Tiritas contra la corrupción

Una auditoría externa y un pacto anticorrupción es todo lo que está dispuesto a hacer el PP para esclarecer de dónde proceden los 22 millones de euros que su ex tesorero Luis Bárcenas había ocultado en Suiza y si pagó sobresueldos opacos a dirigentes y cargo públicos. Y como guinda anuncia una comparecencia a petición propia de Montoro en el Congreso para que diga que no, que Bárcenas no se benefició de su generosa amnistía fiscal para regularizar la mitad del dinero oculto en Suiza. Decepcionante, por no decir indignante.

Por definición, la auditoría sólo podrá hacerse sobre las cuentas legales del PP pero no sobre la caja B, salvo que en un ataque de transparencia los dirigentes populares se la entreguen a los auditores. Ahora bien: ¿tiene la dirección del PP el libro negro de Bárcenas o lo guarda éste bajo siete llaves para emplearlo como arma de destrucción masiva si no se le busca una salida a su complicada situación ante la Justicia? ¿Y tiene el PP la agenda en la que previsiblemente Bárcenas ha venido anotando cuidadosamente los pagos en negro a dirigentes y cargos públicos del partido, algunos de los cuales ya han empezado a cantar?

No es descabellado suponer que tanto el libro negro como la contabilidad de los pagos en negro estén siendo los instrumentos de un chantaje en toda regla de Bárcenas al propio partido y al Gobierno, lo cual es aún mucho más grave. Por tanto, querer hacer creer que una auditoría pro domo sua es equivalente a arrojar luz y taquígrafos sobre las oscuras cuentas del PP es cuanto menos tomar por tontos a todos los ciudadanos de este país.

La iniciativa busca además proteger a Rajoy y a los marianistas de los embates que le lanzan los que nunca le han perdonado haber perdido el congreso de Valencia. El grupo lo lidera Esperanza Aguirre, que en los últimos días ha simultaneado su nueva profesión de cazatalentos con la de cazacorruptos si de ese modo puede socavar la credibilidad del presidente de su partido y del Gobierno. Aprovechando las revelaciones judiciales sobre las cuentas de Bárcenas en Suiza, Aguirre se ha preguntado en voz alta para que el mensaje le llegara nítido a Rajoy, cómo es posible que nadie en la dirección del PP supiera lo que estaba ocurriendo con las finanzas populares. Guerra de banderías podríamos llamar a eso y ocurre cuando, como en este caso, el habilidoso responsable de las cuentas amenaza con exponer sus libros de contabilidad a la luz del sol.

Luego está lo del pacto anticorrupción ofrecido por Rajoy a través de su ventrílocua Cospedal. Llega el ofrecimiento cuando más aprieta en el zapato popular la china de su propia corrupción que ahora pretende diluir por la vía de traspasar al resto de las fuerzas políticas – que tampoco están para tirar cohetes en materia de corrupción – sus propias trapisondas. Sordo y ciego hasta ahora ante el clamor ciudadano contra la corrupción, el PP acaba de descubrir la pólvora y ve necesario un pacto político para combatir esta carcoma del sistema democrático. Desde luego hace falta, mejor dicho, era necesario hace mucho tiempo, pero todos los partidos han convertido ese compromiso no en un deseo sincero de luchar contra los corruptos, sino en el medio para debilitar al adversario.

De modo que una auditoría por encargo y un pacto sin contenidos concretos es todo lo que tiene el PP que ofrecer a los escandalizados ciudadanos de este país para intentar lavar su imagen de corrupción y proteger al líder de los ataques de sus rivales en el propio partido. Todo un gobierno legítimo y uno de los dos grandes partidos de este país pueden estar siendo objeto en estos momentos de una operación de chantaje por parte de un corrupto que quiere eludir la cárcel. Sin embargo, quienes tienen la obligación de aclararlo en el Parlamento ante todos los ciudadanos y en sede judicial ante los jueces se comportan más como cómplices que como perseguidores con todas las consecuencias de la corrupción y el chantaje.

