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Andalucía indica el camino

Mil y un análisis se suelen hacer después de cada cita electoral, algunos diametralmente opuestos entre sí y otros más o menos coincidentes. Lo que nadie podrá negar en el caso de las elecciones andaluzas es que la inmensa mayoría de los ciudadanos que acudieron a votar ayer han preferido la continuidad y la moderación de Moreno Bonilla frente a un PSOE abducido por los mensajes vacíos de la ultraizquierda por un lado, y el histrionismo folklórico de la ultraderecha por el otro. La primera y más importante lección que toca aprender a los perdedores es que los ciudadanos ni son imbéciles ni se les puede acusar de no saber votar cuando prefieren la gestión y la estabilidad, un bien en sí mismo de la democracia, frente a los debates de campanario y las riñas ideológicas que en nada ayudan a resolver los problemas cotidianos de la gente.

SUR

De Moreno Nocilla a ganar por mayoría absoluta

Moreno Bonilla, del que se burló la izquierda pata negra e incluso sus compañeros del PP – Moreno Nocilla lo llamaban por su supuesta blandura -, le ha dado a Feijóo su primer gran triunfo electoral y, de paso, le ha enseñado el camino a La Moncloa, en donde Pedro Sánchez seguramente no ha pegado ojo esta noche pensando qué hacer tras el revolcón en el feudo histórico del PSOE desde que Felipe González y Alfonso Guerra vestían chaqueta de pana con coderas. Lo que ha dado al PP su primera mayoría absoluta en Andalucía ha sido la gestión de Moreno Bonilla en los últimos cuatro años, o lo que es lo mismo, haber demostrado que se puede confiar en él para ocuparse de los asuntos de la comunidad autónoma más poblada del país. Y yo, sinceramente, no veo mejor argumento que la confianza para optar por un candidato en unas elecciones.

El candidato popular, además de coronarse con honores presidente andaluz electo, ha parado los pies a Vox y esta es otra buena noticia para Núñez Feijóo. Los de Abascal se apuntaron al órdago de exigir sillones en la Junta si sus votos eran imprescindibles para que Moreno Bonilla fuera reelegido presidente. Tengo pocas dudas de que una exigencia como esa animó a muchos andaluces a optar por un gobierno autonómico sin ataduras ni hipótecas de la ultraderecha, sin despreciar tampoco los efectos negativos de una campaña llena de despropósitos de la candidata Olona de principio a fin.

El PSOE y la ultraizquierda siguen sin aprender de sus errores

Pero, sin duda, es en las filas del PSOE en donde más duele el coscorrón, con un candidato sin carisma, que ha empeorado los resultados de la defenestrada Susana Díaz en 2018 y que ni tan siquiera ha sido capaz de ganar al PP en Sevilla, la ciudad de la que fue alcalde y buque insignia del socialismo andaluz y español. Se dice pronto, pero Espadas ha perdido votos en favor del PP y no ha sido capaz de captar los de Ciudadanos. Su campaña electoral ha carecido de discurso propio y diferenciado de la ultraizquierda y ha estado plagada de meteduras de pata como la de Zapatero proclamándose orgulloso de Chaves y Griñán o Adriana Lastra llamando a las barricadas si el PSOE no ganaba ayer. Con compañeros de partido como esos no necesitaba Espadas rivales para caer con todo el equipo.

Con no menos dolor se deben andar lamiendo las heridas en una ultraizquierda dividida y cainita que ha vuelto a comprobar en sus propias carnes que sacar de paseo a Franco cada dos por tres y proclamar alertas antifascistas a cada rato no sirve para ganar elecciones, sino ofrecer soluciones realistas a los problemas cotidianos que sufren los ciudadanos. No lo aprendieron cuando se estrellaron en las elecciones madrileñas y siguen sin comprenderlo ni superarlo todavía. El proceso de escucha de Yolanda Díaz se daña seriamente incluso antes de nacer y se lastra con las imputaciones de Colau y Oltra y su doble vara de medir a la hora de asumir responsabilidades políticas.

Réquiem por Ciudadanos y la incógnita de Sánchez

En cuanto a Ciudadanos solo cabe entonar un requiescat in pace por su alma después de quedar fuera del parlamento andaluz. El candidato Marín luchó hasta el último momento por un proyecto que sigue siendo necesario en España pero que la mala cabeza de sus dirigentes ha convertido en un juguete roto y arrinconado por la historia. Marín ha sido incapaz de evitar la sangría de votos que han beneficiado al PP, pero le honra haber anunciado su dimisión después del sonoro fracaso electoral de ayer a pesar de haber sido un socio leal del presidente electo andaluz durante los últimos cuatro años.

En resumen, por mucho que los socialistas pretendan separar el tortazo andaluz de la política nacional, cualquier que no esté ciego o sea hooligan irredento del PSOE ve la relación y se pregunta por las consecuencias políticas de lo ocurrido ayer. Pocas dudas quedan ya de que el “efecto Feijóo” existe y que está llamando con fuerza a la puerta de La Moncloa. Quinielas hay varias y solo el tiempo dirá cuál es la ganadora, pero en ningún caso cabe esperar que Sánchez no mueva alguna ficha después del varapalo andaluz.

Para unos podría ser una remodelación del Gobierno después de la cumbre de la OTAN con el fin de recuperar la iniciativa y resistir hasta que toque convocar elecciones. Otros pensamos que lo que corresponde a estas alturas, con una crisis desatada, un presidente chamuscado por sus propios errores y mentiras y una legislatura enredada en disputas partidistas y juegos de tronos, es llamar a los ciudadanos a las urnas. En cualquier caso, de una cosa podemos estar seguros: haga lo que haga Sánchez, no lo hará pensando en el bien común de los españoles sino en su propio interés, el único que le mueve.

Canarias, donde todo es posible

Que nadie se llame a engaño, el título de este artículo no es el lema de una nueva campaña de la Consejería de Turismo para atraer a nómadas digitales a Canarias. Es, resumida en cinco palabras, la realidad mágica de una tierra en la que pasan cosas dignas de ser desentrañadas en un programa televisivo de misterios insondables. Aquí es posible encontrar cara a cara en un mismo periódico que el Parlamento canario va a gastarse más de 100.000 euros en proveer de butacones nuevos a las cansadas posaderas de sus señorías, junto a otra noticia en la que se afirma que Caritas atendió el año pasado en las islas a unas 53.000 personas más que el año anterior y a casi el doble que en 2019. No digo que en otros lugares no se registren fenómenos paranormales similares, pero en Canarias ya se han convertido en una tradición tan arraigada que han pasado incluso a formar parte de nuestra identidad.

EP

No es el chocolate del loro

Muchos pensarán que lo de los 100.000 euros para butacones parlamentarios es solo el chocolate del loro y que con ese dinero no se arregla gran cosa. Más allá de que el loro tan socorrido ya nos sale por un pico en gastos superfluos, los que así piensan deberían saber que esa cantidad es la que dedica anualmente el Gobierno de Canarias a los bancos de alimentos de las islas, que se las ven y se las desean para atender la demanda de comida de quienes no llegan a fin de mes. Nada tengo en contra de que sus señorías posen sus nalgas en sillones razonablemente confortables por si les apetece dormir la siesta, pero en tiempos de crisis y de pobreza los gestos de quienes viven del erario público siempre son importantes e incluso bienvenidos. Gastarse ahora ese dinero en cambiar los asientos del Parlamento es una indecencia que sus señorías pueden y deben evitar si les importa algo lo que los ciudadanos piensan de ellas.

Pero lo de los sillones y la pobreza es solo uno de esos casos mágicos que ocurren en esta tierra de prodigios. Véase por ejemplo el sorprendente y oscuro “caso mascarillas” por el que el Gobierno canario pagó cuatro millones de euros por unos tapabocas que resultaron ser falsos y que hubo que destruir. Después de una docena de requerimientos infructuosos a la empresa a la que se encargó la compra, con la que ni siquiera se firmó un contrato, para que devuelva el dinero, el Gobierno ha ido ahora a la Fiscalía, que ya investigaba a instancias particulares la alegría con la que nuestros gobernantes se gastan el dinero de los contribuyentes. Además de no haber denunciado todavía en el juzgado, ni el presidente regional ni su consejero de Sanidad han dado aún explicaciones convincentes a la opinión pública y, por supuesto, nadie ha asumido ninguna responsabilidad. En verdad, un caso digno de Hércules Poirot.

