Robo a tarjeta armada

El lenguaje jurídico es muy retorcido y llama apropiación indebida a lo que cualquier ciudadano común llama robar, afanar, mangar o chorizar. Eso es lo que han estado haciendo durante muchos años casi 90 directivos y consejero de Caja Madrid con las tarjetas “black” – un nombre muy apropiado – que la propia entidad financiera les entregaba para que se compraran ropa, viajaran, pagaran hoteles y se regalaran opíparas comidas. Entre una cosa y otra, este clan de la tarjeta opaca le birló a Caja Madrid 15,5 millones de euros. 

Eso si contamos sólo el periodo sobre el que se ha realizado la auditoría externa encargada por el presidente de Bankia, entidad en la que se integró la caja madrileña, y que va de 2003 a 2013. No obstante, la propia auditoría revela que desde 1994 se habían entregado tarjetas de ese tipo, aunque no entra a explicar a quiénes ni cuál fue el gasto que se realizó con ellas. Sea como fuere, lo cierto y verdad es que una camarilla de directivos que cobraban sueldos millonarios anuales – Miguel Blesa, el presidente de la entidad, cobró el último año al frente de Caja Madrid más de 3 millones de euros – junto a una nutrida representación política, sindical y empresarial de consejeros han estado al menos una década saqueando masivamente las cuentas de la caja por cuya salud financiera tenían obligación de velar. 

A lo que se ve, por la única salud financiera que han velado durante todo ese tiempo ha sido por la suya particular de cada uno al tiempo que, unos por acción y otros por omisión, engañaban y robaban con todo el descaro del mundo a niños de pecho y a jubilados y pensionistas sin conocimiento financiero alguno con las tóxicas participaciones preferentes. Ni que decir tiene que los gastos de la tarjeta – que en casos como el de Blesa y su guardia de corps rondan el medio millón de euros - se ocultaban convenientemente al fisco mediante fórmulas tan ocurrentes como “errores informáticos”. Por supuesto, tampoco figuraron nunca en las nóminas de los afortunados poseedores de uno de esos pequeños trozos de plástico cantidad alguna en concepto de retribuciones en especie por las que habrían tenido que pagar impuestos. 

Con todo, ese ataque pertinaz a las cuentas de la entidad de la que ya cobraban jugosos sueldos no es lo peor, sino el hecho de que el robo fuera vox populi y nadie hiciera ni dijera absolutamente nada. Pedro Abejas, agraciado con una de esas tarjetas por su condición de consejero en representación del PP y que ahora acaba de poner en la puerta de la calle su propio partido, acaba de decir que todo el mundo sabía lo que ocurría y ha rematado añadiendo que, si lo que hacían es delito, todos los directivos de España tendrían que ir a la cárcel. Pues a lo mejor, aunque si no todo tal vez unos cuantos más que los que aparecen en esta explosiva auditoría. 

Hacienda, que como siempre está a verlas venir mientras Montoro piensa en amnistías fiscales y pajaritos preñados, se hace ahora la virtuosa dama mancillada y anuncia una investigación en las grandes empresas de otro selecto club, el formado por el IBEX 35, por si también ahí ha habido fiesta en negro con champán a cuenta de los accionistas. Luego nos encandilará el infalible ministro con unas cuantas estadísticas y proclamará ufano que la lucha contra el fraude fiscal progresa adecuadamente. Tampoco el Banco de España, otra entidad que cada día entiendo menos para qué rayos sirve, se llegó nunca a oler el pastel que se cocinaba a diario en Caja Madrid y tal vez en muchos otras cajas españolas. Como a Montoro y a sus antecesores en Hacienda, también a él lo tomaron por el pito del sereno y directivos y consejeros han podido reírse a placer en las barbas de los gobernadores del Banco de España de al menos la última década mientras se llenaban los bolsillos y limpiaban la caja fuerte. 

