Portugal: un país en venta


El Gobierno de Portugal ha colgado un cartel bien visible y escrito con grandes caracteres en el que puede leerse “País en venta”. La venta incluye todas las joyas de la corona, o de la República, si lo prefieren. El lote comprende desde la compañía aérea de bandera, la TAP – única aerolínea nacional – hasta los aeropuertos, las compañías eléctricas – ya adquiridas por dos empresas estatales chinas -, las participaciones públicas en la petrolera GALP, astilleros, los trenes de mercancías, varios bancos, Correos y Telégrafos, la televisión pública y, en definitiva, todo aquello con lo que se pueda hacer caja aunque sea a precios de saldo.

Esta furia vendedora de las empresas públicas portuguesas al mejor postor es el resultado del rescate de 78.000 millones de euros solicitado a la famosa troika – FMI, UE y BCE - por el Gobierno del socialista José Socrates para evitar la bancarrota del país. Bancarrota que, de todos modos y gracias a los recortes de todo tipo aplicados por los conservadores de Passos Coelho en el poder, Portugal está sufriendo ya en términos de dramático empobrecimiento social y económico del conjunto de la población.



Con el objetivo de hacer caja para cumplir con las generosas condiciones de la troika a cambio del rescate, el Gobierno ha incrementado la jornada laboral en media hora, ha recortado las vacaciones de 25 a 22 días, ha eliminado la paga de Navidad, ha alargado la edad de jubilación, ha aprobado una brutal subida de impuestos que en la práctica supondrá que los trabajadores portugueses tendrán que dedicar el salario de todo un mes para poder pagarlos y ha eliminado los días libres con los que se premiaba a los funcionarios más diligentes. Y de propina, tiene sobre la mesa rebajar de 20 a 12 días las indemnizaciones por despido.

Como era de suponer, aunque esto ni al Gobierno ni a la troika de marras parece importarles lo más mínimo, la economía se contrae a pasos agigantados con caídas anuales del 3% del PIB, un paro en el 16% y una reducción del consumo del 2%. Ni siquiera una sociedad más bien introvertida y acostumbrada a sufrir como la portuguesa ha podido resistir tantos golpes y miles de personas se han echado a las calles para protestar.

Por su parte, los sindicatos ya han convocado dos huelgas generales en menos de un año y hasta en el partido del Gobierno hay voces críticas con una política de recortes a mansalva, contraproducente e injusta, que mete al país en un túnel sin salida ni brotes verdes de ningún tipo. Todo hace indicar que sólo un estallido social en toda regla podrá parar esta locura y obligar a buscar alternativas - que las hay - a unas políticas que, a la vista están en Grecia y en la misma España, son absolutamente erróneas. La cuestión es que, como en Grecia y como está ocurriendo también en España aún sin haber pedido el rescate integral aunque sí el bancario, ya no son los portugueses y sus representantes quienes tienen en sus manos las riendas del país. Al pedir el rescate se las entregaron con todas las consecuencias a los hombres de negro y nada de lo que digan o hagan los ciudadanos de a pie es tenido en cuenta.

La gente y sus sufrimientos no importan lo más mínimo, son daños colaterales despreciables que no deben estorbar el objetivo final: vender Portugal y a los portugueses atados de pies y manos a los mercados. La situación es tan grave que Portugal ni siquiera enviará el próximo año representante al Festival de Eurovisión para ahorrarse costes. A decir verdad, ni falta que le hace y, siempre y a pesar de los pesares, ni la troika podrá arrebatarles el fado, ese género musical tan bello y tan adecuado para describir la intensa saudade que sufren hoy los portugueses.

Viajar es un placer

Seamos serios. A un señor llamado Gonzalo Moliner no le hace gracia viajar en clase turista y prefiere la business, supongo que como la inmensa mayoría de los ciudadanos que pudiera permitirse pagárla. Pero Gonzalo Moliner no es un ciudadano de a pie, sino el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, cargos en los que sustituyó a un viajero empedernido por cuenta del erario público llamado Carlos Dívar.  

Aquellos viajes pagados a escote por los ciudadanos y aquellos caribeños fines de semana terminaron por costarle el cargo. Después de aquel bochornoso episodio se decidió que los gastos del presidente y de los vocales del CGPJ fueran examinados con lupa y controlados al céntimo, de manera que al señor Moliner se le obliga a viajar en clase turista lo que, a su juicio, no da una buena imagen de la Justicia. Como si la imagen de tan egregia señora se labrara en función de la clase en la que viajen sus más encumbrados representantes institucionales a los que el común de los mortales apenas tiene el honor de conocer. 
 
Ítem más: sus señorías los senadores y diputados volarán siempre en clase preferente, salvo que la compañía aérea no disponga de otra opción. En caso de viajar en tren, lo harán en clase Club o similar. Así consta en el documento de rige los desplazamientos de las delegaciones oficiales de las Cortes Generales pero en el que – miren por dónde – no se detallan los costes. Secreto de Estado debe ser. 

