Ébola: información, información y más información

Casi un día después de que una cariacontecida ministra de Sanidad compareciera ante los medios para confirmar el primer caso de contagio del ébola más allá de las fronteras africanas, nada más se ha vuelto a saber ni nada más hemos vuelto a escuchar de su boca. La de ayer tarde fue una rueda de prensa lamentable para decir lo que ya había saltado a todos los medios de comunicación, que España acababa de adquirir el dudoso honor de convertirse en el primer país no africano del mundo con un caso de contagio por ébola. Si Ana Mato pretendió tranquilizar a la sociedad es evidente que no lo consiguió porque nada aclaró sobre las causas del contagio y, encima, ni se dignó a responder cuando se le preguntó por posibles responsabilidades políticas en este asunto, empezando por la suya. Se limitó la ministra a asegurar que los protocolos de seguridad se han aplicado a rajatabla – algo que está por ver - y a anunciar una investigación exhaustiva para detectar dónde ha estado la fuente del contagio. Y hasta la fecha. 

Sanidad tendrá que contestar si es cierto que el personal que atendió al sacerdote García Viejo, fallecido por ébola tras su repatriación desde Sierra Leona, no disponía de los trajes de protección adecuados. Es imprescindible que explique también las razones por las que se dejó pasar una semana para atender a la auxiliar de enfermería contagiada que se había quejado de fiebre apenas poco después de haber formado parte del equipo sanitario que atendió a García Viejo. El protocolo de seguridad establece que los sanitarios que atienden a este tipo de pacientes deben pasar un periodo de cuarentena de 21 días, con lo cual tiene el Ministerio que explicar por qué se la mandó a su casa e incluso se le permitió irse de vacaciones a pesar de que manifestaba tener fiebre y aunque esta no alcanzara los 38,6 grados que establece el propio protocolo. 

Del mismo modo tiene que dar una explicación de las razones por las que el Hospital Carlos III no se desalojó para atender a García Viejo y sí para Miguel Pajares, el otro religioso español también fallecido por ébola tras su repatriación desde Liberia. ¿Es cierto, como han denunciado hoy los sindicatos de enfermería, que a los profesionales sanitarios sólo se les impartió un cursillo acelerado de apenas una hora sobre cómo ponerse los trajes de protección para manejar a pacientes con ébola? ¿Y es cierto que el personal sanitario que atendió a estos enfermos continuaba al día siguiente con sus turnos laborales habituales sin que se tomara ningún tipo de precaución? Son otras dos cuestiones que también tendrá que aclarar Ana Mato o la Comunidad de Madrid y cuanto antes mejor. 

Esto nos lleva también a abordar el debate sobre si es lo más adecuado repatriar a españoles contagiados del ébola para ser atendidos en nuestro país. Por razones humanitarias no cabe la menor duda que es lo que hay que hacer y es lo mismo que hacen otros países como Francia o Estados Unidos. Habría supuesto un desprecio y una incalificable falta de humanidad que España hubiera dejado morir a estos dos religiosos en África que, al fin y al cabo, dieron sus vidas por quienes más los necesitaban. Sin embargo, por razones de salud pública las cosas no parecen tan evidentes si, como en el caso de España, tampoco parece haber las suficientes garantías para evitar un contagio como el que se confirmó ayer. 

En este punto cabe recordar que el Carlos III era hasta principios de este año el centro nacional de referencia para alertas epidémicas. Sin embargo, el tsunami privatizador de la Comunidad de Madrid desmanteló la unidad y dispersó a la práctica totalidad de su personal especializado por otros centros sanitarios con el fin de convertir el hospital en centro de crónicos y descargar de ese modo a la sanidad privada de clientes “no rentables”. Se mire como se mire y a expensas de las explicaciones que la ministra Mato está tardando demasiado tiempo en dar a la sociedad española y asumir de inmediato las responsabilidades que correspondan, lo ocurrido con este caso de contagio de ébola en España representa un sonoro fracaso de un sistema sanitario aturdido y desconcertado ante los recortes que viene aplicando desde hace tres año el Gobierno del que Mato sigue siendo ministra a pesar de su escandalosa relación con la trama corrupta Gürtel. 

También es un fracaso de la llamada comunidad internacional en su conjunto, la misma que ahora se alarma porque el ébola sale de África pero en ningún momento ha ido más allá de las palabras y de las buenas intenciones a pesar de pedirle e implorarle la Organización Mundial de la Salud que colabore de verdad y envíe personal sanitario para detener una epidemia que se propaga a enorme velocidad en países completamente desbordados y sin recursos para hacerle frente. ¿Alguien puede entender que Cuba, un país pobre con 11 millones de habitantes, haya enviado 165 médicos a la zona y Estados Unidos, el país más rico del mundo y con 316 millones de habitantes, haya enviado 3.000 soldados? Por cierto: ¿alguien sabe qué personal sanitario ha enviado España a los países más castigados por el ébola?

