Un crédito, por caridad

Desde que Zapatero habitaba en La Moncloa venimos los españoles asistiendo a una reforma del sistema financiero tras otra. En cada ocasión que se anuncia la reestructuración de los bancos, el anuncio se acompaña con la cantinela de que la medida permitirá que vuelva a fluir el crédito para los autónomos y los particulares. Así llevamos ya no menos de seis años y seguimos en las mismas. Ninguna de esas reformas ha servido más que para sanear los insondables balances bancarios de la indigestión inmobiliaria pero el crédito sigue sin aparecer por ningún lado, al menos para quienes de verdad lo necesitan y lo reclaman casi a gritos un día tras otro.

Aseguran las pequeñas y medianas empresas que siete de cada diez autónomos que acuden a una sucursal bancaria a pedir un préstamo se van por donde han venido sin conseguirlo. Lo más sangrante es que el porcentaje se eleva hasta el 80% si el crédito se le pide a uno de los bancos nacionalizados y ayudados a escapar de la quiebra con dinero público.

La falta de crédito, eso ni siquiera el Gobierno lo niega, es uno de los principales cuellos de botella de la economía española. El círculo vicioso es infernal: los bancos no dan crédito porque - dicen - no hay demanda ni proyectos solventes, lo que no se compadece con las quejas de los pequeños empresarios que sufren en sus negocios cómo las entidades les dan una y otra vez con la puerta en las narices o les piden intereses tan altos o condiciones tan leoninas que mejor echar el cierre y, en su caso, despedir unos cuantos trabajadores más. La repercusión sobre el consumo y la inversión es inmediata, lo que retroalimenta la espiral de la sequía crediticia. Argumentan también los bancos que, en muchos casos, las empresas sólo buscan refinanciar deudas y, claro, por ahí no están dispuestos a pasar porque les obligaría a proveer nuevos fondos y vuelta a empezar.

 
Soluciones

En ese círculo vicioso se sigue moviendo el crédito en este país sin que nadie sea capaz de romper el nudo gordiano. Podría hacerlo el Gobierno, el Banco Central Europeo, la troika o todos juntos, lo mismo da. Bastaría con que se obligara a los bancos salvados con dinero público a destinar una parte de las ayudas a la concesión de créditos o imponer intereses sobre los depósitos que muchos de esos bancos tienen en el Banco Central Europeo para que muevan el dinero. Nadie se atreve, en cambio. El BCE se limita a una ridícula bajada de los tipos de interés que, en la práctica, poco arregla. Lo único que consigue es que los bancos se sigan financiando a tipos de interés bajos y coloquen ese dinero en deuda pública cuatro o cinco puntos por encima, con lo que obtienen pingües beneficios destinados de nuevo a sanear sus cuentas.

La troika envía a sus hombres de negro a España y constata que el sistema financiero sigue hecho unos zorros y debe continuarse con la estrecha vigilancia de su evolución. A renglón seguido sale el Gobernador del Banco de España y dice que ya puede ir pensando el Gobierno español en ampliar el rescate de las entidades financieras echando mano de los 60.000 millones de euros aún no gastados. La oposición había propuesto que parte de ese dinero se destinara precisamente a la concesión de créditos, pero los aspavientos de Bruselas advirtiendo de que esa millonada debe emplearse sólo en rescatar a los bancos frenaron la iniciativa.

Así, mientras los bancos, tan esenciales ellos para la economía, siguen su interminable proceso de reestructuración, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los particulares mueren de inanición crediticia al tiempo que las empresas alemanes, por ejemplo, se financian tranquilamente en condiciones infinitamente más ventajosas.

La guinda

La guinda ha venido a ponerla Rajoy en la presentación de una ley de Emprendedores que ha tardado año y medio en tener ultimada y que no entrará en vigor hasta el año que viene. Sabedor de que sin préstamos bancarios su proyecta estrella no pasa de puro papel mojado, ha venido a decir con tono serio que “los que tienen que dar crédito – ni siquiera se ha atrevido a pronunciar la palabra “bancos" – tienen que estar a la altura de las circunstancias”. No lo ha pedido por favor pero poco le ha faltado. Ha dicho que la línea de crédito del ICO está a disposición de los bancos para que fluya el dinero, cuando hace tiempo ya que debería haber implementado medidas para que el crédito pase directamente de esa entidad pública a los que lo demanden y en condiciones asequibles en tiempos de penuria como los actuales.

Claro que eso iría contra el negocio de los bancos, que podrían quejarse de competencia desleal, y eso sí que no puede ser, como no pudo ser tampoco aprobar la dación en pago para las hipotecas que ahora pide hasta el Parlamento Europeo. Por tanto, mientras la banca sigue recibiendo ayudas públicas para regurgitar todo el ladrillo que tragó durante la burbuja inmobiliaria y limpiar sus balances de una gestión desastrosa y en muchos casos delictiva, pymes y particulares harían mejor en dirigir sus oraciones a San Carlos Borromeo, el patrón de los banqueros. A lo mejor él sí atiende sus plegarias, aunque lo dudo.

Gran Hermano Obama

 

Barak Obama ya va camino de convertirse en el presidente de Estados Unidos que más expectativas favorables generó dentro y fuera de su país para irlas defraudando todas y cada una de ellas. La solemne promesa de poner fin a la ignominia de Guantánamo parece haber quedado aparcada indefinidamente al igual que el control de armas en Estados Unidos; la situación actual en Irak y Afganistán es la de sendos estados fallidos y la intervención militar estadounidense se ha revelado como un sonado fracaso. Es verdad que Obama puede en este caso recurrir en parte a la herencia envenenada que le dejó George W. Bush. Sin embargo, no es menos cierto que su primer mandato en la Casa Blanca se saldó con decepcionantes resultados en estos y otros asuntos tanto domésticos como de política internacional.

Obama, el presidente de los discursos brillantes y del precipitado y politizado Nobel de la Paz, proyecta una imagen cada vez más apagada y delatora de la distancia sideral que separa sus palabras de sus hechos. Y entre las cosas que por debilidad o indecisión no ha querido o podido hacer, acabamos de saber que tampoco fue capaz de poner fin al espionaje privado de las comunicaciones telefónicas y en la red de millones de ciudadanos en todo el mundo. En aras de la seguridad de la gran potencia, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos lleva años espiando en secreto las llamadas telefónicas, mensajes, correos, chats, fotografías, comentarios y cualquier otra actividad que a criterio de oscuros funcionarios de inteligencia escondidos en sus guaridas puedan resultar sospechosos.

Obama lo sabía y, de hecho, había criticado la paranoia de Bush y sus invasoras medidas de la privacidad y la libertad individuales a raíz de los atentados contra las Torres Gemelas. Cuando llegó a la Casa Blanca expresó su escepticismo sobre la “utilidad” - que no su rechazo -  de ese tipo de investigaciones, pero sus asesores parece que no tuvieron demasiadas dificultades para hacerle ver que eran muy útiles para la seguridad de Estados Unidos.

