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Canarias, donde todo es posible

Que nadie se llame a engaño, el título de este artículo no es el lema de una nueva campaña de la Consejería de Turismo para atraer a nómadas digitales a Canarias. Es, resumida en cinco palabras, la realidad mágica de una tierra en la que pasan cosas dignas de ser desentrañadas en un programa televisivo de misterios insondables. Aquí es posible encontrar cara a cara en un mismo periódico que el Parlamento canario va a gastarse más de 100.000 euros en proveer de butacones nuevos a las cansadas posaderas de sus señorías, junto a otra noticia en la que se afirma que Caritas atendió el año pasado en las islas a unas 53.000 personas más que el año anterior y a casi el doble que en 2019. No digo que en otros lugares no se registren fenómenos paranormales similares, pero en Canarias ya se han convertido en una tradición tan arraigada que han pasado incluso a formar parte de nuestra identidad.

EP

No es el chocolate del loro

Muchos pensarán que lo de los 100.000 euros para butacones parlamentarios es solo el chocolate del loro y que con ese dinero no se arregla gran cosa. Más allá de que el loro tan socorrido ya nos sale por un pico en gastos superfluos, los que así piensan deberían saber que esa cantidad es la que dedica anualmente el Gobierno de Canarias a los bancos de alimentos de las islas, que se las ven y se las desean para atender la demanda de comida de quienes no llegan a fin de mes. Nada tengo en contra de que sus señorías posen sus nalgas en sillones razonablemente confortables por si les apetece dormir la siesta, pero en tiempos de crisis y de pobreza los gestos de quienes viven del erario público siempre son importantes e incluso bienvenidos. Gastarse ahora ese dinero en cambiar los asientos del Parlamento es una indecencia que sus señorías pueden y deben evitar si les importa algo lo que los ciudadanos piensan de ellas.

Pero lo de los sillones y la pobreza es solo uno de esos casos mágicos que ocurren en esta tierra de prodigios. Véase por ejemplo el sorprendente y oscuro “caso mascarillas” por el que el Gobierno canario pagó cuatro millones de euros por unos tapabocas que resultaron ser falsos y que hubo que destruir. Después de una docena de requerimientos infructuosos a la empresa a la que se encargó la compra, con la que ni siquiera se firmó un contrato, para que devuelva el dinero, el Gobierno ha ido ahora a la Fiscalía, que ya investigaba a instancias particulares la alegría con la que nuestros gobernantes se gastan el dinero de los contribuyentes. Además de no haber denunciado todavía en el juzgado, ni el presidente regional ni su consejero de Sanidad han dado aún explicaciones convincentes a la opinión pública y, por supuesto, nadie ha asumido ninguna responsabilidad. En verdad, un caso digno de Hércules Poirot.

La dependencia y los plátanos del papa

Lo de las mascarilla no es menos extraordinario y enigmático que lo que ocurre con la atención a la dependencia. Como no sea por la incompetencia manifiesta y palmaria de la consejera del área, es muy difícil entender cómo es que mueren cada día nueve personas en Canarias esperando por una prestación reconocida o por qué tenemos la lista de espera más larga del país o cuál es la razón de que la financiación esté por debajo de la media o de que necesitemos el doble de plazas residenciales de las que están previstas. Y todo ello, según la Diputación del Común, podría ser  más dantesco si muchos dependientes que tienen derecho a la prestación no hubieran decidido no solicitarla para ahorrarse nervios y esperas ante la comprobada ineficacia de la administración autonómica.

"Podemos gobierna los días pares y hace oposición los impares"

Y qué decir del impenetrable asunto de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, a los que el Gobierno de Pedro Sánchez les ha regalado ahora, seis meses después de terminar la erupción, un “comisionado” para “agilizar” la reconstrucción de la isla. Mientras, aún quedan 2.000 personas desalojadas viviendo en casas de parientes o en alojamientos provisionales, otros muchos siguen incomunicados y las ayudas prometidas se enfrentan a la inmisericorde burocracia en la que mueren los sueños y las esperanzas de quienes lo perdieron casi todo. Pero eso sí, ha dicho Ángel Víctor Torres que “el papa Francisco podrá degustar una magnífica fruta como es el plátano de Canarias, nacido en las tierras fértiles de La Palma”. Torres se ha venido arriba alabando el regalo del ministro Bolaños en su audiencia privada con el pontífice y ha rematado el ditirambo proclamando que ha sido “un gesto hacia la isla que ha sufrido el volcán más devastador, en daños materiales, de Europa”. Quien no se consuela es porque no quiere.

La lista de casos esotéricos es tan larga que podríamos estar hablando de ellos varios días sin parar. No sé ustedes, pero yo siempre me he preguntado cómo concuerda que las islas tengan el REF “más avanzado” de su historia y reciba millones de turistas, mientras las tasas de exclusión y paro – tanto juvenil como adulto - son las más altas del país. Por no mencionar también lo mucho que le gusta el verde al actual Gobierno canario y lo mucho que habla de “huella de carbono cero”, al tiempo que teme más que a un nublado el impuesto europeo sobre el queroseno de la aviación. Me cuadra tan poco como ver a Podemos gobernando los días pares y haciendo oposición los impares, por no hablar de algunos políticos para los que la vida es un carnaval permanente en la que no caben otras prioridades y que, no satisfechos con regalarnos dos meses de murgas en invierno, salivan ahora pensando en extender la fiesta al verano como si no hubiera un mañana. El circo que no falte jamás, el pan siempre puede esperar en una tierra en la que todo es posible, salvo, a lo que se ve, unos responsables públicos a la altura de las circunstancias y unos ciudadanos conscientes de su poder.

Verdades, mentiras e inflación

En España ocurren auténticos prodigios, por no calificarlos de cosas chulísimas. Ocurre, por ejemplo, que cuantos más pobres de solemnidad contabilizan las estadísticas oficiales y oficiosas, más recauda el Gobierno por impuestos. O si lo prefieren, cuanto más recauda el Gobierno por impuestos más pobres de solemnidad se contabilizan. Pero no hace falta acudir a Iker Jiménez para que nos explique el misterio, basta con echar mano de los datos de la inflación para comprender la causa de lo que es solo una aparente paradoja. Si nos fijamos en los precios de los productos básicos de cualquier cesta de la compra de este país, veremos que la luz ha subido un 34%, la gasolina el 16%, el pan el 10%, la leche el 14%, los huevos el 21%, el aceite de oliva el 42%, los alimentos para bebé el 12% y los cereales el 6%. Con estos precios a nadie puede extrañarle que millones de familias se vean obligadas a hacer economía de guerra, mientras el Gobierno llena las arcas públicas a costa suya y el ministro Garzón recomienda alimentación sana y saludable. 


Los bancos de alimentos sin comida y la recaudación disparada

Para entender estos porcentajes en su contexto social hay que fijarse en las familias que deben acudir a los bancos de alimentos o a Cáritas para tener algo que llevarse al caldero cada día. Los bancos de alimentos, que el año pasado atendieron a 1,5 millones de familias, calculan que ese cantidad se incrementará un 20% en 2022. Los prestigiosos informes de FOESSA – Caritas apuntan que tres de cada diez familias españolas han tenido que recortar los gastos destinados a productos de primera necesidad.

Tampoco es complicado deducir que el problema es más o menos agudo según de qué comunidades autónomas hablemos. En Canarias, la que peores indicadores sociales y económicos presenta de todo el país, la inflación desbocada es un clavo más en la cruz de pobreza y exclusión que arrastran más de 600.000 canarios, para los que, como escribí hace unos días, no es ni de lejos una suerte vivir aquí. Aún así, lo peor es que todo lo que es susceptible de empeorar es probable que lo haga y la previsión, a menos a corto y medio plazo, es que el globo de los precios siga volando alto durante una larga temporada.

