Fíate y no corras

Intentó el que suscribe desconectarse al menos por uno días de la confusa realidad con la esperanza de que, a la vuelta, las cosas estuvieran algo más claras. Tal vez confió demasiado en que las novedosas plegarias del papa Francisco en la primera Semana Santa de su pontificado contribuyeran a arrojar un poco de luz sobre tanta confusión. No ha sido así, ni mucho menos. Veamos sólo un ejemplo: Chipre.

Al pequeño país mediterráneo lo ha puesto en el mapa una Unión Europea en la que se acumulan cada día nuevos y convincentes indicios de ausencia de vida inteligente. Los despropósitos cometidos en los últimos días en relación con el rescate de sus bancos han venido a confirmar la improvisación y la falta de unidad con la que se ha afrontado lo que no pasa de ser un pequeño grano en el conjunto de este gigante con pies de barro llamado Unión Europea.

El rosario de la aurora en el que ha derivado la confiscación del dinero de los ahorradores, la fuga de los capitales rusos que se olieron el pastel a tiempo y las declaraciones de unos y de otros auto exculpándose de haber sido los promotores de una iniciativa que ha convertido en papel mojado los sacrosantos principios de la garantía de los depósitos y el libre movimiento de capitales, han terminado haciendo un daño inmenso a la ya maltrecha imagen de la Unión Europea y a la confianza de los europeos en sus instituciones.

La brecha entre el Norte y el Sur crece, la germanofobia sube como la espuma en los países más castigados por la crisis y sometidos al austericidio que dicta Berlín y, en ese rico caldo de cultivo, sacan pecho formaciones populistas y de extrema derecha que ya no dudan incluso en pedir la pena de muerte para los inmigrantes. La ola de indignación que ya recorría buena parte de Europa tras los rescates griego, portugués e irlandés más el de la banca española, se agiganta ahora a la vista del trato recibido por un pequeño país de apenas 800.000 habitantes del que todo el mundo sabía que era un lavadero de dinero negro ruso desde el momento mismo de su entrada en la Unión Europea.

Nadie, ni la troika que ahora se hace de nuevas ni el gobierno de Chipre que se rasga las vestiduras, hicieron nada por acabar con esa situación. Sólo cuando la burbuja bancaria en Chipre empezó a dar signos de estar a punto de estallar tras la tragedia griega se les ocurrió que fueran los ciudadanos de a pie los que salvasen a los bancos con una parte de sus ahorros. De remate, un incompetente lengua larga colocado por Merkel al frente del eurogrupo, sufrió un ataque de sinceridad y aseguró que el rescate chipriota podría aplicarse como una “plantilla” a futuros rescates bancarios en otros países.

Fue como apagar el incendio provocado por la torpe actuación en Chipre con unas cuantas toneladas de gasolina que no han tardado en sembrar la desconfianza en todo el continente y no ya sólo entre los mercados, sino entre los ahorradores de a pie que hasta hoy – ilusos de nosotros – pensábamos que nuestros ahorros estaban seguros en los bancos al menos hasta los 100.000 euros.

De inmediato tuvieron que salir a la palestra ministros y presidentes a jurar que los depósitos son sagrados y que lo de Chipre es excepcional, único e irrepetible. Sin embargo, una vez traspasada la gruesa línea roja que marca un antes y un después en la historia de la seguridad de los ahorros de los ciudadanos en los bancos, resulta muy difícil creer en sus palabras. Entre otras cosas porque los que ahora hablan de seguridad no fueron capaces de oponerse al despropósito chipriota y una vez más agacharon la cerviz ante Alemania y ante los intereses electorales de su canciller. Conclusión: fíate y no corras.

El petróleo puede esperar

¿Hubo verdadera voluntad de alcanzar un amplio acuerdo político y social para afrontar los efectos de la crisis en Canarias? Puede que sea un iluso, pero quiero creer que sí, que las invitaciones recíprocas que el Gobierno autonómico y el PP se cruzaron fueron sinceras y constructivas. Sin embargo, dos meses después de aquella foto en la que el presidente del Gobierno y el secretario de los populares canarios se comprometían a alcanzar en un tiempo récord un Pacto por Canarias, las esperanzas del acuerdo parecen definitivamente frustradas.

A mi modo de ver, han sido varios los errores cometidos, empezando por una cierta puerilidad a la hora de reivindicar la paternidad de la idea. ¿Qué más daba de quién era la iniciativa si de lo que se trataba era de aunar esfuerzos para hacer frente a los graves problemas de Canarias y enviar un mensaje a los ciudadanos de que los políticos son capaces de hacer algo más que pelearse a diario y por cualquier cosa? ¿Cuándo superarán la enfermiza obsesión por colgarse méritos y medallas si de lo que se trata es del interés general?

Tampoco creo que ocultar el debate a la sociedad con el argumento de eludir la presión mediática fuera un buen método de trabajo. Es de los problemas de Canarias de los que estamos hablando, no de asuntos privados, y cuanta más participación y más luz y taquígrafos haya, tanto mejor. En el momento de iniciar los contactos se prometió que la discusión se abriría a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario y a los agentes económicos y sociales. No consta que eso haya ocurrido y, a estas alturas, hay pocas esperanzas de que ocurra.

