Otro mal día para el periodismo

 Hoy es un mal día para el periodismo de este país, otro más y ya van unos cuantos. Siempre lo es cuando cierra un medio de comunicación, sea público o privado. Si como en el caso del Canal Nou valenciano es público, además de repercutir negativamente sobre la pluralidad informativa de la que debe hacer gala cualquier sociedad democrática que se precie, tiene efectos perniciosos sobre la cohesión social y el fomento de la identidad cultural de un territorio, sea este el que sea. En este caso es Valencia, cuya ley de creación de la radio televisión pública ponía precisamente el acento en el respaldo de unos valores que no cabe esperar defiendan las empresas privadas con el mismo alcance y dedicación que los medios públicos. 

Ahora todo eso ha saltado por los aires y el detonante ha sido un chapucero expediente de regulación de empleo que no es que la Justicia haya rechazado por defectos formales, sino que ha anulado directamente. Llama la atención tanta incompetencia y lleva a preguntarse si lo que buscaba el Gobierno valenciano no era precisamente una excusa como la del fallo judicial para echar el cierre definitivo alegando que no puede hacer frente a los costes derivados de la readmisión de los trabajadores afectados. Ni la posibilidad de recurrir el fallo parece haber barajado.

El presidente Fabra sacaba pecho esta mañana y presumía de que antes de cerrar un hospital cierra la radiotelevisión autonómica. Ni una palabra de autocrítica, ni un leve mea culpa sobre la desastrosa y despilfarradora gestión que ha hecho el PP de un medio de comunicación que durante dos décadas ha sobredimensionado y endeudado a placer y en su exclusivo beneficio político y que ahora abandona como un juguete ya inservible para sus fines. Se trata del mismo partido que predica austeridad y aboga por cerrar todas las televisiones autonómicas del país, “chiringuitos” como despectivamente las llaman algunos dirigentes populares que, antes de escupir al aire, deberían de tener cuidado de que no les caiga en la cara.

Ahora son los trabajadores los que pagan con sus empleos tanto desmán durante tanto tiempo y después de que sus alternativas para salvar el medio aunque fuera a costa de grandes sacrificios salariales fueran rechazadas unas tras otras. Viendo a los compañeros de Canal Nou tomando casi a la desesperada el control de la parrilla me han venido a la memoria los periodistas de la radiotelevisión pública griega, atrincherados en los estudios tras ser sacrificados también en aras de la austeridad suicida impuesta por el mismo rampante ultraliberalismo que hoy aplaude con las orejas el cierre de otro medio de comunicación y el despido de centenares de trabajadores.

No me cabe la menor duda de que la práctica totalidad de los periodistas de este país hacemos piña hoy con los compañeros de la radiotelevisión pública valenciana frente a quienes, después de hundirla en deudas a mayor gloria de sus ambiciones políticas, ahora pretenden encima hacerse pasar por sus heroicos sepultureros.

Wertgüenza torera

Si José Ignacio Wert tuviera un ápice de vergüenza torera – a él que tanto le gusta la “fiesta nacional” – a esta hora ya no sería el ministro de Educación de este país. Desautorizado en toda regla por su partido y su Gobierno tras la ignominiosa faena de las ayudas Erasmus que no ha tenido más remedio que anular, otro con algo menos de soberbia política que la que él está acostumbrado a exhibir tendría que haber presentado su dimisión irrevocable o haber sido destituido de forma fulminante. Pero no le pidamos peras al olmo de la Moncloa ni a Dios lo que Salamanca no presta; no esperemos por tanto que una reculada como la que hoy ha protagonizado Wert alcance sus últimas consecuencias con su salida inmediata del Ministerio.

El cornúpeta del Gobierno, siempre tan manso y dócil con las reivindicaciones de la Conferencia Episcopal pero tan fiero e intratable frente a las protestas de toda la comunidad educativa y de la oposición en peso, ha vuelto a dejar a su partido y al Gabinete del que forma parte a los pies de los caballos ante toda la opinión pública del país. Merecido se lo tienen el PP y el Gobierno por poner algo tan sensible como la educación en las manos de un político tan pagado de sí mismo que se permite chulerías como la de las becas Erasmus. 

