Volare

Volar en Canarias se va a poner en unos días a precio de bazar chino. Un vuelo entre Tenerife y Gran Canaria o viceversa saldrá más barato que un bono guagua y al mismo precio que una carrera cortita en taxi. Esto, siempre y cuando uno se deje llevar por los entusiastas titulares de determinados medios para los que todo lo que sale por boca empresarial es verdad revelada. Las gangas aéreas que nos esperan tienen su causa en la aplicación a partir del 1 de julio del nuevo descuento del 75% en los billetes aéreos y marítimos interinsulares al que tendrán derecho los residentes. 

Al calor de esa medida las compañías se han lanzado a anunciar astronómicas ampliaciones de plazas aéreas y precios acordes con las próximas rebajas de julio. La única pega es que si mantuvieran durante mucho tiempo las tarifas que algunos dicen que nos va a costar viajar entre las islas no tardarían en perder altura y estrellarse. Lo más lógico y natural será que, más allá de las ofertas puntuales para atraer clientes, los precios se reduzcan en la misma proporción en la que aumenta la bonificación.  

“Si se mantuvieran las tarifas que algunos anuncian las compañías perderían altura y se estrellarían”

Todo lo anterior no desmerece ni un ápice la que tal vez sea la mejor noticia práctica para los canarios de este año. La movilidad entre las islas ha sido una asignatura pendiente para los sucesivos gobiernos centrales que este incremento de la bonificación debe servir para aprobar de una vez. El mérito hay que ponerlo en el haber de NC y en su negociación presupuestaria con el PP.  El demérito corresponde a los sucesivos gobiernos centrales que, mientras a un canario le salía más barato volar a Londres que entre las islas, se gastaban más de 50.000 millones de euros en trenes de alta velocidad con paradas en las que ni sube ni baja nadie. Por no hablar de los 5.000 millones de euros que nos costará el rescate de las autopistas de peaje o lo miles de millones enterrados en aeropuertos para las personas. Y todo ello pagado también con los impuestos de los canarios.

No es por tanto una graciosa concesión de Madrid a Canarias, sino la reparación de una deuda histórica para con unos ciudadanos que tienen tanto derecho como los de cualquier otro punto del país a moverse en su territorio en condiciones razonables de precio y calidad. Derecho aún más justificado si cabe en un archipiélago en el que las opciones para la movilidad son muchas menos que en un territorio continental.  Ahora se trata de rematar el logro consiguiendo que el incremento de la bonificación no sea flor de un día sino un derecho reconocido a través del Régimen Económico y Fiscal. Para que no se le vuelva a olvidar que Canarias son ocho islas, el gobierno estatal debe quedar obligado a destinar un partida anual a sufragar el derecho a la movilidad de los canarios.

“La mano de los mercados no siempre es infalible: del monopolio se puede  pasar al duopolio”

El otro fleco al que conviene estar muy atentos es el de los precios que empiecen a aplicar las compañías a partir de ahora. Se trata de vigilar que no se caiga en la tentación de hacer caja a costa del erario público elevando artificialmente las tarifas. Al calor del incremento del descuento acaba de anunciar su inminente aterrizaje en el mercado aéreo interinsular la compañía Air Europa, que ya voló entre las islas y que terminó abandonando. Si Adam Smith tenía razón debería funcionar la invisible y sabia mano del mercado y mejorar la competencia frente al cuasi monopolio del que disfruta ahora Binter.

Sólo que la mano en cuestión no siempre ha acertado y, en ocasiones, el monopolio ha sido sustituido por el oligopolio o por el duopolio con el consiguiente riesgo de los acuerdos tarifarios por debajo de la mesa, conchabos  de los que ya hemos sido víctimas los consumidores en otros sectores como el de la telefonía o la energía. Air Europa no llega precisamente precedida de buena fama después de que la Audiencia Nacional la haya condenado a pagar una multa de 30 millones de euros por el fraude cometido precisamente en los descuentos de residentes en los vuelos entre Canarias y la península. Ese fraude, denunciado por las agencias de viaje y ante el que el Ministerio de Fomento pasó años mirando para otro lado, llevó en su día a la entonces ministra Ana Pastor a endosarnos la obligación de llevar el certificado de empadronamiento entre los dientes como si hubiéramos sido los ciudadanos los responsable del fraude.

Así pues y en resumen, está bien alegrarse de que los billetes para volar entre las islas se abaraten pero conviene no caer en la bobaliconería autocomplaciente y estar muy atentos a la jugada. Mientras, abrónchese los cinturores, pónganse cómodos y disfruten del viaje. 