 

Pero con todo, la causa – excusa que, salvo milagro de última hora, ha hecho inviable el acuerdo han sido las controvertidas prospecciones petrolíferas que el PP defiende y que los partidos que apoyan al Gobierno rechazan. Intentar incluir este asunto en el acuerdo a través de una alambicada redacción en la que no figurara la palabra “petróleo”, como pretendía hacer el PP, parece haber dinamitado el acuerdo de manera irreparable. Si era eso lo que se pretendía, el éxito es casi seguro.

Sorprende y defrauda que un asunto que enfrenta desde el comienzo de la legislatura nacional al Gobierno central con el canario y sobre el que no parece haber acuerdo posible en estos momentos, no quedara acotado y apartado de la mesa de negociación para abordarlo si acaso sólo en última instancia y después de haber cerrado y firmado compromisos en otras muchas cuestiones, en estos momentos, más importantes que la eventualidad de que en aguas de Canarias haya petróleo.

El paro, la pobeza o las insuficiencias en educación y sanidad que padecen las Islas son, aquí y ahora, las verdaderas urgencias del Archipiélago, no las prospecciones petrolíferas. Gobierno y oposición aún están a tiempo de reconducir el diálogo y abrirlo a los agentes sociales que puedan aportar propuestas y compromisos para la solución de los serios problemas que padece Canarias, aunque ello supongo alargar un poco más en el tiempo las negociaciones.

Merece la pena abandonar posiciones irreductibles a uno y otro lado de la mesa de diálogo e intentarlo: se trata de evitar que por lo menos los acuerdos ya alcanzados terminen en el cesto de los papeles y los ciudadanos acumulen una nueva decepción ante la incapacidad de las fuerzas políticas para el consenso sobre los asuntos que de verdad les preocupan. Mientras, el petróleo puede esperar.

Dos jueces y un peligro

A la hora de escribir este comentario, solo dos jueces investigan los papeles de Bárcenas. No descarto que en las próximas horas o días sean tres o más. Nada de lo que sorprenderse ante un asunto tan complejo y con una Administración de Justicia como la española, sobrada de medios materiales y humanos. El único inconveniente puede ser que todos los jueces investigadores citen a declarar a Bárcenas el mismo día, a la misma hora y por el mismo motivo. Aunque un hombre de recursos ilimitados como ha demostrado ser el ex tesorero popular seguro que también posee el don de la ubicuidad.

 Ironías al margen, la enredada madeja judicial en la que se está convirtiendo la investigación sobre los supuestos pagos en negro en el PP no anima a tener esperanzas de que el caso se sustancie en tiempo y forma. De un lado tenemos al juez Ruz, interino que ocupa el puesto de Garzón, – el único condenado hasta la fecha por el “caso Gürtel” – que en septiembre abandonará su puesto y dejará el voluminoso asunto en manos de otro magistrado, el tercero desde que se inició la causa.

De otro tenemos al juez Bermúdez, juzgador del 11-M y desmontador de la teoría de la conspiración sobre aquellos atentados tan querida por el PP. Ruz se tomó su tiempo para establecer conexiones entre las cuentas en Suiza de Bárcenas y sus explosivos papeles. Mientras, IU presentó una querella en la Audiencia Nacional que, a la vista de la parsimonia de Ruz para decidirse, fue a parar por reparto a las manos de Bermúdez. Entonces Ruz aceleró y pidió concejo a la Fiscalía e informes a la policía sobre la vinculación entre Suiza y los papeles. Y la encontró, de manera que abrió una pieza separada sobre la marcha para investigarla.

Pero Bermúdez no se achicó y se declaró competente – él también – para profundizar en los manoseados papeles. Incluso fue más allá y exigió a Ruz que le pasara el caso no sin antes atacar sus argumentos sobre las conexiones entre ambos asuntos y acusarle de “pretender abrir una causa general contra el PP". Se había montado el lío, cuyo episodio más reciente y esperpéntico es que ambos jueces han citado para el mismo día, casi a la misma hora y por el mismo motivo al hombre de moda más requerido últimamente en España por jueces y fiscales.

A esta pugna entre Ruz y Bermúdez no ha sido ajena en absoluta la Fiscalía General del Estado que, desde un primer momento, ha venido removiendo cielo y tierra para que sea Ruz – aparentemente mucho más blando y en expectativa de destino - y no Bermúdez – previsiblemente más duro con el PP - el que se ocupe del asunto. Como no podía ser menos en un país en donde política y justicia andan tan entrelazadas, los dos grandes partidos políticos también han echado su cuarto a espadas y no han ocultado sus preferencias: el PP y su corte mediática por Ruz y el PSOE y la suya por Bermúdez. Mientras, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mira la pelea desde la barrera y dejar pasar los días sin determinar cuál de los dos jueces debe dirigir la investigación.

Estamos ante un problema crónico, la politización de la justicia en España, y ante un peligro grave. Las preferencias de los grandes partidos no parecen ser las de los ciudadanos castigados por la crisis y escandalizados por los casos de corrupción, que exigen que se depuren las responsabilidades judiciales pertinentes al margen del juez que lo haga.

El grave peligro consiste en que el proceso se enrede más de lo que está y se eternice hasta el punto de que algunos de los presuntos delitos investigados terminen prescribiendo. Sin contar con la posibilidad de que alguien encuentre en este lío entre jueces, fiscalía y partidos políticos un resquicio para exigir la nulidad completa de la causa como ya ocurrió en su día con el “caso Naseiro”. Esa posibilidad sería algo que dañaría de forma irreversible la ya poco saludable imagen de la Justicia y del sistema político de este país y algo que la sociedad española no puede tolerar bajo ningún concepto.