RTVV: nocturnidad y alevosía

A media noche, como los ladrones y los fantasmas, se personó en los estudios de la radio televisión pública valenciana la comisión liquidadora y ordenó parar. Se limitaban a cumplir las instrucciones emanadas desde el poder político, el mismo que ha mangoneado a placer y conciencia un medio público de comunicación a mayor gloria de sus fregados económicos y sus chanchullos políticos; el mismo que, después de dar la orden de cerrar la radio y la tele, puso cobardemente tierra de por medio para esquivar las protestas de los trabajadores; el mismo que elude asumir cualquier responsabilidad política por una desastrosa gestión de dos décadas que ha colocado a la radio televisión pública de la comunidad autónoma con 1.200 millones de euros en deudas y, ahora, a cerca de 2.000 trabajadores en la calle.

Los trabajadores (presentadores, cámaras, redactores, técnicos, etc.) han resistido heroicamente durante horas, hasta el último momento, ese en el que la policía ha entrado en la sede de un medio de comunicación para asegurarse del fin de las emisiones. Y no, la escena no se ha producido en una lejana república bananera gobernada por algún dictador corrupto con guayabera y sombrero tejano. Ha ocurrido en la democrática España, en donde se respeta la libertad de expresión y el derecho a la información. Ese derecho ha recibido hoy un duro golpe como ocurre siempre que cierra un medio de comunicación que, en este caso, se da la circunstancia agravante de que era el único de carácter público de esa comunidad autónoma, el único llamado a defender y fomentar los intereses y la identidad de los valencianos.

Claro que ya sabemos que el concepto de lo público que tiene el partido político que gobierna en Valencia y en España no es mejor que el que tiene de la sanidad o de la educación. Sacan pecho los que hablan de “chiringuitos” para referirse a las radios y televisiones autonómicas en los territorios en los que no gobiernan los suyos. Sin embargo, callan con cobardía cuando son las radios y las televisiones gestionadas por ellos durante décadas las que presentan situaciones económicas insostenibles que, como ha ocurrido hoy en Valencia, se saldan por las bravas, con nocturnidad y alevosía.

El Gobierno valenciano pudo recurrir la sentencia que anulaba el ERE, pero no lo hizo; pudo también buscar una salida negociada y mucho menos traumática con los trabajadores, dispuestos a rebajarse los sueldos a cambio de salvar todos los puestos de trabajo posibles. Ni siquiera lo intentó porque la consigna era desde el minuto uno, cuando se puso en marcha el expediente de regulación de empleo, el cierre sin discusiones.

Seguramente estarán satisfechos pero se han cubierto de indignidad, por el modo en el que han gestionado un medio público y por las maneras con las que lo han liquidado. Aunque resulte paradójico dada su situación, los verdaderos triunfadores de esta lucha desigual son los profesionales de la radio televisión pública valenciana; ellos han resistido hasta el último momento a pie de cámara y micrófono y no serán precisamente los que pasen a la historia como los que apretaron el botón de fundido a negro. Ese dudoso honor les corresponderá para siempre a los políticos con nombre, apellidos y afiliación ideológica pública que se han ocultado en las sombras de la noche para acallar la voz de un medio de comunicación. 

Si tú me dices Wert

El PP y el Gobierno están hoy de enhorabuena y cuando eso ocurre España también está feliz. Después de un amplio debate social y mucho diálogo con todas las partes implicadas, mucho consenso, mucha cintura política por parte del esforzado y excelente ministro Wert y sin apenas contestación social en la calle o en las aulas, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy por fin la reforma educativa tanto tiempo demandada. A partir de ahora, las nuevas generaciones actuales y venideras podrán disfrutar de un sistema educativo que hará de nuestros estudiantes de hoy y de mañana la envidia de los países más avanzados.

Admira esta reforma, sin duda llamada a durar y perdurar en el tiempo como una potente luz que guíe los pasos de nuestros jóvenes, por su férrea defensa de la escuela pública, por su decidida opción en favor de la laicidad, su rechazo a las injerencias de los obispos, su apoyo a las comunidades educativas y su franca y valiente defensa de una educación en libertad con la que chicos y chicas adquieran juntos las herramientas necesarias para ser ciudadanos y ciudadanas mejores, con más capacidad de pensar y decidir por sí mismos y, en definitiva, mucho mejor formados que sus padres y abuelos.

Ésta es, sin duda alguna, la reforma educativa que estaba necesitando España desde hacía décadas y el hecho de que haya contado con tanto respaldo social y político, algo que no ocurría desde los tiempos gloriosos de la Formación del Espíritu Nacional, ofrece más que sobradas garantías de que será muy difícil, por no decir del todo imposible, que un próximo gobierno de color distinto al actual se atreva a cambiarle una sola coma. Por su parte, los que pretendían aprovechar la reforma para introducir por la puerta de atrás la enseñanza de religión, perpetuando así su histórico control sobre la formación de las nuevas generaciones, ya se pueden dar por vencidos porque han perdido definitivamente la batalla.

Entre los innumerables aspectos positivos que acompañan esta reforma, aunque no formen parte directa de ella, hay que subrayar también la bajada generalizada de las tasas de matrícula, la generosa política de becas que proclama, la desaparición de filtros absurdos y apolillados como las reválidas o el extraordinario esfuerzo que se realizará a partir de ahora para reforzar los programas de apoyo a los alumnos que por sus condiciones o circunstancias especiales los necesiten.