La dependencia y los plátanos del papa

Lo de las mascarilla no es menos extraordinario y enigmático que lo que ocurre con la atención a la dependencia. Como no sea por la incompetencia manifiesta y palmaria de la consejera del área, es muy difícil entender cómo es que mueren cada día nueve personas en Canarias esperando por una prestación reconocida o por qué tenemos la lista de espera más larga del país o cuál es la razón de que la financiación esté por debajo de la media o de que necesitemos el doble de plazas residenciales de las que están previstas. Y todo ello, según la Diputación del Común, podría ser  más dantesco si muchos dependientes que tienen derecho a la prestación no hubieran decidido no solicitarla para ahorrarse nervios y esperas ante la comprobada ineficacia de la administración autonómica.

"Podemos gobierna los días pares y hace oposición los impares"

Y qué decir del impenetrable asunto de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, a los que el Gobierno de Pedro Sánchez les ha regalado ahora, seis meses después de terminar la erupción, un “comisionado” para “agilizar” la reconstrucción de la isla. Mientras, aún quedan 2.000 personas desalojadas viviendo en casas de parientes o en alojamientos provisionales, otros muchos siguen incomunicados y las ayudas prometidas se enfrentan a la inmisericorde burocracia en la que mueren los sueños y las esperanzas de quienes lo perdieron casi todo. Pero eso sí, ha dicho Ángel Víctor Torres que “el papa Francisco podrá degustar una magnífica fruta como es el plátano de Canarias, nacido en las tierras fértiles de La Palma”. Torres se ha venido arriba alabando el regalo del ministro Bolaños en su audiencia privada con el pontífice y ha rematado el ditirambo proclamando que ha sido “un gesto hacia la isla que ha sufrido el volcán más devastador, en daños materiales, de Europa”. Quien no se consuela es porque no quiere.

La lista de casos esotéricos es tan larga que podríamos estar hablando de ellos varios días sin parar. No sé ustedes, pero yo siempre me he preguntado cómo concuerda que las islas tengan el REF “más avanzado” de su historia y reciba millones de turistas, mientras las tasas de exclusión y paro – tanto juvenil como adulto - son las más altas del país. Por no mencionar también lo mucho que le gusta el verde al actual Gobierno canario y lo mucho que habla de “huella de carbono cero”, al tiempo que teme más que a un nublado el impuesto europeo sobre el queroseno de la aviación. Me cuadra tan poco como ver a Podemos gobernando los días pares y haciendo oposición los impares, por no hablar de algunos políticos para los que la vida es un carnaval permanente en la que no caben otras prioridades y que, no satisfechos con regalarnos dos meses de murgas en invierno, salivan ahora pensando en extender la fiesta al verano como si no hubiera un mañana. El circo que no falte jamás, el pan siempre puede esperar en una tierra en la que todo es posible, salvo, a lo que se ve, unos responsables públicos a la altura de las circunstancias y unos ciudadanos conscientes de su poder.

Argelia: una crisis evitable

La credibilidad, el prestigio, la fiabilidad y el respeto de un país se calibran en gran medida por su política exterior. Otros factores como el poder económico y militar también cuentan, obviamente, pero si la comunidad internacional te percibe como un tarambana que da bandazos e improvisas en tus relaciones con otros países, tu imagen se deteriorará y una imagen dañada ante el mundo no es fácil de restaurar. La política exterior de un país que se respete a sí mismo y que busque ser reconocido en el contexto internacional como un actor valioso con el que es obligado contar, no puede estar sujeta ni al navajeo de la política partidista ni a la conveniencia del gobierno de turno. Una política exterior respetable de un país democrático es siempre una política de estado, es decir, estable, hasta cierto punto previsible sin ser inflexible y, sobre todo, asumida y respaldada no solo por las instituciones y los partidos políticos, sino incluso por el conjunto de la sociedad. Por desgracia, la política exterior española es hoy cualquier cosa menos una política de estado, lo que provoca un daño reputacional para los intereses de nuestro país del que costará recuperarse.

El declive de la política exterior

En realidad, la política exterior española padece desde hace mucho tiempo de algunos de los males de nuestra política doméstica: imprevisión, incoherencia, falta de objetivos claros y cortoplacismo. En la memoria del país pervive aún la tormentosa adhesión a la OTAN, la ignominiosa foto de las Azores o la sentada idiota de Zapatero al paso de la bandera estadounidense. Nuestro peso y presencia en Hispanoamérica ha ido de más a menos hasta casi desaparecer, en la Unión Europea no pasamos de segundones y en el Magreb nos hemos plegado históricamente a los deseos de Marruecos sin recibir a cambio más que nuevas exigencias y desplantes.

No es exagerado decir que con la llegada de Sánchez a La Moncloa, la pendiente por la que se ha venido deslizando desde hace años nuestra política exterior ha tocado fondo. Primero fueron los titubeos a la hora de enviar armas a Ucrania para que se defendiera de la agresión rusa, una decisión rechazada por la pata podemita del Gobierno que se ha trasladado ahora a la celebración en Madrid de la cumbre de la OTAN. Y aún hay gente que se sorprende y hasta se disgusta porque Joe Biden se olvide sistemáticamente de Pedro Sánchez en sus contactos con los aliados europeos y en las cumbres internacionales apenas le dé los buenos días.

El Sahara, la gota que colma el vaso

No obstante, la gota que ha colmado el vaso ha sido el aún inexplicado giro respecto al Sahara, del que Sánchez ni siquiera informó a sus socios, y que ha desatado una crisis evitable con Argelia en el peor momento posible. Más allá de algunas posiciones personales favorables a Marruecos como las de Zapatero o Moratinos, los sucesivos gobiernos españoles habían mantenido hasta ahora una posición oficial de neutralidad en relación con ese viejo contencioso, lo menos que cabe esperar de un país sobre el que recae la responsabilidad de administrar su excolonia. Esa posición también ha recibido siempre el respaldo del pueblo español, mayoritariamente identificado con las reivindicaciones saharauis frente al expansionismo marroquí.

Sánchez ha acabado de un plumazo con casi cinco décadas de política de estado en relación con el Sahara y ha incendiado las relaciones con Argelia, un socio fundamental en tiempos de crisis energética, sin recibir nada a cambio de Marruecos más que nuevas largas y pegas a cuestiones como las aduanas de Ceuta y Melilla. Paradójicamente, además, ha convertido a la dictadura militar argelina en una defensora del Derecho Internacional en el Sahara, mientras una democracia como la española, con obligaciones legales en el territorio, se coloca abiertamente del lado de una de las partes ignorando los mandatos de la ONU.

La gran pregunta: ¿por qué y por qué ahora?

Las reacciones del incompetente ministro de Exteriores ante el enfado argelino no han hecho sino incrementar la sensación de ridículo que sentimos muchos ciudadanos ante la torpeza gubernamental en una cuestión tan sensible política y económicamente. Albares ha pasado de hablar de Argelia como “un socio fiable” a ofrecerle “amistad duradera” para terminar quejándose a la Unión Europea y, al parecer, pidiendo la mediación de la diplomacia francesa para intentar recomponer las relaciones con el país norteafricano. La confusión y el batiburrillo son de tal magnitud que en medio de este sainete se ha colado la ministra Calviño, quien, no contenta con culpar a Putin de la inflación, también lo acusa sin aportar una sola prueba de instigar a Argelia contra España. Que a instancias españolas la UE haya afeado la reacción argelina ha enfadado más si cabe al régimen de ese país, de manera que será muy difícil por no decir imposible que las relaciones comerciales y de cooperación se recompongan y normalicen mientras Sánchez siga siendo el presidente español o, al menos, mientras Albares siga desbarrando en Exteriores.

Que Sánchez actuó de manera unilateral y temeraria, con nocturnidad y alevosía políticas, es algo evidente que concuerda a la perfección con el perfil político del personaje; que aparentemente no calibró las consecuencias de darle una patada al tablero magrebí y ponerse de parte marroquí frente a los saharauis y a Argelia también salta a la vista para cualquiera. La gran pregunta que nos seguimos haciendo muchos es por qué lo hizo y por qué en estos momentos precisamente, en los que menos convenía enemistarse con un país del que importamos algo tan precioso como el gas. Lo cual nos lleva también a preguntarnos una vez más qué relación existe entre las escuchas de Pegasus, presumiblemente realizadas por Marruecos, y el giro copernicano de Sánchez en el Sahara. Ese es el verdadero nudo gordiano de este esperpento diplomático que de un modo u otro terminaremos pagando todo los españoles, mejor dicho, que estamos pagando ya en términos de descrédito y desprestigio de nuestro país ante la comunidad internacional. 