La corrupción es cosa de todos

Nos rasgamos las vestiduras y con razón ante casos tan escandalosos como el que estos días rodea las cuentas en Suiza del extesorero del PP Luis Bárcenas y sus pagos en negro a dirigentes y cargos públicos de ese partido. Nos las hemos rasgado también y con la misma razón ante otros casos malolientes como el de Iñaki Urdangarín, Gürtel, ERES fraudulentos, Pallerols, Palma Arena, Salmón, Faicán, Campeón o Palau. Solo enumerarlos todos nos ocuparía un par de entradas en este blog.

No obstante y aunque el que en estos momentos concentra la atención mediática es el caso Bárcenas, el mismo no deja de ser un episodio más – si bien gravísimo – en la interminable lista de casos de corrupción política de este país. Que el que ahora tiene al PP enfangado hasta las orejas sea el último o al menos uno de los últimos capítulos de esta gangrena democrática que sufre España, depende de la respuesta de los propios partidos políticos pero sobre todo de la respuesta social. 

Un caso de la gravedad del que protagoniza Luis Bárcenas es inadmisible que se despache con frases como “no me consta”, “no me temblará la mano” o “el que la hace que la pague”. El presidente del Gobierno y del partido que gobierna no puede seguir callado un minuto más sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo en su propio partido. Rajoy tiene que explicar si está entre los que cobraron sobresueldos en negro y si ha sido chantajeado por el hombre en el que depositó toda su confianza para llevar las finanzas del partido. Él o su ministro de Hacienda deben explicar también con claridad y convicción que la lamentable amnistía fiscal del año pasado no fue el traje a medida que necesitaba Bárcenas para aflorar parte del dinero que había ocultado en Suiza. 

Con todo ser imprescindibles y urgentes esas aclaraciones, no son suficientes. Como presidente del Gobierno tiene la obligación democrática de explicar a todos los españoles qué piensa hacer para combatir la corrupción, qué leyes piensa aprobar o reformar, qué mecanismos piensa poner en marcha para que los corruptos, sean del partido que sean, paguen por sus desmanes en términos políticos y en términos penales. Sin medias tintas, sin ambigüedades ni frases retóricas, sin “y tú más”. Es la hora de que el Gobierno y todos los partidos políticos comprendan que su tibieza cuando no su condescendencia para con la corrupción está minando gravemente los cimientos del sistema democrático asentados sobre la confianza entre representantes y representados, cada día que pasa más deteriorada como ponen de manifiesto las encuestas y sondeos. 

En todos los partidos políticos, la inmensa mayoría de sus cargos públicos y orgánicos son personas honradas que cumplen sus tareas a carta cabal. Si no quieren verse envueltos en la mancha de la sospecha que se extiende ya sobre todas ellas, deben ser las primeras en establecer un cordón sanitario infranqueable para los que acuden a la política con la vista puesta en su enriquecimiento económico. Sólo para empezar hay que eliminar de las listas electorales a los imputados en casos de corrupción aunque luego resulten inocentes: es preferible un inocente alejado de la política que un corrupto aprovechándose de ella y de todos los ciudadanos. 

Estos, por su parte, tienen mucho más poder en sus manos que el que creen tener. En esas manos – en las manos de todos nosotros – está exigir a los partidos políticos auténtica tolerancia cero con la corrupción. Pero una tolerancia cero que debe empezar por nosotros mismos: ni un voto más para los corruptos, ni una vez más aquello de “es un chorizo, pero es nuestro chorizo” porque me dio un puesto de trabajo, me arregló una prestación a la que no tenía derecho, colocó a toda mi familia, etc. Podemos y debemos exigirles a los partidos políticos que combatan la corrupción en todas sus manifestaciones y ellos están obligados a escuchar y a actuar. 

Una sociedad civil atenta a la acción de sus representantes y vigilante en todo momento de que son merecedores de nuestra confianza es el mejor antídoto contra la corrupción. Generalizar y quejarse en bares y tertulias puede servir para desahogarse pero nada cambiará mientras los ciudadanos no seamos plenamente conscientes de nuestro poder para hacer que las cosas cambien o para que sigan empeorando.       