Ante el escándalo, casi todos los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales se rasgan ahora las vestiduras, prometen expedientes y anuncian dimisiones en un ejercicio de hipocresía de muy escasa credibilidad después de años colonizando las cajas de ahorro. Salvo el PP, por supuesto, que fiel a sus principios ante la corrupción pide calma, prudencia y, sobre todo, buenos alimentos, mejores hoteles, billetes en primera y trajes caros. Pero aún más indignante si cabe que el choriceo continuado de esta casta de sinvergüenzas, de la inopia de Hacienda, de la inutilidad del Banco de España y de los golpes de pecho de los políticos, es el hecho de que esto ocurre en un país en el que ha habido que tirar de dinero de todos los ciudadanos para rescatar a un buen número de cajas de ahorro podridas hasta los cimientos. 

Así, para impedir que Bankia no cayera como un castillo de naipes después de las trapisondas con sus cuentas y su disparatada salida a bolsa, los españoles hemos tenido que poner más de 24.000 millones de euros. Mientras, han continuado los desahucios como si aquí no hubiera pasado nada y para que los preferentistas vilmente engañados puedan recuperar el dinero que le afanaron los banqueros sólo hay pegas y trabas de todo tipo. 

Algunos de los encartados en este escándalo como Rodrigo Rato han corrido veloces a devolver el dinero que chorizaron con la tarjeta negra. Tal vez crean que con eso basta cuando eso sólo debe de ser el principio. Investigación exhaustiva, meticulosa y rápida e imponer responsabilidades penales contundentes para quienes han vivido el dolce far niente de tirar del dinero ajeno es lo mínimo que exige una sociedad asqueada de la casta de tramposos y ladrones que ha asolado a este país y aún pretende que sean las víctimas las que carguen con la pena.      

Petróleo: que decidan los canarios

Cuando una puerta se cierra otra se abre y cuando se cierran todas por algún sitio habrá que respirar. La primera decisión de José Manuel Soria cuando llegó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo fue resucitar un viejo decreto de prospecciones petrolíferas en Canarias que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había aparcado a la vista del escaso consenso que la actividad petrolera suscitaba en unas islas que viven del turismo y que poseen uno de los medioambientes más singulares del planeta. Soria, que venía de quedarse sin formar parte del Gobierno de la comunidad autónoma de la que es natural, puso de nuevo sobre la mesa la cuestión sin un mínimo acercamiento previo a las instituciones y a la sociedad canaria para conocer su parecer. A partir de ahí el debate de las prospecciones petrolíferas de Repsol en Canaria que dura ya tres largos años no ha hecho sino enconarse con el paso del tiempo. 

Frente al “sí” del ministro al petróleo sin ofrecer nada a cambio a los canarios, salvo los riesgos de un vertido de petróleo en sus aguas y costas, surgió inmediatamente el “no” de las instituciones canarias y, de modo creciente, de una buena parte de la sociedad insular. El debate se fue envenenando a medida que Industria continuaba dando pasos en la dirección deseada por Repsol, de la que el ministro da la preocupante sensación de ser su principal portavoz y conocer al dedillo todos sus planes: informe de impacto ambiental favorable elaborado por un ministerio cuyo titular – Miguel Arias Cañete - mantenía negocios privados con empresas petroleras y autorización definitiva por parte de Industria para iniciar los sondeos. Por el camino se soslayaron las pegas y advertencias de reputados científicos sobre los riesgos de la actividad, se añadió información al expediente que nunca vio la luz pública y se pospuso convenientemente hasta después de la autorización final la consideración de las aguas elegidas para las prospecciones como Lugares de Importancia Comunitaria para su inclusión en la Red Natura 2000 de la UE. 

Tras dos años de intenso rifi rafe político entre Madrid y Canarias en el que las inquinas personales entre Soria y el presidente de la comunidad autónoma, Paulino Rivero, también han jugado un papel no poco destacado, a instancias del Gobierno de Canarias el Parlamento autonómico solicitó en febrero de 2014 autorización al Gobierno del Estado para celebrar una consulta popular en las islas en la que los ciudadanos pudieran pronunciarse a favor o en contra de la actividad petrolífera en sus aguas. Ocho meses después y como ha hecho también ante otras muchas peticiones de Canarias a las que nunca ha atendido, el Gobierno de Rajoy sigue sin responder ni en sentido afirmativo ni en sentido negativo. 

