Palestina, causa perdida

Lamento ser tan pesimista aunque en realidad creo que solo soy realista: la libertad de los palestinos es una causa irremisiblemente perdida. Creo que en setenta años de lucha y sufrimiento, los mismos que acaba de cumplir el estado de Israel, nunca antes sus esperanzas habían caído tan bajo. Lo acaba de ver el mundo con indiferencia el pasado lunes en las franjas de Gaza y Cisjordania: un ejército israelí desatado y de gatillo fácil abrió fuego contra miles de manifestantes acabando con la vida de 60 e hiriendo a casi 3.000. No fue la suya una heroica hazaña en una batalla militar entre dos fuerzas razonablemente similares: fue una masacre, una más, aunque en este caso la más grave desde 2004. El delito de los muertos y heridos fue unirse a las manifestaciones de protesta contra la decisión del prepotente Donald Trump de trasladar la embajada de EEUU desde Tel Aviv a Jerusalén. 

Se da así carta de naturaleza como capital israelí a la ciudad considerada santa por cristianos, judíos y musulmanes y se  genera un conflicto gratuito para agradar al socio israelí. El respeto a ese estatus cuasi sagrado de Jerusalén había sido hasta ahora una frontera que ningún presidente norteamericano se había atrevido a cruzar, sabedor del significado y de las repercusiones que podría tener un gesto como ese. Trump desprecia esas jerigonzas, en parte por ignorancia y en parte por soberbia, y atiza más si cabe un conflicto en el que solo cabe un vencedor: Israel. El brutal régimen de Netanyahu ha quedado con las manos libres para masacrar a conciencia al pueblo palestino, ahora que nadie en Washington le va a llamar más a capítulo por su política de tierra quemada en la zona. Es más, incluso se verá alentado y respaldado para que concluya el trabajo de someter a sangre y fuego a los palestinos.

Foto: El Comercio

Tel Aviv se convierte en el gendarme de Trump en esa explosiva parte del mundo y eso es garantía de muchas cosas y ninguna buena: más mano dura con los palestinos, más tensión militar con Siria e Irán y más yihadismo en todo el mundo. Sobre todo después de que el energúmeno de la Casa Blanca decidiera romper de forma unilateral el pacto nuclear con Irán dejando a sus aliados europeos, cofirmantes del acuerdo, literalmente en la estacada y preguntándose si pueden seguir confiando en la protección del primo americano. En medio, un pueblo palestino desgarrado política y geográficamente, que asiste impotente y en directo a su propia destrucción. Mientras, apenas si se escucha el apagado y confuso rumor de esa entelequia llamada comunidad internacional. Nadie parece querer dar la cara ante Trump y sus matones israelíes, de manera que lo único que se oye en la ONU, en la UE o en la Liga Árabe son farisaicos golpes de pecho al tiempo que se derraman lágrimas de cocodrilo por el torturado pueblo palestino. 

Palestina y los palestinos son un pueblo, uno más, abandonado a su suerte como lo es, sin ir más lejos, el saharaui: víctimas de los intereses geoestratégicos de las potencias mundiales, su causa es ya la de la utopía y la de quienes creen todavía que la justicia puede florecer en medio de la ambición y la razón de estado. No sé cuál es el futuro del pueblo palestino pero me aventuro a decir que no va camino de ser el estado libre y soberano al que lleva tanto tiempo aspirando y por el que tanto ha sufrido y padecido. El palestino es un pueblo perseguido y sojuzgado paradójicamente por los dirigentes del pueblo más perseguido y sojuzgado de la Historia de la Humanidad. Este hecho terrible e incomprensible trasciende la política y las luchas entre estados para situarse mucho más allá, incluso en el plano de la banalidad del mal que de manera magistral describió Hanna Arendt en su día. 

Rivera sabe lo que quiere y sabe donde va

Como en aquella vieja canción sobre la juventud, Albert Rivera también sabe lo que quiere y sabe donde va. Es joven y ambicioso y estos días cabalga sobre la cresta de las encuestas. Aún con toda la cocina que suele ponerle el CIS a sus sondeos, el partido de Rivera, un parvenu de la política, ya le echa el aliento en el cogote a Rajoy sin el más mínimo complejo. De paso deja en la cuneta a la gente de Sánchez e Iglesias, el primero sin capacidad apenas de reacción y el segundo literalmente desaparecido. No sé si las encuestas de Metroscopia para EL PAÍS tienen más o menos sal y pimienta que las del CIS, pero juraría que tampoco les falta el correspondiente adobo. Lo cierto es que en ellas el joven líder ciudadano literalmente se sale por la zona alta de la tabla y deja apiñados en un pañuelo del 20% a sus fatigados perseguidores. Un politólogo famoso llamado Giovanni Sartori dejó escrito que "los sondeos son un eco de retorno, un rebote de los medios de comunicación que ya no expresan la opinión del público sino las opiniones inyectadas en el público". Podría decirse - parafraseando a otro famoso expertos en los mass media llamado McLuhan - que "la encuesta es el mensaje transmitido por el medio". 

Vayan pensando en esa dos ideas mientras les cuento que, con este panorama y a la espera de que próximas encuestas confirmen si son tendencia o solo foto fija, no se le puede reprochar a Rivera que hoy diga una cosa, mañana la contraria y pasado la contraria de las dos anteriores; tampoco se le puede echar en cara que predique en la plaza pública que el suyo es el partido de la regeneración y continúe apoyando al PP en el gobierno de la comunidad de Madrid. Desde luego, no van a ser los suyos quienes le afeen tantas contradicciones entre la teoría y la praxis como muestra su líder. Para eso ya están Rajoy y ahora también Sánchez: ni uno ni otro entienden que un partido que se dice constitucionalista plantee una medida abiertamente contraria a la Carta Magna como la de mantener la aplicación del 155 en Cataluña aún con un nuevo gobierno de la Generalitat legalmente constituido. Bien está que tanto a Rivera como a la gran mayoría de los españoles el señor Torra nos parezca un supremacista con alarmamentes ramalazos fascistas, además de una mera marioneta en manos de Puigdemont. Pero de ahí a aplicar una especie de 155 preventivo sobre el convencimiento de que Torra y sus seguidores volverán a hacer de las suyas más pronto que tarde, va un abismo constitucional y legal imposible de sortear que Rivera ignora interesadamente. 

Albert Rivera en la cocina de Bertín Osborne (Foto: Exclusiva Digital)

Nadie debería suponer que el líder de Ciudadanos no es consciente de estar jugando con fuego cuando propone una medida que contribuye a alimentar el discurso independentista de sostenella y no enmendalla. Por no hablar una vez más de la imagen de desunión entre las fuerzas constitucionalistas que los independentistas aprovechan para sus propósitos. La posición de Rivera sobre el 155 puede parecer extemporánea o extraña pero no lo es tanto si consideramos que lo único que hace es lo mismo que hacían las veletas que antiguamente se colocaban en lo alto de algunos edificios: girar en la dirección del viento, en este caso, del viento que marcan los sondeos electorales. El líder de Ciudadanos percibe que lo que un buen número de españoles reclama es mano dura con Cataluña y él, siempre solícito y atento a las demandas de la ciudadanía, hace todo lo posible por satisfacerla. 

Arrastra a su molino al ala dura del PP y se lleva de paso a quienes tampoco ven en el PSOE la firmeza y la determinación necesarias para pararle los pies al independentismo rampante. Si mañana percibiera que las relaciones entre Madrid y Barcelona entrar en un clima de relativa normalidad, nadie debería extrañarse de que pidiera poner en libertad a los políticos secesionistas presos. Así es Rivera, un hombre que parece haber hecho suya aquella máxima de Groucho Marx: "estos son mis principios y si no le gustan tengo otros". Ahora bien, no debemos perder de vista que el líder de ciudadanos es un joven que sabe lo que quiere y sabe donde va y ese sitio no es otro que La Moncloa. ¿Es que acaso el objetivo no merece unas cuantas incoherencias como en su día valió París para Enrique IV una buena misa católica? Pues eso.  

Otra UE es posible, pero hay que imaginarla

Uno de los deportes favoritos de los euroescépticos es denostar a la UE; no digamos nada de los eurófobos como ha puesto de manifiesto el brexit o el ascenso de la derecha populista y xenófoba en varios países europeos. Admito que formo parte de ese amplio grupo de ciudadanos que ha ido perdiendo progresivamente la fe en el proyecto europeo de integración: han sido muchas decepciones y pocas alegrías, sobre todo por la manera de gestionar la brutal crisis de la última década. Observar a una UE sometida al dictado alemán dedicando todos sus desvelos a resolver el problema de los mercados financieros y ninguno a las consecuencias sociales de la crisis, no ayudó mucho a aliviar  el escepticismo sobre un proyecto que parece sin rumbo ni objetivos definidos. Tal vez por eso nadie parece capaz tampoco de explicar a los ciudadanos qué es y hacía dónde va la UE. De esa idea parte precisamente un libro relativamente reciente del politólogo Daniel Innerarity titulado "La democracia en Europa" ( Galaxia Gutenberg). 

