Solbes vuelve por Navidad

Sufro de alergia crónica a las memorias con las que de un tiempo a esta parte nos atosigan políticos de toda suerte y condición. Bono, González, Aznar o Zapatero perpetran sus respectivos recuerdos en libros que no suelen pasar de ser flor de un día de platós, redacciones y librerías pero que los ciudadanos suelen sabiamente ignorar salvo que quieran castigar a algún mal amigo por Navidad, santo o cumpleaños. Ni siquiera los historiadores del pasado reciente parecen muy interesados por los recuerdos políticos de quienes escriben desde la cómoda posición de ser juez y parte y contar por tanto sólo aquello que conviene y beneficia a su imagen pública.

De ese estigma no escapa otro libro – uno más – de memorias políticas. Se titula “Recuerdos” – muy original el título, cómo pueden apreciar – y lo firma Pedro Solbes, el otrora poderoso vicepresidente económico con Rodríguez Zapatero. Confieso no haberlo leído y no tener intención alguna de hacerlo. Sin embargo, no he podido evadirme de leer lo que sobre el libro se ha escrito en varios medios o escuchar al propio autor que estos días recorre platós de televisión y estudios de radio en un intento de autojustificación de lo que pudo haber hecho y no hizo cuando la crisis económica que nos acogota ya se oteaba en el horizonte.

Puede que sea la edad o puede que sean sus múltiples ocupaciones como consejero de la eléctrica italiana ENEL, matriz de ENDESA, pero lo cierto es que a Solbes ya se le ha olvidado lo que dijo en su día sobre la burbuja inmobiliaria, la recesión económica o el sistema financiero español. En síntesis, que nada de lo que luego ha ocurrido iba a ocurrir aunque ahora achaque el desastre a una suerte de conjunción astral que llevó al país a la peor crisis de su historia reciente. 

A estas alturas nadie niega que algunas de las causas de la crisis fueron externas pero nadie – ni siquiera Solbes – puede negar tampoco que había factores internos que no se ponderaron adecuadamente o, como dice ahora el ex ministro –, “no se hizo lo suficiente para desactivarlos”, caso de la burbuja inmobiliaria y la desastrosa situación de las cajas de ahorro. En cualquier caso, quien desee ilustrarse a fondo sobre algunas de las frases sobre la crisis que Solbes parece haber olvidado por completo, puede echarle un vistazo a este esclarecedor enlace: http://noticias.lainformacion.com/espana/solbes-donde-dije-digo_PIDX3ppnnIi4iVZb1Modb5/
 
Ahora, Solbes se arrepiente de haber seguido en el Gobierno de la segunda legislatura de Zapatero y afirma haberle envido un documento al presidente en 2009 - con la crisis ya en su apogeo -  con algunas medidas para hacer frente a la situación pero nadie, salvo el propio Solbes, parece haberlo visto nunca. En él, y según su propio relato de los hechos, el ex ministro ya apuntaba maneras con medidas como el abaratamiento del despido que luego Zapatero se vio obligado a aplicar por imposición de los mercados y que el PP ha desarrollado y profundizado con tesón y entusiasmo dignos de mejor causa.

Escuchando o leyendo lo que Solbes dice estos días en las entrevistas, alguien que acabara de llegar a este país después de un largo periodo en el extranjero jamás creería que este señor fue nada menos que vicepresidente económico del Gobierno en los años primeros de una crisis que todo el mundo vio menos él y el gabinete del que formaba parte. Tal vez para eso sirvan las memorias, para intentar borrar o cuando menos ocultar el pasado cuando el pasado es tan digno de olvidar.

¿Quo vadis, Venezuela?

Observando a simple vista lo que ocurre estos días en Venezuela, un pesimista diría que todo lo que es susceptible de empeorar termina empeorando. A menos de un mes para las elecciones municipales del 8 de diciembre, el presidente Maduro está a un paso de conseguir poderes habilitantes para gobernar por decreto durante un mínimo de un año. Si los plazos previstos se cumplen – lo cual no es seguro que ocurra en un país como Venezuela – la Asamblea Nacional le otorgará mañana a Maduro la facultad, por ejemplo, de “prohibir” la inflación por decreto.

No es broma, aunque suene como tal. De hecho, el presidente venezolano parece que se ha inspirado en Robert Mugabe, el presidente de Zimbabue, que adoptó medidas similares cuando la inflación en su país se duplicaba en menos de una hora; después de las medidas se duplicaba cada 15 minutos. Para ir calentando motores, Maduro ya ha adelantado por dónde irán sus medidas contra la inflación, el acaparamiento y la especulación de los comerciantes, males que él atribuye a los taimados imperialistas norteamericanos y a sus cómplices en la burguesía nacional.

Hace poco ordenó a una conocida cadena de electrodomésticos bajar los precios hasta límites “razonables” y el agolpamiento e incluso el pillaje de ciudadanos ávidos de llevarse una nevera o un televisor de plasma gratis o a precios de ganga dio la vuelta al mundo. Ahora, una vez en disposición de ordenar lo que se le pase por su alucinado pensamiento sin necesidad siquiera de pedir autorización a un parlamento copado por el oficialismo chavista, las cosas pueden ponerse aún mucho peor. Por ejemplo, condenando a penas de 30 años, lo máximo permitido en la Constitución Bolivariana que Maduro esgrime a toda hora, a los comerciantes a los que se considere culpables de acaparamiento o especulación con los precios.

Que Maduro está en campaña electoral y que quiere a toda costa borrar la mancha que dejó en su hoja de servicios al chavismo haberle ganado por sólo dos puntos de diferencia al opositor Capriles con el cuerpo del comandante aún caliente, es más que evidente. Sin embargo, que esté a punto de meter al país más de lo que está en una peligrosa espiral de “ordeno y mando” y caos económico, culpando a un imaginario enemigo exterior de todos los males de Venezuela es ir demasiado lejos. La difícil situación el país requiere calma y sensatez y no más populismo hueco ni más alucinaciones presidenciales.

El aumento de la inflación en más del 50% castiga en especial a las clases sociales más desfavorecidas que el chavismo encarnado por Maduro dice defender y el río de divisas que recibe Venezuela de sus exportaciones petrolíferas alimentan una máquina clientelar gigantesca mientras el país tiene que importar el 95% de los productos básicos.

Todo ello en el marco de una desastrosa intervención política en la economía en la que Maduro – a punto de quedarse con las manos libres para gobernar por decreto - parece dispuesto a profundizar sin importarle si con ello empeora la situación. Sus medidas auguran más inflación, más desabastecimiento, más mercado negro, más especulación y más corrupción. Y eso, ni el recién creado Viceministerio para la Felicidad Suprema del Pueblo será capaz de arreglarlo.

De Madrid al vertedero

Así ve eljueves la huelga de basura en Madrid
Mucho me temo que Ana Botella no se va a poder tomar a relaxing cup of café y leche en la Plaza Mayor de Madrid. Supongo que estará hecha unos zorros – la Plaza, digo – al igual que el resto de la capital después de 11 días de huelga de basura. Y lo que es peor, la situación puede empeorar en las próximas horas con un enfrentamiento entre huelguistas y empleados de la empresa pública Tragsa, conminados a hacer de revientahuelgas muy a su pesar. El caos y el hedor ya no sólo se extienden por todo Madrid sino que contaminan sin remedio la penosa Marca España a través de los lacerantes reportajes que han dedicado a esta huelga un buen número de medios de comunicación extranjeros.