Bárcenas: uno de los nuestros

Luis Bárcenas podría encarnar a pedir de boca el papel de habilidoso contable en un clan de escasos escrúpulos legales y éticos de una película de serie B. El atuendo y el porte le confieren el aire de saber mucho más de lo que dice y de tener mucho más dinero del que aparenta. Es discreto pero adora las vacaciones en lejanos paraísos y el costoso deporte de alta montaña en Suiza. Sobre este país sigue pesando el injusto tópico de que su única aportación a la cultura universal ha sido el reloj de cuco, cuando es mucho más importante su impagable contribución a todos los grandes evasores fiscales que en el mundo han sido, son y serán.

Bárcenas iba con frecuencia a Suiza y  entre ascenso y ascenso al Mont Blanc visitaba algún banco cercano para poner sus ahorrillos a buen recaudo de Hacienda. Con paciencia y tesón acumuló 22 millones de euros fruto de sus desvelos por la solvencia de las cuentas del PP, con las que entró en contacto hace ahora unos 30 años de la mano de Manuel Fraga. Después vinieron el olvidado Hernández Mancha, el irrepetible Aznar y el silencioso Rajoy, que lo elevó a rango de tesorero mayor en 2008. Ya antes había probado suerte como senador y fue entonces cuando el saldo de su cuenta en Suiza experimentó un empuje hacia arriba igual al peso desalojado por su alta responsabilidad en el partido para el que trabajaba.

Con el estallido del caso Gürtel la suerte empezó a cambiar a la velocidad de un alud de nieve y Bárcenas obró con rapidez para desviar una parte de sus bien ganados ahorros a Nueva York confiando en que el juez no fuera capaz de seguirles la pista. Su imputación le costó el puesto de senador y tesorero del PP, aunque él bien que se resistió a dejar la ocupación que tantas satisfacciones personales le había dado. Al descubierto sus huchas de buen ahorrador en Suiza y Estados Unidos, su abogado ha venido a soltar una bomba en el seno del mismísimo Gobierno al afirmar que Bárcenas regularizó el año pasado 10 millones de euros gracias a la amnistía fiscal que Montoro tuvo a bien regalarles a los evasores fiscales de este país.

La pregunta es cómo puede alguien que está imputado regularizar tranquilamente su situación fiscal sin atenerse a las graves consecuencias para el común de los contribuyentes que obrasen como él. De hecho, Hacienda lo niega pero parece posible que la regularización se hiciera a través de una sociedad de la que Bárcenas es el titular o incluso a través de su esposa.

Como las desgracias no vienen solas, también hay indicios de que el montaraz Bárcenas untó muchas voluntades en la cúpula del PP por la vía de sobresueldos en negro a algunos de sus dirigentes y cargos públicos. Nada importante en realidad, sólo pequeños sobres con unos pocos miles de euros que llegaban a la caja B del partido a cambio de adjudicaciones públicas a constructoras, empresas de seguridad o donaciones. Todo muy normal y transparente.

Ahora que Bárcenas se encuentra en el centro del foco judicial y mediático, nadie en el PP parece saber quién es este hombre ni qué es lo que ha estado haciendo todo este tiempo con las cuentas del partido que se nutren de los impuestos que pagamos todos y, al parecer también, de las jugosas contraprestaciones económicas de empresas bien agradecidas.

Sólo un par de voces – Núñez Feijóo y Alfonso Alonso – se han elevado indignadas y han exigido que se llegue hasta el final. El resto se ha puesto de perfil, empezando por la secretaria general, María Dolores de Cospedal, látigo de las cuentas en Suiza siempre que sus titulares pertenezcan a la familia Pujol o Mas. Asegura que Bárcenas ya no tiene nada que ver con el PP y que sus 22 millones de euros en Suiza son un asunto particular. De dimitir ella misma, después de haberlo prometido si se descubría que alguien de su partido tenía dinero oculto en el país del reloj de cuco, ni hablar.