Ley del Suelo: de la panacea al apocalipsis

Si uno hiciera caso de las loas y alabanzas a la Ley del Suelo que el Parlamento de Canarias está a punto de aprobar, lo siguiente sería sentarse a mirar crecer la economía y el empleo una vez entre en vigor. Si por el contrario atendiera a quienes ven en esa ley la hidra de las mil cabezas, ya estaría tardando en hacer las maletas y emigrar. Es hasta cierto punto lógico y natural que las fuerzas políticas exageren la nota cuando se trata de defender o atacar una iniciativa de la parte contraria. Sólo que en este caso se han superado todos los listones de la exageración a favor y en contra en un debate que, dada la sustancia del asunto, debería haber sido menos interesado y enconado y más esclarecedor para la ciudadanía. En definitiva somos los canarios y no determinados intereses creados que ya aplauden la nueva ley, quienes nos tendríamos que beneficiar  de las ventajas que ven en esta norma sus defensores o los perjudicados si se cumplen los peores vaticinios de sus detractores.

La ley, iniciativa estrella del Gobierno canario para esta legislatura, nació con el objetivo declarado de desenredar la madeja normativa y burocrática que frena y demora inversiones y creación de empleo. En este punto coinciden casi todas las fuerzas políticas que, sin embargo, discrepan radicalmente en las soluciones. A pesar de esa declaración de principios, se trata de una norma de más de 400 artículos, lo que de entrada no es precisamente un ejemplo de simplificación y claridad sino de prolijidad tal vez excesiva e innecesaria. A este pecado original hay que unir la ausencia de un estudio riguroso sobre la relación entre la economía canaria y el suelo que debería haber servido de guía de actuación sobre el territorio.

“Somos los canarios quienes deberíamos beneficiarnos de esta ley”

Una de las grandes batallas del debate ha sido el control de legalidad de las actuaciones urbanísticas, ciertamente capitidisminuido en el texto que aprueba el Parlamento con respecto a las funciones actuales de la denostada COTMAC, el organismo al que los defensores de la ley culpan de que las inversiones se eternicen. Está por ver si la solución mejor ha sido vaciarla de contenido o hubiera sido preferible dotarla de las herramientas necesarias para que hiciera su trabajo en tiempo y forma, garantizando la legalidad de las actuaciones sobre el suelo. El uso del suelo rústico o las competencias municipales, insulares y autonómicas sobre el planeamiento y sus excepciones han sido también caballos de batalla en el debate previo a la aprobación. Si como dice el presidente canario la nueva ley aporta transparencia y evita eventuales corruptelas derivadas de la demora en la resolución de los expedientes, no es menos cierto que la laxitud regulatoria también puede ser causa de todo lo contrario.

En algunos aspectos el texto ha mejorado sensiblemente y ha despejado dudas e indefiniciones que habrían dado lugar a interpretaciones dispares sobre lo que se puede hacer o no en un territorio fragmentado y por definición escaso como el canario. Así lo ha reconocido no sólo el bloque parlamentario que apoya la Ley – CC, PP y Agrupación Socialista Gomera – sino algunos de los que se integran en el bloque opositor como Nueva Canarias y el PSOE, aún dejando claras estas dos fuerzas sus profundas discrepancias.

“No debería cerrarse en falso un debate clave como el del uso del territorio”

Mención especial merece la postura de los socialistas, a los que la presentación de esta ley por parte del presidente Clavijo cogió literalmente con el pie cambiado a pesar de formar parte del Ejecutivo. Su reacción fue entonces de desconcierto y cuando menos dubitativa ante un texto que no les gustaba pero que parecían dispuestos a envainarse en aras de la continuidad del pacto con CC. Liberado el PSOE de esas ataduras, la labor de su portavoz Nayra Alemán en la ponencia que estudió la ley les permitirá ahora a los socialistas presumir de que muchas de las mejoras introducidas en el texto son mérito suyo. La duda es qué hubiera hecho el PSOE si hoy continuara formando parte del Gobierno.  

Lo que debería preocupar al Gobierno, a las fuerzas que apoyan la ley y al conjunto de la sociedad es el ajustado consenso de 33 votos que la respaldan. Las razones por las que una norma de este calado no ha recibido un apoyo parlamentario mucho más amplio, que la dotara de estabilidad, habrá  que buscarlas en ambos bloques políticos y en su voluntad real de consenso. Cerrar en falso el debate sobre una cuestión de la trascendencia de los usos del territorio es un riesgo que no deberíamos habernos permitido. En todo caso y a la espera de comprobar los efectos de la aplicación de la ley para determinar si es la panacea o la hecatombe, convendría adoptar de momento una prudente equidistancia entre apocalípticos e integrados y aplicar aquello de que la virtud está justo en medio de los extremos.    

