Poder con Podemos

A ver si soy capaz de llegar al final sin bostezar porque el asunto de este post es de los que hastían. Después de las elecciones locales de mayo de 2015 Podemos consiguió por primera vez en su corta historia acceder al poder en algunas instituciones importantes. Pero no lo consiguió en solitario sino gracias a pactos de gobierno con otros partidos, es decir, mediante alianzas en las que los socios se ponen de acuerdo en lo que les une y aparcan lo que les separa. Hasta ahí y en teoría todo bien. Aunque la experiencia en instituciones como el ayuntamiento de Madrid daría para un tratado podemita completo,  me centraré sólo en Canarias para hacer más llevadero el trance.

Aquí la formación morada se incorporó a los gobiernos del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En el Cabildo, el presidente Antonio Morales prefirió apoyarse en Podemos que en el único consejero de CC con el que también hubiera sumado mayoría absoluta. Además de algunas coincidencias programáticas, el cálculo electoral para aislar por completo a CC y el refuerzo que Podemos le confería a la mayoría absoluta del grupo de gobierno seguramente fueron decisivos también para preferir esa opción. Y ello a pesar de que en las negociaciones previas, la dirección de Podemos – enfrentada ya con parte de sus propios consejeros – hizo lo imposible por bloquear e imposibilitar el acuerdo.

“Morales asumió el riesgo y se ha pasado dos años apagando los incendios de Podemos”

Pero Morales no atendió a las señales y el resultado han sido dos años apagando fuegos un día sí y al otro también en detrimento de la gestión de los problemas de la isla. Hasta que un día, de la noche a la mañana, se despertó con la mitad de los consejeros de Podemos que tenía el día anterior y sobre los que siguieron con él recayó de inmediato el sambenito de tránsfugas. En estas trifulcas internas se han ido una buena parte de los esfuerzos y del tiempo de estos dos años de mandato en el cabildo de una isla que requiere mucha más gestión y soluciones que las vistas hasta ahora y muchos menos juegos florentinos.


En el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en donde la gestión del grupo de gobierno no ha ido tampoco mucho más allá de pasear el megaproyecto de la metroguagua de punta a punta de la ciudad, la nota ha sido en cambio una cierta estabilidad política al menos de puertas afuera. De puertas adentro es conocida la inquina fenicia que el portavoz de Podemos en el consistorio Javier Doreste y la ex líder del partido, Mery Pita, se profesan mutuamente. Sin embargo, esas malas relaciones políticas no habían interferido hasta ahora en la gestión municipal como ocurrió en el Cabildo entre Pita y su enfant terrible Juan Manuel Brito.
“Quien pacte con Podemos deberá aprenderse y recitar su credo de memoria”

Hasta que ha llegado Noemi Santana, la sucesora y continuadora de la labor de Pita, y hemos vuelto a las andadas. Santana ha amenazado hoy con romper el pacto en el Ayuntamiento si Nueva Canarias, uno de los socios, no rechaza en Madrid el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. Por decirlo de otro modo: Santana pone contra las cuerdas la estabilidad y la gestión del gobierno municipal de una ciudad de 400.000 habitantes sólo porque uno de sus socios de gobierno no vota lo que ella y su partido quieren en un ámbito político completamente distinto del municipal.

Ignoro si Santana cumplirá su amenaza pero, si nos atenemos a lo que ha ocurrido en el Cabildo, tal vez debería el alcalde Hidalgo irse preparando para lo peor. Una cosa sí parece clara y deberían tenerla en cuenta aquellas fuerzas políticas que en el futuro pretendan lleguen a acuerdos con Podemos: estarán obligadas a ver la realidad en blanco y negro y a aprenderse y recitar de memoria el catecismo podemita, cuyo primer mandamiento es claro y tajante: o conmigo o contra mi. No caben medias tintas ni legítimas estrategias políticas propias ni autonomía alguna que valga a la hora de tomar decisiones de partido. Todo eso hay que dejarlo en la puerta y plegarse sin condciones al credo de Pablo Iglesias o correr el riesgo de ser expulsado a las tinieblas exteriores. Que se lo vaya apuntando Pedro Sánchez para su ansiado mayoría alternativa.  