Mientras las calles se llenaban de basura y se convertían en una carrera de obstáculos para propios y extraños, la irresponsable alcaldesa circunscribía el asunto a un problema de relaciones laborales entre las empresas adjudicatarias del servicio y sus trabajadores. Con la situación ya enquistada, la alternativa que se le ha ocurrido a esta lumbrera política, cuyos méritos como gestora pública sólo los respalda ser la esposa de Aznar, ha sido tirar de una empresa pública para que le saque las castañas del fuego en un servicio privatizado.

En opinión del PP, para eso deben de servir las empresas públicas como Tragsa, para resolver los problemas que crean las privadas y los políticos incompetentes como Ana Botella. El ayuntamiento, que se supone sigue siendo el titular del servicio por muy privatizado que éste, no hizo el más mínimo intento de mediar al menos en el conflicto y cuando el daño ya estaba hecho y las calles de Madrid llenas de desperdicios se descolgó Botella con un ultimátum que le ha salido por la culata: como era de esperar, empresas y trabajadores no se han puesto de acuerdo y, por tanto, la huelga continúa de manera indefinida.

La apestosa situación que vive la capital trae causa de una privatización temeraria del servicio de recogida de basura que instaba a las empresas a rebajar sus ofertas económicas a cambio de quedarse con el servicio. Consiguió lo que quería pero las empresas adjudicatarios no han tardado en repercutir la rebaja de sus ofertas sobre los hombros de los trabajadores con recortes de salarios y despidos, a los que estos legítimamente se han opuesto. Ahora, Botella se hace de nuevas y asegura que ninguna de las empresas concursantes le advirtió de su intención de bajar sueldo y despedir empleados, algo que las propias empresas se han encargado de desmentir. ¿Acaso creía la sin par alcaldesa que estas filantrópicas empresas acudían al concurso por amor al arte de recoger basura y no por interés económico?

Sinceramente, no me gustaría estar estos días en la piel y en las narices de los vecinos de Madrid, una ciudad admirable que no se merece tener al cargo de sus intereses públicos a alguien que ha demostrado con creces su absoluta incompetencia y ha convertido la capital de este país en un vertedero y en el hazmerreir de España y de medio mundo.

Repsol vende la moto

Antonio Brufau es un señor muy atareado que se suele codear con presidentes de grandes corporaciones, banqueros, megainversores y jefes de Estado o de gobierno. A pesar de su apretada agenda, el presidente de Repsol ha encontrado un hueco para darse un salto a Canarias con el fin de intentar venderles a los indígenas la sospechosa moto de las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Aquí ha venido a decir que el mundo “nos mira atónitos” por la oposición del Parlamento canario, el Gobierno autonómico, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, numerosos ayuntamientos y organizaciones sociales de todo tipo y miles de ciudadanos a su proyecto petrolífero.

Se ha permitido decir incluso que detrás de esa oposición lo que hay son motivaciones políticas y no económicas y ha vuelto a agitar el señuelo de la riqueza en forma de lluvia de millones de dólares y miles de empleos que sus prospecciones generarían en unas islas con más de una tercera parte de la población activa en paro, algo que también ha tenido a gala restregarnos en la cara.

Para redondear la generosa oferta, le ha ofrecido a Lanzarote y Fuerteventura la posibilidad de instalar en esas islas las bases logísticas de los sondeos.  Sobra decir que el señor Brufau está convencido de que un derrame de crudo en un archipiélago con una riquísima biodiversidad marina y que capea malamente la crisis gracias al turismo es poco menos que imposible, que no es lo mismo que completamente imposible. 

En cualquier caso, si por una imprevista conjunción de los astros se produjera un derrame de crudo que inundara de piche las costas canarias desde Fuerteventura a El Hierro, siempre podemos echar mano de algún tribunal comprensivo que nos libre de toda responsabilidad. Véase si no lo ocurrido con la tragedia del Prestige.

Poco o nada deberían sorprendernos estos argumentos dado el énfasis con el que la petrolera y el Gobierno, con el ministro Soria a la cabeza, subrayan las presuntas ventajas económicas del petróleo y desprecian sus riesgos, que para el PP sólo existen en Baleares con los sondeos autorizados allí pero no en Canarias. 
 
También está de más señalar que el presidente de Repsol no ve “connivencia” alguna entre las decisiones de Soria, autorizando las prospecciones nada más llegar al ministerio, y los intereses de su compañía privada. Tal vez por eso Brufau ya se atreve incluso a anunciar a bombo y platillo que los sondeos comenzarán en mayo del próximo año, aunque aún no cuente con los permisos definitivos para ello.

Debe de ser que los ve ya en su bolsillo después de que los centenares de alegaciones presentadas por las instituciones, organizaciones sociales y ciudadanos canarios al Estudio de Impacto Ambiental sean oportunamente desestimadas por el mismo Gobierno cuyo ministro de Industria – como es público y notorio - no ha mostrado el más mínimo interés por los proyectos petrolíferos de su compañía en Canarias.

Si lo que Brufau pretendía hoy con su viaje a Canarias era convencer a quienes legítimamente están en contra de las prospecciones de las bondades y ventajas de un proyecto pensado a mayor gloria y beneficio de la compañía que preside, me temo que ha conseguido el efecto contrario, aumentar el número de los que se oponen.

Empezando por las instituciones canarias, a las que se les acusa de defender intereses políticos y no los sagrados intereses económicos de su compañía y a las que se les pone sobre la mesa un teórico beneficio futuro y a largo plazo a cambio de ablandar el rechazo, lo cual sólo tiene un nombre en el diccionario: chantaje. Y continuando por los miles de ciudadanos a los que se trata como irresponsables ignorantes incapaces de apreciar la riqueza que nos traerá el maná negro del petróleo. En descargo de Brufau hay que poner de relieve que al menos no llamó “gilipollas” a los que se oponen a los sondeos, todo un detalle que le agradecemos.

Prestige: no hay culpables pero pagamos todos

Once años después de la catástrofe y tras nueve meses de juicio, la Audiencia Provincial de La Coruña ha parido hoy un ratón. Una sentencia incomprensible que libera de toda responsabilidad penal a los acusados y sólo impone nueve meses de cárcel al capitán del viejo petrolero por desobediencia, condena que ni siquiera cumplirá dada su avanzada edad. El entonces director general de la Marina Mercante se va a casa con las manos limpias de piche al igual que el jefe de máquinas del petrolero. Tampoco cabía esperar otra cosa de un juicio en el que apenas hubo presencia de las empresas del intrincado entramado del que dependía el buque ni, por supuesto, ninguna autoridad gallega o nacional relacionada con aquella catástrofe ecológica, la mayor sufrida por nuestro país.