Tan alto como la recaudación tributaria de Hacienda, que había aumentado un 18% hasta abril después de un 2021 de récord, lo que equivale a unos 86.000 millones de euros. Y eso también tiene una causa principal y se llama...inflación. De hecho es el IVA, junto con el IRPF, el impuesto que más tira hacia arriba de la recaudación a pesar de las rebajas fiscales adoptadas con tambores y cornetería por el Gobierno para que nos traguemos el bulo de que no deja a nadie atrás. Por decirlo de otro modo, el Gobierno hace caja gracias a la inflación y destina una modesta cantidad de lo que recauda a ponerle tiritas a una situación que está colocando a millones de familias españolas entre la espada y la pared.

Crisis alimentaria y medidas ineficientes

Contra todas las evidencias y la opinión de la mayoría de los economistas, solo el Gobierno se empeña en hacernos creer que la inflación será cosa de unos meses como mucho, tras los cuales podremos volver a atar los perros con longanizas. Se empiezan a escuchar voces que alertan de una crisis alimentaria derivada de la guerra en Ucrania, pero el Gobierno hace como quien oye llover. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de la energía y de los productos frescos y que es la que más preocupa y la que más cuesta hacer bajar, se ha puesto en niveles de 1995, pero el Gobierno mira al tendido y se parapeta tras su escudo social.

En síntesis, el Gobierno parece confiar en un milagro pero no hace nada para que ocurra. Desde marzo estamos esperando que se empiece a aplicar el tope al precio del gas, un logro de Sánchez en Bruselas por el que los suyos lo pasearon a hombros por los medios afines y las redes sociales. La bonificación de los precios de los combustibles, otro hito sanchista que mereció encendidos elogios de su muchachada, ha resultado ser otro fiasco: la mitad de los veinte céntimos por litro que los españoles ponemos de nuestro bolsillo para que la gasolina no nos cueste tanto, ya la ha absorbido la subida de precios. A la vista del éxito alcanzado, al Gobierno no se le ha ocurrido una idea mejor que prorrogar la medida hasta septiembre a pesar de su ineficacia y su carácter regresivo, como acaba de recordar el Consejo Económico y Social del Estado.

La teta de la recaudación

Sin embargo, rechaza de plano medidas como deflactar las tarifas más bajas del IRPF como ha propuesto el PP y apoyado incluso el ex ministro socialista Jordi Sevilla. El motivo no es otro que seguir aprovechándose de la inflación para hacer caja a costa de los ciudadanos, lo cual no solo es antieconómico sino indecente. Lo que sí hace es instar a un pacto de rentas entre empresarios y sindicatos, pero se resiste a soltar la teta de la recaudación. Su principal obsesión es hacer creer que este repunte inflacionista, que pone en el disparadero la incipiente recuperación económica y aboca a millones de familias españolas a pasar estrecheces y miseria, es culpa única y exclusivamente de un señor llamado Vladímir Putin que un buen día decidió invadir Ucrania.

Como ocurre con tantas otras cosas, la realidad y los mensajes del Gobierno se parecen como un huevo a una castaña. La espiral inflacionista se inició mucho antes coincidiendo con el final de las restricciones por la pandemia y tiene que ver, sobre todo, con la subida de los precios de la luz sin que Sánchez moviera un dedo para atajarla. Luego vino lo de Ucrania y el proceso se ha acelerado y agravado, hasta el punto de que prescindir del gas ruso podría elevar la inflación al entorno del 10%. Vivir será más caro en los próximos años, aunque esto tampoco es una novedad. Lo que sí es una novedad es que eso esté ocurriendo ya con el Gobierno más progresista y social de la democracia, el que no iba a dejar a nadie atrás y con el que íbamos a salir más fuertes de la crisis. No me podrán negar que es una cosa chulísima.

Día de Canarias: ¿una suerte vivir aquí?

A las puertas del Día de Canarias el Gobierno autonómico ya nos ha obsequiado el ineludible vídeo con el marchito tópico del fuego y el mar, que ya conocemos de memoria después de años machacando en la misma idea. De nuevo se sucederán los parabienes por vivir aquí, porque aún siendo la comunidad más pobre y con la mayor tasa de paro del país, en contentura y ganas de fiesta no nos gana nadie; se volverán a escuchar discursos oficiales cargados de buenas intenciones y autojustificaciones, veremos al Gobierno premiándose a sí mismo, nos revestiremos de típicos por unas horas, muchos incluso se atreverán con una isa y un sancocho y, al día siguiente, felices de haber tenido un día más de fiesta, regresaremos a la tozuda realidad cotidiana de un archipiélago al que, si no es por Juana es por la hermana, cuando no por ambas, le va a costar levantar cabeza. No tengo nada contra quienes celebran así el Día de Canarias, aunque habrá a quien mi forma de ver esa jornada le parezca demasiado pesimista y hasta poco patriota. En cualquier caso, me resisto a disfrazar de falso optimismo un panorama imposible de soslayar ni aún con la mejor de las intenciones.

Paro e ineficacia pública

Un rápido y somero repaso de los datos económicos y sociales bastan para convencerse de que vivir en Canarias a fecha de hoy es como mínimo para estar preocupados por el futuro, no digo ya para alegrarse. Según la EPA, el Archipiélago es la comunidad autónoma con mayor tasa de paro y la segunda que más empleo destruyó en el primer trimestre del año. También lidera el paro juvenil no solo de España sino de la Unión Europea, y aunque es cierto que en el último año ha habido un aumento de empleados y de afiliación, la precariedad laboral es la norma generalizada.

Mientras el paro parece ya un problema crónico de la economía canaria, hasta el punto de que ni el regreso de los turistas tras la pandemia permite reducirlo significativamente, a nadie le debería sorprender que Canarias sea también una de las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza y exclusión social. Solo de drama social cabe calificar que 630.000 canarios se encuentren en esa situación o que 300.000 padezcan exclusión severa o que 125.000 estén en situación crítica, según el último informe de FOESSA.

No cabe duda de que la pandemia agravó un problema que, como el del paro, también se ha vuelto crónico. No obstante, al empeoramiento ha contribuido de forma decisiva la ineficacia y la ineficiencia de los poderes públicos para responder en tiempo y forma a esa realidad. Con solo decir que el publicitado Ingreso Mínimo Vital apenas llega aún al 7% de los que lo necesitan en Canarias, está dicho prácticamente todo. No extraña tampoco por tanto que las islas encabecen también la clasificación de comunidades en las que menos cobertura ha alcanzado el IMV, presentado poco menos que como la panacea contra la pobreza, contra la que las únicas panaceas posibles son la educación y el empleo. 

Dependencia, el lunar más negro

Aunque el gran lunar negro de la gestión autonómica sigue siendo la atención a la dependencia, en donde – cómo no – Canarias lidera también la lista de personas en el limbo, es decir, dependientes con el grado de dependencia reconocido que aún no perciben la prestación o el servicio a que tienen derecho. En las islas mueren cada día 8 personas esperando por esa prestación y se tardan 900 días de media en resolver un expediente de dependencia. Aún así, Canarias redujo el año pasado en cerca de 44 millones de euros su aportación a la dependencia, según acaba de revelar la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. ¿Una suerte vivir aquí para los dependientes?

La escasa diligencia autonómica para dar respuesta a la aguda crisis social que sufren las islas va pareja con el menosprecio y el ninguneo que el Gobierno central sigue exhibiendo ante la realidad de la comunidad autónoma con los peores datos económicos y sociales del país. La penosa gestión de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, utilizado por Pedro Sánchez para su lucimiento personal, es solo un botón de muestra al que cabe añadir el desconocimiento, cuando no el desdén, de Madrid ante el cumplimiento del REF o la pachorra frente al drama humano de la inmigración.

Un giro con Marruecos que aumenta la incertidumbre...

Ahora, el ministro de Exteriores ha venido a Canarias a reconocer que la pirueta de Sánchez respecto al Sahara tampoco ayudará a reducir el número de inmigrantes que intentan llegar a las islas, un intento en el que muchos pierden la vida. Esa fue precisamente la excusa con la que se vendió a la opinión pública un acuerdo que, por si no había ya suficientes dificultades en las islas, ha ensombrecido aún más el futuro de un archipiélago que tiene la mala suerte de no llamarse Cataluña.