El sentido de estado según Sánchez

No sé ustedes, pero yo nada esperaba de la comparecencia de Sánchez en el Congreso para “explicar” su triple salto mortal con tirabuzón respecto al Sahara y, en consecuencia, no estoy decepcionado. Imagino que quienes creyeron que el presidente aclararía las numerosas incógnitas y sospechas que rodean el viraje saharaui estarán algo melancólicos, pero a estas alturas ya deberían conocer al personaje y saber que la transparencia y rendir cuentas no están entre sus habilidades políticas. En cambio, aquellos que siempre están dispuestos a aplaudir al líder, tanto si dice blanco como si dice negro, seguramente estarán satisfechos y convencidos de que no queda nada por aclarar ni añadir y solo cabe decir amén. 

EFE


Argelia rompe la baraja

La comparecencia de Sánchez, por la que ha habido que esperar casi tres meses desde su giro copernicano en el Sahara y que además ha diluido mezclándola con el decreto de medidas por la guerra en Ucrania, ha sido un nuevo ejercicio de opacidad y narcisismo plagado de vaguedades, lugares comunes, falsedades y una sola constatación: que ha habido cambio radical de posición por más que el entorno presidencial, el partido y los cortesanos orgánicos habituales lleven semanas intentando hacernos creer lo contrario. Así lo ha entendido también Argelia, cuyo Gobierno anunció poco después de la intervención de Sánchez que rompe el Acuerdo Bilateral de Amistad y Cooperación y congela las relaciones comerciales con España. Dos decisiones que se unen a la de llamar a consultas a su embajador en Madrid, tomada poco después de conocerse la rendición de Sánchez ante Rabat.

Sánchez recoge así lo que ha sembrado su mano torpe, que no ha sido otra cosa que despreciar a un actor clave en el conflicto saharaui al que no informó de su cambio de rumbo y al que ni siquiera mencionó en su intervención de ayer. Ahora, Argelia le devuelve la moneda en donde más puede dolerle a los españoles: el control de la inmigración, el comercio y el gas, justo cuando más necesitaba nuestro país mantener buenas relaciones con un proveedor fiable de gas y un buen comprador de algunos productos españoles. En ese escenario no hay nada más patético que escuchar al inefable e incapaz ministro Albares llorando sobre la leche derramada y prometiendo amistad eterna a Argelia.

La soledad de Sánchez

Sin más apoyo que el de su partido, Sánchez ha pedido a las fuerzas políticas que apoyen su cambio unilateral respecto al Sahara después de haberlas ignorado por completo antes de perpetrarlo. Alega que el acuerdo con Marruecos garantiza la soberanía española de Ceuta y Melilla, lo que de por sí es una afirmación cuando menos escandalosa por lo que supone de juego de manos sobre un asunto que no puede estar sujeto a conchabos de ningún tipo y menos con el futuro del pueblo saharaui y la legalidad internacional de por medio.

Arguye también que la genuflexión ante Mohamed VI será positiva para el control de la inmigración irregular, pero lo cierto es que el número de inmigrantes llegados a Canarias este año ya ha aumentado un 52% con respecto al mismo periodo del año pasado. De Canarias, región directamente concernida por lo que ocurra en el Sahara, apenas dijo nada Sánchez más allá de los tópicos habituales sobre aguas y seguridad. En juego están también las riquezas submarinas insulares, pero el presidente no tuvo tiempo para detenerse en minucias que al parecer le pillan muy lejos de sus intereses. Imagino, no obstante, que el presidente socialista canario aplaudirá con entusiasmo las palabras de su jefe de filas. 

"Canarias, ausente en las explicaciones de Sánchez sobre el Sahara"

Tampoco hubo alusiones a Pegasus, a pesar de las fundadas sospechas de que el espionaje de su teléfono y de algunos de sus ministros procedía de desiertos cercanos y de que su regate en corto con el Sahara y esas escuchas pueden estar directamente relacionados. Sánchez se agarra de que también EE.UU, Alemania y Francia han cambiado de posición sobre el futuro del Sahara, pero pretende ocultar una diferencia crucial con España: ninguno de esos países tiene las obligaciones internacionales que tiene el nuestro con un territorio al que le unen lazos históricos y afectivos que Sánchez también ha despreciado al plegarse ante la posición marroquí. Decir a estas alturas que España defiende el acuerdo entre las partes después de ponerse oficialmente del lado de una de ellas, es un escarnio y una ofensa al pueblo saharaui y al derecho internacional.

Sentido de estado vendo, que para mí no tengo

A Pedro Sánchez y a los suyos les encanta hablar de “sentido de estado”, pero, en boca del presidente, esa expresión no pasa de ser un chantaje político a la oposición para que apoye sin rechistar sus decisiones unilaterales y sin consenso. Después de no haber consultado ni siquiera con sus socios de gobierno el asunto del Sahara, Sánchez pedía ayer al Congreso que tenga “sentido de estado” y respalde su viraje, el mismo sentido de estado del que él da muestras permanentes de carecer. 

Por citar solo algunos ejemplos, “sentido de estado” para Sánchez es gobernar con el apoyo de independentistas y filoetarras, indultar a condenados por sedición para poder continuar en el poder, violar tres veces seguidas la Constitución durante la pandemia, cambiar la política exterior sin consultar ni avisar a nadie o acudir al Congreso a rastras, no tanto para rendir cuentas de la gestión como para atacar a la oposición y exigirle, cómo no, “sentido de estado.” Pensándolo bien, tal vez el verdadero y más importante estorbo que tiene España en estos momentos sea Pedro Sánchez y su absoluta falta de sentido de estado.

La campaña interminable

Hubo una época, muy lejana ya, en la que era posible distinguir con una cierta claridad las campañas electorales de la acción de gobierno propiamente dicha. Sin embargo, de un tiempo largo a esta parte, los límites se han difuminado de tal manera que hoy ya es imposible identificar qué es una cosa y qué es otra. La gente suele decir que las campañas son cada vez más largas porque cada vez comienzan antes. Yo niego la mayor: las campañas ya no tienen principio ni final porque los partidos políticos, tanto los que gobiernan como los de la oposición, viven en campaña permanente e interminable. Ese agotador clima de campaña constante, artificialmente caldeado por los líderes políticos, sus asesores y sus seguidores a través de las redes, es una rémora democrática y un obstáculo muchas veces insalvable para que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo en asuntos de estado. No es posible alcanzar consensos ni compromisos útiles para el interés general si la acción política diaria está condicionada y orientada continuamente hacía la obtención de réditos electorales. 


Todo es campaña

El márquetin político está por todas partes y dirige con mano de hierro la acción política. Hasta tal punto es así que los asesores de campaña suelen ser los mismos que asesoran al presidente del gobierno cuando el partido asesorado accede al poder. Su objetivo es simple pero a la vez difícil en un escenario político cada día más competitivo y polarizado: conseguir que el líder no pierda comba ante la opinión pública, que sea centro de atención mediática todos los días, sin importar la consistencia del mensaje o su veracidad. Lo que interesa por encima de todo es mantenerse permanentemente en el candelero y generar titulares y apariciones en televisión.

Esta dinámica perversa impone decisiones, medidas y promesas cortoplacistas, pensadas solo en función de los votos que puedan arrastrar cuando lleguen las elecciones. Se pervierte así por completo la acción de gobernar y el papel que debe desempeñar la oposición en una democracia. También es cada vez más frecuente que se entremezclen el ámbito institucional y el electoral, cuando se utilizan con todo descaro las instituciones democráticas y los recursos públicos para hacer campaña partidista o para atacar a la oposición.

Las redes sociales: un antes y un después

Las redes sociales han marcado un antes y un después en este proceso por el que que se han terminado asimilando hasta confundirse el plano electoral con la acción de gobierno o el ejercicio de la oposición. Las redes son hoy el principal vínculo de comunicación entre los líderes políticos y los ciudadanos con las ventajas, pero también con los riesgos, que eso implica. Cierto es que son una oportunidad para que la comunicación fluya y para que los partidos pequeños puedan llegar más fácilmente a los electores, pero, al mismo tiempo, son canales propicios para diseminar bulos y mentiras, favorecer las injerencias y generar polarización con fines electorales.

A esa realidad no son ajenos los medios tradicionales, que en busca de audiencia replican de forma acrítica las polémicas de las redes, y en los que ya es casi imposible encontrar información política que no esté viciada de electoralismo o partidismo. Frente a la información y el comentario ponderado de la acción gubernamental, lo que se ofrece suele ser periodismo de declaraciones y de dimes y diretes tan ruidoso como estéril. 

Además, la profusión y la frecuencia con la que se publican encuestas y sondeos electorales, muchas veces a gusto del consumidor que las encarga con el fin de favorecer una opción política determinada, no hace sino alimentar la agobiante sensación de que vivimos continuamente en campaña. Con los políticos y los medios en celo electoral permanente surgen el hastío, el agotamiento y el cansancio de los ciudadanos que, en gran medida, esperan al último momento para decidir su voto. 