Confieso que después de su lectura mi pesimismo europeo ha cedido un poco pero solo un poco. Entre las muchas habilidades del autor figura la de derribar mitos y tópicos políticos aún reconociendo que detrás de un tópico siempre hay al menos un poco de verdad. El primero de ellos es la inutilidad que tiene pensar en la UE como en una mera suma de estados en vez de imaginar un proyecto que trasciende el concepto tradicional del estado nación circunscrito a un ámbito territorial, social y político perfectamente delimitado.  En este contexto también carece de sentido reprocharle déficit de calidad democrática a una UE que en realidad sólo es el reflejo de los estados que la conforman. Sin embargo - sostiene - los ciudadanos no le dan la espalda a Bruselas solo porque detecten poca calidad democrática sino porque no entienden o no confían en lo que se ventila en las instituciones comunitarias. A partir de aquí desarrolla Innerarity un sugerente análisis sobre el déficit democrático de la UE y la lentitud de gigante con pies de barro con la que toma decisiones. Considera que la eficiencia de esas decisiones puede ser un elemento de legitimidad democrática pero advierte contra el peligro de caer en la tecnocracia, algo que en mi opinión ya ocurre con frecuencia. Eficiencia de las decisiones y legitimidad democrática de quienes las toman - dice el autor - deben estar equilibradas. 

Frente a quienes temen que un fortalecimiento de las instituciones democráticas vaya en detrimento de la soberanía del estado nación, Innerarity echa mano una vez más del hilo conductor de todo el libro: la única manera de avanzar en la integración es superar la visión alicorta circunscrita de manera exclusiva a los intereses nacionales. Para avanzar en la integración - viene a decir Innenarity - hay que ceder soberanía. Lo que no es razonable es exigir a los estados una legitimidad democrática que debido a la globalización y la transnacionalización no están en condiciones de proveer. Sólo la UE podría hacerlo y de ahí la paradoja de que sea precisamente ese gigante al que tan poco democrático vemos el que pueda garantizar los principios esenciales de la democracia: solo él - viene a decir Innerarity - puede garantizar una respuesta democrática de los estados miembro ante esta nueva realidad. 

El autor se pregunta si existe un "demos" europeo que dé legitimidad democrática a la UE y concluye que no existe tal figura dada la diversidad de culturas e intereses de los diferentes pueblos del viejo continente. Ahora bien, en su opinión tampoco es imprescindible su existencia ya que una red institucional que asuma los asuntos a los que los estados no pueden hacer frente por separado, sería suficiente para esa legitimidad democrática. La propuesta es cuando menos discutible ya que estaríamos ante algo así como una suerte de "democracia sin pueblo". Innerarity imagina una UE dinámica y contingente, con capacidad de adaptación a los cambios y liberada de las ataduras del estado nación, aunque faltaría saber cómo se concreta esa idea en una Europa sujeta a la éjida alemana y con cerca de treinta estados mirando más sus intereses nacionales que por los comunitarios. 

En aras a paliar el déficit democrático propone incrementar el poder del Parlamento Europeo y  ceder determinadas competencias estatales a organismos comunitarios, todo ello con el fin de alejar la toma de decisiones del cortoplacismo político que imponen los sondeos electorales a los partidos. No abunda - y es una pena - en cómo hacer que en el ámbito comunitario se produzca la competencia electoral entre partidos que tiene lugar en el ámbito estatal y que es precisamente una de las señas de identidad de todo sistema democrático. Se decanta en cambio porque las instituciones comunitarias y los lobbys de presión estrechen sus lazos, lo cual no deja de ser ser arriesgado e incluso peligroso para los intereses de los ciudadanos. Con lo que no se puede sino estar de acuerdo es con la crítica a la gestión de la crisis, cuyos principales fallos achaca a una arquitectura comunitaria incompleta con moneda única pero sin unidad fiscal ni política. 

El autor aboga por combinar la responsabilidad fiscal de los estados con la solidaridad entre ellos y por hacer posible que los ciudadanos de un país puedan decir algo sobre las decisiones de otro que les afecten. Por último y por lo que supone de desdén por la democracia, el autor rechaza de plano ese lenguaje de la irreversibilidad al que nos acostumbraron los políticos españoles  durante la crisis ("esto es lo que hay y no se puede hacer otra cosa"), y anima una vez más a ver en la UE la oportunidad para rescatar la democracia en un plano nuevo y distinto al del estado nación en donde ya no es realizable plenamente. En resumen, ideas valientes en una UE enmarañada y desnortada, causas principales del desafecto ciudadano y de la bajísima participación en las elecciones al Parlamento Europeo. Ideas controvertidas pero imaginativas para fomentar el debate y romper el círculo vicioso en el que dan vueltas el europtimismo acrítico y el euroescécpticismo  pesimista.   

La importancia de apellidarse Torra

Si uno ha nacido y vive en Cataluña, se apellida Torra Pla y se llama Joaquim tiene una alta probabilidad de ser designado por el jefe de la tribu para ser su lugarteniente provisional al frente del país, perdón, de la república. Del currículo no hay que preocuparse y menos en los tiempos actuales en los que los currículos salen en las bolsas de papas fritas: con ser diputado regional y tener un número suficiente de tuits del tipo "todos los españoles son unos fascistas", "los españoles solo saben expoliar"  o "todos los españoles están locos", va que se mata. No hace falta que ponga que es ingeniero aeroespacial o sexador de pollos para que pase el corte. Tampoco debe haber demostrado dotes especiales de liderazgo político más allá de haberse puesto un lazo amarillo en la solapa y haber cantado en público al menos cinco veces "Els segadors" envuelto en la estelada. No necesita demostrar que sabe cómo se gestionan los asuntos públicos, basta con haber sido presidente interino de Ómnium Cultural unos cuantos meses y con eso queda resuelto ese capítulo del expediente. Que no se obsesione pensando cómo gobernar para todos los ciudadanos porque eso sería un error imperdonable: tiene que pensar únicamente en los que votaron a favor de la independencia y al resto llamarlo "españolista", "fascista" y "nacionalista". 

De la sanidad, la educación, el paro o la economía que se olvide por completo, todos esos asuntos se resolverán solos cuando la república esté proclamada, constituida, consolidada y forme parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Esos problemas no son otra cosa que zarandajas con las que los españolistas quieren impedir el avance del "procès" y en cuyas trampas hay que evitar caer por todos los medios. El esfuerzo debe centrarse en el "procès" y nada más que en el "procès". Para empezar se coloca un gran lazo amarillo en la fachada de la Generalitat para que el enemigo tenga claras cuáles son nuestra intenciones y no se llame a engaño. Lo siguiente es proponer y adoptar leyes y medidas que vayan de forma clara contra la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico, incluido el propio de Cataluña. 

Foto: www.mundiario.com

A los partidos españolistas representados en el Parlament hay que hacerles la vida imposible, arrinconarlos, saltarse sus derechos y ningunearlos y todo ello envuelto en guante de seda para demostrar que a demócratas no hay quien nos gane. Tampoco necesita el ungido sentarse a diario con sus colaboradores y asesores de cabecera para que le aconsejen qué hacer o qué decir ante esto o aquello. Lo que sí tiene obligación ineludible de hacer es llamar puntualmente cada mañana a Berlín para que el jefe de la tribu le lea el orden del día con las oportunas instrucciones para su correcta aplicación. Así, con un currículo que reúna los requisitos señalados anteriormente y no olvidando hacer la llamada diaria a Berlín para recibir instrucciones de gobierno, un señor como Quim Torra, de acendrada trayectoria supremacista y xenófoba, no debería tener grandes dificultades para desarrollar su misión divina con plenas garantías de éxito. 

Pero, como el enemigo es taimado y solo quiere acabar con el "procès", si hubiera algún problema sabe que puede salir de naja y refugiarse en Bruselas, Berlín o cualquier otro lugar en función de sus preferencias gastronómicas. Eso es lo que hizo en su momento el jefe de la tribu y algunos de sus discípulos más aventajados y por ahora, salvo por el hecho de que no termina de encontrar el camino de vuelta a casa, tampoco le ha ido tan mal. Eso sí, solo una cosa le está vedada al entronizado: ocupar el despacho del Ausente, santuario sacrosanto que deberá presidir hasta su regreso una imagen a tamaño real de su legítimo dueño. Cumplido este último requisito, ya puede un señor apellidado Torra continuar la sagrada misión de convertir a Cataluña en una mala caricatura de sí misma. 

La vanidad de la titulitis

¡Qué manía la de algunos políticos de adornar sus currículos con estudios que no han terminado o ni siquiera han comenzado! Creo que la práctica deriva de una cierta superchería relacionada con la titulitis que aún padece este país. Se trata a mi juicio de resabios de épocas no tan lejanas en las que tener un título universitario daba un ringo rango y una autoridad con los que el resto de los mortales solo podía soñar. Sin embargo, los tiempos han cambiado y en este caso también lo han hecho para mejor. El acceso a los estudios superiores se ha democratizado y, en la actualidad, haber pasado por las aulas universitarias no reviste a nadie de poderes mágicos sobre sus semejantes. Es más bien - o debería ser - su desempeño como ciudadano lo que le distinga y eleve por encima del resto y no tanto el número de títulos colgados en el salón de estar. El caso del máster de Cristina Cifuentes está empezando a hacer aflorar otros iguales o parecidos a él y todos ellos - qué casualidad - protagonizados por cargos públicos en activo. 