La pandemia o el volcán pueden considerarse atenuantes, pero en ningún caso eximentes de la falta de empuje e ideas del Gobierno del Pacto de las Flores ante una agenda plagada de asuntos pendientes, ni mucho menos para justificar su mansedumbre ante los sucesivos desplantes de Sánchez y de algunos de sus ministros. La suerte que tiene el presidente canario Torres es que la oposición parece haberle dado bula hasta las elecciones y sus socios en el Gobierno, especialmente Podemos y NC, se conforman con hacer aspavientos o hacerse oposición a sí mismos, pero ni se les pasa por la mente despegarse del poder. 

Torres insiste en que todo irá viento en popa a partir de ahora y que la economía canaria crecerá más que ninguna otra. Mientras ese feliz y dorado momento llega y a falta de solo un año para las elecciones, no se conoce aún cuál es la hoja de ruta y los hitos que piensa seguir el Gobierno autonómico para superar esta crisis, más allá del fárrago de planes, estrategias, perspectivas y agendas tan bienintencionados como poco realistas. Torres también gusta de prometer que dejará una Canarias mejor que la que encontró, pero, a fecha de hoy, los principales indicadores económicos y sociales demuestran que la situación ha empeorado en los tres últimos años y no solo por culpa de la pandemia o del volcán, sino también por la impericia y la ineficacia del Gobierno. Además de quienes sufren a diario el drama del paro, la pobreza o la exclusión, o de quienes mueren esperando la prestación de la dependencia, si hay alguien en Canarias que debería saber mejor que nadie que para la mayoría de los canarios no es una suerte vivir aquí, ese debería ser Ángel Víctor Torres.  

Canarias: en la encrucijada y sin hoja de ruta

Si uno se toma la molestia de escuchar las intervenciones de Ángel Víctor Torres en el reciente debate sobre la nacionalidad canaria, no podrá encontrar nada que el presidente no haya hecho bien en todos los frentes en los que ha tenido que combatir, desde la pandemia a la erupción palmera pasando por la inmigración. Ni en las 79 páginas del discurso con el que comenzó el soporífero pleno parlamentario ni en las réplicas y contrarréplicas a los portavoces de los grupos políticos, es posible hallar una sola brizna, por pequeña que sea, de autocrítica, algo que el presidente admita que debió haber hecho de otra manera. Mucho menos es posible dar con el más leve reproche al trato que Pedro Sánchez sigue dispensando a esta malhadada comunidad autónoma. De manera que, a la postre, estos debates sobre el estado de la nacionalidad solo sirven para que el presidente y los grupos que le apoyan hagan un ejercicio de autocomplacencia y para que la oposición juegue a hacer de oposición: la realidad del hemiciclo y la que se vive en la calle se vuelven a parecer como un huevo a una castaña.

Un gobierno débil

Nadie niega las graves consecuencias de la pandemia, pero esta no puede ser la coartada permanente para ocultar la falta de proactividad del Gobierno del Pacto de las Flores ante una agenda plagada de asuntos pendientes, ni para explicar su mansedumbre ante los sucesivos desplantes de Sánchez. Basta acudir a las hemerotecas para comprobar la debilidad con la que Torres y su Gobierno siguen respondiendo a los incumplimientos de Madrid en cuestiones como la celeridad de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, el eterno convenio de carreteras, el traspaso de las competencias recogidas en el reformado Estatuto de Autonomía o el respeto al Régimen Económico y Fiscal.

Y ni siquiera es preciso tirar de hemeroteca, porque pervivirá mucho tiempo en la memoria de los canarios, para recordar el desdén con el que Madrid sigue tratando el fenómeno de la inmigración irregular que llega a Canarias por mar. Ahí están para demostrarlo los golpecitos de buena voluntad en la espalda y las largas que el Ejecutivo central sigue dando a la regulación legal del reparto de los menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, para que no sea Canarias la que deba hacer todo el esfuerzo en solitario.

"La cesión de España en el Sahara abre una gran incertidumbre en Canarias"

El penúltimo episodio de esa actitud ha sido la cesión en el contencioso del Sahara, ignorando olímpicamente los lazos emocionales e históricos entre el pueblo canario y el saharaui y generando una enorme incertidumbre sobre las consecuencias económicas y políticas de esa decisión para el Archipiélago. Aún así, el presidente canario ha reaccionado con la docilidad que le caracteriza y de inmediato ha hecho suya la falsedad que disemina ahora su partido, según la cual el histórico giro no supone una nueva traición en toda regla al pueblo saharaui. La suerte que tiene Torres es que la oposición parece haberle dado bula y sus socios en el Gobierno, especialmente Podemos y NC, se conforman con hacer aspavientos pero ni se les pasa por la cabeza despegarse de los sillones del poder.

Voluntarismo presidencial

Si por algo se ha caracterizado la intervención de Torres en ese debate, además de por la ausencia absoluta de autocrítica, ha sido por el voluntarismo con el que afronta la salida de la grave situación en la que se encuentra el Archipiélago. Todo, según Torres, va a ir viento en popa a partir de ahora y la economía canaria va a crecer más que ninguna otra en España. Eso, claro está, siempre y cuando no la fastidie una nueva ola de coronavirus y haya que volver a los ininteligibles niveles de riesgo o que el precio de los combustibles por la guerra en Ucrania obligue a dejar los aviones de turistas en tierra

Pero mientras cruza los dedos para que el virus desaparezca y acabe la guerra, la sociedad canaria desconoce cuál es la hoja de ruta que piensa seguir para superar esta crisis y transformar y relanzar la economía canaria, más allá del fárrago de planes, estrategias y agendas tan bienintencionados como poco realistas en la situación actual. Por lo pronto, ni siquiera piensa en tomar ya alguna medida para paliar el alza del precio de los combustibles que sufren los transportistas. Como obediente alumno de Sánchez también esperara a que su jefe anuncie sus ayudas para él aprobar las suyas, no vaya a ser que se equivoque y alguien le llame a capítulo.

Servicios sociales: el talón de Aquiles

Pero donde de verdad hace aguas el discurso de Torres es en el terreno social. Por más que presuma de que la cobertura social es “la mayor de la historia” no puede borrar las escandalosas estadísticas de exclusión y pobreza que padece el Archipiélago. La atención a la dependencia sigue estancada después de casi tres años gestionada por Podemos, el número de personas en situación de pobreza severa continúa creciendo y la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, que tantas esperanzas despertó y con el que tanta propaganda política se hizo, es de las peores de España. No cabe presumir de nada ante estas estadísticas ni todo puede ser anotado en el debe de la pandemia, sino en el de una lamentable gestión de los servicios sociales cuando más se les necesita y ante la que Torres ha sido incapaz de poner orden y exigir eficiencia a la consejera responsable.

"El interés de las islas debería estar por encima de la disciplina de partido"

Nada que no supiéramos hemos sabido en el debate sobre el estado de la nacionalidad, ni nada ha salido de él que nos ayude a atisbar cómo superará Canarias esta encrucijada histórica. Cierto es que una guerra en Europa y los efectos de una pandemia que aún no podemos dar por definitivamente superada oscurecen el futuro. Ahora bien, aún así, esas circunstancias históricas no pueden convertirse en la excusa ni en la justificación de la preocupante falta de empuje y liderazgo de un Gobierno autonómico cargado de buena voluntad pero ineficaz en el desempeño de sus competencias, que no son pocas, e incapaz de hacerse valer ante el Gobierno central. 

No basta amenazar con revirarse para luego agachar la cabeza y dar por buena cualquier excusa de Madrid: ante la gravedad de la situación debería pasar a un segundo plano la disciplina de partido y exigir claro, alto y con firmeza el trato que merecen y necesitan las islas para tener alguna posibilidad de salir con bien de esta crisis. Y si no se está dispuesto a hacer ese sacrificio por Canarias sería mucho más honroso dejar el despacho e irse a casa. 