Esperando por el Círculo

Una semana después de que el ministro Montoro diera a conocer en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado para 2015, seguimos esperando el contundente comunicado habitual del Círculo de Empresarios de Gran Canaria valorando el trato que reciben en ellos las Islas Canarias. Puede que se les haya petado el ordenador o que anden enfrascados en sus negocios, pero lo cierto es que empezamos a echar en falta el pormenorizado y riguroso análisis de este lobby empresarial, tan diligente cuando se trata de arremeter contra los presupuestos de la comunidad autónoma, el rechazo a las prospecciones o la posibilidad de que los ricos de estas islas tengan que pagar un poco más al fisco y tan lento de reflejos cuando de lo que se trata es de analizar las cuentas de Rajoy. 

Es extraño, la verdad, que una semana después no hayan dicho aún esta boca es mía para ponderar como se merece que un convenio como el de carreteras, firmado y sellado por el Gobierno del Estado y el de Canarias se incumple año tras año por parte de la primera parte contratante sin que el Círculo de Empresarios de Gran Canaria ponga el grito en el cielo inmediatamente. La congelación de la partida destinada a ese convenio, que no es una graciosa concesión del Gobierno del Estado sino – insisto – un compromiso firmado y sellado, va a tener seguramente repercusiones negativas sobre las empresas adjudicatarias de las obras adscritas al acuerdo. Puede que algunas de ellas tengan que recurrir incluso al concurso de acreedores y puede que hasta tengan que despedir trabajadores. 

Por no hablar de los años que llevan esperando ciudadanos de estas islas a los que en su día se les prometió modernizar sus vías de comunicación y ahora comprueban que lo que firma el Gobierno del Estado se puede incumplir alegremente con la excusa del déficit, la situación económica o cualquier otra milonga. Ante esto calla el Círculo de Empresarios de Gran Canaria en un silencio como poco elocuente cuando no escandaloso. Tampoco ha abierto la boca ni emitido comunicado alguno sobre la desaparición de los fondos para las políticas activas de empleo en las islas, ellos que siempre se lamentan de las altas tasas de paro que sufre Canarias, que alaban sin tapujos la reforma laboral y hacen votos a favor del petróleo como el maná creador de decenas de miles de puestos de trabajo. 

Tampoco se han pronunciado sobre el nuevo recorte en las subvenciones para la producción de agua desalada en Canarias, al que los presupuestos del Estado le rebanan otro medio millón de euros el año que viene después de dejarlas en apenas cuatro millones este año. Y todo ello con dos islas – Lanzarote y Fuerteventura – que dependen por completo de la desalación de agua y otra – Gran Canaria – que depende en gran medida. Tampoco ha salido en tromba esta vez el Círculo de Empresarios a criticar que los Presupuestos del Estado le hayan vuelto a hacer una higa al Régimen Económico y Fiscal de Canarias, ese que tanto suelen defender cuando comporta subvenciones sin cuento para los empresarios y posibilidades infinitas de escamotear el pago de impuestos a través de la Reserva de Inversiones de Canarias. 

A lo que se ve, al Círculo no le enfría ni le calienta que estas islas se alejen cada vez más de la media de inversión per capita del Estado, justo lo contrario de lo que establece el Régimen Económico y Fiscal. Que el Gobierno de Rajoy destine una inversión de 127 euros por cada habitante de estas islas frente a los 242 de media nacional es algo que no parecer ir con este selecto club de pensadores económicos. Lo mismo, silencio total, muestran ante un sistema de financiación autonómica que acumula año tras año un déficit con las islas que ya ronda los 1.000 millones de euros y sobre el que nunca ha dicho una palabra el Círculo de marras. 

No quiero ser mal pensado pero tal vez el silencio obedezca a que ese dinero se destina en su mayor parte a pagar la sanidad y la educación pública de aquellos que no tenemos la suerte de podernos permitir que nos atiendan en una clínica privada o que nuestros hijos estudien en un colegio de pago. En conclusión, ardo en deseos de leer el comunicado del Círculo de Empresarios de Gran Canaria sobre las cuentas de “la recuperación y el crecimiento” porque, a cada día que pasa sin que se pronuncie, es mayor el estruendo de su silencio político.

Robo a tarjeta armada

El lenguaje jurídico es muy retorcido y llama apropiación indebida a lo que cualquier ciudadano común llama robar, afanar, mangar o chorizar. Eso es lo que han estado haciendo durante muchos años casi 90 directivos y consejero de Caja Madrid con las tarjetas “black” – un nombre muy apropiado – que la propia entidad financiera les entregaba para que se compraran ropa, viajaran, pagaran hoteles y se regalaran opíparas comidas. Entre una cosa y otra, este clan de la tarjeta opaca le birló a Caja Madrid 15,5 millones de euros. 

