una buena noticia. Incluso entre las autonomías del PSOE como Andalucía, la posición de Sánchez se ha recibido con una mueca a medio camino entre el enfado y la decepción. Téngase en cuenta que no son precisamente virutas ni calderilla lo que está en juego, sino el dinero para pagar la sanidad, la educación o la dependencia. Canarias, con unos servicios públicos históricamente muy mal financiados por parte del Estado, ha sido de las primeras en afearle a Sánchez que ni siquiera lo intente.

El Gobierno autonómico le recuerda al presidente lo avanzadas que estaban las negociaciones con el Gobierno anterior y los informes técnicos ya elaborados sobre este asunto. Aún así, y a pesar de que el retraso es perjudicial para las islas, también es cierto que las negociaciones con el Ejecutivo saliente han concluido en un logro histórico: separar esa financiación del REF, el régimen que compensa la lejanía y la insularidad canarias. No es la panacea pero supone un importante alivio para hacer frente a los gastos de los servicios esenciales. El presidente se compromete, además, a negociar comunidad por comunidad la mejora de su situación y es aquí en donde ha vuelto a saltar la alarma: la posibilidad de dar trato de favor a las comunidades que en época de cinturones apretados para todas siguieron gastando como si no hubiera un mañana. Ahí sí tiene razón el Gobierno canario, el más cumplidor de la clase, en advertir a Sánchez de que no premie a los incumplidores y castigue a los que cumplieron.

Foto: El Confidencial
Dicho eso, la distribución de los recursos públicos entre las autonomías para hacer frente a los servicios básicos transferidos por el Estado es una de las viejas asignaturas que este país no termina de aprobar por más que lo intente una y otra vez. Ninguno de los modelos ensayados hasta ahora ha funcionado y, por lo general, ha provocado más rechazos que apoyos. Allá por principios de 2012, siendo entonces Soraya Sáenz de Santamaría vicepresidenta del Gobierno, se anunció la reforma del modelo de financiación antes de que acabara aquel año. Cuenten los años que han pasado y verán que estamos casi en el mismo punto de partida: salvo una reunión de presidentes autonómicos en donde Rajoy reiteró el compromiso de cambiar la financiación y se encargó un informe a un grupo de expertos elegidos por las autonomías, poco más se ha hecho. Luego se desató Cataluña, el PP perdió la mayoría absoluta y todo quedó pendiente para tiempos más favorables. Sin embargo, ha sido llegar Sánchez a La Moncloa y ya le exigen las autonomías que cumpla en menos de dos años lo que Rajoy, con mayoría absoluta, no cumplió en seis años y medio porque no quiso, no supo o no pudo.

Es más, dudo mucho de que Rajoy hubiera abierto este melón de haber seguido de presidente y dudo aún más de que algunas comunidades como Canarias se lo hubieran reprochado como se lo reprochan a Sánchez. Con la situación política en Cataluña lejos de estar normalizada, con los precarios apoyos del presidente y con apenas dos años antes de las nuevas elecciones si en efecto es capaz de llegar a 2020, no parece razonable exigirle a Sánchez que abra un asunto de esa complejidad. Puede que haya quienes deseen que el presidente se haga el harakiri metiéndose en un debate con muchas probabilidades de acabar como el rosario de la aurora o, en el mejor de los casos, con un mal acuerdo que volvería a dejar a todo el mundo descontento. Poco se avanzará en resolver este asunto si no se piensa en un modelo de financiación capaz de durar dos o tres décadas sin generar tantas quejas y agravios como el actual. Lo llamativo es que algunos barones socialistas se unan a las críticas al presidente en un ejercicio de aparente ignorancia de las actuales circunstancias políticas. Razón tenía aquel que dijo que hay rivales políticos y después están los compañeros de partido.

Los niños con los niños y las niñas con las niñas

Imagino que el ex ministro de Educación, José Ignacio Wert, estará a esta hora en su dorado retiro parisino celebrando con champán el fallo del Tribunal Constitucional que valida que los colegios privados de filiación católica reciban dinero público aunque segreguen a sus alumnos por sexo. El fallo, que tumba en su integridad un recurso presentado por el PSOE en 2014, es un espaldarazo en toda regla a su LOMCE. La decisión no solo considera ajustado a la Carta Magna que el dinero de todos financie la educación segregadora por sexos: ademas, respalda la segregación de los alumnos por itinerarios académicos y que la asignatura de Religión sea una alternativa obligatoria. Si contento está Wert no lo está menos su sucesor. Íñigo Méndez de Vigo dice que el Constitucional garantiza con su fallo la "libertad educativa" y a la Iglesia Católica sólo le ha faltado lanzar voladores. Por algo será que un alto tribunal dominado por magistrados conservadores, un Gobierno no menos conservador y una Iglesia de resabios tridentinos están todos tan contentos hoy. 

Quienes consideramos que la escuela no es solo un espacio para el aprendizaje de conocimientos sino de socialización y de formación en valores como el del respeto a la igualdad de género, creemos en cambio que es una muy mala noticia para la educación de este país. Para empezar, porque no hay estudios que avalen con claridad y de forma concluyente que una educación segregada - horrorosa palabra de siniestras resonancias - consiga mejores resultados académicos que la de carácter mixto. Si de algo vale mi propia experiencia que es la inmensamente mayoritaria, diré que siempre estudie en aulas mixtas y no creo que hubiera recibido una mejor formación ni que me hubiera aprovechado más de haberlo hecho solo con chicos. 


En segundo lugar, aunque no menos importante, porque una escuela segregada no refleja la realidad social en la que hombres y mujeres deben convivir y relacionarse en pie de igualdad. No se me ocurre mejor manera de aprender a hacerlo que desde la escuela. Este fallo, ante el que han expresado su desacuerdo cuatro de los doce miembros del TC, es un triunfo por goleada de las tesis del Gobierno y de su contestada LOMCE. Llega, además, justo cuando han saltado por los aires las conversaciones entre las fuerzas políticas para el Pacto de Estado por la Educación, prometido por Rajoy en su discurso de investidura. Con el PSOE, Podemos, los sindicatos y las AMPAS de los centros públicos fuera de la mesa de diálogo por la intransigencia del PP a la hora de destinar más recursos a la educación, la posibilidad de ese pacto parece ahora mismo cuando menos remota mientras la contrarreforma se afianza. Probablemente era esto lo que buscaba el PP, ganar tiempo mareando la perdiz con el pacto a la espera de que el TC validara la LOMCE. Si fue esa la intención hay que admitir que la estrategia le ha quedado bordada. 

En descargo de los magistrados que han votado en contra del recurso del PSOE cabe decir que el artículo 27 de la CE que garantiza la libertad de enseñanza es el ejemplo perfecto de la ambigüedad en tanto abre la puerta a una cosa y a la contraria: a considerar constitucional la subvención pública de centros segregadores como todo lo contrario. Cierto es que ninguna familia tiene obligación de matricular a sus hijos en uno de estos colegios pero, en mi modesta opinión, destinar dinero de todos a subvencionarlos me parece casi una aberración que va en sentido contrario a las realidades sociales del siglo XXI. Quien quiera para sus hijos educación segregada y mediatizada por una confesión religiosa está en su derecho, pero se la debe pagar de su bolsillo, eso es lo que creo. Uno, en su ingenuidad, pensaba que el tiempo de los niños con los niños y las niñas con las niñas estaba felizmente superado y olvidado salvo, por lo que se ve, para la mayoría del Constitucional, para el Gobierno del PP y para la Iglesia Católica. 

