Fátima a las seis

La ministra de Empleo quiere mandar a los curritos españoles a casa a las 6 de la tarde, supongo que una hora antes en Canarias o habría que denunciar inmediatamente el agravio comparativo. Sin encomendarse ni a Dios ni a la virgen del Rocío, Bañez soltó en la Comisión de Empleo del Congreso algo que ya había dicho en campaña su jefe Rajoy allá por el mes de junio, cuando se batía el cobre en la segunda campaña electoral del último año. Y no sólo Rajoy, también la había reclamado Ciudadanos y el PSOE y los sindicatos y hasta el repartidor de pizzas. Que los horarios laborales en España son un disparate mundial y que, para mayor escarnio, la hora oficial peninsular sigue aún ajustada a la del Berlín nazi es algo que ya se sabe hasta en el Polo Norte.

Sin embargo, nada se ha hecho nunca para remediar eso ni por parte del Gobierno ni de las empresas ni de los propios sindicatos. Así pues, no descubre nada la ministra ni aporta nada nuevo a uno de esos debates cansinos y guadianescos a los que somos más adictos en España que a dormir la siesta, causa, según algún estirado medio inglés, de todos los males de la economía patria. En realidad, la propuesta de Báñez equivale a agarrar el rábano por las hojas para no entrar en el fondo de la cuestión, la que verdaderamente importa: la reforma laboral. Ella es la principal culpable de que conciliar vida familiar y laboral sea hoy una quimera, en tanto  promueve la contratación temporal y fomenta la realización de cantidades industriales de horas extraordinarias que en su gran mayoría ni siquiera se abonan a quienes las trabajan.

Se trata, además, de una reforma que desequilibró en perjuicio de los trabajadores la negociación colectiva, el ámbito natural para que empleados y empresarios pacten las condiciones de trabajo, incluidas las relativas al horario. Por eso, la grandilocuente propuesta de la ministra apelando a un pacto nacional resulta algo forzada y fuera de lugar. Hay, no obstante, algo mucho más complicado de cambiar que la reforma laboral si queremos acabar algún día con una jornada de trabajo de sol a sol aunque eso no nos haga más productivos que nuestros vecinos europeos.

Es la arraigada cultura laboral de un país en el que quien se va a casa antes que el jefe es un gandul merecedor de entrar en la lista del próximo expediente de regulación de empleo. Esto nos lleva a pasar horas y horas en el puesto de trabajo perdiendo literalmente el tiempo sin aportar nada a la empresa, sólo nuestra sin par presencia de currito abnegado.

A la ancestral costumbre de pasarnos media vida en el curro, hay que añadir la no menos arraigada desconfianza en el trabajo en casa que permiten las nuevas tecnologías de la información que, sin embargo, sí usan cada vez más las empresas para mantener al trabajador siempre atado a sus obligaciones laborales. Con todos estos ingredientes más lo que supone ser un país turístico y los horarios que ese hecho implica,  tenemos una radiografía de la jornada laboral en España mucho más compleja y que va mucho más allá de la hora a la que plegamos que tanto preocupa a Báñez.

Variaciones sobre el ITE

Si entre las obligaciones de cualquier gobierno figura la de priorizar en qué se quiere gastar el dinero público, no se puede negar que el Gobierno de Canarias tiene claras cuáles son sus prioridades para emplear los 160 millones de euros del malhadado Impuesto sobre el Tráfico de Empresas. Que esas prioridades coincidan con las necesidades de la mayoría de la población de estas Islas es algo mucho más cuestionable y discutible. Y en eso, en discutir cómo y en qué se gastan los 160 millones de marras, llevamos ya más de un año en el que no sólo no hay acuerdo sino que el desacuerdo es cada día mayor.

Lo que se celebró justamente como una inyección económica para unas arcas públicas necesitadas de recursos después de años de recortes, se ha terminado convirtiendo en un serio problema político y en causa de enfrentamiento interinsular  lo cual, si cabe, es aún mucho más grave. Las responsabilidades del dislate en el que se ha convertido la distribución del extinto impuesto son compartidas entre instituciones y partidos políticos. Quien más y quien menos ha echado su cuarto a espadas para enredar algo que se hubiera resuelto sencillamente con solo añadir ese dinero a los presupuestos de la comunidad autónoma y asignarlo a unos servicios públicos sacrificados en el altar del sacrosanto déficit público.
 
En lugar de optar por esa fórmula se eligió la de poner los territorios por encima de la población y de sus necesidades y, como era de esperar, surgió la polémica que parece lejos aún de remitir. Los cabildos de las cinco islas beneficiadas por esa opción se han aferrado a una fórmula que les asegura una lluvia de millones con la que no contaban y con la que podrán pagar facturas atrasadas y emprender obras cuya necesidad social habría al menos que discutir.

De los dos cabildos perjudicados en el reparto, los dos de las islas capitalinas en donde reside el 80% de la población y se registran los mayores problemas sociales, uno se proclama el rey de la solidaridad con las islas pequeñas aunque salga mal parado y el otro se presenta como la víctima de una fórmula que considera una afrenta a las necesidades de su isla. Ni que decir tiene que el color político de cada uno de los cabildos determina en buena medida las respectivas posiciones en este descomunal despropósito en el que se ha terminado convirtiendo el dinero del ITE.