Aunque la Fiscalía calcula en más de 4.300 millones de euros los daños de la catástrofe, el fallo deja en el aire las indemnizaciones de un vertido fruto de un cúmulo de decisiones que califica de “legales”, lo que no implica que fueran acertadas. De hecho, para muchos fue un suicidio ecológico el empeño de Francisco Álvarez Cascos, entonces ministro de Fomento, de alejar lo más posible el barco – “hasta el quinto pino “ e incluso hasta Canarias, según relató una abogada en el juicio - con lo que consiguió contaminar a conciencia más de 2.000 kilómetros de costas y cerca de 2.000 playas. Por no hablar de las drásticas y disparatadas intenciones de Federico Trillo, titular de Defensa, que llegó a proponer bombardear el buque.

El descontrol y la ocultación de la tragedia por parte del gobierno de Aznar – éste, por cierto, literalmente ausente durante los primeros días de aquel desastre - alcanzaron tales cotas de irresponsabilidad que el Prestige, una chatarra flotante cargada con 77.000 toneladas de fuel ruso de la peor calidad, estuvo seis días dando vueltas por las costas gallegas y derramando su pestilente y contaminante carga hasta conseguir teñir de negro las costas gallegas y extenderse hasta las francesas.

Después se partió en dos y desde el fondo del mar empezó a soltar “unos pequeños hilitos con aspecto de plastilina” que solidificarían rápidamente, según la ridícula e inolvidable descripción de Mariano Rajoy, entonces vicepresidente del Gobierno de Aznar. Ninguno de ellos ni de los responsables de la Junta de Galicia, con Manuel Fraga al frente haciendo incluso bromas sobre lo que estaba ocurriendo en las aguas y costas de su propia comunidad, merecen ni tan siquiera la más mínima mención o amonestación en esta sentencia.

Los miles de afectados directos, los voluntarios que acudieron de toda España a limpiar las playas y los ciudadanos de este país sentimos hoy que, después de once años de espera y nueve meses de juicio, no se ha hecho justicia, por no decir que se ha cometido una injusticia. Suena a escarnio y a burla que el fallo alabe la rapidez con la que se han regenerado las zonas afectadas por el chapapote como si todo hubiera sido obra de la Naturaleza indomable y no de decisiones humanas erróneas. Echarle la culpa a los fallos de estructura del barco después de reconocer la deficiencia de las inspecciones es como responsabilizar a un árbol por haberse quemado en un incendio.

Si el Supremo, en donde es previsible que se termine ventilando judicialmente este asunto, determina que el Estado es responsable civil por los daños causados no serán ni Álvarez Cascos, ni Trillo, ni Rajoy, ni Aznar, ni por supuesto las empresas relacionadas con el barco las que paguen la factura. La pagaremos todos de nuestros bolsillos y, lo que es aún peor, no podremos tener la seguridad de que una catástrofe similar no se repita en cualquier momento.

El cambalache de la política canaria

En cuestión de días, la política canaria se ha dislocado por completo. Los pactos saltan por los aires, llueven las mociones de censura y arrecian los ofrecimientos de acuerdos de gobierno. De locos. Cuándo empezó realmente el disloque no es fácil saberlo, pero augurar que este momento llegaría justo cuando acabamos de atravesar el ecuador de la legislatura tampoco era muy complicado. Resultaría prolijo y cansino enumerar los movimientos de ficha política de las últimas horas con partidos que se alían para desbancar del poder a fuerzas con las que gobiernan en otros ayuntamientos, cabildos o comunidad autónoma.

En el tótum revolútum en el que se ha convertido la vida política canaria, encontramos al PSOE aliado con el PP contra CC en el Cabildo de La Palma a pesar de gobernar el primero con el tercero en la comunidad autónoma. Todo ello, menos de veinticuatro horas después de que Rubalcaba proclamara  que “el PSOE ha vuelto” y trazara las líneas rojas que deben separar a los suyos de los populares como el agua del aceite.

Por su parte, los populares no desaprovechan comba para poner una pica en aquellas instituciones en las que huelan debilidad del gobierno de turno y en los que ellos estén en la oposición. Ocurre así en el cabildo palmero, en donde CC se había quedado en minoría después de que la presidenta nacionalista desalojara a los socialistas del poder en una decisión de la que se lamentará durante mucho tiempo. Los desalojados se la han cobrado en forma de moción de censura con el apoyo entusiasta del PP y poco o nada parece importarles haber sido expulsados del PSOE y que el partido – ahora gobernado por una gestora – se haya dado un tiro, más que en el pie, en el corazón.

A renglón seguido y casi el mismo día, el PP ofrece un pacto de gobierno a CC en el Cabildo de Lanzarote, en donde los nacionalistas no saben qué hacer con dos consejeros díscolos que se niegan a acatar la disciplina de partido y tienen al pacto con el PSOE al borde del infarto. Huele a moción de censura también en la tierra de los volcanes y a un vuelco político en ayuntamientos como Arrecife o Teguise. Y así, casi hasta el infinito.

El revuelto panorama dispara todo tipo de especulaciones sobre el futuro del pacto CC-PSOE en la comunidad autónoma, aunque no parece que la marea llegue tan alto. Nacionalistas y socialistas, cada uno con sus serios problemas internos, se necesitan desesperadamente para acabar juntos la legislatura, por más que en las filas de los primeros haya quienes no verían con malos ojos un acuerdo con el PP a ver si así detienen el martillo pilón en el que se ha convertido el Gobierno de Rajoy para las Islas. Es precisamente ese trato y la espiral de desafectos entre el presidente Rivero y el ministro Soria el que, a fecha de hoy, hace muy improbable esa opción.

Lo cierto es que la política muestra estos días su peor cara en las Islas, aquella que menos tiene que ver con los problemas y demandas de los ciudadanos. Rencillas personales, venganzas políticas, maniobras electorales, estrategias de desestabilización, indisciplina y deslealtad conforman un coctel político de difícil digestión y escasa ejemplaridad ante unos ciudadanos atónitos por no decir asqueados. Como en el tango, da lo mismo ser derecho que traidor, todo vale y nada importa si el objetivo es el sillón, la alcaldía o la presidencia de alguna institución, grande, pequeña o mediopensionista. Tratándose de alcanzar las mieles del poder el socio de ayer es el enemigo a batir de hoy y el enemigo de ayer es el amigo de hoy.

Luego, todo se adorna y justifica con palabrería hueca sobre el interés general de los ciudadanos, la difícil situación socioeconómica de este o aquel municipio o isla y la responsabilidad suprema del partido providencial llamado a salvarnos de la miseria y el abandono en el que nos tenían sumidos los anteriores gobernantes. Esto ocurre en un archipiélago con una tasa de paro del 35%, con un tercio de la población en riesgo de exclusión social y con unos elevados índices de fracaso escolar.

Un ingenuo exigiría que todas las fuerzas políticas estuvieran aunando esfuerzos para resolver esos y otros muchos problemas de esta sociedad en lugar de andar poniéndose zancadillas o cobrándose agravios. Sin embargo, los que ya hemos superado la edad de “todo el mundo es bueno” nos conformaríamos al menos con que no nos tomaran por tontos.

Vuelve el PSOE y sigue Rubalcaba

Exultantes están hoy los socialistas, por lo menos los dirigentes del partido, después de que Alfredo Pérez Rubalcaba proclamara ayer urbi et orbe que “el PSOE ha vuelto y es imparable”. Menos lobos, dirán algunos y tendrán razón. Mucho le falta aún al PSOE para asegurar que "ha vuelto" y que “es imparable”. Desde luego, de la Conferencia Política del fin de semana no se desprende esa sensación por muy comprensible y legítima que pueda ser la voluntad del líder de arengar a los suyos para que levanten de una vez el ánimo y se echen a las calles a mezclarse con las plataformas y los movimientos ciudadanos que llevan años batiéndose el cobre en solitario, antes incluso de que el PP llegara al Gobierno.

