Paro: dime de lo que presumes…

A poco que la hubiesen animado, la ministra de Empleo habría sacado ayer en procesión a la Virgen del Rocío para agradecerle como es debido que el paro haya bajado en mayo en casi 100.000 personas y que las afiliaciones a la Seguridad Social aumentaran en 134.000, la mitad de ellas en la hostelería. Habló la ministra de “dato para la esperanza” y lo hizo después de varios días anunciándonos la buena nueva antes de que el dato fuera oficial. Es lógico y hasta justificable que, ante la sequía total de noticias económicas positivas, Báñez se agarre al clavo ardiendo de un dato puntual bueno – mayo es históricamente un mes propicio para el empleo - para vendernos la especie de que ya la economía española está empezando a crear empleo.

En realidad, ni ella se lo cree como no se lo cree casi nadie. Eso sí, le sirve a Rajoy para justificar lo injustificable, que esa gota en el océano del desempleo es el fruto largo tiempo acariciado de su política económica y su reforma laboral. Quietos ahí los bueyes, que aún hay mucha cifra y mucho porcentaje que desentrañar debajo del dato aparentemente positivo del paro registrado en mayo. Vaya por delante que el hecho de que casi 100.000 personas encontraran trabajo en mayo es un dato bueno en sí mismo, otra cosa es lo que les dure el empleo a estas personas.

Porque, como se han encargado de subrayar los habituales aguafiestas incapaces de reconocer un solo éxito del Gobierno sin ponerle alguna pega, la bajada del paro el mes pasado obedece principalmente a las contrataciones temporales en los servicios y la agricultura ante la temporada veraniega y el inicio de sus respectivas campañas. Es lo que se llama estacionalidad del empleo, que una vez descontada nos descubre que el paro apenas descendió en mayo en unas 265 personas, o sea, nada de lo que presumir en un país con cinco millones de personas registradas en las oficinas del desempleo y más de seis millones según la EPA.

Dicho de otro modo, el empleo generado en mayo es abrumadoramente temporal – casi el 93% de los contratos – que cada vez gana más terreno frente al indefinido – en torno al 7%. Sin ánimo de ser ave de mal agüero, uno no puede dejar de temer que los casi 100.000 empleos de mayo serán otros tantos parados en octubre cuando acabe la temporada veraniega y en la agricultura. Algunos podrán decir que en tiempos de crisis cualquier contrato, aunque sea temporal, es trinchera ante la falta generalizada de trabajo. Puede  que hasta no sea este el mejor momento para las exquisiteces laborales, como ha propuesto ese experto en el mercado de trabajo que es el Gobernador del Banco de España y sus contratos por debajo del salario mínimo. 

Sin embargo, lo que pone de manifiesto el dato de la temporalidad, del que el Gobierno prefiere no hablar o en todo caso le quita importancia, es que el mercado laboral español se temporaliza a marchas forzadas, lo que empuja los salarios a la baja e incrementa la incertidumbre y la inseguridad de los trabajadores. La culpable de ese proceso de degradación del mercado de trabajo es de sobra conocida: la reforma laboral, que ha puesto en manos de las empresas una máquina trituradora de empleo a precios de saldo en plena recesión económica, o sea, miel sobre hojuelas.

Si a eso unimos factores como la sequía del crédito por mucho que se inyecte dinero público en los bancos, los nuevos recortes que se atisban en el horizonte para cumplir el objetivo de déficit e incluso una nueva vuelta de tuerca en la reforma laboral en un cotexto de recesión económica como el actual, el panorama deja de ser del color rosa pálido con el que el Gobierno pretende vendernos el dato del paro en mayo. Eso sin contar con que su injustificada satisfacción de las últimas horas se da de bruces con sus propias previsiones de que el paro no bajará del 25% antes de 2016.

¿De qué presume entonces el Gobierno? Justo de lo que carece, de una política de reactivación económica que, frente a nuevos recortes, reformas y ajustes que recaerán una vez más sobre los trabajadores, genere empleo estable y de calidad junto a medidas claras y contundentes para que vuelva el crédito y se descongelen la inversión y el consumo. Ahora bien: ¿podemos pedirle peras al olmo?

Una infanta blindada y un PP ofendido

De manera muy distinta les han ido sus asuntos judiciales a la infanta Cristina y al PP en las últimas horas: la primera ha encontrado un nuevo defensor de su inocencia y el segundo ha sido expulsado como acusación particular del caso Gürtel.

Vayamos por partes. A la infanta Cristina, que ya contaba con el apoyo inquebrantable de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado, le ha surgido un nuevo y valeroso defensor: la Agencia Tributaria, vulgo Hacienda. En contra del criterio de la Audiencia de Palma y del juez Castro, Hacienda se niega a ampliar la investigación fiscal sobre la infanta y se reafirma en un informe elaborado en Cataluña, pero convenientemente “revisado” por personas de toda confianza del ministro Montoro en Madrid, en el que ya determinó que la hija del Rey no cometió delito alguno de ese tipo. Sobre la posibilidad de que la infanta cometiera delito de blanqueo de capitales, Hacienda se escabulle asegurando que el asunto no es de su competencia. Asombroso.

En su respuesta denegatoria al juez Castro se permite incluso sentar cátedra sobre cuáles son las circunstancias que deben concurrir para determinar la presunta culpabilidad o inocencia de la infanta algo que, al menos eso suponíamos hasta ahora, debería de ser el juez quien lo estableciera en función de los datos que, sin embargo, se le deniegan.

A la vista de la respuesta cabe preguntarse para qué necesitamos a un juez investigando sobre las cuentas y los bienes de la infanta con el fin de intentar determinar su grado de implicación en los negocios de su esposo y, en su caso, imputarla por delitos fiscales o blanqueo de capitales. Si Hacienda dice que no es culpable de nada a Hacienda hay que creer y ya puede ir el juez olvidándose del caso.