En medio del rebumbio sólo faltaba que el Gobierno se partiera un poco más en dos:  eso es precisamente lo que ha ocurrido con la espantada de los consejeros socialistas que  se han declarado en rebeldía al descubrir de la noche a la mañana que la opción de sus socios es “clientelar” y “ territorial” y no atiende a las necesidades del grueso de la población. La inesperada postura de los consejeros socialistas, no obstante, parece responder más a un cálculo político de última hora para tensar la cuerda del pacto y forzar así a sus socios nacionalistas a firmar los decretos de destitución.

Sin embargo, que la triple paridad seguía latente como fórmula de reparto del dinero del ITE era algo que caía por su propio peso, independientemente de que se la bautizara pomposamente como Fondo  de Desarrollo Económico de Canarias y aspirara nada menos que a cambiar el modelo productivo del Archipiélago. Se impone pues una rectificación por parte de todos, pero empezando por el presidente del Gobierno de Canarias y por CC como principales inspiradores de este enredo absurdo que sólo ha conseguido crear un problema de lo que aún puede y debe ser una solución para las múltiples necesidades que tienen estas islas. Todo pasa simplemente porque hagan coincidir sus prioridades con las necesidades de los ciudadanos: no es tan difícil si hay voluntad y priman los intereses de la mayoría sobre las conveniencias políticas de unos y de otros.     

Aterriza como puedas

A quienes advertimos hace dos años de que no pasaría mucho tiempo antes de que el gobierno español pusiera en almoneda la mayoría de las acciones de AENA, los hechos llevan camino de darnos la razón. Por desgracia, porque hablamos de poner el interés general en manos del interés privado y vender al mejor postor una de las últimas perlas de la corona pública de este país, la red de aeropuertos nacionales. La operación aún no se ha definido pero las intenciones del nuevo ministro de Fomento son bastante claras: explorar todas las posibilidades sobre el futuro de AENA incluyendo la de que el Estado se desprenda del 51% de las acciones que se reservó en la privatización que impulsó Ana Pastor en 2014.

Entonces, el Gobierno y sus corífeos intentaron convencer a los ingenuos y despistados de que el interés público primaría sobre el privado porque el Estado mantenía el control mayoritario de la empresa. Así y todo, el proceso de privatización del 49% de la compañía fue de todo menos transparente y el dinero que ingresaron las arcas públicas por desprenderse de casi la mitad de las acciones de AENA quedó muy por debajo del precio de la compañía en el mercado. En otras palabras, un negocio redondo para las empresas privadas que se hicieron con el pastel y que ahora nos obligan a pasar por las tiendas de tabaco, licores y perfumes de los aeropuertos para acceder a las salas de embarque.


Pronto se ha cansado el Gobierno de defender el interés público si, por lo que parece, empieza ya a preparar los trámites para quedarse en minoría y que sea el sector privado el que haga y deshaga en función de la cuenta de resultados. El argumento que esgrime ahora Fomento para vender AENA es que eso le permitirá ganar competitividad “en el exterior”. Confieso que he tenido que leer varias veces la información para convencerme de que no había un error: a Fomento la importa más que las empresas que se queden con AENA ganen dinero en el extranjero que la gestión pública de una red aeroportuaria por la que transitan cada año buena parte de los casi 70 millones de turistas que visitan España. Para un país como el nuestro, los aeropuertos son una infraestructura de trascendental importancia estratégica para la economía y la movilidad de los ciudadanos que no pueden quedar al albur de las leyes del mercado y de los consejos de administración.

Si hay un territorio en donde los planes de Fomento deberían haber encendido todas las alarmas ese es Canarias. Por los aeropuertos de las islas pasan al año casi 14 millones de turistas que representan un tercio de la economía regional y otro tanto del empleo. Por sólo citar un riesgo, una subida de las tarifas aeroportuarias para hacer caja espantaría a las compañías aéreas que no tardarían en llevarse a sus clientes a otros destinos sin pensárselo dos veces. Los aeropuertos canarios son, además, un elemento de cohesión social insustituible en tanto facilitan la movilidad interinsular de los ciudadanos. Atendiendo a la cuenta de resultados y al valor de las acciones, los aeropuertos de las islas menores pasarían a ser simples unidades de explotación deficitarias que no tardarían en ser eliminadas o reducidas a la mínima expresión.

Sin embargo, el riesgo que comporta un control privado mayoritario de nuestros aeropuertos apenas ha merecido algún tímido amago de reivindicar competencias sobre su gestión y un par de preguntas parlamentarias de las que se despachan en cinco minutos y no sirven para nada. El envite merecería que las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales, además de la sociedad en su conjunto, hubieran elevado ya la voz para oponerse con contundencia al riesgo que representa que los aeropuertos de Canarias queden cautivos de intereses privados. En lugar de eso perdemos tiempo y energías en las insufribles peripecias del pacto de gobierno, la triple paridad y el sunsun corda  mientras los asuntos de verdad trascendetales para estas islas siguen esperando que alguien tenga a bien ocuparse de ellos.