Desde el líder del PP canario con sus estudios sin terminar en su currículo parlamentario o el falseamiento de su lugar de nacimiento, hasta un alcalde de Tenerife - el de La Guancha - al que se le olvidó quitar una "n" de su currículo y apareció como "doctorado" en Química cuando solo era "doctorando". Tenemos también un caso mucho más grave en un concejal de pueblo que dice que es médico, que ejerce como médico pero que, según todos los datos disponibles, no es médico. Me refiero al hasta el martes último primer teniente de alcalde de Ingenio y secretario del PSOE de ese municipio grancanario. Se llama Juan Rafael Cabellero y ese día, en un comunicado de diez líneas, anunció su dimisión alegando "causas estrictamente personales". ¡Y tan personales si es verdad que no tiene titulación para ejercer la medicina! Desde entonces ha desaparecido de la faz de la tierra sin ofrecer más explicaciones. 

En el Colegio de Médicos de Las Palmas aseguran que no figura como colegiado y, al parecer, tampoco lo está en ningún colegio del país, por lo que cabe concluir que el señor Caballero lleva unos años actuando en sentido contrario a lo que indica su apellido y presuntamente cometiendo un delito. No solo ha engañado a sus electores, sino que ha dejado en broma de mal gusto el portal de transparencia del ayuntamiento. En él se podía leer hasta hace poco que Caballero es médico, lo que da idea de la credibilidad que se le puede atribuir a este tipo de instrumentos cuya transparencia deja no poco que desear. Con todo, lo más grave es haber ejercido una profesión como la medicina sin estar habilitado para ello. Aquí me temo que no sólo él sino quienes tienen la obligación de vigilar que estas cosas no pasen deben algunas explicaciones a los ciudadanos. 

El alcalde de Ingenio ha dicho - como exculpando al concejal - que nadie vota fijándose en el currículo del candidato. Me gustaría que el alcalde me explicara entonces para qué rayos pone alguien en su currículo unos estudios que no tiene como no sea por pura vanidad. No creo que esta absurda e infantil manía de presumir de titulitis que muestran los políticos se resuelva poniendo más controles en parlamentos y ayuntamientos que certifiquen la veracidad del currículo, como se han apresurado a pedir algunas fuerzas políticas para las que basta con añadir un poco más de burocracia  superflua para acabar con el problema. En todo caso, deberían ser los partidos los responsables de que sus cargos públicos no mientan a los ciudadanos sobre sus méritos académicos que, por otro lado, nadie les pide. En definitiva, lo único que se necesita es seriedad y respeto para con los ciudadanos e incluso para con uno mismo. ¿Por qué es tan difícil entenderlo? 

El reto de Patricia

¿A qué espera la diputada regional socialista Patricia Hernández para acudir al juzgado de guardia y denunciar al consejero autonómico de Sanidad, José Manuel Baltar? ¿A qué espera Baltar para hacer lo propio si Hernández insiste en sus acusaciones contra él? La diputada ha asegurado en varias ocasiones en el Parlamento y fuera de él, tener en su poder documentación que acredita que Baltar está beneficiando deliberadamente a la empresa sanitaria privada para la que trabajaba antes de ser nombrado máximo responsable de la sanidad pública del Archipiélago. Sus graves acusaciones contra el consejero las ha difundido además a través de un vídeo que ha hecho circular en las redes sociales. En ellas señala que datos procedentes de "fuentes de la Consejería", revelan que la citada empresa ha recibido un porcentaje de pacientes derivados de la sanidad pública notablemente superior que el resto de los hospitales privados.

Más allá de que el consejero los rebata, lo cierto es que esos datos a los que alude Hernández no demuestran necesariamente que la mano de Baltar esté detrás de ellos. Lo más que podría decirse es que son sospechosos o  llamativos, pero sobre las sospechas solamente  no se puede sostener una acusación tan grave como la que hace la diputada socialista. Sin encomendarse más que a la fe del carbonero, otras fuerzas políticas y determinadas organizaciones le han comprado la especie a Hernández y han dado por hecho probado que el consejero favorece con dinero público a la empresa para la que trabajaba. ¿Tiene de verdad Hernández los documentos que prueban sus acusaciones o todo es solo una estrategia orientada a conseguir titulares escandalosos en los medios de comunicación? ¿Tiene algo que ver en ese caso la necesidad de no perder proyección política ante la batalla en el PSOE por la designación en primarias del próximo candidato o candidata a la presidencia de la comunidad autónoma en 2019? 

A medida que pasa el tiempo y la documentación que Hernández dice tener en su poder no se deposita en manos de un juez, es inevitable sospechar que lo suyo es puro teatro. Ahora bien, ante ese supuesto se impone otra reflexión: ¿vale todo, incluso lanzar graves acusaciones contra los rivales, en el juego de la política o en el control de la gestión del Gobierno? Estoy convencido de que no todo vale ni todo está permitido en el ya suficientemente enfangado terreno de la riña entre políticos. Existen lo que ellos mismos denominan líneas rojas que debería estar vedado traspasar salvo que se puedan defender ante un juez afirmaciones como las de Hernández. 

A contrario sensu, el aludido, el consejero de Sanidad, debería acudir de inmediato a un juzgado y querellarse contra quien le acusa de malversación de dinero público en beneficio de una empresa privada. Es intolerable que los ciudadanos que pagamos y merecemos la mejor sanidad pública posible asistamos a este espectáculo lamentable sin saber de qué parte está la verdad en estas acusaciones. Convertir un servicio público fundamental como la sanidad en una riña mediática trufada de graves acusaciones que no se concretan en acciones judiciales, hacen un muy flaco favor al servicio, a los ciudadanos y a la política. Quien tenga pruebas que las presenten en donde corresponde y, si no lo hace, quien se sienta concernido que exija la justa reparación en el mismo lugar. Es lo que se hace en un estado derecho como el propio Baltar ha admitido en el Parlamento, aunque eso parecen ignorarlo tanto él como Hernández. Todo lo demás es sólo politiqueo de la peor especie. 

Turistificación: el peligro de la turismofobia

Podría decirse parafraseando el Manifiesto Comunista que un fantasma recorre el sur de Europa: la turistificación. La palabrota se refiere a la creciente presencia de turistas en ciudades como Venecia, Lisboa, Barcelona, Sevilla, Valencia o Madrid. La novedad es que no son turistas de paso, que han llegado en guagua para una visita rápida y luego siguen su camino. Se trata de turistas alojados en pisos de estas ciudades en donde se quedan hasta dos semanas, conviviendo con los lugareños. Ocurre que no siempre el roce hace el cariño y encontrarte a diario en la escalera o en el ascensor con personas a las que no has visto en la vida y que ni siquiera hablan español,  no siempre es una experiencia estimulante. No digamos nada si se toman las vacaciones al pie de la letra y organizan una fiesta flamenca en el piso de arriba a las dos de la madrugada. Los observadores advierten de que son ese tipo de situaciones y el alza de los alquileres las que pueden dar lugar a brotes de turismofobia como los que se registraron el pasado verano en Barcelona. Es cierto que no han ido a mayores pero habría que actuar antes de que eso pase. 

Es aquí, precisamente, en donde está el nudo gordiano del problema: cómo afrontar la regulación de una actividad que no es flor de un día y en la que están en juego intereses económicos opuestos y determinados derechos como el de la propiedad o el del descanso. Respecto de los primeros, asistimos a una batalla a brazo partido entre el alojamiento tradicional de hotel y apartamento y el auge del alquiler vacacional, más económico y atractivo para quienes huyen del turismo masivo y quieren conocer a fondo la ciudad que visitan. Consumen en los negocios locales generando riqueza y empleo e incluso contribuyen a la rehabilitación de edificios emblemáticos. 

Frente a los indudables aspectos positivos, los hay también negativos y no pocos. La falta de regulación hace que una inmensa mayoría de los pisos dedicados al alquiler vacacional no exista para la Hacienda pública, lo que constituye una flagrante competencia desleal con respecto a los establecimientos convencionales. El fenómeno distorsiona también el mercado al presionar al alza el precio de los alquileres para los residentes que tienen enormes dificultades para alquilar a precios razonables. No son extraños los casos en los que los caseros hostigan a sus inquilinos para que dejen la vivienda libre con el fin de destinarla al alquiler vacacional. Puede que en el problema influyan otros factores como la falta de viviendas sociales o el parque de pisos vacíos en manos de los bancos, pero el alquiler de viviendas para fines turísticos es determinante. 

Como consecuencia perversa cabe mencionar también el proceso de expulsión a la periferia de ciudadanos que viven de alquiler en el centro de las ciudades y que no pueden hacer frente a las subidas que el propietario les exige. La guinda de todo lo anterior es el deterioro de la convivencia social, un fenómeno al que las autoridades deberían prestar mucha más atención. Su obligación es evitarlas regulando el sector, como pretende hacer de un modo un tanto drástico el ayuntamiento de Palma: prohibir el alquiler vacacional en todo el municipio salvo en viviendas unifamiliares. En Canarias, después de que una sentencia tumbara la regulación de esta actividad por prohibirla en las zonas turísticas, el Gobierno regional lleva casi dos años dándole vueltas a un nuevo decreto que no termina de ver la luz ni en forma de borrador. 

