Bipartidismo: tocado y casi hundido

Se desveló el misterio: el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) publicó hoy su encuesta más esperada de los últimos años y a fe que no ha defraudado las expectativas. Dice ese sondeo que Podemos es a día de hoy la primera fuerza política en intención de voto directo y la tercera en voto estimado. Esto quiere decir que la formación de Pablo Iglesias es la primera opción del encuestado cuando se le pregunta directamente a quién votaría y la tercera cuando se tienen en cuenta también a los indecisos y a los que no han contestado a la pregunta. En este segundo caso es el PP el que ganaría las elecciones y le seguiría el PSOE. Los dos grandes partidos sumarían entre ambos un raquítico 51% de los votos estimados con lo que el bipartidismo ya famoso salvaría los muebles por los pelos. 

Al no dar la encuesta del CIS mayoría absoluta a ninguna de las tres primeras opciones, se abre un panorama político tan incierto como inédito que obligaría a pactos políticos si estos datos se reflejaran en la encuesta de las urnas. ¿Cabe pensar en un pacto PP-PSOE para cerrarle el paso a Podemos y salvar el denostado bipartidismo de la quema ciudadana? ¿Es factible un pacto Podemos – PSOE aunque ahora el PSOE no esté por la labor? ¿Se echaría el PSOE en brazos de IU si los de Cayo Lara – que se desploman en la encuesta del CIS por culpa de Podemos - no consiguen atraer a su regazo a los de Pablo Iglesias? Tal vez sea ejercicio inútil por precipitado hacer este tipo de cábalas cuando aún falta un año para las elecciones generales, demasiado tiempo en política, aunque no está de más ir pensando en ellas. 

En todo caso, primero habrá que ver si Podemos aguanta el tirón y mantiene la pujanza que le da tanto la encuesta conocida hoy como la que el domingo pasado publicó EL PAÍS, que le otorgaba también el primer puesto en voto directo. De momento lo tiene todo a favor: los casos de corrupción no faltan y hasta puede que aumenten, la supuesta recuperación económica que intenta vender el Gobierno en medio del fragor de los escándalos no llega a los ciudadanos y, encima, Podemos no sufre desgaste político alguno porque no gobierna ni tiene representación en ningún lado, salvo en el Parlamento Europeo. Todo el desgaste que puede sufrir vendrá de quienes ven en esta ascendente formación política populismo, chavismo y perroflautismo. Sin embargo, la intensidad de la indignación ciudadana es tal que ni esos ataques indisimulados contra Pablo Iglesias y los suyos han conseguido hacerle daño en las encuestas. 

Téngase en cuenta, además, que el sondeo publicado hoy se realizó en medio del escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid y la nefasta gestión de la crisis del ébola. Cabe preguntarse por el resultado de la encuesta si se hubiera hecho coincidiendo con la Operación Púnica o la imputación de Ángel Acebes por los papeles de Bárcenas, dos nuevos escándalos que se encadenaron con los dos anteriores sin solución de continuidad. No obstante, pretender restarle fiabilidad a la encuesta por el hecho de que se hiciera en un momento en el que los ciudadanos estaban especialmente cabreados con la corrupción es negar la realidad. La corrupción no es, ni mucho menos y por desgracia, un asunto novedoso en España. 

La propia encuesta del CIS vuelve a situarla como la segunda preocupación para el 80% de los españoles después del paro, lo que pone de manifiesto que el enfado ciudadano ante los escándalos y la falta de expectativas económicas no es flor de un día sino sentimiento permanente de disgusto y rechazo. El cuadro se cierra sobre el bipartidismo con un Mariano Rajoy que ostenta el dudoso honor de ser el líder político peor valorado y con menos credibilidad política para los ciudadanos y un Pedro Sánchez que, cien días después de asumir la secretaría general del PSOE, apenas ha conseguido mejorar en un par de puntos las expectativas de voto de su partido. Por cierto, debido a razones no explicadas, los del CIS no tuvieron a bien preguntar pos la valoración que hacen los ciudadanos de Pablo Iglesias. Tal vez en la próxima. En resumen, la deteriorada nave del bipartidismo flota todavía aunque la vía de agua que se le ha abierto en sus expectativas electorales amenaza con echarla a pique como no achique pronto la inundación. Continuará…

El gobierno de los jueces

Tres años lleva ya este Gobierno derivando al Tribunal Constitucional lo que debería  resolver por la vía del diálogo y el acuerdo, es decir, a través de la política en su máxima expresión democrática. Casos que lo demuestran hay muchos, dos hoy mismo sin ir más lejos. De una parte, el Constitucional acaba de suspender cautelarmente a instancias del Gobierno de Rajoy la consulta que el Gobierno de Canarias había convocado para el 23 de este mes con el fin de que los canarios se pronunciaran sobre los sondeos de Repsol en aguas de las islas. De otra, también ha dejado en suspenso “la jornada de participación” del 9N en Cataluña, la alternativa de la Generalitat para que los ciudadanos de esa comunidad autónoma se expresaran sobre el futuro de ese territorio. 