Democracia enferma

Uno de los síntomas de la defectuosa democracia española de la que habla The Economist es la imposibilidad casi congénita de que el PP y el PSOE lleguen a acuerdos de gobierno o sobre grandes asuntos de estado. El ejemplo más próximo está en Castilla y León, en donde se da por hecho que el PP tendrá que llegar a compromisos con Vox para mantenerse en el gobierno tras su pírrica victoria en las elecciones del domingo. Ni populares ni socialistas parecen darle ninguna opción a la posibilidad de algún tipo de acuerdo entre ambos, como si en lugar de ser adversarios democráticos que han competido en unas elecciones fueran enemigos irreconciliables. Para que tal cosa ocurriera haría falta un sentido de estado mucho más acusado que el que vienen demostrando los líderes nacionales de ambos partidos y, sobre todo, anteponer el interés general, la estabilidad de las instituciones y la moderación política a los tacticismos cortoplacistas de uno y otro. Esa polarización política es precisamente uno de los síntomas de que la salud de la democracia española necesita cuidados intensivos para evitar el agravamiento del cuadro clínico.


Retroceso global

El informe de The Economist sobre la salud de la democracia en el mundo no es la verdad revelada, aunque constituye un buen termómetro para medir si el menos malo de los sistema políticos conocidos avanza o retrocede globalmente. Las conclusiones demuestran que retrocede y que los dos años de pandemia no han hecho sino agravar los preocupantes síntomas detectados ya a raíz de la crisis financiera de 2008. Ese retroceso ha afectado sobre todo a las libertades individuales como nunca antes había ocurrido en tiempos de paz y casi que en época de guerra también. Por desgracia, el índice no valora las consecuencias que en términos de desigualdad o acceso a los servicios públicos ha provocado esta crisis, lo que nos permitiría disponer de una visión menos centrada únicamente en las libertades formales y más atenta también a la realidad social.

Entre las democracias que según The Economist han retrocedido en el último año está la española, que ha bajado de primera a segunda división al pasar de “democracia plena” a “democracia defectuosa”. Nuestro país cae del puesto 22 al 24 en la lista mundial, una caída que se añade a los seis escalones que ya había descendido el año anterior. El deterioro coincide en el tiempo con el Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene en su haber el dudoso honor de haber decretado dos estados de alarma inconstitucionales o el cierre del Congreso, entre otras decisiones que casan muy mal con el respeto debido a los principios y normas democráticos y a las instituciones en una democracia plena.

Independencia judicial y calidad democrática

Entrando al detalle, es en el capítulo de la independencia judicial en donde The Economist propina el mayor tirón de orejas a la democracia española debido al bloqueo de la renovación del Consejo del Poder Judicial, que cumple ya más de tres años en funciones. Con su incapacidad para el acuerdo y su pugna por el control del gobierno de los jueces, los dos grandes partidos deterioran gravemente uno de los tres poderes del Estado. Aparte de que sea necesario modificar el sistema de renovación de los vocales del Consejo para garantizar su independencia, tal y como han demandado reiteradamente las instancias europeas, PP y PSOE deben acabar cuanto antes con una situación que degrada la calidad democrática de nuestro país.

"En España, las deficiencias de la democracia siempre son responsabilidad de otros"

La primera obligación de un enfermo es reconocer sus dolencias y someterse al tratamiento adecuado para recuperar la salud. En el caso español ocurre, sin embargo, que la culpa de nuestras deficiencias democráticas siempre es de un tercero, nunca propia. Síntoma de esa enfermedad es precisamente que, nada más conocerse el índice de The Economist, el Gobierno y los partidos de izquierda se apresuraron a culpar a los de derechas, y viceversa, del retroceso en la calidad de nuestra democracia. Lo responsable y democrático tendría que haber sido reconocer los achaques y proponer soluciones, en lugar de aprovechar la oportunidad para capitalizar el informe y polarizar aún más el ambiente.

Democracia, un sistema complejo y frágil

Tendemos a pensar que la democracia vino para quedarse per saecula saeculorum y descartamos que las cosas puedan empeorar, que de hecho es lo que está sucediendo. En los poco más de dos siglos que tiene de edad este sistema político ha habido avances y retrocesos y, en no pocas ocasiones, se ha acabado imponiendo el autoritarismo o el totalitarismo puro y duro. Su propia naturaleza hace de la democracia un sistema inestable y vulnerable frente a sus enemigos, situados sobre todo en los extremos del espectro político, aunque prácticamente no exista ningún país que no mencione la democracia en su constitución y ningún partido se atrevería hoy a proclamar abiertamente que su objetivo es imponer una dictadura o un régimen autoritario. 

La democracia siempre ha vivido condicionada por las contradicciones insalvables entre cómo nos gustaría que fuera y cómo funciona en la realidad. Se puede afirmar incluso que “defectuosa” es un adjetivo que casa bien con democracia: una democracia perfecta no ha existido ni existirá jamás en ninguna parte, si bien eso no debería llevarnos a una peligrosa autocomplacencia y a restarle importancia al agravamiento de los síntomas que viene presentando el paciente en los últimos años. 

"La democracia perfecta no ha existido ni existirá nunca"

Porque puede llegar un momento, tal vez cuando menos lo esperemos, que la enfermedad esté tan extendida que los remedios a la desesperada ya no sirvan de nada: la pérdida de legitimidad ante los ciudadanos, la deslealtad de los partidos, el desprestigio y la colonización política de las instituciones, los ataques sistemáticos al poder judicial, la falta de eficacia y efectividad del gobierno, el populismo y la polarización son síntomas bien visibles de que la salud de la democracia española empieza a requerir atención urgente.

Ni la clase política ni los ciudadanos deberían olvidar lo que supone vivir en un sistema democrático ni la travesía del desierto que tuvo que pasar este país para dejar atrás el largo y oscuro túnel de la dictadura. Sobre todo, no debemos olvidar que tenemos en nuestras manos un complicado a la vez que delicado mecanismo político que hay que cuidar con el mimo y el respeto que merece para que dure y mejore su funcionamiento, conscientes siempre de que nunca será perfecto pero sí perfectible.  

La pandemia y los que quedan atrás

Que once millones de españoles se encuentren en situación de exclusión social y que más de seis millones sufran pobreza severa apenas si ha tenido una repercusión pasajera, superficial y efímera en los grandes medios nacionales. Las andanzas de un tenista embustero, las macrogranjas o la cansina pugna política diaria a propósito de cualquier banalidad que se tercie han merecido mucha más atención mediática y de las redes sociales. Amparado por la indiferencia generalizada, ni siquiera el Gobierno, que presumió al inicio de la crisis de que nadie quedaría atrás, se ha dado por aludido ante los alarmantes datos que sobre el aumento de la pobreza en España durante la pandemia han presentado esta semana la Fundación FOESSA y Cáritas.  

Realidad paralela

El señor Sánchez y sus ministros viven instalados desde hace tiempo en una dimensión paralela a la de la dura realidad social y, desde allí, se han propuesto convencernos de que la economía y el empleo avanzan ya a toda máquina y nadie está siendo abandonado a su suerte. Los datos del Informe de FOESSA, una entidad que viene radiografiando con rigor y solvencia la evolución social y económica de la población española desde 1965, se dan de bruces con la Arcadia feliz en la que el Gobierno se empeña en que creamos.

Según el Informe, los ciudadanos en situación de exclusión social han aumentado en 2,5 millones entre 2018 y 2020 y el de los que han caído al pozo de la pobreza severa se ha incrementado en 650.000. La juventud, golpeada con dureza en la crisis anterior, se vuelve a llevar una de las peores partes: casi tres millones de jóvenes de entre 16 y 34 años engrosan ya las estadísticas de la exclusión social en un país que lidera el paro juvenil de la Unión Europea.

"La brecha social se ha agrandado un 25% en la pandemia"

Se mire por donde se mire es casi imposible encontrar un dato esperanzador en el Informe. Dos millones de hogares dependen de un solo sueldo para llegar a fin de mes y en otros dos millones todos los miembros de la familia están en paro. La precariedad laboral se ha duplicado y casi un millón de personas son parados de larga duración. A la brecha social, que según FOESSA se ha agrandado un 25% durante la pandemia, hay que añadir ahora la brecha digital que repercute especialmente en las personas mayores, otro colectivo que también está quedando atrás.