Mención aparte merece el ambicioso programa de construcción de más escuelas, institutos, centros de FP y universidades para dar cabida a la avalancha de alumnos que esta histórica reforma educativa va a propiciar desde los primeros años de su aplicación. Son tantas las nuevas posibilidades que abre al estudio y la formación que los actuales centros no tardarán en quedarse pequeños e insuficientes más pronto que tarde. Todo el mundo podrá estudiar a partir de ahora, sobre todo y en primer lugar los alumnos de familias con menos recursos, y podrán hacerlo, además, en modernas instalaciones equipadas con las últimas tecnologías y con los más avanzados métodos pedagógicos.

Si las escuelas, institutos y universidades de este país tuvieran campanas hoy deberían de estar repicando a gloria tras la aprobación definitiva de la reforma. Por ahora pueden hacerlo en su lugar, y no sin motivos sobrados para ello, las de iglesias y catedrales, ermitas y conventos mientras un coro de voces blancas entona el “Si tú me dices Wert”, himno de alabanza al hombre que sabía que había que “hacer algo con la educación de este país” y lo ha hecho, ¡vaya si lo ha hecho!.

No hay vergüenza en AENA

El diccionario no tiene adjetivos suficientes para calificar el trato que AENA lleva dispensando desde hace más de una década a unos 5.000 vecinos de los barrios cercanos al aeropuerto de Gran Canaria. Todo comenzó a finales de los 90 cuando a algún cerebrito sin nada mejor que hacer se le ocurrió que había que construir una segunda pista. La idea cuajó y se pusieron en marcha los trabajos para redactar planes y proyectos que fueron convenientemente presentados y defendidos por los sucesivos ministros y ministras de Fomento.

Había dinero para llenar el país de aeropuertos y para ampliar los ya existentes. En el caso del de Gran Canaria, la construcción de una segunda pista se justificó en la necesidad de dar respuesta a los millones de turistas que iban a llegar a las islas y que iban a duplicar y a triplicar incluso los que lo hacían por entonces. Sólo que al cerebrito de turno y a los que le siguieron el juego se les pasó por alto un pequeño detalle: los cinco mil vecinos a los que habría que desalojar de sus casas para poder ejecutar aquel megaproyecto, para muchos disparatado por costoso e innecesario.

Cuando unos años más tarde se publicaron los nombres de aquellos cuyas casas serían expropiadas de manera forzosa, los vecinos afectados se pusieron en pie de guerra y exigieron ser realojados. Por fortuna para ellos, las instituciones canarias hicieron causa común con sus reivindicaciones y exigieron de AENA una solución que no pasara por quitarles las casas a precios de miseria sino en función de lo que estableciera el mercado.

AENA pareció entrar en razones y aceptó la firma de un protocolo para el realojo de los vecinos con la colaboración del ayuntamiento de Telde, en donde se ubica la mayoría de los afectados, y el Gobierno de Canarias. A partir de ahí empezó una constante tomadura de pelo a vecinos e instituciones  por parte de AENA que, en donde dijo digo, ha dicho ya varias veces Diego. La firma del acuerdo  se demoraba una y otra vez con una y mil excusas mientras los vecinos seguían sin poder abrir un negocio, construir, vender ni hipotecar sus viviendas sabedores de que nadie querría comprarlas si pesaba sobre ellas la demolición.

Así hasta que, cuando ya todo parecía a punto de resolverse de forma definitiva, AENA ha vuelto a descolgarse con otro plantón que indigna por las formas y por la reiteración en el engaño a vecinos e instituciones canarias. Un día antes de que se firmara el esperado convenio para el realojo de los vecinos en una zona que no afectara a la ampliación del aeropuerto, la empresa pública se ha aferrado a dos sentencias del Supremo que nada tienen que ver con el caso pero que a AENA le bastan y sobran para incumplir la palabra dada.

A ese débil argumento de leguleyo añaden otro del mismo tipo: no se puede hacer frente al realojo porque no se sabe a ciencia cierta cuándo se acometerá la ampliación aunque lo que es seguro es que no será antes de 2025, lo que equivale a decir que se hará por las calendas griegas o cuando las ranas críen pelo. Y mientras, los vecinos tendrán que seguir sufriendo el calvario y el engaño por tiempo indefinido y hasta amenazando con una nueva huelga de hambre para que se cumpla la palabra dada y los compromisos adquiridos.

La realidad no se le escapa a nadie: a alguien en Madrid se le ha encendido la luz y ha caído en la cuenta de que no están las cosas como para invertir una millonada en una obra de esa envergadura antes tan imprescindible, máxime con una privatización aeroportuaria a la vuelta de la esquina; en consecuencia ha considerado que lo mejor es dejarlo para más adelante o para nunca jamás y a los vecinos otra vez en la estacada.

¿Tienen alguna culpa los vecinos? ¿Son ellos los responsables de la imprevisión y doblez con la que han actuado AENA y Fomento? ¿Merecen este trato infame por parte de una empresa pública? ¿Hay solo que “disgustarse”, como dice la muy prudente Delegada del Gobierno en Canarias, o tendrán los vecinos maltratados que encerrarse en la Delegación o plantarse en el Ministerio de Fomento para exigir “por lo penal o por lo civil” que cumplan sus solemnes promesas la actual ministra y sus predecesores en el cargo?

Y ya de paso: ¿es cierto que hay un ministro canario en Madrid, por más señas natural del mismo municipio en el que reside la mayoría de los vecinos afectados y que tiene entre sus funciones hacer de mensajero de grandes ejecutivos del petróleo, o es sólo una leyenda urbana?