Justicia revuelta, ganancia de banqueros

Un juez de instrucción de técnica manifiestamente mejorable, un Ministerio Público extremadamente celoso de los derechos constitucionales del imputado, una acusación particular cubierta con piel de cordero y una audiencia provincial de estilo tan manifiestamente mejorable como el del instructor. Esos son sólo algunos de los factores que han llevado a que el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, saliera anoche de la cárcel por orden del mismo juez que le envió a ella de forma incondicional. El que ya se conoce como “caso Blesa” tiene tantos meandros y vericuetos que es fácil perderse en ellos.

La historia interminable

Comenzó en 2009 cuando el seudosindicato ultraderechista Manos Limpias presentó una denuncia contra el banquero y el ex presidente de la patronal Díaz Ferrán, también consejero de la entidad, acusándoles de estafa por la concesión del primero al segundo de un crédito de casi 27 millones de euros para Viajes Marsans. Las diligencias abiertas entonces por el juez Silva fueron sobreseídas un año después por falta de pruebas. El mismo juez las reabrió tres años más tarde pero se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, en donde se siguen los pasos de la fusión bancaria que dio lugar a Bankia y su desastrosa salida a Bolsa.

El juez Andreu de la Audiencia Nacional rechazó la inhibición y le devolvió la papa caliente a Silva. Éste continuó adelante con la investigación en contra del parecer de la fiscalía que ya pidió entonces a la Audiencia de Madrid que anulase la causa. En el transcurso de la misma, el juez encontró indicios de criminalidad en el famoso crédito y en mayo pasado llamó a Blesa para que declarara como imputado, aunque no por el préstamo, sino por la compra de un banco en Estados Unidos en la etapa en la que fue presidente de Caja Madrid.

Después de tomarle declaración decretó su encarcelamiento eludible bajo fianza de 2,5 millones de euros por “riesgo innegable de fuga”. Blesa no tardó ni 24 horas en reunir el dinero y se fue a su casa. A los pocos días, el juez Silva vuelve a llamar a Blesa con urgencia para tomarle declaración una vez más por la compra del banco estadounidense y le envía de nuevo a prisión, ahora sin fianza. Vuelven a montar en cólera la defensa y la fiscalía y piden a la Audiencia de Madrid que anule la causa. Ésta les da la razón y anula la causa principal – el crédito a Díaz Ferrán – y de inmediato se exige la puesta en libertad de Blesa a lo que el juez Silva accedió ayer tarde.

No obstante, en el auto en el que ordenó que el banquero fuera liberado expresa sus dudas sobre el alcance de la decisión de la Audiencia, de la que dice que no deja claro si afecta también a la compra del banco norteamericano. Se queja, además, de que se le exija la liberación de Blesa aportando el auto que anula la causa del crédito sospechoso, que no es el motivo por el que se le envió a prisión. Cabe recordar, además, que el juez ha pedido amparo al Consejo del Poder Judicial ante lo que considera interferencias y presiones por parte del fiscal.

Y tú más

En este bochornoso toma y daca entre fiscalía, instructor, Audiencia, defensa – que además ha recusado al juez por animadversión contra su cliente - y acusación particular han volado chuzos de punta: los autos del juez – dice la Audiencia – están sacados de Wikipedia, denotan dotes adivinatorios, expresan opiniones y sospechas personales y pretenden convertir la presuntas culpas de Blesa en una causa general contra los banqueros como responsables de la crisis económica. Si es verdad que el estilo jurídico del juez Silva no tiene muchas posibilidades de convertirse en modelo de lo que debe ser un auto judicial razonado y prudente, tampoco el de la magistrada de la Audiencia que redactó la anulación de la causa.

Todos, empezando por el juez y siguiendo por la fiscalía, la defensa, la acusación y la Audiencia, parecen haberse olvidado tanto de las formas como del fondo – tan importantes en Justicia – y optado por el trazo grueso y espontáneo. Pero el caso está lejos de concluir: la acusación llevará la anulación de la causa al Supremo y Blesa aún tendrá que responder por las preferentes que colocó Caja Madrid y sus sueldos millonarios.

Tanta algarabía y confusión judicial ponen de manifiesto que sentar en un banquillo o enviar a la cárcel a un banquero en España, amamantado además en las ubres del poder político, no tiene el mismo peso que hacerlo con cualquier otro ciudadano de a pie, ante el que nadie se tomaría la más mínima molestia de presentar recursos fueran o no desmesuradas o desproporcionadas las decisiones del juez instructor. Por eso, en el caso que nos ocupa, la actuación judicial debió de haber sido mucho menos visceral y mucho más fundamentada jurídicamente.