Y es ahí en donde falla el chute de euforia que Rubalcaba ha querido inyectarle a los suyos, en la autocrítica. Claro que difícilmente puede haber tal cosa en alguien que formó parte de un Gobierno que tuvo el dudoso honor de inaugurar los recortes que ahora le atribuye en exclusiva al PP, si bien es verdad que la derecha ha profundizado y perfeccionado aquella política que Zapatero ya aplicó en mayo de 2010 “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”. Y vaya si le costó a él y a su partido: la travesía del desierto le está costando.


Pero lejos de mirarse al espejo y reconocer que ya no es el líder que el PSOE necesita si de verdad aspira a ser “imparable”, Rubalcaba parece haber optado por seguir liderando la organización con la que se estrelló en las últimas elecciones más por deméritos propios que por méritos ajenos. Ahora anuncia su vuelta sin aclarar adónde se había ido ni por qué y lo hace con una amalgama de propuestas en donde hay de todo un poco pero, sobre todo, cosas ya muy oídas y cosas que el PSOE no hizo cuando gobernó: una profunda reforma fiscal, el blindaje de los servicios básicos, la regeneración a fondo de la vida pública, la democratización interna de las fuerzas políticas o la revisión de los acuerdos con la Iglesia Católica; por no hablar de las tensiones territoriales de las que en buena medida es responsable el PSOE y sobre las que la Conferencia Política ha pasado de puntillas para no empañar la foto de la unidad.

Aunque Rubalcaba ha conseguido aplazar por algún tiempo el debate sobre primarias en las que él parece listo para volver a competir, el balance del cónclave del fin de semana es a todas luces insuficiente como para proclamar con tanto énfasis que “el PSOE ha vuelto y es imparable”. Para que tal cosa ocurra hacen falta auténticas ideas de renovación y cambio, autocrítica y una amplia democratización interna que no pasa sólo por el hecho de que cualquier ciudadano pueda votar en las próximas primarias.

Y, a partir de ahí, alguien que no sea rehén de su pasado y con el carisma y la credibilidad necesarias para recuperar los vínculos rotos con el decepcionado electorado socialista. Las frases redondas pueden ser garantía de titulares muy gordos en los medios de comunicación pero no atraen confianza ni votos por sí solas.

Rubalcaba recibe

Rubalcaba tiene invitados este fin de semana a comer. A grandes rasgos, los comensales pueden dividirse en dos grupos. De un lado los que van a comer de su mano y de su plato y de otro los que van comerle el terreno político, ya bastante mordisqueado. Los primeros ven en él al hombre llamado a volver a enfrentarse a Rajoy en las elecciones de 2015 y que digan misa las encuestas del CIS “adobadas con mucho picante”, según chispeante frase del propio Rubalcaba. Creen que, a pesar de cuatro ministerios, una vicepresidencia y 20 años de diputado, en Rubalcaba aún hay fuerzas suficientes para otro embate electoral con la derecha rampante y sin nadie capaz de decirle zape por ahora.

Enfrente están los hombres y mujeres que ya no ocultan sus aspiraciones y que, después de meses de perfil, ahora quieren mirar de frente. Ahí están Patxi López, Susana Díaz, Pagés o Carme Chacón, ésta última con ganas de enjugarse por fin aquellas lágrimas apenas contenidas de la última contienda entre ambos y a la que Rubalcaba le ha dirigido un piropo envenenado: “Inteligente. Bueno, es un poco excesivo. Tenaz”.

Luego están los que añaden candela al fuego, caso de Felipe González, que nada se juega porque está de vuelta de todo pero que disfruta como un niño travieso repartiendo tortas bendiciones a partes iguales. El ex presidente emula a Aznar y le mete el dedo en el ojo a su aventajado discípulo Rubalcaba: “Es la mejor cabeza política de España, pero tiene una crisis de liderazgo”. Y a renglón seguido remata con un golpe de derecha: “Con Rajoy no hay crisis de liderazgo porque nunca lo tuvo”.

Con estos estimulantes prolegómenos comienza hoy en Madrid la Conferencia Política del PSOE en la que la dirección no quería ni oír hablar de primarias sino de ideas, pero en la que es mucho más probable que se hablé más de las primeras que de las segundas. Hacen un esfuerzo los responsables de la Convención para adelantarnos algunas de las iniciativas que piensan poner en práctica nada más desalojar a Rajoy de La Moncloa y reiteran que es el momento de recuperar el terreno perdido y resucitar la moribunda socialdemocracia en vez de ponerse a debatir ya sobre nombres para liderar esta contraofensiva por la izquierda.

Va a ser que no y, en ese caso, el PSOE volverá a perder otra oportunidad para convencer a los ciudadanos de que una vez de vuelta al poder en el Gobierno nacional sabrá qué hacer para que este país recupere los niveles de bienestar que, con la excusa de la crisis, ha deteriorado hasta límites insospechados la derecha ultraliberal. Es cierto, como dice Felipe González, que Rubalcaba sufre una crisis de liderazgo, pero es más cierto aún que la verdadera crisis, la que más debe preocupar al PSOE, es la de las ideas para hacer frente a cuestiones de tanto peso como las tensiones territoriales, el desafecto político, la corrupción, el deterioro de los servicios esenciales o a la pérdida de soberanía a mayor gloria de los mercados y sus agentes.

Ilusionar de nuevo al electorado con un proyecto político coherente, a la altura de las exigencias de los tiempos, capaz de encontrar sinergias en la sociedad  sin perder las señas de identidad y nítidamente diferenciado del de la derecha es su gran reto. Si al final todo se sustancia de nuevo en una batalla por el sillón de mando ni siquiera hará falta ponerle pimienta a las encuestas, ni pimienta ni sal.

Curazao, tierra de piratas

Admito que tenía dudas sobre por dónde caía Curazao, no sabía muy bien si por el Índico o el Caribe. Habrá que achacárselo a la perversa LOGSE aunque, por suerte, ahí está la Wikipedia para paliar tanto fracaso escolar – José Ignacio Wert dixit. Descubro así que Curazao está en el Caribe y que se independizó de Holanda en 1966. Sus playas son de finísima arena blanca y aguas cristalinas de color turquesa y son famosos sus licores de vivos tonos. Se habla allí un idioma local, el papiamentu, pero también holandés, inglés o español, dado el origen multicultural de su población.

Curazao, el Paraíso Perdido
Puede que fuera este detalle idiomático lo que hizo que varios empresarios y directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo eligieran Curazao para gastarse el dinero ahorrado después de muchos años de esfuerzos y servicios a clientes y accionistas. Lástima que el juez Gómez Bermúdez, que investiga el agujero de la CAM, haya decidido que, antes de viajar a tan paradisiaco lugar, tal vez deban pasar una temporada a la sombra de una prisión española para que luego, y en su caso, el bronceado bajo las gráciles palmeras de Curazao luzca en todo su esplendor.