Referéndum ilegal y a la carta

No sé cómo terminará – si es que termina – el órdago independentista catalán. Sin embargo, a cada paso nuevo que dan sus impulsores, más me convenzo de que el final no será feliz. Ese último paso ha sido la presentación hoy mismo de una ley de referéndum ad hoc con la que se intenta lo imposible constitucionalmente hablando para amparar la consulta del 1 de octubre. A la vista de las reseñas periodísticas, el texto conocido hoy es un monumento a la ilegalidad constitucional con un amplio repertorio de medidas manifiestamente antidemocráticas. Inconstitucional porque, por  mucho que el papel aguante todo lo que le echen y escriban en él, esa ley de referéndum choca de frente con lo que establece la carta magna sobre consultas populares.

Presentarla además como una ley “suprema” que se impone a cualquier otra norma que se le enfrente – la Constitución – es de matrícula de honor en derecho constitucional.  Y es antidemocrática no sólo porque ignore y pretenda imponerse a una Constitución que sí lo es y que sí fue refrendada por una amplia mayoría del pueblo español, incluido el catalán, porque ni siquiera se molesta en fijar un mínimo que dé validez al resultado. Es perfectamente posible que vote por ejemplo solo el 40% del censo y bastaría con que la mitad más uno diga “sí” a la independencia para que el resultado se considere válido.
 “La ley de referéndum catalán es un monumento a la ilegalidad constitucional”

Sin solución de continuidad y apelando a un supuesto derecho a decidir que sólo existe en la imaginación de quienes impulsan el referéndum, esa decisión se convertiría en declaración unilateral de independencia antes de las 48 horas siguientes a la celebración del apaño refrendatario que los independentistas acaban de parir. Y todo esto en un clima de revueltas internas, con consejeros críticos con el referéndum purgados por el presidente Puigdemont y socios como el PdCAT literalmente “hasta los huevos” de ser ellos los que paguen los platos rotos. En medio, pillados entre dos fuegos, funcionarios de ayuntamientos y otras instituciones que a día de hoy se deben a la administración general del Estado y a los que la Generalitat pretende convertir en rehenes y cómplices a la fuerza de su ilegalidad.


Cuando se ignoran los problemas pensando que el tiempo todo lo cura suele ocurrir que se complican, se multiplican y se enquistan. Eso es lo que está pasando con el “problema catalán” y la postura que ha mantenido ante él en los últimos años el PP. Mariano Rajoy, al que la estrategia de no hacer nada y esperar a que pase el mal tiempo le ha dado buenos resultados en otros ámbitos, ha intentado aplicar la misma técnica con Cataluña y sólo ha conseguido que lo que empezó siendo mar de fondo esté a punto de convertirse en galerna.

Después de enviar el estatuto catalán al Constitucional para que lo afeitara a conciencia en un fallo que según algunos juristas no hay por dónde cogerlo - véase lo que dice el profesor Muñoz Machado al respecto en su libro "Vieja y nueva Constitucion" (Ed. Crítica) - el líder del PP se ha limitado durante años a esgrimir el cumplimiento de la ley para responder a los embates del soberanismo catalán. Durante ese tiempo no ha dado ni un solo paso digno de ese nombre para encontrar una salida política a un problema que es, ante todo, político por más que se empeñe en verlo única y exclusivamente desde la óptica judicial.  
“Mariano Rajoy apenas tiene ya otra alternativa que la judicial después de años despreciando cualquier otra” 

Tampoco puede el PSOE, aún hoy el principal partido de la oposición, presumir de una postura definida y coherente en este asunto. Dependiendo de si el viento soplaba por la izquierda o por la derecha o de las relaciones con los socialistas de Cataluña, ha ido de la defensa de la unidad nacional consagrada en la Constitución a esa genialidad del diseño político de última hora llamada la “nación de naciones“ y la “plurinacionalidad”. 