De guinda, también se opone Hacienda a que un funcionario experto de Vigilancia Aduanera que ya venía colaborando con Castro en el “caso Nóos” siga haciéndolo. Debe de ser a esto a lo que se suele llamar “colaboración con la justicia” siempre, claro está, que el sujeto de la investigación judicial no sea un destacado miembro de la Casa Real.

Con la infanta blindada judicialmente por la fiscalía, la abogacía del Estado y ahora también por Hacienda, el PP acaba de llevarse una sonora bofetada en la Audiencia Nacional. Muy ofendidos están los populares después de que el juez Ruz primero y ahora la propia Audiencia hayan decidido expulsarlo como acusación particular en el caso Gürtel.

Tal y como sostenía el juez al que ahora respalda la Audiencia, el PP ha empleado el viejo truco de estar en misa y repicando al personarse como acusación particular alegando los graves perjuicios que la trama corrupta le está causando. Sin embargo, una vez dentro, se ha dedicado más bien a actuar a favor de los acusados – entre ellos el innombrable Luis Bárcenas - como señala con toda crudeza la Audiencia. En particular le recuerda los escritos presentados en los que el PP reclamaba el archivo de las diligencias abiertas contra Bárcenas, su esposa y Jesús Merino.

Con todo, lo más duro del auto de la Audiencia es la parte en la que se establecen vínculos “evidentes” entre la trama corrupta Gürtel y los papeles de Bárcenas y que salpican de lleno al PP y su contabilidad en B. Ahora, expulsados del sumario, los populares no podrán conocer las actuaciones del juez ni, en su caso, oponerse a ellas.

¿Qué va a ser de ellos, los pobres? ¿Quién los va a defender ahora de las “arbitrariedades” e “injusticias” del juez Ruz, como escribieron – pasándose veinte pueblos - en su recurso contra la expulsión como acusación particular? ¡Qué injusta es la Justicia! ¡Unas blindadas y otros ofendidos y abandonados a su suerte!

Las lindezas de Linde

Que la reforma laboral se convertiría en una trituradora de puestos de trabajo era algo que solo el Gobierno y la patronal negaron cuando se aprobó. El aumento del paro – y subiendo – les está quitando la razón mes a mes y trimestre a trimestre a quienes pretendieron vender la reforma como una de las panaceas imprescindibles – “no hay otro remedio” - para salir de la crisis. El ajuste salarial a la baja que ha supuesto la reforma y la pérdida de derechos laborales de unos trabajadores atenazados por el miedo a perder el empleo, le ha permitido a España ganar competitividad cara al exterior – algo de lo que no para de presumir el Gobierno a falta de un argumento mejor - a costa de deprimir la demanda interna.

En paralelo, la interminable reestructuración del sistema financiero mantiene también congelado el crédito sin que nadie mueva un dedo para que, al menos los bancos que han recibido dinero público, destinen parte de esas ayudas a paliar la sequía de empresas y familias. En ese objetivo – que debería de ser una de sus principales preocupaciones - no está ni se le espera el Banco de España. Su gobernador, Luis Linde, prefiere meterse en jardines que no son de su competencia y dar consejos sobre el mercado laboral, siguiendo así la senda igual de torcida de su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

La última de las lindezas de Linde ha sido sugerir que se elimine el salario mínimo y se puedan hacer contratos al margen de los correspondientes convenios. A Linde – que debe tener alguna querencia hasta ahora desconocida por los dorados años de la esclavitud - le debe parecer un dispendio que haya trabajadores que cobren la exorbitante cifra de 645 euros mensuales o que sus condiciones laborales estén amparadas por un convenio colectivo. Acabar con eso es su receta mágica para resolver la ineficacia de la reforma laboral de la que asegura – y en esto acierta – que ni ha detenido la destrucción de empleo ni ha servido para crearlo.

Que semejantes consejos contra el paro los hubiese lanzado el presidente de la patronal – al que seguramente le han encantado las ideas de Linde – nos habría parecido hasta normal y lógico. Que lo haya hecho el gobernador del Banco de España merece la más absoluta repulsa. En primer lugar porque nada se le ha perdido a esa institución en asuntos tocantes a la regulación – o más bien desregulación – del mercado laboral. No es esa su función sino la de supervisar el sistema financiero, sobre el que, sin embargo, nada sensato y que ataña al interés general de los ciudadanos se le ha oído decir o hacer ni antes ni durante esta maldita crisis.

Cuando la burbuja inmobiliaria se hinchaba peligrosamente, no movió un dedo para desinflarla; cuando estalló, no se cansó de repetir que la salud del sistema financiero era envidiable; cuando los bancos vendían hipotecas con cláusulas abusivas, ni se inmutó; cuando esos mismos bancos empezaron a desahuciar a miles de familias, miró para otro lado; cuando miles de jubilados y pensionistas fueron engañados vilmente con el corralito de las preferentes y la deuda subordinada, hizo como que la cosa no iba con él; cuando un monstruo llamado Bankia salió a bolsa, aplaudió con las orejas; cuando los bancos cerraron el grifo del crédito, dio largas a la solución del problema que sigue igual de empantanado que el primer día.

De nada de lo que debería de haber estado pendiente porque era y es su cometido y su función lo ha estado el Banco de España que, sin embargo, sí se permite la licencia de pontificar sobre los males del mercado laboral de este país y ofrecer propuestas descabelladas e insultantes. Por sí aún había alguna duda sobre los intereses que defiende y ampara el Banco de España en esta crisis, las últimas lindezas de Linde las han despejado por completo.