Si tenemos en Canarias 342.000 parados y más de 700.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social ¿cómo es posible que aún no se haya producido un estallido social? Los expertos aducen varias causas: economía sumergida a todo trapo y redes familiares que aún están en condiciones de echar una mano a quienes peor lo están pasando (¿hasta cuándo?).
Son miles las familias que viven con el paro de uno de sus miembros o con la pensión del abuelo o la abuela. Y no son menos, sino más, las que tienen que acudir a los servicios sociales de los ayuntamientos (cada vez más esquilmados) o a las ONGs (cada vez más impotentes ante la realidad que viven a diario) para poder comer o pagar los servicios básicos (agua, luz, medicamentos).
Sin embargo, la solución que se propone para esta situación de emergencia social sigue siendo la misma que ha contribuido de manera determinante a crearla. Sin ir más lejos, de la cumbre europea de ayer lo más destacado fue el pacto fiscal que obliga a los países miembros a fijar por ley el déficit en el 0,5% del PIB. Dicho en otras palabras: más ajustes, más recortes, más paro y más pobreza.
Con el fin de endulzar algo la amarga medicina, se acordó también destinar los excedentes de los Fondos Estructurales a combatir el paro juvenil (cerca del 50% en España). Bruselas se ha ofrecido incluso a enviar a nuestro país a un grupo de "expertos" para que le digan a Rajoy qué es lo que hay que hacer para que los jóvenes españoles no tengan que buscarse la vida en otro país.
Aunque me parece que es esfuerzo baldío, porque el presidente tiene ya tan clara cómo será su reforma laboral que da incluso por descontado que le costará una huelga general. Habida cuenta de los resultados de la anterior es comprensible que lo dijera con una sonrisa en los labios, la misma que apenas puede disimular ya la patronal.