Tal vez nunca nos habríamos enterado de lo que estaba haciendo Estados Unidos con nuestras comunicaciones privadas si un enigmático ex agente de la CIA – ahora en paradero desconocido - no lo hubiese revelado a dos periódicos mientras Obama dejaba hacer. La primera reacción del presidente ha sido, cuando menos, lamentable: “Para garantizar la seguridad de Estados Unidos hay que renunciar a un poco de libertad”. Sobra decir que en nada se diferencia el mensaje que encierran esas palabras del que lanzaba Bush en sus tiempos y, apurando, del que podría lanzar cualquier sátrapa de alguna república bananera o, incluso, de alguna gran potencia rival de Estados Unidos como China.

El presidente norteamericano ha intentado justificar este espionaje masivo a millones de ciudadanos no estadounidenses con legalismos del estilo de “el Congreso está informado” y la vigilancia “cuenta con respaldo judicial”. Es la palabra de Obama y cada uno le puede dar el valor que desee, aunque a estas alturas ya empieza a ser menguante. En cualquier caso, yo me pregunto, y creo que pueden preguntarse otros millones de personas en todo el mundo que no sean estadounidenses, qué derecho le asiste al Congreso o a los jueces de Estados Unidos para amparar legal y judicialmente el espionaje de mis comunicaciones privadas.

Aún en el supuesto de que el ciberespionaje masivo sirviera para garantizar la seguridad de Estados Unidos – lo que es mucho suponer - la práctica vulnera abiertamente dos principios elementales y sagrados: la libertad y el derecho a la privacidad. Que sea precisamente la potencia que más presume de defenderlos la que los pisotee a conciencia y que lo haga con el conocimiento pleno de su presidente sólo puede producir indignación y una profunda decepción. 

El Obama de las grandes frases – ahora se ve que para la galería - se ha convertido en el Gran Hermano que imaginó Orwell hace décadas, demostrando que la realidad puede superar a la ficción. El Obama de hoy ya no es el del “yes, we can” que tantas esperanzas generó en todo el mundo, sino el del “no, I can´t”. Por acción u omisión.

El gobierno de los expertos

Propongo que a partir de ahora las leyes y reformas las hagan expertos en todos los ámbitos posibles, pero especialmente en todos aquellos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos de este país: pensiones, mercado de trabajo, impuestos, sanidad, educación, justicia, igualdad, etc. Créanme, es lo mejor a la vista de la impericia y desidia de nuestros diputados y senadores elegidos en las urnas, a lo que se ve, incapaces de proponer y consensuar las reformas que necesita España para salir de la crisis.

La designación de esos expertos correría a cargo del Gobierno que, a su vez, quedaría sometido a sus decisiones y a la posibilidad de que algún ministro particularmente torpe pueda ser removido del puesto y sustituido por un brillante experto en la competencia correspondiente. De esa vigilancia no estaría exento tampoco el presidente, al que igualmente se le puede apartar de sus funciones, eso sí, después de un completo informe científico cuajado de complejas fórmulas matemáticas que demuestren que es un peligroso zote y un riesgo inasumible para el país.

Es muy importante que estos tecnócratas sean unas eminencias en sus respectivas disciplinas, con muchos títulos, premios, masters en Estados Unidos y condecoraciones, y que tengan bien claros sus objetivos. Si se trata de acabar con el sistema de pensiones para convertirlas en caridad para pobres, es imprescindible que sean personas vinculadas directa o indirectamente a los bancos y a las aseguradoras privadas; si hablamos de reforma laboral para flexibilizar al máximo los despidos, nada mejor que unos cuantos cerebros grises salidos de los think tank conservadores o de la patronal; para reformar el sistema fiscal nada mejor que algunas de las grandes fortunas del país; para la reforma y derribo de la sanidad pública son fundamentales las opiniones y propuestas de los expertos en la sanidad privada y para la contrarreforma educativa no pueden faltar las de los obispos.

Con el fin de dotar de algo de color y animar los debates, es conveniente incluir a algún experto discordante pero asegurándose siempre de que sus opiniones sean claramente minoritarias. La misión de este parlamento experto en la sombra sería la de marcarle con claridad y sin ambigüedades ni contradicciones la agenda política al Gobierno, que ya no se vería obligado a someterse a las Cortes y solo tendría que aplicar las medidas y reformas propuestas mediante el BOE, sin más engorros legislativos, debates, enmiendas y votaciones. 

Puesto que estos acreditados expertos cobrarían ya de las empresas cuyos intereses defienden, podríamos así suprimir el Congreso y el Senado y, por supuesto, los parlamentos autonómicos. Los españoles nos ahorraríamos así un pastizal en campañas electorales, sueldos, dietas y viajes, nos evitaríamos perder un domingo de campo o playa para ir a votar, tendríamos un Gobierno decidido y competente y cumpliríamos holgadamente con el objetivo de déficit. ¿Qué más se puede pedir?

Soria + IVA

Decididamente, Mariano Rajoy es un hombre sin suerte al que la realidad no le deja hacer las cosas que le gustarían. Un día después de que dijera en Bruselas que no tocará el IVA “a corto plazo” – no dijo cómo de corto será el plazo – y de que hasta el Banco Central Europeo le pidiera que no lo suba – en contra, por cierto, del parecer de la Comisión Europea - va su ministro de Industria, Energía y Turismo y dice que sí lo tocará, al IVA me refiero. Lo dijo Soria en Antena 3, en donde hace apenas unos días José María Aznar también le había espetado al presidente que tiene que bajar los impuestos. Sospecho que Rajoy terminará eliminando esa emisora de su mando a distancia.

Como puede observarse, la coordinación y claridad de ideas entre el presidente y sus ministros es absoluta, con lo que no sé a qué viene nombrar a Soraya Sáenz de Santamaría coordinadora del área económica del Gobierno si ya se coordinan perfectamente Soria, de Guindos y Montoro como es público y notorio. Y eso por no mencionar a la Comisión Europea y al BCE, todos tocándonos las narices según su leal saber y entender.

La explicación de Soria para decir que nos tocará el IVA recuerda a la de Cospedal sobre la “simulación de la indemnización en diferido” al bueno de Luis Bárcenas. Reproduzco literalmente las palabras del ministro porque soy incapaz de glosarlas sin enredarme. Así respondió cuando le preguntaron si subirá el IVA: “No, una subida del IVA sería que lo que está en un tipo del 10% pase a un tipo del 15%, pero de lo que se está hablando es de que algunos productos que tributan en el tipo superreducido y que en otros países no tributan a ese tipo, pasen a tributar al mismo tipo que lo están haciendo en otros países". 

O sea que, según Soria, subir el IVA de los bienes y servicios que ahora pagan el tipo reducido no es subir el IVA. El gran Perogrullo lo habría explicado de forma mucho más clara: subirá el IVA porque subirá el IVA. Si lo he entendido bien, de la parrafada tipo Soria parecen deducirse dos cosas: que no subirá el IVA del turismo pero sí lo hará el que afecta a productos de lujo, superfluos y prescindibles como el pan, la leche, los huevos, las frutas o las verduras. En definitiva, nada de lo que no pueda privarse un país en el que las personas que pasan hambre apenas superan los tres millones y en el que son sólo unos centenares de miles los niños desnutridos que acuden a diario al colegio con la mochila repleta y el estómago vacío.