De aquellos lodos

Ahora se corre incluso el riesgo de que la actuación del juez Silva haya viciado de nulidad toda la causa contra Blesa y el banquero no llegue a responder nunca de su desastrosa gestión y de los perjuicios ocasionados. Pero no es al juez al que se juzga aunque su instrucción sea manifiestamente mejorable. Porque, al margen del embrollo judicial en el que ha degenerado el proceso, los ciudadanos de este país tenemos la convicción de que Blesa y otros como él son responsables en primer grado, aunque no en exclusiva, de las penalidades que sufren millones de españoles que hoy nos sentimos estafados, timados y robados.

Blesa abandonó anoche la cárcel sin arrepentirse de nada, defendiendo su inocencia y pidiendo un juez imparcial. En su derecho está como estamos el resto de los ciudadanos que, además, exigimos claridad, rapidez y rigor judicial para que de una vez empiecen a responder de sus acciones u omisiones quienes nos han conducido a esta situación.

De la Cavada, ideólogo de la CEOE

Aguardo impaciente a que el presunto ministro de Hacienda dé una explicación sobre la crisis de identidad fiscal de la infanta Cristina. Mientras espero y desespero, centro mi atención en un montaraz empresario surgido de la caverna de los tiempos al que le parece mal que el Estatuto de los Trabajadores permita que un empleado disfrute de cuatro días de permiso por la muerte de un familiar en primer grado si el desplazamiento implica pernoctar. Dice el individuo en cuestión que en los tiempos del AVE, los aviones supersónicos y las autopistas de ocho carriles no se sostiene que se empleen tiempos de permiso similares a los de la época de La Diligencia de John Ford, de lo que se deduce que a este jinete del Apocalipsis le gustan las películas de indios y vaqueros. A él – sobra decirlo – el papel que más le agrada es el de justiciero cortacabelleras de trabajadores absentistas aunque sea por causa de duelo familiar.

Lo pueden decir con conocimiento de causa los propios empleados de la CEOE, de cuya cúpula forma parte, que presentaron contra él una denuncia por acoso laboral de la que derivó una condena de 25.000 euros por la que en cualquier otra empresa habría sido despedido de forma fulminante, pero no en la CEOE. No parece sin embargo que la sentencia – que aún no es firme – le haya servido de escarmiento. De hecho es autor de un acrisolado repertorio de animaladas similares a la de los permisos por defunción. 

A su dilatado catálogo de pensamientos para la posteridad laboral de este país pertenecen, por ejemplo, ideas como la de que hay que aceptar un puesto de trabajo “aunque sea en Laponia”, que “los jueces actúan como Dios les da a entender y se erigen en empresarios” o que el Estatuto de los Trabajadores es “una copia de la legislación laboral de Largo Caballero”.

Es esa última frase la que delata las verdaderas querencias de nuestro hombre, que inició su carrera laboral como abogado del sindicato vertical franquista. A lo que se ve, cuatro décadas de relaciones laborales en democracia no han sido suficientes para que se sacuda el pelo de la dehesa que aún cubre su espeso vello ideológico. Tras el revuelo levantado por sus críticas a los días de permiso laboral, el individuo de nuestras pesadillas se ha disculpado “si ha herido la sensibilidad de alguien”; sin embargo, a renglón seguido, ha vuelto a considerar excesivos tantos días de permiso para darle el último adiós a un familiar dejando el trabajo desatendido y a la empresa casi en números rojos.

En la CEOE nadie, salvo el vicepresidente, se ha atrevido a afearle sus palabras. El presidente Rosell ni se ha inmutado mientras pregonaba a coro con Rajoy que “lo peor de la crisis ha pasado” y presentaba un código ético de la patronal que va a convertir a la CEOE en el summum de la transparencia y la virtud. Sugiero que le envíen una copia a la cárcel a Díaz Ferrán, el hombre que dejó dicho para la Historia que había que trabajar más y cobrar menos para salir de la crisis mientras hundía fraudulentamente sus empresas y echaba a sus empleados.