Todo indica que es el rechazo frontal de la poderosa patronal hotelera tinerfeña a la autorización de los pisos para turistas en zonas turísticas, lo que está demorando la aprobación de la medida. Aceptar esa condición implicaría insistir en lo que la Justicia ya ha dicho que es ilegal, que no se puede establecer esa prohibición porque vulnera la libre competencia e incluso el derecho a hacer uso de la propiedad privada para fines lícitos. Gobernar es asumir responsabilidades y pisar callos si hace falta; la inactividad mientras los problemas se enquistan no es gobernar y tampoco lo es pretender endosarle a ayuntamientos y a cabildos una competencia que es del Ejecutivo. No se entendería que, mientras por un lado reclama nuevas competencias, por el otro se inhibe por incómodas de las que ya tiene.

Rivera y la falsa regeneración

Atribuirse méritos no merecidos es un ejercicio de vanidad presuntuosa al que, por desgracia, nos tienen acostumbrados muchos políticos de este país. El último caso se ha producido en Madrid a raíz del escándalo por el máster de Cristina Cifuentes. Desde que la ex presidenta madrileña anunció su dimisión, no han parado los dirigentes de Ciudadanos de presumir por los rincones de que han acabado con otro caso de corrupción en las filas del PP y de venderse a la opinión pública como los reyes de la regeneración política. Menos lobos porque va a ser que no. No creo que sea necesario recordar que los problemas de Cifuentes con su máster no los denunció Ciudadanos sino un medio de comunicación, www.eldiario.es; después, ante el numantinismo con el que la presidenta se aferró al cargo y Rajoy la sostenía, las cloacas del PP regurgitaron el vídeo de las cremas que Cifuentes se iba a llevar sin pagar de un supermercado. Esa fue su puntilla y no la acción de Ciudadanos. 

En todo este lamentable asunto, el partido de Rivera no ha hecho otra cosa que buscar su propio rédito político envuelto en un discurso para incautos sobre la necesario regeneración política que el país reclama y que sigue sin llegar. Si de verdad las cosas fueran como las quiere hacer ver Rivera con su relato a beneficio de inventario, Ciudadanos habría roto con el PP y se habría sumado a la moción de censura del PSOE. El líder de la formación naranja pretende hacernos comulgar con la idea de que la corrupción del PP de Madrid no va más allá de Cifuentes y que, una vez que esta ha dimitido, la casa vuelve a oler a rosas. Se olvida interesadamente de incluir en lista a nombres como Granados, González, Aguirre o Rato, por solo mencionar los más relevantes. 

Es comprensible que Rivera se vea en la necesidad de hacer circular esa majadería para justificar que su partido continúe apoyando a un PP corroído por los escándalos en la comunidad de Madrid. Con sus votos aupará a la presidencia de la comunidad a Ángel Garrido, el gris número dos de Cifuentes, a la que defendió sin rubor en el escándalo del máster y al que Rajoy ha nombrado a dedo - marca de la casa - para quemarse a lo bonzo hasta las elecciones del año que viene. Rivera no es creíble cuando habla de sanear la vida política española porque tiene la oportunidad de producir un cambio político en Madrid para apartar al PP del Gobierno y la va a ignorar. 

En realidad, Rivera y los suyos solo piensan en hacerse fuertes en Madrid a costa de un presidente interino y de perfil político bajo al que ya sueñan con barrer el próximo año en las urnas. Ese y no otro es el interés que mueve a Ciudadanos por mucho que lo pretenda enmascarar con un discurso superficial sobre la regeneración que luego desmiente con los hechos. ¿Regeneración? ¿Qué regeneración? Más bien una nueva degeneración política de este país, una más. 

Rajoy desatado

¿Quién dijo que Rajoy es un inmovilista, que no da un palo al agua y que se sienta a esperar que los problemas se resuelvan con el tiempo y una caña? Eso son solo burdas mentiras y manipulaciones de la prensa que le tiene ojeriza: Rajoy es un presidente muy activo, de los más activos que ha tenido España en democracia. Vean, por ejemplo, los acuerdos para subir las pensiones que se ha marcado en las últimas semanas con Ciudadanos primero y con el PNV después. Es una pena que los ingratos pensionistas no se lo hayan agradecido como se merece y persistan en sus protestas callejeras. Se quejan de que el acuerdo medio arregla el problema este año y el que viene y quieren saber qué va a pasar después. Debe ser que no tienen intención de morirse pronto y aliviarle así un buen dolor de cabeza al presidente. 

En esa actividad frenética que Rajoy viene protagonizando desde hace semanas se enmarca hoy una reunión al más alto nivel con la cúpula de Nueva Canarias, incluyendo al diputado Quevedo, conocido ya en ambientes parlamentarios como el "diputado 176". Se trata de garantizar que en los presupuestos de este año haya dinero suficiente para pagar la subida del descuento aéreo de los residentes del 50% al 75%. Eso para empezar a hablar, porque Román Rodríguez amenaza con ponerle a Rajoy un tocho de enmiendas en la mesa de La Moncloa por importe de 380 millones de euros que a ver cómo se lo salta el presidente. Si quieren que les diga la verdad, tentado estoy yo también de aprovechar que el presidente derrocha liberalidad estos días para pedirle algo aunque no se me ocurre qué. 

Lo que no está nada claro y empieza a preocuparme un poquito es cómo piensa pagar Rajoy tanta esplendidez presupuestaria como viene exhibiendo en esta temporada primavera - verano. Una generosidad que, dicho sea de paso, no me cabe duda alguna de que no tiene ningún tipo de relación con su situación de minoría parlamentaria y la necesidad casi existencial de seguir en La Moncloa un par de años más a ver si consigue rearmar las maltrechas naves populares frente al abordaje de Ciudadanos. El presidente - todos lo saben - es hombre generoso con las necesidades sociales de los ciudadanos y aunque no estuviera en minoría seguro que habría respondido con la misma magnanimidad. 

Pero esto parece que no lo entienden en Bruselas, en donde un cenizo comisario de Economía le ha recordado al Gobierno español que es el único país de la UE que sigue bajo la lupa comunitaria por déficit excesivo y que las alegrías presupuestarias del mago Montoro no van a ayudar a salir de esa situación. Ya sé que el Gobierno habla ahora de obligar a las grandes empresas tecnológicas a pagar un impuesto para financiar la alegre subida de las pensiones urbi et orbi. Yo, perdonando el escepticismo, lo creeré cuando lo vea. En todo caso, la consigna entre las fuerzas políticas cuyo voto es decisivo para salvar las cuentas y con ellas a Rajoy, es aplicar la máxima de que las ocasiones las pintan calvas - barbadas en este caso - y sacar el máximo rédito posible. Y no digo yo que no sea lógico y hasta cierto punto necesario, pero también me pregunto si esto lo vamos a tener que terminar pagando de un modo u otro todos los ciudadanos. Lo que sí me parece una lástima es que al activo Rajoy no esté ni se le espere para explicar cuándo piensa ocuparse de la corrupción en su partido o cuál es su hoja de rota para Cataluña. No desesperemos ni pensemos mal, seguramente es por falta de tiempo.   

Reforma electoral con o sin CC

Coalición Canaria, con el inestimable apoyo de la Agrupación Socialista Gomera, ha dado un paso más para hacer realidad uno de sus objetivos en esta legislatura: impedir de nuevo que se reforme el sistema electoral. Su renuencia a presentar propuestas de reforma, su filibusterismo parlamentario y su aferramiento al mantra de la triple paridad como el bálsamo de Fierabrás para las islas no capitalinas, ha dado su primer fruto: no habrá reforma en Canarias. Si desde que se puso en marcha la comisión de estudio primero y la ponencia después eran más que dudosas las ganas de los nacionalistas de cambiar nada de ese sistema, los hechos han terminado corroborando aquellos recelos. Primero fue la pega de que el "colegio de restos " era poco transparente; después, y cuando los otros partidos ya desesperaban de que los nacionalistas hicieran alguna aportación, se descolgaron con una reforma de bolsillo para guardar las apariencias a sabiendas de que sería rechazada. Por último, cuando se planteó una lista autonómica para incrementar en 10 los escaños regionales, fingieron que la estudiarían y pasadas unas cuantas semanas volvieron a dar el no por respuesta. 

En esta ocasión la pega es que los ciudadanos no entenderían un aumento de diputados por el gasto público que supondría. Es una excusa a todas luces endeble y de circunstancias que, como tal, tendría una fácil y rápida solución eliminando unos cuantos gastos superfluos de la propia cámara regional, para no ir más lejos. Por resumir, lo que ha faltado desde el primer día en CC ha sido verdadera voluntad política para contribuir a cambiar un sistema de representación política injustamente desproporcional, el más desproporcional de España como ponen de manifiesto todos los expertos. La raíz de esa falta de voluntad hay que buscarla en la oposición de los históricos líderes insularistas temerosos de perder poder y en el líder de la ASG, cuyos votos son esenciales para CC, al que le podría costar mucho más obtener representación política si hubiera reforma. 