Otro tanto ha ocurrido con la brecha de género, que ha crecido de nuevo respecto a la crisis anterior, poniendo así rostro femenino a los aspectos más duros de la realidad social del país. Esta situación, sobre la que no hace falta cargar mucho las tintas porque ya es lo suficientemente negra y desoladora, tiene su traducción en menos dinero para alimentación, ropa y calzado, entre otros bienes de primera necesidad, y mayores dificultades para acceder a los servicios públicos.

Un escudo social insuficiente

Es urgente que los responsables políticos reaccionen ante esta grave situación y se pongan de acuerdo en cómo afrontar con medidas a corto, medio y largo plazo la cronificación de la pobreza en nuestro país, una situación de la que resulta casi imposible escapar sin ningún tipo de apoyo público. Sin que ello signifique desmerecer o menospreciar el esfuerzo hecho por el Gobierno a través de los ERTES o del Ingreso Mínimo Vital, a la vista está que el famoso "escudo social" del que tanto ha presumido con fines propagandísticos está dejando demasiado que desear. 

A modo de ejemplo, el manoseado Ingreso Mínimo Vital no llega aún ni a la mitad de los 850.000 potenciales beneficiarios que prometió el Gobierno. Conseguir que cumpla el objetivo para el que fue aprobado y se extienda a quienes lo necesiten debería ser una prioridad del Ejecutivo, pero no hay constancia de que se esté haciendo algo al respecto. Igual de prioritario debería ser reducir la precariedad laboral, pero tampoco parece que la leve reforma laboral vaya a ayudar mucho por más que la señora Díaz la utilice a toda hora como banderín de enganche electoral. Facilitar el acceso a la vivienda con algo más que medidas cosméticas como el bono de alquiler, acometer la brecha digital que discrimina a los mayores y adaptar los servicios sociales a las necesidades de los colectivos más vulnerables deberían ser ejes centrales de la actuación de todas las administraciones públicas, empezando por la central.

"El IMV no llega ni a la mitad de los potenciales beneficiarios"

Ni el Gobierno, que tanto alardea de progresista, ni la sociedad española pueden permanecer impasibles o pasar de puntillas sobre una hecatombe social de estas dimensiones: nada más y nada menos que casi la cuarta parte de la población española se está quedando atrás o se ha quedado definitivamente en la estacada en medio de la indiferencia generalizada. Los eslóganes que prometían que eso no ocurriría o que saldríamos más fuertes tendrían que haber servido para mucho más que para alimentar el autobombo y decorar las comparecencias públicas del presidente y sus ministros. Los crudos datos de FOESSA evidencian con su frialdad que ninguna pancarta por grande que sea ni ningún eslogan por mucho que se repita como un mantra, bastan para tapar la profunda y creciente brecha social que sufre el país.  

Desesperante atención a la dependencia

Acaban  de cumplirse quince años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, una norma que generó grandes esperanzas pero que  también sigue sembrando frustración entre las familias que comprueban en carne propia la enorme distancia que aún hay en este país entre los derechos reconocidos sobre el papel y su disfrute real. En España han muerto este año casi 44.000 personas atrapadas en la telaraña de la burocracia, esperando una prestación por dependencia que ya llegará demasiado tarde para ellas. En el caso de Canarias, pocas dudas debería haber ya de que este es precisamente uno de los grandes lunares en la gestión del Gobierno autonómico cuando se ha superado con creces el ecuador de la legislatura. Los pequeños avances en este capítulo, que a pesar de todo ha habido y no hay por que negar, son tan inapreciables y tímidos que apenas si se perciben en medio de unos datos globales que no han hecho sino empeorar. 

Predicar y dar trigo

Cuando estaba en la oposición Sánchez sabía exactamente lo que había que hacer para evitar subidas de la luz como la de este año, pero una vez en el poder se le olvidó por completo. Con la atención a la dependencia en Canarias ha pasado exactamente lo mismo: cuando la actual consejera era la portavoz de Podemos en la oposición no dejaba pasar ninguna oportunidad de afearle de forma agria al gobierno de turno su gestión de este asunto, pero desde que tiene mando en plaza las cifras de la suya han puesto de manifiesto el abismo que existe entre predicar y dar trigo. Dicho en otros términos, la demagogia nunca ha servido para resolver ningún problema en ningún lugar. 

Una media de ocho dependientes han muerto cada día de este año en Canarias esperando recibir la prestación que tenían reconocida o pendientes de resolución sobre su grado de dependencia. En términos porcentuales Canarias tiene a más del 27% de sus dependientes reconocidos aguardando en listas de espera por una prestación, lo que la coloca la tercera por la cola en la clasificación de las comunidades autónomas por este concepto. No se queda atrás la lista de espera, que ha crecido también un 24%, a lo que se suma que la resolución de un expediente de dependencia se demora en Canarias una media de tres años, el doble de la media nacional, frente a los seis meses que establece la ley. 

Burocracia y caos organizativo es igual a ineficiencia

Se podría pensar que estos lamentables porcentajes son la consecuencia de la escasez de recursos y de personal, pero no parece que vayan por ahí los motivos de la situación. Se de la casualidad de que se ha contratado a un centenar de empleados para agilizar los expedientes y de que se ha incrementado la partida presupuestaria para atender la dependencia, pero el servicio sigue proa al marisco. Blanco y en botella, las causas no pueden ser otras que la burocracia, el caos organizativo y, en resumen, la ineficiencia del gasto público financiado con impuestos de todos los ciudadanos. 

Sin embargo, decir estas cosas, como recientemente ha hecho el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, no gustan a una consejera que dos años y medio después de ocupar el cargo sigue recurriendo a la herencia recibida para intentar encubrir su deficiente gestión; eso cuando no amaga con dimitir o se desdobla de nuevo en portavoz de Podemos en la oposición y culpa de sus carencias al Gobierno central, en el que es precisamente su partido el responsable de los servicios sociales. 

"Una media de ocho dependientes mueren cada día en Canarias esperando la prestación"

En medio del desbarajuste por el que atraviesa la atención a la dependencia en la comunidad autónoma, el director general de la materia ha alegado "razones personales" para abandonar el barco e irse a casa. Su gestión ha permitido incorporar este año a unos 1.300 dependientes y a otros 3.000 se les ha reconocido el derecho. Sin embargo, deja sobre la mesa una pila de 10.000 expedientes sin resolver que, en muchos casos, se sustanciarán cuando ya sea demasiado tarde para quienes habían puesto sus esperanzas en la prestación para mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

Quejas en saco roto

Con frecuencia ocurre que el retraso en la tramitación del papeleo obliga a repetir la evaluación y son habituales los casos en los que potenciales beneficiarios del sistema desisten de solicitar la prestación ante el calvario burocrático y la desesperante espera a la que temen verse sometidos. Ante esta realidad no extraña lo más mínimo que una de cada cinco quejas ante la Diputación del Común de Canarias esté relacionada con la penosa gestión de la prestación por dependencia, como ha revelado el titular de esa institución. 

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales viene reiterando desde hace años que Canarias tiene un serio problema de eficiencia en la gestión de ese servicio que se ha agravado en esta legislatura. Sus quejas, las de la oposición, las del diputado del común, las del comité de empresa de la consejería, las de las organizaciones no gubernamentales o las de los colegios profesionales relacionados con esta materia, han caído una tras otra en un terreno yermo en el que solo han encontrado desdén o desesperados intentos de culpar a terceros de la propia incapacidad. 

Lo dije en un post anterior sobre este asunto y me reafirmo a la vista de las últimas estadísticas: frente a este desastre, que vulnera el derecho y frustra las esperanzas de miles de personas, solo cabe la dimisión de la consejera. En su defecto, el presidente Torres debería agradecerle los servicios prestados y cesarla. Sabemos que no lo hará porque no es la valentía su principal virtud política, pero de él será en última instancia la responsabilidad de haber elegido para el cargo a una persona que ya ha dado sobradas muestras de su ineficiencia en un asunto socialmente tan sensible y delicado. 