Al de la frase sobre los permisos laborales le pueden nombrar ideólogo de guardia con derecho a látigo y cadenas. Por cierto, se me olvidaba mencionar que se llama José de la Cavada y es responsable de relaciones laborales de la patronal, un cargo a todas luces merecido. Sólo que si cambiara la “v” de su apellido por una “g” mejoraría mucho su perfil.   

Montoro y el misterioso caso de la infanta

Si finalmente se confirma que Cristóbal Montoro es el ministro de Hacienda aunque él intente disimularlo, va a tener que explicar de forma muy convincente el extraño caso de unas fincas presuntamente vendidas por la infanta Cristina, algo que esta niega haber hecho por la sencilla razón de que nunca habían sido suyas; lo niega ella y los que supuestamente las compraron, que han echado mano hasta de las polvorientas escrituras del bisabuelo que demuestran que siempre han sido de la familia y que aseguran que de la tal infanta solo tienen noticias por la tele, en donde aparece mucho últimamente.

Todo el lío parece ser obra de Hacienda que, salvo que se demuestre lo contrario, forma parte del negociado del que Montoro es supuestamente competente. El ministro, tan aficionado a señalar con su dedo acusador a colectivos poco complacientes con el Gobierno, calla ahora mientras crece la bola de nieve. Cuando le preguntan qué ha pasado se escuda en legalismos sobre privacidad, encoge el dedo de acusar y guarda silencio. Lo tendrá que aclarar, quiera o no.

Estamos hablando de la Agencia Tributaria, que cada año nos pasa la factura y nos revisa con lupa los ingresos no vaya a escapársele un defraudador fiscal en potencia. Sin embargo, a la vista de cómo parece haber actuado en el informe que el juez le pidió para conocer el patrimonio de la infanta, bien podríamos estar hablando de la Agencia Tributaria de la República de Chichinabo de Abajo. Primero, porque filtró a EL PAÍS que había comunicado “informalmente” al juez - ¿qué demonios es “informalmente” en un caso como este - que en los papeles que le envío con las supuestas ventas de fincas por parte de la infanta había un error.

Después, en un comunicado, le arrimó el mochuelo pero sin mencionarlos a los notarios y a los registradores de la propiedad que a lo peor se equivocaron al poner el DNI en los formularios. Estos ya han dicho que la posibilidad de error es mínima, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de trece supuestas ventas diferentes en tres provincias distintas ¿Hubo error en todas esas escrituras? ¿Estaban ese día los notarios y registradores celebrando la fiesta del santo patrón y tenían el dedo como tonto? De lo que se deduce que la metedura de pata o de dedo, de existir, estará en otro lado.

Lo más probable es que esté en la propia Agencia que, ante la petición del juez, se limitó a un copia y pega con lo que encontró en su base de datos sobre la infanta. Pero claro ¿cómo figuraban esos bienes a nombre de la infanta si quienes supuestamente los compraron aseguran que siempre han sido suyos y que nunca han tenido relaciones económicas con personajes de sangre azul? Y en su caso ¿había tributado la infanta por los bienes que supuestamente vendió? ¿No? ¿Hacienda somos todos?

Hay más: ¿cómo es posible que Hacienda le remita a un juez un informe para la investigación judicial de un personaje como la infanta sin matizar, ni comprobar y luego le diga “informalmente” que hay un error o más bien trece errores, todos referidos a la misma persona y en trece operaciones diferentes en tres provincias distintas? Y ese error, de haberse producido ¿ha sido intencionado? ¿con qué fines? ¿enredar al juez y desprestigiar la investigación sobre el caso Nóos?

La Fiscalía, que en este asunto no pierde comba para echarle un cabo a la infanta, ya ha anunciado una investigación. El juez Castro, que a estas alturas debe de estar más que harto de que el fiscal torpedee sus decisiones y Hacienda le tome el pelo – recuerden que hace poco se atrevió a prejuzgar que la infanta no había cometido ningún delito fiscal – ha decidido tomar la línea recta y ha pedido a los registros de la propiedad que le informen de si la hija menor del rey vendió lo que Hacienda dice que vendió.

El único que calla de momento es Montoro, tan acusica en otras ocasiones y que en esta se ha apresurado a ponerse de perfil como si el asunto no fuera con él ni con la Agencia Tributaria de la que es el máximo responsable político. Como tal debe dar explicaciones claras y convincentes sobre lo ocurrido o estaremos legitimados para creer que las cloacas del Estado bajan mucho más sucias de lo que todos sospechábamos.