Ese IVA superreducido con el que Soria dice que nos tocará la cartera y que pagamos todos los ciudadanos al margen de nuestro nivel de renta, también afecta a otros bienes y servicios igualmente innecesarios y caprichosos como viviendas sociales, libros, medicamentos, material sanitario, prótesis, vehículos para personas con movilidad reducida o teleasistencia.

Claro que cabe la hipótesis de que a Soria lo haya enviado el propio Rajoy para que explore el terreno de una subida del IVA con un globo sonda como el que lanzó ayer en televisión. Eso es algo que ya ha hecho este Gobierno en ocasiones anteriores y que, en realidad, suelen hacer todos los gobiernos. Poco importa dar una imagen de descoordinación absoluta entre el presidente y sus ministros y transmitir de paso la idea de que este país se gobierna a veces desde el camarote de los hermanos Marx. 

Lo importante es producir una onda expansiva que, convenientemente analizada, permita decidir cómo y cuándo subirá de nuevo el IVA. Porque subirá, de eso no hay duda. Entre tanto, Rajoy ya nos está dorando la amarga píldora con el anuncio de una reforma fiscal tan integral, profunda e intergaláctica que puede que hasta los que más tienen tengan que pagar más impuestos. Como Montoro calla de momento, cualquier duda habrá que planteársela a Soria, el ministro de Industria que más sabe de impuestos en el Gobierno.

Blesa de nuevo entre rejas

Como si de un vulgar caco reincidente se tratara, el ex presidente de Caja Madrid ha vuelto a ingresar en la madrileña cárcel de Soto del Real. En esta ocasión lo ha hecho para quedarse una temporada previsiblemente algo más larga que la anterior, cuando en menos de 24 horas consiguió reunir sin aparente esfuerzo los 2,5 millones de euros de fianza que le había impuesto el juez Silva. Ahora no hay fianza y el inspector de Hacienda convertido en banquero gracias a su amigo Aznar tendrá que esperar sentado a que su defensa – y tal vez la misma fiscalía – consigan sacarlo del trullo. Puede que no tarden mucho a la vista de la indignación del fiscal que, ni en la primera ocasión ni en la de ayer, ha estado de acuerdo con la decisión del juez.

Entiende el Ministerio Público que la medida es desproporcionada, que Blesa está colaborando con la Justicia y que no hay riesgo de fuga toda vez que el propio juez ya le retiró el pasaporte al banquero. No lo ve así el instructor, que ha basado su de nuevo fulminante decisión en la posibilidad de que Blesa y otros implicados en la ruinosa compra para Caja Madrid de un banco en Estados Unidos unifiquen su versión de lo ocurrido y se vayan de rositas. Y entre lo ocurrido, según revelan los correos entre Blesa y su director financiero, aparecen 100 millones de euros “sobrantes” de la operación de compra del banco estadounidense que no se sabe muy bien para qué fueron empleados y quién se los quedó finalmente.

 El juez, que califica la gestión de Blesa de “aberrante”, sospecha que se añadieron a la compra para tener posibles con los que realizar otra operación que “se pusiera a tiro”. De este modo podría burlarse de nuevo el preceptivo control de la inversión tal y como ya ocurrió con la adquisición de ese banco norteamericano que supuso un quebranto de 500 millones de euros para la entidad madrileña.

La fiscalía, sin embargo, amenaza con denunciar al juez. Afirma que puede haber incurrido en prevaricación continuada al solicitar a Caja Madrid mediante providencia y no a través de un auto judicial motivado los correos electrónicos de Miguel Blesa. Le acusa también de abrir y cerrar el sumario a conveniencia y recuerda que el juez Silva está recusado por el propio Blesa a propósito del crédito de 26,6 millones de euros concedidos pero no pagados a Gerardo Díaz Ferrán, compañero de cárcel del banquero desde anoche. Entiende el fiscal que Silva debería de haberse abstenido de tomar una medida tan dura contra Blesa a la espera de que se resuelva la recusación.

Al margen de que la fiscalía esté mostrando en los últimos tiempos un celo defensor de encumbrados imputados digno de mejor causa, no deberían echarse en saco roto sus advertencias por mucho que suenen a triquiñuelas jurídicas. Silva parece ser un juez controvertido, de decisiones fulminantes y lenguaje mucho más propio de un afilado editorial periodístico que de una pieza judicial de la que se espera sea lo más meditada e imparcial posible.

Ese etilo justiciero tan particular, unido a posibles irregularidades en la instrucción, podrían ser argumentos más que suficientes para que la defensa de Blesa e incluso la fiscalía solicitaran la nulidad de las actuaciones y entonces sí que habríamos hecho un pan como unas tortas. El legítimo deseo de la sociedad de que paguen por sus actos los responsables del latrocinio bancario no puede ser la coartada para saltarse a la torera los procedimientos reglados en una instrucción judicial si lo que queremos es justicia y no revancha. En ningún caso y aunque el imputado se llame Miguel Blesa.

Paro: dime de lo que presumes…

A poco que la hubiesen animado, la ministra de Empleo habría sacado ayer en procesión a la Virgen del Rocío para agradecerle como es debido que el paro haya bajado en mayo en casi 100.000 personas y que las afiliaciones a la Seguridad Social aumentaran en 134.000, la mitad de ellas en la hostelería. Habló la ministra de “dato para la esperanza” y lo hizo después de varios días anunciándonos la buena nueva antes de que el dato fuera oficial. Es lógico y hasta justificable que, ante la sequía total de noticias económicas positivas, Báñez se agarre al clavo ardiendo de un dato puntual bueno – mayo es históricamente un mes propicio para el empleo - para vendernos la especie de que ya la economía española está empezando a crear empleo.

En realidad, ni ella se lo cree como no se lo cree casi nadie. Eso sí, le sirve a Rajoy para justificar lo injustificable, que esa gota en el océano del desempleo es el fruto largo tiempo acariciado de su política económica y su reforma laboral. Quietos ahí los bueyes, que aún hay mucha cifra y mucho porcentaje que desentrañar debajo del dato aparentemente positivo del paro registrado en mayo. Vaya por delante que el hecho de que casi 100.000 personas encontraran trabajo en mayo es un dato bueno en sí mismo, otra cosa es lo que les dure el empleo a estas personas.

Porque, como se han encargado de subrayar los habituales aguafiestas incapaces de reconocer un solo éxito del Gobierno sin ponerle alguna pega, la bajada del paro el mes pasado obedece principalmente a las contrataciones temporales en los servicios y la agricultura ante la temporada veraniega y el inicio de sus respectivas campañas. Es lo que se llama estacionalidad del empleo, que una vez descontada nos descubre que el paro apenas descendió en mayo en unas 265 personas, o sea, nada de lo que presumir en un país con cinco millones de personas registradas en las oficinas del desempleo y más de seis millones según la EPA.