Abstinencia y fidelidad

Aunque lo pudiera parecer, el título de este post no es el de un libro de moral católica tridentina, sino parte de los contenidos del manual de Biología y Geología que estudian en varias comunidades autónomas los chicos de 3º de la ESO. Es, por tanto, lo que con propiedad puede considerarse confundir el culo con las témporas, la velocidad con el tocino o las ciencias con las creencias, a elegir. El libro de marras está editado por una editorial católica catalana y, al parecer, se ha colado en las aulas de rondón para regar con su ciencia infusa sobre la sexualidad humana las maleables mentes juveniles a las que va dirigido. De momento, aunque los inspectores educativos lo están sometiendo a un expurgo en toda regla, no han encontrado referencia alguna al onanismo o a la marcha atrás como  métodos apropiados para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Eso sí, muy en tercer lugar aparece el uso del preservativo, sin duda mucho menos eficaz para esa prevención que aguantarse los picores o hacerlo única y exclusivamente con el parejo o la pareja de toda la vida. 


Después de esta sabia lección de biología católica, el libro en el que algunos de nuestros muchachos se preparan para ser ciudadanos de provecho y encontrar un trabajo el día de mañana, hace una apasionante incursión en otros asuntos no menos proclives al análisis biológico desde un punto de vista estrictamente científico. Es el caso del aborto que, según el manual, va de mal en peor en España. Tal es así que nuestro país es el único en Europa en el que el número de interrupciones del embarazo no ha dejado de crecer exponencialmente en los últimos años. Que las cifras que da superen en 18.000 abortos a las que maneja el Ministerio de Sanidad no debe hacernos creer que los autores han inflado los datos, sino que en Sanidad son unos zotes que no saben ni llevar el cálculo como es debido. Llega incluso a afirmar que la causa principal de los abortos es la económica, lo que tampoco aparece por ninguna parte en las estadísticas del Ministerio. 

Tampoco es que importe mucho - deben haber pensado los autores del engendro - toda vez que no es muy probable que alguien se plantee confrontar esas cifras con las oficiales y ver si hay truco. Así que, por qué no mentir y exagerar un poco si eso favorece a la causa. Las autoridades educativas, que se han enterado por la prensa de la presencia de este libro en sus aulas, se afanan ahora dando plazos para cambiar los contenidos del libro o retirarlo de los centros educativos. Después será Sodoma y Gomorra, sin una guía biológico - católica que los oriente en la vida podrán los chicos y chicas retornar al retozo y a la promiscuidad más desenfrenada. ¡Ay, Ripalda, cuánto te siguen añorando algunos! 

El máster de Cristina es particular

Cristina Cifuentes, de la que algunos habían llegado a sugerir sin causa justificada aparente que estaba llamada a volar tan alto como el charrán, acaba de estrellarse contra su propio máster. Casi una semana después de que el asunto saltara a la opinión pública a través de www.eldiario.es, la presidenta de Madrid no ha dado aún una respuesta convincente que despeje las dudas más que razonables sobre las circunstancias en las que obtuvo un título del que, según los indicios de los que se dispone hasta ahora, no es merecedora.  Cualquier otro político en uno de los llamados países "de nuestro entorno" ya habría dado la cara ante la opinión pública si no tuviera nada que ocultar o habría dimitido si hubiera algo de cierto en la información periodística. 

Como Cristina Cifuentes no ha hecho ninguna de las dos cosas - por el momento se ha limitado a comunicados y vídeos autoexculpatorios - lo que cabe concluir es que su máster en la Universidad Rey Juan Carlos tiene poco de trigo limpio. Hasta la fecha, todo lo que ha hecho la presidenta madrileña es negar las informaciones periodísticas y escudarse en una abundante documentación que, sin embargo, no avalan sus protestas de inocencia. Como ni siquiera ha sido capaz de convencer a Ciudadanos, partido del que depende su continuidad como presidenta de la comunidad autónoma madrileña, hoy ha decidido embarrar el terreno de juego y matar al mensajero: se querella contra los autores de la información periodística, como si eso la exculpara automáticamente de toda mancha y despejara todas las dudas. 
De comparecer ante los medios y responder a las preguntas sobre esas dudas no parece que tenga intención alguna y para hacerlo ante la Asamblea de Madrid se tomará su tiempo ya que no lo hará hasta el 4 de abril, a la vuelta de la Semana Santa. Es difícil pero no imposible que para entonces haya aparecido en algún sitio el trabajo de fin de máster que Cifuentes jura y perjura haber hecho pero que a esta hora más parece el Santo Grial. Más difícil será aún explicar cómo pudo la alumna Cifuentes matricularse para ese trabajo de fin de máster si en dos asignaturas aparecía como "no presentada" y era condición indispensable haber aprobado todas las materias para la matrícula; o por qué se volvió a matricular cuatro meses después de supuestamente haber aprobado el trabajo de fin de máster

Aunque no es solo la señora Cifuentes la que tiene que dar aún muchas explicaciones. No le van a la zaga los responsables de la Universidad Rey Juan Carlos que, después de asegurar que todo estaba más claro que el agua clara, al día siguiente anunciaron una investigación interna de la que seguimos sin tener noticias de ninguna clase. El rector y los profesores del máster han dejado al centro académico a los pies de los caballos con una respuesta contradictoria en la que ni siquiera fueron capaces de explicar cómo es que el supuesto error de transcripción de las notas de Cifuentes no se descubrió hasta dos años y pico después de cometido. Añádase a todo lo anterior que los alumnos del máster - que tenía carácter presencial - no recuerdan haber visto jamás por clase a la alumna Cifuentes que, a pesar de todo, saco unos cuantos sobresalientes, y convendrán conmigo en que el asunto está requiriendo del olfato de un Maigret o un Sherlock Holmes. O el asunto se aclara o no habrá más remedio que concluir que el máster de Cifuentes es tan particular que se lo dieron gratia et amore por ser vos quien sois y representar al partido que representáis y no por  méritos académicos en los que, a día de hoy, la presidenta madrileña sigue figurando como no presentada.

Conferencia de presidentes: un año en blanco

Dentro de poco – el 17 de este mes  - hará exactamente un año desde que se reunieron en el Senado los presidentes de las comunidades autónomas con el del Gobierno central para tratar de cuestiones como la financiación de los servicios públicos, las pensiones, la educación o la violencia de género. Y cito solo algunos de los asuntos del abultado orden del día de un encuentro rodeado de una parafernalia mediática que sirvió a Rajoy y a su Gobierno para presentarse como hombre de diálogo y consenso por encima diferencias políticas. Pareció por momentos que el presidente concedía a sus colegas autonómicos la gracia de su presencia y el don de sus ideas, como si no fuera de suyo obligatorio que el jefe del Ejecutivo estatal se reúna al menos una vez al año con los máximos responsables públicos de cada región, nación o nacionalidad. En aquella ocasión hacía ya cinco años que Rajoy no tenía el detalle de escuchar a quienes dirigen la política de las comunidades autónomas reuniéndolos a todos en un foro común. Pero más allá del postureo propio y casi inevitable de ese tipo de encuentros, con desayuno oficial y presencial real incluidos, lo que importaba aquel día era el resultado. Éste, sin ser espléndido tampoco fue malo del todo, al menos sobre el papel. Pero había que pasar de las buenas intenciones a los hechos para poner en práctica los acuerdos alcanzados en una cámara alta que por fin – se decía entonces – cumplía la función de representación territorial que le encomienda la Constitución. Sin embargo, fue esa misma cámara, en la que no estuvieron aquel día ni el hoy huido Carles Puigdemont ni el vasco Urkullu, la que pasando no mucho tiempo suspendió la autonomía catalana en virtud del controvertido artículo 155. Paradojas de la política o justicia poética con un órgano representativo que, o se reforma para que cumpla los fines que le son propios, o debería desaparecer, aunque ese es otro debate. 


