El día después

Después de la efusión de ayer en las calles de España hoy toca la reflexión. El 8 de marzo de 2018 ya pertenece por derecho propio a la historia de las mujeres de este país y a su lucha por la igualdad. Eso ya no lo podrá negar ni siquiera un Gobierno como el de Rajoy, descolocado y a la defensiva desde que se anunció la primera huelga de mujeres en España. El éxito ha sido tan arrollador que tengo la sensación de que las propias organizaciones convocantes aún no se lo terminan de creer del todo. Un éxito logrado, no obstante, a pesar de ciertos aspectos de esa llamada a la movilización que, a día de hoy, pasada la jornada de protesta, me siguen pareciendo forzados e innecesarios. Como escribí hace unos días, sigo manteniendo que una protesta como la de ayer, concebida para hacer visible la realidad social de la mujer, no necesitaba obligatoriamente excluir a los hombres. 

Opino que se puede haber perdido una inmejorable oportunidad para ganar aliados a través de la empatía con la justa reivindicación de igualdad. Proyectar una cierta imagen de que esta es una guerra de sexos y no una lucha contra estructuras sociales, políticas y mentales que debemos cambiar entre todos y todas, me parece erróneo. Pocos eran los hombres que se podían ver ayer en las manifestaciones multitudinarias celebradas en todo el país y estoy convencido de que la causa principal de su ausencia no es que no compartan las demandas de las mujeres. En esta línea también, algunas de las organizaciones feministas mostraron en el manifiesto de la convocatoria un lenguaje  radicalizado y excluyente - por no hablar de la jerga seudoideológica utilizada - que tampoco creo que contribuyera demasiado a aunar fuerzas. Pero pelillos a la mar porque, a la postre, lo que en este caso debe subrayarse es el resultado.

En todo caso y sin desdeñar el poder de convocatoria de esas organizaciones, creo que tanto el eco mediático y el apoyo de los sindicatos y de la mayoría de los partidos políticos, bien a la huelga, a los paros o a las manifestaciones, fueron determinantes para el éxito alcanzado. Que la subida al carro de la marea morada tuviera en algunos casos no poco de oportunismo político y electoral, que lo ha tenido, es también hasta cierto punto secundario a la vista de las calles repletas de manifestantes. Quienes no solo eludieron subirse a ese carro sino que han mostrado signos claros de estar descolocados, incómodos y a la defensiva han sido el Gobierno y el PP. Sin un discurso coherente, unas veces tibio, otras desdeñoso y otras directamente ofensivo - esa peluquería a la que según la diputada Pepa Luzardo se iban las huelguistas de ayer merece una rectificación urgente - el PP y el Gobierno no han sabido en ningún momento qué posición tomar ante la que se les venía encima. Y la que se les ha venido es que ayer se fijó una línea roja, un hito en la lucha de las mujeres por su igualdad con los hombres. 

A la brecha salarial hay que ponerle coto por mucho que Mariano Rajoy prefiera "no entrar en eso ahora". Esto es lo que le han dicho al presidente centenares de miles de mujeres españolas, quienes también le han exigido que remueva los obstáculos que les impiden acceder a los puestos de responsabilidad en igualdad de condiciones que los hombres. Y el tercer mensaje que debe haber resonado este jueves en los oídos de Rajoy ha sido el de la violencia machista: se debe y se puede hacer más para su erradicación, por ejemplo, poner sobre la mesa de una vez los 200 millones de euros comprometidos por el Gobierno en el pacto de estado contra esta lacra. Le guste mucho, poco o nada a Rajoy no le queda otra que actuar, si es que no ha perdido para siempre esa costumbre, y entrar a fondo en eso de lo que quiso huir de forma cobarde: la justa reivindicación de las mujeres a la igualdad de salarios y oportunidades profesionales que los hombres y el derecho a una vida libre de violencias y tratos machistas.  

Un gerente a tiempo parcial y a precio de oro

¡Menudo chollo ser gerente municipal de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria! El actual cobra la redonda y bonita cifra de 60.000 euros al año - 5.000 mes tras mes - y además puede irse a casa el jueves y no volver hasta el lunes. Si ya me lo decía mi madre: "¡estudia para gerente de limpieza, mi niño, si quieres llegar a algo en la vida!". Se da la circunstancia nada menor de que el agraciado con la lotería municipal es natural de Torrelavega, comunidad de Cantabria, muy al norte de la Península y, claro, siente morriña o como se diga en cántabro. El terruño y los guisos de la abuela tiran que es una barbaridad, así que por qué no permitirle que deje la oficina el jueves para que tenga tiempo suficiente de estar con la familia y tomarse unas cañas con la cuadrilla. 

Por lo demás, es público y notorio que los alquileres en Las Palmas de Gran Canaria superan con creces los de Tokyo y Nueva York y con la miseria que cobra no tiene el pobre para alquilarse un pisito de 50 metros cuadrados con derecho a azotea en el que residir en los pocos ratos libres que le deja el curro. Que se vaya a casa desde el jueves para que descanse es la mejor solución y si surge algún problema urgente lo puede resolver con un par de wasaps y seguir disfrutando de su gente y de los verdes paisajes de su tierra. Eso sí, al chico en cuestión hay que reconocerle que es una joya en lo suyo y, además, hay que agradecerle como se merece que dejara el puesto que tenía en el ayuntamiento de Torrelavega para anunciar la buena nueva de la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria. 

Que la ciudad esté más o menos como siempre, más limpia en unos sitios e igual de sucia en otros, es solo porque aún no le ha dado tiempo de desplegar todo su saber hacer, pero dejen que pasen otros dos meses y nos convertiremos en la ciudad más limpia del Atlántico medio y parte del extranjero. Que nadie se rasgue las vestiduras ahora por el sueldo que le paga el ayuntamiento a cambio de trabajar cuatro días a la semana: sabido es lo estresante que resulta ser gerente municipal de limpieza y la necesidad de reposo que tienen los que se dedican a este peligroso oficio. Cosa distinta sería que en Las Palmas de Gran Canaria hubiera decenas de personas sin techo durmiendo al raso, paro, exclusión social y barrios dejados de la mano municipal y, lo que es peor, sin esperanzas algunas de que algún día pase por ellos la muy famosa y publicitada metroguagua. 

A Dios gracias, nada de eso ocurre en esta ciudad y, en consecuencia, podemos ponernos rumbosos con el salario y las condiciones laborales de un gerente que conviene no obligar a trabajar demasiado no vaya a ser que en una de sus escapadas de largo fin de semana a Torrelavega se nos quedá por allí y no vuelva: ¡a ver en dónde íbamos a encontrar otro de su valía y conocimientos, y sobre todo, a tan buen precio! Ni caso a quienes se acuerdan ahora del "carácter marcadamente social" de este gobierno municipal para echarle en cara el salario de nuestro gerente estrella. Y menos caso aún a quienes sacan a relucir que el partido de la concejal que ha pescado a esta séptima maravilla de la gerencia de la escoba y el rastrillo, llegara hace tres años a las instituciones prometiendo otra forma de hacer política y acabar con la casta repartiendo a diestro y siniestro toneladas de honestidad y transparencia. ¿Es que alguien pone en duda que lo está demostrando con creces y, sobre todo, con una extraordinaria generosidad? 

Cataluña: ¿de verdad no pasa nada más en España?

Abra usted cualquier periódico de los de llamada "tirada nacional" que abra, encontrará un día sí y otro también el mismo asunto repetido hasta la náusea: Cataluña y las piruetas políticas de los saltimbanquis independentistas. En ocasiones tiene uno la sensación de estar leyendo el periódico del día anterior o el de la semana anterior: las mismas frases, las mismas posiciones, las mismas imágenes, los mismos análisis, los mismos discursos políticos, el mismo inmovilismo, idénticas premisas. Y que conste que la sensación no es distinta en la mayoría de los informativos de radio o televisión. No sé muy bien quién ni por qué decide que ese debe ser el asunto merecedor cada día del mayor número de páginas o de más tiempo en la prensa aunque, en esencia, no haya nada nuevo que contar ni analizar. 

Puedo entender - hasta ahí llego - que esté en juego la unidad nacional recogida en la Constitución y el respeto al ordenamiento constitucional. Comprendo - hasta ahí llego también - que no se puede minimizar ni pasar por alto el desafío permanente de los nacionalistas a las instituciones democráticas de este país. Hasta admito el juego de estrategias políticas de los partidos de ámbito estatal al que da pie el asunto catalán, siempre a mano para tirárselo a la cabeza al rival. Comprendiendo y asumiendo todo lo anterior, así como la función informativa y de formación de opinión de los medios en una sociedad democrática, considero en cambio como ciudadano de a pie que la inflación informativa sobre la crisis catalana hace tiempo que se ha vuelto estomagante. Las decisiones judiciales, los interrogatorios, las idas y venidas, los cambios de opinión y hasta de humor de los independentistas, sus desplantes, sus planes más menos ciertos o imaginados, sus intenciones públicas u ocultas, todo eso conforma desde hace tiempo una indigesta sopa informativa cada día más difícil de tragar. Pareciera - esa es la creciente sensación que experimento - como si en este país no pasará nada de trascendencia más allá de lo que pasa desde hace meses en Cataluña. 