Dicho de otro modo, el empleo generado en mayo es abrumadoramente temporal – casi el 93% de los contratos – que cada vez gana más terreno frente al indefinido – en torno al 7%. Sin ánimo de ser ave de mal agüero, uno no puede dejar de temer que los casi 100.000 empleos de mayo serán otros tantos parados en octubre cuando acabe la temporada veraniega y en la agricultura. Algunos podrán decir que en tiempos de crisis cualquier contrato, aunque sea temporal, es trinchera ante la falta generalizada de trabajo. Puede  que hasta no sea este el mejor momento para las exquisiteces laborales, como ha propuesto ese experto en el mercado de trabajo que es el Gobernador del Banco de España y sus contratos por debajo del salario mínimo. 

Sin embargo, lo que pone de manifiesto el dato de la temporalidad, del que el Gobierno prefiere no hablar o en todo caso le quita importancia, es que el mercado laboral español se temporaliza a marchas forzadas, lo que empuja los salarios a la baja e incrementa la incertidumbre y la inseguridad de los trabajadores. La culpable de ese proceso de degradación del mercado de trabajo es de sobra conocida: la reforma laboral, que ha puesto en manos de las empresas una máquina trituradora de empleo a precios de saldo en plena recesión económica, o sea, miel sobre hojuelas.

Si a eso unimos factores como la sequía del crédito por mucho que se inyecte dinero público en los bancos, los nuevos recortes que se atisban en el horizonte para cumplir el objetivo de déficit e incluso una nueva vuelta de tuerca en la reforma laboral en un cotexto de recesión económica como el actual, el panorama deja de ser del color rosa pálido con el que el Gobierno pretende vendernos el dato del paro en mayo. Eso sin contar con que su injustificada satisfacción de las últimas horas se da de bruces con sus propias previsiones de que el paro no bajará del 25% antes de 2016.

¿De qué presume entonces el Gobierno? Justo de lo que carece, de una política de reactivación económica que, frente a nuevos recortes, reformas y ajustes que recaerán una vez más sobre los trabajadores, genere empleo estable y de calidad junto a medidas claras y contundentes para que vuelva el crédito y se descongelen la inversión y el consumo. Ahora bien: ¿podemos pedirle peras al olmo?

Una infanta blindada y un PP ofendido

De manera muy distinta les han ido sus asuntos judiciales a la infanta Cristina y al PP en las últimas horas: la primera ha encontrado un nuevo defensor de su inocencia y el segundo ha sido expulsado como acusación particular del caso Gürtel.

Vayamos por partes. A la infanta Cristina, que ya contaba con el apoyo inquebrantable de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado, le ha surgido un nuevo y valeroso defensor: la Agencia Tributaria, vulgo Hacienda. En contra del criterio de la Audiencia de Palma y del juez Castro, Hacienda se niega a ampliar la investigación fiscal sobre la infanta y se reafirma en un informe elaborado en Cataluña, pero convenientemente “revisado” por personas de toda confianza del ministro Montoro en Madrid, en el que ya determinó que la hija del Rey no cometió delito alguno de ese tipo. Sobre la posibilidad de que la infanta cometiera delito de blanqueo de capitales, Hacienda se escabulle asegurando que el asunto no es de su competencia. Asombroso.

En su respuesta denegatoria al juez Castro se permite incluso sentar cátedra sobre cuáles son las circunstancias que deben concurrir para determinar la presunta culpabilidad o inocencia de la infanta algo que, al menos eso suponíamos hasta ahora, debería de ser el juez quien lo estableciera en función de los datos que, sin embargo, se le deniegan.

A la vista de la respuesta cabe preguntarse para qué necesitamos a un juez investigando sobre las cuentas y los bienes de la infanta con el fin de intentar determinar su grado de implicación en los negocios de su esposo y, en su caso, imputarla por delitos fiscales o blanqueo de capitales. Si Hacienda dice que no es culpable de nada a Hacienda hay que creer y ya puede ir el juez olvidándose del caso.

De guinda, también se opone Hacienda a que un funcionario experto de Vigilancia Aduanera que ya venía colaborando con Castro en el “caso Nóos” siga haciéndolo. Debe de ser a esto a lo que se suele llamar “colaboración con la justicia” siempre, claro está, que el sujeto de la investigación judicial no sea un destacado miembro de la Casa Real.

Con la infanta blindada judicialmente por la fiscalía, la abogacía del Estado y ahora también por Hacienda, el PP acaba de llevarse una sonora bofetada en la Audiencia Nacional. Muy ofendidos están los populares después de que el juez Ruz primero y ahora la propia Audiencia hayan decidido expulsarlo como acusación particular en el caso Gürtel.

Tal y como sostenía el juez al que ahora respalda la Audiencia, el PP ha empleado el viejo truco de estar en misa y repicando al personarse como acusación particular alegando los graves perjuicios que la trama corrupta le está causando. Sin embargo, una vez dentro, se ha dedicado más bien a actuar a favor de los acusados – entre ellos el innombrable Luis Bárcenas - como señala con toda crudeza la Audiencia. En particular le recuerda los escritos presentados en los que el PP reclamaba el archivo de las diligencias abiertas contra Bárcenas, su esposa y Jesús Merino.

Con todo, lo más duro del auto de la Audiencia es la parte en la que se establecen vínculos “evidentes” entre la trama corrupta Gürtel y los papeles de Bárcenas y que salpican de lleno al PP y su contabilidad en B. Ahora, expulsados del sumario, los populares no podrán conocer las actuaciones del juez ni, en su caso, oponerse a ellas.

¿Qué va a ser de ellos, los pobres? ¿Quién los va a defender ahora de las “arbitrariedades” e “injusticias” del juez Ruz, como escribieron – pasándose veinte pueblos - en su recurso contra la expulsión como acusación particular? ¡Qué injusta es la Justicia! ¡Unas blindadas y otros ofendidos y abandonados a su suerte!

Las lindezas de Linde

Que la reforma laboral se convertiría en una trituradora de puestos de trabajo era algo que solo el Gobierno y la patronal negaron cuando se aprobó. El aumento del paro – y subiendo – les está quitando la razón mes a mes y trimestre a trimestre a quienes pretendieron vender la reforma como una de las panaceas imprescindibles – “no hay otro remedio” - para salir de la crisis. El ajuste salarial a la baja que ha supuesto la reforma y la pérdida de derechos laborales de unos trabajadores atenazados por el miedo a perder el empleo, le ha permitido a España ganar competitividad cara al exterior – algo de lo que no para de presumir el Gobierno a falta de un argumento mejor - a costa de deprimir la demanda interna.