Portugal en llamas

Perplejo y consternado por la tragedia que vive Portugal, el primer pensamiento sólo puede ser de pésame por las víctimas y de solidaridad con sus familias y el resto de afectados. Sin olvidar el reconocimiento y el apoyo a las más de 2.000 personas que llevan cuatro días luchando contra las llamas. Haya sido un rayo o la mano humana, se hace casi imposible admitir que en pleno siglo XXI y en un país como Portugal un incendio forestal haya acabado con la vida de más de 60 personas y haya herido a más de 150. Como suelen decir los responsables políticos en estos casos, puede que no sea aún el momento de buscar causas y responsables mientras las llamas siguen avanzando. Pero es difícil sustraerse a la imperiosa necesidad de preguntarse si la tragedia pudo haberse evitado y hay mucho indicios que apuntan a que habría sido posible.

Es cierto que entre las causas mediatas están las altas temperaturas, la sequedad del terreno, el viento y una tormenta seca de rayos. Todas ellas parecen haber formado un cóctel incendiario que tal vez una chispa fortuita o una mano humana activó provocando el incendio más mortífero en la historia de Portugal. Pero comprender lo ocurrido desde sus raíces es esencial para prevenir que no se repita. Y la falta de prevención es clave para explicar el avance incontenible y mortal de las llamas en este incendio, alentadas por el viento, el calor, la sequedad del terreno y la presencia de especies alóctonas poco resistentes al fuego como los eucaliptos. De hecho, los medios de comunicación lusos han puesto el acento en la deficiente política preventiva pública a pesar de ser Portugal uno de los países europeos más azotados por el fuego todos los veranos.

“La falta de prevención es clave para entender el avance de las llamas” 

Prevención es, básicamente, apagar el fuego antes de que se produzca. Eso, que a pesar de las dramáticas experiencias aún no hemos terminado de aprender del todo en lugares como Canarias, se consigue limpiando de maleza los montes en invierno y facilitando determinadas labores agroganaderas hoy prohibidas por un mal entendido prurito medioambiental de las autoridades responsables y determinadas organizaciones ecologistas. Prevención es también construir cortafuegos y otros elementos de seguridad como refugios para las poblaciones de las zonas más susceptibles de sufrir incendios. Y, así mismo, prevenir es educar a los ciudadanos en medidas de autoprotección y establecer pautas claras de comportamiento para evitar el pánico y las huidas descontroladas que, como se ha visto en Portugal, han conducido a muchas personas a morir abrasadas en sus vehículos.

Nada de esto es gratis pero es fundamental para salvar vidas humanas e impedir la grave degradación medioambiental que casi siempre producen los incendios. Se trata de poner en una balanza si optamos por encomendarnos a la suerte y a la benevolencia de la Naturaleza o si ponemos los medios para evitar o al menos minimizar los daños asociados a los incendios. Portugal no es un país rico y sus recursos para la lucha contra el fuego parecen reflejar esa realidad. En ese sentido, no es descabellado suponer que el leonino rescate al que fue sometido el país por la troika  comunitaria en aras del sacrosanto déficit público debe haber pasado factura también a los medios públicos destinados a prevenir y luchar contra los incendios.

 “Los primeros bomberos en llegar al incendio estaban a 200 kilómetros de distancia”

De esas deficiencias en medios habla a las claras que los primeros bomberos en llegar a la comarca afectada por el incendio fueran los de Lisboa, a más de 200 kilómetros de distancia. Carencias que se evidencian también en el hecho de que, a pesar de las altísimas temperaturas que se venían registrando en la zona, las autoridades no tuvieran previsto activar el dispositivo contra incendios antes del 1 de julio. Si a este cúmulo de factores unimos una gestión de la lucha contra el incendio que los medios portugueses ya han tildado de manifiestamente mejorable en términos de reacción y coordinación, nos podremos hacer una imagen cabal de las causas de esta tragedia.

Es difícil, por no decir imposible, determinar cuál ha sido la que más peso ha tenido en que Portugal siga en llamas cuatro días después de que se iniciara el incendio. Eso corresponderá en todo caso a los expertos pero, de lo que no hay dudas, es de que muchas de ellas eran evitables y se tenían que haber evitado. Con más de 60 víctimas mortales no es fácil decir que ojalá sus vidas perdidas en estas atroces circunstancias sirvan para que algo así no vuelva a ocurrir. No obstante es lo único que cabe desear y, sobre todo, exigir a quienes tienen bajo su responsabilidad disponer de los medios y arbitrar las medidas para garantizar la seguridad pública.