Diferencias entre político y estadista

Con razón cabe preguntarse qué tiempo real dedican los responsables políticos a ocuparse  de los grandes desafíos y problemas del país, muchos de ellos con un horizonte temporal superior a los cuatro años de la legislatura, si lo único que les mueve es ganar las próximas elecciones para conservar el poder o acceder a él. Ante esta realidad, la regulación de las campañas ha quedado obsoleta y a estas alturas suena absurdo hablar de “precampaña” y “campaña” o de “jornada de reflexión”. Todos esos preceptos se justificaban cuando los españoles aún estábamos dando los primeros pasos en democracia, pero hace mucho que han sido desbordados de largo por la nueva realidad mediática y la dinámica partidista.

A Bismarck se le suele atribuir haber dicho que un político se convierte en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y empieza a pensar en las próximas generaciones. Si eso es así, podemos concluir que los verdaderos estadistas actuales se podrían contar con los dedos de una mano y, siendo optimistas, sobrarían varios dedos. En general, lo que hay son líderes políticos de diseño, tan mediocres como mediáticos, obsesionados con su imagen y dedicados exclusivamente a vender los mensajes que sus asesores en márquetin electoral han precocinado para ellos. 

Líderes convencidos de que la clave para ganar las elecciones no pasa tanto por entregar un buen balance de gobierno a los electores u ofrecerles un proyecto alternativo sólido, como por desprestigiar y desacreditar a los rivales, cargándoles con la culpa de todos los males del país. El drama del que no parecen ser conscientes es que esa práctica nociva y cada vez más extendida también socava, deteriora y desacredita gravemente la democracia.

Verdades, mentiras e inflación

En España ocurren auténticos prodigios, por no calificarlos de cosas chulísimas. Ocurre, por ejemplo, que cuantos más pobres de solemnidad contabilizan las estadísticas oficiales y oficiosas, más recauda el Gobierno por impuestos. O si lo prefieren, cuanto más recauda el Gobierno por impuestos más pobres de solemnidad se contabilizan. Pero no hace falta acudir a Iker Jiménez para que nos explique el misterio, basta con echar mano de los datos de la inflación para comprender la causa de lo que es solo una aparente paradoja. Si nos fijamos en los precios de los productos básicos de cualquier cesta de la compra de este país, veremos que la luz ha subido un 34%, la gasolina el 16%, el pan el 10%, la leche el 14%, los huevos el 21%, el aceite de oliva el 42%, los alimentos para bebé el 12% y los cereales el 6%. Con estos precios a nadie puede extrañarle que millones de familias se vean obligadas a hacer economía de guerra, mientras el Gobierno llena las arcas públicas a costa suya y el ministro Garzón recomienda alimentación sana y saludable. 


Los bancos de alimentos sin comida y la recaudación disparada

Para entender estos porcentajes en su contexto social hay que fijarse en las familias que deben acudir a los bancos de alimentos o a Cáritas para tener algo que llevarse al caldero cada día. Los bancos de alimentos, que el año pasado atendieron a 1,5 millones de familias, calculan que ese cantidad se incrementará un 20% en 2022. Los prestigiosos informes de FOESSA – Caritas apuntan que tres de cada diez familias españolas han tenido que recortar los gastos destinados a productos de primera necesidad.

Tampoco es complicado deducir que el problema es más o menos agudo según de qué comunidades autónomas hablemos. En Canarias, la que peores indicadores sociales y económicos presenta de todo el país, la inflación desbocada es un clavo más en la cruz de pobreza y exclusión que arrastran más de 600.000 canarios, para los que, como escribí hace unos días, no es ni de lejos una suerte vivir aquí. Aún así, lo peor es que todo lo que es susceptible de empeorar es probable que lo haga y la previsión, a menos a corto y medio plazo, es que el globo de los precios siga volando alto durante una larga temporada.

Tan alto como la recaudación tributaria de Hacienda, que había aumentado un 18% hasta abril después de un 2021 de récord, lo que equivale a unos 86.000 millones de euros. Y eso también tiene una causa principal y se llama...inflación. De hecho es el IVA, junto con el IRPF, el impuesto que más tira hacia arriba de la recaudación a pesar de las rebajas fiscales adoptadas con tambores y cornetería por el Gobierno para que nos traguemos el bulo de que no deja a nadie atrás. Por decirlo de otro modo, el Gobierno hace caja gracias a la inflación y destina una modesta cantidad de lo que recauda a ponerle tiritas a una situación que está colocando a millones de familias españolas entre la espada y la pared.

Crisis alimentaria y medidas ineficientes

Contra todas las evidencias y la opinión de la mayoría de los economistas, solo el Gobierno se empeña en hacernos creer que la inflación será cosa de unos meses como mucho, tras los cuales podremos volver a atar los perros con longanizas. Se empiezan a escuchar voces que alertan de una crisis alimentaria derivada de la guerra en Ucrania, pero el Gobierno hace como quien oye llover. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de la energía y de los productos frescos y que es la que más preocupa y la que más cuesta hacer bajar, se ha puesto en niveles de 1995, pero el Gobierno mira al tendido y se parapeta tras su escudo social.

En síntesis, el Gobierno parece confiar en un milagro pero no hace nada para que ocurra. Desde marzo estamos esperando que se empiece a aplicar el tope al precio del gas, un logro de Sánchez en Bruselas por el que los suyos lo pasearon a hombros por los medios afines y las redes sociales. La bonificación de los precios de los combustibles, otro hito sanchista que mereció encendidos elogios de su muchachada, ha resultado ser otro fiasco: la mitad de los veinte céntimos por litro que los españoles ponemos de nuestro bolsillo para que la gasolina no nos cueste tanto, ya la ha absorbido la subida de precios. A la vista del éxito alcanzado, al Gobierno no se le ha ocurrido una idea mejor que prorrogar la medida hasta septiembre a pesar de su ineficacia y su carácter regresivo, como acaba de recordar el Consejo Económico y Social del Estado.

La teta de la recaudación

Sin embargo, rechaza de plano medidas como deflactar las tarifas más bajas del IRPF como ha propuesto el PP y apoyado incluso el ex ministro socialista Jordi Sevilla. El motivo no es otro que seguir aprovechándose de la inflación para hacer caja a costa de los ciudadanos, lo cual no solo es antieconómico sino indecente. Lo que sí hace es instar a un pacto de rentas entre empresarios y sindicatos, pero se resiste a soltar la teta de la recaudación. Su principal obsesión es hacer creer que este repunte inflacionista, que pone en el disparadero la incipiente recuperación económica y aboca a millones de familias españolas a pasar estrecheces y miseria, es culpa única y exclusivamente de un señor llamado Vladímir Putin que un buen día decidió invadir Ucrania.

Como ocurre con tantas otras cosas, la realidad y los mensajes del Gobierno se parecen como un huevo a una castaña. La espiral inflacionista se inició mucho antes coincidiendo con el final de las restricciones por la pandemia y tiene que ver, sobre todo, con la subida de los precios de la luz sin que Sánchez moviera un dedo para atajarla. Luego vino lo de Ucrania y el proceso se ha acelerado y agravado, hasta el punto de que prescindir del gas ruso podría elevar la inflación al entorno del 10%. Vivir será más caro en los próximos años, aunque esto tampoco es una novedad. Lo que sí es una novedad es que eso esté ocurriendo ya con el Gobierno más progresista y social de la democracia, el que no iba a dejar a nadie atrás y con el que íbamos a salir más fuertes de la crisis. No me podrán negar que es una cosa chulísima.

De aquellas mascarillas estos lodos

Escribí el otro día que si atendemos a los datos económicos y sociales del Archipiélago, para la mayoría de la población canaria no es una suerte vivir en la ultraperiferia española. Sin embargo, si formas parte del Gobierno regional puede llegar a ser incluso una bendición del cielo. Entre otras cosas porque te libras de la murga diaria de la llamada prensa “nacional” preguntándote por cómo, quién y por qué se pagaron cuatro millones de euros a una empresa de compra venta de coches por un millón de mascarillas que ni están ni se les espera. Y todo ello, para colmo, sin mediar verificación previa de esa empresa y sin otro contrato que el verbal, como si el dinero público se pudiera entregar al primero que pasa con el único aval de su palabra. Es también la suerte de apellidarse Torres, Pérez o Trujillo y no tener más peso político nacional que un comino. Si te apellidas Ayuso o Martínez-Almeida hay especiales diarios en ciertas televisiones, artículos de fondo, sesudos análisis y editoriales cruzados sobre el tráfico de influencias.