Con todo, la última palabra no está dicha ni mucho menos. Si los partidos que acordaron la modificación en Canarias mantienen la unidad y suman a Ciudadanos - que no ve la hora de entrar en el Parlamento canario - la reforma podría salir adelante en Madrid junto con el nuevo Estatuto de Autonomía y estar lista para 2019. Es ya la única esperanza que queda de que los ciudadanos votemos el próximo año de acuerdo con un sistema que refleje de manera más fiel la realidad demográfica canaria. 

CC arriesga mucho al deja escapar la posibilidad de ser parte de la solución. Ninguna de las dos propuestas planteadas por el resto de los grupos hubiera erosionado sus expectativas electorales y hasta podría haber seguido siendo la novia con la que el PSOE y el PP quieren desposarse al comienzo de cada legislatura. Ahora podría enfrentarse en Madrid al riesgo de una reforma más radical que los cambios casi cosméticos a los que se podía haber sumado en Canarias, zanjando este asunto tal vez para un buen número de años más.

Creo que ha llegado el momento de afrontar una reforma profunda del sistema electoral con todas sus consecuencias y le duela a quien le duela. Ningún tipo de calculo político cortoplacista de ninguno de los partidos que tienen en su mano producir ese cambio debería volver a frustrar la necesaria adaptación del sistema electoral a parámetros de representación política homologables con una democracia avanzada. Son los nacionalistas los que tendrán que gestionar la contradicción en la que incurren al haber provocado con su numantina posición que esa reforma se decida a 2.500 kilómetros de las islas por diputados que nunca han pisado Canarias. 

La Manada: de despropósito en despropósito

Escribí hace unos días en las redes que este país no conoce término medio, que va de un extremo a otro como un péndulo y que en él, quien más y quien menos, aprovecha cualquier ocasión propicia para agitar las aguas y pescar en río revuelto. Desde la publicación de la sentencia sobre La Manada hemos ido de despropósito en despropósito, en una deriva al parecer interminable y peligrosa. Reina el griterío y la confusión, los juicios paralelos y apresurados y las peticiones de linchamiento de los responsables del fallo y de todo el sistema judicial por extensión. De la sentencia en sí no tengo nada que añadir a lo que expresé en su momento: ateniéndome a los hechos probados no tengo la menor duda de que se trató de una violación y me sigue pareciendo incomprensible que los miembros del  tribunal no lo consideraran así. 

Dije también y lo mantengo que la de la Audiencia de Navarra no es la última palabra en este caso ya que quedan aún los recursos al Tribunal Superior de Navarra y al Tribunal Supremo, e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Del mismo modo señalé que conviene revisar el Código Penal para dejar bien sentado qué es violación y qué es abuso y evitar fallos como el de La Manada. Lo que me preocupa es que el despropósito de la sentencia se pretenda corregir o paliar con nuevos despropósitos. En ese sentido, la flagrante intromisión del ministro de Justicia en el ámbito del Poder Judicial es de una gravedad merecedora de la destitución inmediata por parte de Rajoy. Que el PSOE se sumara a esa injerencia es incomprensible, sobre todo cuando los socialistas apoyaron en su día la reprobación de Catalá por su manejos con la Fiscalía General del Estado. 

Saltarse la ya precaria separación de poderes con unas afirmaciones insidiosas sobre la capacidad para juzgar del magistrado que emitió un voto particular, parece más bien otro intento del Gobierno para obtener rédito aprovechando la indignación social y desviar la atención de lo que de verdad importa: el contenido de la sentencia. En poco se diferencia esa posición y la del presidente Rajoy que con su silencio avala esta injererencia del Ejecutivo en el Judicial, del populismo punitivo del PP a propósito del endurecimiento de la prisión permanente revisable. Catalá se fuma los mecanismos de los que dispone el Poder Judicial para apartar de sus funciones a los jueces que no cumplan con sus obligaciones como servidores públicos y se sube al carro camino de la pica en la plaza pública. 

En esa plaza pululan toda suerte de grupos y grupúsculos para los que las instituciones democráticas son ante todo el objetivo a batir y en los que el resto de los partidos políticos tampoco son nada reacios a echar la red de pesca. En esas estábamos cuando aprovechando una campaña en las redes, una ex política canaria denunció haber sido víctima de abusos sexuales hace 27 años por parte de un político aún en activo. El gesto - que le honra - se queda corto por cuanto no identifica al responsable y porque lo remata asegurando que "denunciar no vale la pena". Es fácil suponer el efecto disuasorio que esa afirmación puede tener sobre las mujeres que sufran hechos como los que denuncia la ex política. Con el máximo respeto a su libertad para hacer lo que estime más oportuno, entiendo que ayudaría más a la causa concretar a quién se refiere con la denuncia que mantenerla en la nebulosa de la sospecha. 

Quien menos derecho tenía a señalar ese nombre es, sin embargo, quien lo hizo de una forma además frívola. Las magistrada Rosell no dudó en lanzar a las redes una insidiosa insinuación sobre el supuesto autor de esos abusos como si se tratara de un simple acertijo y no de un asunto de una extraordinaria gravedad. Todo esto da una idea cabal del terreno cenagoso en el que nos estamos moviendo desde hace días. Y mientras, apenas se escucha alguna voz autorizada que pida cordura y sentido común y aclare que esa postura no está reñida con criticar las decisiones judiciales y pedir los cambios normativos que se consideren oportunos. Lo que no vale es aprovechar el rechazo social ante  una sentencia a todas luces injusta para buscar votos o arremeter contra un sistema que, con todos los achaques, fallos y defectos que se le quieran imputar, funciona y no tiene sustituto mejor. 

Mario Vargas Llosa y el liberalismo

No es mucho lo que el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa aporta a la ciencia política con su último libro titulado "La llamada de la tribu" (Alfaguara, 2018), que acabo de leer. Se trata de un trabajo próximo al panfleto en ocasiones, en el que hace un  bosquejo superficial de la obra y  figura de unos cuantos prohombres del pensamiento liberal desde Adam Smith a Jean - François Revel, pasando por Ortega y Gasset, Hayek, Popper, Aron y Berlin. Ni en lo personal aporta el gran escritor ninguna noticia nueva sobre su opción política, ni en lo doctrinal propiamente dicho hay ningún punto de vista original o renovador del pensamiento liberal. De cada uno de los seleccionados se limita a espigar unas cuantas ideas que no por casualidad son casi siempre las mismas en todos ellos: la libertad y  el riesgo de que un Estado demasiado poderoso la sustituya por la tiranía totalitaria. 

Que proclame que el liberalismo es el único sistema político que garantiza las libertades democráticas tal y como se conciben en el mundo occidental no es precisamente un descubrimiento científico de primer orden. Como él mismo se encarga de subrayar de manera casi obsesiva a los largo de las más de trescientas páginas del libro, ahí tenemos al derrumbado régimen soviético de recordatorio permanente de lo que el estalinismo o, en el extremo opuesto el nazismo, pueden llegar a suponer. En efecto, la Unión Soviética, China y Cuba son - entre otros países -  sus objetivos predilectos a la hora de confrontar las ideas liberales con el comunismo y sacar la conclusión de que sólo las primeras pueden garantiza libertad, paz y progreso a los ciudadanos. Nada que objetar a eso sobre el papel: en efecto, la democracia solo puede ser liberal o no es.

A sus iconos del liberalismo les dispensa el autor un trato comprensivo de sus errores o sus contradicciones pero a Marx y a los marxistas los somete al tercer grado página tras página. La sospecha de que la honestidad intelectual de Vargas Llosa cojea ligeramente se confirma cuando alaba sin ningún tipo de rubor político las figuras de Reagan y Thatcher, en buena medida responsables ambos de las medidas desreguladoras que están en el origen de la crisis y de la privatización de servicios públicos esenciales con las que se enriquecieron las empresas privadas y se empobrecieron los ciudadanos en el Reino Unido. Ninguno de estos asuntos aparecen mencionados en el libro, en donde ni siquiera se hace una mínima alusión a otras consecuencias negativas derivadas de un sistema como el capitalista, estrechamente vinculado al liberalismo.

Por solo citar algunas, los graves problemas medioambientales de ámbito global como el cambio climático, la preminencia de los intereses de las empresas financieras transnacionales frente a los gobiernos nacionales y sus ciudadanos o el incremento de la desigualdad entre ricos y pobres. Vargas Llosa pone el acento en la libertad pero apenas incide en las desigualdades sociales que el liberalismo genera y que no es capaz de corregir de manera satisfactoria. Con afirmar que el sistema provee los medios para la igualdad de oportunidades de partida y dejar que sean el mérito y el esfuerzo los factores que hagan el resto, se da por satisfecho.