Es cierto, y así lo han subrayado varios grupos parlamentarios, que el Congreso y el Senado tienen acuerdos de colaboración con las compañías aéreas que permiten a sus señorías viajar en preferente en la medida en la que esa opción les permite más flexibilidad y disponibilidad para cambiar un vuelo. Ahora bien, eso no puede significar que deban optar siempre por la clase preferente y que las Cortes prefieran esa opción a la clase turista y, encima, no digan lo que nos cuesta la preferencia a los ciudadanos. 

Todo esto no ocurre en un país idílico llamado Jauja en el que la miel brota de los árboles sino en la España de los recortes nuestros de cada día en la que los gestos tienen un gran valor. Lo que daña la imagen de la Justicia – ya bastante maleada – no es que su máximo representante institucional viaje en clase turista sino que se queje por ello. 

Y lo que daña la imagen de los representantes públicos – que tampoco pasan por sus mejores momentos – no es que tengan que viajar en preferente si no hay otra alternativa, sino que usen esa opción por defecto y además oculten a los ciudadanos cuánto nos cuesta la preferencia. Y es que, como la caridad, el respeto bien entendido siempre empieza por uno mismo. 

El extraño caso de la patera

La Delegación del Gobierno en Canarias parece haber adoptado la técnica del cuentagotas para informar de la tragedia de una patera la semana pasada en aguas de Lanzarote. El balance – un fallecido, siete desaparecidos y 17 supervivientes -  es lo suficientemente grave como para esperar de la Administración competente en la materia una información clara y completa de lo ocurrido.

La primera versión oficial se emitió más de doce horas después de los hechos. En ella, la Delegación aludía a un “desafortunado accidente” y admitía que entre la patrullera y la barquilla de los inmigrantes se  había producido un  “contacto”, sin especificar con claridad quién y cómo lo había  provocado.

Al mismo tiempo comenzaron a circular toda suerte de especulaciones y rumores, entre ellos, que el patrón de la patera se había lanzado al mar para no ser detenido  y la embarcación había quedado sin control hasta chocar contra la patrullera de la Guardia Civil que había salido a su encuentro. Se recordó también que el cabo que patroneaba la patrullera de la benemérita era el mismo que en 2008 estaba al mando de una lancha de la Guardia Civil que encalló en una baja de la Isla de Tenerife, lo que le costó un expediente y la correspondiente sanción.

Sin embargo, no fue hasta que el diario EL PAÍS, citando fuentes de la propia Guardia Civil, informó ayer de que la patrullera había sufrido una avería que la dejó sin gobierno y provocó el choque contra la patera, cuando la Delegación  se apresuró a emitir una nueva nota oficial en la que admite que se produjo la colisión entre ambas embarcaciones. Además de que cuesta creer que la Delegación del Gobierno no dispusiera de esa información el mismo día de los hechos, a nadie se le escapa que entre el simple “contacto”  y una “colisión” o “choque” hay una diferencia de intensidad notable.

Al mismo tiempo, y en contra de lo que aseguran los supervivientes, la Delegación y la Guardia Civil aseguran que la patrullera ni se dirigió a gran velocidad hacia la barquilla ni llevaba las luces apagadas. Se argumenta en cambio que la patrullera, debido a la avería que sufría, no pudo maniobrar para esquivar a la patera que se estrelló contra ella . Tampoco queda claro si se cumplió el protocolo de aplicación en estos casos y se dio aviso a Salvamento Marítimo para que socorriera a los inmigrantes desde el momento en el que se tuvo conocimiento de que una patera se acercaba a las costas de la isla. Según ha informado la Cadena SER, el aviso a Salvamento Marítimo sólo se produjo después del choque entre barquilla y patrullera a pesar de que desde primera hora de la tarde del día anterior se tenían noticias de la llegada de la embarcación de los inmigrantes y que ésta fue detectada en los radares del SIVE unas dos horas antes del fatal encuentro.

Por tanto, son varias las preguntas que no tienen aún respuesta clara: ¿chocó la patera contra la patrullera u ocurrió el revés? ¿llevaba o no la patrullera las luces encendidas y se acercó despacio a la patera o pasó como dicen los supervivientes? ¿se avisó a Salvamento Marítimo a tiempo o sólo cuando ya se había producido la colisión? ¿era esta la primera avería que sufría esta patrullera o ya había tenido otras antes? ¿por qué iban en la patrullera sólo cuatro agentes cuando se trata de una embarcación con capacidad para once o doce? ¿tenía el agente al mando de la patrullera la pericia y las capacidades suficientes para el puesto?

Es de suponer que la investigación judicial en marcha aclarará todos estos extremos. Ello no impide que la Delegación del Gobierno se apresure a ofrecer un relato completo y pormenorizado de los hechos sin esperar a que le madruguen los medios de comunicación. Por justicia para con las víctimas de la tragedia y por respeto al buen nombre y a la brillante labor de la Guardia Civil ante el fenómeno de la inmigración.