En paralelo, la interminable reestructuración del sistema financiero mantiene también congelado el crédito sin que nadie mueva un dedo para que, al menos los bancos que han recibido dinero público, destinen parte de esas ayudas a paliar la sequía de empresas y familias. En ese objetivo – que debería de ser una de sus principales preocupaciones - no está ni se le espera el Banco de España. Su gobernador, Luis Linde, prefiere meterse en jardines que no son de su competencia y dar consejos sobre el mercado laboral, siguiendo así la senda igual de torcida de su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

La última de las lindezas de Linde ha sido sugerir que se elimine el salario mínimo y se puedan hacer contratos al margen de los correspondientes convenios. A Linde – que debe tener alguna querencia hasta ahora desconocida por los dorados años de la esclavitud - le debe parecer un dispendio que haya trabajadores que cobren la exorbitante cifra de 645 euros mensuales o que sus condiciones laborales estén amparadas por un convenio colectivo. Acabar con eso es su receta mágica para resolver la ineficacia de la reforma laboral de la que asegura – y en esto acierta – que ni ha detenido la destrucción de empleo ni ha servido para crearlo.

Que semejantes consejos contra el paro los hubiese lanzado el presidente de la patronal – al que seguramente le han encantado las ideas de Linde – nos habría parecido hasta normal y lógico. Que lo haya hecho el gobernador del Banco de España merece la más absoluta repulsa. En primer lugar porque nada se le ha perdido a esa institución en asuntos tocantes a la regulación – o más bien desregulación – del mercado laboral. No es esa su función sino la de supervisar el sistema financiero, sobre el que, sin embargo, nada sensato y que ataña al interés general de los ciudadanos se le ha oído decir o hacer ni antes ni durante esta maldita crisis.

Cuando la burbuja inmobiliaria se hinchaba peligrosamente, no movió un dedo para desinflarla; cuando estalló, no se cansó de repetir que la salud del sistema financiero era envidiable; cuando los bancos vendían hipotecas con cláusulas abusivas, ni se inmutó; cuando esos mismos bancos empezaron a desahuciar a miles de familias, miró para otro lado; cuando miles de jubilados y pensionistas fueron engañados vilmente con el corralito de las preferentes y la deuda subordinada, hizo como que la cosa no iba con él; cuando un monstruo llamado Bankia salió a bolsa, aplaudió con las orejas; cuando los bancos cerraron el grifo del crédito, dio largas a la solución del problema que sigue igual de empantanado que el primer día.

De nada de lo que debería de haber estado pendiente porque era y es su cometido y su función lo ha estado el Banco de España que, sin embargo, sí se permite la licencia de pontificar sobre los males del mercado laboral de este país y ofrecer propuestas descabelladas e insultantes. Por sí aún había alguna duda sobre los intereses que defiende y ampara el Banco de España en esta crisis, las últimas lindezas de Linde las han despejado por completo.

Agencia de Viajes Gürtel

Ya es mala pata que el mismo día en el que el Congreso debatía sobre la Ley de Transparencia publiquen los medios que la trama corrupta Gürtel también corrió con parte de los gastos de un viaje de Ana Mato a Disneyland París y que el filántropo Francisco Correa planeó una excursión en trineo con perros huskies por la helada Laponia para él, Bárcenas y Sepúlveda, el ex marido de la ministra.

Tardando está Ruiz - Gallardón en exigirle a la Fiscalía General del Estado que inste al juez Ruz para que ordene el cese inmediato de cualquier información periodística que afecte a la familia Mato – Sepúlveda, a Luis Bárcenas o al propio Correa. La seguridad nacional está en juego y de aquí no me muevo.

Conocido por la Agencia Tributaria que Correa pagó con su espléndida tarjeta de crédito parte del viajecito de Mato a la morada del ubicuo ratón Mickey en París – no hay constancia aún de que se diera una vuelta por el Louvre aunque fuera pagando ella la entrada – la reacción de la ministra ha sido la de ¡oh, cielos. Y yo sin enterarme!. Ella - al igual que la egregia infanta Cristina y los negocios de su marido – tampoco sabía nada, oiga. Así que no es justo señalarla con el dedo ni tirarse de los pelos porque no tenga la menor intención de dimitir ni Mariano Rajoy de destituirla, no vaya a Aznar a ponérsele bravo de nuevo.

Y eso a pesar de que esta señora, tan despistada con sus gastos domésticos, tampoco sabía si el Jaguar que había aparcado en el garaje había caído del cielo o se lo habían traído los Reyes Magos, que para el caso es lo mismo. Ni supo nunca que los cumpleaños y comuniones de sus retoños o un viajecito a Dublín o una escapada a La Palma o….. también los apoquinó un Papa Noel con mostacho y gafas de sol. Suponer que todo eso lo pagó este cuarto rey mago a cambio de favores de las administraciones públicas del PP es una calumnia y ni por la cabeza debería de pasársenos. Lo hizo por amistad entrañable, como el iluminado regalo por la boda del yerno de Aznar, por filantropía, por caballerosidad, porque él es así y punto.

Ahora bien, se impone la duda razonable de si una mujer que no tiene ni pajolera idea de quién paga su gastos puede seguir al frente de un ministerio como el de Sanidad. ¿Y si se nos cuela un virus mutante? ¿Y si las bacterias se amotinan? ¿Y si los triglicéridos se van de copas?

Hablemos ahora de Laponia, la patria del generoso Papa Noel, miren por dónde. Se trata de un sitio en el que no he estado nunca pero en el que seguro que hace un frío do carallo. Allí sólo hay nieve – junto a los bancos suizos, el hábitat natural de Luis Bárcenas – y perros huskies. Pues allí que planeó Correa un viajecito en trineo para él, el Bárcenas y el Sepúlveda - insistimos – ex esposo de la ministra que no se entera de quién le paga sus gastos.Todos juntos y revueltos, en buena hermandad y camaradería, guiando trineos de perros por los helados páramos de Laponia y suponemos que dándole al vodka a gollete.

Eso sí, previa escala en Helsinki, en hotel de lujo y en habitaciones altas para disfrutar de una vista desahogada sobre la hermosa capital finlandesa. Habida cuenta de que se trataba de clientes VIP, se le olvidó exigirle a la dirección del hotel que ese día no estuviera nevando o lloviendo sobre Helsinki, no se fueran a acatarrar y se fastidiara el paseo en trineo. En cualquier caso, pecata minuta.

Vista su eficacia y competencia yo ya he decidido que las vacaciones de este verano las pondré en manos de Viajes Gürtel. Sólo me falta decidirme entre las Islas Caimán o las Bahamas. ¿Qué me aconsejan?

Canarias: 30 años de autonomía

Sería un error que, influenciados por la larga y dura crisis económica y el cuestionamiento del modelo autonómico, concluyéramos que las tres décadas de autonomía que hoy cumple Canarias han sido en vano. En el parlamento que se constituyó el 30 de mayo de 1983 había una sola diputada, María Dolores Palliser, mientras que en el actual son veinte y cuatro, cerca de la mitad. Este simple dato sirve para poner de manifiesto el salto de gigante que ha dado Canarias en estos treinta años en este aspecto – la incorporación de la mujer a la vida política, social y económica de las Islas – y en otros muchos.