Lo cierto es que, casi un año después, la cosecha es muy pobre. Aún teniendo en cuenta la enquistada crisis catalana y sus efectos paralizadores sobre la vida política nacional y atendiendo, además, a la minoría parlamentaria del PP, el balance tiende al cero. Sirva como ejemplo que la comisión creada para estudiar la financiación autonómica elevó un informe al Gobierno que este ha reenviado a las autonomías pero sin hacer ninguna propuesta concreta a día de hoy de cómo piensa afrontar los desequilibrios de un sistema que perjudica a comunidades como Canarias. De la caótica situación de la financiación autonómica da buena cuenta la última ocurrencia de Montoro: meter la tijera en las entregas a cuenta de la financiación de este año con el argumento de que no se han podido aprobar unos presupuestos estatales nuevos. Dicho en plata: o el PSOE le apoya las cuentas a Rajoy o las autonomías sudarán tinta este año para sostener los servicios públicos. En cuanto a los pactos de estado que se acordaron en la reunión sólo ha visto la luz el de lucha contra la violencia de género  - pacto de mínimos y a expensas de financiación – y están pendientes el de educación o la reforma del sistema de pensiones. Demasiado poco para tantas buenas intenciones como se expresaron en un encuentro que, supuestamente, iba a marcar un hito en las relaciones entre el Gobierno del estado y de las comunidades autónomas. Nada ha cambiado tampoco en ese sentido ya que  los pleitos constitucionales entre Madrid y las autonomías siguen presidiendo buena parte de unas relaciones a las que les falta fluidez y le sobra cálculo y tácticismo político de muy corto plazo. Y no son los partidos o los gobiernos los que sufren las consecuencias de que asuntos trascendentales sigan empantanados por falta de voluntad y altura de miras. Los perjudicados son los españoles que asisten hastiados al espectáculo de los tiras y aflojas entre el poder central y el periférico previo paso por las sedes generales de las respectivas fuerzas políticas. 

Clavijo cruza el ecuador

Siguiendo la costumbre política de convocar a los medios para hacer balance de la gestión, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha querido echar esta semana su particular cuarto a espadas. De su balance han destacado las crónicas el descenso del desempleo desde que llegó al Gobierno en julio de 2015. En estos dos años el número de parados se ha reducido en casi 30.000 personas y el de afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado en unas 70.000. Hasta ahí bien, aunque la cuestión de fondo es cuál ha sido la influencia real del Gobierno sobre esa reducción del paro y qué parte corresponde a la recuperación de la economía. No parece que haya dudas sobre la ínfima capacidad gubernativa para influir en los contratos y en su calidad, en los despidos o en los salarios, todos ellos asuntos fuera de su alcance.

En materia de empleo sus competencias son básicamente la formación y reinserción de parados, la seguridad laboral y la persecución de la economía sumergida y todo ello de la mano y con los recursos de la administración central. Prueba de todo lo anterior es el pálido reflejo que han tenido en las cifras de paro los casi 30 millones de turistas que han visitado Canarias en estos dos años. Ni siquiera puede el presidente echar mano de una nueva Ley del Suelo que aún no ha entrado en vigor ni tiene reglamento de desarrollo para atribuirle parte al menos del descenso del desempleo. Lo mismo cabe decir del tormentoso Fondo de Desarrollo de Canarias derivado de los recursos del IGTE, que apenas si está empezando a echar a andar ahora. Para valorar el efecto de ambas medidas sobre el empleo habrá que esperar al menos hasta el final de la legislatura. Para entonces Clavijo confía en que, si las previsiones macroeconómicas se mantienen, las islas puedan situarse con un 20% de paro, lo cual seguirá siendo una barbaridad. 
“La creación de empleo obedece sobre todo a la mejora  de la economía más que a las medidas del Gobierno” 

En el ámbito de los servicios públicos el balance hay que situarlo en la casilla del PSOE, que los gestionó salvo el de educación hasta la ruptura del acuerdo con CC en diciembre. Si bien han sido los nacionalistas los que han controlado el presupuesto, las listas de espera sanitarias y de dependencia y las estadísticas oficiales de pobreza y exclusión social siguen siendo de las más largas y altas de España. Hasta dónde se debe a un problema de insuficiencia de recursos o de gestión ineficaz es precisamente lo que enfrenta a las fuerzas políticas sobre un asunto que debería quedar lo más al margen posible de la guerra partidista. Los seis meses que llevan en sus cargos los nuevos consejeros responsables de la sanidad y los servicios sociales no son tiempo suficiente para hacer balance pero de momento ninguna de esas cifras presenta indicios significativos de mejoría. Cabe exigir que con el incremento de los recursos vía crecimiento económico y la mejora de las partidas procedentes de la administración central esa situación dé un vuelco radical. 


El cambio de las relaciones con el Gobierno central después de una legislatura a cara de perro es otra de las notas características de estos dos años. El “buen rollito” ha terminado dando algunos frutos relevantes como la cesión del IGTE (que pudo haberse gestionado de forma mucho menos retorcida), la modificación de los aspectos económicos del REF o la separación de ese régimen de la financiación autonómica. CC ha jugado con inteligencia la carta de su única diputada en Madrid quien, después de firmar con Pedro Sánchez la llamada “agenda canaria”, no dudo en ponérsela sobre la mesa a un Rajoy en minoría y necesitado de cuántos más apoyos mejor. Con el PSOE enrocado en el “no es no”, CC ha aprovechado la coyuntura para arrancar de Madrid concesiones impensables en un escenario en el que su voto hubiera sido sólo uno más y no uno de los decisivos.

“Los  servicios públicos básicos siguen muy lejos de haber mejorado de forma sustancial”

En el balance de estos dos años no se puede obviar la inestabilidad política latente que presidió el pacto entre CC y el PSOE hasta la ruptura de diciembre: incumplimientos, desplantes y desaires ante los que los socialistas no supieron reaccionar como correspondía a las circunstancias, abandonando el Ejecutivo antes de ser expulsados. La segunda parte de la legislatura la inicia ahora CC en minoría y con evidentes pocas ganas de atender a los requiebros del PP para entrar en el Gobierno. Su deseo público y confeso es que los populares sigan apoyando desde fuera, algo que estos aseguran no estar dispuestos a hacer. La cuestión es qué alternativa tiene el PP si no quiere salir de la situación en la qué lo metió su presidente Antona sin dar la imagen de haber fracasado. 