Es como si los pensionistas no estuvieran protestando en las calles para defender su derecho constitucional a una pensión digna o las mujeres no estuvieran en vísperas de ponerse en huelga para que el resto de la sociedad asuma de una vez que no puede funcionar sin ellas; parece como si el Gobierno no estuviera desaparecido en combate y la oposición se limitara a hacer aspavientos para que se note que también existe, mientras los asuntos pendientes siguen esperando que alguien se ocupe de ellos; mientras se habla de Cataluña, millones de españoles siguen sin saber en qué consiste la recuperación económica de la que presume el Gobierno, los salarios siguen siendo una miseria para millones de trabajadores que no salen de pobres, la sanidad pública necesita medicina de caballo para sacarla del atolladero y la dependencia sigue sin tirar como se había prometido, defraudando las esperanzas de miles de familias de este país. 

Aunque algunos asuntos suelen ir por barrios y tener más presencia en unos medios que en otros, en general la educación, clave para el futuro de este país y al albur de un pacto político imposible, o la corrupción que corroe las instituciones y acaba con la confianza de los ciudadanos en ellas, no son tampoco realidades que merezcan desde hace meses una atención informativa acorde con la trascendencia que ambas tienen para el futuro del país o la credibilidad en el sistema democrático. Los partidos luchan por su minuto de gloria en los medios pero nadie da palo al agua para que el país avance, más bien dan vueltas a la noria y hacen cálculos para las siguientes elecciones.  De estas y de muchas otras realidades sociales, económicas o políticas de este país que podría enumerar aquí se habla o escribe mucho menos, poco o prácticamente nada. ¿De verdad no pasa nada más en España que lo que pasa en Cataluña? ¿de verdad que no hay hueco en los medios para atender las realidades comunes de esa España plural con la que se llena la boca algunos? ¿tenemos los españoles no catalanes y los catalanes no independentistas la obligación y el deber de estar informados minuto a minuto y día a día de lo que hacen, dicen o piensan los soberanistas catalanes y sus antagonistas constitucionalistas? ¿cuál es nuestro pecado?

La reformilla del sistema electoral

No es cierto como escriben algunos que la reforma del sistema electoral canario sea solo un asunto de estricto interés partidista. Mienten quienes tal cosa afirman y lo saben. Contar con un sistema electoral que tienda al principio de "un ciudadano, un voto", es algo que interesa a cualquier sociedad cuyo sistema político reciba el nombre de democrático. Que en el caso de Canarias los ciudadanos no paren por la calle al presidente del cabildo de Tenerife y le pregunten por el sistema electoral, no implica que el mismo sea la primera maravilla de los sistemas que en el mundo son o han sido. Quienes aseguran que este es un rollo político que solo interesa a los políticos le hacen un flaco favor a la democracia con su desprecio por uno de sus pilares: la representación de la soberanía popular en el parlamento. 

Tal vez lo que busquen quienes así piensan y escriben es descalificar el debate y a quienes defienden la ineludible necesidad de cambiar las reglas del juego democrático por otras que reflejen la realidad demográfica de estas islas, convencidos de que los parlamento representan ante todo a ciudadanos más que a territorios. Por repetidos hasta la náusea no es momento ahora de volver a sacar a relucir las singulares características del descompensado sistema electoral canario que, lejos de tender al principio señalado, se aleja lo más posible de él. Desde luego, no lo acerca mucho a ese objetivo la propuesta de reforma que, a regañadientes, acaba de dar a conocer CC. Después de mucho hacerse rogar propone ahora que el número de escaños regionales se incremente en tres, uno por Gran Canaria, otro por Tenerife y el tercero por Fuerteventura. Eso y una bajada a la mitad de los límites para conseguir escaño. 

Si la propuesta del PP, PSOE, Podemos y Nueva Canarias ya era de mínimos - 10 diputados más y bajada de barreras de acceso a la mitad - esta no llega siquiera a esa consideración. Ignoro si lo que CC busca es un punto intermedio entre ambas propuestas pero si ésta es la última palabra de los nacionalistas, es a todas luces insuficiente por raquítica y tacaña. En términos de mejora de la proporcionalidad de la representación de las islas más pobladas - Gran Canaria y Tenerife - apenas resuelve nada y, además, rompería la sagrada triple paridad entre islas no capitalinas y capitalinas y entre provincias. No descarto que con esta propuesta se esté buscando abrir una brecha en el bloque de los cuatro partidos que defienden elevar en nueve el número de escaños y añadir uno más por Fuerteventura. 

De momento se mantienen en sus trece, aunque en política es fama que los burros pueden llegar a volar. Lo que sí me parece cada vez más evidente es que CC está comprando todos los boletos para que la reforma nos la aprueben en Madrid los diputados por Cuenca, Burgos o Jaén y no los representantes canarios en el Parlamento autonómico. Tratándose de un partido que se reclama nacionalista, la paradoja no puede ser más llamativa. A estas alturas y a la vista de la escasa voluntad de los nacionalistas para poner sobre la mesa una propuesta de reforma que permita la unanimidad o por lo menos un amplio consenso, parece que no va quedando otra salida. Resignarse a aceptar lo que propone CC sería asumir la imposibilidad de entender a Canarias como un solo pueblo y dar por bueno que el voto de un ciudadano de alguna isla no capitalina tiene forzosamente que valer catorce veces más que el de uno de una isla capitalina. Sería, en definitiva, conformarse  todo lo más con una reformilla, es decir, hacer como que han cambiado las cosas sin que en realidad haya cambiado prácticamente nada.    

Caso Faycán o cuando el tiempo todo lo cura

Esto se veía venir desde el primer día de la vista oral de este caso, una trama nada disimulada en el ayuntamiento de Telde que empezó orientada a la financiación irregular del PP y terminó financiando el bolsillo de los cofrades. Todo presuntamente, faltaría más. Ya resultó sospechoso que, de los casi treinta acusados, el primer día del juicio veinte de ellos  se convirtieran en testigos después de un acuerdo con la Fiscalía que les libra de la cárcel a cambio de reconocer su implicación. Ahora acaban de confirmarse los temores del primer día y se hace inevitable pensar que la vista ha sido poco más que un teatrillo para cubrir el expediente. En la víspera de las conclusiones finales, el fiscal Luis del Río ha vuelto a dar la campanada al tener a bien rebajar la petición de pena para los pocos que seguían siendo acusados, entre ellos el ex alcalde Valido y la ex alcaldesa Castellano. Aquí, el argumento es que han sido víctimas de una indebida dilación del proceso. Dicho lo cual, ninguno de ellos irá tampoco a la cárcel por presuntamente meter la mano hasta el codo en la lata del gofio. Todo lo más serán multados e inhabilitados, lo que puedan pagarán y los más se declararán insolventes y aquí paz y después gloria. 

Añádase a lo anterior que el presidente del tribunal juzgador sigue sin dictar sentencia contra quienes llegaron como acusados a la sala y casi por arte de magia se convirtieron en testigos. A poco que el resto de los acusados se hubiera avenido al pacto con la Fiscalía habríamos asistido al primer juicio de la historia solo con testigos y sin ningún acusado. Se trata, además, de un magistrado que se encuentra precisamente a un paso del banquillo de los acusados como presunto responsable de cuatro delitos a cual más grave tratándose de un servidor de la Justicia: cohecho, prevaricación, falsedad y revelación de secreto. A pesar de todo, ni él parece tener intención alguna de dar un paso a un lado mientras se dirime su situación judicial ni un presunto gobierno de los jueces llamado Consejo del Poder Judicial mueve un dedo para apartarlo ante el riesgo de que todo el proceso se desmorone. 

De todos modos, poco importa ya cuando estamos ante un caso que va camino de terminar de la manera más desmoralizadora posible en un procedimiento por corrupción: con los presuntos corruptos saliendo casi por la puerta grande del juzgado. Resumiendo el desolador panorama, tenemos que quienes han confesado en sede judicial y ante un tribunal que utilizaron dinero público para su enriquecimiento ilícito o para la financiación irregular de un partido político apenas merecerán reproche penal; quienes no lo han reconocido y se siguen considerando inocentes, igualmente podrán dormir tranquilos porque - a Dios gracias - la Justicia en este país tiene el cansino andar de las tortugas con el inestimable apoyo en algunos casos de los propios jueces. Cabe recordar aquí que cierto magistrado defendió en su día que había que dejar pasar las últimas elecciones autonómicas antes de celebrar este juicio para no perjudicar lo intereses políticos de la ex alcaldesa Castellano, acusada en este caso. 