Rajoy guarda silencio fiel a su papel de Don Tancredo mientras el chapapote de la corrupción anega el corazón mismo de su partido. “Bárcenas no es uno de los nuestros”, dicen casi todos a coro en el PP, olvidando los favores y los desvelos del hombre que tanto ha hecho por las cuentas del partido amén de por las suyas propias. Es la conocida moraleja de las malas películas sobre la mafia: cuando el contable es pillado in fraganti todos aquellos a los que benefició dicen no saber quién es ese señor ni a qué dedicaba sus esfuerzos, aunque al mismo tiempo salen corriendo no vaya a ser que el alud también se los lleve por delante.

AENA estafa a Canarias

A las más de mil familias que viven en las proximidades del aeropuerto de Gran Canaria se les acaban de quedar caras de circunstancias. AENA anuncia ahora que paraliza la construcción de la segunda pista comercial del aeródromo, como mínimo, hasta 2025. La justificación es que las previsiones de tráfico de pasajeros y movimiento de aviones no la hacen necesaria, justo lo contrario que aseguraban hace una década tanto AENA como otras administraciones públicas implicadas frente a las críticas que se le hicieron al proyecto.

Ignoro a qué bola de cristal le ha preguntado para llegar a esa conclusión sobre uno de los pocos aeropuertos españoles rentables, después del despilfarro en aeródromos sin apenas tráfico aéreo que ahora se pretenden vender al mejor postor o las inversiones faraónicas en ampliaciones para muchos innecesarias. Esa política es la que ha llevado al gestor aéreo público a acumular una deuda cercana a los 14.000 millones de euros que este año quiere recortar en un 4%. Es sin duda en ese objetivo en el que hay que encuadrar la decisión de no ejecutar la inversión prevista en Gran Canaria así como la subida de las tasas aéreas que está provocando la caída en el número de operaciones en los aeropuertos del país, entre ellos los canarios.

Con todo y a pesar de las críticas recibidas en su momento, AENA decidió seguir adelante con los faroles y puso en marcha un interminable expediente de expropiación de las viviendas aledañas al aeropuerto afectadas por la ampliación. Ese expediente ha hecho que las familias que allí residen lleven ya doce años luchando en defensa de sus intereses y topándose en incontables ocasiones con la parsimonia cuando no con las pegas y los oscuros recovecos de la Administración. Son innumerables las reuniones que han mantenido con las administraciones locales, insular, regional y estatal para hacer valer sus derechos y varias las manifestaciones y acampadas que han protagonizado para exigir que sus viviendas se valoraran a precios de mercado y no según el valor catastral o que las administraciones resolvieran su reubicación.


Poco a poco sortearon todos los escollos que se les fueron poniendo pero el tiempo seguía pasando y su futuro seguía sin estar completamente despejado. Muchos se arriesgaron a suscribir una hipoteca puente sobre la vivienda que se les iba a expropiar y nadie podía arriesgarse a abrir un negocio o simplemente a realizar obras de reforma en su casa a sabiendas de que más pronto que tarde terminaría derruida para construir la pista.

En definitiva, sus vidas y haciendas cayeron en una suerte de limbo desde que AENA decidió expropiar para ampliar el aeropuerto. Ahora, en su decisión unilateral de no construir la pista, AENA ha tenido a bien prolongar esa incertidumbre al menos otros doce años más. Han hecho bien los vecinos en denunciar haberse convertido en una suerte de patrimonio de AENA que la empresa pública emplea a su conveniencia. Y también están en su derecho de exigir responsabilidades y hasta compensaciones económicas por los perjuicios sufridos durante todo este tiempo.

El futuro y las haciendas de un millar de familiar no pueden quedar sometidos al albur de decisiones políticas extemporáneas y unilaterales sin caer en la inseguridad jurídica en la que un Estado de derecho no puede incurrir. Si el objetivo es ahorrar unos millones de euros para enjugar las deudas de AENA aunque eso suponga aplazar otra década la ampliación del aeropuerto que hasta ahora era primordial y que de la noche a la mañana ha dejado de serlo, que se diga con claridad. Pero al mismo tiempo, debe ofrecerse una solución definitiva y satisfactoria para unos ciudadanos cuyo futuro quedó hipotecado hace doce años y a los que ahora se les pretende doblar la condena.  