No son comparables ambos casos ni en el tenor de las respectivas preguntas ni en los objetivos perseguidos en uno y otro sitio. En Canarias se buscaba conocer la opinión de los ciudadanos sobre un asunto que les atañe directamente: los riesgos ciertos de una industria petrolífera a escasos kilómetros de sus playas y costas; en Cataluña, en cambio, se preguntaba directamente por la independencia de España. En lo que sí se parecen como dos gotas de agua es en la cerrazón del Ejecutivo central y en su manifiesta falta de voluntad para encauzar por la vía del diálogo conflictos de hondo calado político como los dos mencionados. 

Le resulta mucho más cómodo y descansado dejar que sea el Constitucional el que corte por lo sano cualquier atisbo de protesta o discrepancia ante las decisiones unilaterales apoyadas únicamente en la mayoría absoluta del PP. Si una comunidad autónoma como Canarias se propone atenuar los efectos en su territorio de una ley como la LOMCE, el Gobierno del Estado no tarda en sacar la artillería jurídica y la lleva al Constitucional con petición expresa de suspensión cautelar de la norma recurrida. Algo, por cierto, que no pueden hacer las comunidades autónomas cuando entienden que es el Estado el que invade las competencias autonómicas. 

Bien es verdad que antes de que las diferencias entre Estado y comunidades autónomas terminen en el Constitucional, se abre necesariamente un proceso de negociador para alcanzar un acuerdo que evite la judicialización del problema. Sin embargo, como ocurrió también con Canarias en el caso de la llamada Ley de Moratoria Turística, el Ejecutivo ya tenía la decisión de recurrir tomada antes incluso de sentarse a hablar, lo que convirtió la negociación en un inútil paripé. De este modo, apoyado en su mayoría absoluta y en un Tribunal Constitucional presidido por alguien que ocultó su militancia en el PP para merecer tan alto honor, el Gobierno abdica de su responsabilidad de hacer política con mayúscula y opta por que la hagan en su lugar los jueces elegidos a dedo por el PP y el PSOE, que también en esto debería de dar muestras de que cambiarán las cosas de forma radical si vuelve a gobernar. 

No se trata de ninguna prevención por mi parte hacia los jueces en su conjunto que, a trancas y barrancas, desarrollan su labor con profesionalidad, rigor y miles de pegas de todo tipo. El recelo se refiere sólo a aquellos magistrados elegidos por el poder político a los que este Ejecutivo está obligando a actuar casi como un gobierno paralelo o una tercera cámara legislativa y de cuya independencia e imparcialidad no siempre es posible estar seguro. 

Con todo, es una verdadera lástima que la misma agilidad judicial que demuestra el Gobierno actual en asuntos que deberían sustanciarse en el plano político no la haya aplicado a los múltiples y variados casos de corrupción en los que está inmerso el partido que lo apoya. Es más, cuando ha tenido la oportunidad se ha erigido más en defensor que en acusador de sus corruptos, como ocurrió con su fracasado intento de echarle una mano al innombrable Bárcenas hasta el punto de que el juez tuvo que expulsarlo de la causa. Así y todo, la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, se permite proclamar a los cuatro vientos en otra de sus memorables frases para la posteridad que el PP “no puede hacer más de lo que ha hecho contra la corrupción “y que “no puede meter a los corruptos en la cárcel”. 

Hacer, lo que se dice hacer, apenas ha hecho nada el PP contra la corrupción salvo ignorarla o taparla. Y en cuanto a la cárcel, nadie le pide tanto aunque sí al menos que sean expulsados del partido y los denuncie ante la Justicia, en lugar de sacarlos de prisión a la primera oportunidad que se le presenta, como acaba de hacer con Jaume Matas. A la vista por tanto de la doble vara de medir con la que el PP y el Gobierno recurren a la Justicia cuando les interesa y la ignoran cuando les viene mal, sólo cabe pensar que Rajoy y los suyos son fervientes seguidores del viejo principio de aplicar la ley a los enemigos y a los amigos el favor.  