Como ciudadano me siento estafado y defraudado ante este tipo de componendas. No tengo culpa alguna de las "indebidas dilaciones del proceso" y no entiendo cómo el Ministerio Público - al que se supone garante judicial del interés público - propone para los acusados de graves delitos contra ese mismo interés condenas mínimas y casi simbólicas en comparación con lo que se establece en el Código Penal. No me mueve ningún deseo de venganza ni deseo ver a nadie injustamente encarcelado: sólo demando que se aplique la ley con rigor y que quienes usaron de sus cargos públicos para el enriquecimiento personal o el de su partido en uno de los escándalos de corrupción más graves de cuantos ha habido en Canarias, paguen por ello. Lo contrario hará que cada vez sea más cuesta arriba no considerar la aplicación de la ley en los casos de corrupción política como una simple escenificación formal de la justicia, una farsa para salvar las apariencias ante la sociedad.  

Montoro y su chistera

Permítanme la licencia poética, ya sé que Montoro no usa chistera, pero no me negarán que es el mago del Gobierno de Rajoy. Su habilidad para sacar de la nada conejos y palomas han convertido en proverbiales sus trucos de predistidigitación fiscal. O es que ya no se acuerdan de la famosa reforma fiscal que nos vendió hace unos años y que de reforma tenía lo que yo de esquimal. Más bien fue un catálogo de parches a mayor gloria de las rentas altas aunque la presentara con la promesa de hacernos a todos más ricos, más altos, más rubios y más esbeltos. Por no mencionar la graciosa amnistía fiscal para que los que se lo habían llevado crudo y en bolsas al extranjero, pudieran regularizar – bonita palabra – su situación a un módico precio al pasar por la ventanilla de Hacienda. 

Su penúltima fullería tiene que ver con los cabreados pensionistas. Les ha prometido que les rebajará la presión fiscal para que el dinerito que se ahorren lo puedan dedicar a los achaques de la edad. El bondadoso ministro oculta que su gesto caritativo apenas beneficiará a poco más de un tercio de los pensionistas de este país, exactamente aquellos que cobran de pensión más de 12.000 euros al año. Ese es el mínimo exento de tributación y al que no llega el 63% de los pensionistas. Dicho en plata, Montoro anuncia que le rebajará la presión fiscal a los pensionistas que mejores pensiones cobran y a los demás que les den dos duros. Porque eso y poco más es lo que van a cobrar de aumento este año los pensionistas de este país después de la raquítica subida del 0,25% aprobada por el Gobierno del mago Montoro.  

El de Hacienda ha intentado salir al rescate de un PP que no gana para sustos, con Albert Rivera achuchando desde la derecha y el PSOE desde la izquierda, pero enseguida se le han visto las intenciones.  Si de verdad el Gobierno quisiera echarle una mano a los pensionistas para que levanten cabeza después de años de crisis gastándose lo que no tenían en sacar adelante a los hijos y a los nietos en paro, podría empezar por subir las pensiones hasta el nivel al menos del IPC. Esto era lo que se había venido haciendo siempre hasta que el PP decidió meter la tijera al tiempo que se gastaba una hucha en la que llegaron a acumularse 70.000 millones de euros para los tiempos de las vacas flacas. 

Su reforma laboral y la epidemia del empleo precario que trajo consigo son las responsables directas de que hoy la hucha críe telarañas, de que la subida de las pensiones sea ridícula y de que los pensionistas estén en la calle protestando como jóvenes imberbes para reclamar su derecho constitucional a una pensión digna. Pero no es de estas cosas de las que le gusta hablar al Gobierno o al PP si no es para decir que no deberían quejarse tanto los yayoflautas porque ni con la crisis ha dejado de subir su pensión. O, como Montoro, para prometer una ayuda fiscal para la minoría de los pensionistas seguramente con la idea de que en las próximas elecciones no se olviden a quién se la deben devolver. Ven cómo la chistera de Montoro es inagotable y el ministro un tahúr de los trucos fiscales. Lástima para él que cada vez se le vean con más claridad las cartas marcadas con las que juega.

Huelga feminista

El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, en tiempos llamado Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Con tal motivo se ha convocado una huelga de mujeres en unos 150 países de todo el mundo. Se trata de un acontecimiento inédito, tanto por el número de países en los que se va a desarrollar como, sobre todo, por el hecho de que sea solo de mujeres. Entre las principales reivindicaciones figura el rechazo a la discriminación salarial que sufren las mujeres con respecto a los hombres. Se mire por donde se mire, la práctica en cuestión supone una flagrante discriminación social por cuanto no hay razones objetivas que la sustenten: a igual trabajo el salario debe ser igual y nada puede oponerse a ese principio básico y democrático.  España es un caso flagrante de discriminación salarial de las mujeres, con una de las brechas más anchas de la Unión Europea: el salario bruto de un hombre en España ronda los 2.000 euros y el de la mujer no llega a los 1.700; las trabajadoras que ganan menos de 1.000 euros al mes son el doble que los hombres en la misma situación porque son ellas las que ocupan los empleos peor retribuidos. Esa realidad es objetiva y tangible por más que Rajoy prefiera escurrir el bulto o su ministra de Empleo diga que nunca antes había sido tan corta la discriminación. 

Sin embargo, hay algo en la convocatoria del 8 de marzo que me chirría. Puede que sea el hecho de que las convocadas a protestar sean sólo y exclusivamente las mujeres. Pareciera como si fuera una huelga contra los hombres, en cuyo caso me parece un completo error por cuanto desvía el tiro contra las estructuras sociales y económicas responsables de la discriminación salarial. Si este problema tiene solución, que no me cabe la menor duda de que la tiene, deben buscarla conjuntamente mujeres y hombres y no las primeras contra los segundos. Puede que lo que me chirríe también sea el discurso fundamentalista de determinadas organizaciones feministas que tienden a ver patriarcado y machismo por todas partes y en todos los hombres. Quienes así piensan y actúan se hacen un flaco favor a sí mismas y se lo hacen a la causa de la igualdad social y salarial. Concebir la lucha por los derechos de la mujer como una pelea a cara de perro entre mujeres y hombres – y viceversa – es la coartada perfecta para el inmovilismo de quienes prefieren que las cosas sigan exactamente igual: divide y vencerás, decían los latinos. Este tipo de feminismo de tintes excluyentes desprecia el hecho de que son mayoría los hombres – de eso tampoco me cabe la menor duda – que apoyan de buen grado la exigencia de que se acabe con la discrminación salarial de las mujeres con respecto a ellos. 

No me llama la atención ni me sorprende que la derecha desdeñe la protesta y hasta la tilde de “elitista”, como ha hecho la ministra de Sanidad. Lo que sí me sorprende es que la izquierda nominal de este país y los sindicatos mayoritarios se hayan alineado de manera acrítica con una huelga de cuya participación las convocantes no dudan en excluir expresamente a la mitad de la población. El argumento para esa exclusión - decir que se quiere subrayar la visibilidad de la mujer como víctima de la discriminación salarial - me resulta pueril y falaz. Sospecho que los partidos de izquierda, una vez amortajada y enterrada la lucha de clases y a falta de proyecto político que oponer a la derecha, no tienen ya otra salida que sumarse a las protestas sectoriales de mujeres, pensionistas, investigadores en precario, estudiantes o policías pidiendo aumentos salariales. Convertir la huelga del 8 de marzo en un acontecimiento mundial que marque un hito histórico en la lucha contra la discriminación salarial, dependerá de que quienes promueven la protesta sean capaces de convertir a los hombres en cómplices de su justa reivindicación y no en enemigos a batir. Por decirlo en lenguaje políticamente correcto, esta es una lucha de todas y de todos. 

Los límites de la libertad de expresión

Tal vez el título de este post extrañe un poco en un tiempo en el que está muy extendida la creencia de que los derechos son absolutos y no deben ir unidos a deberes, como la cara y la cruz de una misma moneda. No me cabe la menor duda de que también la libertad de expresión tiene límites, no todo vale ni todo está permitido en aras de este derecho. El respeto a lo que establecen las leyes sobre el honor o la propia imagen son algunos de esos límites en nuestro país. Cierto que son límites intangibles y difíciles de precisar pero existen. Admito que me adentro en un terreno muy pantanoso pero me niego a aceptar que con invocar el derecho a la libertad de expresión deben removerse todas las barreras que se le interpongan en su camino y quedar libre su ejercicio de cualquier tipo de reproche social o legal. Cuestión distinta es la intensidad de ese reproche en cada caso concreto. 