Dicho en otras palabras, ha ignorado olímpicamente una petición formal realizada por un parlamento y un gobierno legítimos sobre un asunto de especial importancia para un territorio del que parlamento y gobierno son dos de sus instituciones principales. Las únicas respuestas que han recibido las islas ante esa petición han sido las declaraciones de fin de semana del ministro Soria y de sus compañeros canarios del PP en el sentido de que Canarias no puede convocar una consulta sobre un asunto en el que no tiene competencias. Eso sí, ni Soria ni sus compañeros del PP han sido todavía capaces de explicar con convicción a la ciudadanía de estas islas las razones por las que este mismo partido rechaza de plano los sondeos en Baleares mientras los apoya en Canarias sin apenas fisuras. 

Después de esperar en vano que Rajoy rompiera su irrespetuoso silencio institucional para con Canarias, el Ejecutivo de las islas decidió apoyarse en su legislación y en sus competencias autonómicas para convocar a los ciudadanos a una consulta sobre las prospecciones. Será el 23 de noviembre y la pregunta, desvelada hoy por el presidente canario, será: “¿cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. Aunque a priori no hay nada en esa pregunta que invada competencias estatales ya que la gestión del medio ambiente y el turismo son competencias autonómicas, es muy probable que el Gobierno del Estado sí responda esta vez y lo haga interponiendo un recurso de inconstitucionalidad con petición expresa de suspensión cautelar de la convocatoria. No me caben muchas dudas de que la Abogacía del Estado hará lo imposible para conseguirlo.

Sin embargo, eso no evitaría el error político de imprevisibles consecuencias que cometería el Gobierno central si cae en la tentación de establecer comparaciones con Cataluña y niega a los canarios la posibilidad de pronunciarse en las urnas sobre un asunto que les afecta directamente. Son los ciudadanos de estas islas los que asumen los riesgos de la actividad petrolera por ínfimos que le parezcan al PP. Esos mismos ciudadanos llevan tres años asistiendo a un debate enquistado sin encontrar en el Gobierno del Estado el más mínimo gesto de acercamiento ni la más mínima promesa de repensar las decisiones y negociar posibles soluciones que satisfagan a todos. Lo único que conocen hasta hoy son etéreas e increíbles promesas de empleo y riqueza escritas en el fugaz viento de las palabras del ministro Soria, de sus compañeros de filas y de los responsables de Repsol. Ya es hora de escuchar a los ciudadanos y hacerlo como se hace en cualquier democracia: a través de las urnas.

Dos futuros venturosos

Ya se oye fuerte y alto el coro de voces blancas que alaba los próximos Presupuestos Generales del Estado. Lo conforman los cargos públicos y orgánicos del PP que, todos a una, repiten como en el estribillo de una canción del verano lo que dicen Rajoy y Montoro: “estos son los presupuestos del crecimiento económico y el empleo”. Este armónico canto de esperanza y fe en la súbita recuperación económica de España, la caída del paro y la salida del Sol por poniente hace oídos sordos a las críticas de la oposición y a las advertencias de la mayoría de los analistas económicos que se empeñan, los muy malvados, en ponerle sordina a tanta alegría desbocada en las filas populares. Sin duda les mueve el deseo de aguarle la fiesta al Gobierno cuando advierten de que para que el PIB crezca el año que viene un 2% y se creen 350.000 empleos – sin entrar ahora en la calidad de esos contratos - como pronostica el Gobierno, primero tendrán que levantarse los nubarrones que se ciernen sobre Alemania, Francia e Italia y, eso a día de hoy, no hay nadie en la Unión Europea que pueda pronosticarlo y menos garantizarlo. Más bien todo lo contrario, lo que vaticina la mayoría es que los países del euro están rozando una nueva recesión que daría al traste con la música celestial que estos días entona el PP. 