Desde luego, si logran salir con bien de esta, tendrán dinero más que suficiente para terminar sus días a la sombra de los cocoteros bebiendo cócteles de ron o uno de esos licores de colorines. Dice Gómez Bermúdez que entre los exdirectivos y empresarios con ellos conchabados a los que podría enviar al solárium colectivo de la prisión, amasaron en total unos 31 millones de euros y defraudaron más de 40 a la Hacienda Pública, y eso solo a través de operaciones inmobiliarias en el Caribe, dónde si no.

El juez sólo les imputa delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida, evidentemente pecata minuta. La CAM es una de las perlas cultivadas más brillantes del collar de chorizos que adorna a la banca española desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. La Caja de Ahorros del Mediterráneo, otro juguete roto del PP valenciano como la radiotelevisión autonómica, fue intervenida por el Banco de España en julio de 2011 y se supo entonces que el agujero de sus cuentas superaba los 1.100 millones de euros.

Eso no le impidió comprarle dos días después a la Generalitat valenciana pagarés por 200 millones de euros al 4,75% y es que, los negocios son los negocios. Del mismo modo, no dudó en financiar megalómanos proyectos del PP valenciano como la Ciudad de las Artes de Valencia, la Ciudad de la Luz en Alicante o Terra Mítica, el chasco de todos los chascos. 

Sus directivos, entre los que se encuentra uno de los que Gómez Bermúdez sospecha que tenía hecho el petate para largarse a Curazao, se pagaron generosas prejubilaciones por importe de casi 13 millones de euros pocos días antes de la intervención del Banco de España. Mientras, los miembros del Consejo de Administración silbaban mirando al tendido y cobraban 1.000 euros por asistir a reuniones en las que ni veían ni oían ni hablaban. Tal vez solo pensaban en Curazao, en sus viejas leyendas de piratas y en la botella de ron.

Otro mal día para el periodismo

 Hoy es un mal día para el periodismo de este país, otro más y ya van unos cuantos. Siempre lo es cuando cierra un medio de comunicación, sea público o privado. Si como en el caso del Canal Nou valenciano es público, además de repercutir negativamente sobre la pluralidad informativa de la que debe hacer gala cualquier sociedad democrática que se precie, tiene efectos perniciosos sobre la cohesión social y el fomento de la identidad cultural de un territorio, sea este el que sea. En este caso es Valencia, cuya ley de creación de la radio televisión pública ponía precisamente el acento en el respaldo de unos valores que no cabe esperar defiendan las empresas privadas con el mismo alcance y dedicación que los medios públicos. 

Ahora todo eso ha saltado por los aires y el detonante ha sido un chapucero expediente de regulación de empleo que no es que la Justicia haya rechazado por defectos formales, sino que ha anulado directamente. Llama la atención tanta incompetencia y lleva a preguntarse si lo que buscaba el Gobierno valenciano no era precisamente una excusa como la del fallo judicial para echar el cierre definitivo alegando que no puede hacer frente a los costes derivados de la readmisión de los trabajadores afectados. Ni la posibilidad de recurrir el fallo parece haber barajado.

El presidente Fabra sacaba pecho esta mañana y presumía de que antes de cerrar un hospital cierra la radiotelevisión autonómica. Ni una palabra de autocrítica, ni un leve mea culpa sobre la desastrosa y despilfarradora gestión que ha hecho el PP de un medio de comunicación que durante dos décadas ha sobredimensionado y endeudado a placer y en su exclusivo beneficio político y que ahora abandona como un juguete ya inservible para sus fines. Se trata del mismo partido que predica austeridad y aboga por cerrar todas las televisiones autonómicas del país, “chiringuitos” como despectivamente las llaman algunos dirigentes populares que, antes de escupir al aire, deberían de tener cuidado de que no les caiga en la cara.

Ahora son los trabajadores los que pagan con sus empleos tanto desmán durante tanto tiempo y después de que sus alternativas para salvar el medio aunque fuera a costa de grandes sacrificios salariales fueran rechazadas unas tras otras. Viendo a los compañeros de Canal Nou tomando casi a la desesperada el control de la parrilla me han venido a la memoria los periodistas de la radiotelevisión pública griega, atrincherados en los estudios tras ser sacrificados también en aras de la austeridad suicida impuesta por el mismo rampante ultraliberalismo que hoy aplaude con las orejas el cierre de otro medio de comunicación y el despido de centenares de trabajadores.

No me cabe la menor duda de que la práctica totalidad de los periodistas de este país hacemos piña hoy con los compañeros de la radiotelevisión pública valenciana frente a quienes, después de hundirla en deudas a mayor gloria de sus ambiciones políticas, ahora pretenden encima hacerse pasar por sus heroicos sepultureros.

Wertgüenza torera

Si José Ignacio Wert tuviera un ápice de vergüenza torera – a él que tanto le gusta la “fiesta nacional” – a esta hora ya no sería el ministro de Educación de este país. Desautorizado en toda regla por su partido y su Gobierno tras la ignominiosa faena de las ayudas Erasmus que no ha tenido más remedio que anular, otro con algo menos de soberbia política que la que él está acostumbrado a exhibir tendría que haber presentado su dimisión irrevocable o haber sido destituido de forma fulminante. Pero no le pidamos peras al olmo de la Moncloa ni a Dios lo que Salamanca no presta; no esperemos por tanto que una reculada como la que hoy ha protagonizado Wert alcance sus últimas consecuencias con su salida inmediata del Ministerio.

El cornúpeta del Gobierno, siempre tan manso y dócil con las reivindicaciones de la Conferencia Episcopal pero tan fiero e intratable frente a las protestas de toda la comunidad educativa y de la oposición en peso, ha vuelto a dejar a su partido y al Gabinete del que forma parte a los pies de los caballos ante toda la opinión pública del país. Merecido se lo tienen el PP y el Gobierno por poner algo tan sensible como la educación en las manos de un político tan pagado de sí mismo que se permite chulerías como la de las becas Erasmus. 

Su decisión de dejar sin esas ayudas para completar estudios en el extranjero a los estudiantes que no hayan obtenido una beca general del Ministerio tiene todos los agravantes de la nocturnidad y la alevosía. No sólo porque firmara el decreto el mismo día en el que la inmensa mayoría de la comunidad educativa de este país protagonizaba una huelga general en la enseñanza contra su reforma, sino porque lo ha hecho a sabiendas de que los alumnos desplazados al extranjero ya contaban con la beca y, sin ella, la mayoría no tendría más alternativa que regresar a casa. Suena a algo así como “se van a enterar estos de quien es el ministro Wert”.


Queda ahora en el aire saber qué pasará con esas ayudas para el curso siguiente, algo que Wert no ha aclarado en su reculada de hoy aunque cabe temerse lo peor si para entonces sigue al frente del Ministerio. En ese caso, puede que ni siquiera haya becas de estudio propiamente dichas dado su empeño en restringir a toda costa el acceso a la educación en igualdad de oportunidades de los estudiantes con menos recursos y reservar las ayudas públicas para quienes en realidad no las necesitan.