Me parece excesivo que al rapero mallorquín  se le condene a tres años y medio de cárcel por sus letras ofensivas para la Corona, amenazantes y enaltecedoras del terrorismo. El mal gusto que rezuman sus textos se podía haber zanjado con una sanción o una advertencia, teniendo en cuenta, además, la ausencia de antecedentes. Por otro lado, ordenar, pedir o sugerir la retirada de unas obras de una exposición porque aluden a unos señores a los que se presenta como “presos políticos”, es una supina estupidez de quienes tomaron y ejecutaron esa decisión amparados en un ridículo deseo de no perturbar el conjunto de la exposición. Con ella han terminado haciendo famoso y puede que rico a un artista  del que muy pocos habían oído hablar hasta ahora y a una obra que probablemente no pasará a la historia del arte por su calidad artística. 

Tanto en el caso del rapero mallorquín como en el del autor del montaje artístico me parece evidente el ánimo provocador de ambos, algo por otro lado más antiguo que la pana cuando lo que se pretende es llamar la atención social y sacar la cabeza en un mercado extraordinariamente competitivo. A fe que lo han conseguido los dos gracias a un exceso judicial y a una lamentable torpeza política. Un caso distinto es el del libro “Fariña” del periodista Nacho Carretero, secuestrado judicialmente ahora, tres años después de salir a la venta. El celo de una juez madrileña en defensa de los derechos de un cacique gallego ha disparado las ventas del libro, que se cotiza ya a 300 euros, y ha puesto los dientes largos a una cadena de televisión que ya ha anuncido el adelanto a esta semana de una serie para cuyo estreno aún no tenía fecha: la decisión judicial se la ha proporcionado gratis y camino va de convertir la obra en un best seller. Se trata, en mi opinión, de otra sobreactuación judicial que contiene también con claridad todos los elementos propios de la censura. 

En una sociedad democrática son en último extremos los jueces los encargados de determinar si se ha rebasado la línea roja de la libertad de expresión y se han conculcado otros derechos concurrentes con la misma. Esa línea, imprecisa y muchas veces borrosa, tiene que estar en todo momento lo más lejos posible de cualquier tentación de censura como se aprecia en estos tres casos, distintos entre sí pero unidos por un denominador común: el uso de la libertad de expresión. Estamos ante un derecho que constituye la clave de bóveda de la democracia, lo que no lo convierte sin embargo en absoluto. Por decirlo con palabras de la filósofa y catedrática de Ética de la Universidad de Barcelona, Victoria Camps, “uno no puede decir todo lo que quiera y, por tanto, conviene pensárselo dos veces antes de ofender o sentirse ofendido”. ¿No es de sentido común?

Sobre alertas y borrascas

¿Se exagera con las alertas meteorológicas como la que acabamos de vivir en Canarias? Yo creo que sí, que se sobreactúa tal vez con la intención de que si ocurre lo peor no haya motivo de reproche ni crítica. Este fin de semana ha llovido en Canarias y ha hecho viento pero tanto una como el otro han estado por debajo de las previsiones meteorológicas. Al margen de los problemas puntuales del tráfico aéreo en algunas islas, de algunos desprendimientos en determinadas carreteras y de varios cortes del suministro eléctrico, nada más hay que reseñar del paso de esta borrasca por las islas. A la alerta máxima por lluvias y viento decretada por el Gobierno canario, se unieron enseguida ayuntamientos y cabildos con un verdadero diluvio de comunicados sobre suspensiones y aplazamientos de actividades debido al mal tiempo; ni queriendo le habrían podido dar cauce los medios de comunicación a tantos comunicados. En muchos casos, estas comunicaciones han llegado también acompañadas de toda suerte de consejos de autoprotección para los ciudadanos ante lo que se suponía que se avecinaba. Puede que contagiados por la bola de nieve que no paraba de crecer y por la urgencia de aprovechar el fenómeno para generar visitas de internautas, la inmensa mayoría de las ediciones digitales de los periódicos de papel no pararon de alertar en grandes y gruesos titulares de la proximidad del fenómeno y de sus posibles consecuencias. 

De esta manera, entre instituciones públicas sobreactuando y medios de comunicación digitales a la caza de lectores ansiosos, se fue generando un clima de sobreexitación, palpable con claridad en las redes sociales, impropio de una sociedad adulta ante un fenómeno absolutamente normal en invierno, por más que en Canarias se prodigue ahora mucho menos que hace unas décadas. En mi modesta opinión, no creo que exagerando la nota para llamar la atención de la ciudadanía sobre los riesgos de una borrasca se garantice mejor la seguridad. Tiene por otro lado el inconveniente de tratar a los ciudadanos como infantes de pecho y no como adultos a los que, como tales, se les supone el sentido común para no arriesgar su seguridad y las de los demás innecesariamente. Y si eso ocurriera, existen normas y mecanismos para sancionar a los imprudentes que pongan en riesgo la vida de los demás o generen gastos públicos innecesariamente. Aplíquense a quienes hacen caso omiso de las recomendaciones. 

Vivimos ya en una sociedad notablemente infantilizada en la que se ha perdido buena parte de algo tan elemental como la percepción del riesgo y en la que no dudamos en apelar al estado para que venga en nuestro rescate cuando somos víctimas de nuestras propias niñerías. No creo que la máxima a seguir por parte de administraciones y medios de comunicación ante este tipo de fenómenos – da igual que sea una borrasca que una ola de calor, - sea pasarse con la cantidad de información que se difunde antes que quedarse corto: el exceso  genera ruido y distorsiona el mensaje, que en buena medida termina así transformado en memes y chascarrillos en las redes sociales en las que naufraga por completo. No lo digo yo, ya lo decían hace mucho tiempo los griegos: eso que llamamos virtud, aplicable también a este caso, es el punto intermedio determinado por la razón y por aquello que decidiría una persona prudente ante una borrasca como la del fin de semana. El mérito está en encontrar ese punto y acercarse lo más posible a él, no en pasarse por temor a quedarse corto.  

Enredando

La política en España es desde hace meses una insufrible trama de enredos sin término ni objetivo, debates de campanario sobre himnos, banderas, palabras, naciones o lenguas en los que tan a gusto se siente la derecha y la izquierda, tanto da que da lo mismo. En la derecha, los machos alfa Rajoy y Ribera se embisten con saña en su pugna por controlar el mismo espacio político y en la izquierda, que haberla se supone que la hay, Podemos y el PSOE dan muestras de la más completa sequía política. Más allá de eslóganes y proclamas, no se escucha ni una propuesta coherente ni un programa de gobierno que desmienta la indigencia intelectual y política de Sánchez e Iglesias. Completan el desolador panorama unos nacionalistas catalanes que van camino de batir todas las marcas del ridículo y que, como empiezan a poner de manifiesto algunas encuestas, aburren y hastían ya hasta a los suyos. 

Es patético que una discusión sobre lo símbolos traída por los pelos de una cantante en busca del protagonismo mediático perdido, ocupe el centro del debate político de un país cuyos ciudadanos lo que demandan es trabajo digno y decencia política. Por lo demás, no niego que haya que echarle una seria pensada al singular modelo de inmersión lingüista en Cataluña y al papel residual del castellano en esa comunidad autónoma. Eso es una cosa y otra bien distinta actuar con ventajismo político y ampararse en el poder que da el 155 para intentar perpetrar un golpe de mano en el sistema educativo. Por su parte, si a las fuerzas nacionalistas catalanas les queda un gramo de vergüenza torera, deberían abandonar de una vez el estúpido juego de tronos al que llevan entregados hace más de un mes y emplearlo en formar un gobierno que se ocupe por fin de la sanidad, la educación y la economía de los catalanes. Todo ello dejado de la mano de Dios desde que el calenturiento independentismo se enseñoreó de las instituciones catalanas y se embarcó en una ensoñación soberanista tan descabellada como perniciosa para los ciudadanos de Cataluña. 

Los españoles tienen problemas muy serios como para que los políticos se permitan perder el tiempo discutiendo cuestiones banales como la letra del himno o el sexismo de las palabras. Deben bajar de una vez del campanario en el que llevan tanto tiempo encaramados y darles una respuesta a los pensionistas en lugar de insultarlos, como ha hecho el inefable portavoz del PP al asegurar que no les ha ido tan mal con la crisis. Olvida éste, que más que portavoz es un bocazas incorregible, que han sido los pensionistas los que han sostenido a las familias en paro de este país a pesar de sus míseras pensiones. En el mismo sentido, es intolerable que las protestas ante la escandalosa discrininación salarial por razón de sexo sean calificadas de “elitistas” por el partido del Gobierno o que el mismísimo presidente despache el problema con un bochornoso “no entremos ahora en eso”. 