Tanto si acepta lo poco que CC parece ofrecerle como si se mantiene fuera del Gobierno, su capacidad de maniobra seguirá siendo limitada mientras Rajoy necesite del voto de Ana Oramas. Eso, que Antona no parece que calculara del todo cuando tocó en la puerta del Gobierno, lo sabe y lo explota a conciencia CC, que puede que no se vea en otra situación tan favorable para sus intereses políticos. Así pues, Clavijo cruza el ecuador de la legislatura en minoría y no habría que descartar por completo la posibilidad de que concluya el camino en la misma situación para hacer un nuevo balance dentro de dos años que serán entonces los canarios quienes tendrán que valorar. 

Lo que diga mi papá

Usted y yo necesitaríamos siete vidas como los gatos para ganar lo que gana una estrella del fútbol en un año. Corremos todos los días de un lado para otro absortos en nuestras obligaciones pero cuando llega el fin de semana se para el mundo y triunfa el fútbol. El domingo por la noche zapeamos en la radio y en la televisión para escuchar comentarios y ver goles. El lunes por la mañana, con el primer café de la semana, comienza un ritual que dura hasta el miércoles. Incluye críticas al totorota del entrenador si hemos perdido y alabanzas sin cuento si hemos ganado; no olvidamos repasar en profundidad la actuación de nuestras estrellas y las del rival y, si se nos dio mal, recordamos la familia del árbitro hasta el tercer grado de consanguinidad. El resto de la semana hasta el sábado lo empleamos en preparar la alineación, espiar al rival y hacer cálculos matemáticos sobre quiénes jugarán la Champions aunque para eso falte aún vuelta y media de competición.

No creo que lleguen a una o dos las tertulias futbolísticas de bar en las que los aficionados hablen del dineral que los adorados ases del balompié y algunos de sus directivos defraudan o evaden a Hacienda. Se me escapa la razón de tanta tolerancia social para con el escaqueo fiscal de estos señores. Sólo se me ocurre como causa que la inmensa mayoría de los aficionados está tan ofuscada que no cae en la cuenta de que, mientras ellos trabajan a destajo y cumplen con Hacienda, sus ídolos se lo están llevando crudo antes sus propias narices.

“No llegan a una dos las tertulias de fútbol en las que se hable del fraude fiscal de los futbolistas”

Ni usted ni yo, cuyos ingresos conoce la Agencia Tributaria hasta el tercer decimal, podríamos defraudar un euro a Hacienda. Los futbolistas, sin embargo, tienen derechos de imagen, el maravilloso truco del almendruco para pagar menos al fisco. Empresas ubicadas en paraísos fiscales que habitualmente son propiedad del jugador y que tributan por el Impuesto de Sociedades, gestionan esos derechos y pagan al futbolista. Este, a su vez, está obligado reflejar esos ingresos en su declaración de la renta.


La pregunta se cae de madura: ¿lo que los jugadores declaran como ingresos por derechos de imagen es todo lo que realmente ingresan a través de sus propias empresas? La respuesta, según Hacienda, es que hay sensibles diferencias y esto en la práctica quiere decir que los futbolistas pagan por Impuesto de Sociedades parte de lo que deberían pagar como IRPF, cuyos tipos son sensiblemente superiores. Aproximadamente ese suele ser el modus operandi de todos los que han sido condenados o investigados por la Hacienda pública. Y no hablamos de casos aislados y excepcionales sino de una larga lista que va desde Cristiano Ronaldo a Leo Messi pasando por Iker Casillas, Mascherano, Samuel Eto’o, Xabi Alonso, Neymar, Adriano, Piqué, Ramos o Alexis. En otras palabras, que se podría conformar un gran equipo con muchas posibilidades de ganar la Champions sólo con aquellos  sobre los que Hacienda ha puesto su atención. 

“Con los jugadores investigados por Hacienda se podría conformar un equipo ganador de la Champions”

Al ministro Montoro se le tiraron al cuello por quejarse en el Congreso de la tolerancia de los españoles con el fraude fiscal de los futbolistas. Es cierto que Montoro no es el más indicado para hablar de estas cosas después de su amnistía fiscal para que los que escondieron el dinero en Suiza lo pudieran repatriar cómodamente. Sin embargo, no le falta un punto de razón. Si usted pregunta, la mayoría de los ciudadanos echara pestes del excesivo número de políticos que hay en este país, de lo mucho que cobran y del dineral que algunos ocultaban en Suiza. Pero ni una palabra sobre lo que cobran los futbolistas ni sobre lo que dejan de pagar a Hacienda, por más que lo que ellos no pagan lo tengamos que pagar los demás.

No quiero ponerme moralista pero me pregunto cómo encaja esta orgía de millones, coches deportivos y mansiones espectaculares que exhiben los futbolistas a través de los medios con la cultura del esfuerzo y el trabajo que supuestamente deberían los padres inculcar en sus hijos. Los chicos ven en estas galácticas estrellas y en sus comportamientos y estilo de vida regalada modelos a imitar. Y no es precisamente el mejor de los ejemplos que, además, sus iconos también defrauden a toda la sociedad no cumpliendo con sus obligaciones fiscales como hace el resto de los ciudadanos, incluidos sus padres. “Lo que diga mi papá”, aquella lapidaria frase de Messi para eludir su responsabilidad por fraude fiscal, no puede ser ejemplo a seguir por los chavales ni tolerar por los padres.  

Niño pobre, niño rico

¿Qué futuro tiene un país en el que 8 de cada 10 niños en situación de pobreza seguirán siendo pobres cuando sean mayores y probablemente nunca abandonarán esa condición? ¿Hay esperanza fundada en un país en el que la pobreza se hereda como se hereda una casa o un coche o una colección de arte? Lo ignoro pero dudo que sea muy halagüeña si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en España hay cerca de un millón de niños que viven en hogares en los que nadie trabaja y que, probablemente, la mayoría arrastrará de por vida la condición de excluidos sociales. Los datos los acaba de dar a conocer la ONG Save the Children y vuelven a poner el foco en uno de los segmentos de la población más castigados por la crisis y, paradójicamente, más olvidados: los niños.

A los niños pobres de este país la crisis económica, de la que algunos aseguran eufóricos que ya hemos salido, les ha golpeado cinco veces más fuerte que a los niños ricos. Dicho de otra manera, mientras que en los años más duros de la crisis la renta de los niños ricos se reducía en un 6,5%, la de los niños del 20% más pobre de la población lo hacía en más del 32%. En ese mismo periodo, la brecha de la pobreza se ha agrandado y por ella se han colado 424.000 niños más que han pasado a engrosar las estadísticas de la pobreza infantil en nuestro país, que con nada más y nada menos que 1,6 millones de niños pobres es uno de los más desiguales de toda la Unión Europea.


Nada más lejos de la verdad que suponer que esa dura realidad es el efecto indeseado pero inevitable de una profunda crisis económica que ha alcanzado a todos los sectores sociales. En primer lugar porque – como demuestran estos datos de Save the Children y otras muchas estadísticas que podríamos traer aquí – los efectos de la crisis han golpeado con mucha más fuerza a quienes ya se encontraban en los últimos peldaños de la riqueza y, además,  han empujado al fondo de las estadísticas a una buena parte de lo que hasta hace no mucho tiempo conocíamos como “clase media”, hoy muy tocada.