Eso si contamos sólo el periodo sobre el que se ha realizado la auditoría externa encargada por el presidente de Bankia, entidad en la que se integró la caja madrileña, y que va de 2003 a 2013. No obstante, la propia auditoría revela que desde 1994 se habían entregado tarjetas de ese tipo, aunque no entra a explicar a quiénes ni cuál fue el gasto que se realizó con ellas. Sea como fuere, lo cierto y verdad es que una camarilla de directivos que cobraban sueldos millonarios anuales – Miguel Blesa, el presidente de la entidad, cobró el último año al frente de Caja Madrid más de 3 millones de euros – junto a una nutrida representación política, sindical y empresarial de consejeros han estado al menos una década saqueando masivamente las cuentas de la caja por cuya salud financiera tenían obligación de velar. 

A lo que se ve, por la única salud financiera que han velado durante todo ese tiempo ha sido por la suya particular de cada uno al tiempo que, unos por acción y otros por omisión, engañaban y robaban con todo el descaro del mundo a niños de pecho y a jubilados y pensionistas sin conocimiento financiero alguno con las tóxicas participaciones preferentes. Ni que decir tiene que los gastos de la tarjeta – que en casos como el de Blesa y su guardia de corps rondan el medio millón de euros - se ocultaban convenientemente al fisco mediante fórmulas tan ocurrentes como “errores informáticos”. Por supuesto, tampoco figuraron nunca en las nóminas de los afortunados poseedores de uno de esos pequeños trozos de plástico cantidad alguna en concepto de retribuciones en especie por las que habrían tenido que pagar impuestos. 

Con todo, ese ataque pertinaz a las cuentas de la entidad de la que ya cobraban jugosos sueldos no es lo peor, sino el hecho de que el robo fuera vox populi y nadie hiciera ni dijera absolutamente nada. Pedro Abejas, agraciado con una de esas tarjetas por su condición de consejero en representación del PP y que ahora acaba de poner en la puerta de la calle su propio partido, acaba de decir que todo el mundo sabía lo que ocurría y ha rematado añadiendo que, si lo que hacían es delito, todos los directivos de España tendrían que ir a la cárcel. Pues a lo mejor, aunque si no todo tal vez unos cuantos más que los que aparecen en esta explosiva auditoría. 

Hacienda, que como siempre está a verlas venir mientras Montoro piensa en amnistías fiscales y pajaritos preñados, se hace ahora la virtuosa dama mancillada y anuncia una investigación en las grandes empresas de otro selecto club, el formado por el IBEX 35, por si también ahí ha habido fiesta en negro con champán a cuenta de los accionistas. Luego nos encandilará el infalible ministro con unas cuantas estadísticas y proclamará ufano que la lucha contra el fraude fiscal progresa adecuadamente. Tampoco el Banco de España, otra entidad que cada día entiendo menos para qué rayos sirve, se llegó nunca a oler el pastel que se cocinaba a diario en Caja Madrid y tal vez en muchos otras cajas españolas. Como a Montoro y a sus antecesores en Hacienda, también a él lo tomaron por el pito del sereno y directivos y consejeros han podido reírse a placer en las barbas de los gobernadores del Banco de España de al menos la última década mientras se llenaban los bolsillos y limpiaban la caja fuerte. 

Ante el escándalo, casi todos los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales se rasgan ahora las vestiduras, prometen expedientes y anuncian dimisiones en un ejercicio de hipocresía de muy escasa credibilidad después de años colonizando las cajas de ahorro. Salvo el PP, por supuesto, que fiel a sus principios ante la corrupción pide calma, prudencia y, sobre todo, buenos alimentos, mejores hoteles, billetes en primera y trajes caros. Pero aún más indignante si cabe que el choriceo continuado de esta casta de sinvergüenzas, de la inopia de Hacienda, de la inutilidad del Banco de España y de los golpes de pecho de los políticos, es el hecho de que esto ocurre en un país en el que ha habido que tirar de dinero de todos los ciudadanos para rescatar a un buen número de cajas de ahorro podridas hasta los cimientos. 

Así, para impedir que Bankia no cayera como un castillo de naipes después de las trapisondas con sus cuentas y su disparatada salida a bolsa, los españoles hemos tenido que poner más de 24.000 millones de euros. Mientras, han continuado los desahucios como si aquí no hubiera pasado nada y para que los preferentistas vilmente engañados puedan recuperar el dinero que le afanaron los banqueros sólo hay pegas y trabas de todo tipo. 

Algunos de los encartados en este escándalo como Rodrigo Rato han corrido veloces a devolver el dinero que chorizaron con la tarjeta negra. Tal vez crean que con eso basta cuando eso sólo debe de ser el principio. Investigación exhaustiva, meticulosa y rápida e imponer responsabilidades penales contundentes para quienes han vivido el dolce far niente de tirar del dinero ajeno es lo mínimo que exige una sociedad asqueada de la casta de tramposos y ladrones que ha asolado a este país y aún pretende que sean las víctimas las que carguen con la pena.