La corrupción, de la que todos se acusan mutuamente, requiere soluciones: no pueden continuar con el palabrerío y el postureo que no engaña a nadie y demuestra que la voluntad real de luchar contra esa lacra es exactamente ninguna. A los trabajadores que no salen de pobres o a los investigadores que tienen que hacer las maletas o los parados de más de 45 años que han perdido las esperanzas de volver a trabajar o a los jóvenes tratados como mano de obra barata no se les resuelve el problema poniéndole letra al himno nacional. Ya vale de tomarnos el pelo y ya es hora de que todos estos asuntos reciban atención por parte de quienes tienen la obligación de afrontarlos porque para eso han sido elegidos y para eso cobran de nuestros impuestos. Es indignante este enredo permanente y absurdo de unos políticos a los que parece preocuparles mucho más poner su culo a salvo en las próximas elecciones que cumplir con sus obligaciones democráticas. ¡País!, que diría el llorado Forges.  

Forges, que estás en los cielos

Por mucho que lo intente,  nada que yo o cualquier otro pueda escribir hoy será capaz de mejorar y ni siquiera igualar una sola de las miles de viñetas que dibujó Forges a lo largo de sus más de 50 años dedicados al humorismo gráfico. Antonio Fraguas “el Forges” ha sido el cronista perspicaz, penetrante y certero del último medio siglo de la vida española, de sus grandes alegrías, de sus tristezas y de sus no pocas miserias. Sus funcionarios gandules, sus obsesos del fútbol y la televisión, sus burócratas insensibles de mente cuadriculada, sus náufragos, sus empresarios orondos o sus trabajadores esmirriados, son parte por derecho propio del imaginario de este país. También sus palabros que – esos sí y no otros impostados que algunas intentan meter con calzador –  se han integrado de tal manera en el lenguaje común desde hace décadas que los usamos con absoluta naturalidad: sociata, bocata, muslamen y tantas otras palabras de nuestra jerga diaria. Sus a veces desolados personajes del mundo rural y de la ciudad, sus mendigos o sus banqueros hinchados nos hablan también de una sociedad que cambia a pasos agigantados y de forma muchas veces descontrolada. 

Las viñetas de Forges han sido el altavoz de la denuncia diaria de la injusticia social, de la miseria, de la explotación laboral, de la burocracia ridícula o del desprecio por la cultura y, en muchas ocasiones también, gritos explícitos contra el terrorismo o el machismo o contra cualquier otra lacra social. Nada de lo que de relevante ha ocurrido en todos los ámbitos en este país e incluso del mundo durante el último medio siglo ha sido ajeno a la ironía – a veces tierna, a veces ácida y a veces dura – del gran Forges. En muchas ocasiones, sus caricaturas han dicho más y con más claridad que cien sesudos editoriales y páginas de opinión. Porque escribir un buen artículo sobre un asunto determinado no es tarea fácil, pero mucho menos lo es condensar con profundidad en unos cuantos trazos y en un par de frases humorísticas todo un modo de ser y de estar ante la realidad. Forges ha sido ante todo un demócrata cabal, fiel durante toda su trayectoria a los principios y valores que nos hacen ciudadanos libres pero tolerantes, sujetos de derechos pero también de deberes. Su espíritu crítico y de profundas convicciones democráticas se puede rastrear sin dificultad alguna en todas y cada una de sus viñetas y en cada una de las frases que las acompañan. Por su enriquecedora trayectoria es merecedor de formar parte de la historia reciente de este país y este país le debe mucho a su aguda y sensible visión del mundo. El humorismo gráfico español ha perdido hoy a un maestro pero deja un legado tan ingente como imprescindible para entender los 50 últimos años de la vida española.

EEUU: una matanza más

El Gobierno de un país en el que 17 inocentes mueren tiroteados en una escuela y el presidente se limita a lamentarlo en las redes sociales, es un gobierno indigno con su máximo responsable en la cúspide de la indignidad. La sociedad de un país que no se pone en pie cuando un chaval de 19 años puede disponer con relativa facilidad de un arma de fuego semiautomática y causar una masacre a la salida de una escuela, es una sociedad enferma. Si los Estados Unidos no estuvieran gobernados por un gobierno indigno presidido por un presidente más indigno aún, lo ocurrido ayer en una escuela de Florida tendría que haber provocado un compromiso inmediato de poner los medios para evitar hasta donde sea posible que algo así ocurra otra vez. Si la inmensa mayoría de la sociedad estadounidense no estuviera enferma del virus de las armas y en verdad valorara la vida humana, una ola de protesta se habría levantado ya en muchos estados de la Unión para exigir el fin de  estas masacres convertidas en rutinario espectáculo televisivo. Pero ni el actual ni los anteriores gobiernos de Estados Unidos han tenido lo que se necesita para frenar estas carnicerías: dignidad y valentía para hacer frente al poderoso lobby de las armas y establecer un control mucho más férreo sobre su uso y tenencia. Ni Trump ni Obama ni Bush ni Clinton ni Reagan: ninguno de ellos ni de sus antecesores han hecho otra cosa que lamentarse y condolerse a cada nueva matanza. 

Desde este punto de vista, todos ellos han sido presidentes indignos por incumplir una de las obligaciones inherentes al gobierno de cualquier estado democrático que se precie: garantizar hasta donde sea humana y técnicamente posible la vida de sus ciudadanos. Clinton se atrevió en su día a restringir el acceso a las armas de asalto con una especie de moratoria que concluyó en 2004 y que recibió más críticas que apoyos. También Obama lo intentó en 2015 a raíz de la matanza en otra escuela,  en aquella ocasión en Conneticut, en la que murieron 20 niños y 6 adultos. También él tardó poco en desistir ante el poder de los defensores de las armas y el convencimiento de una gran parte de la sociedad americana de que tener una pistola o un rifle en el cajón de la cómoda o detrás de la puerta de la cocina te hace más libre frente a las injerencias del Gobierno o frente a quien invada tu propiedad sin permiso. 

Cuando el acceso a las armas es relativamente tan sencillo como en Estados Unidos, a nadie puede extrañarle que dispongan de ellas no sólo las honradas familias sino también personas desquiciadas con cuentas atrasadas en su empresa o en su colegio por un maltrato real o imaginario y las empleen para cobrárselas. Ese primitivo atavismo del pueblo norteamericano en relación con la posesión privada de armas de fuego, reflejado incluso en su Constitución como un derecho, ha costado ya demasiadas vidas inocentes como para conformarse con derramar unas cuantas lágrimas y cruzar los dedos para que algo igual no vuelva a pasar en mucho tiempo. ¿Cuántas víctimas inocentes más deben caer para que el Gobierno del país más poderoso de la tierra le ponga coto por fin a la barbarie de la adoración a las armas de fuego? Por desgracia, me temo que muchas más.

Vuelve un clásico: "Y tú, más"

En la pantalla grande del Congreso se repone estos días un clásico de la política española: “Y tú, más”. En esta ocasión protagonizan la serie Albert Rivera “el Impaciente” y Mariano Rajoy “el Impasible”. El argumento tiene que ver con la corrupción en la política y narra cómo los partidos, en lugar de luchar contra el trinque de lo público, se lo echan recíprocamente a la cara mientras los espectadores se tapan la nariz. Es esta en realidad una vieja cinta, muy conocida ya del público nacional, sólo que ahora se renueva en parte el elenco protagonista. Así, el papel que hasta hace poco ocupaba el líder de turno en el PSOE lo desempeña ahora el de Ciudadanos,  mientras que en el papel de agraviado por “casos puntuales” de malas mañas en el PP, lo sigue desempeñando Mariano Rajoy, su líder vitalicio y plenipotenciario. La nueva saga trae causa en que al PP le salen casos de corrupción hasta donde menos se lo espera. Véase si no lo que ha dicho todo un Francisco Granados, presunto cerebro gris de la trama Púnica, sobre la supuesta implicación de la presidenta popular de Madrid, Cristina Cifuentes, en la financiación de la caja b del PP. De ese hilo y de una senadora murciana del PP de apellido Barreiro, a la que los jueces tienen enfilada por cinco presuntos delitos relacionados con esa misma trama, viene tirando Ciudadanos para apretarle las tuercas a un PP que, en cuanto se desinfla el suflé catalán, ya no sabe qué hacer con los casos de corrupción que le atosigan por todas las esquinas. 