En segundo lugar, también es radicalmente falsa la inevitabilidad de las nefastas consecuencias de la crisis sobre la imprescindible cohesión que tendría que presidir una sociedad en la que impere un mínimo de justicia redistributiva de la riqueza. Un sistema fiscal como el español, escasamente progresivo y lleno de remiendos, apaños, rincones y gateras por el que se evaden y esquivan cantidades ingentes de recursos que deberían contribuir al mayor bienestar común posible, no es la mejor manera de luchar ni contra la pobreza ni contra la exclusión.

Añádamos a esa injusta política fiscal los inmisericordes recortes y copagos sanitarios y las restricciones del gasto en servicios sociales para cumplir con un déficit público leonino, y tendremos las causas centrales por las que España disfruta del dudoso honor de situarse a la cabeza de la desigualdad social de la Unión Europea. De hecho – dice Save the Children – el gasto en España para nivelar la desigualdad social se codea con el de Bulgaria o el de Eslovaquia y está a años luz del de Alemania, Dinamarca o Finlandia. ¿Cómo pueden entonces salir esos niños de la pobreza si no hay suficientes políticas públicas de protección de la infancia y si la mayor parte del empleo que la economía genera para sus padres es de tan escasa calidad y con salarios tan bajos que, en el caso de que alcancen un trabajo,  ni siquiera les permitirá salir de pobres?

Un país que no hace todo lo necesario para reducir desigualdades sociales tan clamorosas como las que padecen los niños españoles es un país que dilapida de forma irresponsable una parte esencial de su propio futuro. Los poderes públicos tienen la obligación irrenunciable de  aminorar al máximo la creciente brecha de la pobreza para revertir esta situación injusta, más injusta si cabe cuando quien la padece es la parte más débil e indefensa de la sociedad.

Niños sin infancia

Escribo hoy en primera persona: no sé cómo hubiera reaccionado si mis padres se hubieran aprovechado de mi infancia para exhibirme como atracción de feria en competiciones con los de mi edad. De lo que sí estoy convencido es de que eso no hubiera añadido un minuto de felicidad a mi infancia, la etapa más feliz de la existencia humana y que más atención y cuidados merece. En cambio, se deslomaron y sacrificaron económicamente para que me procurara una vida menos dura que la que tuvieron ellos y me enseñaron, por encima de todo, una lección que no se compra ni se paga con todo el dinero del mundo: dignidad y autoestima.

Sospecho que a los oídos de muchos padres actuales esos valores suenan como si procedieran de una lejana galaxia ya desaparecida. No puedo evitar sentir una aversión instintiva por quienes, para satisfacer la vanidad que les proporciona un efímero minuto de fama televisiva, someten a sus hijos a concursos absurdos en los que los pequeños se ven obligados a actuar como máquinas de competición. Cocinan platos imposibles a las órdenes de cocineros que actuan como sargentos o hacen gorgoritos que valoran personajes sin arte ni oficio que se presentan como el sumun del conocimiento musical. Todo a mayor gloria de canales de televisión y anunciantes a los que los padres les entregan a sus hijos para que hagan con ellos caja y repartan beneficios.


No niego que los niños también se lo puedan pasar bien en esos espectáculos televisivos en los que, en todo caso, la decisión de participar no suele ser de ellos sino de unos padres más preocupados de su propia autoestima que de la de sus hijos, por mucho que se escuden en los deseos de ellos para justificar los suyos. Con ese fin, los someten a una presión ambiental para la que no tienen aguante y los exponen a consecuencias psicológicas indeseables si pierden e incluso si ganan en esos penosos concursos.

La mala costumbre de convertir a los niños en una suerte de mascotas de las que presumir ante los demás se ha extendido también a los carnavales canarios que, en su degeneración interminable, se han poblado de concursos de todo tipo entre los que no podían faltar las ineludibles reinas infantiles. A propósito de ese tipo de certámenes, una familia de Lanzarote no ha tenido empacho alguno en que un autodenominado diseñador disfrazara a su hija como bailarina de un cabaré nocturno. La denuncia de una asociación de mujeres atizó la polémica en las redes y tanto el diseñador como los padres han  decidido retirar el cartel con la inapropiada imagen de la pequeña.

No obstante, el revuelo provocado por este asunto tiene un punto de hipocresía social que no se puede olvidar:¿cuántas de las personas que han criticado a los padres de la menor de Lanzarote se repatingan todas las semanas ante la tele para ver esos lamentables concursos de niños cocineros o cantantes con padres llorando y babeando de emoción? Tenemos la inmensa fortuna de disponer de medios materiales y humanos más que suficientes para garantizar a los niños la infancia feliz y las oportunidades de las que muy pocos pudieron disfrutar en mi generación si no era gracias el esfuerzo titánico de padres como los míos.  Sin embargo, tenía algo esa generación que por desgracia parece haberse perdido en el barullo de la modernidad mal entendida: valores sólidos a los que atenerse y respetar y a los que cada vez se hace más urgente volver.   

Marchando una de financiación

En contra de su costumbre, Mariano Rajoy ha invitado a comer. No digo que sea de la Cofradía del Puño pero, más allá del polvorón navideño con el PP y algún percebiño de vacaciones a Galicia, el presidente parece ser un hombre de rosario y comida en familia. Para variar, esta semana se ha soltado la coleta – perdón por el modo de señalar – y ha invitado a almorzar en el Senado a los presidentes autonómicos. Faltaron el catalán y el vasco, a los que no consiguieron seducir los encantos políticos de Sáenz de Santamaría para que cambiaran la butifarra y el marmitako por el menú de la cámara alta. A los que acudieron se les sirvieron zarandajas como merluza y rosbif, aunque el gran plato de entullo y el que más espinas tenía fue el de la financiación autonómica.

Aclaro para los de letras que hablamos del dinero que necesitan las comunidades autónomas pero que pocas tienen en cantidad suficiente para atender como es debido la sanidad, la educación y las políticas sociales de las que son responsables. Los cronicones de la Villa y Corte y los propios protagonistas pregonan que la reunión “se desarrollo en un clima de cordialidad”, lo que debe signficiar que nadie le clavó a nadie un tenedor por la espalda, se hurgó los dientes con un palillo o se sonó en las servilletas del Senado.

Que Rajoy se haya mostrado ahora tan espléndido obedece al menos a tres razones. La primera tiene que ver con la minoría parlamentaria de un Gobierno que en circunstancias diferentes tal vez habría dejado la invitación para las calendas griegas. La segunda está relacionada con el hecho de que esta comida tenía que haberse celebrado hace más de tres años y el propio Rajoy la había venido aplazando con todo tipo de excusas y justificaciones. La tercera – por último – es hacerle caso de una vez al presidente canario Fernando Clavijo, que no paró el hombre de mover Sevilla con Toldeo para que Rajoy se aviniera a reunirse con los representantes de unas autonomías que también y, aunque a veces no lo parezca, forman parte del Estado español.


