Montoro tiene un problema

Al ministro Montoro le ha caído hoy la del pulpo y un marrón del que aún no se sabe muy bien cómo saldrá: podría tener que devolver unos 13.000 millones de euros que le pueden hacer un boquete de considerables dimensiones en las cuentas públicas y a los ciudadanos uno más grande aún en nuestros bolsillos. Dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el llamado “céntimo sanitario” que se aplica en España desde 2002, cuando gobernaba Aznar y España iba bien, es una suerte de aberración fiscal. Dice también que se ha venido aplicado de mala fe porque en reiteradas ocasiones Bruselas había advertido al Gobierno español de que el impuesto de marras vulneraba el derecho comunitario y hasta le abrió un expediente a nuestro país por ese motivo. 

Como quien oye llover, España lo siguió aplicando hasta el año pasado cuando, atisbando el revés judicial que se avecinaba, lo incluyó en los impuestos sobre hidrocarburos, algo que debió de haber hecho desde un primer momento. Primero fue la administración central la que lo aplicó y después, con la llegada de la crisis, se fueron animando las comunidades autónomas de todos los signos políticos con el visto bueno del Gobierno central. Sólo cuatro, entre ellas Canarias por su régimen fiscal diferenciado, no sucumbieron a la tentación de obtener unos millones de recaudación extra a costa del bolsillo de los consumidores con la excusa de destinarlos a costear la sanidad pública, algo que está por ver si hacían o no.

Esa es la parte que el Tribunal rechaza: no se puede establecer un impuesto sobre los hidrocarburos si su recaudación no guarda alguna relación específica con ellos. Lo cierto es que no faltan argumentos en contra y a favor de que se cobre un impuesto sobre los combustibles para destinarlo a financiar un servicio público como la sanidad. Los que lo rechazan coinciden con la sentencia conocida hoy y consideran injusto que transportistas o taxistas tengan que contribuir en mayor cuantía que otros ciudadanos al sostenimiento de servicios públicos como el de la sanidad. 

Los que lo apoyan subrayan, por ejemplo, que contribuye a que todos los ciudadanos podamos disfrutar, con el permiso de Ana Mato, de una sanidad pública de calidad. Y añaden que la polución o los accidentes de tráfico también generan importantes gastos en los servicios sanitarios. 

En cualquier caso, la sentencia es firme y obliga expresamente a España a devolver el dinero indebidamente recaudado con este sistema, unos 13.000 millones de euros. Es ahí en donde empieza ahora el problema. Las comunidades autónomas ya hablan de pasarle la factura a Montoro y el ministro minimiza los daños y asegura que no será tanto, como mucho unos 4.000 millones. Ya veremos cuánto es porque hay que tener en cuenta que un impuesto indebidamente cobrado prescribe a los cuatro años y, sobre todo, que Hacienda seguramente pedirá hasta el certificado de buena conducta a quienes osen solicitar que se les devuelva el dinero sisado con el famoso céntimo sanitario.

Es verdad que Montoro tiene un problema pero, como tenga que devolver los 13.000 millones de euros, los españoles vamos a tener más de uno.

Los mercados bien, gracias

Soy Rajoy, el que esta mañana se presentó en el Congreso y mandó a parar la crisis: se acabó, no más crisis, lo peor ha pasado. Y todo gracias a mí, aunque en mi natural modestia me esté mal decirlo. Toca ahora crecer, ya somos un país en el que se puede confiar, en el que los inversores invierten a manos llenas y al que las grandes agencias de calificación le suben la nota de la fiabilidad. Ya podemos cantar victoria, ya no vemos una débil y parpadeante luz al final del túnel. Ahora lo que vemos es una luz cegadora y llena de esperanza que nos guiará por la senda de la recuperación definitiva hasta la victoria (electoral) final. Las cifras macroeconómicas son espectaculares, se nos empieza a considerar “la segunda Alemania” y eso son palabras más que mayores. 

Nuestras reformas funcionan y dan resultados, a la vista están. Eso no quita para que mantengamos el pulso, la hoja de ruta, porque aún queda mucho por hacer para que este país haga honor de verdad a la marca España. Y lo haremos, no les quepa la menor duda. Cogimos un país endeudado y al borde del rescate y lo hemos puesto de nuevo en pie. Hoy nos aplauden los grandes inversores, el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que son los que saben. Es verdad que aún nos piden más esfuerzos, reformas y recortes. En eso estamos, porque necesitamos consolidar este extraordinario milagro de sacar al país de su peor crisis y hacerlo en solo dos años, casualmente los que yo llevó al frente del Gobierno que Dios y los electores guarden mucho tiempo.

Y para que vean que aprecio los sacrificios de los españoles, me voy a permitir dos pequeños regalos, nada importante ni ostentoso. Voy a permitir que las empresas que empleen nuevos trabajadores con contrato fijo puedan disfrutar de una tarifa plana de 100 euros en la Seguridad Social. Puede que esto anime a muchas empresas a despedir a sus actuales trabajadores y contratar otros nuevos para ahorrarse unos euros en la Seguridad Social, pero a mí me maquillan de lo lindo las cifras del paro. Puede también que se me descuadre aún más la caja de la Seguridad Social pero ya se le ocurrirá algo a Fátima para solucionarlo. 