Rajoy en tiempo de descuento

No le queda mucho tiempo a Rajoy para dar un golpe de timón que le permita recuperar al menos parte de la confianza que depositaron en él más del 44% de los votantes en 2011. A la vista de la encuesta de Metroscopia publicada ayer por EL PAÍS y a la espera de la del Centro de Investigaciones Sociológicas que conoceremos en las próximas horas, Rajoy ha entrado en tiempo de descuento no sólo para sus votantes sino también para sus propios compañeros del PP. Fue Esperanza Aguirre – quién si no – la primera en dejar caer la perla envenenada sobre la idoneidad del actual presidente para aspirar a la reelección en las próximas elecciones generales. Aunque en voz baja y por las esquinas, como es tradición en el PP, otros barones populares comparten su punto de vista y empiezan a ver al actual presidente como una rémora que sería bueno ir amortizando cuanto antes para no caer con todo el equipo en la primera cita electoral a la vista, la de las autonómicas y locales de mayo. 

El ascenso de Podemos en las encuestas refleja que parte de los que en su día votaron al PP no dudarían ahora en apoyar a la formación de Pablo Iglesias, hastiados como la inmensa mayoría de los españoles de los escándalos de corrupción y de la interminable crisis económica por la que el Gobierno ha pasado a los ciudadanos una factura que correspondía pagar a otros. A pesar de las campanudas declaraciones de los últimos días, con huera petición de perdón incluida, no dan la sensación el presidente y su partido de tener verdadera voluntad de revertir la situación que está llevando a Podemos en volandas hasta la primera opción política de los electores. Hoy mismo, su número dos, María Dolores de Cospedal, se ha permitido decir que el PP ha sido “contundente” y “claro” con la corrupción y ha vuelto al “y tú más” del que los españoles ya hemos tenido ración más que sobrada. 

El PSOE, que tampoco está limpio de polvo y paja ni para tirar cohetes aunque aguante mal que bien el tirón de Podemos, descarta cualquier acuerdo sobre corrupción con un PP al que los socialistas no están dispuestos a echarle una mano para sacarlo precisamente ahora de la sentina en la que se encuentra por méritos propios a pocos meses de la primera cita electoral de las dos previstas para 2015. El panorama, en conclusión, es cada vez más irrespirable y la inacción vuelve a enseñorearse de un discurso político reiterativo y plagado únicamente de buenas intenciones combinadas con ataques recíprocos ante el que los españoles ya han dicho basta. 

A Rajoy le queda por delante un año de legislatura que puede convertirse en su tumba política o en su renacer de las llamas electorales que rodean al PP por todos sus costados. En sus manos y en su mayoría absoluta – de la que ha usado y abusado a placer cuando le ha convenido para sus fines políticos – está la solución. Por ahora, los casos de corrupción siguen marcando su paso por La Moncloa y lo seguirán haciendo en los próximos meses aunque no se destape ninguno nuevo, cosa que está por ver. La Operación Púnica, Bárcenas, Gurtel, Brugal y tantos otros serán como recordatorios permanentes de aquí a las elecciones de que no actuó con contundencia en su partido cuando debió hacerlo – al contrario, apoyó a corruptos como Luis Bárcenas o Francisco Camps  - y de que no impulsó ninguna de las medidas de regeneración política que aún hoy, tres años después, sigue prometiendo aunque nadie crea ya en ellas. 

Si añadimos a la corrupción la incertidumbre sobre la situación económica, cuya mejora los españoles siguen sin ver por ningún lado, y la incógnita sobre el futuro de Cataluña y otras tensiones territoriales varias, cabe concluir que a Rajoy le espera un último año de legislatura que asustaría y preocuparía incluso a alguien con verdadera capacidad política y sentido de Estado. Nada digamos de alguien como él, convencido de que todo lo que tiene que hacer el presidente de un Gobierno es quedarse quieto y esperar a que los problemas políticos se los resuelva el Tribunal Constitucional o el paso del tiempo como si las legislaturas duraran cien años. 

Su problema, en definitiva, es que ha perdido todo el crédito político que se le suponía y el tiempo para recuperarlo se le ha terminado o está a punto de hacerlo. Ignoro si el coro popular que empieza a ver en Rajoy un lastre más que un activo electoral irá a más o se quedará en mero amago, aunque a la vista de las encuestas está claro que una mayoría de ciudadanos de este país ya tiene al presidente en tiempo de descuento.