A partir de ahí y una vez levantada la mesa, las cosas han quedado más o menos como sigue: autonomías y gobierno central se dan de plazo hasta finales de año para cambiar el modelo de financiación. Cómo será el nuevo no lo saben ni los expertos que se van a reunir para perfilarlo, pero para autonomías como Canarias convendría que fuera muy distinto del actual. Estas islas reciben anualmente unos 700 millones de euros menos de los que les corresponden para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales. En consecuencia, todo lo que sea mejorar esa cifra será positivo pero cuanto más se aleje la mejora de la misma será un fracaso.

Para conseguirlo, hay que hacer valer que pagar los servicios públicos en un territorio alejado y fragmentado tiene unos costes distintos a los de una comunidad continental. De otro lado, es imprescindible separar de una vez el régimen económico y fiscal de los criterios con los que se distribuyen los limitados recursos de la financiación autonómica. No será sencillo porque esa mejora dependerá en buena medida de la solidaridad de las comunidades ricas para con las pobres y ahí entramos en un terreno menos cuantificable.

Eso sin contar con que Rajoy ya le ha echado un buen chorro de agua al vino al anunciar que España aún recaudará este año 20.000 millones de euros menos que antes de la crisis. Claro mensaje a navegantes autonómicos para que olviden cualquier pretensión de obtener todo lo que piden y aquieten sus ánimos ante una negociación que será larga, tensa y farragosa y en la que las autonomías tendrán que vérselas con Montoro, hombre poco dado a las delicatessen políticas. Sin embargo, del éxito de la misma depende que, por ejemplo, la financiación de los servicios públicos que recibe anualmente un canario no sea cerca de 1.000 euros inferior a la que recibe un cántabro. Así que brindo por el éxito de la negociación y espero que si se corona con un acuerdo que deje razonablemente satisfecho a todo el mundo, Rajoy vuelva a soltarse la coleta e invite esta vez a algo menos espinoso como marisco y albariño, por ejemplo.       

Violencia machista: una lucha titánica

Si con motivo de la celebración mañana del Día contra la Violencia de Género erizara este post de fríos porcentajes no me quedaría satisfecho. Y no por falta de materia prima sino por gélido. Estadísticas sobre el drama social de la violencia machista hay en cantidades industriales, pero apenas dicen nada del sufrimiento y la humillación por el que pasan las mujeres víctimas del machismo del que muchas no sobreviven para contarlo; o si han tenido el valor de contarlo y denunciarlo tampoco terminan de sentirse completamente liberadas y a salvo. Me podría detener a especular sobre si el incremento de las denuncias por malos tratos se debe a que hay más casos, a que se denuncian más ahora o a ambas causas. Del mismo modo podría explayarme largo y tendido sobre el ambiente familiar, la escuela, el entorno o las redes sociales para intentar comprender cómo es posible que, después de años de campañas de mentalización, aumenten los casos de violencia de género entre los jóvenes.

Pero nada de eso me satisfaría porque supondría quedarse meramente en los síntomas. Porque síntomas de un problema mucho más profundo y enquistado durante siglos son las  muertes, los malos tratos, las denuncias, la carencia de sensibilidad a veces por parte de quienes tienen la obligación de aplicar la ley o el acoso y la violencia entre menores. Al final, esos comportamientos y otros muchos que podríamos traer a colación no son otra cosa que la expresión de una cultura pensada y dominada por y para los hombres y en la que las mujeres figuran apenas como elementos del decorado social. 


No quiero decir que no sean importantes los datos ya que nos fotografían el instante y la evolución del problema del que, no obstante, no pueden ser otra cosa que el reflejo y no siempre muy fidedigno de la causa. Y la razón por la que a veces se nos viene el alma a los pies y nos preguntamos cómo es posible que sigan muriendo mujeres a manos de sus parejas o de sus ex parejas después de tantos años de lucha, de campañas, de leyes y de condenas es que la tarea es titánica y agotadora y los avances siempre decepcionantes con respecto a las expectativas y a la gravedad del drama.

Pero, aunque a pequeños pasos, se avanza. Porque avance esperanzador ha sido que todos los partidos políticos con representación en el Congreso hayan acordado impulsar un gran pacto de Estado para reforzar la lucha contra la violencia sobre las mujeres. Incluye el acuerdo adecuar la Ley Integral de Violencia de Género en vigor desde 2004 y que va necesitando ya una puesta al día. Así por ejemplo, el fenómeno de las redes sociales como canal de circulación de nuevos tipos de violencia sobre las mujeres, no tenía entonces ni de lejos la dimensión y la penetración que ha alcanzado en los últimos años entre amplias capas de la población, principalmente entre jóvenes y menores.

Son esos pasos y otros similares los que nos van acercando al objetivo, bien es verdad que de manera mucho más despacio de lo que nos gustaría. Sin embargo, hay que recordar que las investigaciones de los historiadores sociales han puesto de manifiesto que las mentalidades más arraigadas pueden tardar muchas décadas en evolucionar hasta desaparecer por completo y el machismo es probablemente una de la más  incrustadas de todas en los genes masculinos.

Conviene por tanto que seamos conscientes de que la lucha es larga y dolorosa y que hay que ser muy perseverante para que llegue el día en el que esta vergüenza humana que llamamos violencia machista figure sólo en los libros de Historia como una de las peores expresiones, si no la peor,  de la condición masculina. A pesar de las derrotas y del cansancio, mañana, pasado y al otro tenemos que seguir aportando nuestro esfuerzo en nuestros respectivos ámbitos para hacer realidad que ellas y nosotros somos seres humanos merecedores de la misma dignidad, del mismo trato y de los mismos derechos. 

Fascismo en la universidad

Me apena y me preocupa a partes iguales la relativa indiferencia con la que las redes sociales han reaccionado ante los que considero graves hechos ocurridos esta mañana en la Universidad Autónoma de Madrid. Preocupa aún más el número de mensajes que justifican y aplauden que un grupo de cobardes encapuchados y con la cara tapada impidieran con gritos e insultos un acto universitario en el que iban a participar el ex presidente Felipe González y el presidente de PRISA, Juan Luis Cebrián, y que al final tuvo que suspenderse. Si esto ocurre en unas redes que se inundan de miles de mensajes ante la última tontería que ha dicho o hecho el futbolista de moda, sobra cualquier comentario o calificativo sobre el uso mayoritario que se está haciendo de ellas. 

Pero la preocupación va en aumento al comprobar que el asunto tampoco merece una atención singular en la mayoría de las principales cabeceras digitales que se reclaman de izquierdas. Sólo EL PAÍS, EL MUNDO y ABC cuentan lo ocurrido en lugar destacado. Parecería - y eso si es más alarmante todavía - que sólo los medios de centro derecha - llamémoslos así por convención - se atreven a salir en defensa del derecho a la libertad de expresión que como a cualquier otro ciudadano asiste a Felipe González y a Juan Luis Cebrián.