Por si lo de Granados sobre Cifuentes no fuera un escándalo, también le sale por Valencia el ex secretario de los populares de allí, Ricardo Costa, afirmando con aplomo que “sí, en efecto, en el PP había financiación irregular”; por no mencionar a un personaje como Francisco Correa explicándo que siempre tuvo la sensación de que nada se hacía en materia de financiación de campañas electorales sin el “ok de Rajoy”.  A modo de defensa y agarrándose a un clavo ardiendo, los populares han echado mano de un informe del Tribunal de Cuentas en el que se aprecian ciertos asuntillos poco claros en la financiación de las huestes de Rivera. El Tribunal ni siquiera ha ido más allá ni ha abierto expediente a Ciudadanos, pero el detalle apuntado en su informe es más que suficiente para el PP. De ese hilo tiran ahora los de Rajoy para hacerle pupa a los naranja y procurar de este modo aliviar la presión a la que se encuentran sometidos. A este tira y afloja que pretende sin conseguirlo darle emoción y suspense a esta tragicomedia política, se han sumado unos sondeos sobre intención de voto que tienen a Ciudadanos flotando en una nube y a punto de mandar a hacer puñetas los compromisos con la investidura de Rajoy y pedir elecciones anticipadas, antes de que se desinfle la burbuja. Todo esto viene a demostrar aquello de que no hay peor cuña que la de la misma madera y que “el Impasible” y “el Impaciente” se disputan a cara de perro el mismo espacio político, usando la corrupción como arma arrojadiza. Y mientras, a los españoles se nos obliga a hacer de espectadores forzosos de una película de argumento tan cansino y predecible que no consiguen animar ni las apariciones esporádicas de ese gran showman llamado Rafael Hernando.   

Pensión Rajoy

En su loca carrera para recortar distancia electoral con Ciudadanos, Mariano Rajoy se ha sacado de la chistera dos medidas de signo claramente populista. La primera ha sido la ya comentada aquí prisión permanente revisable, que ahora el Gobierno quiere aplicar a varios nuevos supuestos. La que se suponía iba a ser una pena prevista solo para casos de especial gravedad, empieza ya a generalizarse a golpe de titulares y en aras de satisfacer más las entrañas que la razón y pescar votos en río revuelto. La segunda de esas medidas es la modificación que permitirá rescatar total o parcialmente los planes privados de pensiones a los 10 años de la primera aportación. La idea se le ha ocurrido a Rajoy justo cuando crece la incertidumbre social sobre el futuro de las pensiones públicas, cuya garantía debería ser el objetivo prioritario del Gobierno. 

Rescatar los planes de pensiones sin más requisito que el de que hayan pasado diez años, desnaturaliza por completo una herramienta pensada para complementar las raquíticas pensiones públicas que se pagan en España. La medida del Gobierno los convierte ahora en una suerte de depósitos a plazo fijo, aunque con una fiscalidad algo más favorable, de manera que en el momento de la jubilación puede que ya no haya nada que rescatar. Alega Rajoy que se fomenta el ahorro de las familias, argumento  que merece al menos un par de reflexiones. En primer lugar, a la vista de la precariedad laboral y de los míseros salarios que se pagan en España, no creo que Rajoy esté pensando en la inmensa mayoría de los españoles, sino en esa minoría que efectivamente puede aportar un porcentaje de sus ingresos a un plan privado de pensiones para la jubilación. En segundo lugar, la medida invita inevitablemente a pensar que, lejos de estar garantizadas, las pensiones públicas corren más peligro que nunca. 

Porque lo que el Gobierno ha hecho es advertir a navegantes de que en un futuro más o menos cercano, sólo habrá jubilaciones para quienes hayan tenido medios y capacidad de ahorro. El resto pasaría a engrosar la beneficencia pública y a depender de los servicios sociales. Sé que lo que digo puede parecer excesivo y exagerado, pero no da este Gobierno – ni los partidos políticos  en general – muestras de que realmente estén preocupados por el sostenimiento del sistema público de pensiones. Si hubiera verdadera voluntad de resolver el déficit de la Seguridad Social y garantizar así las pensiones en un contexto de envejecimiento poblacional, podría comenzar el Gobierno por modificar las relaciones laborales para favorecer el empleo de calidad y la subida de los salarios. Eso, además de volver a llevar recursos a la caja común de las pensiones, permitiría también que quienes lo deseen opten por un plan privado de jubilación si sus ingresos se lo permiten. 

Por otro lado, si la preocupación de Rajoy por el ahorro de los españoles fuera sincera, modificaría también la fiscalidad de estos planes y eliminaría, por ejemplo, que haya que pagar impuestos dos veces por las mismas rentas del trabajo: en el IRPF y al rescate del plan de pensiones. Por no hablar de la escasa transparencia en la gestión de los planes y de su rentabilidad poco más que testimonial, superada con creces por los bonos del Tesoro o la bolsa.  Sin embargo, sobre fiscalidad y sobre transparencia no se toca ni una coma en este cambio que el Gobierno quiere hacer pasar por la panacea del ahorro familiar. En resumen, flexibilizar el rescate de los planes privados de pensiones para convertirlos en depósitos a largo plazo no era ni es lo que demanbaba y demanda la sociedad española, ahora que el PP y el Gobierno son tan sensibles a las demandas sociales aunque sea solo para endurecer la prisión permanente revisable. Lo que se demanda con insistencia desde hace años es que se garantice el derecho constitucional a una pensión pública digna,  aunque para esa demanda el Gobierno, por lo que parece, no tiene ni oídos ni ideas.     

Sobre portavozas y otros tonteríos

Nada parece más prioritario en España desde ayer que discutir si son galgas o podencas. Si lo que la portavoz – sí, la portavoz – de Podemos quería conseguir era llamar la atención y abrir un debate inútil, pedestre y desenfocado hay que reconocerle que lo ha conseguido. Lástima que haya sido para reivindicar algo tan ajeno a los problemas reales de los ciudadanos como que a las portavoces se las llame portavozas para visibilizar – dice – la realidad femenina. Doy por supuesto que Irene Montero tiene estudios primarios, en cuyo caso debe saber que el término “portavoz” solo significa “persona autorizada para comunicar a la opinión pública lo que piensan acerca de un asunto determinado las instituciones políticas o sus representantes”. Exactamente lo que ella hace cuando habla en la tribuna del Congreso o en una rueda de prensa: transmitir, comunicar. 

Podríamos decir que “portavoz” es sencillamente quien porta o transmite la voz – femenino, por cierto -, no la voza.  Por lo demás, se trata de una palabra de género común – igual en masculino que en femenino – que  se define por el artículo que la precede. Así, decimos la portavoz o el portavoz y nada ni nadie se debería violentar por ello. En consecuencia, me parece digno del que asó la manteca afirmar que decir “portavoz” y no “portavoza”, cuando quien ejerce esa función es una mujer, es una muestra más de lenguaje sexista. Tengo para mi que  el problema está en la propia Irene Montero, puesto que no son las palabras sino quienes las oyen y las interpretan de una manera determinada a quienes se les puede motejar de sexistas. Nadie más que ella había visto hasta ahora sexismo en una palabra como "portavoz", libre de sospecha hasta que la portavoza ha ordenado enviarla al fuego eterno. 

Claro que hay numerosas palabras en el diccionario que responden a los inveterados usos y costumbres de una sociedad patriarcal y que es imprescindible ir desterrando del lenguaje común para hacerlo más integrador. De hecho, muchas de ellas han ido desapareciendo a medida que ha ido cambiando la mentalidad social, un proceso que no se hace de hoy para mañana ni a golpe de proclama política. Los propios académicos lo reconocen, aunque también recuerdan que no son los miembros de la Academia los que quitan o ponen palabras en el diccionario, sino la sociedad al usarlas u olvidarlas. Portavoza no es precisamente un término que se escuche en la calle o en las cafeterías a la hora de tomar café. Por eso, la pretensión numantina de Montero y la sonrojante adhesión del PSOE a su posición para convertir el palabro de marras en una suerte de bandera reivindicativa del feminismo, es cuando menos digna de mejor causa. Pues no habrá peleas en defensa de la igualdad de género en las que luchar que no pasan precisamente por retorcer las palabras para que digan lo que una determinada y muy concreta opción ideológica quiere hacerles decir. 

Porque ahí es donde reside la clave de todo esta absurda polémica, en la pretensión de Podemos de imponer su visión ideológica de la realidad y descalificar como machista  y sexista a quienes osen llevarle la contraria. Lo sorprendente es que el PSOE le haya comprado esa fruta averiada al partido de Pablo Iglesias, de donde se deduce que tampoco por Ferraz andan para muchos trotes ideológicos. De hecho, Montero ni siquiera es original en su defensa a machamartillo del lenguaje feministamente correcto. Hace años ya que Carmen Romero, la ex esposa de Felipe González, se lució para los restos con sus “jóvenes” y “jóvenas”;  algo más recientemente también subió al podio de las batatadas patrias la ex ministra Bibiana Aído con los “miembros y las miembras”, provocando ambas más hilaridad que reflexión sobre el sexismo en el lenguaje. Se olvidan ellas y quienes defienden ese tipo de argumentos en los que se confunde el género con el sexo, que el sexismo no radica en las palabras sino en las personas. Es ahí en donde de verdad deberíamos todos poner el esfuerzo y no en polémicas de campanario para conseguir titulares y titularas.  