En la filosofía de este ministro la igualdad de oportunidades es un concepto de quita y pon a conveniencia: cuando se trata de becas generales con las que paliar la carencia de recursos para estudiar, las convierte en un premio a la excelencia académica; sin embargo, si se trata de favorecer a los estudiantes con mejor expediente dándoles la oportunidad de completar su formación en otro país a través del programa Erasmus, entonces sí apela a la igualdad de oportunidades pero para quitárselas a quiénes más se las merecen.

El dislate ha sido de tal envergadura que ni el PP y el Gobierno han podido digerirlo, que ya es decir. Así que no cabe hablar de rectificación en la marcha atrás de Wert: esa es una virtud sólo reservada a los sabios que, además, piden disculpas y asumen responsabilidades por sus errores. En este caso sólo estamos ante un miura cegado contra todos los que osen agitar una pancarta en su contra y que seguramente no tardará mucho en volver a topar.

Y los notarios comieron perdices

Conmueve la obsesión del ministro de Justicia por descargar de trabajo a los juzgados y tribunales de este país. Primero fueron las tasas judiciales que concitaron la oposición frontal de todos los estamentos jurídicos y que – según revela un reciente informe del Consejo General de la Abogacía – ya han disuadido a un buen número de ciudadanos de pleitear. 

Ahora llegan las bodas y divorcios ante notario, previo pago de 95 euros, y la tramitación de herencias o testamentos ante los registradores de la propiedad. Dice Ruiz Gallardón que todo esto permitirá desatascar los juzgados y uno se pregunta por qué no refuerza el personal al servicio de la Administración de Justicia si tanto le preocupa el atasco. 

A notarios y registradores la noticia les debe haber sonado a regalo navideño adelantado, ahora que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria tiene a muchos de ellos casi mano sobre mano y con la cuenta corriente sin engordar adecuadamente. Hay quien ve en la medida de Ruiz-Gallardón un primer paso hacia la privatización final de la Justicia ya que, si bien son funcionarios públicos, las retribuciones de estos fedatarios proceden de las tasas que pagamos los ciudadanos a cambio de sus onerosos servicios. Sólo así cabe entender que el ministro cuele en su reforma de la Jurisdicción Voluntaria las bodas y los matrimonios, que nada tienen que ver con ella sino con asuntos judiciales en los que no hay controversias entre las partes.

De momento – sólo de momento – los que deseen casarse o divorciarse de mutuo acuerdo y siempre que no haya hijos menores de por medio, también lo podrán seguir haciendo gratis en la inmensa mayoría de los ayuntamientos, en el juzgado o en la iglesia; o convertirse en pareja de hecho sin más gasto ni papeleo. La pregunta es por qué va a querer alguien casarse o divorciarse ante notario y pagar 95 euros del ala por algo que puede hacer de forma gratuita. Es aquí en donde surge la sospecha de que, con su obsesión por aligerar de trabajo a juzgados y concejales y alcaldes celestinescos, termine el ministro otorgando a los notarios la exclusividad de unir lo que antes sólo podían unir los curas.

Con la totalidad de la tarta en manos únicamente de notarios y registradores, nada impediría entonces que “los módicos” 95 euros terminen subiendo como el champán y haya que acabar abonando hasta el arroz, la música y el disfraz de Elvis, llegado el caso. Pero no empañemos con augurios pesimistas el feliz acontecimiento: los notarios están muy contentos y suponemos que los registradores de la propiedad también, ya que el Gobierno que propone esta ley está presidido por uno de sus más preclaros colegas que ni siquiera ha hecho amago de inhibirse en un asunto que atañe directamente a su gremio. Así, todos, notarios y registradores, serán felices y comerán perdices.

Callados estamos más bonitos

En el teatrillo universal del espionaje masivo acabamos de descubrir que los espías eran de los nuestros y no tipos con gabardina, sombrero y gafas oscuras de allende nuestras fronteras que hurgaban en nuestras conversaciones privadas. Escándalo monumental porque el Imperio del Sol Poniente espiaba a dos terceras partes del planeta con sus líderes incluidos, y resulta que eran los servicios secretos de esos países los que le hacían el trabajo sucio a una potencia extranjera.

Según las últimas revelaciones periodísticas, los espías de Obama ni siquiera tenían que arriesgarse a sufrir un dolor de cabeza escuchando el guirigay continuo de los españoles en sus comunicaciones telefónicas o a través de sus correos electrónicos, por no mencionar el diálogo de sordos de nuestros políticos. Eran nuestros propios servicios secretos los que asumían esa penosa tarea para luego poner los resultados en manos del agente norteamericano 086 de turno.

La misma docilidad ante Washington han demostrado al parecer los servicios secretos franceses a los que aquello de la “grandeur” de su país les debe sonar a batallas de abueletes ignorantes de las ventajas de la globalización. Más allá de que me sigo preguntando qué rayos puede interesarle a la inteligencia estadounidense de nuestro país como no sea a los españoles ciscándose en el Gobierno y a éste maquinando cómo dorarnos la píldora en forma de brotes verdes y lucecitas al final del túnel, en los buenos tiempos de la Guerra Fría espiar a favor de un país extranjero podía acarrear fácilmente la pena de muerte con las primeras luces del día en una fría prisión.

Ahora no, ahora es un acto de confianza y colaboración entre aliados y eso está bien, hay que reconocerlo, porque esa colaboración puede llegar a evitar actos que todos lamentaríamos. Sin embargo, una cosa es colaborar y otra muy distinta hacerles el trabajo y ponerle los datos en bandeja a los servicios secretos norteamericanos al tiempo que estos conocen de los españoles hasta la hora a la que han quedado para tomar unas cañas.

Menos mal que Rajoy – el hombre que tanto dice defender la soberanía nacional - dice tomarse este asunto muy en serio hasta el punto de que ha anunciado que el jefe del espionaje español por cuenta de Estados Unidos, Félix Sanz Roldán, comparecerá en el Congreso para decir de forma reservada lo que todos sabemos que va a decir: que todo es falso salvo algunas cosas.

Ahora que Montoro se devana los sesos pensando cómo recortar para cuadrar los números del déficit se me ocurre que podría proponerle a Obama que pague él de su bolsillo a los espías españoles, que seguro que salen por una pasta gansa, si al fin y al cabo trabajan para el presidente norteamericano. Y es que hay veces, y ésta me parece que es una de tantas, en que callados estamos más bonitos.

Infanta Cristina: yo, mi, me, conmigo

La Agencia Tributaria ha descubierto que, al viejo y acreditado estilo de Juan Palomo – yo me lo guiso, yo me lo como – la infanta Cristina y su marido se autoalquilaban a sí mismos su coqueto palacete de Pedralbes como sede de la empresa Aizoon. Lo ha publicado el diario El Mundo y se trata de la misma empresa en la que, a pesar de compartir la propiedad con Iñaki Urdangarín, la hija del rey sólo ejercía de mujer florero, a decir de la fiscalía anticorrupción.

Arrendador: Cristina; Arrendatario: Cristina
Para los que se hayan perdido en los muchos vericuetos y meandros del caso, cabe recordar que Aizoon es la empresa patrimonial – mejor dicho, instrumental o tapadera – a través de la que los duques de Palma vaciaban la caja fuerte de esa otra filantrópica compañía llamada Instituto Nóos que utilizaban para sangrar a algunas comunidades autónomas y ayuntamientos dirigidos por complacientes políticos dispuestos a darlo todo por la monarquía.