Ni siquiera la socialdemocracia - una suerte de liberalismo de izquierdas - le termina de convencer a pesar de que fueron gobiernos de este signo los que más hicieron en la posguerra por atenuar las diferencias sociales. El estado del bienestar que impulsaron y perfeccionaron estos gobiernos tampoco merece reconocimiento alguno en la pluma de Vargas Llosa: prefiere alinearse con Hayek, uno de sus autores preferidos y uno de los más ultraliberales de cuantos glosa, y considerar a los socialdemócratas como compañeros de viaje de los comunistas dispuestos a implantar la dictadura del proletariado a las primeras de cambio. Siempre encomiástico y en ocasiones hagiográfico con sus pensadores liberales de cabecera, Vargas Llosa nos ofrece un libro desde todo punto de vista innecesario y en consecuencia prescindible. Lo que sí viene a confirmar "La llamada de la tribu" es que Vargas Llosa es un gran escritor, pero de literatura de ficción.     

Montoro y el milagro de las pensiones

Tengo escrito en este blog que Montoro es un mago de las finanzas públicas, aunque hay quienes prefieren llamarlo tramposo. Solo hay que leer lo que ha dicho sobre el dinero público empleado en el referéndum independentistas y lo que dice ahora, pasando de "ni un euro" a "pudo haber falseamiento". En todo caso, al ministro de Hacienda solo hay que frotarle un poquito la calva, como a la lampara maravillosa, y enseguida brota petróleo de las piedras. Eso sí, tiene que interesarle políticamente a él o al presidente del Gobierno del que forma parte. Y para que le interese hay que darle argumentos de mucho peso, como por ejemplo, apoyar unos presupuestos del Estado que le permitan a él y a su jefe permanecer en el poder dos interminables años más. Atrapados entre la  minoría parlamentaria, las protestas de los pensionistas, las cremas antiarrugas de Cifuentes y el ascenso de Ciudadanos, no están en el PP estos días para muchas fiestas y menos para la de la democracia en forma de elecciones anticipadas. 

El PNV, que una vez más ha puesto el pragmatismo por delante del nacionalismo y se ha olvidado de que en Cataluña se sigue aplicando el 155, ha hecho presa en esa debilidad política de los populares. A cambio de evitarle a Rajoy el revolcón de unos presupuestos rechazados le ha obligado a subir todas las pensiones según el IPC, una medida que los pensionistas han venido reclamando en la calle sin mucho éxito hasta ahora. Rajoy no ha tenido más remedio que ceder después de semanas repitiendo el mantra de que no hay dinero para pagar esa subida, máxime con el déficit de la Seguridad Social. El PNV se apunta un importante tanto político ante sus electores - los pensionistas vascos son de los más reivindicativos de España - y obliga al Gobierno a desdecirse de su posición. 

El acuerdo convierte incluso en pecata minuta el raquítico compromiso sobre subida de pensiones con Ciudadanos, que luego el Gobierno modificó al alza para aparecer ante la opinión pública como el rey de la generosidad. De paso, desbarata uno de los argumentos centrales de la oposición contra los presupuestos y hasta la consigna central de los sindicatos para las manifestaciones de mañana, 1º de Mayo.  Pero ante todo, el compromiso con el PNV es, sin duda, un triunfo de las decenas de miles de pensionistas que han salido a la calle a reclamar una pensión digna y que hoy sólo tendrían un aumento del 0,25% si se hubieran quedado en casa viendo la tele. Durante este año y el próximo verán aumentada su pensión de acuerdo con el IPC, tiempo más que suficiente para que el Pacto de Toledo demuestre que no está muerto y alcance un acuerdo que garantice la sostenibilidad y la dignidad de las pensiones presentes y futuras. Otra cosa, y eso es lo preocupante a la vista de la experiencia, es que lo consiga.

Para el Gobierno es una evidente derrota, fruto de su debilidad y de su desviado esquema de prioridades sociales,  en tanto ha tenido que saltarse su propia reforma de 2013 en la que se acabó con la práctica de subir las pensiones con el IPC. La duda que me queda es de qué partidas del Presupuesto quitará Montoro el dinero para pagar la subida acordada con el PNV, cuya cuantía y origen se desconocen. El inédito Escolano, nuevo y grisáceo ministro de economía, trabaja en un impuesto a las grandes tecnológicas que supuestamente financiaría las pensiones. Cuando lo vea lo creeré, que de anuncios rimbombantes  guardados en un cajón o convertidos en su contrario está el Gobierno sobrado. Por eso, habrá que estar muy alerta para que con sus artes mágicas Montoro no escamotee con una mano lo que aparenta dar con la otra, que no es más que lo que en justicia corresponde a los pensionistas. 

No es abuso, es violación

No recuerdo ninguna sentencia que haya producido una conmoción social y un rechazo tan generalizado y unánime como la que este jueves ha dictado la Audiencia de Navarra en el "caso La Manada". Leyendo los hechos que el tribunal considera probados se encoge el estómago al mismo tiempo que la sangre sube de temperatura y se extiende la sensación de asco y repulsa. Es absolutamente incomprensible que después de la pormenorizada descripción de lo ocurrido, los magistrados hayan llegado a la conclusión de que no fue una violación de libro sino un caso de abusos sexuales. El ponente y los miembros del tribunal que suscriben el fallo deben tener muy atrofiada su sensibilidad humana ante el pánico sufrido por la víctima mientras cinco bestias pardas la sometían a su voluntad. 

Por no hablar del carcamal que emitió un voto particular defendiendo la absolución por unos hechos que - diga lo que diga el Código Penal y el fallo - sólo pueden recibir un nombre: violación. Si lo que hay que hacer es cambiar el Código Penal cuanto antes para poner fin a los distingos bizantinos sobre la resistencia o ausencia de ella para hablar de violación o de abuso, que se haga. El PP, tan sensible a la hora de impulsar el endurecimiento de la prisión permanente revisable, tiene en este caso una magnífica oportunidad para demostrar que su interés por agravar las penas no es mero electoralismo. No me cabe duda de que para evitar que se vuelven a dictar sentencias como esta contaría con un amplísimo respaldo político y social. 

El fallo, contestado en la calle desde el mismo momento de su lectura pública, es un insulto a las víctimas de violación y un mensaje disuasorio para que otras mujeres en la misma situación no se molesten mucho en denunciar. Al final, si no le dan con un palo en la cabeza o le apuntan con un arma, los agresores solo habrán cometido un abuso sexual no mucho más grave que si le hubieran tocado el trasero en la calle. Para mayor escarnio, el fallo llega tras un proceso tormentoso en el que la víctima a punto estuvo de tener que demostrar su inocencia en lugar de sus agresores la suya. Solo hay que recordar que el tribunal aceptó como prueba el informe de un detective privado contratado por los acusados para que investigara la vida de la víctima antes y después de los hechos. 

Aunque el informe fue retirado por la defensa, que el tribunal lo aceptara en su día como prueba ya fue un potente indicio de por dónde podría ir el fallo y de la idea que los jueces se estaban formando de los hechos. Con todo, no es justo generalizar ni condenar a todos los jueces de este país por el fallo de tres de ellos, usando aquí la palabra fallo no sólo en su sentido de sentencia judicial sino de grave y vergonzoso error perpetrado con plena consciencia del mismo. Sin embargo, me siento humillado y escandalizado por una sentencia que vuelve a poner en un brete la imprescindible confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y en la rectitud de sus fallos. Queda, no obstante, la esperanza de que el Tribunal Supremo llame a las cosas por su nombre y corrija la incalificable sentencia de la audiencia navarra. La víctima de este caso y las de otros similares, así como el conjunto de la ciudadanía, tienen derecho a la reparación y a que se imparta justicia con el máximo rigor e imparcialidad. 

Miguel Ángel Ramírez: un malentendido de 90.000 euros

Desde ayer me estoy preguntando qué me pasaría si un juez me cita a declarar por un presunto fraude a la Seguridad Social y yo, a sabiendas de que incumplo la fecha de la citación, me presento casi una semana más tarde. Lo que me ocurriría no lo sé pero tengo alguna sospecha; lo que sí sé es lo que le diría: le pediría disculpas, le diría que fue un malentendido y me encomendaría a su benevolencia. Tal vez no debiera pero parto del principio de que todos los españoles somos iguales ante la ley. Por lo tanto, tengo que pensar que el tratamiento que recibiría no podría ser más severo que el que un juez de Las Palmas de Gran Canaria le ha dispensado al empresario Miguel Ángel Ramírez. Por si aún hay alguien que no sepa de quién hablo, este señor es muy conocido por sus excelentes relaciones fiscales y judiciales hasta el punto que ha grabado para su archivo personal conversaciones en sede judicial con algún juez apellidado Alba Para él, los juzgados se han convertido casi en su segundo hogar solo que sin pérgola ni pajarera. 

Tal vez por eso tardó tan poco tiempo ayer en convencer al magistrado que había ordenado su busca y captura y lo había llamado "contumaz y rebelde" de que todo fue una confusión. Al parecer pensó que con recurrir el cargo que pesa sobre él podía ir al juzgado cuando le cuadrara en su apretada  agenda y no reparó en que el recurso no había sido resuelto: en definitiva, pecata minuta de leguleyo en la que un hombre tan ocupado como él no puede perder el tiempo. A ver cómo si no se salva el imperio de la seguridad privada y se liquida el sueño de miles de aficionados de la UDLP. El juez, aparentemente satisfecho con la milonga, le dijo que se podía ir a casa con la única condición de que le informe puntualmente si cambia de domicilio o de teléfono. En ese sentido puede dormir tranquilo el magistrado que Ramírez es hombre de palabra y, si no cumpliera, siempre queda la opción de pedir disculpas y decir que se olvidó o fue un malentendido. Y aquí paz y después gloria.