Canarias accedió a la autonomía por la vía general de las comunidades consideradas no históricas y ni tan siquiera contaba con la corta experiencia que habían atesorado Cataluña y el País Vasco durante la II República. Por ello, los sesenta parlamentarios que constituyeron la primera cámara legislativa canaria se enfrentaban a un papel en blanco en el que estaba todo por escribir. Haciendo frente además a no pocas resistencias que veían en la autonomía un modelo político impostado frente a la experiencia y el prestigio de los cabildos insulares, aquellos parlamentarios y el gobierno regional de entonces asumieron la tarea de sacar a Canarias de los niveles de atraso y abandono seculares que padecía el Archipiélago en ámbitos como la educación, la sanidad o las infraestructuras más elementales.

Las luces

Treinta años después nadie puede negar que el avance ha sido espectacular en todas y cada una de las islas, independientemente de si son menores o mayores: drástico descenso del analfabetismo, amplia red de centros educativos, dos universidades, centros de salud y hospitales homologables con los de cualquier otro país de nuestro entorno, modernas vías de comunicación y nuevos puertos o aeropuertos son algunos de los testigos de estos avances en términos de bienestar social para el conjunto de los dos millones de habitantes de las Islas.

Conseguirlo no ha sido fácil porque nada importante lo es. En demasiadas ocasiones ha habido que perseverar hasta la extenuación ante el gobierno central de turno para hacerle comprender la realidad singular de este archipiélago y la imprescindible necesidad de atender adecuadamente sus problemas peculiares. Fue esa insistencia la que permitió, por ejemplo, que el cambio de modelo de adhesión de Canarias a la hoy llamada Unión Europea – conseguido no sin una tenaz oposición por parte de los sectores más perjudicados – se hiciera a cambio de que las Islas recibieran de Bruselas un trato diferenciado por su lejanía e insularidad. Por eso, no deja de ser paradójico que en ocasiones se tenga la triste sensación de que los problemas particulares de este archipiélago se comprenden mejor en la lejana Bruselas que en la más cercana Madrid.

Las sombras

Pero no todo ha sido luz cegadora en estas tres décadas de la autonomía canaria. Ha habido y hay aún sombras, hoy mucho más agrandadas por la crisis. La economía canaria de estos treinta años ha cabalgado prácticamente a lomos de un único caballo llamado turismo que en gran medida guían manos externas a Canarias, que son también las que recogen la mayor parte de los beneficios. Los reiterados intentos de diversificar el modelo productivo y abrirlo a otras actividades capaces de generar un mayor valor añadido en las Islas como la investigación y la innovación nunca han terminado de cuajar.

El Régimen Económico y Fiscal, que debería de haber contribuido a ese objetivo, tampoco lo ha conseguido a pesar de contar con una herramienta tan potente en manos de los empresarios como la Reserva de Inversiones. Un mercado laboral sin la cualificación adecuada y una cierta cultura de la subvención y los beneficios fiscales han desincentivado en muchos casos el riesgo de la inversión y han limitado las enormes posibilidades de generación de riqueza y empleo de la economía canaria. Esas sombras, unidas a las políticas de austeridad suicida impuestas en la UE tras el estallido de la crisis, son las principales responsables de los altos índices de desempleo que sufre Canarias, cebados especialmente en las nuevas generaciones, con su reflejo directo en las tasas de pobreza y exclusión social.

En el plano político, con la modificación el Estatuto de Autonomía aparcada sine die, la reforma del sistema electoral canario sigue empantanada una legislatura tras otra perpetuando así un modelo de dudosa homologación democrática. La sana discrepancia política ya es casi imposible que desemboque en ningún tipo de consenso al imponerse los intereses partidistas coyunturales sobre el interés general de los ciudadanos. El diálogo de sordos y sin voluntad alguna de acercamiento en el que con excesiva frecuencia se emplean a fondo los actuales parlamentarios y dirigentes políticos, aleja a los ciudadanos de la vida pública y aísla a aquellos en su torre de marfil. 

Treinta años después del primer parlamento autonómico canario aún resurge con cierta virulencia aunque esporádicamente el pleito insular que tanto daño hace a este archipiélago, por mucho que aún haya quienes vean en él una suerte de incentivo para la competencia entre islas. Tres décadas que nos dejan también una selva administrativa de cuatro niveles superpuestos y una aberrante confusión de competencias que desorienta y causa gastos y molestias innecesarios a ciudadanos y empresas en plena era de internet y las redes sociales.

El futuro

El futuro no está escrito, como no lo estaba tampoco para los sesenta diputados que constituyeron la primera cámara legislativa canaria hace treinta años. Sin embargo, conviene hacer algunas consideraciones al respecto. En pleno vendaval económico, con los servicios públicos esenciales de sanidad y educación amenazados tras el esfuerzo y el coste social y económico que ha supuesto ponerlos en pie, lo urgente es salvaguardarlos contra viento y marea. En paralelo hay que bregar a brazo partido en pro de la cohesión social cada día más deteriorada: no hay sociedad que resista durante mucho tiempo más los índices de paro y pobreza que sufre hoy Canarias por mucho que florezca la economía sumergida o las redes familiares amortigüen en parte el problema. Esas son tareas inaplazables por la gravedad de la situación.

En cuanto a las relaciones con el Gobierno del Estado, pocas veces antes tan tensas, se hace imprescindible, más allá de las declaraciones más o menos gruesas, tender vías de entendimiento sobre aspectos que son cruciales para el futuro próximo de este Archipiélago: los sondeos petrolíferos, un nuevo Régimen Económico y Fiscal y la corrección de la insuficiente financiación autonómica de los servicios básicos. Sin embargo, la conveniencia de asumir nuevas competencias en un escenario de crisis económica prolongando como el actual, puede esperar a tiempos mejores.

La identidad

Después de tres décadas de autonomía, la sociedad canaria parece aún perpleja ante su propia identidad como pueblo. Treinta años fomentando un tipismo decimonónico derivado de una sociedad rural idealizada – que, evidentemente, también forma parte de nuestra cultura - no parecen haber sido la mejor manera de que los ciudadanos naturales o residentes en estas Islas se hayan encontrado por fin a sí mismos. En días como hoy, en el que se celebra el nacimiento de la autonomía canaria, hay que instar a poner en valor otros aspectos no menos constituyentes de nuestra forma de ser, actuar y estar pero adaptados a la contemporaneidad de nuestra sociedad: los nuevos creadores artísticos, los investigadores, los profesionales destacados en todos los ámbitos o nuestras renovadas relaciones con un mundo abierto, globalizado y cambiante son sólo algunos de los elementos que no pueden pasarse más tiempo por alto en la fiesta de la autonomía.

Todo lo anterior conduce a la conclusión de que los treinta años de autonomía que hoy celebra Canarias representan la etapa más próspera de nuestra historia reciente. Las sombras no pueden ocultar las luces de este periodo pero tampoco podemos ignorarlas. De lo que se trata, y a eso deberemos dedicarnos todos los que amamos esta tierra y los que han asumido la responsabilidad de defenderla y mejorarla, es de borrarlas.