Sin embargo es sobre los hombros de Rajoy sobre los que recae en estos momentos la responsabilidad de actuar ante la convocatoria de un referéndum ilegal amparado en una parafernalia normativa igual de inconstitucional. Lo que vaya a hacer sólo él lo sabe aunque es improbable que se aparte del monólogo judicial que ha caracterizado su discurso sobre Cataluña en los últimos tiempos. En realidad, a estas alturas no parece que le quede ya ninguna otra alternativa que no sea la judicial a la vista de la gangrena del problema a la que ha contribuido de manera tan eficaz después de años desdeñando cualquier otra salida.  

Transparencia ma non troppo

El Diccionario define la transparencia como la cualidad de los cuerpos para dejar pasar la luz. Si nos fijamos en los datos que hoy ha presentado el Comisionado de Transparencia de la Comunidad Autónoma, la conclusión es que lo que transparenta el cuerpo de las administraciones públicas canarias apenas llega a la categoría de débil pabilo. No es para estar muy contentos que apenas dos de cada diez de esas administraciones aprueben los requisitos de la Ley Canaria de Transparencia,  que tampoco es que sea el no va más de las exigencias. Los aprobados – Gobierno de Canarias, tres cabildos y unos pocos ayuntamientos – sacan en todos los casos notas manifiestamente mejorables. Entre los suspendidos hay de todo, desde quienes apenas cumplen algunos de los requisitos de la ley hasta quienes ni siquiera cuentan con portal de transparencia.

Claro que ese portal tampoco es la panacea para que los ciudadanos conozcan cómo y dónde se gasta el dinero público y cuáles son los ingresos y patrimonios de sus representantes y gobernantes. Abrir una página web vinculada a un sitio oficial del ayuntamiento o el cabildo de turno y saturarla de documentos sin orden ni concierto tiene más bien el efecto de disuadir la curiosidad y el derecho a saber de los ciudadanos que de satisfacerlo. La sobreabundancia de información no equivale a buena información o a información de interés, sino a maraña inextricable para moverse por la cual hay que disponer de conocimientos, horas y paciencia que la inmensa mayoría de los ciudadanos no tienen.
“La sobreabundancia de información no es sinónimo de buena información”
Sin embargo, ser o no ser transparente ya no es una opción para las administraciones públicas, las empresas que de ellas dependen y las instituciones del sistema democrático. La transparencia en el empleo de los recursos públicos es una obligación nacida al calor del debate sobre la opacidad con la que tradicionalmente se han venido desempeñando los políticos. Los contratos y adjudicaciones de servicios al sector privado o las retribuciones de gobernantes y legisladores deben ser del dominio público en tanto es del bolsillo público de donde sale el dinero para pagarlos. De ahí que la obligación de transparencia se haya convertido en un instrumento imprescindible para el control y la fiscalización por parte de los ciudadanos sobre sus gobernantes y representantes.


En cierto modo, esa labor de fiscalización, que en un sistema democrático menos escorado a favor del poder ejecutivo debería realizar el parlamento, devuelve a los ciudadanos una parte al menos de la soberanía que han ido perdiendo a medida que su capacidad de decisión ha quedado apenas limitada a votar cada cuatro años. El politólogo francés Pierre Rosanvallon considera que la transparencia es un síntoma de buen gobierno y subraya un hecho capital: mientras que el control del voto dura lo que dura una jornada electoral el control que ejercen los ciudadanos a través de la transparencia exigible a los representantes públicos es permanente.
“La transparencia devuelve a los ciudadanos parte de la soberanía perdida”  
Podría decirse que la obligación de transparencia cambia por completo la relación entre representante y representado o entre gobernante y gobernado y lo hace a favor del segundo y en detrimento de primero. Seguramente por eso hay tanto político reacio a transparentarse y tanta institución y administración pública resistente a arrojar toda la luz que sea posible sobre el uso del dinero público. El reto está precisamente en que los ciudadanos hagan de la transparencia una obligación legal exigible a sus representantes y gobernantes quienes, en no pocas ocasiones, utilizan ese término con fines meramente propagandísticos y vacío de todo contenido real. Sin embargo, según los datos conocidos hoy, las visitas de los ciudadanos canarios al portal de transparencia de la comunidad autónoma apenas alcanzaron el 1% el año pasado y las solicitudes de información no llegaron a 200. Demasiado poco interés para tanta opacidad como aún sigue reinando en las administraciones públicas.