También me voy a permitir un pequeño regalo fiscal ahora que tengo algunas urgencias electorales: el mínimo exento de pagar el IRPF subirá a 12.000 euros, lo que seguro alegrará a unos 12 millones de españoles. Es verdad que cuando subí los impuestos después de prometer que los bajaría le apliqué la subida a todo el mundo y ahora la rebaja sólo beneficiará a una parte de los damnificados y dejará la presión fiscal por encima del nivel en el que la encontré cuando llegué a La Moncloa. Espero al menos que los que se van a beneficiar aprecien el gesto y me tengan presente en sus oraciones y, sobre todo, en las urnas. Con eso me conformo.

Me reprocha la insaciable oposición que he ocultado que tenemos un millón de parados más desde que estoy en La Moncloa y escamoteo la caída continua de la población activa, que la reforma laboral ha sido la herramienta perfecta para la destrucción de empleo, que he abaratado los salarios, me he cargado la clase media y ni siquiera he mencionado el fracaso clamoroso de la reforma eléctrica o que los bancos siguen guardando el crédito bajo siete llaves después de todo el dinero público que hemos metido en ellos. 

Me critican que no haya aludido a que España es el segundo país con más desigualdades sociales de la Unión Europea, que crezca la pobreza y la exclusión social, que la corrupción campe a sus anchas en mi propio partido y que mis ministros de Educación, Sanidad o Justicia trabajen con prisa y sin pausa para demoler la educación y la sanidad pública, cargarse el consenso social sobre el aborto y poner barreras económicas para acceder a la Justicia.

La verdad, creo que todo es falso salvo algunas cosas que están ahí. Aunque, en realidad, yo de esos asuntos no entiendo y por tanto no opino, así que se las dejo a mis ministros en los que confío plenamente. A mí lo que me ponen son Merkel y las grandes cifras macroeconómicas y por eso hoy puedo lanzar un mensaje claro y contundente de esperanza a la sociedad española: los mercados bien, gracias.     

Marruecos tiene la culpa

La portavoz del PP canario ha encontrado la perfecta explicación para justificar el apoyo inamovible de su partido en las Islas y el de su jefe de filas, José Manuel Soria, a las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Para María Australia Navarro, la razón no es otra que el hecho de que Marruecos también lo está buscando y – cabe concluir – si lo encuentra antes que nosotros se beneficiará de él y los canarios habremos perdido una oportunidad histórica de amarrar los perros bardinos con los chorizos de Teror que nos prometió hace unos meses el presidente de REPSOL.

La portavoz popular ignora el parecer de los geólogos quienes aseguran que, de existir petróleo en esas aguas, se acumularía en bolsas diferentes. También pasa por alto que, hasta ahora al menos, los intentos de Marruecos para encontrar crudo en sus aguas han resultado infructuosos y que el propio ministro Soria – travestido en los últimos tiempos de portavoz de REPSOL - ha reconocido que las posibilidades de encontrarlo en aguas canarias es del 20%. Estos argumentos no parecen tener suficiente peso para que el PP canario reconsidere su obsesiva pasión petrolera digna de un fin mucho más elevado que el de hacer oposición al Gobierno de Canarias y desdeñar el parecer de la mayoría de la población de las islas a la que, encima, se le piensa negar la posibilidad de pronunciarse en referéndum sobre este asunto.

Así que, en la línea de sostenella y no enmendalla, Navarro ha intentando explicar de este modo tan poco convincente las razones por las que su partido - suponemos que es el mismo - hace piña con el resto de la sociedad en Baleares y Valencia contra los sondeos, mientras en Canarias es la única fuerza política que los apoya sin plantearse la más mínima duda sobre los efectos de un vertido en el turismo, el medio ambiente y el abastecimiento de agua potabilizada. Sostener y defender que hay que hacer prospecciones en Canarias porque el vecino de enfrente también las hace y no pararse ni por un momento a considerar el riesgo para la principal fuente de riqueza de este archipiélago y para su población es cuanto menos irresponsable, por no decir suicida.

Todo hace indicar que las multitudinarias manifestaciones del fin de semana en Baleares y Castellón contra las prospecciones en el Mediterráneo, apoyadas en ambos casos por el PP, han vuelto a coger a los populares canarios con el pie cambiado. Aunque si algo debe de haber descalabrado por completo la línea de flotación del argumentario del PP canario son las declaraciones de nada más y nada menos que el responsable de Estudios y Programas del partido. Vino a decir Esteban González Pons, hombre de mucho peso en la dirección nacional del PP, que probablemente haya petróleo en el Golfo de Valencia. Sin embargo, a diferencia de la insistencia con la que sus correligionarios de Canarias reiteran que hay que saber por lo menos si hay petróleo en aguas de estas islas, González Pons ni siquiera desea confirmar la sospecha porque si efectivamente se descubre crudo en esa zona del Mediterráneo alguien querrá explotarlo y entonces “adiós al turismo”

Según esa vara de medir, cabe concluir que sólo en el Golfo de Valencia hay riesgo de vertidos y, por tanto, hay que parar las prospecciones como sea y salvaguardar el turismo y el medio ambiente. La misma curiosa vara de medir de los populares establece al mismo tiempo que en Canarias los sondeos son una actividad sanísima y exenta de riesgos de cualquier tipo para nuestro principal sector económico, para el rico ecosistema marino y para el abastecimiento de agua de la población. Eso sí, si se produjera un vertido – Dios no lo quiera – siempre tendríamos a mano a Marruecos para echarle la culpa.