Por seguir molestando también le recuerdan que si la economía no levanta el vuelo, la reforma fiscal con la que Montoro quiere convencernos de que en 2015, año de elecciones, a los españoles nos va a sobrar un pastizal en el bolsillo para gastar en fruslerías puede volverse directamente en contra, no del ministro, sino de todos nosotros en forma de nuevos recortes para cuadrar el sacrosanto déficit público. Y por ponerle una rueda más al carro triunfal de los presupuestos, advierten también de que la gigantesca deuda pública, superior ya al 100% del PIB, se va a seguir llevando la parte del león de los presupuestos por mucho que la prima de riesgo se haya ido unos meses de vacaciones a la espera del desenlace catalán, que esa es otra. En otras palabras, que no estamos ante unos verdaderos presupuestos para el crecimiento y el empleo – las inversiones públicas apenas son una anécdota en estas cuentas del Estado - sino, una vez más, para la contención del déficit caiga quien caiga y a mayor gloria de Merkel.

A Canarias, ni agua

Si bajamos de las grandes cifras del presupuesto nacional a las que tienen que ver con el reparto por comunidades autónomas, el panorama es aún más desolador para territorios como Canarias. Aquí también no han tardado en lloverle las críticas a estos presupuestos y en escucharse al mismo tiempo las voces del PP canario que las alaba con absoluto convencimiento. Después de tres años de sequía presupuestaria en los que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho de su capa un sayo con compromisos adquiridos con las Islas y convenios como el de carreteras, obras hidráulicas, renovación turística, infraestructuras educativas, políticas activas de empleo, desalación de agua o subvenciones al transporte de mercancías y pasajeros, las próximas cuentas del Estado para las islas se descuelgan con 268 millones de euros, apenas un 5% más que este año en el que ya fueron paupérrimas. 

Sea porque el Gobierno de Canarias no es de la cuerda popular, sea porque no le sigue la corriente a Repsol y al ministro Soria o sea porque en Madrid creen que en estas islas nos basta y sobra una sombrilla y un bañador para ser felices, lo cierto es que estas cuentas colocan al Archipiélago en los puestos de cola de la inversión directa en las distintas comunidades autónomas. Y no parece que sea mera casualidad que entre las que más ven incrementadas sus inversiones estén aquellas en las que gobierna el PP, casos de Baleares o Murcia, o un partido primo hermano del PP, caso de Navarra. 

A pesar de contar Canarias con un régimen económico y fiscal diferenciado que obliga al Gobierno del Estado a equiparar la inversión per capita en las islas con la media nacional, las cuentas de 2015 se lo vuelven a saltar la torera al situar esa inversión casi a la cola del país, ignorando olímpicamente insularidad, lejanía y tasa de paro. A Madrid no le ha conmovido tampoco el hecho de que Canarias sea una de las autonomías más cumplidoras del déficit público o que la modificación del injusto sistema de financiación autonómico haya quedado para las calendas griegas por intereses políticos y electoralistas del PP.

La guinda

La guinda a este desafuero la acaba de poner el propio PP canario con una propuesta para reducir el IGIC – equivalente canario del IVA – en dos puntos y rebajar el tramo autonómico del IRPF de las rentas inferiores a los 53.000 euros. En esta progresiva propuesta fiscal – así la califica el propio PP – se cuidan mucho los populares de mantener congelado el tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a esa cantidad alegando que los ricos ya pagan demasiados impuestos en Canarias. Subirles los impuestos a los que más tienen - cabe pensar - afectaría negativamente al consumo de yates, coches de lujo, güisqui de malta y puros habanos. 

Lo que no dicen es ni cuánto dejaría de recaudar la comunidad autónoma si la propuesta se aplicara ni cómo afectaría eso a la financiación de los servicios públicos esenciales del Archipiélago, que llevan padeciendo reiterados recortes desde hace años. Con decir que la rebaja fiscal favorecería el consumo y aumentaría los ingresos y exigirle al Gobierno de Canarias que lamine el sector público autonómico cuadran el círculo presupuestario sin mayores complicaciones y se unen al coro angelical que nos promete, no uno, sino dos futuros venturosos.