Su decisión de dejar sin esas ayudas para completar estudios en el extranjero a los estudiantes que no hayan obtenido una beca general del Ministerio tiene todos los agravantes de la nocturnidad y la alevosía. No sólo porque firmara el decreto el mismo día en el que la inmensa mayoría de la comunidad educativa de este país protagonizaba una huelga general en la enseñanza contra su reforma, sino porque lo ha hecho a sabiendas de que los alumnos desplazados al extranjero ya contaban con la beca y, sin ella, la mayoría no tendría más alternativa que regresar a casa. Suena a algo así como “se van a enterar estos de quien es el ministro Wert”.

Queda ahora en el aire saber qué pasará con esas ayudas para el curso siguiente, algo que Wert no ha aclarado en su reculada de hoy aunque cabe temerse lo peor si para entonces sigue al frente del Ministerio. En ese caso, puede que ni siquiera haya becas de estudio propiamente dichas dado su empeño en restringir a toda costa el acceso a la educación en igualdad de oportunidades de los estudiantes con menos recursos y reservar las ayudas públicas para quienes en realidad no las necesitan.

En la filosofía de este ministro la igualdad de oportunidades es un concepto de quita y pon a conveniencia: cuando se trata de becas generales con las que paliar la carencia de recursos para estudiar, las convierte en un premio a la excelencia académica; sin embargo, si se trata de favorecer a los estudiantes con mejor expediente dándoles la oportunidad de completar su formación en otro país a través del programa Erasmus, entonces sí apela a la igualdad de oportunidades pero para quitárselas a quiénes más se las merecen.

El dislate ha sido de tal envergadura que ni el PP y el Gobierno han podido digerirlo, que ya es decir. Así que no cabe hablar de rectificación en la marcha atrás de Wert: esa es una virtud sólo reservada a los sabios que, además, piden disculpas y asumen responsabilidades por sus errores. En este caso sólo estamos ante un miura cegado contra todos los que osen agitar una pancarta en su contra y que seguramente no tardará mucho en volver a topar.

Y los notarios comieron perdices

Conmueve la obsesión del ministro de Justicia por descargar de trabajo a los juzgados y tribunales de este país. Primero fueron las tasas judiciales que concitaron la oposición frontal de todos los estamentos jurídicos y que – según revela un reciente informe del Consejo General de la Abogacía – ya han disuadido a un buen número de ciudadanos de pleitear. 

Ahora llegan las bodas y divorcios ante notario, previo pago de 95 euros, y la tramitación de herencias o testamentos ante los registradores de la propiedad. Dice Ruiz Gallardón que todo esto permitirá desatascar los juzgados y uno se pregunta por qué no refuerza el personal al servicio de la Administración de Justicia si tanto le preocupa el atasco. 

A notarios y registradores la noticia les debe haber sonado a regalo navideño adelantado, ahora que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria tiene a muchos de ellos casi mano sobre mano y con la cuenta corriente sin engordar adecuadamente. Hay quien ve en la medida de Ruiz-Gallardón un primer paso hacia la privatización final de la Justicia ya que, si bien son funcionarios públicos, las retribuciones de estos fedatarios proceden de las tasas que pagamos los ciudadanos a cambio de sus onerosos servicios. Sólo así cabe entender que el ministro cuele en su reforma de la Jurisdicción Voluntaria las bodas y los matrimonios, que nada tienen que ver con ella sino con asuntos judiciales en los que no hay controversias entre las partes.

De momento – sólo de momento – los que deseen casarse o divorciarse de mutuo acuerdo y siempre que no haya hijos menores de por medio, también lo podrán seguir haciendo gratis en la inmensa mayoría de los ayuntamientos, en el juzgado o en la iglesia; o convertirse en pareja de hecho sin más gasto ni papeleo. La pregunta es por qué va a querer alguien casarse o divorciarse ante notario y pagar 95 euros del ala por algo que puede hacer de forma gratuita. Es aquí en donde surge la sospecha de que, con su obsesión por aligerar de trabajo a juzgados y concejales y alcaldes celestinescos, termine el ministro otorgando a los notarios la exclusividad de unir lo que antes sólo podían unir los curas.

Con la totalidad de la tarta en manos únicamente de notarios y registradores, nada impediría entonces que “los módicos” 95 euros terminen subiendo como el champán y haya que acabar abonando hasta el arroz, la música y el disfraz de Elvis, llegado el caso. Pero no empañemos con augurios pesimistas el feliz acontecimiento: los notarios están muy contentos y suponemos que los registradores de la propiedad también, ya que el Gobierno que propone esta ley está presidido por uno de sus más preclaros colegas que ni siquiera ha hecho amago de inhibirse en un asunto que atañe directamente a su gremio. Así, todos, notarios y registradores, serán felices y comerán perdices.