Cerrilismo aéreo con Canarias

Algún obtuso empleado o empleada de la compañía Iberia en Barajas tuvo hace unos días la nula sensibilidad de dejar en tierra toda una tarde y una noche, sin teléfono ni comida, a un menor de edad grancanario. El problema, haber perdido el certificado de residencia con el que había viajado unos días antes entre Canarias y la Península con la misma compañía.

Mostrando su más pétrea mentalidad de burócrata, el cabezota personal de la aerolínea no quiso saber nada de la fotocopia del documento original que le envío la Guardia Civil desde Canarias ni de la mediación de agentes de la benemérita del aeropuerto madrileño para que el chaval pudiese embarcar rumbo a las Islas. Ni siquiera aceptó que sus propios compañeros en el aeropuerto de Gran Canaria le confirmaran por vía interna que el menor había volado unos días antes con el bendito certificado en regla. 

No hubo manera y el chaval se pasó más de 17 horas tirado en Barajas hasta que su madre le compró un billete en otra compañía, por el que tuvo que desembolsar la bonita cifra de 400 euros, y pudo poner punto y final a su desagradable aventura aérea. Tentado está uno de desear que los empleados de Iberia que han protagonizado este indignante episodio vean sus nombres escritos con mayúsculas en el expediente de regulación de empleo que Iberia tiene sobre la mesa. 

 

En todo caso hay que reconocer que estos empleados no han sido más que el estúpido instrumento de una medida aún más estúpida en la era de las tecnologías de la información. Me refiero a la obligación que tienen los residentes en Canarias de mostrar en puertos y aeropuertos un certificado que acredite que se está empadronado en las Islas y acceder de este modo al descuento en el precio de los billetes aéreos y marítimos a los que tenemos derecho por la insularidad y la lejanía del territorio peninsular.

Se trata de una condición impuesta por el Ministerio de Fomento que ve en todos los que vivimos en el Archipiélago potenciales defraudadores y, en consonancia con ese prejuicio, se nos obliga a presentar la prueba de nuestra inocencia para poder acceder a ese derecho, que no privilegio ni favor. En un tiempo en el que hasta Hacienda se fía de la declaración de la renta por vía telemática, el cavernícola Ministerio de Fomento sigue exigiendo un papelito que acredite que se reside en una parte del territorio español. Delirante.

La medida está en vigor desde septiembre de 2012 y desde entonces viene prometiendo la ministra un sistema informático que ahorre engorros a los ciudadanos y evite situaciones indignantes como la que ha vivido el menor grancanario. A esta humillante situación se une la pérdida de conexiones aéreas entre Canarias y la Península y el encarecimiento imparable de los billetes a raíz de la desaparición de Spanair. Los residentes en el Archipiélago sólo podemos viajar con Iberia – cada vez menos Iberia y más Iberia Express-, Air Europa y algunas compañías más de chichinabo de cuyos nombres no quiero acordarme.

Mentarle a Fomento la necesidad de establecer la obligación de servicio público en los vuelos que unen las Islas Canarias con el resto del territorio nacional es ir contra los benditos mercados. Mientras, la ministra Pastor sólo parece tener tiempo para inaugurar tramos del AVE y anunciar rebajas de tarifas ferroviarias, en tanto a los que residimos en Canarias se nos fiscaliza con lupa y métodos antediluvianos un descuento esencial para nuestra movilidad.

Quiera también Rajoy que en una próxima remodelación de su gabinete tenga a bien incluir en el correspondiente ERE gubernamental a una ministra de secano como Pastor, incapaz de comprender lo que supone para estas Islas disponer de conexiones aéreas y marítimas frecuentes y asequibles. Se lo tiene más que ganado a pulso.