Gallardón y la ley del silencio

No pudo elegir mejor sitio el ministro Ruiz-Gallardón para anunciar lo que ya podría definirse como la ley del silencio para los periodistas. Fue nada menos que en la Asociación de la Prensa de Madrid en donde el ministro de Justicia vino a explicar cómo afectará a la prensa la modificación de la Ley de Enjuiciamiento criminal. Amparándose en argumentos como que hay que evitar los juicios paralelos, salvaguardar la presunción de inocencia, proteger la intimidad de los encausados o la seguridad nacional, Gallardón está a punto de perpetrar el mayor ataque conocido en democracia a un derecho constitucional básico: la libertad de información.



En esa línea, quiere el ministro que los jueces, bien de oficio o a instancias del fiscal, ordenen a un medio de comunicación cesar en la difusión de informaciones sobre un proceso judicial, ya se encuentre éste en fase de instrucción o incluso durante el juicio oral que, por principio, debe ser público. Los que no obedezcan se enfrentarán a importantes sanciones que incluyen las de carácter penal y hasta el secuestro del medio infractor, advierte circunspecto Gallardón.

Entre los argumentos empleados por el ministro para justificar esta ley del silencio con la que pretende amordazar el derecho a la información, mencionó Gallardón la influencia que determinadas informaciones judiciales pueden ejercer sobre un juez o a un jurado popular en el momento de dictar sentencia o pronunciar un veredicto. Insulta así el ministro a los jueces, a los que parece tomar por seres pusilánimes y fácilmente impresionables, incapaces por tanto de dirimir las responsabilidades derivadas de las pruebas analizadas en un proceso judicial y aplicar la ley en consecuencia.

Con todo, la alarma alcanza su máxima intensidad cuando, además y encima, se faculta al Ministerio Público a pedir a un juez que ordene a un medio de comunicación que deje de informar sobre un sumario o un juicio. Es por ahí por donde el ministro abre de par en par la puerta para que el Gobierno pueda, a través de la fiscalía cuyo Fiscal General nombra a dedo, silenciar informaciones judiciales que le puedan resultar perjudiciales o simplemente incómodas. Sólo hay que remontarse unas pocas semanas en el tiempo para recordar la insólita actuación de la fiscalía de Palma tras el auto del juez Castro que imputó a la infanta Cristina por el caso Nóos.

No creo que sea un prejuicio deducir que lo que busca Gallardón en última instancia es impedir que los medios de comunicación aireen asuntos tan poco edificantes como el mismo caso Nóos, la trama Gürtel, los papeles de Bárcenas, los ERES de Andalucía (bueno, este último tal vez sí)  o tantos otros asuntos turbios que hemos ido conociendo en los últimos tiempos. Probablemente, sin el trabajo de muchos periodistas y el apoyo de los medios para los que trabajan, los ciudadanos jamás habríamos tenido noción de hasta qué punto se ha ido extendiendo el chapapote de la corrupción en este país.

Por irritante que resulte, conviene recordar aquí que el papel de los medios en una sociedad avanzada es la de ofrecer información veraz a los ciudadanos sin reparar a quién afecte y ateniéndose a los códigos deontológicos de la profesión. Esos son los únicos límites que cabe imponer a los medios de comunicación en una sociedad avanzada; para quienes los traspasen – que de hecho y por desgracia se traspasan en ocasiones - ya cuenta con medios el ordenamiento jurídico español. Si lo que el ministro quiere es volver a los tiempos de la censura y obligar a los medios a publicar el BOE y los comunicados oficiales del Gobierno, debería decirlo con claridad.

Las pensiones que vienen

Al paso que vamos, la jubilosa jubilación terminará convertida en la miserable jubilación. De prisa y corriendo y sólo porque Bruselas está impaciente, el Gobierno español le ha encargado a un grupo de “expertos” un informe de cómo deberá ser el sistema de pensiones en un futuro bastante inmediato. Las excusas son múltiples pero las que tienen que ver con la caída de los ingresos de la Seguridad Social como consecuencia de la crisis y el aumento de la esperanza de vida son las que más se manejan por quienes aseguran que el sistema no se sostiene financieramente. Reunidos los expertos, entre los que no faltan representantes de las aseguradoras privadas, están a punto de parir un documento que enviarán al Gobierno para que este presuntamente lo consensue con la oposición y los agentes sociales. Si corre la misma suerte que la Ley contra los desahucios o la reforma educativa ya podemos irnos haciendo una idea del grado de consenso que alcanzará.

El documento en cuestión propone pasar a mejor vida la actualización automática de las pensiones de acuerdo con el IPC – que ya Rajoy eliminó este año por su cuenta y riesgo - y establecer su cuantía en función del nivel de ingresos de la Seguridad Social. Esto quiere decir que si los ingresos suben, las pensiones no lo harán nunca por encima del IPC y si bajan, las pensiones lo harán también hasta lo que estos expertos denominan “capacidad suficiente”, signifique eso lo que signifique aunque no parece que sea nada bueno.

 
Respecto al aumento de la esperanza de vida lo que se propone es postergar aún más la edad de jubilación en un país con más de la mitad de los jóvenes en paro. A esos dos elementos hay que sumar el número de años que se tendrá en cuenta para calcular la cuantía de la pensión que, de ampliarse más después de la reforma de 2011, presionará más a la baja lo que los pensionistas perciben mensualmente después de muchos años de trabajo y cotizaciones a la caja común de la Seguridad Social. Llama la atención que ninguno de los conspicuos expertos que analizan la sostenibilidad del sistema de pensiones en España haya planteado siquiera la posibilidad de financiarlas al menos en parte mediante impuestos como ocurre en otros países.

De lo que se conoce hasta ahora de sus propuestas y a expensas de lo que se apruebe finalmente, que previsiblemente no será muy distinto, cabe sacar algunas conclusiones. La primera es que el asunto tendría que estar siendo analizado en el marco del Pacto de Toledo con las fuerzas políticas y los agentes sociales y no en un foro de expertos por muy expertos que sean y a los que, en cualquier caso, siempre se les puede pedir opinión y asesoramiento. El Gobierno prefiere en cambio acudir con una propuesta ya cocinada y cerrada sin escuchar más alternativas, que las hay.

Tampoco ha explicado el Gobierno las prisas para modificar un sistema que ya se modificó – para peor – hace dos años como no sea por las presiones de Bruselas y – por qué no decirlo – de las aseguradoras privadas, que están ansiosas de “complementarnos” las raquíticas pensiones públicas del futuro próximo con planes privados en los que garantizan retiros dorados en lugares paradisiacos a quienes puedan pagarlos, claro.

La tercera conclusión y la más importante: con la excusa de la crisis, el Gobierno está socavando a conciencia otro pilar básico del estado del bienestar, las pensiones, o lo que va quedando de él. Que el sistema de pensiones tal y como está configurado en España sólo puede mantenerse si hay cotizantes a la Seguridad Social, es decir, si hay trabajo, es algo tan obvio que hasta sonroja recordarlo. Claro que un Gobierno que abarata el despido y que deprime la economía hasta simas insondables con sus recortes y ajustes ese tipo de obviedades no le deben de parecer tan evidentes. Así, en lugar de atacar la raíz del problema – el descomunal paro – ataca a los perjudicados – los pensionistas presentes y futuros. Cuestión de prioridades.