Puede que algunos piensen que exagero y que lo ocurrido esta mañana en la Autónoma madrileña no deja de ser un episodio aislado al que no hay que darle mayor importancia. Discrepo: en primer lugar porque no es un hecho tan aislado como se quiere hacer ver y, en el caso de que lo fuera, ello no es razón suficiente para ignorarlo o relativizarlo hasta el punto de hacerlo pasar por una mera "protesta estudiantil", como lo ha calificado ya el líder de Podemos. El hecho de que el boicot haya tenido lugar en una universidad, un espacio en el que ha de primar la tolerancia y el intercambio de ideas sobre la base del respeto a quien no piensa igual, lo hace especialmente repudiable y condenable

Sería muy grave que el penoso espectáculo de hoy haya sido orquestado políticamente aunque, por desgracia, la tibieza con la que Pablo Iglesias lo ha interpretado, calificándolo de "protesta estudiantil", no ayudan a despejar las sospechas. Se impone por tanto que el líder de Podemos condene en toda regla lo ocurrido en lugar de jugar al despiste y a la ambigüedad. No valen medias tintas ni responder a la acusación del PSOE con más acusaciones, sobre todo por parte de alguien que procede precisamente del mundo universitario como Iglesias y muchos de sus correligionarios de la cúpula de Podemos. 

Puede que no gane muchos amigos ni muchos "me gusta" con este post, pero creo que convertir una universidad en un reducto fascista en el que es imposible confrontar las ideas, incluso con aquellos con los que no coincidimos en nada, es un hecho que debería preocuparnos mucho más como sociedad de lo que lo ha hecho éste y otros no tan lejanos en el tiempo. Callar o mirar para otro lado no ayuda a erradicar estos comportamientos deleznables del ámbito universitario ni del conjunto de la sociedad. En esto, como en tantas otras facetas de la vida, la prevención del mal es mucho más efectiva que su cura. 

Aunque parece que son de un pastor protestante alemán llamado Martin Niemüller, siempre se han atribuido al poeta y dramaturgo Bertold Brecht unos versos que advierten con crudeza de las consecuencias del silencio y la indiferencia de la sociedad ante comportamientos fascistas como los de hoy en la Autónoma de Madrid. Salvando las distancias históricas, no está de más recordarlos y tenerlos siempre presentes en un país en el que costó cuarenta años y mucho dolor y represión recuperar, entro otros, el derecho a la libertad de expresión. ¿O es que ya se nos ha olvidado?

"Primero apresaron a los comunistas, y no dije nada porque yo no era un comunista. / Luego se llevaron a los judíos, y no dije nada porque yo no era un judío. / Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque yo no era ni obrero ni sindicalista. / Luego se llevaron a los católicos, y no dije nada porque yo era protestante. / Hoy vinieron por mí, pero ya es demasiado tarde."

De tronos y de posaderas

La cita veraniega de hoy se la he pedido prestada a un tipo singular para su época al que se le atribuye la paternidad del género del ensayo. Se llamó Michel de Montaigne y fue un señor francés con ascendencia judeoconversa aragonesa por parte de madre. 

Como correspondía a su posición social contaba con castillo señorial y todo, aunque eso no le impidió allá por el siglo XVI retirarse a la torre de su fortaleza para escribir una amplia serie de pequeños artículos que cuatro siglos después siguen plenamente en vigor. Titulados simplemente "Ensayos",  son una excelente compañía para el verano y para cualquier época del año y de la vida. 

Su lema fue "¿Qué sé yo?" o "¿Qué es lo que sé yo?", todo una declaración de principios frente a los ignorantes de entonces y de siempre que alardean de saber todo lo que hay que saber y más y que nunca se permiten la debilidad de la más mínima duda sobre nada de lo humano o lo divino.

Michel de Montaigne, como buen humanista admirador del mundo clásico, fue ante todo un escéptico consumado e incluso contrario a la necesidad de tener que contar con certezas para todo, la religión, la política, etc. Tal vez, si su punto de vista hubiera calado más hondo y echado raíces, el mundo se habría evitado no pocos fanatismos e intolerancias.

De sus muchos ensayos y de sus perspicaces pensamientos se podrían escribir otras tantas reflexiones y hasta nuevos ensayos completos. Hoy les voy a proponer una reflexión corta pero muy jugosa que habla de la humildad que deberían conservar siempre aquellos que se encumbran a lo más alto, sea en la política, en los negocios, el deporte o en cualquier otra actividad  de la vida y ya sea por méritos propios o ajenos. 

"Incluso en el trono más alto, uno se sienta siempre sobre sus propias posaderas" 

Son raros y por eso más dignos de elogio los casos en los que, alcanzada la meta máxima, no hay envanecimiento ni se hincha el pecho de orgullo como un globo; al contrario, en esos pocos casos se mantienen los pies en el suelo porque se es consciente de que el poder y la riqueza como vienen se pueden ir en cualquier momento y de nada se desprende uno con menos dolor que de aquello que ha amado o deseado menos. 


Un año más con Rajoy

No me sorprende lo más mínimo el perfil bajo que han adoptado hoy el Gobierno y el PP para celebrar el tercer año triunfal desde la llegada de Rajoy a La Moncloa un 20 de noviembre 2011 con aplastante mayoría absoluta. El propio Rajoy se ha ido a Santiago a hacer balance y tal vez a postrarse a los pies del Santo Patrón para que lo ilumine sobre cómo salir del atolladero político catalán, cómo capear la corrupción campante que acosa a su partido, cómo hacer para que la recuperación económica sea algo tangible para los ciudadanos de a pie y cómo remontar en las encuestas electorales y evitar que Pablo Iglesias se le suba a las barbas el año que viene. Demasiadas peticiones para un santo, por muy patrón de España que sea y por mucha fe que se tenga en él. 

Los pocos representantes del PP y del Gobierno que hoy se han atrevido a hacer balance no han sido capaces de ofrecer nada que no hayan ofrecido e incumplido reiteradamente a lo largo de estos tres años. Escuchar al ministro Montoro decir por enésima vez que España “está saliendo de la crisis” y al portavoz Alfonso Alonso hablar de “regeneración política” produce una mezcla de hastío e incredulidad que invitan a desconectar automáticamente. Resumir en pocas líneas lo que han supuesto para los españoles estos tres años es tarea mucho más sencilla de lo que pudiera parecer a primera vista: paro, pobreza, pérdida de derechos, corrupción y marasmo político. Es normal, por tanto, que no estén las cosas en Génova y en La Moncloa para muchas celebraciones ni para tirar cohetes. 

En el plano económico, el Gobierno ha vuelto a presumir de haber librado a España del rescate olvidando una vez más la generosa inyección pública a los bancos para salvarlos de la irresponsable gestión de sus directivos. Mientras, las pequeñas y medianas empresas siguen muriendo de inanición crediticia y echan más empleados a la calle. Saca pecho el Gobierno con las cifras del paro pero esconde que estamos casi igual o peor que al comienzo de la legislatura si tenemos en cuenta que hay medio millón de afiliados menos a la Seguridad Social, muchos de ellos buscándose la vida en el extranjero. La reforma laboral ha deprimido los salarios hasta el punto de que la mismísima Comisión Europea le ha dado un sonoro tirón de orejas a Rajoy y a los suyos. En paralelo se han disparado los índices de pobreza y exclusión social, incluyendo a los niños, mientras el Gobierno ha asistido prácticamente impasible o limitándose a parchear el drama social de los desahucios y la monumental estafa de las preferentes. 

