Y Putin cogió su fusil

Envalentonado ante la inanidad de la UE y de EEUU, el zar del Kremlin está a punto de merendarse un buen bocado de la vecina Ucrania. Eso para empezar, porque nadie puede descartar que se quede con hambre y quiera más. En Ucrania, un gobierno corrupto aunque salido de las urnas es desplazado del poder por una revolución popular que pide cambios y, sobre todo, mucha más proximidad a la Unión Europea y mucha menos a Rusia. El presidente del gobierno toma las de Villadiego cuando se ve perdido e incluso con su vida en serio riesgo. Luego reaparece en la vecina Rusia bajo la protección y las bendiciones del nuevo zar de Moscú. Atrás ha dejado un reguero de muertes de confusa autoría y un país al borde de la guerra civil. 

Las calles de Kiev se pueblan de ultranacionalistas neonazis que imponen su ley a sangre y fuego mientras un extraño gobierno provisional deambula sin rumbo ni programa definido pidiendo apoyos a su causa. Aprovechando el río revuelto de la situación, Putin empieza a mover hábilmente sus hilos y lo hace allí en donde sabe que su megalomanía imperialista encontrará más apoyos: Crimea. En esa península de fuerte componente proruso (60% de la población) empiezan a producirse inquietantes movimientos militares que no se sabe a ciencia cierta si son del ejército ruso, de paramilitares prorusos o de ambos. Probablemente lo tercero pero para el caso es lo mismo. 

Lo cierto es que poco a poco se van haciendo con el control de la región y arrinconando al ejército ucranio, pequeño y con material de desguace procedente de la era soviética. La chispa parece a punto de saltar por momentos mientras presidentes de gobierno y jefes de Estado, ministros de exteriores y altos representantes van de acá para allá, celebran reuniones urgentes, hacen serias advertencias al zar y quedan en volver a reunirse con urgencia. Pero el primer paso se ha dado ya, nadie lo ha parado, y el segundo no tarda en llegar: el parlamento regional de Crimea aprueba su anexión a Rusia y convoca un referéndum sobre la marcha cuyo resultado está cantado de antemano: quienes osen pedir el voto en contra de la anexión y a favor de la integridad de las fronteras de Ucrania, caso de los tártaros o los propios ucranios, lo pueden pasar muy mal. 

En ese inestable punto está la situación en estos momentos, pendiente solo de que la fuerza de los hechos y no del derecho consume y culmine la estrategia rusa. Probablemente no necesitará Putin disparar ni un solo tiro habida cuenta la escasa entidad de las advertencias de eso que algunos se siguen empeñando en llamar “comunidad internacional”, como si tal cosa no fuera una mera entelequia. Sobre la debilidad de la ONU mejor corramos un tupido velo y sobre el timorato Obama lo más que se puede decir es que lleva días colgado del teléfono para convencer al zar de que deje las manos quietas. El resultado de sus esfuerzos está a la vista: cero. 

Lo mismo ocurre con la presunta Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad – es evidente que el nombre del cargo y el cargo mismo le quedan demasiado grandes a la señora Ashton – que a lo más que ha llegado es a ofrecerle 11.000 millones de euros a ese extraño gobierno provisional de Ucrania como si fuera eso precisamente lo que más necesita en estos momentos. De imponer sanciones serias y contundentes a Rusia sólo vaguedades que no llevan a ninguna parte mientras, desde Moscú, el zar amenaza con hundir el dólar y con cerrarle el grifo del gas a Ucrania y, de paso, a media Europa. 

Con estos actores el desenlace del guión parece bastante claro: el zar se quedará con Crimea después de pasarse todo el derecho internacional por el arco del triunfo mientras Obama y la UE, más pendientes de sus cuitas internas que de esta flagrante violación de fronteras, esconden la cabeza bajo el ala.