Inmigración: sordos, mudos y ciegos

En política rige una máxima no escrita por la cual de lo que no se habla no existe. A punto de despedir 2021 ya han llegado a Canarias este año 20.000 inmigrantes por vía marítima, una cifra que trae a la memoria la crisis de los cayucos de 2006. Con todo, lo más grave no es el número de los que han llegado, sino el de los que no han tenido esa suerte: entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se han ahogado 937 personas intentando llegar a Canarias, ente ellas 83 niños y 248 mujeres. Obviamente, en la estadística oficial no se incluye a los más desafortunados de todos, los desaparecidos de los que no quedó noticia, que ni siquiera pueden aspirar a ser un número en el conteo de muertos y que bien podrían duplicar la cifra atroz de los de cuyo fallecimiento sí hay constancia. Lo cierto es que e pesar de estos datos terribles, ni hay debate político o social ni en los medios aparece otra cosa que no sea el cansino recuento casi diario de llegada de pateras y muertes durante la travesía.

AP/JAVIER BAULUZ

Inmigración y agenda política

Que estas gélidas cifras oficiales sean un 7% superiores a las de 2020 y un 363% más que en 2019, no parecen suficiente argumento para que la clase política y el conjunto de la sociedad muestren algún signo de alarma, inquietud o desasosiego por el drama humanitario que se desarrolla ante nuestros propios ojos y ante el que preferimos permanecer mudos, sordos y ciegos. ¿Cuántas personas más tienen que morir o desaparecer en el mar para que el asunto merezca la atención que requiere por parte de todos? 

Puede que sea la pandemia que no cesa o los problemas económicos, pero lo cierto es que la tragedia de las personas que fallecen intentando llegar a Canarias ha desaparecido por completo de las agendas políticas de los gobiernos central y autonómico. Aunque a decir verdad, antes del virus y sus consecuencias tampoco era algo que pareciera quitar demasiado el sueño a los gobernantes, salvo cuando tenían que pasar el mal trago de que las televisiones y las redes sociales mostraran al mundo a miles de inmigrantes hacinados en un muelle pesquero bajo un sol implacable, porque los irresponsables representantes públicos habían desoído todas las advertencias sobre el repunte del fenómeno y no se habían preparado adecuadamente los medios  de acogida.

"Hacer el menor ruido mediático posible es la consigna en vigor"

Ahora, más allá de habilitar de prisa y corriendo algunas instalaciones para dar alojamiento en condiciones muchas veces precarias a los que tienen la suerte de pisar tierra firme y de poner algún tuit de compungida condolencia, no se tiene constancia de plan o estrategia gubernamental alguna para responder al desafío. Desviar el tiro a Bruselas e ir tirando como buenamente se pueda sin hacer mucho ruido mediático parece ser la consigna política en vigor. Nadie debió escudarse en 2019 en que no se podía saber lo que estaba a punto de ocurrir con la ruta canaria de la inmigración, una de las más peligrosas del mundo, en cuanto se incrementó el control sobre las del Estrecho y el Mediterráneo. Aún así, han pasado ya dos años y 2021 va camino de convertirse en el peor año en cuanto a muertes de inmigrantes en el mar desde que se llevan estadísticas, mientras la pasividad política y la indiferencia social también han ido en aumento.

Indiferencia social y reto político

Ni siquiera la presión sobre los centros que acogen a menores inmigrantes llegados sin acompañamiento familiar consigue sacar de su modorra política al Gobierno de Canarias, incapaz de lograr de Madrid que derive a otras comunidades autónomas a parte de los 2.700 chicos que tiene bajo su tutela. Los centros están al límite, faltan cuidadores, las pruebas de edad se retrasan y centenares de menores podrían terminar en la calle en una especie de limbo legal. Eso sí, el Parlamento canario creó en septiembre una "comisión de estudio" sobre la inmigración, una fórmula tan socorrida como inútil de la que suelen echar mano los políticos cuando quieren dar la falsa sensación de que están muy preocupados por un problema. Los resultados prácticos de esa comisión los podemos avanzar ya antes de que concluya sus trabajos: cero pelotero.

Si a los políticos les incomoda hablar de un problema que no pueden resolver con eslóganes simplones, la sociedad no les va a la zaga con su indiferencia ante lo que ocurre en las costas de las islas. Así, entre el silencio de unos y la falta de compasión de otros hemos normalizado este drama, lo hemos asumido como algo inevitable en lo que no tenemos ninguna responsabilidad y hemos seguido con nuestras cosas. Es una respuesta social hasta cierto punto comprensible cuando una situación, por trágica que sea, se vuelve crónica y quienes deberían liderar la búsqueda de soluciones prefieren también practicar la política del avestruz. Sin embargo, creo que es la peor de las  alternativas imaginables porque el desafío no va a desaparece solo porque nos engañemos dejando de hablar de él y no prestándole atención. 

"Hemos normalizado el drama y lo hemos asumido como inevitable"

Clase política y sociedad deberíamos desprendernos de ataduras ideológicas y sesgos xenófobos y al menos ser prácticos por una vez: la inmigración ordenada y segura salvaría muchas vidas y sería de gran ayuda económica en un país cada día más envejecido, en el que en algunas provincias ya hay serios problemas para encontrar mano de obra en sectores como la construcción o los servicios. En la última década las muertes de españoles autóctonos han superado en más de un millón a los nacimientos y, según el INE, el 20% de la población ocupada tiene en la actualidad más de 55 años, lo que significa que se empezará a jubilar en los próximos años, agravando aún más la carencia de trabajadores y las maltrechas cuentas de la Seguridad Social. 

¿Y si dejáramos de taparnos la boca, los ojos y los oídos y miráramos por una vez el problema de frente para buscar una salida que rebaje drásticamente la pérdida de vidas y ayude a sostener la economía del país? No soy un iluso, sé que no es nada sencillo y puede incluso que sea mucho pedir en un país en el que los grandes pactos de estado se han convertido casi en misión imposible. Pero es precisamente frente a grandes retos como este ante los que un país, con sus líderes públicos al frente, debería demostrar su capacidad de estar a la altura de lo que exige una trágica realidad que no se puede ignorar indefinidamente. 

Cuando mentir es gratis

Con la huera solemnidad en la que suele envolver sus anuncios, el presidente Sánchez prometió el 5 de septiembre en su periódico de cabecera que los españoles pagaremos al final de este año por la luz lo mismo que en 2018. Apuesto a que ni sus fanes más entusiastas se creyeron aquel anuncio a la desesperada, pero le sirvió para ganar tiempo y calmar a Podemos ante las críticas a un Gobierno y a un presidente que llegaron a La Moncloa asegurando tener la varita mágica para meter el recibo de la luz en vereda. Pero el precio no ha parado de subir desde el verano y, a menos que medie un milagro eléctrico, los españoles pagaremos este año por la luz no solo más que en 2018, sino mucho más de lo que hemos pagado jamás en la historia de la energía eléctrica de este país. El calambrazo tira de la inflación y pone en el disparadero la recuperación económica y los bolsillos de 11 millones de consumidores. Mas no importa, Pedro Sánchez tiene una suerte inmensa al gobernar un país con una oposición enredada en sus juegos de tronos, unos sindicatos dispuestos a tolerárselo todo y una ciudadanía apática y exhausta tras año y medio de pandemia. Es así como conseguirá que haber mentido una vez más al país le salga gratis total. 

Estado de la cuestión

Partiendo de que la causa principal de la subida es el encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, veamos cuál es la situación a fecha de hoy. Desde el verano el precio de la luz ha encadenado ya cinco récords y es probable que haya algunos más. En noviembre el precio medio para los 11 millones de consumidores con tarifa regulada, que representan el 40% del total, se había encarecido el 68% con respecto a noviembre de 2020, lo que supone pasar de 68 a 115 euros de media en solo un año. Esto significa que la subida de un suministro básico para familias y empresas haya registrado en España una de las mayores subidas del mundo, que se dice pronto. 

Las subidas han sido, son y seguramente aún serán de tal calibre que las medidas adoptadas por el Gobierno con más voluntarismo e improvisación que cabeza, han surtido el mismo efecto que administrar una aspirina para detener un cáncer. La rebaja del IVA del 21% al 10%, la reducción de las cargas reguladas y la supresión del impuesto sobre la generación, con fechas de caducidad el 31 de diciembre, se las han comido en poco tiempo las subidas constantes. Incluso aquel famoso Decreto ley con el que el Gobierno iba a recortar a las malvadas eléctricas unos 2.800 millones de euros de beneficios "caídos del cielo", ha terminado convertido en agua de borrajas y apenas lo notarán en sus cuentas de resultados.