Con los votos no se juega

Les comentaba ayer lo bueno y saludable que sería para la democracia que de vez en cuando los partidos políticos pospusieran sus tácticas y estrategias en bien del interés general. Sin embargo, lo que me acabo de encontrar hoy es que, dos partidos que hasta ahora ni a tomar café juntos iban, acaban de conchabarse para cambiar el sistema electoral español. Me refiero a Ciudadanos y a Podemos, el agua y el aceite o, si lo prefieren, la noche y el día. El milagro hay que achacárselo a la posibilidad de que cambiando las reglas del juego, naranjas y morados les hagan un descosido electoral al PP y al PSOE, particularmente en las zonas rurales o en las provincias menos pobladas. En la tarea parece que llevan desde hace meses pero ha sido hoy cuando la portavoz – perdón, la portavoza  - de Podemos, Irene Montero, y el de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, se han reunido y han convocado a los medios para comunicarles la buena nueva. Al término ambos han posado para las cámaras y han declarado eso tan original de que “hay muy buena sintonía”.  De lo que se trata – dicen los dos  – es de  atraer al PSOE al acuerdo sin necesidad de tocar la Constitución. Para ello proponen jubilar el sistema del señor D’Hont, que favorece al partido más votado, y sustituirlo por el de Sainte – Lagüe, más beneficioso para los partidos pequeños. Podemos quiere que se pueda votar a los 16 años, acabar con el voto rogado e imponer las listas cremallera que obliga a alternar candidato y candidata o viceversa. 

Ciudadanos, por su parte, quiere reducir de 2 a 1 el número mínimo de escaños por circunscripción provincial – aquí las provincias menos pobladas perderían peso – y elegir la mitad del Congreso – 175 escaños - por circunscripciones unipersonales de unos 230.000 electores. La otra mitad se elegiría de las listas de ámbito nacional, para cuyo reparto hay que obtener al menos el 3% de los votos en todo el país.  Algunos medios han hecho ya algunas simulaciones por las que, de aplicarse el sistema Sainte – Lagüe en la asignación de escaños, los primeros perjudicados serían el PP y el PSOE y los beneficiados – qué casualidad -  Ciudadanos y Podemos. Argumentan que este sistema es mucho más proporcional en cuanto se acerca al principio de un “un ciudadano, un voto”, algo que conocemos muy bien por Canarias justamene por todo lo contrario, porque pocos sistemas electorales debe haber que se alejen más de ese principio. Así pues, nada hay que objetar a la democrática intención de mejorar la proporcionalidad de la representación política. 

Lo que hace dudar de la sinceridad democrática de estas propuestas, que necesitan al menos del PSOE para prosperar, es la prisa con la que Ciudadanos y Podemos han empezado a venderla para que esté lista en las generales de 2020. Por cierto, es llamativo que ni Podemos ni Ciudadanos hayan puesto el foco en las listas electorales abiertas, una vieja reclamación democrática por la que ambos pasan de puntillas de momento. Cambiar el sistema electoral, en el que se basa algo tan esencial como la representación política, debería ser algo menos precipitado y mucho más meditado por los efectos negativos que pueda tener para la gobernabilidad del país. No es que no sea necesario mejorar la proporcionalidad del sistema, aunque eso también se puede obtener cambiando la circunscripción provincial por la autonómica y evitándonos el lío de las tropecientas circunscripciones que propone Ciudadanos. Un cambio de este calado debe valorar con cuidado sus posibles consecuencias negativas para el funcionamiento general de sistema y no solo los irrefrenables deseos de tocar poder por parte de quienes lo proponen. Ya ven que para eso el agua y el aceite sí son capaces de juntarse.

¡Que viene Ciudadanos, Mariano!

Como en las ferias, ante las encuestas electorales los partidos hacen la lectura que más interesa a sus fines y tácticas. Pasa igual que en las noches electorales, en las que nadie pierde y en las que hasta los peor parados ven la botella medio llena. Lo acabamos de volver a ver con el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado esta semana, el primero tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre y la aplicación del 155. Aunque el PP se haya dejado siete puntos en intención de voto desde las elecciones de 2016 y dos con respecto al sondeo anterior, los populares aseguran que no gobiernan a golpe de encuestas. No será por eso entonces por lo que, despertando de la siesta, Rajoy ha tocado a rebato a los barones para que acudan a Génova el lunes y preguntarles allí por qué sigue disparada la cotización de las naranjas en el mercado de votos. O tampoco tendrá nada que ver el populismo penal en el que se ha embarcado, prometiendo ampliar a tres nuevos supuestos la infumable prisión permanente revisable. 

Porque, en efecto, los otrora desdeñados naranjitos de Rivera escalan posiciones sin parar a costa hasta de Podemos, que sigue más plano que un día de mar con calma chicha aunque mejore levemente. Por no hablar de los socialistas, a los que los aspavientos y la indefinición de Pedro Sánchez no les están beneficiando por más que sigan siendo segunda fuerza. Claro que ninguno de ellos lo ven de esa manera: el PP, que se despeñó en Cataluña con todo el equipo, prefiere agarrarse a que supera en siete puntos a Ciudadanos y el PSOE se consuela con que ha recortado distancias con respecto al PP. Que se deba a la caída en picado de Rajoy y no al avance de Sánchez es algo que el PSOE prefiere obviar. Podemos se limita a decir que aún no se ha celebrado su funeral y a Ciudadanos le cuesta horrores dárselas de modesto por más que no sean ni siquiera segundos, sino terceros. 

Ya sé que un sondeo no es el resultado de unas elecciones y que en España – y en otros países – las encuestas hay que analizarlas con pinzas y guantes. Lo que es innegable es que han quedado definitivamente atrás los tiempos en los que la política en España era cosa de dos que, educadamente, se cedían el poder cada cierto número de años. Si la tendencia se mantiene – que es lo más probable a la vista del resultado de las últimas convocatorias electorales - será cosa de tres y puede incluso que de más y eso es algo a lo que en este país no estamos acostumbrados ni los ciudadanos ni los partidos. Si hasta en Alemania, en donde han sido frecuentes las “grandes coaliciones”, llevan semanas intentando ponerse de acuerdo la derecha y la socialdemocracia, en España la tarea se me antoja épica. Por eso, más allá de sus interesados análisis para la galería sobre la cotización del voto, los partidos con aspiraciones a gobernar deberían empezar a cambiar la vieja mentalidad de la mayoría absoluta y sustutuirla por la del diálogo y el acuerdo. 

No imagino mayor signo de normalidad democrática que ver a los partidos políticos evitando sobreactuar y aparcando sus legítimas diferencias en bien del interés general. De hecho, estaría bien que se pusieran ahora mismo manos a la obra sin necesidad de esperar a unas nuevas elecciones. Un país empantanado como es España en estos momentos por un Gobierno en huelga de brazos caídos y escudado en la crisis catalana, necesita un impulso político que lo ponga en marcha de nuevo. Eso, solo hay dos maneras de conseguirlo: con la negociación de los asuntos atascados como los nuevos presupuestos o, si son incapaces,  con la convocatoria de elecciones anticipadas. Por ellas parece morirse Ciudadanos y seguramente las temen los demás y eso es lo malo: en este país la legislatura apenas es poco más que un paréntesis entre dos campañas electorales. 

El rapto místico de Carlos Alonso

En un rapto místico digno de Santa Teresa, el presidente del cabildo de Tenerife acaba de proponer  que la virgen de Candelaria sea declarada presidenta honorífica de la corporación insular. Tal vez transportado por la visión divina, Carlos Alonso olvidó por completo lo que dice el artículo 16.3 de la Constitución Española: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Dudo que las “consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” a las que alude la Constitución incluyan convertir a las patronas, por muy patronas archipielágicas que sean, según Alonso, en presidentas de una institución política como un cabildo. Claro que no soy doctor en teología e igual estoy equivocado de medio a medio. De hecho, Alonso se provee de poderosas razones teológicas para sustentar su propuesta: “Elevarla a Presidenta de Honor del cabildo de Tenerife – ha dicho – es hacernos un gran honor a nosotros mismos y es algo que merece la virgen morena de Candelaria, que reina en el corazón de todas las Islas Canarias”. No creo  que el obispo nivariense lo hubiera expresado de manera tan honda y sentida como Alonso. 