EFE

En todos lados cuecen mascarillas

No digo yo que el caso de las mascarillas madrileñas huela mucho a trigo limpio ni pongo las manos en el fuego por nadie, que de pacientes en la unidad de quemados por esa razón ya vamos servidos. Lo único que digo es que el rasero mediático es distinto en uno y otro caso, aunque la gravedad de lo ocurrido sea pareja. Si en el caso de Madrid se culpa al alcalde de no denunciar ante la Justicia el pelotazo de los comisionistas Luceño y Medina, en el caso canario cabe preguntarse también porqué el Ejecutivo autonómico no hizo lo propio cuando la empresa a la que le encargó las mascarillas no cumplió su parte del trato verbal a pesar de haber recibido el pago acordado. Hasta  el vicepresidente Rodríguez se ha desmarcado y considera conveniente llevar el asunto a los  juzgados, pero el consejero de Sanidad alega que el dinero se recuperará antes por vía administrativa que judicial. Lo cierto a día de hoy es que lleva ya una decena de requerimientos de devolución y aún no ha visto un euro.

Ahora es cuando amaga con acudir a los tribunales - a conejo ido palos a la madriguera - y se hace pasar por la víctima de un asunto en el que los verdaderos perjudicados somos los ciudadanos canarios, cuyos impuestos el Gobierno destinó alegremente – y puede que hasta delictivamente - a comprar una partida de mascarillas que terminaron destruidas por no ajustarse a las normas de la UE. Como ocurre casi siempre en estos casos, en medio pululan los intermediarios entre el Gobierno canario y la empresa incumplidora y entre esta y el supuesto fabricante proveedor.

El Gobierno no es la víctima, lo son los ciudadanos cuyo dinero se ha entregado a cambio de nada”

Del segundo de esos intermediarios se sabe que ya se embolsó 25.000 euros de comisión por sus gestiones y muy extraño sería que el primero no hubiera recibido también su parte. Muy convencido se muestra el Gobierno de recuperar no solo los cuatro millones de euros pagados en balde sino los 800.000 euros correspondientes a los apremios a los que la empresa no ha respondido. Ahora, en cambio, esa misma empresa se descuelga con la propuesta de traer 1,2 millones de mascarillas para compensar el descosido en las cuentas públicas. No me sorprendería que el Gobierno terminara aceptando, exponiéndose a ser burlado por segunda vez.

¿La punta del iceberg?

A la vista del preinforme de la Audiencia de Cuenta de Canarias revelado por Canarias 7, cabe preguntarse si la compra de las mascarillas a una empresa de venta de coches sin cumplir ningún requisito legal es solo la punta del iceberg de lo que ocurrió en los primeros meses de la pandemia. En ese documento se señala algo que es de Perogrullo: la urgencia derivada de la pandemia y el estado de alarma no exoneraba en ningún caso a las administraciones públicas de su obligación legal de comprobar con quién se gastaban los cuartos de los contribuyentes. En el caso que nos ocupa, el Gobierno de Canarias no verificó nada, ni la solvencia de la empresa ni la adecuación de su actividad habitual al fin por el que se le abonaron cuatro millones de euros mediante un acuerdo verbal y telefónico que nunca cumplió. 

Dice también la Audiencia que un tercio del centenar de contratos analizados no estaban debidamente justificados ni explicada la necesidad de su tramitación urgente. Es más, señala también que se hicieron pagos por más de 42 millones de euros que ni siquiera contaban con la autorización del Consejo de Gobierno, lo cual puede devenir en su nulidad de pleno derecho. En otras palabras, no es exagerado afirmar que la mayor parte de las compras sanitarias en los primeros meses de la pandemia están ahora bajo sospecha de haberse realizado sin respetar la legalidad.

Además de las judiciales existen las responsabilidades políticas

Tuvo que ser un particular el que llevó este caso a la Fiscalía Anticorrupción, lo cual no dice mucho en favor ni de la transparencia de la que presume el Gobierno autonómico ni de su probidad y diligencia en el uso del dinero público. A lo que estamos asistiendo estos días es a las consecuencias del descontrol generalizado que reinó en los inicios de la pandemia, con un Ministerio de Sanidad incapaz de centralizar las compras de material sanitario y unas comunidades autónomas obligadas a arreglárselas por su cuenta sin reparar en el cómo ni en el cuánto.

Eso, sin embargo, solo explica lo ocurrido pero no exculpa a los responsables políticos de haberse saltado la legalidad como si no hubiera un mañana y como si el dinero público no fuera de nadie y se le pudiera entregar a cualquiera que prometiera guantes o mascarillas sin más garantías que su palabra de caballero. Al margen de las responsabilidades judiciales que en su caso se determinen, existe algo llamado responsabilidad política que, aunque sea muy poco habitual en España, se debería concretar en dimisiones o ceses de quienes tomaron decisiones presuntamente reñidas con la legalidad. Vivir en la ultraperiferia no debería dar derecho también a disfrutar de patente de corso.

Día de Canarias: ¿una suerte vivir aquí?

A las puertas del Día de Canarias el Gobierno autonómico ya nos ha obsequiado el ineludible vídeo con el marchito tópico del fuego y el mar, que ya conocemos de memoria después de años machacando en la misma idea. De nuevo se sucederán los parabienes por vivir aquí, porque aún siendo la comunidad más pobre y con la mayor tasa de paro del país, en contentura y ganas de fiesta no nos gana nadie; se volverán a escuchar discursos oficiales cargados de buenas intenciones y autojustificaciones, veremos al Gobierno premiándose a sí mismo, nos revestiremos de típicos por unas horas, muchos incluso se atreverán con una isa y un sancocho y, al día siguiente, felices de haber tenido un día más de fiesta, regresaremos a la tozuda realidad cotidiana de un archipiélago al que, si no es por Juana es por la hermana, cuando no por ambas, le va a costar levantar cabeza. No tengo nada contra quienes celebran así el Día de Canarias, aunque habrá a quien mi forma de ver esa jornada le parezca demasiado pesimista y hasta poco patriota. En cualquier caso, me resisto a disfrazar de falso optimismo un panorama imposible de soslayar ni aún con la mejor de las intenciones.

Paro e ineficacia pública

Un rápido y somero repaso de los datos económicos y sociales bastan para convencerse de que vivir en Canarias a fecha de hoy es como mínimo para estar preocupados por el futuro, no digo ya para alegrarse. Según la EPA, el Archipiélago es la comunidad autónoma con mayor tasa de paro y la segunda que más empleo destruyó en el primer trimestre del año. También lidera el paro juvenil no solo de España sino de la Unión Europea, y aunque es cierto que en el último año ha habido un aumento de empleados y de afiliación, la precariedad laboral es la norma generalizada.

Mientras el paro parece ya un problema crónico de la economía canaria, hasta el punto de que ni el regreso de los turistas tras la pandemia permite reducirlo significativamente, a nadie le debería sorprender que Canarias sea también una de las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza y exclusión social. Solo de drama social cabe calificar que 630.000 canarios se encuentren en esa situación o que 300.000 padezcan exclusión severa o que 125.000 estén en situación crítica, según el último informe de FOESSA.

No cabe duda de que la pandemia agravó un problema que, como el del paro, también se ha vuelto crónico. No obstante, al empeoramiento ha contribuido de forma decisiva la ineficacia y la ineficiencia de los poderes públicos para responder en tiempo y forma a esa realidad. Con solo decir que el publicitado Ingreso Mínimo Vital apenas llega aún al 7% de los que lo necesitan en Canarias, está dicho prácticamente todo. No extraña tampoco por tanto que las islas encabecen también la clasificación de comunidades en las que menos cobertura ha alcanzado el IMV, presentado poco menos que como la panacea contra la pobreza, contra la que las únicas panaceas posibles son la educación y el empleo. 

Dependencia, el lunar más negro

Aunque el gran lunar negro de la gestión autonómica sigue siendo la atención a la dependencia, en donde – cómo no – Canarias lidera también la lista de personas en el limbo, es decir, dependientes con el grado de dependencia reconocido que aún no perciben la prestación o el servicio a que tienen derecho. En las islas mueren cada día 8 personas esperando por esa prestación y se tardan 900 días de media en resolver un expediente de dependencia. Aún así, Canarias redujo el año pasado en cerca de 44 millones de euros su aportación a la dependencia, según acaba de revelar la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. ¿Una suerte vivir aquí para los dependientes?