Cómo me las maravillaría yo

A principios de septiembre y a la vista de que ni a palos conseguía el Gobierno aplanar la curva de los precios y de que Podemos empezaba a ponerse nervioso y a anunciar movilizaciones, fue Pedro Sánchez a donde la prensa amiga y lanzó su solemne promesa a la ciudad y al mundo. Su problema es que los precios de la energía eléctrica no entienden de promesas rimbombantes y han seguido subiendo en globo. A menos de un mes de que acabe el año y ante el riesgo cierto de que Sánchez se vea de nuevo desmentido por la realidad como tantas otras veces, el Gobierno ya está haciendo circular la cuenta de la vieja para evitarlo. 

El truco consiste en incluir en el cálculo a los siete millones de consumidores del mercado libre a quienes las subidas no solo les han afectado poco, sino que además se han beneficiado de la reducción de impuestos y costes fijos. Solo así, haciendo trampas, hay posibilidades de que Sánchez salve la cara. Aunque es cierto que en sus declaraciones no hizo distingos entre consumidores, todo el mundo entendió que se refería a los de tarifa regulada, los menos pudientes y los más expuestos a la volatilidad de los precios, que van a pagar este año un potosí por poner la lavadora o calentar la sopa a pesar de las promesas del presidente. 

Y peor que se va a poner

El Gobierno lleva tiempo desbordado y sin apenas margen de maniobra, mientras todo indica que los precios seguirán al alza al menos hasta la primavera. Sus lamentaciones ante Bruselas para que la UE se involucre no encuentran eco y tendrá que seguir improvisando como hasta ahora con los resultados ya conocidos. Tiene la posibilidad de prorrogar las rebajas fiscales e incluso aumentarlas, cargar algunos costes a los presupuestos o vincular la tarifa regulada a contratos a plazo para reducir la inestabilidad de los precios, como han propuesto algunos analistas. Claro que eso significaría recaudar menos y seguramente esas medidas no tardarían mucho en verse compensadas también por las próximas subidas. 

Con este panorama la recuperación económica a la que el Gobierno se sigue aferrando parece cada vez más lejana. Los precios de la energía son responsables directos de una espiral inflacionista como no se veía desde 1992. Las empresas están en la cuerda floja, los salarios se deprecian y las pensiones se tendrán que revalorizar el año que viene un 2,5%, ahondando más en el déficit. Los fondos europeos son por ahora un enigma, el paro ronda el 15% y el Índice de Miseria está a la cabeza de la Eurozona, doblando la media de los países del euro y colocándose solo por detrás de Brasil y Turquía entre los países más desarrollados. No es catastrofismo sino realismo, complicado más si cabe con el repunte de la pandemia y la aparición de una variante cuyas consecuencias aún se estudian, que puede causar nuevos estragos en el sector servicios cuando empezaba a levantar tímidamente el vuelo.

Obviamente no se puede responsabilizar a Sánchez de todos estos problema, aunque en el de la luz, por citar solo uno, ha primado la improvisación y ha quedado al descubierto su demagogia. A un gobernante no se le exige que le dore la píldora a los ciudadanos con promesas irreales como la del precio de la luz, sino que los trate como a adultos, les muestre la realidad por cruda que sea y explique qué piensa hacer y, sobre todo y ante todo, que no les mienta. Pero si como suele ocurrir las mentiras le salen gratis, podemos estar seguros de que reincidirá y entonces la culpa no será suya sino enteramente nuestra. 

El fiasco del Ingreso Mínimo Vital

Todos recordamos el día en que el Gobierno aprobó el decreto ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV): era el 29 de mayo de 2020 y faltaban tres telediarios para que Pedro Sánchez proclamara urbi et orbi que había vencido el virus y ya podíamos echarnos a la calle a "disfrutar". También eran los tiempos del "salimos más fuertes" y del "no dejaremos a nadie atrás" que aún hoy alimentan el autobombo gubernamental. Pablo Iglesias se soltó la coleta y se apuntó el tanto: "es un día histórico para la democracia", dijo; como le pareció poco añadió que el IMV es  "el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la ley de la Dependencia en 2006". En los Presupuestos se consignaron 3.000 millones de euros de los que en septiembre de este año solo se habían gastado 1.400 millones. Así las cosas, un año y medio después perciben la ayuda unos 800.000 de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios y de cada cuatro peticiones se han denegado tres. Así es como esta medida estrella del famoso "escudo social" ha servido hasta ahora mucho más para que el Gobierno se cuelgue inmerecidas medallas que para paliar la miseria de los 4,5 millones de españoles en situación de pobreza severa, "dramáticamente agravada por la pandemia" según el propio Gobierno. 

Camino del fiasco

Ante tantas y tan buenas intenciones, uno se pregunta qué está saliendo mal para que el IMV vaya camino de ser otro fiasco si no lo remedian los cambios introducidos en la ley que el Congreso acaba de aprobar sin ningún voto en contra. La primera respuesta es que ha fallado todo lo que suele fallar cuando se adoptan decisiones de esta naturaleza con la mente puesta ante todo en los eslóganes resultones y en los titulares del día después, es decir, sin estudiar a fondo cómo, cuánto y a quién se pretende ayudar a salir del hoyo de la pobreza. Es lo que se ha calificado de diseño equivocado - por improvisado y alejado de una realidad compleja - de una medida sobre la que hasta el Defensor del Pueblo ha mostrado sus recelos por si discrimina a los jóvenes con respecto a los adultos.

En segundo lugar, no tuvo en cuenta el Gobierno la pesada e inmisericorde maquinaria burocrática de este país, capaz de acabar con la paciencia de un santo y de convertir en papel mojado cualquier decisión por bien intencionada e incluso bien articulada que esté. Lo hemos visto decenas de veces cuando las ayudas "inmediatas" que prometen los políticos a pie de inundaciones, terremotos, incendios o volcanes deben pasar mil y un filtros administrativos mientras los potenciales beneficiarios desesperan esperando. Con el IMV está ocurriendo exactamente lo mismo, agravado por el número de administraciones que se involucran en el proceso. 

EFE

Requisitos inalcanzables

Pero no culpemos a la burocracia de todos los males. Los espartanos requisitos del decreto, ahora levemente suavizados en la ley, resultan inalcanzables para la gran mayoría de quienes teóricamente tendrían derecho al IMV. Por citar solo un ejemplo, los ingresos de referencia para conceder la ayuda son los de 2019, año en el que afortunadamente aún no sabíamos nada de la existencia de un virus llamado COVID-19 y sus efectos. Además, para poder presentar la solicitud es muy recomendable disponer de ordenador y conexión a internet, lo cual resulta cuando menos sarcástico tratándose de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, presentarla en papel garantiza una larga espera para saber si se es merecedor del IMV o toca seguir de pobre de solemnidad. 

Hablando de seguir de pobre, ya me dirán cómo se vive con 484 euros mensuales, que es el IMV de un adulto que viva solo, o con 900 euros para una familia de dos adultos y dos menores. Para que se entienda mejor baste con decir que, entre estas cantidades y la que marca la línea roja a partir de la que ya no se pertenece oficialmente a la categoría de pobre, cifrada en unos 20.000 euros, hay una diferencia de unos 11.000 euros. A lo anterior hay que añadir que las ayudas llegarán a familias que ya han caído por el tobogán de la pobreza y que lo tendrán muy difícil para revertir su situación. Y cierro este capítulo con una pregunta para subir nota: ¿cuántos millones procedentes de los fondos europeos para hacer frente a los daños de la pandemia destinará el Gobierno a paliar la lacra de la pobreza y la exclusión? 