Autoalquilándose su propia residencia como sede de su empresa pantalla conseguían engañar a Hacienda haciéndole creer que los beneficios eran menores y se evitaban el pago de los correspondientes impuestos. La verdad es que la táctica defraudadora resulta un poco burda y pueblerina, pero lo cierto es que ha conseguido engañar a Hacienda durante varios años y le ha permitido a la infanta y a su esposo embolsarse unos 30.000 euros que deberían haber ido a parar a las arcas públicas, al tiempo que se quedaban con el dinero público desviado desde el Instituto Nóos.

Dicen ya muchos que este descubrimiento pone de nuevo a la infanta a las puertas de los juzgados de Palma en calidad de imputada. Lo reconoce hasta su propio abogado, aunque el de Iñaki Urdangarín se ha desecho en explicaciones no pedidas – excusatio non petita, accusatio manifesta en las que asegura que él ha estado allí, en el palacete de Pedralbes y que, efectivamente, allí están las oficinas de Aizoon. Conclusión: todo es legal y transparente para el letrado de la infanta que, sin embargo, no ha concretado si vio también a hija del rey en traje de faena atendiendo el teléfono y autofacturándose algún zafari, algún vino caro, unas acciones, unas clases particulares o alguna cena de alto copete.

Ahora solo falta saber qué dice la fiscalía anticorrupción y la abogacía del Estado, que en su día se emplearon a fondo para anular la imputación de la infanta hasta que lo consiguieron para satisfacción de la Casa Real y del Gobierno. ¿Era la hija del rey una pieza decorativa del entramado de su marido para desviar a su bolsillo y al de su consorte el dinero público obtenido a través del Instituto Nóos o era parte activa y consciente de la trama como se deduce de este surrealista autoarrendamiento? Ardemos en deseos de escucharles.

Felicidad por decreto

Si no lo oigo no lo creo: el presidente venezolano acaba de crear el Viceministerio Para la Suprema Felicidad del Pueblo Venezolano. Así, casi por decreto y probablemente inspirado en el amado líder norcoreano Kim – Jong – um o tal vez en el rey de Bután, quiere Nicolás Maduro hacer felices a los venezolanos. Sería de risa si no fuera dramático en un país en el que faltan las cosas más básicas a pesar de sus inmensas riquezas petrolíferas.
El anuncio lo ha hecho Maduro cuando cumple seis meses en el cargo que le dejó en herencia Hugo Chávez, al que escuchaba en forma de pajarito y al que hace nada le ha concedido a título póstumo nada menos que el Premio Nacional de Periodismo. Muchos analistas ven en esta delirante decisión de Maduro la proximidad de las elecciones municipales del próximo diciembre, en las que el presidente bolivariano aspira a sacarse la espina que le dejaron las presidenciales de abril en las que venció por la mínima al odiado opositor Enrique Capriles.

Para que vaya quedando claro qué espera Maduro de esas elecciones, el presidente ya ha declarado ese día Jornada de la Lealtad a Chávez y de Amor a la Patria, todo de una misma tacada. En cualquier caso y por si no basta con el Viceministerio de la Suprema Felicidad del Pueblo para garantizar la felicidad popular por decreto, Maduro también estudia reforzar las milicias bolivarianas, suerte de fuerzas paramilitares o parapoliciales que, cabe suponer, siempre pueden actuar como brazo armado para que no quede un solo venezolano sin probar las mieles de la felicidad prometida por Chávez y renovada por Maduro.

El paquete de medidas en aras de la suprema dicha se completa con una petición a la Asamblea Nacional para gobernar por decreto por tiempo indeterminado, al tiempo que la cámara crea una comisión anticonspiraciones. Como es sabido universalmente, las conspiraciones son la gran afición de Maduro, hasta el punto que todos los días encuentra espías norteamericanos emboscados debajo de su cama intentando averiguar cuáles son sus verdaderas intenciones.

Maduro ha designado ya viceministro de la Suprema Felicidad del Pueblo a un político del régimen que a esta hora se debe estar preguntando qué ha hecho él para merecer tan alto honor o tan duro castigo. ¿y si no cumple los objetivos y la confianza depositada en él? ¿y si el mismo es infeliz? ¿y si la gente no quiere ser feliz? ¿y si la felicidad es relativa y efímera? Suerte y mucha felicidad hay que desearle, las va a necesitar en grandes dosis.

Sólo confiemos que en España no se le ocurra a Mariano Rajoy algo similar, que para ministro de la Suprema Felicidad patria ya nos basta y sobra con Montoro.

La TIA espía a Rajoy

Todavía no, pero cuando los españoles tengan a bien decidir que Rajoy deje de ser el presidente del Gobierno puede escribirse un grueso tomo con sus frases escogidas, esas que inmortalizan a líderes políticos de la talla de un Churchill y su “sangre, sudor y lágrimas”, por ejemplo. No deberían faltar pensamientos y reflexiones de la altura de “no subiré los impuestos”, “no congelaré las pensiones”, "no es un rescate sino un préstamo" o “todo es falso, salvo algunas cosas”. Lugar destacado merece también esa genialidad de “está lloviendo mucho” cuando le preguntaron por la sentencia que tumbó la doctrina Parot y, más recientemente, su “no me consta” para referirse al espionaje de Estados Unidos a los políticos españoles y a los de los amados aliados occidentales.

Merkel y Hollande han montado en cólera y advertido al aliado Obama de que esas cosas se le pueden hacer a los enemigos pero está muy feo y es de muy mala educación hacérselas “a los amigos”. Sin embargo, a Mariano Rajoy “no le consta” que también él, sus ministros o los presidentes anteriores y sus ministros hayan sido vigilados por el Gran Hermano de la Agencia Nacional de Seguridad. En donde Francia y Alemania han llamado a los embajadores de Estados Unidos en París y Berlín para manifestarles su enfado, en Madrid se le convoca para que “informe” si ha habido espionaje a nuestro país pero, sobre todo, para preguntarle por la NBA y el tiempo en Washington y de paso tomar un chocolate con churros.

No es el presidente hombre de desplantes al modo de Zapatero y su sentada ante el paso de la bandera de las barras y las estrellas. Y menos ahora, cuando tiene a punto de caramelo una foto con Obama en la Casa Blanca en plan líder de la “potencia que asombrará al mundo con su despegue económico” – Montoro dixit. A uno se le ocurre que Mariano Rajoy debe pensar que la Agencia Nacional de Seguridad es como la TIA de Mortadelo y Filemón y va por el mundo contando a los gobiernos aliados que están siendo espiados desde Estados Unidos.

Precisamente el hecho de que a él “no le conste” es la prueba de que los espías de Obama hacen bien su trabajo, al menos en España, porque a Merkel y Hollande parece que “sí les consta” que han espiados sus teléfonos y por eso se han puesto como se han puesto. Tal vez Rajoy debería preguntarles a todas unas expertas como Alicia Sánchez – Camacho y Esperanza Aguirre cómo funciona de verdad esto del espionaje político.

Claro que detrás de tanto clamor e indignación de doncella mancillada hay buenas dosis de hipocresía porque en esto del espionaje el que menos corre tira al de delante. Todo el mundo espía a todo el mundo, para qué vamos a engañarnos, aunque también es cierto que espía mucha más y mejor no el que más quiere sino el que más puede y el que más intereses tiene en juego.