Más ambición contra la violencia de género

Las últimas estadísticas coinciden en que disminuyen las denuncias por violencia de género en España. Nadie se cree que ello se deba a que esta lacra empieza a remitir, aunque sea lentamente. En realidad, todos los analistas y expertos coinciden en que es la crisis económica la que ha hecho retroceder las estadísticas. El dato de que sólo 5 de las 22 mujeres asesinadas este año habían iniciado algún tipo de medida contra sus parejas o ex parejas es bien elocuente. Las crecientes dificultades económicas de las familias son un potente factor disuasorio para que las mujeres se atrevan a dar el paso de denunciar su situación.

Esa realidad se ve reforzada por los recortes en recursos humanos y económicos para atender a las mujeres víctimas de violencia de género aplicados por las diferentes administraciones públicas. Se agrava así la desconfianza que aún sufren muchas mujeres a la hora de confiar en que los poderes públicos puedan ayudarlas a superar esa situación y emprender una nueva vida lejos del alcance de sus maltratadores. Coincidiendo con una semana dramática en la que cuatro mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o ex parejas, el Gobierno anunció el sábado una nueva Estrategia contra la Violencia de Género que la ministra de Sanidad, Ana Mato, presentará el próximo mes de junio a las comunidades autónomas.

Se trata de un paquete de unas 250 medidas, la mayoría de las cuales ya se habían anunciado pero nunca puesto en práctica; hay incluso previsiones recogidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género que aún siguen sin desarrollarse. Entre lo más llamativo de esa Estrategia, que el Gobierno ha anunciado sin haber negociado con la oposición y las asociaciones que luchan contra la violencia de género, figura la extensión a los maltratadores de la libertad vigilada una vez concluyan su condena, para lo que será necesario cambiar de nuevo el Código Penal.

El Gobierno prevé un gasto de 1,5 millones de euros, a todas luces insuficiente para profundizar y mantener en el tiempo una estrategia que, aún con propuestas positivas que deberían haberse aplicado hace mucho tiempo, reclama más ambición y determinación. Aunque los progresos conseguidos son muy esperanzadores, nadie ha dicho nunca que la lucha contra la violencia machista fuera fácil y el éxito rápido. Luchar contra una lacra que aún forma parte casi de los genes culturales de la sociedad requiere algo más que una estrategia hilvanada con propuestas sacadas de los cajones de algún despacho o medidas previstas ya en la propia Ley que por una u otra razón no se han puesto en práctica.

Fomentar la igualdad desde la escuela – algo que ignora la LOMCE al eliminar Educación para la Ciudadanía o subvencionar a los centros concertados que segregan por sexos -, ofrecer a las víctimas vías sencillas, claras y seguras para escapar de su situación e iniciar una nueva vida, mejorar los medios materiales y humanos con los que cuenta la Justicia en este ámbito y adaptar las penas a la gravedad de los delitos deben ser objetivos irrenunciables de cualquier gobierno que quiera ir más allá de catálogos de buenas intenciones en la lucha contra la violencia de género. Aún con algunos avances, la Estrategia del Gobierno presentada este fin de semana apenas supera ese listón.

Maniobras bankarias en la oscuridad

El mismo día en el que volvían a manifestarse los poseedores de participaciones preferentes ante las oficinas de los bancos responsables de la estafa, las acciones de Bankia se desplomaban en la bolsa más del 50% para quedar en torno a los 60 céntimos y tendiendo al 0. Para los estafados esto significa lisa y llanamente que perderán una parte mucho mayor de la estimada después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) decidiera que el canje de las preferentes y deuda subordinada por acciones de Bankia se haría a razón de 1,35 euros por título.

Los preferentistas se convertirán por decreto en accionistas de un banco cuyas acciones literalmente no valdrán nada y los que ya son accionistas habrán perdido la práctica totalidad de la inversión realizada cuando Bankia salió a bolsa en una operación a todas luces precipitada y fallida, tomada entre bambalinas político-financieras y de la que queda mucho por aclarar y depurar judicialmente.

Mientras el valor de las acciones de Bankia se iba ayer literalmente por el sumidero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores miraba al tendido y en lugar de suspender la cotización aplicaba la acrisolada máxima de “dejar pasar, dejar hacer”. Sólo después del cierre de los mercados, cuando el daño ya estaba hecho, emitió un comunicado anunciando una investigación para determinar si la hecatombe bursátil de Bankia obedecía a algún tipo de vulneración de las normas de la bolsa.

Tanta ingenuidad sería incluso enternecedora si no estuviéramos hablando de lo que esa caída en picado de las acciones de Bankia supondrá de pérdidas añadidas para preferentistas, poseedores de deuda subordinada y accionistas de Bankia en general. Desde mucho antes de que la infalible Comisión del Mercado de Valores hiciera su anuncio a toro pasado, los analistas empezaban a sospechar que algo raro estaba pasando. No era normal que se movieran tantas acciones de Bankia en un solo día y la sospecha de que alguien no estaba jugando limpio se extendió rápidamente.

Al final de la jornada se habían negociado casi 50 millones de títulos de Bankia sobre un capital en acciones que no llega a los 20 millones. ¿Qué estaba pasando? Muchos sacaron sus conclusiones antes de que la CNMV se cayera de un guindo: grandes tiburones como UBS, Credit Suisse, Morgan Stanley o JP Morgán estaban vendiendo títulos que aún no poseen, concretamente aquellos resultantes de los canjes de acciones por preferentes y de la ampliación de capital que por valor de 11.700 millones de títulos comenzarán a cotizar a partir del martes próximo.

Cómo lo pudieron hacer si esos títulos ni siquiera han empezado a cotizar, es decir, cómo se pueden vender títulos que ni siquiera se tienen, es algo que pocos se explican y dudo de que la CNMV lo haga. Aunque tampoco hace mucha falta, se entiende bien. Estos tiburones financieros se han puesto a resguardo de la hecatombe bursátil que representará la ampliación de capital y el canje de acciones y han vendido millones de títulos que ni siquiera tienen para moderar las pérdidas.

Perjudicados, los de siempre: preferentistas, poseedores de deuda subordinada y accionistas minoristas que, evidentemente, no disponen ni de la ingeniería financiera ni de los recursos para poder hacer lo mismo. Así, escándalo sobre escándalo se va construyendo Bankia, un banco que nunca debió nacer pero, que una vez en pie y visto el agujero que tenía se debió haber liquidado ordenadamente, en lugar de permitirle salir a bolsa y salvarlo con dinero público. Y aún el ministro de Guindos tiene el santo rostro de decir que Bankia es una entidad “muy saneada y tiene gran liquidez”. Evidente: a costa del bolsillo de todos los españoles.