La escasa diligencia autonómica para dar respuesta a la aguda crisis social que sufren las islas va pareja con el menosprecio y el ninguneo que el Gobierno central sigue exhibiendo ante la realidad de la comunidad autónoma con los peores datos económicos y sociales del país. La penosa gestión de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, utilizado por Pedro Sánchez para su lucimiento personal, es solo un botón de muestra al que cabe añadir el desconocimiento, cuando no el desdén, de Madrid ante el cumplimiento del REF o la pachorra frente al drama humano de la inmigración.

Un giro con Marruecos que aumenta la incertidumbre...

Ahora, el ministro de Exteriores ha venido a Canarias a reconocer que la pirueta de Sánchez respecto al Sahara tampoco ayudará a reducir el número de inmigrantes que intentan llegar a las islas, un intento en el que muchos pierden la vida. Esa fue precisamente la excusa con la que se vendió a la opinión pública un acuerdo que, por si no había ya suficientes dificultades en las islas, ha ensombrecido aún más el futuro de un archipiélago que tiene la mala suerte de no llamarse Cataluña.

La pandemia o el volcán pueden considerarse atenuantes, pero en ningún caso eximentes de la falta de empuje e ideas del Gobierno del Pacto de las Flores ante una agenda plagada de asuntos pendientes, ni mucho menos para justificar su mansedumbre ante los sucesivos desplantes de Sánchez y de algunos de sus ministros. La suerte que tiene el presidente canario Torres es que la oposición parece haberle dado bula hasta las elecciones y sus socios en el Gobierno, especialmente Podemos y NC, se conforman con hacer aspavientos o hacerse oposición a sí mismos, pero ni se les pasa por la mente despegarse del poder. 

Torres insiste en que todo irá viento en popa a partir de ahora y que la economía canaria crecerá más que ninguna otra. Mientras ese feliz y dorado momento llega y a falta de solo un año para las elecciones, no se conoce aún cuál es la hoja de ruta y los hitos que piensa seguir el Gobierno autonómico para superar esta crisis, más allá del fárrago de planes, estrategias, perspectivas y agendas tan bienintencionados como poco realistas. Torres también gusta de prometer que dejará una Canarias mejor que la que encontró, pero, a fecha de hoy, los principales indicadores económicos y sociales demuestran que la situación ha empeorado en los tres últimos años y no solo por culpa de la pandemia o del volcán, sino también por la impericia y la ineficacia del Gobierno. Además de quienes sufren a diario el drama del paro, la pobreza o la exclusión, o de quienes mueren esperando la prestación de la dependencia, si hay alguien en Canarias que debería saber mejor que nadie que para la mayoría de los canarios no es una suerte vivir aquí, ese debería ser Ángel Víctor Torres.  

El emérito y el cainismo

En un país cainita y de excesos como España, el breve regreso del rey emérito después de casi dos años ausente por voluntad propia no podía sino estar rodeado de excesos por parte de todos: de quienes desde algunos púlpitos mediáticos y desde las calles de Sanxenxo han lanzado ¡vivas! y de quienes, desde los púlpitos opuestos y desde las redes, han lanzado ¡mueras! Como no podía ser de otra manera, el propio comportamiento del emérito durante estos días también ha estado marcado por algunos excesos, cuando lo que más convenía a la institución que representó y a la que terminó defraudando era precisamente pasar desapercibido por más que no tenga causas judiciales pendientes en España. Pero dicho eso, ahora que el emérito ha retornado a Abu Dabi después de un largo encuentro con su hijo coronado en el que no deben haber faltado reproches filiales por una conducta paterna poco edificante, tanto los que lo jaleaban como los que pedían su cabeza tendrán que buscar nuevas armas de distracción masiva. Mientras, la inmensa mayoría del país seguirá luchando para salir adelante a pesar del Gobierno.


Luces y sombras

Todo lo que viene ocurriendo con Juan Carlos I, desde antes incluso de su abdicación, me ha producido siempre sensaciones ambivalentes, y creo que lo mismo le ocurre a la mayoría de los españoles. Los dientes de leche de la conciencia política me nacieron coincidiendo con la muerte de Franco y la Transición. Recuerdo con todo detalle dónde estaba y qué hacía el 23-F, así como el miedo y la zozobra que sentí durante aquellas horas y el alivio que supuso el mensaje del rey aquella noche histórica, en la que se jugó incluso la vida o cuando menos la corona frente a los golpistas.

A partir de ahí la figura del rey se agrandó, la monarquía se legitimó definitivamente y el país enteró se convirtió al juancarlismo. Pero pronto Juan Carlos I pasó a ser un intocable para la prensa, para los políticos y para los propios ciudadanos. Algún día habrá que hacer recuento del daño que le hizo a la institución monárquica cubrirla con un manto de silencio y rodear al rey de halagos inmoderados y acríticos. Salvo algunos rumores rápidamente acallados, durante décadas la monarquía y su titular fueron tabú periodístico y político hasta que la crisis económica de 2007 cambió las cosas para siempre y determinados comportamientos se volvieron intolerables.

Se abre el melón

Abierto el melón de la monarquía por el lamentable comportamiento de su titular, no tardaron en olvidarse los servicios prestados a la democracia y al progreso del país y la izquierda populista aprovechó la grieta para hacer palanca contra la Constitución del 78 y la forma del Estado. Lo que se ha ido conociendo en los últimos tiempos, la avaricia desmedida del monarca y sus maniobras económicas en la oscuridad, empañaron aún más su innegable aportación a la concordia entre los españoles y pusieron a los pies de los caballos la institución sobre la que se asienta el orden constitucional.

Hace casi dos años terminó de emborronar su hoja de servicios con una marcha de España que tenía el aspecto de una huida precipitada por más que asegurara que se iba para “no perjudicar a su hijo”, a quién le ha dejado en herencia el marrón de gestionar el dañado prestigio de la monarquía. A pesar de los desplantes y de las afrentas que le dedican casi a diario quienes desean arramblar con el modelo constitucional y lanzar basura sobre él, Felipe VI ha dado pruebas de estar a la altura de lo que se demanda en pleno siglo XXI de una monarquía parlamentaria y constitucional, que debe legitimarse cada día por la rectitud ética y moral de los comportamientos públicos y privados del titular de la corona y los miembros de la familia real.

Explicaciones debidas

A pesar de no tener causas pendientes con la Justicia, en buena medida gracias a la inviolabilidad de la que disfrutó mientras fue jefe de Estado, y teniendo en cuenta el fuerte carácter simbólico de la monarquía, creo que el rey emérito sí debe al menos algún tipo de explicación a los españoles que pusieron su confianza en la rectitud de sus actos privados. Lo que resulta cuando menos sarcástico, por no calificarlo de cínico, es que las exija también Pedro Sánchez, uno de los presidentes de gobierno de la democracia más opacos y alérgicos a dar explicaciones.

Por lo demás, Juan Carlos I no representa un peligro para nadie y no tendría que haber ningún problema para que fije su residencia en España si así lo desea. Por decirlo en otros términos, el emérito, con sus muchas luces y sus no pocas sombras, ya forma parte de la historia de España para lo bueno y para lo malo, algo que los españoles deberíamos aprender a conciliar sin hacer tantos aspavientos ni llevar las cosas a los extremos por una y otra parte.

La institución monárquica española espera reformas que la adapten a las demandas ciudadanas de transparencia e integridad, empezando por la inviolabilidad, una prebenda que, en mi opinión, no debería amparar los comportamientos privados del monarca durante su reinado. En todo caso, de lo que no tengo ninguna duda es de que, con monarquía o con república, seguiríamos siendo un país cainita y de excesos, incapaz de reconocer y distinguir lo negativo de lo positivo, lo que también significa comprender que las instituciones deben estar por encima de las personas, aunque estas jamás las deben utilizar para su lucro particular so pena de acabar con ellas.  

Sánchez, Canarias y el amigo marroquí

Cuando oigo a un político prometer algo me acuerdo de la canción de Pablo Milanés: “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”. El 23 de marzo Pedro Sánchez acudió raudo a Ceuta y Melilla a “explicar” su amplia reverencia ante el rey de Marruecos en el contencioso del Sahara, conocida por sorpresa solo unos días antes a través del Gobierno marroquí, que no del español. Ese mismo día el presidente de Canarias, el también socialista Ángel Víctor Torres, decía solemnemente en el Parlamento autonómico que Sánchez “tendrá que explicar en el archipiélago su carta al rey de Marruecos”, que el dirigente regional calificó de “relevante” y “trascendente”, para añadir que “ninguna propuesta tendrá recorrido si no es con el acuerdo entre las partes”. A Torres se le pasó el pequeño detalle de que Sánchez ha despreciado olímpicamente la postura de una de las dos partes, por no hablar de Argelia, de la oposición española y hasta de sus ministros y socios de gobierno, antes de postrarse a las plantas de Mohamed VI y jurarle que la propuesta autonomista es “la más seria, realista y creíble”. A lo mejor lo es, pero eso lo deben decidir los saharauis y eso es lo que debe respetar Sánchez.