El mantra del cumplimiento del objetivo de déficit ha dañado severamente los servicios públicos y la reforma fiscal ha profundizado en la falta de progresividad del sistema después de amnistiar con todos los honores a los defraudadores y hacer dejación del deber de perseguir el fraude. Los incorregibles tics centralistas del PP han abortado la imperiosa reforma del sistema de financiación autonómico prolongando situaciones de agravio comparativo con territorios como Canarias, que para colmo de males se han extendido también a los Presupuestos Generales del Estado de estos tres años de legislatura. El PP ha usado su mayoría absoluta como una suerte de patente de corso para ignorar el diálogo y el consenso con el resto de las fuerzas parlamentarias e imponer sus políticas sin miramientos ni contemplaciones. Un caso flagrante de esa falta de sensibilidad política es la imposición por las bravas y hasta manu militari de las prospecciones petrolíferas en Canarias. Sólo cuando le ha interesado electoralmente, como ocurrió con la retirada de la Ley del Aborto, ha apelado hipócritamente al acuerdo. Con Rajoy en La Moncloa el “desafío catalán” no ha hecho sino agravarse y enconarse: inmovilismo, desdén y ley han sido sus únicos argumentos ante un órdago del que ha preferido no saber nada hasta que ya ha empezado a ser demasiado tarde para encontrar una salida a un problema que cada vez tiene menos de jurídico. 

En el pantanoso y maloliente terreno de la corrupción, seguimos esperando tres años después por las medidas de regeneración política que anunció Rajoy, la mayoría de las cuales se han quedado por el camino como tantas otras cosas que prometió para luego hacer justo lo contrario. En lugar de impulsar una verdadera batalla política y jurídica contra los corruptos, tal y como exigen unos ciudadanos asqueados de los continuos escándalos y la barra libre con la que se ha robado y gastado el dinero público, el PP y el Gobierno con su presidente al frente han preferido durante todo este tiempo aplicarse a fondo en defenderlos, justificarlos, esconderlos o no nombrarlos. Y cuando ya no había más remedio ante las evidencias, pedir perdón y darse por satisfecho. Eso siempre y cuando los cogidos en falta sean los suyos y no los del rival político: en ese caso no ha dudado en recurrir al “y tú más”, del que tanto han abusado también en el PSOE, y a pedir que rueden cabezas. 

Se comprende que ante semejante balance el PP y el Gobierno hayan preferido pasar hoy de puntillas sobre los tres años de Rajoy en La Moncloa. Tengo para mí que a estas alturas les preocupan mucho menos las consecuencias de sus políticas a lo largo de este trienio que la posibilidad de que estén inaugurando su último año en el poder.

Marchando una de consenso

Consenso es una hermosa palabra del vocabulario político que procede del latín “consensus” y que a los políticos españoles no se les cae de la lengua desde los tiempos de la Transición. Otra cosa es lo que signifique o lo que esconda en cada momento, pero en su origen más puro quiere decir “acuerdo que se alcanza por el consentimiento entre los miembros de un grupo o entre varios grupos”. El consenso fue la palabra estrella tras la muerte de Franco y la recuperación de la democracia, siguió siéndolo con la mayoría absoluta de Felipe González y su, no obstante, famoso “rodillo” y lo fue después con Aznar, con Zapatero y ahora también con Rajoy. El consenso se saca a pasear por necesidad cuando no hay mayorías absolutas y por estética y lustre democrático cuando las hay aunque no se tenga voluntad alguna de conseguirlo, sólo deseos de no proyectar una imagen autoritaria ante la opinión pública. 

“Buscaremos el máximo consenso para aprobar esta ley”, dicen los que ostentan la mayoría absoluta a sabiendas de que si los que se oponen no se pliegan a sus deseos siempre podrán escudarse en que “lo intentamos pero no fue posible, hemos puesto todo de nuestra parte pero los electores nos han dado la responsabilidad de gobernar y eso es lo que vamos a hacer”. Es excusa vana y poco creíble puesto que nadie cuestiona la legitimidad de la mayoría absoluta pero sí su uso y abuso en contra ya no solo de toda la oposición sino incluso de la mayoría de la sociedad. 

Después de ignorar soberanamente el rechazo político y social generalizado ante la reforma de la Ley del Aborto, Mariano Rajoy acaba de descubrir ahora las bondades del consenso para no aprobar leyes que el próximo gobierno “no derogue desde el minuto uno”, según su acertado símil deportivo. En realidad, lo que han descubierto el presidente y sus asesores es un amplio consenso social contrario a volver a votarle al PP en las dos citas electorales del año que viene y para no echarle más leña al fuego no ha dudado en quemar en la hoguera a Ruiz – Gallardón. Que esa reforma carecía del mínimo consenso era más que evidente mucho antes de que pasara por el Consejo de Ministros. Sin embargo, Rajoy no consideró entonces necesario retirarla como acaba de hacer ahora en un ejemplo de que su manejo de los tiempos no es tan inteligente como proclaman sus hagiógrafos. 

De haber retirado la reforma el año pasado no habría quedado tan de manifiesto que lo único que le preocupa ahora es perder votos y no buscar el consenso sobre una reforma que, por otra parte, nadie había pedido, salvo la derecha extrema de su partido y la cúpula de la Conferencia Episcopal. Si de verdad Rajoy fuera un político de consenso, no sólo habría tenido que aparcar hace mucho tiempo la reforma del aborto. Tendría que haber hecho lo mismo con la reforma laboral que provocó dos huelgas generales, la de la Educación que ha concitado el rechazo unánime de la comunidad educativa o la desorbitada subida de las tasas judiciales que consiguió unir por primera vez en la historia del país a jueces, fiscales, abogados y otros agentes del ámbito jurídico además de a la inmensa mayoría de la población. 

Podríamos citar también aquí su completa falta de cintura política y voluntad de diálogo para encauzar la situación en Cataluña e impedir que llegara a las cotas de enfrentamiento que ha alcanzado. Y por mencionar un asunto más cercano, la imposición sin diálogo ni consenso de unos sondeos petrolíferos en Canarias que rechazan instituciones y buena parte de la sociedad de las Islas. Y solo cito algunos casos flagrantes de absoluta falta de consenso, a pesar de lo cual Rajoy ha seguido adelante con los faroles sin importarle lo más mínimo las consecuencias de sus medidas adoptadas con la absoluta y solitaria mayoría del PP. 

Ahora bien, si con su extemporánea apelación de ayer al consenso para retirar la reforma del aborto pretende Rajoy haberse ganado el reconocimiento de los españoles por su capacidad para el diálogo cargando la responsabilidad del fiasco sobre su ex ministro de Justicia, puede ir renunciando a la idea. El fracaso de esa reforma no es sólo de Gallardón sino del conjunto del Gobierno del que Rajoy es presidente y en el que se aprobó el anteproyecto de ley correspondiente con él sentado a la cabecera de la mesa del Consejo de Ministros el 20 de diciembre de 2013. 

El consenso no presupone debilidad política aunque quien lo busque disponga de votos suficientes para prescindir de él. Se trata de un valor esencial del juego político democrático que debe procurarse al menos cuando se quieren tomar decisiones de calado para el conjunto de la sociedad y no solo cuando los malos augurios electorales aprietan como ha hecho ahora Rajoy. Bertrand Rusell escribió que “un verdadero liberal se distingue no tanto por lo que defiende como por el talante con que lo defiende: la tolerancia antidogmática, la búsqueda del consenso, el diálogo como esencia democrática”. A saber qué hubiera dicho Rusell de Rajoy pero es improbable que lo considerara una liberal.