En este punto, nadie como Estados Unidos con los galones que da la experiencia de décadas de espionaje a todo lo que se mueve y 52.000 millones de dólares gastados sólo este año en averiguar qué dicen, que hacen y qué piensan hacer sus aliados y sus enemigos. La duda que me asalta es qué demonios le puede interesar saber de los políticos españoles a Estados Unidos: ¿la marca de puros de Rajoy? ¿el peluquero de Rubalcaba? ¿las amistades peligrosas del Rey? ¿el logopeda de Montoro? ¿el secreto de los 6 millones de parados? Salgamos de dudas: preguntémosle a la TIA.

Terrorismo o donde las dan, las toman

Apenas han pasado cuarenta y ocho horas desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió la controvertida sentencia que anula la llamada doctrina Parot y ya se le está haciendo muy cuesta arriba al Gobierno y al PP gestionar sus consecuencias. Intentando apagar el fuego, el Fiscal General del Estado ha dicho que no habrá excarcelación masiva de etarras, repitiendo así lo que antes había dicho el ministro de Justicia. No ha funcionado: la Asociación de Víctimas del Terrorismo ya ha convocado su primera manifestación de protesta de la era Rajoy para el próximo domingo en Madrid. 

A ella se han apuntado entusiasmados Esperanza Aguirre, su sucesor en la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la alcaldesa Ana Botella, dispuesta incluso a recibir en el ayuntamiento a una representación de los manifestantes. No es casualidad sino todo lo contrario que los tres tengan razones para hacerle este feo a Rajoy y a Ruiz – Gallardón. Sin contar con los que seguramente se sumarán en las próximas horas.

Lo único que ha dicho Rajoy sobre la sentencia de Estrasburgo es que “está lloviendo mucho”, lo que pone una vez más de manifiesto su fina vena política y la altura intelectual de su liderazgo. En realidad, más que llover truena y relampaguea: el presidente ha volado esta tarde raudo desde Barcelona – en donde compartió un gélido saludo con Artur Mas - a Madrid para reunirse con la AVT e intentar tranquilizarla. No lo tendrá fácil y hasta no es descartable que el presidente se vea en la obligación de emitir alguna señal de apoyo y comprensión a una organización formada en su gran mayoría por la militancia y el electorado más a la derecha del PP.


La cuestión es cómo parar el golpe que se le viene encima y al que hay que añadir el sibilino comunicado de la FAES, la fundación que dirige el ex presidente Aznar, en el que se desmarca de Rajoy y culpa directamente a Zapatero y a su “proceso de paz” del fallo de Estrasburgo. Paradojas de la vida, la nota la suscribe un tal Javier Zarzalejos, que en 1999 fue comisionado por el Gobierno de Aznar para negociar con ETA en Suiza.

Sin embargo, por mucho que la AVT lo pida y lo exija con manifestaciones públicas como la del domingo, ni el Gobierno ni mucho menos los jueces españoles pueden eludir la aplicación del fallo y la excarcelación de etarras, hecho al que se sumarán los más que previsibles homenajes abertzales en sus localidades de origen. Así las cosas, el PP se está encontrando en estos momentos con la verdadera horma de su zapato en materia de antiterrorismo.

Durante los gobiernos de Zapatero, sus líderes, empezando por el propio Rajoy, corrieron a apoyar las numerosas manifestaciones y concentraciones multitudinarias convocadas por la AVT contra “el proceso de paz”. Era una estupenda oportunidad de desgastar al Gobierno socialista aunque lo que estuviera en juego fuera la lucha antiterrorista ante la que, hasta ese momento, las fuerzas políticas democráticas habían sabido preservar la unidad.

Pero el PP no dudó en dinamitarla en beneficio propio y ahora – quién se lo iba a decir a Rajoy entonces - se ve en la tesitura de frenar a la misma organización a la que utilizó cuando le convino y que amenaza con hacerle pasar por el mismo calvario por el que pasó Zapatero. Es lo que pasa cuando falta altura de miras y cuando importa más el interés partidista que el general: al final, donde las dan, las toman.

Pestazo en EMALSA

Mientras los responsables públicos silbaban mirando al tendido, los socios privados de EMALSA, la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, se han llenado los bolsillos. Presuntamente, claro. Sin embargo, a tenor del escrito de denuncia de la Fiscalía que el juez acaba de admitir a trámite, esto es lo que se deduce: que se ha producido un quebranto “económicamente evaluable” para la empresa que suministra agua de abasto a la ciudad más poblada del archipiélago canario. Una ciudad cuyos vecinos pagan uno de los recibos de agua más caros del país y que, sin embargo, no pueden usarla para cocinar o beber porque para eso tienen que realizar un segundo y oneroso gasto en agua embotellada.

Durante años, los socios privados de EMALSA han facturado y cobrado toda suerte de trabajos a la empresa SERCANARIAS controlada por ellos mismos. Salvo excepciones, los contratos correspondientes, cuando los había, ni siquiera pasaban por el Consejo de Administración en donde el ayuntamiento sólo tiene un tercio de las acciones y, cuando lo hacían, tampoco parece que los sucesivos responsables públicos se esmeraran demasiado en controlarlos. De añadidura, los principales ejecutivos de las empresas privadas que controlan el accionariado de EMALSA se han embolsado unos 900.000 euros anuales en retribuciones y alquilaron por un precio desorbitado una nueva sede de la compañía a la empresa de un miembro del Consejo de Administración.

Fue después de que el escándalo saltara a los medios de comunicación cuando el ayuntamiento se animó a poner estos hechos en conocimiento de la fiscalía, aunque ha sido de verdad ésta la que ha hurgado en la documentación de EMALSA para concluir con un escrito demoledor sobre las prácticas de los socios privados que deja con las vergüenzas al aire a los políticos municipales responsables de vigilar que el dinero de los ciudadanos no terminara en bolsillos privados y que ahora se rasgan las vestiduras.

De momento, la investigación sobre los tejemanejes en EMALSA se ceñirá a la última etapa del PSOE en el gobierno municipal, pero no estaría de más ampliar el foco a toda la historia de la compañía desde que pasó a manos privadas en 1993 tras una decisión política aún difícil de entender. 


Lo que subyace en este asunto es el viejo debate sobre las ventajas de la privatización de servicios públicos como el abastecimiento de agua – eso que algunos llaman eufemísticamente “gestión indirecta” – frente a quienes consideran que algo tan esencial como el agua tiene que permanecer bajo el control público en su totalidad o al menos en su mayoría. Ceder dos terceras partes de una tarta como la de EMALSA a empresas privadas que por definición anteponen sus intereses privados al bien público tiene el riesgo de acarrear este tipo de consecuencias que siempre terminamos pagando los ciudadanos.

De todos modos, que el accionariado sea mayoritariamente privado no exime a los responsables públicos de controlar el funcionamiento de la empresa ni de denunciar en donde corresponda posibles comportamientos sospechosos. La Justicia tiene ahora la obligación de dirimir las posibles responsabilidades judiciales de unos y de otros. Al ayuntamiento le corresponde empezar a dar pasos para rescatar para el control público un servicio que nunca debió haberse entregado con armas y bagajes al mejor postor.