También llevo un par de días preguntándome cuántos políticos, periodistas y empresarios encendieron velas a todos los santos y rezaron avemarías para que la orden de busca y captura contra Ramírez no fuera a mayores. A unos me los imagino rompiendo o borrando el álbum de fotos en el palco del estadio de Gran Canaria o compartiendo mesa y mantel con el susodicho; a otros los supongo triturando los artículos laudatorios o comiéndose sus palabras, uno de los menúes más sanos que existen. Quiero ser bien pensado y dar por hecho que a todos, sin distinción, les ha chocado al menos un poquito que Ramírez se gastara 90.000 euros en volar en jet privado de Miami a Gran Canaria para llegar cinco días tarde a la cita con el juez. 

Aún más, no solo quiero ser bien pensado sino rematadamente iluso y creer que a todos ellos les indigna que Ramírez siga debiendo salarios a sus trabajadores y presuntamente se haya quedado con dos millones de euros de la Seguridad Social. Estoy convencido de que en cuanto se lo vuelvan a encontrar en el palco del estadio, en un almuerzo o en una rueda de prensa se lo recordarán y se lo afearán como se merece. Aunque creo que me van a crecer mucho la barba y las raíces, aguardo el momento expectante y sin perder la esperanza.

Nota al pie: no se molesten más en buscar información sobre este asunto en algunos diarios digitales, de los que ha desaparecido todo vestigio de que el señor Ramírez estuvo alguna vez bajo orden de busca y captura por un juez. 

Cifuentes o lo que pasa cuando no bajas la basura

Cuando pasa mucho tiempo sin sacar la basura, el olor y las moscas lo terminan inundando todo. Para cuando te vienes a dar cuenta, descubres que el daño ya está hecho y que te va a costar mucho tiempo y esfuerzo conseguir que desaparezca el hedor. Eso es, ni más ni menos, lo que viene pasando una y otra vez en el PP: deja para mañana o para nunca jamás sacar la basura del partido y termina por llegar el día en el que los gases tóxicos acumulados después de tantos años de pasividad le explotan en las narices. Cuando eso ocurre, todo el partido apesta aunque muchos de sus dirigentes y cargos públicos sean personas honradas a carta cabal sin responsabilidad directa en la gestión por parte de la cúpula de la abundante porquería interna que genera el PP. De manera indirecta, el tufo termina alcanzando también a los electores del partido y al conjunto de una ciudadanía perpleja ante un rosario aparentemente sin fin de casos de corrupción y falta de la más mínima ética pública.

El caso de la presidenta de Madrid Cristina Cifuentes no es más que otro eslabón más en la larga cadena de escándalos turbios o poco edificantes en los que con tanta frecuencia se ven envueltos dirigentes y conocidos cargos públicos de ese partido. Por ética y decencia, Cifuentes nunca debió haber aceptado el máster que le regaló la Universidad Rey Juan Carlos, tal y como apuntan todos los indicios. Sin embargo, descubierto y hecho público el apaño, la presidenta madrileña optó por parapetarse detrás de una muralla de mentiras, medias verdades y contradicciones con la connivencia culpable de Rajoy y del resto de la cúpula del PP. 

Hoy ha dimitido después de más de un mes enrocada y tras la publicación de un video más escarnecedor si cabe - presuntamente pillada robando cremas cosméticas en un hipermercado de barrio -  que el asunto del máster irregular. No sé si detrás de esas imágenes es probable, por no decir seguro, que haya fuego amigo aunque me parece que no es lo que más debería preocuparnos. La dimisión no solo llega tarde sino que se produce sin que la directamente implicada haya aún aclarado las circunstancias de su máster, como se le viene reclamando desde hace semanas. Pero es, sobre todo, bochornosa para ella, para Rajoy y para el PP. Y lo es también para los ciudadanos de este país, aunque nosotros no merezcamos sufrir esta vergüenza mientras que ellos se lo han ganado a pulso con sobresaliente cum laude. 

Hernando, un regalo para la oposición

Si yo fuera Pedro Sánchez, Albert Rivera  o Pablo Iglesias rogaría a Rajoy que mantenga a Rafael Hernando como portavoz parlamentario del PP lo que queda de legislatura al menos. Hernando hace mucho más en favor de la pérdida de votos del partido en el Gobierno que Sánchez, Rivera e Iglesias juntos. El político almeriense parece tocado por el don de la inoportunidad y el arte del exabrupto feroz, retratándose en lo personal cuando habla y mostrando el pensamiento profundo del partido al que pertenece. Alguien dijo con acierto que Hernando es a la palabra lo que Atila a la hierba: habla en la Cámara, en sus pasillos, en un mitin o en un estudio de radio o televisión y no es que suba el pan, es que caen varios puntos las intenciones de voto al PP. Si enumeramos las veces en las que este hombre ha dejado claro ante los españoles que lo suyo no es la palabra para el acuerdo y la discusión civilizada sino la soberbia, la prepotencia y la coz para la ofensa y la burla, la lista de casos sería interminable. 

Me vienen a la memoria aquellas declaraciones en las que acusó a los familiares de las víctimas de la represión franquista de "estar todo el día para arriba y para abajo con lo muertos como un entretenimiento". No contento remató indicando que "alguien se ha acordado de su padre [fusilado por el franquismo] cuando había subvenciones para encontrarlo". Aquel asunto llegó incluso a la Fiscalía que lo terminó archivando a pesar del escarnio infligido. Lo más reciente es otra ofensa no tan grave como aquella pero igual de reveladora del carácter chulesco y malcriado del personaje. Hablo de los pensionistas, a los que Hernando ha instando a gritos a salir a las calles para agradecer al Gobierno la subida parcial y puntual de las pensiones previstas en los Presupuestos estatales de este año.

Si con los familiares de las víctimas de la dictadura ofendió gravemente, con sus comentarios sobre los pensionistas genera indignación y risa a partes iguales. Indignación porque un derecho constitucional como el de las pensiones se convierte en sus palabras en una dádiva gubernamental por la que los pensionistas deberían estar eternamente agradecidos y erigir bustos de Rajoy en todas las ciudades del país. Para el portavoz, años de esfuerzos y cotizaciones y apoyo con míseras pensiones a hijos y nietos no dan derecho a una pensión digna, sino a alabar al Gobierno del PP a pesar de su demostrado desinterés por el garantizar el futuro del sistema público de pensiones. 

Y causa también risa porque esa subida a la fuerza y de circunstancias - la subida anunciada es solo para este año y no llega a todos los pensionistas  - de la que presume Hernando, la ha decidido el Gobierno no por lo generoso que es sino por las protestas de los pensionistas y, sobre todo, por su minoría en el Congreso. De manera que no hay nada por lo que darle las gracias al Gobierno ni nada de lo que este pueda presumir y sacar pecho. Hernando dejó caer esta perla cultivada sobre las pensiones en un acto con militantes del PP en Almería, que aplaudieron sus palabras con entusiasmo. Prueba evidente de que en el PP aún no se han dado cuenta de que, con un portavoz como este, apenas es necesario que la oposición se esfuerce mucho en desgastar al Gobierno. Para esa misión ya se basta solo Hernando con el refuerzo, si acaso, de Montoro, de buena parte del resto del gabinete y, por supuesto, de un Rajoy al que la oposición nunca le podrá estar suficientemente agradecida por lo fácil que se lo pone. Otra cosa es que sea capaz de aprovecharlo. 

Montorada

Pues sí, o Cristóbal Montoro lo aclara con todo lujo de detalles o tendré que empezar a creer que los independentistas catalanes pagaron el 1-0 con el dinero de una rifa. Eso o tiene razón la Guardia Civil cuando asegura que al menos 1,9 millones de euros eran de usted y míos. La última montorada negando que el referéndum ilegal se pagara con dinero público está teniendo un efecto demoledor y lo que te rondaré. Al Gobierno lo ha dejado a los pies de los caballos,  sobre todo después de que se celebrara el referéndum que siempre prometió que nunca tendría lugar porque  los independentistas no podrían pagarlo. Pues lo hicieron y, al parecer, también lo pagaron con dinero público, según la Guardia Civil. ¿Cómo? Eso es lo que tendrá que explicar Montoro ante la opinión pública y al juez Pablo Llarena. 

La investigación que dirige el magistrado del Supremo ha quedado también desautorizada por las manifestaciones de Montoro, abiertamente opuestas a los resultados de la investigación policial. Y por supuesto, ha  dado un nuevo balón de oxígeno a los independentistas que ahora podrán alegar ante los jueces alemanes que Puigdenmont no sólo no cometió rebelión sino que tampoco empleó el dinero de todos los españoles en una consulta ilegal. Vamos, lo que viene siendo un santo varón con todas las bendiciones oficiales incluida la de Montoro. 