Toma el dinero y corre (a África)

No ganamos para disgustos. Con la tasa de paro más alta de España a un sector del empresariado canario no se le ocurrió hace unos meses otra cosa que proponerle al comisario europeo Joaquín Almunia que permitiera que una parte de los beneficios de la Reserva de Inversiones pueda materializarse en África. Almunia, seguramente cogido con el pie cambiado, no dijo ni sí, ni no, ni todo lo contrario, salvo que lo estudiaría. Fue suficiente para que el presidente de la patronal de Las Palmas proclamara a los cuatro vientos que el número dos de la Comisión Europea “ve con buenos ojos” que parte del dinero que se ahorran en impuestos los empresarios de las Islas a cambio de reinvertirlo en ellas se vaya al continente vecino. 

Y estalló la polémica y el debate: el Gobierno de Canarias rechazó de plano la posibilidad, la casi totalidad de los partidos políticos y otros sectores empresariales canarios también y la reacción de los sindicatos ya se la pueden imaginar. Todos recordaron algo que se caía por su propio peso: que la Reserva para Inversiones, uno de los instrumentos más potentes del Régimen Económico y Fiscal de las Islas, fue diseñada pensando en que lo que deja de percibir la Hacienda Pública vía impuestos se destine a la generación de riqueza y empleo en Canarias. Destinarla a inversiones en África, en el hipotético y dudoso caso de que Hacienda y Bruselas lo admitieran, sería simple y llanamente desnaturalizarla y tal vez abocarla a su desaparición. La polémica pasó y cuando suponíamos que a nadie se le iba a ocurrir ponerla de nuevo sobre la mesa, va el PP de Canarias y lo hace. 


Lo hizo hace unos días su secretario en Canarias, Asier Antona. Asegura que permitirles a los empresarios canarios que inviertan entre el 30 y el 40% de la dotación de la RIC en África “haría más atractivo este instrumento”. Cabe pensar que el señor Antona ve poco atractivo que un empresario canario pueda evitarse pagar a Hacienda por sus beneficios a cambio de reinvertir lo no pagado en su tierra generando riqueza y empleo en ella. Habría que preguntarle a un empresario madrileño, vasco o catalán si verían poco atractiva la posibilidad que tienen sus colegas de Canarias.

En realidad, la propuesta del PP no hace sino respaldar y poner de relieve el escaso patriotismo – llámenlo amor por su tierra, si quieren - de un cierto sector del empresariado canario que llora permanentemente por las esquinas clamando por subvenciones y privilegios de todo tipo pero que no muestra el más mínimo reparo en llevarse sus beneficios a otro lado aunque en su tierra se sufra la mayor tasa de paro de España. Para que las empresas canarias se internacionalicen y exporten sus productos al exterior ya existe la Deducción por Inversiones con beneficios fiscales mucho más potentes en las islas que los del resto del territorio nacional y que evitan la deslocalización de las empresas, de manera que los descuentos fiscales reviertan en Canarias.

Al PP ese instrumento no le parece suficientemente atractivo y apuesta por una fórmula que abre incluso la puerta a que grandes empresas de la Península usen Canarias como mero puente para aprovechar las ventajas de la RIC en África pero sin apenas crear riqueza en las islas. Sin contar con las dificultades que tendría España para controlar la legalidad de esas inversiones en países en donde la hacienda pública deja mucho que desear.

Es cierto que la RIC es un opaco instrumento generador de reiterados conflictos entre Hacienda y los empresarios y que los millones que se han acumulado en ella no parecen haber contribuido demasiado a rebajar las cifras de paro en Canarias a pesar de la machacona insistencia con la que se ha pedido que se amplíen las posibilidades de reinvertirlos en diferentes sectores de la actividad económica de las Islas. Sin embargo, de cómo resolver esas deficiencias no habla la propuesta del PP ni de cómo hacer que realmente la RIC genere riqueza y empleo en Canarias que es en donde se obtienen los beneficios no tributados a Hacienda, no en África.

Aunque es sabido que que el dinero no conoce de fronteras ni de patrias ni de sensibilidad alguna con los problemas sociales, esta iniciativa va demasiado lejos y constituye incluso una falta de respeto a los más de 300.000 parados que hay en Canarias y a los ciudadanos que pagan sus impuestos en este país.