EFE

Canarias y la danza de los siete velos 

El 26 de abril, mas de un mes después, el mismo Ángel Víctor Torres de antes afirmó que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, estaba “preparando un viaje en las próximas semanas a Canarias” para explicar la pirueta saharaui de Sánchez, a quien, al parecer, su apretada agenda no le impidió viajar ocho veces a La Palma para fotografiarse junto al volcán, pero sí le impide subirse al Falcon y darse un salto a los territorios de ultramar para despejar las numerosas incertidumbres provocadas por su danza de los siete velos en Rabat. Hay tantas cuestiones trascendentales para Canarias en el cambio de posición sobre el Sahara, que demorar más su explicación es confirmar que las islas, su futuro y sus intereses no están ni se les espera tan siquiera en la trasera de la última hoja de la agenda gubernamental. Imaginen que esto afectara a Cataluña o al País Vasco. 

La reactivación ahora de la estancada comisión hispano – marroquí para abordar el peliagudo y demorado asunto de la delimitación de las aguas territoriales sería una buena noticia si pasamos por alto la política de hechos consumados de Marruecos en las aguas del Sahara y el asentimiento dócil de España. Hace poco más de dos años el Parlamento marroquí aprobó, unilateralmente y ante el silencio español, ampliar las aguas territoriales y crear una zona económica exclusiva que choca de lleno con la que nuestro país reclama para Canarias. Es evidente el interés marroquí por las riquezas submarinas insulares y, francamente, a la vista del tradicional entreguismo español a las tesis de Rabat, el hecho de que las islas tengan un representante en esa comisión tranquiliza muy poco si su status se limita al de un mero convidado de piedra.

Vuelven las prospecciones y siguen llegando pateras

En esas estábamos cuando, ¡oh, sorpresa!, se anuncian prospecciones de hidrocarburos en aguas supuestamente marroquíes, a unos pocos kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. De buenas a primeras se disparan de nuevo las alarmas y se ponen sobre la mesa los riesgos ambientales de una actividad de la que se desconocen las medidas de seguridad adoptadas y quiénes serían los responsables de los daños económicos y medioambientales de un eventual accidente. Una vez más, el Gobierno canario parece haberse enterado por la prensa de lo que se cocía a unos pocos kilómetros de las costas de las islas y que, probablemente, el Gobierno central sí conocía.

Con todo, la inmigración es el aspecto más cínico de ese acuerdo a costa del pueblo saharaui. Aún así, las llegadas de inmigrantes a Canarias desde que se dio a conocer el giro de Sánchez se han incrementado un 20%, si bien ha disminuido la presión sobre Ceuta y Melilla. Los inmigrantes, ante cuyas muertes y desapariciones en el mar el Gobierno español y el canario se dan golpes de pecho, se han convertido en indecente moneda de cambio en este trato espurio. Es difícil no ver que Marruecos se ha comprometido de palabra a impedir – cuando le convenga, claro está - la salida de sus propios ciudadanos hacia Ceuta y Melilla y hacia Canarias a cambio de que España ceda en el Sahara y quién sabe en qué más.

¿Se negoció con Marruecos sobre la soberanía canaria?

La pregunta es una de las más preocupantes si recordamos cierto titular, según el cual, el acuerdo “obliga a Marruecos a desistir (sic) de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias”. El ministro Iceta lo retuiteó al instante e incendió las redes, demostrando que en este Gobierno hay mucha gente a la que le falta un buen hervor. ¿Se puso en algún momento sobre la mesa la soberanía de Canarias, Ceuta y Melilla en el conchabo con Marruecos? ¿A qué viene hablar de que Marruecos “desiste”? ¿Qué negoció Sánchez con Marruecos a propósito de Canarias, Ceuta y Melilla? La guinda al lamentable espectáculo la ha puesto Pegasus y sus escuchas. Todo lo anterior, desde el inesperado giro de Sánchez a los supuestos términos del acuerdo con Marruecos, ha quedado indeleblemente manchado por la sospecha de un chantaje marroquí si, como todo indica, el espionaje partió de ese país.

A modo de resumen, Canarias lleva décadas pagando los platos rotos de la política de apaciguamiento español con el vecino del sur. La pesca, la agricultura o la inmigración son solo tres ejemplos de lo que ha supuesto para los intereses de estas islas una política exterior con Marruecos que ha tenido mucho menos de buena vecindad en pie de igualdad que de hechos consumados marroquíes con consentimiento español. Un Gobierno canario, cuyo presidente ha demostrado que su peso político en Madrid no alcanza la categoría pluma y cuyos socios lloriquean por las esquinas sin atreverse a dar un golpe sobre la mesa, no garantiza que en este momento crucial se defiendan tampoco los intereses canarios. Hoy es 20 de mayo de 2022 y ni Sánchez ni Albares se han dejado caer aún por Canarias. Torres calla y, como decía Milanés, “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”.

Teoría y práctica de la crispación

Dice el CIS – sí, el de Tezanos – que los españoles estamos hasta la coronilla de la crispación política: ocho de cada diez nos declaramos hondamente preocupados, 9 de cada diez queremos que los partidos se pongan de acuerdo en algo que no sea repartirse los cargos públicos y seis de cada diez creemos que son precisamente ellos, los políticos, los que se pirran por una buena bronca en la plaza pública. Aunque unos más que otros, porque también dice la encuesta de marras que son el PSOE y Vox los que más hacen por la causa crispadora, a mucha distancia del PP y Podemos. Si Tezanos lo dice, quién soy yo para contrariar a un sondeador de su probada independencia y nivel de aciertos. Sin embargo, a mí todo esto me escama mucho habida cuenta de que los políticos españoles tienen una larga tradición en la práctica de la filosofía Zen y el buen rollito, evitan a toda costa poner como chupa de dómine a sus adversarios y son unos rendidos admiradores de las somnolientas democracias escandinavas. Lo que parece claro es que, si los políticos crispan tanto como dice el CIS que dicen los ciudadanos, estos, por el contrario, están más aletargados que nunca. ¿Y el Gobierno? ¿No crispa también el Gobierno? Algo no cuadra aquí. 

Alberto di Lolli

El arte de tocar las narices siempre y por todo

Primero deberíamos ponernos de acuerdo sobre el significado de “crispación”, porque aquí cada cual usa el término para asar su sardina. Si tiramos de Academia, “crispar” es, según el DRAE, “irritar o exasperar a alguien”. Hay quien define “crispación” como el desacuerdo permanente y sistemático sobre las iniciativas, propuestas, gestos, actuaciones o decisiones del otro, presentados desde la otra parte como un cambio espurio de las reglas del juego, incompetencia, electoralismo, carencia de proyecto, corrupción, etc., etc. Hablando en plata y por lo llano, crispar viene a ser tocarle las narices por cualquier motivo y en todo momento al contrario político, todo ello con el único fin de que no decaiga la tensión social y que los respectivos hooligans tengan carnaza de la que alimentarse. Vista así, crispación y polarización son términos intercambiables y equivalentes.

Este problema no es nuevo en las democracias ni exclusivo de nuestro país. En esto España no es diferente de Italia, Francia o el Reino Unido, aunque, a ojos de la ciudadanía, aquí la dolencia parece que se ha agravado más rápido según las encuestas. Entre los analistas hay coincidencia en que el punto de inflexión fue la aparición de Podemos y poco después de Vox como su contraparte. En un ambiente crispado o polarizado, alimentado desde las redes y los medios, el diálogo y el compromiso se cotizan cada vez más caros por miedo a perder votos, la democracia se bloquea, las instituciones se desprestigian y la desafección ciudadana crece.

"La aparición de Podemos y Vox marcan un antes y un después en la crispación en España"

Del mismo modo se exaltan las emociones, se avientan las teorías de la conspiración y se cultiva la llamada “moral del asco”, que prescinde de la argumentación y reduce al máximo el espacio para el diálogo y el acuerdo. El partido, la ideología, el territorio, el feminismo, la corrupción, la inmigración, la pandemia, la economía, la monarquía, la Guerra Civil, el franquismo y hasta el Festival de Eurovisión: todo vale para polarizar o crispar, a veces también para desviar la atención, haciendo que los votantes fieles se sientan cada vez más aislados e incluso enfrentados a quienes no comparten sus puntos de vista: o conmigo o contra mí, no hay término medio ni espacio para la discrepancia. El viejo Torquemada habría disfrutado de lo lindo en la España de hoy.  