Que una semana después de sus declaraciones Montoro siga siendo ministro de Hacienda forma parte de las más arraigadas costumbres políticas españolas. No hay más que fijarse en el responsable de su nombramiento, que también debió haberse ido a casa hace años, y ahí sigue obviando la corrupción en su partido y con ganas además de repetir. Lo que sí me va pareciendo no urgente sino urgentísimo es que Montoro me explique este milagro de los panes y los peces independentistas: resulta que no podían ni oler un euro público porque Hacienda tenía las cuentas intervenidas y bajo llave pero así y todo hicieron brotar 1,9 millones de euros de la nada. Es exactamente el mismo milagro que el de las urnas chinas para el referéndum. 

Entonces, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y Montoro también prometieron que nunca se celebraría la consulta porque no habría urnas en las que votar, pero los independentistas se las agenciaron para que las hubieran dejando al Gobierno en evidencia. Prefiero no imaginar que la estrategia de Montoro ante el feo asunto del dinero público para el referéndum es la de negar la mayor por mucho que la Guardia Civil diga lo contrario. Las dudas, no obstante, sobre la eficacia de la vigilancia y el control del dinero que gastó la Generalitat aumentan a medida que pasan los días sin que el ministro se explique. Porque si ha sido engañado o burlado por los dirigentes secesionistas  - que es lo que empiezo a sospechar -  debe reconocerlo cuanto antes y a continuación abandonar el Gobierno sin perder un minuto. Especialmente alguien como Montoro, tan aficionado a dar lecciones a todo el mundo de ética y eficacia en el gasto público y tan poco partidario de recibirlas.

A vueltas con la libertad de expresión

A propósito del activista tinerfeño Roberto Mesa, detenido por presuntas injurias a la Corona, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, reproduzco aquí lo que escribí hace un par de meses en relación con otros tres casos que guardan muchas similitudes con este, especialmente el del rapero mallorquín. En todos se ha apelado a la libertad de expresión y se ha denunciado que se está produciendo un retroceso de este derecho en España, aunque no está claro si los responsables son los jueces, el Gobierno o las fuerzas de seguridad. No quito ni añado una coma de lo que escribí hace dos meses y me reafirmo en el convencimiento de que no todo vale ni puede ampararse bajo el derecho a la libertad de expresión pero, también, que no todo puede considerarse un ataque contra ese derecho. En todo caso, deben ser los jueces y no los activistas o los partidos a los que pertenecen o les apoyan los que tienen que establecer los límites y, en su caso, sancionar o absolver.

"Los límites de la libertad de expresión" 

Tal vez el título de este post extrañe un poco en un tiempo en el que está muy extendida la creencia de que los derechos son absolutos y no deben ir unidos a deberes, como la cara y la cruz de una misma moneda. No me cabe la menor duda de que también la libertad de expresión tiene límites, no todo vale ni todo está permitido en aras de este derecho. El respeto a lo que establecen las leyes sobre el honor o la propia imagen son algunos de esos límites en nuestro país. Cierto que son límites intangibles y difíciles de precisar pero existen. Admito que me adentro en un terreno muy pantanoso pero me niego a aceptar que con invocar el derecho a la libertad de expresión deben removerse todas las barreras que se le interpongan en su camino y quedar libre su ejercicio de cualquier tipo de reproche social o legal. Cuestión distinta es la intensidad de ese reproche en cada caso concreto. 

Me parece excesivo que al rapero mallorquín  se le condene a tres años y medio de cárcel por sus letras ofensivas para la Corona, amenazantes y enaltecedoras del terrorismo. El mal gusto que rezuman sus textos se podía haber zanjado con una sanción o una advertencia, teniendo en cuenta, además, la ausencia de antecedentes. Por otro lado, ordenar, pedir o sugerir la retirada de unas obras de una exposición porque aluden a unos señores a los que se presenta como “presos políticos”, es una supina estupidez de quienes tomaron y ejecutaron esa decisión amparados en un ridículo deseo de no perturbar el conjunto de la exposición. Con ella han terminado haciendo famoso y puede que rico a un artista  del que muy pocos habían oído hablar hasta ahora y a una obra que probablemente no pasará a la historia del arte por su calidad artística. 

Tanto en el caso del rapero mallorquín como en el del autor del montaje artístico me parece evidente el ánimo provocador de ambos, algo por otro lado más antiguo que la pana cuando lo que se pretende es llamar la atención social y sacar la cabeza en un mercado extraordinariamente competitivo. A fe que lo han conseguido los dos gracias a un exceso judicial y a una lamentable torpeza política. Un caso distinto es el del libro “Fariña” del periodista Nacho Carretero, secuestrado judicialmente ahora, tres años después de salir a la venta. El celo de una juez madrileña en defensa de los derechos de un cacique gallego ha disparado las ventas del libro, que se cotiza ya a 300 euros, y ha puesto los dientes largos a una cadena de televisión que ya ha anuncido el adelanto a esta semana de una serie para cuyo estreno aún no tenía fecha: la decisión judicial se la ha proporcionado gratis y camino va de convertir la obra en un best seller. Se trata, en mi opinión, de otra sobreactuación judicial que contiene también con claridad todos los elementos propios de la censura. 

En una sociedad democrática son en último extremos los jueces los encargados de determinar si se ha rebasado la línea roja de la libertad de expresión y se han conculcado otros derechos concurrentes con la misma. Esa línea, imprecisa y muchas veces borrosa, tiene que estar en todo momento lo más lejos posible de cualquier tentación de censura como se aprecia en estos tres casos, distintos entre sí pero unidos por un denominador común: el uso de la libertad de expresión. Estamos ante un derecho que constituye la clave de bóveda de la democracia, lo que no lo convierte sin embargo en absoluto. Por decirlo con palabras de la filósofa y catedrática de Ética de la Universidad de Barcelona, Victoria Camps, “uno no puede decir todo lo que quiera y, por tanto, conviene pensárselo dos veces antes de ofender o sentirse ofendido”. ¿No es de sentido común?

ETA: cínico perdón

El último comunicado de ETA es de los que, a primera vista, te parece una gran noticia: por fin los valientes asesinos de la banda terrorista tienen agallas suficientes como para pedir perdón a las víctimas por el daño que causaron durante casi medio siglo. Sin embargo, apenas que se profundice en el texto, produce arcadas. Pedir perdón a las "víctimas inocentes" y excluir a las "directamente relacionadas con el conflicto" es de un cinismo y una crueldad que espantan. Con ese doble rasero demuestran quienes escribieron este vómito su verdadera calaña, por si había aún alguien que tuviera dudas sobre su naturaleza. Pero, sobre todo, demuestran que su supuesto arrepentimiento es una patraña más que busca sólo la autoexculpación de sus crímenes. 

Me es imposible entender que líderes políticos como Pedro Sánchez hayan dicho que este escrito nauseabundo es un "paso decisivo hacia la paz". O el señor Sánchez no se ha tomado la molestia de leer el comunicado o, decididamente, vive en una realidad paralela. Aunque para nota la reacción del líder de En Comú Podem, Xavier Doménech, para el cual el escupitajo de ETA a las víctimas "directamente relacionadas con el conflicto" es - literalmente - para "estar alegres y pasar página". Se apuntan así Sánchez y Doménech al farisaico perdón etarra y lo dan por bueno aunque queden excluidos de la gracia de los terroristas los policías nacionales, guardias civiles o miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros servidores públicos, asesinados con vileza y cobardía por el delito de cumplir con su obligación de defender el orden constitucional. 

De este escrito se desprende con claridad que todos ellos y sus familias se habían hecho merecedores del tiro en la nuca, la bomba lapa en los bajos de su coche o el ataque con explosivos. La repugnancia que genera el fascistoide comunicado no se debe tan solo al cinismo que destila sino al hecho de que, distinguir a víctimas merecedoras de su suerte de las que no lo eran, equivale a atentar de nuevo contra las primeras renovando la ofensa en sus familiares. De lo único que hay que felicitarse a la vista de este vómito etarra en forma de comunicado es de la constatación de que la banda es apenas un fantasma que sigue arrastrando las cadenas ensangrentadas con las que quiso y casi logró amordazar a la sociedad vasca y producir una involución política en España que beneficiara a sus fines totalitarios. 

Su salida ahora a la palestra, al parecer un par de semanas antes de que anuncie su disolución, no parece ser otra cosa que un intento desesperado de recuperar un cierto protagonismo de quien se sabe a punto de entonar el canto del cisne y, tal vez, arañar aún algún tipo de contrapartida. Cerca de un millar de víctimas y dolor y lágrimas sin cuento le costó al Estado de Derecho acabar con ETA, aunque su sangriento legado aún lo defiendan sus históricos compañeros políticos de viaje dentro y fuera del País Vasco. Nada hay que darle y menos que agradecerle a los terroristas por esta mezquina y parcial petición de perdón. Lo único que cabe esperar y exigir de ETA es la entrega de las armas que conserven todavía y la colaboración con la justicia para esclarecer sus numerosos crímenes aún no resueltos. Todo lo demás es sólo insultar y ofender una vez más a las víctimas, a sus familias y al conjunto de la ciudad y de eso ya tuvimos más que suficientes durante cinco largas décadas en este país.