Canarias, a la cabeza de la cola 

El círculo del chasco lo completa la foto de su cobertura por comunidades autónomas, cuyas insuficientes rentas mínimas ha venido teóricamente a complementar el IMV. Y cómo no, ahí está Canarias una vez más, casi liderando las autonomías menos beneficiadas, superada solo por Cataluña. En estas islas el IMV ha llegado al modesto porcentaje del 5,5% de los potenciales beneficiarios, lo que supone que lo han recibido unas 36.000 personas. Para entenderlo mejor hay que recordar que en 2020 había en Canarias algo más de 800.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, de las que cerca de la mitad caían en la categoría de pobreza severa. Este dato es un 7% superior a la media nacional, por no hablar de un paro en las islas del 24% que también supera en 10 puntos el dato nacional.

Para 2022 los Presupuestos del Estado consignan una partida para el IMV de 4.436 millones de euros y la ley relajará algunos de los leoninos requisitos del decreto ley para acceder a la ayuda, cuya cuantía también se incrementa un 3%. Aún así, los responsables de servicios sociales consideran que el arreglo es insuficiente y calculan que el IMV no sacará de su situación a una quinta parte de la población en riesgo de pobreza siempre y cuando se cumplan las previsiones del Gobierno, algo sobre lo que no conviene hacerse muchas ilusiones dada la experiencia. 

Dice un conocido proverbio chino que si regalas pescado a un hombre le darás alimento para un día, pero si le enseñas a pescar lo alimentarás para el resto de su vida. En España esto significaría que no basta con que el IMV llegue a las personas que han caído en el pozo de la pobreza; la necesaria ayuda debería estar acompañada de políticas que les sirvan para salir de una situación que suele volverse crónica y hereditaria para la mayoría, y que con la crisis de la pandemia se ha agravado. Creo que no hay mejor ingreso mínimo vital que el acceso a la formación y a un trabajo digno, sin que esto suponga que los poderes públicos no deban hacer lo posible para no dejar a nadie atrás. Sin embargo, a fecha de hoy, esa expresión todavía tiene mucho más de eslógan propagandístico y electoral que de realidad palpable. 

Brecha digital: no es sociedad para viejos

Bienaventurados quienes nacieron en la era de Internet y la telefonía móvil porque pueden sacar dinero de su banco sin  acudir a una ventanilla ni pagar comisiones; bienaventurados asimismo quienes envían correos electrónicos y wasaps tecleando con dos dedos, porque no tienen que molestar a sus hijos, nietos, vecinos o amigos para que les hagan el favor; bienaventurados también los que usan internet para pedir cita previa u obtener información de la Administración y se ahorran cabreos hablando por teléfono con una máquina... La lista de bienaventuranzas de la era digital es larguísima, pero la inmensa mayoría no incluye a quienes tuvieron la mala suerte de nacer en una época en la que los niños no venían al mundo con un teléfono móvil bajo el brazo y un ordenador sobre la mesa de estudio. En estos tiempos en los que a los políticos se les llena la boca con brechas de esto, de lo otro y de lo más allá, apenas se mencionan las negativas consecuencias sociales de la profunda brecha que separa a los mayores de las generaciones nacidas en la era digital.

Generación digital versus generación analógica

Los poderes públicos, las empresas privadas y el conjunto de la sociedad deberíamos pararnos a pensar si podríamos hacer mucho más para no dejar atrás a toda una generación solo por haber nacido en la fecha equivocada. El sociólogo alemán Ulrich Beck dijo en su libro "La metamorfosis del mundo" (Paidós, 2017) que "los mayores son los «neandertales» y la nueva generación global pertenece a la especie «Homo cosmopoliticus». Los mayores nacieron como seres humanos, pero al igual que sucede en «La metamorfosis» de Kafka, una mañana se despertaron convertidos en unos insectos llamados «analfabetos digitales». Las nuevas generaciones, por el contrario, ya nacieron como seres digitales. El contenido de la mágica palabra «digital» ha pasado a formar parte de su equipamiento genético". 

Según Eurostat, la oficina estadística de la UE, solo el 6,5% de los mayores españoles de 65 años tiene lo que se conoce como habilidades digitales y solo el 20% usa Internet a diario. Según el INE, cuatro de cada diez mayores de nuestro país nunca ha accedido a Internet y casi un tercio de quienes accedieron e iniciaron algún tipo de gestión no la pudieron concluir. Las causas principales de esta realidad son sobre todo la falta de formación, la desconfianza, el desinterés y las dificultades para acceder a la red, bien por no tener conexión a por carecer de dispositivo. La brecha afecta más a las mujeres que a los hombres, a los mayores de 75 años, a quienes viven solos, a los de menor nivel educativo y a los de más bajo poder adquisitivo. Nada que no fuera posible imaginar de antemano en una generación que, en muchos casos, aprendió las "cuatro reglas" y a leer y escribir cuando ya eran adultos.

Pandemia y solidaridad familiar

Hay datos que apuntan a que durante la pandemia se ha incrementado en algunos puntos el porcentaje de personas mayores que accedieron a Internet. Sin embargo, esas cifras hay que relacionarlas con las restricciones de movilidad que, seguramente, terminaron haciendo de la necesidad en virtud y obligando a muchos abuelos a enfrentarse al ordenador. Nada dicen esos datos sobre cuántos de ellos tuvieron éxito o a cuántos les echaron una mano sus hijos, nietos o vecinos más duchos en el arte de manejarse por el proceloso mar de Internet. 

Porque es gracias a la solidaridad de familiares y conocidos como los mayores van capeando con más pena que gloria las gestiones que se ven obligados a realizar por vía telemática, por la sencilla razón de que en muchos casos no se les da otra opción. Empezando por la Administración, que no se caracteriza precisamente por facilitarles las cosas, y continuando por la banca, que se las dificultan sin contemplaciones: se impone el beneficio sobre la atención que merecen y a la que tienen derecho unos clientes que, en muchos casos, lo han sido durante toda su vida. No crean lo que dicen las páginas corporativas de las entidades bancarias que presumen de todo lo que ayudan a los mayores a realizar sus gestiones: es mentira, o en todo caso, son acciones claramente insuficientes. 

Alergia bancaria a los mayores

La banca ha cerrado miles de sucursales - y más que cerrará - y ha despedido a miles de empleados - y a más que despedirá - sin temblarle el pulso ni acordarse de a cuántos usuarios abandonaba a su suerte. En pequeños pueblos rurales, en donde hace unos años había una modesta sucursal en la que era posible cobrar la pensión, hacer operaciones sencillas, aclarar las dudas con un empleado y hasta preguntarle por su familia, los mayores tienen que depender ahora de familiares o conocidos. Incluso en grandes ciudades están desapareciendo oficinas de barrio a marchas forzadas y reduciéndose los horarios de atención al público; acudir a una ventanilla para sacar dinero, pagar un recibo o realizar una transferencia ya roza casi lo delictivo y se sanciona con comisión al canto. 

"Para los mayores Internet es más el problema que la solución"

Para todas estas personas Internet es el problema y no la solución que representa para la generación digital. Además, su falta de formación para manejarse con un mínimo de soltura en la red, las convierte en víctimas propiciatorias de estafas y timos. Los poderes públicos tienen el deber de estrechar la brecha y eso empieza precisamente por facilitarles el acceso a los servicios de la Administración con herramientas como la firma digital. Hace falta un esfuerzo mucho mayor y coordinado de los poderes públicos para acercar con seguridad el mundo digital a estas personas: el empeño valioso pero en muchos casos voluntarioso de organismos, universidades o asociaciones privadas no basta. Los poderes públicos son responsables también de que entidades como las bancarias dispensen una atención directa y personalizada a los mayores, sin sobrecostes que solo se justifican desde la óptica del beneficio privado. 

Es mucha la tarea y aparentemente poca la voluntad pública de afrontarla. La generación que nació con un teléfono móvil en las manos y una tableta en la mochila del colegio le debe a sus abuelos la oportunidad de beneficiarse con seguridad de estos avances de la tecnología. De eso va también el pacto intergeneracional con el que algunos políticos se pretenden adornar sin fundamento, y que solo tendrá sentido si se convierte en una realidad mientras sigan con vida los cinco millones de españoles que a fecha de hoy no disfrutan aún de ninguna de las bienaventuranzas de Internet. Después ya no será necesario.