Historia de un recurso o cómo hacer un pan como unas tortas

Mientras los gobiernos canario y central negociaban sus diferencias sobre la ley turística de las islas, el ministro del ramo, José Manuel Soria, amagaba un fin de semana tras otro con llevar la norma al Tribunal Constitucional. Con esa presión sobre sus cabezas negociaban los representantes de ambos gobiernos, cada día más convencidos de que pasara lo que pasara la ley acabaría en el Alto Tribunal. Así, a medida que se acercaba el final del plazo que ambas administraciones se habían dado para evitar la judicialización de esa ley, resultaba cada vez más evidente que el recurso no sería tanto el fruto de una abnegada defensa de los principios constitucionales o las directivas comunitarias, sino una manera de ponerle un buen palo en las ruedas a la necesidad de modernizar la planta alojativa más obsoleta.

En ese objetivo contó el ministro con la inestimable colaboración del cabildo de Gran Canaria que, presto a seguir la estrategia de su jefe de filas, intentó derivar el contencioso hacia el manido terreno del pleito insular. No le fueron a la saga los empresarios grancanarios, los turísticos entre ellos, que también clamaban por el recurso si la ley no se adaptaba a sus demandas. Sin que acabara el plazo para la negociación y justo una semana después de que el Gobierno canario anunciara que pediría autorización para celebrar una consulta sobre las prospecciones petrolíferas, llegó la réplica de Soria: habrá recurso de inconstitucionalidad.

Hecho el anuncio que muchos daban por seguro desde hacia tiempo, el Consejo de Ministros lo estudió y autorizó y apenas tres días más tarde se presentó en el Constitucional. Las prisas y las carreras de última hora debieron de ser la causa de que, en el escrito ante el Constitucional, la Abogacía del Estado cometiera el histórico error garrafal que expertos constitucionalistas y en derecho urbanístico coinciden en apuntar. Porque seguramente esta es la primera vez en la que un Gobierno pide en un recurso de inconstitucionalidad justo lo contrario de lo que buscaba. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido, porque al solicitar expresamente que se suspenda la aplicación de los preceptos de la ley que permiten la construcción de hoteles y apartamentos de cinco estrellas, los únicos que no están vinculados a la renovación de la planta alojativa, lo que ha hecho es blindar que todo lo que se construya tendrá que partir de la rehabilitación. Es lo que se llama popularmente hacer un pan como unas tortas.

La primera interpretación que del recurso hizo el ministerio de Turismo aseguraba que, una vez admitido a trámite el escrito, se abría la puerta a la construcción de todo tipo de establecimientos turísticos en suelo calificado para ese uso. Dos días después, esa interpretación empezó a agrietarse y el propio Ministerio reconoció que no sabía qué efectos tendría el recurso y, lo que es más asombroso, anunció que el Gobierno “se reuniría con los servicios jurídicos del Tribunal Constitucional y la Abogacía del Estado” para aclararles que “el espíritu del recurso” es que se puedan levantar hoteles de cualquier categoría sin vinculación con la rehabilitación.

En otras palabras: “señores magistrados del Constitucional, disculpen, patinamos y lo que queríamos decir con el recurso no es lo que dice el recurso; sean buenos y comprensivos y no tengan en cuenta la letra del escrito sino el espíritu que la inspira”. Claro que, mientras los magistrados del Constitucional deciden si se atienen a la letra o toman en consideración las “aclaraciones sobre el espíritu” de la misma, los inversores empiezan a guardar el dinero en la caja fuerte y a paralizar las inversiones previstas. Es lo que se llama incertidumbre e inseguridad jurídica, los dos principales enemigos de cualquier inversión capitalista. Los empresarios turísticos que antes querían recurso ahora lloran sobre la leche derramada y los que se oponían a judicializar la ley le exigen al Gobierno que retire tamaña chapuza ante la espantada de los inversores. ¿Cómo arreglará ahora Soria el desaguisado?  Continuará…