El comodín de la crispación para silenciar al adversario

Pero deplorar la crispación como un mal para la democracia no debe impedirnos ver el uso torticero que se hace del término para intentar acallar las críticas legítimas de los adversarios, con el mal disimulado objetivo de imponer el discurso oficial. En esto son maestros el presidente del Gobierno y su nutrida legión de cortesanos, a los que se les llena la boca de diálogo y sentido de Estado al tiempo que acusan de antidemócratas y fachas a los que se atreven a ponerle peros a las decisiones gubernamentales. Puestos a crispar que tire la primera piedra quien esté libre de culpa: la oposición no suele pecar por defecto sino todo lo contrario, pero el Gobierno, sus socios y sus voceros más manporreros tampoco son mancos, aunque ante la opinión pública aparezcan como inocentes corderos que no han roto un plato.

"No hay democracia sin crispación, el problema surge cuando se cruzan todas las líneas rojas"

Sin que esto suponga justificar la polarización de la vida pública, la democracia es un sistema político basado en la competencia por el poder de acuerdo con un marco normativo aceptado por la mayoría. Lo lógico y consustancial a un sistema de esas características es que se produzca un cierto grado de tensión entre los actores políticos que inevitablemente trasciende a la ciudadanía. La ausencia de enfrentamientos y controversias en defensa de los respectivos planteamientos y puntos de vista no sería precisamente síntoma de buena salud democrática, sino de todo lo contrario. En España todos conocemos desde hace mucho el significado de la expresión “la paz de los cementerios” y no creo que la mayoría la prefiriera a un poco de ruido político.

El problema surge cuando ese ruido se vuelve escandalera y se traspasan todas las líneas rojas del respeto a la verdad, al adversario y a las instituciones en las que se sustenta la democracia. Por desgracia, en España esa situación se produce con una frecuencia cada vez mayor, tanto en el Parlamento como fuera de él en las redes o en los medios. La crispación se ha convertido en un modus operandi muy poco democrático de hacer política y de que eso ocurra son responsables todos o casi todos los partidos y todos o casi todos los políticos en mayor o menor medida. Es mayor si cabe la responsabilidad del Gobierno, sobre el cual recae el deber de separar sus obligaciones institucionales del discurso de los partidos que lo sustentan, en lugar de esconderse tras la crispación para anatemizar las críticas y actuar como aquel que iba con la cruz en el pecho y el diablo en los hechos. 

A los pies del separatismo

No es una exageración, es la realidad a poco que se reflexione: el Gobierno español lleva toda la legislatura viviendo, sufriendo y respirando por los poros del separatismo catalán, de cuyo aliento depende en gran medida que Pedro Sánchez cumpla su deseo de agotar la legislatura. Lo que los independentistas reclaman, sus caprichos y sus órdagos para calibrar hasta dónde está dispuesto a ceder Sánchez, adquiere inmediatamente la categoría de asunto de estado, prioritario y urgente: todo el Gabinete se desvive para satisfacer las exigencias de quienes tienen como principal objetivo obtener el mayor rédito político aprovechando que el único principio que guía la acción del presidente es mantenerse en el poder cueste lo que cueste a las instituciones y al país. Todo lo demás puede esperar por urgente que sea, las demandas independentistas deciden la agenda gubernamental en detrimento de otras necesidades más perentorias. No es tan excesivo como pueda parecer concluir que España está en buena medida gobernada desde la Generalitat de Cataluña y desde la sede de ERC. Sánchez no sólo está en manos del separatismo, también está a sus pies.

EP

Espionaje y ruedas de molino

El Gobierno hace esfuerzos vanos para que comulguemos con una descomunal rueda de molino, según la cual el vergonzoso cese de la directora del CNI tiene algo que ver con los pinchazos de Pegasus a los teléfonos del presidente y de los ministros de Defensa e Interior. Sobre esto ya señalé en otro post que en política no existen las coincidencias y este caso no es una excepción. El cese es la ofrenda debida a los independentistas a cambio de que no le retiren el apoyo a Sánchez, después de conocerse que una veintena de ellos había sido vigilada con aval judicial por el CNI.

El riesgo de tener que poner un abrupto punto y final a la legislatura obligó a Sánchez a ordenar a su fontanero mayor Bolaños que aireara a los cuatro vientos que el Gobierno también había sido espiado con Pegasus hacía un año. Lo lógico y natural en un presidente que se respete a sí mismo y a los ciudadanos y que valore la importancia de la seguridad nacional, habría sido actuar con discreción, averiguar dónde estuvo la falla y actuar en consecuencia. Dar a conocer urbi et orbi y de forma oficial que el Gobierno español había sido espiado y hacerlo a pocas semanas de una cumbre crucial de la OTAN, es algo que solo hace alguien tan agarrado al poder que incluso la seguridad y la imagen internacional del país le importan tres pimientos.

"Solo alguien tan apegado al sillón como Sánchez airea los fallos en la seguridad nacional para mantener el poder"

Nadie en su sano juicio puede creer que en La Moncloa no se conociera ese agujero en la seguridad hasta justo el momento en el que Aragonés y los suyos pidieron que rodaran cabezas. Es más, si hay alguien responsable en primera persona de ese fallo es precisamente el ministro Bolaños, entre cuyas atribuciones figura precisamente garantizar la seguridad de las comunicaciones de La Moncloa. A propósito de esa responsabilidad se ha sabido que el CNI transmitió hace un año una serie de instrucciones de seguridad para el presidente y sus ministros. Bolaños tendría que explicar si se las hizo llegar a quienes iban dirigidas o si estos no las cumplieron. Puede que debiera haber sido su cabeza y no la de la responsable del CNI la que tendría que haber rodado en este sainete.

Margarita Robles, quién la ha visto y quién la ve

Con el escenario de las justificaciones ya bien dispuesto, llegó el momento anunciado de poner sobre una bandeja de plata la cabeza de la responsable del CNI para calmar a los independentistas. Los políticos nos tienen acostumbrados a comparecencias que solo merecen el calificativo de ignominiosas y la que ofreció el martes la ministra de Defensa no escapa a esa categoría. 

Margarita Robles, la única ministra que se atrevía a levantar la voz ante independentistas y filoetarras y a defender el estado de derecho, ha dejado también patente que le puede más el cargo que la dignidad de no hacerle el trabajo sucio al presidente. De lo contrario habría presentado su dimisión inmediata e irrevocable antes de enfangarse como lo ha hecho, intentando presentar una injusta defenestración en toda regla, de cuyas causas no fue capaz de explicar con claridad ni tan solo una, por una “sustitución” a la que en realidad habría que llamar genuflexión, una más, del Gobierno ante los independentistas.

“Sánchez no ve contradicción en espiar a los mismos con los que gobierna”

A salvo de momento la cabeza de Robles gracias a su propia genuflexión ante Sánchez – ya veremos si sigue en su lugar después de la cumbre de la OTAN o de las elecciones andaluzas – la siguiente cesión al insaciable chantajismo independentista será seguramente desclasificar las autorizaciones judiciales de la vigilancia a Aragonés y a su revoltosa muchachada, aunque ello suponga volver a pasarse la ley por el arco del triunfo. Sobre la cabeza de Sánchez pende como una espada de Damocles la cínica frase de Junqueras, condenado por sedición y malversación y dispuesto a reincidir, que se permite advertirle al presidente de que le seguirá apoyando con la condición de que “no se repitan” las escuchas. 

Un panorama desolador

Tan incierto como que La Moncloa no sabía del espionaje a Sánchez con Pegasus es que Sánchez no tuviera conocimiento de las escuchas a los independentistas, en los que se apoya para gobernar pero a los que al mismo tiempo vigila como un peligro para el Estado a la vez que les permite acceder a secretos oficiales. Es todo de una lógica tan aplastante que asusta y que solo se explica por el fin último que persigue: conservar el poder.

Decía en un reciente post que asistimos a una legislatura zombi sin más rumbo que el que marcan los independentistas y que, de quedarle a Sánchez una pequeña brizna de sentido de estado, habría adelantado ya las elecciones. Lo que me pregunto hoy es qué quedará de todo esto cuando los socios de Sánchez consideren que ha llegado el momento de dejarlo caer y los ciudadanos decidan que no es digno de su confianza para continuar al frente del país.

El panorama es desolador: ruido estéril, tiempo perdido, mentiras, incapacidad, destrozo de la credibilidad y el prestigio de las instituciones y el estado de derecho, un mayor descrédito de la política entendida como el arte de mejorar la vida de los ciudadanos y toneladas de propaganda a mayor gloria de un político tóxico para este país. Por desgracia, las cosas positivas, que algunas pocas también ha habido, pasarán completamente desapercibidas.