 

La propuesta de Alonso me recuerda que cuarenta años después de aprobada la Constitución aún no se ha puesto fin en este país a la promiscuidad entre los ámbitos religioso y civil y que lo del Estado aconfesional no es más que un concepto vacío de escasos efectos prácticos. Sin detenernos ahora en la enseñanza de la religión o en los impuestos que no paga la Iglesia Católica, ya lo ponen de manifiesto con excesiva frecuencia las procesiones escoltadas por compañías militares; por no mencionar las presididas por alcaldes y concejales, las peinetas de Cospedal en el Corpus de Toledo, los funerales de estado presididos por obispos y la jura de la mismísima Carta Magna ante un crucifijo. Resabios de un nacionalcatolicismo cutre del que no terminamos los españoles de liberarnos del todo y con los que la práctica totalidad de los representantes públicos no parecen sentirse muy incómodos. 

De manera que si el ex ministro del Interior Fernández Díaz no tuvo nunca empacho alguno en condecorar de forma reiterada a alguna virgen de su devoción como la de los Dolores, lo que hace Carlos Alonso no es más que ser fiel a la vieja y acreditada tradición patria de entronizar vírgenes y santos al frente de instituciones civiles. Que los ciudadanos a los que se debe y representa el cabildo comulguen o no con las creencias religiosas del presidente, que sean católicos, protestantes, musulmanes, budistas, ateos o agnósticos, no parece que sea asunto sobre el que Carlos Alonso se haya parado mucho a pensar. Lo más peligroso que tienen estos arrebatos de éxtasis es que se empieza nombrando presidenta de Honor del cabildo a la virgen de Candelaria y se acaban organizando novenarios y romerías para que llueva o se solucionen los atascos de tráfico. Aunque ya puestos a nombrar presidente de Honor Plenipotenciario a alguien con muchos poderes para resolver lo de las carreteras, sería mucho más práctico inclinarse por San Mariano. 

Antona: soplar o sorber

No es fácil soplar y sorber al mismo tiempo: o sorbes o soplas, pero hacer las dos cosas simultáneamente sólo está reservado a los magos y a los contorsionistas. Por lo mismo tampoco es tarea sencilla para un político presentarse ante su electorado como el adalid de la oposición pero no tener más remedio que darle estabilidad al Gobierno al que le gustaría sustituir. En ese dilema casi hamletiano se encuentra desde hace tiempo el líder de los populares canarios. Asier Antona lanzó hace un año un órdago a CC para entrar en el Gobierno en minoría de Fernando Clavijo pero los nacionalistas le dieron una larga cambiada: no entró en el Gobierno y encima no tuvo más remedio que apoyar los presupuestos autonómicos de este año. Es verdad que sacó mucho pecho con las enmiendas que había conseguido colocar en el trámite parlamentario de esas cuentas pero, a la postre, éstas fueron cosecha casi íntegra de CC si acaso con un leve aroma popular. Véase, por ejemplo, en qué quedó la rebaja generalizada del IGIC que exigía Antona y la que terminó aceptando CC.  Pero la estabilidad política nacional mandaba y era mucho más importante y trascendental el voto favorable de Ana Oramas a las cuentas de Rajoy en Madrid que las ansias de Antona por poner a Clavijo contra las cuerdas. 

Ahora, quien se encuentra desde hace tiempo entre la espada y la pared  es el propio Antona, al que los suyos en Madrid relegan en aras del apoyo de CC en el Congreso, necesitado como está el PP de que alguien le apoye. La “discreta” reunión que Rajoy y Clavijo mantuvieron hace unos días en La Moncloa para analizar la “agenda canaria” fue convenientemente filtrada a los medios de comunicación para que el líder de los populares canarias saboreara la hiel del ninguneo, de la que también le pueden dar cumplida información los socialistas. Acuérdense, si no, de los “medianeros” con los que Clavijo no tenía nada de lo que hablar. No lo sé a ciencia cierta pero intuyo que la reunión de Madrid, en la que no se contó con el PP canario y al que ni siquiera parece que se le informó de que se iba a producir, es el pago de CC a los populares por sus críticas a las listas de espera en la sanidad o por sumarse a la propuesta del PSOE, NC y Podemos para acabar con la triple paridad del sistema electoral canario. Tras la reunión, los nacionalistas han dejado claro que sus acuerdos van bien y son ante todo con Rajoy y con Sáenz de Santamaría, no con Antona. Pero lo que de verdad parece haber puesto a cien al político palmero es la insinuación de que Madrid no ve con buenos ojos su oposición a Clavijo y de que incluso le habría dado un toque de atención para que baje el diapasón de sus críticas. De ahí que este fin de semana haya optado por sobreactuar y haya anunciado que va incluso a endurecer el marcaje al gobierno nacionalista en minoría para mandarlo a la oposición después de tres décadas en el machito. Se le podría recordar que en el pecado de no haber promovido un moción de censura lleva la penitencia con la que carga. En cualquier caso va a tener muy complicado cumplir lo que dice salvo que aprenda a sorber y a soplar al mismo tiempo.

¿Prisión permanente revisable o cadena perpetua?

Aunque lo pueda parecer, no es cierto que el Gobierno y el PP se encuentren en estado de postración catatónica ante la crisis catalana, como paralizados políticamente ante las piruetas de un saltimbanqui llamado Carles Puigdemont. También hacen cosas como convocar una convención nacional, presentar mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos y poner en marcha una campaña de recogida de firmas para evitar que la mayoría del Congreso siga adelante con la derogación de la prisión permanente revisable. Se trata de una contradicción en los términos que, cuando era el mandamás parlamentario, introdujo el PP en al Código Penal a pesar del amplio rechazo social y jurídico que cosechó. En ese objetivo viene a coincidir con Ciudadanos, cada día más indistinguible del PP en una serie de propuestas que adelantan a Rajoy por la derecha a toda velocidad. Se suman los populares a la campaña de recogida de firmas de los padres de Diana Quer apoyada por los familiares de otros casos especialmente relevantes por el eco social y mediático que los ha rodeado. Vaya por delante el respeto hacia los sentimientos de los familiares de todas las víctimas de muerte violenta, en la mayoría de los casos silenciosos y alejados de los inmisericordes focos mediáticos y las redes sociales. Con todo, es imprescindible poner de relieve que la legislación penal de un estado de derecho no se puede sustentar en los sentimientos o en un latente deseo de venganza por parte de los ofendidos y de quienes apelando más al corazón que a la razón se solidarizan con ellos. Son otras las consideraciones las que deben primar, como por ejemplo la reeducación y la reinserción social del preso. Eso es exactamente lo que recoge la Constitución Española en su artículo 25: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. 

Es precisamente uno de los artículos en los que se basó la oposición para recurrir la prisión permanente ante el Tribunal Constitucional. En lugar de esperar el fallo, el PP ha optado por subirse a la ola del populismo punitivo en busca de réditos electorales que le permitan recuperar puestos en las encuestas frente a Ciudadanos. Con la prisión permanente revisable estamos ante un eufemismo jurídico que salta a la legua porque de lo que se trata es, simple y llanamente, de cadena perpetua. Entre otras cosas, porque el tiempo mínimo para la revisión de la pena es de 25 a 35 años, muy superior al que se establece en otros países con una pena similar. España ha ido cambiando su código penal  más a impulsos de titulares escandalosos que de una reflexión serena sobre el contenido, el alcance y el fin que deben tener las penas de privación de libertad. Así, una de las características de estos tiempos de posverdad es hacer como si la realidad no existiera y guiarse sobre todo por los sentimientos y las emociones más primarios: si las estadísticas dicen que España es un país bastante seguro en comparación con otros, que sus presos pasan más años que los de otros países entre rejas  y que su código penal es de los más draconianos, mucho peor para las estadísticas. 

¿Qué hará el Gobierno si a pesar del endurecimiento de las penas siguen produciéndose casos como el de Diana Quer o Marta del Castillo? ¿Ha disminuido el número de homicidios y asesinatos en Estados Unidos por aplicarse en muchos estados la pena de muerte? ¿Cuál sería el siguiente paso para satisfacer el humano pero poco racional deseo de venganza? ¿Prisión perpetua sin florituras revisables? ¿La pena de muerte? ¿La ley del Talión? ¿Hasta dónde habría que llegar para acabar con ese tipo de hechos? El PP y el Gobierno harían un gran beneficio a la sociedad española si se implicaran con medios humanos y económicos en la lucha contra la violencia machista y en la educación en el respeto y la igualdad desde la escuela. En definitiva, si contribuyera a hacer realidad aquella frase de Concepción Arenal que sigue teniendo hoy toda su vigencia: “Abran escuelas y se cerrarán cárceles”.